Alicante.- Fraude de ley

INFORMACIÓN* : Apenas diez días después de hacer el paripé de devolverlo al Ayuntamiento de Alicante, pero transcurrido sólo un mes, también conviene recordarlo, de que el conseller García Antón se comprometiera ante un grupo de empresarios a aprobarlo, la comisión territorial de Urbanismo, órgano controlado por la Generalitat, dio vía libre el jueves al macroproyecto de urbanización del promotor Enrique Ortiz conocido como Plan Rabasa. Alperi ya puede irse de la Alcaldía satisfecho de hacerlo con el deber cumplido.

La actuación de las administraciones gobernadas por el PP en este caso puede ser legal, se verá cuando se resuelvan las impugnaciones y recursos que hay anunciados, pero ello no impide que constituya también un fraude de ley y un ejemplo supremo de cinismo.
Fraude de ley es aprobar una obra de tan enormes dimensiones (13.500 viviendas, el 59% VPO, sobre casi 3,7 millones de metros cuadrados) en pleno proceso de redacción de un nuevo Plan General, alegando que el proyecto no puede esperar, cuando en realidad todo indica que es el PGOU el que está esperando por él, el que ha sido frenado hasta que Rabasa pudiera tener luz verde. El Plan General es el instrumento que procura la cohesión de la ciudad. Sin él, el Plan Rabasa desbordará Alicante sin que se hayan establecido las bases de su encaje en el municipio. ¿Que la red viaria va a ser de categoría y por cuenta del urbanizador? La red viaria se hubiera hecho de todas maneras. Aquí lo que hay que ver es cómo repercute Rabasa en el conjunto de Alicante: cómo se le dota de los servicios básicos (sanidad, educación, limpieza...) y cómo se consigue que no se convierta ni en un gigantesco suburbio ni en otra isla más, como ocurrió antes con los barrios respecto al centro y luego con las playas respecto al casco urbano. Nada de eso está resuelto. El urbanizador, seguramente de forma sincera, defiende la bondad de su proyecto, sembrado de bloques rodeados de amplísimas extensiones verdes. Pero la memoria está para ejercitarla, y también fueron en su día proyectos innovadores, excepcionales, que incluso ganaron premios nacionales, Mil Viviendas o Juan XXIII. Pero sucumbieron al cortocircuito entre ellos y el resto de la ciudad.
Fraude de ley es, igualmente, dar luz verde a una macrourbanización como ésta utilizando como coartada un compromiso de abastecimiento de aguas que no estaba previsto para ella y aprovechando que no ha dado tiempo todavía a convertir en vinculantes los dictámenes que las confederaciones deben hacer sobre la disponibilidad o no de recursos, dictámenes que en este caso eran negativos. Fraude es también introducir en el último momento la aprobación del plan en el orden del día de una comisión que no estaba convocada para ello: se cumple el trámite, pero se falsea el espíritu de la ley puesto que ningún tiempo ha habido para estudiar la copiosa documentación.
Y cinismo. Cinismo es que el partido que sataniza las desaladoras las utilice cuando le conviene para cumplir sus compromisos con un empresario. Pero, sobre todo, cinismo es alegar que el plan es urgente y necesario ante la falta de viviendas sociales que padece Alicante. En los tres mandatos que lleva el PP gobernando la ciudad, no sólo no se han construido VPO, sino que se ha permitido que suelo calificado para ellas se utilizara para levantar pisos de venta libre. ¿No hacían falta las VPO hace tres, cuatro, cinco, siete, ocho años, cuando más alto era el precio de las viviendas, y son tan prioritarias para el PP ahora, cuando las ventas caen, que no se puede esperar unos meses a contar con el instrumento que evite que todas se concentren en el mismo punto de la ciudad? ¿O es que en este negocio de la construcción, como en todos, el que da primero da dos veces, y los intereses que aquí se están defendiendo son los del empresario -legítimos, por otra parte: él no está obligado a velar por el bien común- antes que los del conjunto de los ciudadanos? Ni el gobierno de Alperi ni el de la Generalitat estuvieron al lado de los ciudadanos cuando éstos los necesitaban, cuando comprar una casa era para muchos un imposible, pero bien diligentes que se muestran cuando de garantizar la cuenta de resultados de determinadas empresas se trata.
Ortiz va a levantar en Rabasa el noveno municipio en población de la provincia de Alicante. Entre tanto como allí va a edificar, podría erigir un edificio emblemático. Así luego sólo tendría que pedir la independencia, llamarle ayuntamiento y proclamarse alcalde. No cambiaría nada, pero al menos cada uno estaría en su sitio.






* Información - Opinión - 30 de marzo de 2008