Aviso a corruptos

SEBASTIÀ VERD* : El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, uno como inductor de un delito de prevaricación y otros tres como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio. Y el ex director general de Ordenación del Territorio y asesor urbanístico de Andratx, Jaume Massot, a tres por prevaricar y ser cooperador necesario en el delito urbanístico que se ha juzgado.

La primera sentencia del caso Andratx -a la espera están otros sesenta y siete juicios- ha sido todo lo ejemplarizante que se esperaba y constituye un claro aviso a navegantes, a los corruptos se entiende, para que no haya lugar a dudas: los abusos de poder y los delitos urbanísticos ya no quedan impunes. Ha tenido que pasar mucho tiempo para afirmar eso, porque casi siempre este tipo de delitos acababa prescribiendo o se consideraba que sólo eran faltas administrativas. ¿Cuántas casas ilegales con orden de demolición siguen en pie? ¿Cuántos abusos de poder e ilegalidades han quedado impunes en Mallorca? La sentencia además de mostrar el camino a la cárcel a los imputados condena a Hidalgo a demoler la casa. ¿Vamos a verlo?
La sentencia declara hechos probados que Hidalgo adquirió una parcela en una zona rural protegida para construirse una casa, sabiendo que no podía hacerlo. Pero se sirvió de su cargo y de la complicidad de Massot y de Gibert -el celador a quien se ha rebajado la pena por colaborar con la Justicia- para ejecutar sus planes. Era el modo de operar de una banda, a la que la Fiscalía atribuye muchos otros atropellos contra la legalidad urbanística que, presuntamente, van a ir sumando años de cárcel a medida que se celebren los juicios. El próximo: la construcción de un restaurante en un terreno también protegido, propiedad de Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde. Un juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los dos hermanos y, de nuevo, a Massot. Y que, una vez más, hará que nos acordemos de los prolegómenos del caso, cuando el alcalde corrupto departía a diario con el secretario general del PP balear, José María Rodríguez, y se veía en secreto con el presidente Matas.

En estos días en que, por el caso Plan Territorial, se está investigando la connivencia entre políticos y promotores urbanísticos, la primera sentencia de Andratx resulta especialmente modélica y clara, aunque el abogado del ex alcalde alegue que los hechos por los que se condena a su defendido "no se ajustan a la realidad", por lo que va a recurrir ante el Tribunal Supremo. No es fácil ver perder un caso a Rafael Perera, quien no sólo es el defensor de Hidalgo sino que lo ha sido de la casi totalidad de casos de corrupción o presunta corrupción en los que se han visto implicados políticos del PP. Desde el túnel de Sóller hasta el día de hoy, aunque quien fuera el portavoz del PP en las negociaciones sobre el Plan Territorial, Jaume Font, se haya buscado otro letrado. Todo parece indicar, a medida que se avanza en las investigaciones, que estamos ante un importante giro judicial sin precedentes en nuestra historia reciente,

La pena es que, por mucho que se derriben construcciones ilegales -nunca podrá hacerse con todas- ya no será posible retroceder en el tiempo y evitar el bombardeo urbanístico al que ha estado, y sigue estando sometida, gran parte de Mallorca. Pero el aviso ya está dado. La Fiscalía ha abierto con éxito la veda contra los corruptos para, entre otras cosas, garantizar la tan llevada y traída seguridad jurídica que los urbanizadores han venido reclamando. Ahora, tras esta sentencia, queda muy claro que la inseguridad jurídica no se ha debido nunca a las leyes proteccionistas sino a quienes no tienen escrúpulos en buscar artimañas legales, o simplemente saltarse la ley, para llevar a cabo sus planes delictivos.





* Diario de Mallorca - OPinión - 27 de mayo de 2008