Denuncian el urbanismo incontrolado en los Espacios Naturales protegidos extremeños

Extremadura al Dia* : "Ecologistas en Acción de Extremadura ha mostrado hoy su preocupación por la proliferación de construcciones ilegales en los Espacios Naturales extremeños y se ha interesado particularmente por las medidas que se están tomando ante el incremento de ''construcciones ilegales'' en el ZIR Llanos de Cáceres y el ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. La organización ecologista pide ''medidas efectivas'' contra estas edificaciones ''ilegales'' a las diferentes administraciones públicas implicadas, así como la reparación del daño ambiental causado.


Ecologistas en Acción de Extremadura, en un comunicado recuerda que desde el ámbito del ecologismo extremeño, se lleva ya bastante tiempo denunciando infracciones contra la ordenación del territorio.

Al respecto, afirma que la problemática de las construcciones ilegales es ''particularmente grave'' en las Zonas de Interés Regional (ZIR), como el de los Llanos de Cáceres y el del Embalse de Orellana y Sierra de Pela, donde se está llevando un ritmo de construcción ''desaforado'', ante la perspectiva de la aprobación de los Planes Rectores de Uso y Gestión, (PRUG) que en realidad, señalan, ''no suponen un gran cambio en la responsabilidad legal pero determinados sectores sociales han extendido un rumor infundado de que sería así''.

Apuntan los ecologistas que el delito contra la Ordenación del Territorio, viene recogido en el artículo 319 de la Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre, del Código Penal, ''quedando perfectamente claro que es un delito el construir, sin las autorizaciones pertinentes, en los espacios que cuenten con algún grado de protección; pudiendo ser denunciados, tanto el promotor, como el constructor o los directores técnicos de las obras, reciente jurisprudencia ha aclarado el carácter de promotor del propietario de viviendas de autopromoción''.

Desde Ecologistas en Acción de Extremadura piden a los responsables de los organismos con competencias sobre la materia en Extremadura, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio y Ayuntamientos; más rigor en el cumplimiento de la normativa legal, que se aplique la ley a todos por igual y que se acabe de una vez por todas con las construcciones ilegales en Extremadura, recuerdan además las responsabilidades penales en que pueden incurrir los políticos o funcionarios que permitan estas infracciones urbanísticas.

Desde Ecologistas en Acción de Extremadura critican que los expedientes de la Junta de Extremadura tras las denuncias de Agentes de Medio Ambiente y del SEPRONA acaben con ''multas ridículas'', que no solucionan el problema.

Los ecologistas piden que se aclare si son ciertas las continuas denuncias que están recibiendo, de que desde cargos políticos de la Junta se dan ordenes expresas sobre qué denuncias se tramitarán y cuáles no, cuales serán tipificadas como graves y cuales leves; cuando todas las que se produzcan en espacios protegidos deberían ser tramitadas como delito ante los tribunales de justicia, ''y no como una simple infracción administrativa''.

La finalidad que temen pueda subyacer es que no salten a la actualidad casos de corrupción ligados a ediles, personajes públicos, o cargos relevantes de partidos políticos.

Ecologistas en Acción de Extremadura explican que el pasado mes de junio, enviaron una petición de información a la Dirección General de Medio Ambiente, sobre el estado de la tramitación de las denuncias formuladas, en los casos de construcciones ilegales dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, interesándose particularmente, por los casos del ZIR Llanos de Cáceres y el ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. Señalan que han solicitado explicaciones de por qué no se remiten estos expedientes sancionadores a los tribunales de justicia.

Desde esta asociación, se propone que todas las denuncias por posibles ilícitos penales, sean remitidas directamente a los juzgados correspondientes por los agentes denunciantes y que la fiscalía se interese activamente en los mismos.

Además creen que deben aumentarse los efectivos del Seprona y reconocerse, para el caso de los Agentes de Medio Ambiente, su condición de Policía Judicial Genérica, establecida en la Ley 10/2006 de Montes , ''para que puedan investigar adecuada y convenientemente los ilícitos penales sobre Medio Ambiente y/o Urbanismo, a la vez que se elaboren protocolos profesionales de actuación, para que sea eficaz el servicio prestado por este cuerpo''.

Además consideran que no tiene sentido una simple sanción económica (en muchos casos más barata que la licencia de obras) de una construcción que ''de ningún modo'' puede autorizarse y la misma debe venir acompañada, en estos casos más graves que afectan a espacios protegidos y no respetan la normativa más esencial con la reparación del daño causado, mediante la demolición de la obra ilegal, que realmente será una medida disuasoria eficaz y evitaría que quienes más dinero tienen y pueden permitirse el pago de esta sanción perjudiquen el patrimonio ambiental de todos.






* Extremadura al Día - 11 jul 2007
Foto: chalet construido ilegalmente en ZIR embalse de Orellana /Ecologistas en Acción