ELPAÍS* : El acceso a la vivienda es ya un problema endémico en España. Lo era en plena burbuja, porque la escalada de precios dejó al margen del mercado inmobiliario a miles de ciudadanos o bien los hipotecó de por vida. Y lo es ahora, cuando la crisis financiera y, sobre todo, la lacra del paro impiden la emancipación de los jóvenes y el pago de las cuotas hipotecarias de muchas familias que acaban siendo desahuciadas. Todo eso ocurre en un país volcado en la propiedad, con un peso residual del alquiler en el parque de viviendas. Dentro de su agenda de reformas, el Gobierno se ha propuesto flexibilizar el mercado de alquiler con un paquete de medidas cuyo anteproyecto ha pasado ya por el Consejo de Ministros.
Las medidas del Gobierno prevén que los propietarios puedan recuperar su vivienda en cualquier momento con independencia de lo que establezca el contrato, mientras que el inquilino también podrá dejar el piso comunicándolo con un mes de antelación. Hasta ahora los contratos tenían una duración de cinco años —la llamada prórroga forzosa— y de tres más si ninguna de las partes decía lo contrario. El Ejecutivo quiere que el periodo de prórroga forzosa sea de tres años y otro más de forma tácita. Es decir, el límite legal para permanecer en un piso de arriendo se reducirá a la mitad, de ocho a cuatro años.
España ha adolecido siempre de un mercado de alquiler muy débil por la primacía de la cultura de la propiedad. Los últimos datos de Eurostat, de 2010, indican que el 83% de los ciudadanos vive en un piso de su propiedad, mientras que solo el 17% reside con otro régimen de tenencia, sobre todo alquiler. La excepción es la ciudad de Barcelona, cuyo parque de viviendas de alquiler siempre ha oscilado entre el 25% y el 30%. Varios países superan esa proporción, todos ellos del este de Europa (ver cuadro). En Dinamarca, Francia, Reino Unido o Países Bajos entre el 30% y el 40% de los ciudadanos vive en régimen de alquiler, mientras que en Alemania esa proporción llega al 46,8%. En Suiza, incluso, el porcentaje de gente que arrienda (55,7%) es mayor que el de compra. La carencia es todavía más elevada en el alquiler social, que, según el Comité Europeo por la Vivienda Social, supone el 1% del parque de viviendas en España, frente al 19% de Francia, por ejemplo. ¿Servirán las medidas del Gobierno para corregir esos déficits?
“El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura con rotundidad el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene Bernardos.
Las condiciones de ahora del mercado inmobiliario pueden resumirse en una demanda que ya no puede acceder a la compra y debe ir al alquiler y, a la vez, otra que ya ni puede permitirse arrendar. El año pasado, 58.200 familias fueron desalojadas de su hogar, un 22% más que en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial. Muchas, además, están acudiendo al alquiler por obligación: no pueden pagar sus cuotas hipotecarias y llegan a un acuerdo de dación en pago con la entidad acreedora para seguir en el piso en régimen de alquiler. “No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Hernández recuerda que, antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. Es decir, el arraigado mantra de que alquilar es tirar el dinero. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.
Por el lado de la oferta, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador. Pero eso era solo de obra nueva. El Censo de Población y Viviendas de 2001 estaba en más de tres millones en las casas vacías. Y, a falta de que estos datos se actualicen este año, los expertos estiman que la cifra va a escalar. La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. El profesor Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.
La insolvencia de la demanda, también en el alquiler, está obligando a bajar precios. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista.com, líder en España, en 31 de 42 capitales de provincia analizadas hubo descensos de precios en el primer trimestre del año. Y muchas llevaban encadenando varias bajadas. La oferta de pisos de alquiler, además, casi se ha duplicado entre 2009 y 2011. El Gobierno catalán, que dispone de datos oficiales porque es obligatorio depositar las fianzas de los pisos en la empresa pública Incasòl, ha registrado en ese periodo un incremento del 30% de los nuevos contratos de alquiler. Si en 2008 había 80.000 arriendos anuales, hoy hay casi 130.000.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador que ha preparado pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma.
Ahí coincide la exministra Beatriz Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”. “Se trata de dar al alquiler un mínimo nivel de dignidad”, afirma Corredor. Una de las claves para ampliar el mercado de alquiler es “darle un mínimo nivel de dignidad”. Para Corredor, el fomento del alquiler pasa por igualar las condiciones fiscales de uno y otro modo de residencia y estimular la emancipación de los jóvenes. Y el Gobierno, recuerda, de momento ha decidido suprimir la renta básica de emancipación por las medidas de austeridad y, en cambio, ha vuelto a generalizar las desgravaciones fiscales para la compra de una vivienda habitual.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, además, está la desaparición del IPC como referencia para actualizar los precios del alquiler. Serán las partes, según ha anunciado el Gobierno, quienes acuerden esa subida. Corredor desconfía de esa medida y recuerda que la liberalización de los alquileres de la ley de Boyer, en 1995, no consiguió movilizar el parque de viviendas hacia el alquiler, sino que se aumentaran las rentas. Tampoco Bernardos considera adecuada esa medida, puesto que la reforma debería proteger al más débil, “al inquilino”. “No se da una situación de igualdad entre arrendador y arrendatario”, afirma.
Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.
¿Se ha pasado el proyecto de ley, pues, al proteger demasiado al propietario en detrimento del inquilino? En época de bonanza, las patronales venían asegurando que si no había más alquileres era por la inseguridad jurídica del propietario. Y ello a pesar de que la tasa de morosidad del alquiler, en esa época, era mucho más baja que la de la compra, de alrededor del 1%. Otra de las medidas de la ley consiste en agilizar los desahucios de los inquilinos morosos. La propuesta de Fomento pasa por que, si así lo propone el contrato, el impago pueda desembocar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial y sin necesidad de una sentencia declarativa. El responsable de Infraestructuras de KPMG, Cándido Pérez Serrano, asegura que la norma dará “más protección jurídica” a los propietarios. “A largo plazo, también será mejor para los demandantes, porque habrá un parque de viviendas más amplio donde elegir”, afirma.
El coordinador general del Observatorio de la Vivienda del Consejo del Notariado, Ignacio Navas, aplaude toda medida que dé “seguridad jurídica” al arrendador, pero critica que se pueda producir una semiliberalización, es decir, que la liberalización acabe siendo “excesiva” para el inquilino. “Sería partidario de que se deje libertad a las partes cuando sean dos particulares, pero no cuando el arrendador sea una sociedad”, asegura.
Más rotunda es la organización Cáritas Barcelona, que media entre bancos y ciudadanos para evitar desahucios. La organización ha pedido al Gobierno que retire ese proyecto al considerar que trata de responder a las exigencias “del sector financiero” para poder alquilar viviendas en un corto plazo de tiempo, sin apenas compromisos y con “las máximas facilidades para los desahucios”. En su opinión, España tiene hoy una oportunidad única de tener un parque de vivienda social en alquiler si movilizara el parque de viviendas “ocioso” que ahora está en manos de las entidades que ha nacionalizado. Y más en un momento en el que un alquiler barato sería la solución para miles de familias que están al borde de la exclusión social.
* El País - LLUÍS PELLICER / LUIS DONCEL Barcelona / Madrid 29 MAY 2012
Foto: Se alquila - elmundo.es
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ANDREA BRAVO* : ¿Qué tienen en común la parroquia de San Martín el Real, en Pola de Lena (Asturias) y Aucalsa, la concesionaria de la autopista del Huerna que une Gijón con Madrid y atraviesa ese mismo municipio? La respuesta es tan disparatada como que ninguna de las dos tiene que pagar el IBI al Ayuntamiento en el que tienen propiedades.
Las concesionarias de autopistas en España disfrutan de un beneficio fiscal tan obsoleto como el de la Iglesia en cuanto a pago de tributos a las Haciendas Locales. Desde 1972, las concesionarias están bonificadas con el pago del 95% del IBI que corresponde a los municipios por los que discurren sus carreteras de pago. La norma preconstitucional se perpetuó con el cambio de legislación que tuvo lugar en 1988 con la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y continúa hasta el momento actual. Aunque la norma prevé que las nuevas autovías sí paguen el tributo, en la práctica no se ha materializado este cambio ya que o bien las concesiones se han prorrogado en el tiempo o bien la Justicia ha entendido que una nueva autopista era la continuación o mejora de una ya existente. Además, las carreteras gratuitas se encuentran totalmente exoneradas del pago de este impuesto municipal.
La compensación por parte del Estado de esta bonificación, o su derogación, es una petición histórica de la Federación Española de Municipios (FEMP), que conviene recordar en mitad de la presión de las concesionarias por extender los peajes en sombra o la famosa ‘euroviñeta’ por todo el entramado de carreteras español. Los ‘lobbies’ de las concesionarias de las autopistas (ASETA) y el de las grandes constructoras (SEOPAN) han articulado su discurso de presión alrededor del peaje en las autovías por la necesidad de concienciar a los ciudadanos de que “los servicios públicos no son gratuitos”.
Sin embargo, estas empresas se han olvidado de explicar en sus informes que lo que sí es gratuito para ellas es el paso por los municipios españoles, un beneficio fiscal que ha sustraído miles de millones de euros a las arcas públicas locales.
Por apuntar un ejemplo de lo que este regalo fiscal retrae de las arcas públicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2010 a favor de las protestas de un grupo de pequeños ayuntamientos que solicitaban la compensación por parte del Estado del cobro de este impuesto. Así, el TSJM reconoció que Monasterio de Rodilla, un municipio de Burgos de 215 habitantes por el que discurre la AP-1, tenía derecho a una compensación de más de 425.000 euros por el impuesto no cobrado desde 2006.
La sentencia reconocía el derecho a cobrar el 100% del IBI desde 1983, pero los pagos anteriores a 2006 se consideraron prescritos. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la Administración General del Estado en el recurso final, y Monasterio tuvo que devolver los primeros 200.000 euros que ya había cobrado por los años 2006 y 2007.
Aunque no hay cálculos de lo que este impuesto podría suponer para el conjunto de los ayuntamientos de España a los que afecta, es fácil imaginar lo que se están ahorrando las concesionarias de autopistas si una pedanía de 200 habitantes como Monasterio se queda sin cobrar al año 100.000 euros por este IBI.
En total, en la sentencia del TSJM desestimada por el Supremo, se le había reconocido el resarcimiento de 4,5 millones de euros en concepto de IBI a una veintena de pequeños municipios atravesados por la AP-1. Por su parte, los diez regidores de los ayuntamientos afectados por la autopista del Huerna aseguran que dejan de ingresar al año seis millones de euros por la bonificación impuesta por la Administración General del Estado.
Los estudios que maneja ASETA sobre la recaudación que se obtendría con la Euroviñeta hablan de unos ingresos anuales de 2.700 millones, aunque la patronal SEOPAN rebaja sus aspiraciones a 1.800 millones. En cualquier caso, ambas cifras no estarían muy alejadas del montante que supondría para el Estado por la recuperación del IBI para las haciendas locales, un verdadero chute de liquidez para los famélicos ayuntamientos.
Las patronales justifican el pago del peaje por el uso y deterioro de la red viaria por parte de aquellos conductores que lo utilizan pero de nuevo omiten recordar que los vecinos de un municipio cargan con la bonificación de este impuesto, tanto usen la autopista como si no. El origen de este incentivo fiscal en los setenta, e incluso de su continuación en los ochenta, se puede entender en un contexto de infradesarrollo de la red viaria del país y del intento del Estado de impulsar la iniciativa privada en la construcción de autopistas. Pero, ¿es sostenible que las grandes constructoras reclamen el cobro de un peaje generalizado y el disfrute al mismo tiempo de una bonificación de impuestos indiscriminada?
Como apunte final, y para que el lector se haga una buena composición de lugar del tipo de presión al que las concesionarias someten al Gobierno del PP, cabe recordar que el presidente de la patronal de las autopistas (ASETA) es José Luis Feito, el mismo que ha ejercido durante años de mentor intelectual de la CEOE y que recientemente ha hecho declaraciones tan singulares como que los parados deberían aceptar un trabajo en Laponia.
Feito era del equipo de confianza de la vicepresidencia de Economía liderada por Rato a comienzos de la década pasada, y trabajó codo con codo con el actual ministro del ramo, Luis de Guindos.
* El Diario.es - Opinión - 29.5.12
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
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ELPAÍS/Alicante* : La apuesta por el desarrollo urbanístico de muchos municipios de interior cercanos a la costa de la Comunidad Valenciana ha devenido, en la mayoría de los casos, en un fiasco. La perspectiva de obtener inyecciones de dinero que no se concretaron por la paralización del sector del ladrillo y el incremento de los costes que originó comenzar a conformar un término municipal disperso desembocó en un exceso de gasto no avalado por los ingresos. Con los años, la consecuencia ha sido la ruina económica, que ahora se traduce en innumerables recortes en los servicios públicos.
Es el caso de Finestrat, el municipio valenciano más endeudado de entre las poblaciones con menos de 20.000 habitantes. Sumando la deuda financiera y los pagos pendientes a proveedores, esta localidad, de apenas 6.000 habitantes, que ha triplicado su población desde el año 2000 por su proximidad a Benidorm, debe 22 millones de euros.
La remisión de facturas impagadas al Gobierno para someterse a un plan de ajuste suma 12 millones de euros y su remanente negativo de tesorería a finales de 2010 —último ejercicio auditado por la Sindicatura de Comptes— fue de casi 9,6 millones. Ese mismo año, en plena crisis, el Consistorio, gobernado por el PP desde 2007 con mayoría absoluta, tuvo un desfase presupuestario negativo de 970.664 euros sobre un presupuesto de 14 millones.
Cuando el PP alcanzó el poder, la deuda era de ocho millones de euros. El actual portavoz socialista, Vicente Martínez, se queja de que “han estado camuflándola para no disparar las alarmas y no sobrepasar el límite máximo legal de endeudamiento que, ahora, cuando han reconocido que se deben 22 millones, está más que rebasado”· “Se ha desbordado todo porque el gasto sigue descontrolado”, prosigue Martínez, para quien “Finestrat podría ser un pueblo rico si se toman medidas”, ya que “solo del Impuesto de Bienes Inmuebles ingresa casi siete millones de euros”. Pero no se trata solo de la deuda, de la que el PSPV culpa al anterior edil de Hacienda, Juan Francisco Pérez. Hoy, en Finestrat, hay siete urbanizaciones diseminadas y otra media docena por desarrollar.
Frente a esta fallida aventura, otro municipio, Parcent (1.123 habitantes), en La Vall de Pop de La Marina Alta, decidió rebelarse ante el frenesí urbanizador que se desató tras las elecciones de 2003 con la alcaldesa del PP, María del Carmen López. El movimiento vecinal que surgió para oponerse a los tres PAI aprobados en enero de 2006, que preveían la construcción de 1.800 viviendas, acabó generando la llamada doctrina Parcent, al posicionarse en contra el Tribunal Superior de Justicia y denunciar luego el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la política urbanística valenciana. De aquella movilización surgió el Gobierno local de Coalición Democrática de Parcent, hoy con una amplia mayoría, que dio carpetazo al plan general ideado por sus predecesores y se comprometió con la transparencia.
Cada año el Ayuntamiento de Parcent hace públicas sus cuentas. Este ejercicio manejará un presupuesto de 626.775 euros —que llegó a ser de 2,31 millones en 2006—, solo un 0,6% inferior al del año anterior, en plena crisis y caída generalizada de ingresos para la mayoría de municipios valencianos. No ha necesitado un plan de ajuste y mantiene una única deuda de 22.532 euros con la empresa de los contenedores soterrados de recogida de residuos, con la que ha pactado el pago cuando el Ayuntamiento cobre el Plan Confianza. Las cuentas de 2011 se cerraron con 27.000 euros de superávit y el Consistorio incluso adelantó 43.000 euros de salarios que debería haber abonado la Generalitat.
* El País - ARTUR BALAGUER - 27.5.12
Foto: La localidad de Parcent, que evitó la urbanización de sus montes, vista desde el Coll de Rates. / NATXO FRANCÉS
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SUR/Málaga* : La Guardia Civil mantiene abierta una nueva operación contra supuestas irregularidades urbanísticas que salpica a otro ayuntamiento de la provincia. La brújula de los investigadores se sitúa esta vez en Benalmádena. Según ha podido confirmar SUR, varios funcionarios del consistorio de esta localidad han prestado declaración en los últimos días ante los agentes que llevan el caso en calidad de imputados por su presunta participación en una operación inmobiliaria sospechosa.
Las pesquisas, dirigidas por un juzgado de la provincia, se iniciaron a raíz de la denuncia de una persona del entorno del ayuntamiento benalmadense, que puso en conocimiento de la Benemérita una serie de supuestas irregularidades en la construcción de una promoción de viviendas en el municipio, explicaron las fuentes consultadas.
El expediente sobre el que han puesto el foco los investigadores data de hace varios años. Los especialistas de la Guardia Civil indagan en una operación en la que al parecer se habría conseguido un aumento de edificabilidad en la construcción de unos inmuebles utilizando unos documentos aparentemente falsificados. Esas supuestas irregularidades habrían colocado en el punto de mira de la investigación a varios funcionarios que trabajan -o lo habrían hecho en el pasado- en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Benalmádena.
Fase de explotación
Tras varios meses gestándose en los despachos de los agentes que llevan el caso, la operación ha entrado esta semana en su fase de explotación. En los últimos días han sido citados para prestar declaración varios funcionarios y trabajadores municipales. Algunos de ellos han sido interrogados en calidad de imputados y se les ha informado de que van a ser citados por el titular del juzgado que instruye las diligencias.
El peso de la investigación lo ha llevado el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); los mismos grupos que trabajaron, en un mano a mano con el Cuerpo Nacional de Policía, en la 'operación Majestic' contra una supuesta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Casares.
No en vano, las dos investigaciones se han simultaneado en el tiempo. 'Majestic', que llevaba cocinándose en comisaría y en la comandancia desde finales de 2010, saltó a la palestra el pasado 14 de mayo, cuando un equipo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil precintó el Ayuntamiento de Casares para proceder a su registro.
La redada se saldó aquella jornada con las detenciones del exalcalde Juan Sánchez, su esposa, un abogado y una mujer. Durante los días siguientes, varias personas desfilaron por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona para ser interrogadas por su presunta implicación en la trama. La primera fase de 'Majestic' se cerró la semana pasada con doce imputados, aunque con los dos principales sospechosos en busca y captura.
* SUR - JUAN CANO / JAVIER RECIO - 30.5.12
Foto: Benalmádena (Málaga), ayuntamiento - guiadebenalmadena
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ELPAÍS* : El Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.
Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.
El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.
Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.
Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.
Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.
Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.
El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.
La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.
La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición y cómo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscalía de Cádiz resalta la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística [...] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos [...] se financie con fondos públicos”.
En enero pasado, la Junta de Andalucía, del PSOE, aprobó un decreto que daba “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
El documento de Fomento también plantea un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la aprobación de ciertas obras en las comunidades de vecinos. Para instalar obras de telefonía o paneles solares, solo hará falta un tercio de los votos de los propietarios, frente a los tres quintos actuales. Para los postes de recarga de coches eléctricos en el aparcamiento bastará con notificarlo a la comunidad.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 30 MAY 2012
Foto: Vista aérea de urbanizaciones levantadas en Marbella. / JULIÁN ROJAS
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ÚLTIMAHORA* : El pleno del Parlament aprobará hoy, con los votos del PP, la ley de medidas urbanísticas urgentes que abre la puerta a un nuevo marco territorial y a la posibilidad de construir más en suelo rústico, que legaliza urbanizaciones fuera de ordenación y pone en marcha nuevas figuras territoriales. Para la oposición, algo que se niega desde el PP, esta ley permitirá reactivar proyectos que fueron paralizados en la época del anterior Ejecutivo.
La ley de medidas urbanísticas urgentes es una ley promovida desde la macroconselleria que dirige Biel Company, que el viernes anunció su incorporación al PP para ocupar un cargo en la dirección. «Esta ley es un asalto a la arquitectura territorial de Balears», dijo el portavoz adjunto del PSIB.
La era Matas
Más duro se mostró el diputado Antoni Alorda (PSM-IniciativaVerds-Entesa), que señaló que «volvemos a las normas de Jaume Matas y a las de su director general, Jaume Massot, que ahora está en la cárcel». Mabel Cabrer (PP) dijo que esta declaración es una muestra de «la demagogia» de la oposición.
La diputada popular Virtudes Marí explicó que se han aceptado algunas enmiendas de la oposición, como una del PSM para dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan multar a los propietarios de los edificios que no quieran pasar inspecciones técnicas. «Los ayuntamientos no podían poner sanciones y todo quedaba en papel mojado y ahora se crea esta nueva infracción urbanística, que es un tema muy importante para mejorar la calidad del parque de viviendas», indicó Marí, que señaló que también han llegado a un acuerdo con el PSOE para que las cesiones en suelo urbano y urbanizable sean del 15% y para la simplificación de los trámites en la delimitación de ámbitos de actuación. Asimismo, se ha pactado otra enmienda con el PSM sobre las competencias de tramitación de los expedientes de disciplina urbanística.
* Última Hora - T.B./C.R. | Eivissa | 28/05/2012
Foto: Palma, parlamento balear fachada - fotonoticia
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ELCORREOWEB* : La representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la pretensión vecinal de que el fallo se cumpla "en sus justos términos y sin más demora".
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.
Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según indicó a Europa Press el presidente de la comunidad, José Cubiles, que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla , y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".
La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".
Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.
Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.
Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.
* El Correo de Andalucía - EP - 29.5.12
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado (archivo) - elpais
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EFE* : El titular del Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, David Castillejos, ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para que preste declaración el próximo 15 de junio como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a los convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad.
Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, la toma de declaración del alcalde Cámara se ha fijado para las 10 horas de ese día. Este juzgado investiga desde octubre de 2010 una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia conocida como operación Umbra que comenzó con el registro de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y de otras dependencias oficiales y privadas. Según fuentes judiciales, la imputación de Cámara se ha acordado a instancias del fiscal, que considera necesaria su declaración como firmante de los convenios urbanísticos investigados.
Cámara firmó el 7 de octubre de 2010 un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias que afectan a la Gerencia de Urbanismo, cuyo entonces concejal, Fernando Berberena, y director, Alberto Guerra, estaban imputados.
El 22 de diciembre de 2010 el juzgado acordó la devolución de la fianza de 60.000 euros exigida al gerente de Urbanismo del ayuntamiento de la capital e imputado, Alberto Guerra, y a principios de ese mes también la devolvió a otro imputado, el profesor Higinio Pérez.
La resolución judicial incluía también el levantamiento de todas las demás medidas cautelares adoptadas en su día contra Guerra, entre ellas, la obligación de personarse periódicamente en el Juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional si no contaba con la preceptiva autorización del juez. El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, y seis de esos convenios son los que han sido investigados.
* 20 Minutos - EFE - 29.5.12
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
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PERIODISMOHUMANO/Cádiz* : La paradisíaca zona de la playa de Valdevaqueros en Tarifa pasará a ser el objeto del Plan Parcial SL1 que podrá ser aprobado hoy martes 29 y que permitirá la construción de 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en este territorio prácticamente virgen de grandes aglomeraciones urbanísticas y bien conocido por los aficionados al windsurf.
El espacio de 700.000 m. cuadrados se encuentra entre el Parque Natural del Estrecho y el Parque de Los Alcornocales y sería urbanizado bajo la coordinación de Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana.
Actualización 21h, 29 de Mayo.
A pesar de todas las peticiones y la rápida movilización de miles de ciudadanos en las redes el proyecto ha sido aprobado. Jose Carlos Luque informa del resultado de la votación sobre la urbanización de Valdevaqueros: PP, PSOE, PA han votado a favor. Abstención de ULT y el único voto en contra de IU.
Según el diario Europa Sur, “el Plan Parcial Sector Litoral 1 Valdevaqueros será llevado al pleno previsto hoy martes. Son más de 700.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 84.000 metros cuadrados, dentro de los cuáles se prevén 350 viviendas y un total de 1.423 plazas hoteleras. “Propiciará que en Valdevaqueros se habilite una zona de servicios turísticos que significará en los próximos años reiniciar el desarrollo urbanístico, mejorar y ampliar la infraestructura turística y la reactivación de todo un sector con la consecuente creación de empleo”, dijo el equipo de gobierno del PP”.
Equo rechaza la urbanización de Valdevaqueros, playa virgen de alto valor ecológico.
Según la web oficial del Ayuntamiento de Tarifa: “La Junta de Compensación de Valdevaqueros, representada por el famoso arquitecto Juan Muñoz, ligado a la popular presentadora de televisión y editora, Ana Rosa Quintana, será ahora la encargada de promover y desarrollar un proyecto urbanístico apropiado”.
Regulada en la Ley del Suelo de 1976 , la Junta de Compensación es una entidad urbanística colaboradora, con personalidad jurídica propia que asume la ejecución de la urbanización.
Según informó en 2009 el Diario de Sevilla: El juez lleva al banquillo a 15 implicados por presunta corrupción en Alhendín. El ex alcalde del PP, tres concejales, una decena de empresarios y un técnico son acusados de delitos urbanísticos “groseros de ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa”. Una decena de empresarios también son imputados: Juan Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, Fernando Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera y otros. (…) Según el juez instructor, el que fuera concejal de Urbanismo “concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz” el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba Tarje, la empresa de ambos, también señalados en otro caso de presunta corrupción en San Roque, Cádiz en 2006.
Según informó en 2009 el Diario de Cádiz: ”la empresa Chival del Grupo Tarje, reflotará el histórico proyecto para construir en la playa de El Palmar -Vejer- dos apartahoteles con más de 1.300 plazas .(…) Juan Leocadio Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana está al frente del Grupo Tarje“. El proyecto de El Palmar se paralizó tras una fuerte campaña de oposición de miles de personas.
El Ayuntamiento de Tarifa está gobernado por una coalición entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. La Corporación Municipal está integrada por 17 concejales, lo que convierte la mayoría absoluta en nueve. El Equipo de gobierno está formado por siete concejales del Partido Popular y dos del Partido Andalucista. El actual alcalde de Tarifa fue candidato por 4 partidos: PA, IU, TAIP y PP. Y Alcalde con tres de ellos.
Según el grupo en Facebook, Salvemos Valdevaqueros (Tarifa):
Ayer ”tarde hubo reunión con la oposición (decepcionante); al parecer no está confirmado al 100% pero lo más probable es que tod@s voten el SI. Asistió un miembro del PSOE, un miembro de Unión Liberal Tarifa. Con excepción de Izquierda Unida (que tampoco nos dieron seguridad, lo que decida el partido).
Este plan parcial será aprobado (hoy) martes 29. La información que tenemos a esta hora de la tarde, tras la reunión y diversas conversaciones con Asociaciones Ecologistas, prensa, Partidos... son: Los 700.000 metros cuadrados, es decir, 70 hectáreas (equivalente 70 campos de fútbol) quedan fuera del Parque del Estrecho y del Parque de Los Alcornocales (pero justo en medio) y frente al Parque del Estrecho, los separa la carretera e intentan vendernos que no generará impacto….
Pero a tan sólo 5 metros (espacio aproximado de la carretera), lo cuál creará impacto sí o sí. Por otro lado, el estudio de impacto que hay es obsoleto y del año 90 (cuando en el año 2000 se entró en Red Natura 2000) y la concesión como Parque del Estrecho es desde 2003. Obsoleto desde hace 17 años y prescrito (caduca a los 5 años).
No hay prospecciones arqueológicas en la zona. Toca 7 puntos de interés comunitario por Red Natura 2000 (este concepto es creado por la UE para dar protección a especies en peligro de extinción).
Todo se traduce a que darán un SÍ, con distintas excusas que dependen de lo que digan en las reuniones del partido…. bla bla bla y esto, con total naturalidad. (…)
Ahora lo importante es vernos a las 7.00 de la tarde en la plaza del ayuntamiento de Tarifa con camisetas con el texto SALVEMOS VALDEVAQUEROS (aunque sea escrito con rotuladores tipo edding) y a las 8.00 será el pleno en el que aprobarán este plan parcial con total normalidad, a nadie le irrita que sean 700.000 metros cuadrados de ladrillo???
No obstante, para la semana que viene empezaremos a colgar modelos de denuncias para aquellos que quieran sumarse a la denuncia colectiva que llegará tanto a UE (Bruselas), como a UNESCO (Límite de Reserva de la Biosfera) así como a Fiscalía Anticorrupción.
Por otro lado, habrá quién piense que es una buena oportunidad para conseguir trabajo tal y como están las cosas, pero, actualmente las promociones que se están construyendo en Tarifa, de que tiran o de que tiraron? de mano de obra barata traída de fuera que llegaban en autobuses”.
* Periodismo Humano - 29.05.12
Foto: Tarifa (Cádiz), salvemos Valdevaqueros
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LEVANTE* : Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, coloquialmente conocido como a dedo, contratos por valor de 2,7 millones de euros a Med Seguridad SA y su filial Med AGC Servicios SL. Ésta empresa es una de las dos mercantiles que la Fiscalía de Valencia investiga por el supuesto amaño de contratos que habría realizado la gerente de FGV, Marisa Gracia, para beneficiar, presuntamente, tanto a Med Seguridad SA como a la mercantil Prosegur.
La información detallada de los contratos adjudicados a dedo a Med Seguridad SA la ha conseguido el diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras, Francesc Signes, quien presentó una bateria de preguntas a la Conselleria de Hacienda para conocer las adjudicaciones conseguidas por una de las mercantiles a la que investiga la fiscalía.
La sorpresa ha sido comprobar que la misma empresa también ha sido contratada por el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) desde 2003, cuando la gerencia estaba ocupada por Marisa Gracia, así como por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), que depende de la Conselleria de Infraestructuras. Precisamente de este ente gestor depende la contratación de la vigilancia del circuito de Fórmula 1 de Valencia, que también se adjudicó a Med Seguridad SA en 2008, 2009 y 2011. Los otros contratos adjudicados por GTP a Med Seguridad se refieren a la vigilancia de estaciones en el TRAM de Alicante, que también explota FGV.
Otros departamentos de la Generalitat también han contratado los servicios de Med Seguridad SA para la vigilancia de dependencias de las «conselleries» de Bienestar Social, Agricultura, Sanidad y el Consell Valencià de Cultura por un valor total de 5,6 millones de euros, como mínimo. La cifra podría ser mucho más voluminosa ya que en las respuestas facilitadas al diputado Francesc Signes, la Conselleria de Hacienda no aclara cuánto se ha pagado a esta empresa por la vigilancia del circuito, contratada a través de GTP. Se limita a informar de que se abonaba una tarifa de 18,52 euros por hora y por vigilante en 2008 y 2009 y otros 19,94 euros euros por hora y por vigilante en 2011. El diputado Signes ya ha exigido una aclaración complementaria de la información «sesgada», denuncia el diputado, que Hacienda ha facilitado en estas respuestas.
La cantidad de 5,6 millones tampoco incluye los contratos de vigilancia en Metrovalencia y el TRAM de Alicante, a 849.000 y 998.000 euros, que FGV adjudicó en 2007 a Med Seguridad y que fueron rescindidos el pasado mes de marzo porque FGV se retrasaba en los pagos y la mercantil presentó su renuncia alengado que «no podía continuar prestando el servicio».
Fuentes del sector de la vigilancia consultadas por Levante-EMV se sorprenden del éxito de Med Seguridad en toda esta batería de concursos, ya que está considerada como una empresa de tamaño «pequeño-media» en este mundo.
Un éxito sorpresivo y varias "coincidencias"
El diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras, Francesc Signes, se sorprende del «éxito» conseguido por las empresas del Grupo MED que han conseguido entre 2003 y 2011 contratos públicos por un importe muy superior a los 6 millones de euros por trabajos de todo tipo: en seguridad y vigilancia privada, información y limpieza de edificios. E incide en dos coincidencias. «El inicio de las relaciones contractuales de dicha empresa con el GTP, gestor del circuito, coincide con la llegada a la dirección general del Circuito del Motor y Promoción deportiva de Julio García, hermano del ex director de RTVV, Pedro García». Y también resulta «curioso» para Signes que «coincida el enorme desembarco del grupo Med con la llegada de Mario Flores a la Conselleria de Infraestructuras».
* Levante - LAURA BALLESTER - 28.5.12
Foto: Valencia, ferrocarrils - lainformacion
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LAVOZ/A Coruña* : Una vez más, el urbanismo boirense está en el punto de mira después de hacerse pública una nueva sentencia judicial. En este caso, el fallo, que es firme, anula la reorganización de las fincas sobre las que se levantó un edificio que hoy está habitado, así como la licencia para su construcción, en la avenida de Barraña. El litigio en torno a este asunto se inició pocos meses después de que el gobierno municipal concediese el permiso para la actuación, en el año 2007, y concluyó el pasado mes de marzo con la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Este último fallo judicial, contra el que no cabe recurso alguno, desestima las alegaciones presentadas tanto por el Concello de Boiro como por la empresa promotora contra una resolución anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santiago.
Esa primera sentencia daba la razón a los propietarios que interpusieron el recurso y anulaba los acuerdos de la junta de gobierno local presidida por Xosé Deira en los que se aprobaba el expediente de reorganización de fincas en suelo urbano consolidado y se concedía la licencia urbanística para levantar un inmueble de cuatro plantas en el cruce entre la avenida de Barraña y la calle número 5. Entre las peticiones formuladas en el recurso de apelación, se solicitaba que se declarase «inadmisible o desestimable» el contencioso-administrativo interpuesto, algo que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza, aunque difiere en algunos de los razonamientos recogidos en la primera sentencia.
Defectos de procedimiento
Por ejemplo, se alude a los defectos de procedimiento en el expediente de reorganización de las fincas en las que se construyó el edificio que esgrimieron los demandantes, y se desestiman uno a uno utilizando distintos argumentos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sí les da la razón en un asunto primordial que tiene que ver con la «compra forzosa» o «adsorción por compra» de una parte de los terrenos del solar. Y es que, según se recoge en la sentencia, «la solución adoptada en el proyecto de normalización aprobado respecto de la parcela 3 no es conforme a derecho» y, en consecuencia, se confirman los «pronunciamientos anulatorios» recogidos en la primera sentencia, dictada en diciembre del año 2010, «con la consiguiente desestimación del recurso de apelación».
* La Voz de Galicia - MARTA GÓMEZ - 27.5.12
Foto: El edificio está situado en la avenida de Barraña. SIMÓN BALVÍS
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ELPAÍS/Alicante* : El Gobierno del PP del municipio juguetero de Ibi (24.000 habitantes) ha escalado hasta la cima de la negra estadística en la provincia de Alicante por supuesta corrupción. En tres años, otros tantos miembros del Ejecutivo local, liderado por la también diputada autonómica Maite Parra, han dimitido tras ser acusados, entre otros delitos, de malversación, cohecho y blanqueo de capitales y prevaricación.
Cada uno de los exediles es la punta de lanza de otras tantas piezas de un mecano de corrupción que los dos juzgados de la localidad tratan de desentrañar. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos.
La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.
La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.
La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.
La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.
Además, de estas tres causas principales, en los dos juzgados de Ibi hay más denuncias (de particulares y de políticos) sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Ibi. El lapso de tiempo que los jueces están investigando abarca desde 2003 hasta 2010. En ese periodo el Ayuntamiento ha estado en manos de PP, bien en minoría, como en la actualidad, o con mayoría absoluta, entre 2007 y 2011.
Y en ese período el Consistorio ha puesto sobre el tapete tres grandes obras, dos grandes contratas y un macroplan urbanístico. Y en la mayoría de los casos con importantes desvíos sobre el presupuesto inicial.
El mayor programa urbanístico ha sido el PAI del Alamí. El plan, que prevía 1.200 casas, se adjudicó en 2004 a la firma La Generala, la oferta más cara, por 17 millones. Esta empresa se comprometió a construir un pabellón y un vial. Ocho años más tarde, la zona del PAI, 350.000 metros cuadrados, es un erial, y ni hay pabellón ni vial. La adjudicación del PAI motivó la primera denuncia en los tribunales a cargo del promotor local José Gimeno por una supuesta estafa de 12 millones de euros contra la mercantil La Generala.
Una de las obras más importantes ha sido la piscina climatizada, que adjudicó el PSPV en 2002 por 1,8 millones a la firma Electrosur. En 2003, el PP revocó la adjudicación y se la dio a la mercantil Intersa-Levante, por 2,5 millones. La obra ha acabado costando 3,1 millones. Además, la reforma del Teatro Río, adjudicado a la firma Intersa-Levante por 3,9, al final ha costado nueve millones, y el coste del palacio de justicia se elevó de 1,3 a 1,7 millones.
Las dos grandes contratas son la del agua, a la firma Aquagest, por 25 años y un canon de 1,1 millones de euros, y la limpieza y recogida de la basura, pendiente de adjudicar. Hasta ahora estas dos concesiones iban por separado: la primera, en manos de FCC y la segunda, de Urbaser. El nuevo contrato ha salido por 36 millones y 18 años. La mesa de contratación lo adjudicó a la firma Secopsa-Utesa, pero está pendiente de un informe de la junta consultiva de la Generalitat.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 27 MAY 2012
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
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ELPAÍS/Guadalajara* : Las masas de adosados, unos de color beis claro, otros de ladrillo rojo, escoltan, en la distancia, la silueta casi intacta del castillo del siglo XV. Las glorietas de acceso a Pioz, a unos 55 kilómetros al noreste de Madrid, están marcadas con señales de alerta: cruce peligroso, acceso a urbanizaciones. Por todas partes asoman conjuntos de casitas nuevas construidas en el furor del boom del ladrillo. Trascastillo, El Bosque del Henares, Valcastillo, Las Suertes, Montealto, La Arboleda, Los Charquillos, Madrebuena. Algunas semivacías. Nada diferente de lo que puede verse en otros muchos puntos de España. Lo único especial de Pioz es que pasa por ser el pueblo más endeudado del país. Según su alcaldesa, Amelia Rodríguez, del PP, la deuda del municipio, que tiene un presupuesto de dos millones de euros, asciende nada menos que a 16 millones.
En medio de la vorágine diaria de la crisis, Pioz es un ejemplo a pequeña escala del fracaso del modelo de desarrollo que ha imperado en las últimas décadas en España. Un pueblo que a mediados de los años noventa no llegaba a los 1.000 vecinos invirtió millones para convertirse en una ciudad dormitorio de 25.000 habitantes. Las expectativas no se cumplieron y hoy Pioz tiene 3.800 empadronados y un agujero en las finanzas colosales.
Pero ser señalados como los más endeudados por su propia regidora no ha gustado mucho a la mayoría de los vecinos de toda la vida. Y más de uno se pregunta por qué fue tan diligente Amelia Rodríguez al identificar a Pioz como la localidad que tardará 7.058 años en saldar su deuda (tras acogerse al plan de pago a proveedores), a la que aludió hace unos días el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Sobre todo porque Beteta habló de un pueblo de Guadalajara, pero se cuidó muy mucho de dar nombres.
“Yo tampoco dije que fuera este Ayuntamiento. Solo que podría ser”, aclara la alcaldesa de Pioz, que recibe a la periodista muy seria porque se declara “harta de entrevistas” y muy ocupada. Amelia Rodríguez, de 45 años, pelo corto muy negro, viste pantalones oscuros y blusa rosa, y parece muy consciente del revuelo que ha levantado con su denuncia. “Estoy de acuerdo en que no es bueno para el pueblo, pero ¿qué hago?, ¿me callo?”. No parece ese el estilo de Rodríguez, con más de dos décadas en la política municipal, que en julio de 2011, poco después de hacerse cargo de la alcaldía, envió circulares a todas las Administraciones explicando la desesperada situación de las finanzas locales.
“Ahí están las facturas”, dice señalando un montón de carpetas blancas apiladas en una estantería de su despacho. Deudas de centenares de miles de euros por suministros y mantenimiento, por alumbrado público, asesoramiento urbanístico, limpieza de escuelas o pagos pendientes de la piscina municipal. De esta última, según Rodríguez, se abonaron solo 300.000 euros, y la factura con los intereses supera ampliamente el millón. Ante esta situación, “este año he tenido que suprimir los toros, porque tenía que elegir entre las fiestas o la calefacción de los colegios en invierno”, afirma la regidora, que insiste en que su denuncia no es política. “No se trata de si gobernó el PSOE o el PP. Se trata de tener dos dedos de frente”, añade en clara alusión a Emilio Rincón, su antecesor en el cargo.
Rincón, concejal por el Partido Regionalista de Guadalajara en 1999, ha sido alcalde hasta las últimas elecciones de 2011, primero con una agrupación independiente, luego con el PSOE, y defiende apasionadamente su gestión contra las “mentiras” de su sucesora. Para empezar, reduce la deuda a la mitad. “En el plan de ajustes que se aprobó en el pleno se habló de 5,4 millones de euros, que equivaldrían al 80% de la deuda, es decir, unos 8 millones de euros, nada de 16 millones”. El exalcalde, que trabajó en la construcción y ahora está en paro, es uno de los dos concejales socialistas de Pioz después de la escisión del partido y la creación de Ciudadanos por el Cambio (CuC), que obtuvo cuatro ediles y que ha hecho frente común con él en este tema. “La alcaldesa habla de facturas, pero no las enseña. Llevamos un año pidiendo hablar con la interventora y no lo hemos conseguido”, cuenta por teléfono Vladimiro Pastor, portavoz de CuC en el Ayuntamiento.
Buena parte de la deuda del pueblo procede de la depuradora de agua, que fue construida tras la aprobación del plan de urbanismo de 2003 y cuya factura, en torno a los 5,5 millones de euros, estuvo a punto de asumir el Gobierno regional saliente. ¿Por qué no se hizo por fases? Eran tiempos pletóricos para la construcción. Desde finales de los noventa, “se doblaba el padrón cada tres o cuatro años”, dice Pastor. Y la Corporación se frotaba las manos. “Pensamos en construir unas 7.000 viviendas con el objetivo de llegar a los 25.000 habitantes”, explica Rincón, de 49 años, en el bar Los Cazadores, que atiende un familiar. “Venía gente de Madrid y del Corredor del Henares a comprar pisos aquí. Al menos podríamos haber llegado a 10.000 empadronados”.
Urbanismo exigió un plan de infraestructuras: depuradora, colectores de aguas fecales, alumbrado. “Una inversión de 12 millones de euros, de los que se pagaron 8 millones”, asegura Rincón. Y llegaron también la piscina, el centro cultural, el centro médico, imprescindibles en una ciudad dormitorio de 25.000 almas. Pero en el verano de 2007 el viento cambió bruscamente. “Las promotoras paralizaron las obras en cuanto vieron que no vendían la primera fase”, recuerda el exalcalde, y todos los proyectos se desinflaron.
“Ya, pero el pueblo se ha beneficiado de todo eso. De la piscina, y del centro de salud, que antes era una cuadra, y del centro cultural, que tiene biblioteca y un salón de actos muy majo”. El que habla, Emilio Varela, dueño de una céntrica panadería y vecino de una de las despobladas urbanizaciones de Pioz, se declara consternado por toda la polémica. Aunque la biblioteca lleva meses cerrada porque la bibliotecaria está de baja, y el flamante centro médico solo abre por las mañanas. Para las urgencias hay que ir a la vecina Chiloeches. Pero ahí está la actividad del centro cultural Cervantes, que ha servido, dice Varela, de aglutinante social en un pueblo donde la mayoría de los habitantes vienen de fuera. Aunque no sean los soñados 25.000, sino una pequeña fracción sobre la que planea la deuda.
* El País - Lola Galán 25 MAY 2012
Foto: Un conjunto de viviendas adosadas en Pioz (Guadalajara). / GORKA LEJARCEGI
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ABC/Málaga* : Los investigadores de la «operación Majestic» han solicitado una orden de búsqueda y detención internacional contra Robert Gaspar y Robert Mani, los dos presuntos cerebros de la trama de blanqueo de capitales de dinero de la mafia rusa desmantelada en el municipio malagueño de Casares y que hasta este el momento se ha saldado con la detención de siete personas, entre las que se encuentra el exalcalde, y la imputación de al menos tres más.
Estos dos individuos, que forman parte de un buen número de sociedades y que operan en la Costa del Sol en negocios tan diversos que van desde la construcción a las carreras de caballos, se encontraban fuera del país cuando se llevó a cabo la operación y todo hace indicar que han sido alertados para que no regresen.
Inicialmente se sitúa el paradero de ambos en Filipinas y que se están haciendo gestiones para que sean localizados y arrestados. Para ello se ha solicitado al titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, que instruye la causa, una orden de búsqueda y captura internacional contra Robert Mani y Robert Gaspar. Éste último está considerado el hombre fuerte en la Costa del Sol de Ricardo Fanchini, uno de los mayores traficantes de droga y blanqueo de dinero que está encarcelado en Estados Unidos. Mientras que el primero es un oscuro personaje con muchos intereses en la zona.
La investigación va implicando a más personas en el entramado. Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.
Una de ellas fue interceptada en La Línea de la Concepción después de aterrizar en Gibraltar en un vuelo procedente de Londres. La surafricana fue capturada en el aeródromo de la capital malagueña cuando regresaba de Suiza. A estas dos mujeres se unieron en las últimas horas el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Casares, Pedro González, y el abogado y exconsultor municipal, Rafael Duarte, que quedaron posteriormente en libertad con cargos por prevaricación. Duarte también se encuentra imputado en el «caso Astapa».
* ABC - PABLO D. ALMOGUERA - 18.5.12
Foto: Casares (Málaga), urbanizaciones costa - EFE
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PACO SEGURA/ECOLOGISTASENACCIÓN* :
Tenemos adicción a las grandes infraestructuras de transporte. Durante años nos han venido repitiendo que teníamos un gran déficit de infraestructuras en relación a los países de nuestro entorno, y de pronto nos encontramos con que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria y con más aeropuertos, la mayor parte casi vacíos, sin olvidar que en cada fachada marítima cada puerto aspira a ser el más importante y se dimensiona como si realmente lo fuera.
También nos han venido repitiendo una y otra vez que las infraestructuras de transporte son buenas para la economía, que sólo traen beneficios para la sociedad, que crean mucho empleo... Pero luego nos damos de bruces con la paradoja de que somos récord europeo en infraestructuras y récord europeo en paro; con que tenemos más y mejores infraestructuras que nadie, pero al mismo tiempo peores dificultades económicas.
En definitiva, el discurso oficial va por un lado y la realidad por otro. Las cosas no suceden como nos quieren hacer creer, pero sí como concluyen la mayor parte de los estudios que han analizado la relación entre el desarrollo econó- mico y las infraestructuras de transporte. En general coinciden en afirmar que a partir de un determinado umbral de dotación de infraestructuras –que en el Estado español hemos superado hace mucho y de largo– toda nueva infraestructura no sólo no resulta positiva desde un punto de vista economicista (dejando de lado el medioambiente), sino que muy a menudo puede ser contraproducente y empobrecer al país.
Es lo mismo que le ocurre a cualquier empresa: si una inversión no tiene un retorno económico positivo, la compañía se empobrece. Y nosotros llevamos años construyendo autovías en lugares que no llegan ni a la tercera parte del tráfico mínimo para que sea razonable esta inversión. Tendiendo las mejores líneas de alta velocidad –a 20 millones de euros el kilómetro– en itinerarios que no tienen un mínimo de demanda. Ejemplo: el Gobierno del PP ha dicho que va a continuar con el AVE a Galicia, lo que costará 8.517 millones, cuando un estudio encargado por Fomento en marzo de 2011 demuestra que sólo hay demanda para tres trenes al día por sentido. Las líneas de alta velocidad francesas son usadas por cinco veces más pasajeros que las españolas, y con relación a las japonesas este factor es de 14 veces.
Demanda insatisfecha
Nuestros políticos siempre han obtenido una gran rentabilidad de estos mitos que hacen tan deseables a las infraestructuras, tanto en forma de votos al prometerlas o inaugurarlas, como en forma de jugosas comisiones, dado el enorme volumen de dinero que se pone en juego. Basta recordar que el 70% de la inversión de la Administración central se dirige precisamente a la construcción de infraestructuras, además de la aportación de las comunidades autónomas o ayuntamientos. No es de extrañar tampoco que las grandes empresas constructoras no cejen en su presión para que la obra pública no decaiga.
Tras décadas prometiéndonos el desarrollo y la felicidad gracias a las infraestructuras, se ha generado una tremenda demanda insatisfecha. Todo el mundo quiere tener autovía, aeropuerto y alta velocidad, sin reparar en que las inversiones para conseguirlo son tremendamente onerosas y, claro está, se sacan de la hucha común al tiempo que se recorta en partidas sociales con gran incidencia sobre nuestra calidad de vida.
Por ejemplo, Zapatero anunciaba un “ahorro” de 15.000 millones de euros en dos años con su decretazo de mayo de 2010, y ese mismo año el Ministerio de Fomento se gastaba 19.300 millones de euros en construir líneas AVE y autovías. Mientras el Gobierno de Rajoy nos aplica unos draconianos recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales, etc., nos anuncian un presupuesto de 11.928 millones de euros más en grandes infraestructuras para “ayudar a dinamizar la economía”. De hecho, aunque se publicó que el Ministerio de Fomento iba a sufrir un recorte del 34,6% en los presupuestos de 2012, una mirada cuidadosa muestra que si se incluye a las empresas públicas como Adif o Aena –que son las que construyen la mayor parte de las infraestructuras–, el recorte se queda en un 8,6%, muy por debajo de la media en todos los ministerios (un 16,9%). Pero nadie, más allá de unos pocos ecologistas, parece poner el grito en el cielo.
¿Quién paga las autopistas privadas?
Habrá quien crea que, al menos, la ciudadanía no tiene que pagar las autopistas privadas de peaje que se han construido recientemente, como las radiales de Madrid, la Cartagena-Vera, etc. Nada más lejos de la realidad. A causa de su poca rentabilidad económica, el Gobierno lleva tres años dando unos 300 millones de euros anuales a las concesionarias en créditos participativos (créditos blandos avalados por el Estado). Además, recientemente se ha acordado que el Gobierno sufrague hasta 2021 la diferencia entre lo que recaudan y lo que recaudarían si llegasen al 80% del tráfico previsto en los contratos. La utilización actual de estas autopis- tas no llega ni al 40%.
Además, cada vez hay más infraestructuras con peaje en la sombra, uno de los artificios que se usa para inaugurar obras y que las pague quien venga detrás. En este tipo de peaje es la Administración la que paga por cada vehículo que usa la autovía, lo que hace que se disparen las facturas año a año.
* Diagonal - Opinión - 18.5.12
Foto: Foto: Bonaventura Leris
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ELPERIÓDICO* : La secuencia se repite. La tenencia de alcaldía de Hábitat Urbano repasa los proyectos urbanísticos ya en marcha, casi siempre consensuados, en su día, por partidos políticos y vecinos. Les da dos vueltas, los cambia. Y los partidos y vecinos se echan las manos a la cabeza. Acusan al actual equipo de gobierno de improvisación y de buscar problemas (un nuevo acuerdo) donde no los había (un pacto cerrado). Ha ocurrido en la plaza de las Glòries y, ahora, en Sants. Seis entidades vecinales del distrito, quizá las más significativas, se han levantado en armas este mes contra el plan de Hábitat de urbanización de la cobertura de las vías. La crisis parece haberse cerrado, de momento, tras la promesa del ayuntamiento de atender las quejas de los vecinos y volver, en gran parte, al plan inicial, al pactado entre entidades vecinales y el anterior gobierno.
Tal y como adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de abril, la tenencia de alcaldía diseñó un nuevo proyecto de urbanización. Se trata de una especie de remedo del High Line del distrito de Meatpcking en Nueva York. Un paseo elevado al que se accede mediante unos núcleos de comunicación vertical (ascensores y escaleras) en lugar de amplios taludes como se propuso y se acordó en la etapa socialista.
La principal queja de los vecinos -además de las formas- es que el nuevo plan desvirtúa los intentos anteriores por reducir el tráfico rodado, en especial por la calle de Antoni Capmany, que Hábitat quiere convertir en una especie de atajo para llegar a la calle de Riera Blanca. De nuevo, como en Glòries, la vialidad es el principal obstáculo.
CALLE DE 'ZONA 30' / En concreto, la intención del ayuntamiento era crear un carril de circulación tipo zona 30, con aceras y calzada, que naciera en la plaza de Sants y conectara con Riera Blanca. Según un documento del propio ayuntamiento, esta calle estaba concebida como una zona de prioridad para el peatón. La previsión de tráfico era de 2.500 vehículos al día, parecida a la de la calle de Burgos, pero en sentido contrario.
Quizá para evitar -infructuosamente- las quejas vecinales, Hábitat previó esta calle con un solo carril de circulación para evitar que entrara a formar parte de la red básica de la ciudad, así como cualquier tentación de incluirla en cualquier recorrido del flamante bus de la malla ortogonal que se pondrá en servicio en el próximo mes de octubre.
Desde la publicación del plan, ayuntamiento y vecinos han celebrado tres reuniones. La primera, estrictamente formal de presentación del nuevo proyecto y en la que las entidades pidieron una memoria justificativa de los cambios. Con ella bien estudiada, acudieron al segundo encuentro, como en la vez anterior, el interlocutor fue Albert Civit, gerente adjunto de Hábitat Urbano. Tras Antroni Vives y el arquitecto en jefe Vicente Guallart, el número 3 de la tenencia de alcaldía.
VECINOS TENSOS /Fue esta una reunión tensa, por parte de los vecinos, que habían descubierto el cambio mayúsculo que significaba para el barrio el plan para la calle de Antoni Capmany. Esta reunión propició el escrito de queja que fue leído en la audiencia pública de Sants-Montjuïc, el pasado martes. Dicho escrito fue firmado por las asociaciones de vecinos de Badal-Brasil-Bordeta y la de Hostafrancs, el Centre Social de Sants, la comisión vecinal de la Bordeta, la de afectados por las obras del AVE y la Plataforma por el Soterramiento. En esa misma audiencia pública, el concejal del distrito, Jordi Martí (CiU), se comprometió a promover cambios.
Estos llegaron apenas 24 horas después, en una tercera reunión, esta vez con el propio Martí. El edil y hasta una quincena de técnicos desembarcaron a toda prisa para apagar el fuego nacido días atrás.
NUEVOS PLANOS / En este cónclave se facilitaron ya planos de la nueva propuesta que, en esencia, es la misma que había antes de que Hábnitat Urbano lo cambiara. «Hemos librado tres batallas y hemos ganado la guerra», sentenció satisfecho un líder vecinal a este diario como resumen de los escarceos vividos con el ayuntamiento. Pero los vecinos aún están a la espera de la memoria justificativa de estos nuevos (viejos) planos. «No entendemos cómo tienen unos dibujos y no los argumentos que los sustentan», critica otro líder vecinal, menos optimista que el primero.
* El Periódico - HELENA LÓPEZ / XABIER BARRENA - 25.5.12
Foto: Simulaciones informáticas de las propuestas del bipartito (arriba) y de CiU. EL PERIÓDICO
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