Marbella: Vecinos impugnarán el acuerdo que regulariza las ilegalidades del GIL

MÁLAGAHOY* : "Aquí ha habido una amnistía que se ha cocinado por la puerta trasera". Con estas palabras, varias asociaciones de vecinos y de ecologistas expresaron ayer su rechazo al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas y comercios ilegales que se construyeron durante la era GIL.

A pie de las obras del hotel Senator, una de las construcciones que mejor simboliza la ocupación de zonas destinadas a equipamientos públicos, Rafael Bayón, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que engloba a un buen número de colectivos sociales del municipio, anunció que en los próximos días se va a impugnar la propuesta que el viernes aprobó en solitario el gobierno de Ángeles Muñoz (PP).

Como aún no han tenido tiempo suficiente para estudiar las acciones que van a llevar a cabo, Bayón comentó que ahora se analizará si la impugnación la realizará únicamente la Plataforma 29 de marzo, donde están presentes Ecologistas en Acción, varias comunidades de propietarios afectados por las obras irregulares y distintos colectivos vecinales, o si cada uno de éstos elaborará la suya para que la presión sea mayor.

El portavoz de la asociación dudó de la legalidad del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones porque normaliza la situación de una serie de inmuebles irregulares, a pesar de que ni siquiera se han contestado las más de 8.000 alegaciones que presentaron los vecinos tras la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Otro punto que ha enfadado bastante a los afectados por las casas levantadas ilegalmente durante los años gilistas es que el polémico acuerdo no viene acompañado de informes técnicos favorables del secretario municipal. Tampoco ha sido consensuado con los colectivos que durante lustros denunciaron la corrupción urbanística de Marbella, por lo que dudan de que sea una solución "impecable jurídicamente", tal y como señaló la semana pasada el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas (PSOE).

La nueva situación es tan "grave" para los perjudicados por el cemento, que la portavoz de la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín, Mercedes Vázquez, no descarta denunciar por "daños y perjuicios" al Consistorio marbellí, ya que considera que este pacto alcanzado con el Gobierno andaluz pone en evidencia que sólo ha habido preocupación por satisfacer las peticiones de las personas que compraron de buena fe sus pisos en inmuebles que atentaban contra el PGOU de 1986.

Más duro se mostró otro representante de la misma asociación, Alejandro Dogan, que criticó que "los partidos políticos, que siempre se llevan tan mal, sólo se ponen de acuerdo cuando hay dinero de por medio". En ese sentido, apuntó que el hotel Senator, construido por el grupo Hoteles Playa y cuya licencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en diciembre de 2004 por invadir una parcela de equipamiento público, ahora podrá abrir sus puertas si cede 98 de sus apartamentos al Ayuntamiento. "Es como si un ladrón pone de fianza el dinero que ha robado para salir de la cárcel", comentó Dogan, que recordó como distintas organizaciones cívicas han propuesto que el inmueble sea entregado al Consistorio para que tenga usos sociales, como una residencia de ancianos o una escuela de idiomas.

Asimismo, la dirigente vecinal Mercedes Vázquez mostró su temor de que el acuerdo consensuado por el gobierno de Ángeles Muñoz y la Junta termine afectando a los procedimientos judiciales que se abrieron contra las edificaciones ilegales. ¿Los motivos? Existen varias sentencias firmes del TSJA que ordenan la demolición total o parcial de obras que están pendientes de la aprobación definitiva del PGOU. En ese caso se encuentra la promoción de apartamentos de lujo Jardines del Príncipe, de la que se tendría que derribar casi el 70% del complejo para dejar sólo en pie la parte que se ajusta a la norma urbanística vigente.

Pero no todas las piezas del puzzle marbellí opinan lo mismo sobre la ejecución anticipada del PGOU que permitirá legalizar las tropelías del pasado. El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), Antonio Núñez, se mostró ayer satisfecho con la posibilidad de que se conceda licencia de apertura a casi un millar de locales comerciales, que desde hace demasiado tiempo se encuentran en un limbo jurídico. De hecho, la organización empresarial ha centrado sus esfuerzos "humanos y económicos" de los dos últimos años en buscar fórmulas jurídicas que posibilitasen conseguir esos permisos en precario hasta que el nuevo PGOU lograse la aprobación definitiva.

Por otra parte, el presidente de la plataforma vecinal que se creó en contra de los derribos, José Ortiz, se mostró ayer cauto a la hora de valorar la moción aprobada el viernes, debido a que está pendiente de mantener una reunión con la alcaldesa para que ésta le explique los pormenores del acuerdo. Quienes siguieron ayer defendiendo su abstención en el Pleno del viernes fueron los concejales del PSOE, que insistieron en que el pacto no ha sido rubricado por ningún responsable autonómico, y que tampoco cuenta con informes favorables del secretario. Su secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, que ofreció una rueda de prensa en Marbella, intentó eludir la cuestión e hizo hincapié en que la Junta apuesta por buscar "soluciones" para los vecinos y evitar las "confrontaciones" planteadas por el PP.





* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela - 29.07.2008
Foto: Pleno del viernes que aprobó conceder licencias a construcciones ilegales antes de aprobar el PGOU/ malagahoy.es