"Hay «connivencia» de los gobiernos con las «tropelías» urbanísticas"

EUROPAPRESS/Baeza* : El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, y ex Síndico de Greuges, Bernardo del Rosal, sostuvo ayer que «es inimaginable pensar» que todas las «tropelías urbanísticas» que se han cometido en España «no hayan sido con la connivencia cómplice o con la tolerancia de las autoridades administrativas», en el desarrollo de uno de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

Del Rosal disertó acerca de Corrupción y delincuencia urbanística, dentro de los cursos de verano de la universidad jienense. Aunque se centró en el caso Malaya, aclaró que «han fallado todos los escalones del sistema» en el control del urbanismo en España. En primer lugar puso a la Administración porque el urbanismo es «una función publica» y todas las potestades relacionadas con él «lo son también».

Aseguró que la Justicia contencioso-administrativa era, en algunas zonas de España y hasta hace unos años, «lenta, incapaz de ejecutar sus resoluciones y complaciente con el poder».

Tolerancia social

Observó que la jurisdicción penal del Ministerio Fiscal «ha fracasado igualmente hasta hace poco tiempo». Pero Del Rosal no se limitó sólo a la administración: «También ha habido una cierta tolerancia social hacia este tipo de fenómenos porque han beneficiado, sobre todo, a las clases medias y altas que, con la especulación urbanística han visto incrementado el precio de sus viviendas, lo que les ha permitido acceder a otra calidad de vida».

Junto con esa «sensación de riqueza que se ha generado», del Rosal añadió que «también ha influido el que hayamos sido capaces de soportar el problema social de la inmigración gracias a los empleos» proporcionados por la construcción, replicando, no obstante, que «ahora el sistema empieza tímidamente a volver a funcionar».

Respecto a la reforma del Código Penal, pendiente de aprobación por el Parlamento, el catedrático calificó de «ridículo» que las leyes penales «se meta a castigar delitos como las construcciones ilegales, sin licencia o la invasión de espacios verdes».

A su entender, «no tiene sentido» porque es misión del Derecho Administrativo y, «si éste no funciona habrá que tomar medidas pero no suplantar la función del Administrativo con el Penal».

Criticó que a veces los sumarios «se tramitan con ligereza», haciendo cosas «incomprensibles más de cara a la galería que de cara a la realidad de cómo se deben de hacer las cosas». En esa línea, censuró que ha habido algunas actuaciones de la justicia «que parecen hechas para los programas del corazón».

El catedrático incidió en que «hace unos años era inimaginable que un banquero, un alcalde o un concejal entrara en prisión y ahora no lo es».

De todos modos, puntualizó el ex defensor del pueblo valenciano, «probablemente no es suficiente» ya que en ocasiones «queda la sensación» de que ante determinadas «tropelías no pasa nada y nadie hace nada».






* La Verdad - Alicante - 30 de agosto de 2007
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)