Los eurodiputados constatan una falta de voluntad política para luchar contra los abusos urbanísticos

ClaraPinar.- LEVANTE-EMV* : "Los eurodiputados que visitaron a principios de marzo la Comunitat denunciaron ayer que las autoridades valencianas no tienen «voluntad política» para solucionar los abusos relativos con el urbanismo. Asimismo, constataron que éstos persisten a pesar de que el Consell se comprometió a poner en práctica las recomendaciones del Informe Fourtou que adoptó la Eurocámara en diciembre de 2005.


El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, presentaron ayer su informe con las observaciones que les merecieron sus reuniones con las autoridades y denunciantes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Almería, en la misión a España que realizaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
El informe alerta de los abusos que se dan en toda España pero la Comunitat Valenciana se cita repetidamente como ejemplo de las peores prácticas o de aquellas que aún perduran. Aunque el informe no se pudo discutir ayer por problemas de traducción, Cashman se refirió a una de las ideas que emanan del documento, relativa a «la gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia y lo que vimos en Madrid» . «A (el conseller de Territorio, Esteban González) Pons le hicimos preguntas directas que se quedaron sin respuesta , se nos dijo que las peticiones son ficticias, que ni existen en la realidad », añadió Cashman, que dijo haber vuelto a Bruselas con «la impresión de que había una total desatención de estos problemas y no existía voluntad política para buscar soluciones».

El informe recuerda las recomendaciones del Informe Fourtou a favor de la definición y reconocimiento del «interés público» en la ley del suelo, un «criterio para calcular las compensaciones» a los afectados por expropiaciones o la «revisión de las bases» de los contratos públicos. Recuerda también que estas competencias caían bajo «la responsabilidad de las autoridades del Gobierno regional valenciano» . Sin embargo, más de un año después, el informe critica que «la urbanización continúa imbatible en Valencia con nuevos proyectos que se aceleraron para beneficiarse de las ventajas de la vieja ley (LRAU) antes de que entrase en vigor la nueva en febrero de 2006» , en alusión a la LUV, también expedientada por la Comisión Europea.

Sesenta nuevas denuncias

Casham y Libicki conformaron la tercera delegación de la Eurocámara que estudió el urbanismo en la Comunitat y que, según el informe, tuvo una «considerable justificación. No sólo hay un procedimiento de infracción en camino, sino que hay nuevas peticiones» que se incrementaron este mismo mes, con 60 nuevas denuncias presentadas ante los diputados en su visita a las localidades valencianas.
De sus entrevistas con afectados y autoridades, los eurodiputados concluyeron que «de los 540 municipios que hay en la Región Valenciana, parece que entre el 25 y el 20%, concentrados esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas resultado de un urbanismo extensivo, muchos de ellos con denuncias de corrupción en los últimos años» . Añaden que «un número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan planes urbanísticos que no emanan de necesidades de crecimiento poblacional y turístico, sino por su avaricia y codicia» . Hablan también de «ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores» y de «ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable».
Por el contrario, afirman en su informe que Pons «se negó a reconocer que haya problemas con el urbanismo y, si los hubiera, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales» . El informe afirma que «en comparación con visitas previas, parece más claro que nunca que la ley del suelo se han inventado o al menos se ha interpretado en primer lugar teniendo en cuenta en interés de los promotores y urbanizadores y no con los derechos legítimos de los propietarios individuales o del entorno social o medioambiental» .
Por último, Libicki y Cashman hacen una mención especial a la actitud «arrogante» del conseller de Territorio, Esteban González Pons. El documento denuncia los «ataques» de que fueron objeto por parte de «eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial» y critica las condiciones en que se dio la reunión con González Pons, de manera que fue «más en confrontación que constructiva» . Así, denunciaron un cambió de escenario «en el último momento» de una reunión en la que finalmente el conseller se presentó «flanqueado por promotores urbanísticos y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la construcción» .


*Bruselas
*LEVANTE-EMV - 28 de marzo de 2007
Foto: Benidorm /losgenoveses