Catral: Todos imputados

INFORMACIÓN/Alicante* : El titular del Juzgado nº4 de Orihuela ha decidido imputar a todas las personas que aparecen citadas en un sumario por la presunta falsificación de certificados de antigüedad de viviendas ilegales en la huerta de Catral, incluidos los compradores, una joven pareja de finlandeses que aparecen como perjudicados en la denuncia que inició el procedimiento.
Ambos declararon en compañía de un abogado ayer en Orihuela.

La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) interpuso en diciembre de 2006 una querella ante el juzgado en la que se decía que el arquitecto Miguel Antonio Mateo Sánchez realizó presuntamente certificados falsos para acreditar una antigüedad superior a cuatro años de cuatro viviendas ilegales con licencia de obra menor en suelo de huerta de Catral a pesar de que cuando lo hizo, según AECU no estaba ni terminada.
Este tipo de certificados se realizan para avalar que las viviendas tienen más de cuatro años. Las irregularidades denunciables, como la reparcelación ilegal de suelo rústico, la falta de licencia o la ausencia de autorización de la Conselleria prescriben tras ese periodo.

AECU un colectivo que tiene registrados a 1.750 socios que se ha convertido en los últimos años en azote de las malas prácticas en materia urbanística de promotores, arquitectos, abogados, notarios y constructores de la comarca, presidido por Honorio Fernández, denunció a este arquitecto y a los dos representantes de la promotora Sol Catral S.L para defender los intereses de sus asociados que adquirieron la vivienda.
El joven matrimonio Kal Seligren y Palvi Sainico abonó 281.000 y 23.000 euros más por mejoras a finales de 2004 para la adquisición de una casa sobre una parcela de 1.990 metros cuadrados, perteneciente a un terreno mayor de ocho mil segregado de forma ilegal para hacer otras tres casas. "El promotor, constructor y vendedor les asegura que todo está en orden y nunca les informan de que es suelo rústico no urbanizable", aclara la querella. Incluso un notario de Callosa de Segura "autorizó con gran maestría y sin ningún escrúpulo" dice Hernández la escritura de división horizontal.

"Rigor mortis"

El representante de AECU no se explicaba ayer cómo el juez ha podido denunciar a los perjudicados, además de excluir al colectivo denunciante como acusación en un asunto que ellos mismos iniciaron. El magistrado les ha impuesto una fianza de 5.000 euros para ejercer la personación particular. Un abono "que no vamos a aportar", aclaró Honorio Hernández. Fernández se preguntaba ayer si quieren "tapar la boca a AECU". Acusó ayer en un escrito directamente al juez "de aplicarnos el rigor mortis" para "quitarnos de en medio", algo dice, "que sueñan todos" los "beneficiarios y conseguidores de impunidad" para "el urbanismo salvaje".






* Información - D.P. - 24 de abril de 2008
Foto: Imagen parcial de las construcciones ilegales en suelo no urbanizable agrícola en la huerta de Catral/ A.S., diarioinformacion.com