Los vecinos denuncian que el plan de Montjuïc permite construir en zonas verdes

ELPAÍS/Barcelona* : El miedo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) a que se construya más en Montjuïc tiene nombre: 6c/mj. Esta es la nueva calificación con la que el Ayuntamiento busca denominar la mayoría del área de la montaña. Según la FAVB, se trata de un "ejercicio de creatividad urbanística" con la que el Consistorio pretende "colar" más urbanización de áreas verdes. Esta es una de las alegaciones que ayer presentó la federación al proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con el que se reordenará el parque. Según el escrito, el Ayuntamiento equipara espacio libre a zona verde mediante la nueva denominación. Así, por ejemplo, el mirador del MNAC, la explanada de la fuentes mágica y algunas calzadas de la parte superior de la montaña contarían como tales, según la modificación prevista. Para la FAVB, "plantar árboles no cambia la naturaleza urbanística" de los espacios.

El Consistorio dice que con la modificación se aumenta en 93.691 metros cuadrados el área de parques y jardines. Muchos de esos metros cuadrados se ganan a costa de algunas carreteras de las cotas altas que dejarán de serlo y de algunos edificios de equipamientos que serán deconstruidos. Es el caso del pabellón de Italia de la Fira, que se derribará, las instalaciones del tiro olímpico y la hípica.

Ricard Fayos, de los servicios de Urbanismo, alega que la nueva clave urbanística de la que desconfían los vecinos es, en realidad, la forma de blindar la montaña de recalificaciones urbanísticas, es decir, evitar que haya "cambio de cromos" con otras zonas de la ciudad y que se pueda construir en Montjuïc. Asegura que salvo los equipamientos ya previstos, entre ellos la perrera y el centro de interpretación de los acantilados, no se levantarán más edificaciones allí. De esta afirmación desconfían profundamente los vecinos, que no han visto con buenos ojos que el Consistorio decidiera, sin debate, que la perrera irá a Montjuïc. "Ha sido un seudoproceso participativo, nos ha ocultado información técnica", aseguró Ana Menéndez, presidenta de la asociación de vecinos de La Satalia.



* El País - 24.02.11
Foto: Barcelona, aérea Montjuic - bcnhoy

.................................... Leer más...

Correa blanqueó dinero en una urbanización de Granada

PÚBLICO/Salobreña* : La compañía británica Rustfield, de la que Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, es el beneficiario económico, blanqueó 240.000 euros en el residencial Alminares en Salobreña (Granada), según se afirma en un auto del martes pasado del magistrado Antonio Pedreira, instructor de la rama del caso radicada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rustfield aportó 240.000 euros "de procedencia ilícita previamente sacados al exterior" a la cuenta de Lujeca, una sociedad patromonial administrada por Jesús Calvo Soria, según escribe Pedreira en el auto en el que rechaza levantar el embargo que pesa sobre una cuenta de Lujeca. La Fiscalía asegura que Calvo Soria conocía sin duda alguna la procedencia ilícita de esos fondos.

El juez Pedreira detalla en su auto los pasos que se siguieron para el blanqueo. En noviembre de 2002, Calvo Soria constituyó la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios (NPI), que estaba participada por su patrimonial Lujeca, para edificar el residencial Alminares. Posteriormente, NPI acordó en junta general vender parte de las acciones de Lujeca a Rustfield. Los accionistas financian la compra de la finca mediante un préstamo de 900.000 euros. Rustfield aporta para ello 240.000 euros (225.000 suyos más 15.000 en nombre de Lujeca) mediante un ingreso en efectivo en la cuenta de NPI en Caja Madrid.

La Oficina de Investigación contra el Fraude, en un informe, consideró que se había producido una repatriación de fondos. La Fiscalía asegura que el dinero se transfirió desde la cuenta de Rustfield en el Barclays Bank de Londres, "por lo que ninguna duda puede albergar Calvo Soria de que se trataba de un ingreso del extranjero para deslocalizar una inversión de Correa".
Conexión con Bormujos

En el proyecto de Salobreña participó además la sociedad Bratelk SL, cuyo administrador único es Máximo González Jurado, quien aportó 330.000 euros. González Jurado, que no está imputado en el caso, es el presidente del Consejo de Enfermería y, según una grabación incluida en el sumario, fue quien movió los hilos que llevaron a la moción de censura en Bormujos.

Así lo transmitió el propio Correa en un almuerzo en octubre de 2006 cuando le cuentan que Calvo Soria declaraba ante un juez de Sevilla por la moción de Bormujos. Preguntado por Público, González Jurado manifestó sobre Bormujos que nada tuvo que ver, que fue allí porque le invitaron a tomar un café. Sobre Salobreña indicó que invirtió allí porque le pareció "un proyecto interesante". Su intención, agregó, era comprar tres viviendas de la promoción para revenderlas y obtener una plusvalía y que no sabía que Rustfield era de Correa ni que hubiera dinero negro en la operación.

Calvo Soria, además de socio de Correa en Salobreña, fue el muñidor junto a Tomás Martín Morales de la moción de censura que desbancó en enero de 2005 al PSOE de la alcaldía de Bormujos (Sevilla). Tanto Calvo Soria como Martín Morales están imputados en la causa Gürtel. La justicia investigó entonces un presunto soborno, pero archivó el caso por falta de pruebas. Dos ediles independientes habían denunciado que un grupo de Madrid les había ofrecido 840.000 euros si votaban a favor del cambio en la alcaldía, que logró Baldomero Gaviño, un concejal independiente aliado con la edil del PP, Ana Hermoso, actual alcaldesa.



* Público - 24.02.11
Foto: Caso Gürtel, el jefe Correa en coche - EFE

.................................... Leer más...

La Oliva.- El Tribunal Supremo considera nulo el Plan Parcial de Majanicho

LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Tribunal Supremo también considera que el Plan Parcial Casas de Majanicho es nulo y avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había fallado en su día la nulidad de esta actuación urbanística en el municipio de La Oliva. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la entidad Nombredo SL promotor de la citada urbanización que contemplaba la construcción de 4.000 plazas hoteleras y residenciales, de las que ya están finalizadas 748 villas rodeadas de zonas deportivas y de ocio, piscinas y pistas de tenis. El Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde Domingo González Arroyo, aprobó en sesión plenaria, en diciembre de 2000, con los ocho votos favorables del PP y cinco en contra de los ediles de Coalición Canaria (CC) y PSOE, declarar aprobado el plan parcial Casas de Majanicho, SAU-12, promovido por la empresa Nombredo y redactado por los arquitectos Lluis Serra y Carles Espinos.

La decisión municipal fue recurrida ante el TSJC por los ecologistas de Agonane. El Alto Tribunal canario dictamina, en noviembre de 2006, a favor de las tesis ecologistas al entender que el plan parcial no cumplía con las Normas Subsidiarias de La Oliva, que solo permite el uso turístico y no el desarrollo residencial; que la entonces Cotmac había informado de forma desfavorable el proyecto urbanístico, que no contaba con los informes técnicos pertinentes y que se había vulnerado la participación pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación.

Ante esta situación, la entidad Nombredo SL, promotora del citado plan parcial, presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que cuatro años más tarde falla a favor de las tesis que han venido manteniendo los ecologistas.

Preocupación

La alcaldesa de La Oliva, Rosa Fernández, mostró ayer su preocupación por la nueva sentencia judicial que declara nulo la aprobación de la urbanización de Majanicho "no hay que olvidar que está terminada y con esto se viene todo abajo". La regidora agregó: "Hemos pedido un informe jurídico a Carmelo Padrón porque Nombredo nos ha denunciado por responsabilidad patrimonial. Hay que esperar el informe para poder valorar la actual situación".

El Cabildo majorero y el Consistorio de La Oliva, siendo alcaldesa Claudina Morales, renegociaron el proyecto con los promotores, reduciéndose el numero de camas a 1.500 y obligando a Nombredo a la realización de ciertas inversiones en infraestructuras.

Fuentes cercanas a la promotora señalaron ayer que la sentencia del Supremo "solo anula la aprobación del plan parcial y no hace mención a aspectos urbanísticos, medioambientales o ecológicos".


* La Provincia - 22.02.11
Foto: El Tribunal Supremo considera nulo el Plan Parcial de Majanicho - laprovincia

.................................... Leer más...

Palma.- La juez abre juicio oral contra Cardona y otros 17 acusados

DIARIODEMALLORCA* : La juez de instrucción nº4 de Palma, Piedad Marín, ha abierto juicio oral (pase a procedimiento abreviado) contra el ex conseller de Comercio e Industria en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados en el caso Scala, la presunta trama de expolio organizado del consorcio público CDEIB. La juez da pie a la fiscalía anticorrupción y al actual Govern a formular sus escritos de acusación, que para los principales imputados podrían suponer peticiones de condena próximas a los 25 años de cárcel. La magistrada Piedad Marín ha estudiado a fondo el voluminoso sumario en las últimas semanas y ha dictado un auto de casi 200 folios, donde refleja con minuciosidad los hechos que ella estima delictivos. Básicamente, la juez desgrana en su relato cómo Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados.

Los otros encausados que serán juzgados en este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y sobrino político del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, no se reprimen a la hora de calificar a los principales encausados, con el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona, a la cabeza, de "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas". El presunto botín ascendió a 3,7 millones de euros; los acusados causaron, presuntamente, otro quebranto de 3,3 millones de euros de los sobrecostes que el Govern tuvo que pagar por sobrasadas, quesos y otros productos con denominación de origen, así como por todo tipo de servicios contratados a las empresas del entramado. En total, 7 millones de euros.

Sensación de impunidad
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos públicos". Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".


* Diario de Mallorca - 23.02.11
Foto: Palma, conseller Cardona imputado - diariodemallorca

.................................... Leer más...

Un juez salva 'in extremis' el lujoso complejo Marina Tarraco

ELPAÍS/Tarragona* : Una resolución dictada ayer por el juzgado de lo contencioso administrativo nº2 de Tarragona abre la vía para salvar in extremis Marina Tarraco, complejo de lujo del puerto tarraconense valorado en 50 millones de euros y sobre el que pendía una orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El nuevo fallo reconoce la legalidad del complejo por primera vez desde que Rafael Pérez, empresario que participó en su construcción, denunció en 2005 que este carecía de permiso de obras como represalia porque los promotores, International Marina Tarragona, se negaron a pagarle unos servicios. La decisión judicial avala ahora la legalidad del centro al estimar las modificaciones urbanísticas y otras actuaciones llevadas a cabo desde 2009 por el Ayuntamiento para tratar de legalizar el complejo. Algunas de estas modificaciones fueron adoptadas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba el derribo de Marina Tarraco.

El fallo no es firme pero salvará los 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, restaurantes y establecimientos comerciales si el denunciante no lo recurre, lo que evitaría que la causa acabara otra vez en el TSJC. Para lograrlo, International Marina Tarraco negocia desde diciembre con Pérez para cerrar un pacto extrajudicial que zanje el conflicto y que contemplaría una compensación económica al denunciante, señalan fuentes municipales.

El empresario, que ayer evitó aclarar a este diario si ha pactado algún acuerdo en este sentido, envió un escrito al juzgado el mes pasado notificando que ya "no se opone a la legalización de los edificios". Ello supone que se conforma con una sentencia favorable a sus intereses sin que esta deba comportar la demolición del complejo, derribo que Pérez reclamaba desde que en 2007 la primera sentencia del juzgado consideró probada la ilegalidad del centro.

"Si el denunciante insiste en reclamar el derribo tiene muchos números de que el Tribunal Superior le dé la razón", advirtió José Antonio Sánchez, abogado experto en derecho urbanístico. "El criterio del juzgado contencioso administrativo es correcto, porque derribar todo el complejo puede suponer un perjuicio para terceros", añadió para estimar que la nueva interpretación de la juez responde a que "tendrá cierta seguridad en que el denunciante no pretende recurrir la sentencia".

El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, no se refirió a la posible reacción del denunciante pero saludó la sentencia como si fuera definitiva. "La recibimos con mucha satisfacción. Quiero felicitar a nuestros servicios jurídicos", dijo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Andreu la calificó de "una noticia excelente".

Estas celebraciones chocan con las críticas de la juez a un embrollo que ha destapado inexplicables errores burocráticos del gobierno municipal de CiU, en el poder cuando se construyó el complejo inaugurado en 2006, y del PSC, en el Ayuntamiento desde 2007. "Resulta a todas luces reprochable que las Administraciones públicas no hayan actuado de forma diligente y que con su actuación -o, más bien, con la falta de ella- hayan propiciado el presente recurso", subraya la sentencia. El Ayuntamiento de CiU consideró innecesario que el complejo solicitara licencia municipal de obras por entender que este se ceñía al ámbito portuario pese a que un informe municipal ya alertó de que los permisos eran necesarios.

El gobierno socialista tampoco actuó con celeridad hasta que el TSJC reclamó el derribo del complejo: inició los trámites para emitir la licencia de obra a finales de 2009, unos dos años después de la primera sentencia sobre el asunto; aprobó dos modificaciones urbanísticas para legalizar el complejo a lo largo de 2010, y cuando finalmente legalizó los edificios afectados por el posible derribo, no lo notificó al TSJC. "Resulta cuando menos sorprendente que ninguna parte hubiera puesto en conocimiento del Tribunal Superior que se aprobó la legalización de los edificios", concluye la magistrada.



* El País - 23.02.11
Foto: Tarragona, marina Tarraco (archivo) - diaridetarragona

.................................... Leer más...

El Colectivo Ecoloxista aboga por evitar el modelo urbanístico de Sanxenxo

FARODEVIGO/Arousa* : El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) remite estos días unas propuestas a los partidos políticos para que las incorporen a sus programas electorales. Una de ellas hace hincapié en la necesidad de conservar los valores ambientales del territorio. "Varios concellos de O Salnés están en vías de aprobar nuevos planes urbanísticos (PXOM), como Meaño y Ribadumia, y todos quieren seguir el modelo de Sanxenxo, basado en la construcción excesiva en lugares inapropiados", dice el CES. Para los ecologistas, los avances en materia ambiental más importantes de los últimos años se produjeron a instancias de administraciones superiores –sobre todo, la europea–, y creen que los concellos toman muchas decisiones sin pensar en realidad en los beneficios de lograr un desarrollo sostenible. Para el colectivo, "en los últimos años asistimos a una urbanización caótica y desmesurada" en O Salnés, pero "aún podemos cambiar las políticas urbanísticas si queremos dejarles algo de patrimonio natural a las generaciones futuras".

Por ello, plantean a los alcaldes que clasifiquen el suelo "con criterios de consumo racional, estableciendo unos topes máximos de suelo urbano y urbanizable, y adaptándolos a las normas ambientales y paisajísticas".
Los ecologistas arousanos opinan que "en el caso de Sanxenxo se debería modificar el PXOM para rebajar el exceso de suelo urbanizable".
El CES plantea a los partidos políticos que "el suelo y el paisaje son recursos limitados y por lo tanto deben ser gestionados con responsabilidad, para no hipotecar el futuro de las próximas generaciones". Los conservacionistas opinan que los ayuntamientos "deben intentar diversificar las actividades económicas y no enfocar toda la creación de empleo y riqueza cara la construcción de segunda residencia".
Las propuestas de los ecologistas sobre urbanismo, gestión del agua y de los residuos o la educación ambiental pueden consultarse en el blog cesalnes.wordpress.com.


* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Ribadumia (Pontevedra), urbanizaciones anuladas - farodevigo

.................................... Leer más...

La Plataforma por una Vivienda Digna presenta la “Guía de denuncia para una vivienda digna”

La asociación Plataforma por una VIVIENDA DIGNA*, ha presentado esta semana desde su web (www.viviendadigna.org) y desde su espacio en Facebook (www.facebook.com/viviendadigna), la "Guía de denuncia para una vivienda digna", documento que se puede descargar de forma gratuita y que está editado bajo la licencia creative commons para que se pueda compartir libremente y se asegure así, su máxima difusión. Esta guía nace con una doble finalidad. Por una parte, pretende explicar de manera sencilla cuál es el alcance de nuestro “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y cómo se formula en la práctica, tratando de arrojar algo de luz sobre el complejo entramado burocrático al que habrá de enfrentarse todo aquel que se proponga hacer llegar a las administraciones públicas sus quejas, sugerencias, peticiones, solicitudes, reclamaciones, recursos o denuncias en relación con ese derecho. Por otra parte, pretende estimular la participación política por medio de la utilización de todos los instrumentos legales y cívicos con los que contamos para reclamar el derecho a una vivienda digna, sin obviar el oscurantismo y la complejidad que supone todo lo que rodea a esta reivindicación pero asumiendo al mismo tiempo que este ejercicio de defensa, siempre será más provechoso que la apatía y el escepticismo.

Siguiendo esa filosofía, la guía -que consta de más de 170 páginas- está dividida en dos bloques. En el primer bloque, se explora el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se habla de cómo se formula a través de los distintos textos legales y también de cómo está organizada la distribución competencial del mismo entre estado, comunidades autónomas y entidades locales.

En un segundo bloque, se indica cómo defender el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dentro de esta parte se enuncian nuestros derechos frente al mercado, frente a la administración, las vías de participación ciudadana de las que disponemos y la normativa básica sobre vivienda y ordenación territorial y urbanística.

Algunas de las preguntas a las que puede responder esta guía son:

- Si sois un grupo de vecinos afectados por una decisión administrativa y queréis defender vuestros derechos, ¿cómo podéis constituiros en asociación? ¿Qué ventajas tiene constituirse como asociación de vecinos?

- Si un inquilino recibe una demanda de desahucio, ¿qué debe hacer y a quién puede acudir en busca de asesoramiento?

- Si eres un inquilino de ‘renta antigua’ y sospechas que el propietario está haciendo todo lo posible para que te vayas de tu vivienda, ¿cómo puedes defenderte y a quién puedes pedir asesoramiento?

- ¿Qué gastos debe asumir obligatoriamente el inquilino de una vivienda? ¿Hasta qué límites puede el propietario elevar la renta y el resto de gastos?

- Si la administración te ha provocado un daño, ¿cómo puedes reclamar una indemnización?

- Si crees que la empresa que te suministra la electricidad o el agua ha aumentado injustificadamente el importe de la última factura o realiza lecturas ‘estimadas’ que consideras desproporcionadas, ¿cómo puedes reclamar una rectificación? ¿Puedes presentar una denuncia?

- Etc.

La guía se acompaña de un anexo que contiene una colección de modelos de diferentes formularios que el ciudadano puede tomar como ejemplo para realizar sus denuncias ante la administración. Entre otros, hay formularios de denuncia administrativa (consumo), de denuncia por coacción (acoso inmobilario), de solicitud de documentación pública, de queja al defensor del pueblo, de recurso de reposición, de recurso de alzada, o de solicitud de planeamiento urbanístico.

* Guía completa en formato PDF Creative Commons

* Anexo: Formularios en Word para rellenar

* Portada de la guía en .jpg


* Rebelión - Vivienda Digna - 24.02.11

.................................... Leer más...

Cómo vivir sin ladrillos y sin hipoteca

ELPAÍS/Reportaje* : Imagínese las próximas vacaciones de verano. Primero, decidir el sitio; luego la casa o el hotel y, además, hacer la reserva con antelación. A la hora de fantasear con la futura casa suele ser inevitable pensar en unas cuantas paredes, ventanas... y en la hipoteca. La exposición Efímeras alternativas habitables rechaza estos esquemas tan poco flexibles y parte de una idea sugerente y optimista: existen otras maneras de construir (con cartón, con plástico), otras propuestas de viviendas (fáciles y rápidas de hacer, desmontables y baratas) y otras filosofías de vida. O sea, otros mundos después del ladrillo y la deuda con el banco. Esta exposición, que da a conocer los grandes ejemplos de esta arquitectura, supone una de las pocas veces, por no decir la única, que se cataloga la obra efímera, a la que incluso los propios profesionales han prestado poca atención. A pesar de que no surgió precisamente ayer. Parte de postulados (la ecología, sostenibilidad, atención al paisaje) que ya se debatían hace 80 años: fueron las reivindicaciones del movimiento moderno de finales de los veinte y principios de los treinta. Luego la idea de una vivienda asequible recibió un impulso -obligado- tras las cenizas de la II Guerra Mundial, que exigía casas para todos, y su proceso se industrializó.

La idea de esta muestra, a la que también se puede acceder en www.efimeras.com, partió de Carmen Blasco, la comisaria y profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y la ha montado con el grupo de alumnos con el que investiga. Cada una de las seis salas de exposición responde a un apartado. En Hazlo tu mismo está la Tenda rosa (1974- 1975), del arquitecto italiano Franco Raggi, una especie de templo romano de tela que quiere reflejar la estabilidad de lo sagrado y lo provisional de la residencia del nómada contemporáneo. Las Casas de cartón (1969), diseñadas para durar tres meses y ser quemadas tras las vacaciones, de Guy Rottier. O la Ciudad instantánea, en Ibiza, que el impulsor de la arquitectura hippie, José Miguel Prada Pool, construyó para el Congreso Internacional de diseño ADI-FAD en 1971.

Bajo el epígrafe de Emergencia, se encuentran dos llamativos proyectos: Casas de cartón, Paper Log House (1995), de Shigeru Ban, que se hicieron tras los terremotos de Kobe (Japón), Turquía e India. Son autoconstruidas, con cajas de refrescos llenas de arena como cimentación y paredes de tubos de cartón. No superan los 2.000 dólares (1.500 euros). Sirvieron de vivienda para los damnificados durante seis meses hasta que les construyeron las suyas. El otro proyecto es el Pink proyect (2008) o ciudad virtual de la esperanza, levantado en Nueva Orleans tras el Katrina y que es parte del proyecto solidario de Brad Pitt. Ha estado en la Bienal de Venecia y ahora llega a España.

La exposición, en la que han participado otros arquitectos como Juan Herreros, Alejandro Zaera, Ecosistema Urbano o Ángel Borrego, también echa mano de los recursos audiovisuales. El alumno José Díez del Corral ha ingeniado una mesa de cristal donde se pueden destripar todos estos proyectos... ¿utópicos? "En absoluto", responde la comisaria. "Ikea, empresas de ropa y la industria del automóvil ya se ha lanzado a hacer las cosas más sencillas y asequibles a todo el mundo".

* Efímeras alternativas habitables. Hasta el 29 de mayo en La Arquería de Nuevos Ministerios.


* El País - 23.02.11
Foto: Tree Tent' (1998), proyecto de gran éxito de Dré Wapenaar, una caseta transportable concebida para apoyar acciones ecologistas.- elpais


.................................... Leer más...

Medio Ambiente impide la ampliación del puerto de Tarifa

DIARIODECÁDIZ* : Las causas del rechazo no se conocerán hasta su próxima publicación en el BOE. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha emitido una resolución desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Una noticia que ha traído frustración a técnicos, estudiosos, a quienes veían en este relleno portuario una fuente de empleo y al presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón, que dejará en manos del consejo de administración de la entidad la decisión de abandonar un proyecto en el que llevan trabajando desde 2004 y que ya sufrió grandes modificaciones para minimizar el impacto ambiental sobre las mareas y la Isla de las Palomas.

El presidente contó ayer la noticia a la prensa local, aunque el máximo representante del Organismo Público Puertos del Estado, Fernando González Laxe, se la comunicó el pasado lunes en Madrid. "Es una resolución que acatamos pero no compartimos", declaró Morón, que explicó que en su experiencia en la Autoridad Portuaria no conoce proyecto que se haya realizado con "tantísimos estudios" como éste. Han sido un total de 26, en los que han participado las universidades de Cádiz, Málaga y Sevilla, "y ninguno de los estudios concluye con que el proyecto no sea viable". El presidente de la APBA se refirió a felicitaciones de científicos participantes en estos estudios por la innovación en el planteamiento del dique de abrigo, curvo y permeable, que permitía la navegación segura dentro de la dársena comercial y la renovación de las aguas a la Isla de Las Palomas. Además, recordó que el Centro de Estudios de Puertos y Costas (Cepyc) verificó con un modelo reducido recientemente la operatividad del diseño.

El MARM ha rechazado así las 22 hectáreas de relleno y las 14 de dársena con cuatro atraques de fast-ferries y otras de cruceros que, según el estudio de la Universidad de Cádiz podría haber creado en 2015 unos 2.652, entre directos, indirectos e inducidos. Un proyecto que queda en el aire y que surgía ante el incremento de tráfico de pasajeros. Morón manifestó ayer, además, que de octubre a enero, fechas fuera de la conocida Operación Paso del Estrecho, el tráfico de pasajeros desde Tarifa ha crecido un 17% y el de vehículos, un 15%. Datos que ensalzan a Tarifa como el tercer puerto peninsular de España en tráfico de viajeros, y el segundo en cuanto al transporte de vehículos en régimen de pasaje y que se alejan de las acusaciones que hablaban de un puerto nuevo para unas semanas al año.

Las causas por las que el MARM ha decidido rechazar el proyecto se conocerán cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Antes, el presidente agradeció el apoyo de los ciudadanos que se mostraron a favor del proyecto, así como a las instituciones, palabras que suenan a abandono del proyecto. "No se nos ocurren qué más estudios hacer. Pero no quisiera tomar una decisión personal sobre la continuidad del proyecto. Lo que he comentado con la Junta de Andalucía y con Puertos del Estado es que vamos a someter la situación a la consideración de nuestro consejo de administración, donde están representadas las dos administraciones y ahí se adoptará la decisión que convenga", declaró Morón.



* Diario de Cádiz - 23.02.11
Foto: Tarifa (Cádiz), aérea - diariodelviajero

.................................... Leer más...

Un juez plantea la inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias por generar "exclusión social"

COTIZALIA/Barcelona* : Un juez de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas por considerar que perjudica a los ciudadanos embargados al vulnerar la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda, según el auto al que tuvo acceso Europa Press. El titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Sabadell, Guillem Soler, pide así al TC que estudie si es necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. El juez considera que la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales para evitar que los numerosos desahucios "generen exclusión social". Además, en el auto se pide también al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que finalmente se quedan las entidades financieras, dado que actualmente, después de la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50% de su valor inicial.

Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron. Contra el auto no cabe recurso alguno, por lo que se espera ya una resolución por parte del Tribunal Constitucional, que no cuenta con un plazo determinado para dictar sentencia. El magistrado de Sabadell considera que las cláusulas hipotecarias contienen un "intenso desequilibrio contractual" entre la entidad y el cliente, y, considera, que éstos contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera".

El juez, además, pone en cuestión que se decrete que el ciudadano haya incumplido su obligación de pago si ello no va acompañado del contexto en que se produce el impago. "Las garantías que ofrece al ejecutado la remisión legal al juicio declarativo correspondiente son tan frágiles e insubstanciales que no permiten superar el referido juicio de proporcionalidad constitucional", concluye el magistrado. De esta forma, el TC tendrá que dirimir la contradicción creada por dos secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que emitieron un auto a favor de la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria y otro que concluyó lo contrario.

Por último, en un comunicado, la asociación de consumidores Adicae aplaudió esta iniciativa, que "pone de manifiesto la sensibilidad de algunos jueces con el grave problema hipotecario que atraviesa una buena parte de la sociedad española". "Se espera que sean muchos más magistrados los que se unan a este camino, en pos de una reforma justa de la legislación vigente en materia de embargos y ejecuciones hipotecarias", pidió Adicae.


* Cotizalia - EP. - 22.02.11
Foto: Tribunal Constitucional - publico

.................................... Leer más...

Axarquía.- Alertan de la ‘perversa’ aplicación del urbanismo en algunos municipios

INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha dirigido un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que alerta de la “perversa” aplicación que, a su juicio, están haciendo algunos ayuntamientos andaluces del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. El presidente de Gena, Rafael Yus, ha puesto como ejemplo de esta situación al municipio de Almáchar, donde el Ayuntamiento aprobó en junio de 2010 una ordenanza municipal de disciplina urbanística, cuyo objetivo, según sospechan los ecologistas, sería aprovechar los resquicios de la normativa autonómica para legalizar, bajo la calificación de fuera de ordenación, muchas de las construcciones ilegales en suelo rústico del municipio. En un comunicado, Yus ha explicado que el contenido de esta ordenanza “se centra exclusivamente en el proceso administrativo de asimilación a la condición legal de fuera de ordenación, desentendiéndose de los restantes elementos que prevé el reglamento autonómico, tales como el sistema de sanciones y los expedientes de reposición de la legalidad urbanística”.

Así, la ordenanza se refiere de forma “muy exhaustiva” a los requisitos para poder declarar las viviendas con una antigüedad superior a cuatro años bajo el estatus de “fuera de ordenación”, pero no establece “medidas contundentes” para impedir el proceso urbanizador espontáneo en suelo rústico.

“Si, tal como suponemos, este ayuntamiento abre Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU), pero finalmente las viviendas siguen en pie y los expedientes prescriben al superar los cuatro años previstos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se estaría incurriendo en un delito de prevaricación omisiva, incluido tras la reforma del Código Penal como una forma de delito contra la ordenación del territorio”, ha añadido Yus.

Gena considera que es “casi obligado” entender que existe una relación entre la “parcializada ordenanza” de disciplina urbanística del Ayuntamiento y el interés de legalizar viviendas, “a las que de manera intencionada no se les quieren aplicar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de este modo se les otorga el premio de su legalización, aunque sea con las limitaciones del estatus de fuera de ordenación”.

De este modo, a juicio de Gena, el Ayuntamiento “también elude la espinosa responsabilidad de dictaminar órdenes impopulares como la demolición de viviendas, posiblemente por el precio electoral que ello comportaría”.

El colectivo ha mostrado su “firme convencimiento” de que la aprobación de esta ordenanza “es una estrategia encubierta para soslayar la obligación de aplicar la disciplina urbanística desde los entes locales que, a la larga, supondrá la total reurbanización del campo, justamente en el orden inverso al efecto disuasorio con que fue concebido el reglamento autonómico”.

Del mismo modo, Yus ha indicado que esta ordenanza puede tener “un perverso efecto llamada” para futuros constructores de viviendas en suelo rústico, “a los cuales parece garantizársele la hibernación durante cuatro años de su correspondiente EPLU, para posteriormente legalizarlo mediante esta ordenanza”.

En este sentido, ha asegurado que otros ayuntamientos andaluces, como los de Marchena (Sevilla), Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz), e incluso el de Sevilla capital, utilizan “el mismo criterio” que Almáchar para aplicar el reglamento autonómico de disciplina urbanística, “y tenemos fundamentada inquietud de que tal estrategia se está difundiendo entre consistorios como vía de escape para las presiones urbanizadoras del campo en toda Andalucía”.

Ante lo que considera una “perversa” aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, GENA ha anunciado que recurrirá a sus servicios jurídicos “para interponer las correspondientes denuncias por presuntos delitos penales”.



* InfoAxarquía - 21.02.11
Foto: Almáchar (Málaga), vista - multimania

.................................... Leer más...

¿Se cobran las sanciones urbanísticas?

FARODEVIGO* : Hace justo ahora dos años, Cangas tenía abierto un proceso de embargo por 55.000 euros, por multas por infracciones urbanísticas. Los afectados debían abonar el dinero que reclamaba el Concello en 20 días. Pero no se sabe si este proceso concluyó. Tampoco nada de las otras deudas que el exconcejal de Urbanismo Mariano Abalo había paralizado, pendientes de un informe jurídico. El Concello había remitido al ORAL 16 sanciones; una de 9.000 euros, 10 de 6.001 euros, 2 de 3.150 y de 300 euros y una de 60 euros. Hubo otras que nunca llegaron hasta el ORAL, el concejal Mariano Abalo estaba convencido de que durante el gobierno del Partido Popular que presidía José Enrique Sotelo se habían impuesto sanciones que no se corresponden con la categoría de la infracción. La propia Ley del Suelo señala que todos los expedientes que concluyen con que la infracción cometida no es legalizable es tipificada en la propia ley como grave, de ahí que la cuantía mínima sea de 6.001 euros.

El candidato a la alcaldía de Cangas por el Partido Popular, José Enrique Sotelo, exigió, en su momento, acceder a los datos relacionados con las sanciones urbanísticas que fueron remitidas al ORAL para su puesta al cobro y que se encontraban en fase de embargo. Sotelo acusó a Mariano Abalo e actuar con imparcialidad y pretendía saber porque unas sanciones urbanísticas sí se pasaron al ORAL para su cobro y otras no. Todo este conflicto quedó sepultado por los conflictos políticos y nada se sabe de todos estos embargos. Nadie arroja una luz sobre todos estos datos. La recaudación de sanciones por infracciones urbanísticas en Cangas sigue siendo una verdadera incógnita.



* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es


.................................... Leer más...

Qué fue de la ética

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : No tengo certeza de cuándo se produjo ese momento. El caso es que llegó un día en que la mujer del César dejó de importarnos lo que pareciera. Y la moral y la ética, esas normas de convivencia tan difíciles de definir, dejaron de tener importancia en política. De un tiempo a esta parte la mujer del César, e incluso el César, puede hacer lo que le venga en gana, ya que pocos van a censurárselo, y muchos, van a salir en su defensa. Hubo una vez una época donde un político inmerso en una polémica presentaba su dimisión para defender su honorabilidad y no poner en duda la institución a la que pertenecía con una maraña de acusaciones. Algunos de los afectados, años después, recuperaban su honor, pero casi nunca retornaban al cargo. Era el precio a pagar por la decencia personal y por la defensa de los valores democráticos, entre ellos, el de su propio partido. Había una clara línea que separaba la presunción de inocencia desde el punto de vista de la Justicia de la presunción de decencia en la política. Porque las cosas pueden ser legales y no éticas, e incluso éticas pero poco estéticas. Todas, sin embargo, provocaban una reacción de rechazo moral de los ciudadanos. Y de los políticos.

Aunque la reflexión sobre la ética viene de la antigua Grecia, no ha sido hasta hace unos años cuando se ha desarrollado una práctica en los partidos políticos que parte de una premisa intolerable: la Justicia, además de velar por la legalidad, es la única que, con sus sentencias, puede establecer la medida de la moral, de la ética e incluso de la estética. Por ello, la mujer del César ya no tiene que parecerlo, tiene que estar condenada para no serlo. Y ni tan siquiera vale una condena cualquiera. Hoy en la política, hay condenas asumibles y hasta condenas tolerables.

El día que dejó de importar lo que pareciera la mujer del César, muchos políticos establecieron una vara de medir para los suyos y otra para los demás, al igual que optaron por establecer una unidad de medida para la ética y para la estética. Desde ese instante, en cuestiones de decencia dejaron de ser lo mismo cuatro trajes que cuatro coches, los ERE que los seres, e incluso las verdades que las mentiras. Por las rendijas de esta práctica política tenemos en España a Francisco Camps, presidente de la comunidad autónoma de Valencia y autoproclamado candidato a la reelección, supeditando su ética a la lentitud de la Justicia y a la importancia de unos regalos. O a un partido político, el PSOE, que sustenta el Gobierno de Andalucía, manteniendo en sus cargos políticos a unos dirigentes que, en su etapa de miembros del Ejecutivo, no lograron descubrir una trama de falsos prejubilados pagados con dinero público que se coció en sus propios departamentos. Y eso, por ponerme en el mejor de los casos.

Por los agujeros de la estética se ha colado también, en los últimos días, el concejal de Urbanismo de Málaga que adjudicó la gestión de una piscina a dos empresarios. El primero, un amigo íntimo de su hermano. El segundo, un constructor al que le compró, a buen precio, su vehículo todoterreno. Como no hay dos sin tres, en la historia aparece otro empresario, presunto mediador del concurso, que le facilitó los trabajadores que luego hicieron unas obras de remodelación en su vivienda. El edil afectado ha hecho público los pagos que acreditan la supuesta legalidad de todo, pero no tiene un único argumento que avale la estética en nada.

Los tres casos relatados tienen un denominador común, las centurias de romanos que han salido para defender la honorabilidad del César, de la mujer del César, y de la tropa que rodea al César. Alguien me podrá reprochar que estos asuntos no son comparables. Pero entonces, ese alguien tendrá que admitir que ha aceptado medir la ética. Y que la moral y la estética han pasado a depender de la administración de Justicia.

* El País - Opinión - 22.02.11


.................................... Leer más...

El tasador tasado

ELPAÍS/Reportaje* : La crisis inmobiliaria sigue dando sus coletazos. Con el desnudo de sus balances ante el Banco de España, los bancos y cajas de ahorros han admitido que una de cada cinco hipotecas concedidas a particulares tiene alto riesgo de impago. Son los créditos que dieron por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda que les sirve de garantía, ese porcentaje al que obliga la ortodoxia financiera y que las entidades se han saltado a la torera durante los años del boom inmobiliario, en la creencia de que el precio de los pisos seguiría subiendo indefinidamente. Son las subprime españolas y suman más de 100.000 millones de euros. Aunque, por ahora, solo unos 5.000 millones son calificados de dudosos por los propios bancos y cajas, la cifra podría ser mucho más elevada en el futuro. Representan casi el 18% de la cartera hipotecaria de las entidades. A la vista del riesgo, los ojos han vuelto a ponerse en las tasaciones inmobiliarias, en la sobrevaloración de unas viviendas que, según el mito no iban a bajar nunca de precio. Un mito que ha quedado desterrado en los últimos tres años, con descensos acumulados del 12%, según el Ministerio de Fomento, y superiores al 20%, con los datos de las principales sociedades de tasación.

¿Son responsables las tasadoras de haber engordado el valor de las casas para que los bancos concediesen esas hipotecas del 100% e incluso del 120% del valor de tasación?, ¿de haber admitido las presiones de sus principales clientes y, a menudo, accionistas?

Luis Leirado, presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa) y hasta esta semana vicepresidente de la tasadora líder, Tinsa, niega la mayor: "No hemos valorado ni por encima ni por debajo del mercado. Hemos sido muy escrupulosos con que las tasaciones se correspondieran con el valor del mercado. La política que han seguido las entidades bancarias es otra cosa".

"Las sociedades de tasación reflejaban los precios que había en el mercado, como ahora. Nuestros criterios de valoración no han cambiado. Nos podemos haber equivocado como los primeros...", admite Gustavo Saiz Robres, director general de Tasaciones Hipotecarias. "El sector fue muy agresivo porque los objetivos que fijaban los bancos eran estratosféricos. Los directores de las oficinas bancarias decían que el dinero era casi gratis, los promotores inmobiliarios tenían una lista de espera de entidades para financiarles... había una serie de señales que hacían que todos los actores involucrados en el proceso perdiéramos el sentido de la realidad. Y, mientras, el aumento de los precios de la vivienda tapaba todos estos errores. El resultado ha sido un daño profundo al sector financiero", afirma.

Menos políticamente correcto se muestra el director general de Sociedad de Tasación, entre las tres primeras del sector, Juan Fernández-Aceytuno, quien reconoce que hubo sobrevaloración. "Con financiación ilimitada, tipos de interés en mínimos y la renta familiar en pleno crecimiento, que son las variables que mueven el precio de la vivienda, era imposible que no hubiera sobrevaloración en el mercado inmobiliario. Pero la gente no se creyó las pocas alertas que hubo en su día sobre que los precios de las casas podían bajar, cuando no dejaban de encarecerse año tras año". La gente, continúa, confunde valor y precio y piensa que la tasación es un seguro que garantiza el valor de la vivienda durante toda la vida. Sin embargo, tiene una validez de seis meses porque el valor fluctúa, como en la Bolsa.

Otra cosa son las malas prácticas o prácticas irregulares, es decir, aquellas tasaciones que no solo estaban sobrevaloradas, como el mercado en general, sino que estaban infladas para que la caja de ahorros o banco pudiese dar una hipoteca del 100% a un cliente sin ahorro previo o para que ese préstamo cubriese las comisiones del agente inmobiliario o el intermediario financiero, o para amueblase la casa; en definitiva, para que la operación cuadrase. Que también las hubo. Como también hubo quien tasó viviendas de protección oficial como si fueran de precio libre o suelos rústicos como si fueran urbanizables.

"El sistema funcionaba con un comprador que llegaba a un banco para pedir una hipoteca sobre su vivienda; el banco le decía que el organismo supervisor pedía aportar el 20% del valor del piso con ahorro y, como el comprador no lo tenía y entonces el negocio se escapaba, el banco optaba por presionar a la tasadora para que su valoración cubriese el 100% del valor de la casa y pudiese cerrar la operación", explica José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Para Fernández-Aceytuno, "hay tasaciones bien hechas y tasaciones mejorables. Realizadas bajo presión y sin presión. Procedentes de un canal o de otro. Las tasadoras que han inflado las viviendas en la última década han creado un efecto perverso sobre las hipotecas, pues la probabilidad de impago se multiplica por cuatro cuando el hipotecado no ha puesto dinero porque no tiene ahorro previo, ese 20% del valor de tasación que sirve de colchón por si los precios se mueven a la baja y que aconseja la prudencia financiera".

Aunque prudencia es lo único que no hubo. Y el Banco de España dejó que siguiesen estas prácticas, mientras alertaba del riesgo que entrañaba prestar dinero por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda, de que los precios de los pisos estaban sobrevalorados y de que podían bajar.

El director general de Sociedad de Tasación pide más control por parte del Banco de España, aunque, al igual que sus colegas, remarca que las tasaciones no son más que una de las referencias que usan las entidades bancarias para conceder sus hipotecas; tienen otros instrumentos internos, como los avales y los seguros, para mitigar el riesgo de impago. En definitiva, son ellas las que aprueban o no la concesión de hipotecas. Y las que tienen que aportar mayores provisiones para cubrir los préstamos que superan el 80% del valor de tasación.

"Las responsables de este tipo de operaciones hemos sido las entidades financieras. No fue más que un intento, en medio de una economía que prometía, de dar entrada a los jóvenes en el mercado hipotecario. Había financiación más que suficiente para compensar su falta de ahorro previo. Y, si tienes un comprador en la puerta, no le puedes decir que no. Todos descontamos un escenario económico positivo que no se ha cumplido, calculamos mal y hemos pagado el error con una caída brusca", reconoce el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González. Por primera vez desde que en 1992 comenzaron las estadísticas hipotecarias, el año pasado el saldo vivo de las hipotecas cayó en unos 25.000 millones de euros, explica.

Sin embargo, recalca que, "aunque el nivel de paro nos ha dejado con una cartera que tenemos que recomponer, lo cierto es que la morosidad de las familias es realmente baja, del 2,58%, gracias a la especialización en los sistemas de cobro de las entidades y a que los particulares no quieren perder sus pisos. Ello demuestra la solvencia de bancos y cajas".

Las entidades financieras han sido los principales actores de las hipotecas de alto riesgo, señala Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea. Las tasadoras y las agencias inmobiliarias han sido sus cooperadores necesarios. Pero también tiene responsabilidad el Banco de España, que solo ha regulado a la mitad del sector, las tasadoras hipotecarias, y ha permitido prácticas que atentan contra la competencia, como que los bancos participen en el capital de las sociedades de valoración y que les cobren comisiones de peaje del 10% anual por facilitarles los clientes.

Y no solo ellos. También las promotoras inmobiliarias, las consultoras y los propios particulares que compraron casas para venderlas sin escriturar cuando su precio había subido un 20%... "Fue una histeria colectiva alimentada por el sector financiero, que ha creado dinero de forma ficticia y con él una hiperinflación de la vivienda y el suelo", asegura Echavarren.

José García Montalvo alerta otra vez sobre las tasaciones, pero en esta ocasión sobre las presentadas al Banco de España por las cajas de ahorros y los bancos. "Hoy más del 17% de todas las hipotecas concedidas está por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda. Pero este porcentaje podría dispararse más si los bancos reconociesen el valor real de los inmuebles; no el valor hinchado. Hay que saber cuándo ha actualizado la banca estos valores, ya que la normativa del Banco de España no es clara. Y cada entidad los está actualizando como quiere. Hay muchas operaciones históricas que no se han cambiado". A su juicio, el inversor que las cajas de ahorros quieren conseguir para la reestructuración del sector no entrará en el capital de las entidades si no sabe "cuándo se han dado los créditos y a qué valor", advierte.

Además, hay que tener en cuenta que la digestión de las hipotecas de alto riesgo no es más que una pequeña parte de la digestión del boom inmobiliario. Los créditos a particulares serán la parte más suave, mantiene el consejero delegado de Irea, a quien le preocupan mucho más los préstamos al promotor y las hipotecas que tienen como garantía suelos, al igual que al profesor de la Pompeu Fabra, ya que se trata de productos mucho menos líquidos.

Todavía no ha llegado el final. Aunque está claro que, como en el cuento de la lechera, el cántaro se ha roto por la codicia de promotoras, entidades financieras, intermediarios, particulares y todos aquellos que quisieron beneficiarse del constante incremento de las casas sin medir con prudencia los riesgos que comportaba; lo cierto es que aún quedan coletazos de la crisis inmobiliaria.
Negocios que son la sombra de sí mismos

Ni sombra del que fue. Así es como ha dejado la crisis inmobiliaria a su propio sector y a aquellos negocios que giraban a su alrededor, como el hipotecario o el tasador. Si en los ocho primeros años de la década de los 2000 se vendían anualmente en España cerca de un millón de viviendas, se construían unas 600.000 y sus precios escalaban a ritmos frenéticos hasta triplicarse; hoy las estadísticas reflejan los efectos del tsunami: se edifican poco más de 100.000 pisos, se venden 400.000 y sus precios bajan entre el 3% y el 6% anual.

Y lo mismo ocurre con las hipotecas y las tasaciones. Bancos y cajas veían cómo los saldos vivos hipotecarios aumentaban a porcentajes superiores al 20%, entre 150.000 y 180.000 millones de euros al año, según el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, mientras que ahora decrecen en torno a 25.000 millones de euros. Y las sociedades de valoración, que realizaban en torno a dos millones de tasaciones al año y facturaban unos 600 millones de euros anuales, actualmente hacen un millón de informes e ingresan 378 millones de euros. En el sector se cree que buena parte de las 54 sociedades existentes están en pérdidas. Igual que en el bancario se dice que las hipotecas ya no son demasiado rentables. "Los márgenes se han estrechado porque la financiación se ha vuelto muy complicada y las hipotecas están más caras", admite González.

"El grueso del negocio actual son las valoraciones de los activos adjudicados, daciones en pago y renegociaciones de créditos", mantiene el presidente de Atasa, Luis Leirado. Este espera, como el resto de sus colegas consultados, que el número de sociedades que operan bajo la regulación del Banco de España se reduzca. "El sector sufrió concentración en la crisis de los noventa, cuando había unas 175 empresas. Ahora se puede producir un efecto similar", vaticina.

"El sector financiero está cambiando y eso hará cambiar a las sociedades de tasación", dice Gustavo Saiz Robres, director general de Tasaciones Inmobiliarias. Su homólogo en Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, considera que estos movimientos pueden llevar al sector tasador hacia la independencia de las entidades bancarias. El primer ejemplo lo ha dado Tinsa, la compañía más grande, que a finales del pasado año fue comprada a las principales cajas de ahorros por parte del fondo de capital riesgo Advent.


* El País - 22.02.11
Foto: El mito de que el precio de las viviendas no iba a caer nunca quedó brutalmente desmentido por la crisis económica - elpais

.................................... Leer más...

Torremolinos.- "Sacrificar perros era una rutina"

PÚBLICO/Málaga* : La organización contra el maltrato animal El Refugio se ha personado hoy como acusación popular en el Juzgado de Instrucción nº5 de Torremolinos (Málaga) por el caso del albergue Parque Animal, cuyos responsables fueron detenidos acusados de maltrato animal. Según ha informado hoy la asociación en un comunicado, el Seprona ha realizado un trabajo de investigación "impecable y muy meticuloso" y ha destacado que sea "la primera vez en España que se detiene e imputa por maltrato animal a la presidenta de una asociación protectora de animales". El colectivo ha denunciado que el Ayuntamiento de Torremolinos tardara "más de tres meses" en clausurar "y de forma temporal" el albergue, "un lugar terrorífico donde sacrificar perros y gatos era una rutina" y anuncia que pondrá todos sus medios legales "para que los presuntos autores sean castigados". Según la Guardia Civil, a los dos responsables de la protectora, detenidos el pasado 12 de noviembre, se les imputó el delito de maltrato animal por sacrificar "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada" hasta 2.230 animales aplicando bajas dosis de medicamento letal, lo que producía una muerte lenta.

Otros cuatro delitos

A la directora de la protectora se le imputaron cuatro delitos más, entre ellos intrusismo profesional, al inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello, y apropiación indebida, por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción.

El Ayuntamiento de Torremolinos suspendió temporalmente el contrato a Parque Animal, anunció el precinto de sus instalaciones por seis meses, impuso una multa de 15.000 euros y adjudicó el servicio a IVC Paraíso Residencial Canina, ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde aseguró que fueron trasladados los animales. Por su parte, Parque Animal pidió respeto a la presunción de inocencia y aseguró que "demostrará ante la Justicia que siempre ha actuado con arreglo a la legalidad" y que "el dato de animales sacrificados que se ha hecho público no se corresponde con la realidad".


* Público - 22.02.11
Foto: Animales sacrificados, inspeccionados por un agente del Seprona - publico

.................................... Leer más...

El Obispado lucense lleva ante el juez a 53 feligreses por una finca

ELPAÍS* : El conflicto entre el Obispado de Lugo y los vecinos de Ribadulla, en el municipio coruñés de Santiso, por la propiedad de los terrenos que los parroquianos utilizan para la fiesta y otros eventos, llegará este jueves, en forma de demanda civil, al juzgado de Arzúa (A Coruña). El Obispado no ha cedido en la reivindicación de la propiedad y los vecinos insisten en ser los titulares del terreno de 2.400 metros cuadrados. El jueves acudirán como demandados por el Obispado 53 vecinos de Ribadulla, la práctica totalidad de los habitantes, además de 10 testigos por la parte vecinal y cuatro propuestos por la parte demandante. Tampoco faltarán pruebas periciales, una de ellas caligráfica y otra elaborada por un perito agrícola. El conflicto se remonta a hace más de dos años, cuando los feligreses abortaron un intento de venta por parte del Obispado de la casa rectoral, que también incluía el campo de la fiesta que está justo enfrente.

Una escritura desconocida

La oposición vecinal y el miedo que esgrimió el párroco de entonces llevó al prelado de la diócesis, Alfonso Carrasco Rouco, a dejarlos sin misa y cerrar el templo durante una temporada. El Obispado reclama la titularidad de la finca exhibiendo una escritura, hasta ahora desconocida para los vecinos, del año 1967, cuando esta parroquia quedó parcialmente inundada por el embalse de Portodemouros. Esta prueba la rebaten los residentes en Ribadulla con documentación catastral a su nombre y una escritura pública donde se recoge la venta del campo que realizaron habitantes de la parroquia a la asociación de vecinos.

Ribadulla tiene poco más de 30 casas habitadas y la Iglesia ha demandado a la práctica totalidad de los residentes. En uno de los casos, serán los ocho integrantes de una familia los que tendrán que pasar el jueves por el juzgado. El celo del Obispado lucense lo llevó a incluir en la denuncia a los herederos de una persona fallecida, aunque posteriormente tuvo que excluirlos, ya que la muerte del demandado se produjo antes de la firma de compraventa del terreno en litigio.



* El País - 22.02.11
Foto: Ribadulla (Lugo), el obispo dejó sin misa - secuoyas

.................................... Leer más...

La presión vecinal dispara las denuncias por obras en Alicante

ELPAÍS* : La detección de infracciones se ha disparado en Alicante en los últimos años. El aumento de las denuncias ciudadanas, principalmente, pero también el mayor control consecuencia de distintos cambios normativos están llevando a los despachos de la Gerencia de Urbanismo una cifra desconocida hasta la fecha de expedientes de denuncia en distintas áreas. Solo en obras, por ejemplo, los expedientes de denuncia han crecido en casi un 21% entre 2008, cuando se sumaron 350, y el año pasado, ejercicio en el que se alcanzaron 423, según datos oficiales. Los expedientes de denuncia se abren a raíz de un acta policial o, lo más habitual, tras una denuncia ciudadana. Son previos, en cualquier caso, a una sanción o a la legalización de una obra. Las infracciones se corresponden principalmente con pequeñas obras y el origen de las denuncias son sobre todo los ruidos o conflictos vecinales que se generan, apuntan fuentes de Urbanismo.

Las sanciones más habituales, mientras, se aplican a obras de más envergadura y que persiguen un beneficio económico, como podría ser cerramientos de áticos por parte de empresas constructoras.

Pero las sanciones son pocas, y de escasa cuantía en líneas generales (ya que se obliga a pagar entre el 2% y el 6% del valor de una obra casi siempre menor), y las fuentes consultadas subrayan que el objetivo de la inspección no es recaudador, sino que lo que se pretende es corregir las irregularidades para legalizar la obra.

Las denuncias vecinales son también el origen de la mayor parte de expedientes de denuncia de actividades, principalmente derivados de negocios profesionales. Las infracciones denunciadas se han duplicado ampliamente en cuatro años. En 2007 se registraron 204 expedientes de denuncia y el año pasado esta cifra alcanzó los 484. Molestias por ruido, olores o humos son los problemas más comunes con la actividad de negocios y los que suman más denuncias, tanto por una mayor sensibilidad del público como por un incremento de la actividad inspectora. Las actividades de espectáculos y recreativas, sobre todo las hosteleras, son las que dan lugar a la mayoría de denuncias en Alicante. Y el año pasado 151 de estas denuncias se acabaron traduciendo en resoluciones municipales (que ordenan una medida), frente a las 126 de un año antes.

En materia de ruido, en 2009 y a raíz de diversas protestas vecinales en el casco antiguo de Alicante, el Ayuntamiento reforzó las inspecciones en los bares de la zona de ocio más concurrida, aunque endureció la política sobre esta actividad en toda la ciudad. Solo hasta marzo se tramitaron tantas denuncias por ruido como en todo 2008.

Además, un cambio en la ordenanza sirvió desde la segunda mitad de 2008 como detonante de lo que se ha convertido casi en una cruzada contra las vallas ilegales. Alicante está repleta de vallas que se han ido instalando en distintos puntos y que en un 99% carecen de licencia y son, además, muy difíciles de legalizar, explican fuentes policiales encargadas del área. Solo en un tramo de poco más de tres kilómetros en la avenida de Dénia, por ejemplo, se han retirado 144 vallas y nueve monopostes. En este caso, la actuación de la Administración es de oficio.

La inspección y retirada de vallas se ha centrado, de momento, en las entradas a Alicante y en puntos estratégicos como la rotonda del hospital General, Padre Esplá o la playa de San Juan. Y la intención es terminar con las vallas ilegales, en manos de una docena de empresas de publicidad. En 2010 se abrieron 188 expedientes sancionadores y se calcula que este año la cifra se elevará hasta los 600. Las inspecciones elevaron las multas desde los 77.413 euros de 2009 a 214.000 euros el año pasado.
Infracciones a las ordenanzas locales

- Obras: El número de expedientes ha aumentado un 21% entre 2008, con 350 posibles infracciones, y 2010, cuando se abrieron 423.

- Actividades de ocio y otros negocios: Las denuncias se han duplicado en cuatro años y han pasado de 204 expedientes en 2007 a 484 el año pasado. Las molestias por ruidos, olores o humos de locales son la queja más común. El año pasado 151 de esas denuncias acabaron en una resolución municipal con medidas contra los infractores, frente a 126 del ejercicio anterior.

- Ruidos: Las protestas vecinales han propiciado un mayor control en las zonas de ocio. Entre enero y marzo de 2010 se tramitaron tantas denuncias como en todo 2008.

- Vallas ilegales: Un cambio de ordenanza en 2008 ha servido para retirar parte de las vallas ilegales. En 2010 se abrieron 188 expedientes de sanción y este año se calcula que serán 600.



* El País - 21.02.11
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

.................................... Leer más...

Llanes.- El urbanismo local, un mar de dudas

LNE/Asturias* : La reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes ha dejado tras de sí un mar de dudas. Las autoridades municipales han insistido en que no habrá derribos y en que el urbanismo local volverá a su cauce con las normas provisionales que el Gobierno del Principado ha prometido aprobar antes de tres meses. En contraposición a esos mensajes tranquilizadores, algunos juristas han manifestado serias dudas sobre el futuro urbanístico inmediato del concejo, e incluso sobre la posibilidad de que todo los que se ha construido en los últimos veinticinco años pueda ser legalizado con un nuevo Plan General. «No todo podrá ser legalizado», insistieron varios abogados consultados por este periódico. El asunto es sumamente complicado, porque en Llanes han sido anulados por los tribunales de justicia los tres últimos planes de urbanismo, los aprobados en 2002, 1992 y 1986. Además, el anterior, de 1976, el primero de carácter municipal, fue derogado diez años más tarde por el Gobierno del Principado. Así que Llanes carece en la actualidad de planeamiento urbanístico municipal, y sólo pueden aplicarse las leyes y normas generales, regionales y estatales.

Esta situación, única en España, genera una duda: ¿en qué situación quedan las construcciones que se han levantado en el concejo de Llanes en los últimos veinticinco años?

No hay unanimidad. De los cinco juristas con los que ha hablado LA NUEVA ESPAÑA uno ha asegurado que los planeamientos anulados por los tribunales de justicia, salvo, quizás, el de 1986, sí han estado plenamente vigentes desde su aprobación hasta su anulación definitiva por parte del Tribunal Supremo. De este modo, la mayor parte de las construcciones ejecutadas en Llanes en el último cuarto de siglo tuvo en su momento un amparo jurídico que, aunque luego se demostrara que incumplía las normas vigentes, sería «suficiente» para que «ningún juez se atreviera a ordenar derribos». Claro que este jurista habla de «la mayor parte» de las edificaciones, no de todas. La duda recae en aquellas actuaciones urbanísticas ejecutadas, por ejemplo, a menos de 200 metros de la línea costera, o en zonas en las que no se haya demostrado su condición de suelo urbano. En estos casos «sí podría haber problemas», si se denuncian las actuaciones concretas ante los tribunales.

Los otros cuatro juristas consultados hablan de un escenario mucho más problemático. A su entender, todas las construcciones realizadas en el concejo llanisco en los últimos veinticinco años están, tras la sentencia del Supremo, en situación «alegal», en una especie de «limbo» jurídico, sin un planeamiento urbanístico que las ampare.

La mayor parte de esas construcciones «alegales» podrán ser «legalizadas» cuando se apruebe un nuevo Plan General -las autoridades locales estiman que será dentro de un año, como máximo-. Pero los cuatro juristas creen que «no será posible legalizarlo todo». Los argumentos son similares a las del abogado que se oponía al término «alegal»: será imposible legalizar aquellas actuaciones urbanísticas que no puedan conseguir amparo jurídico por asuntos como la invasión de suelo protegido o de protección de Costas o la ampliación injustificada de suelos urbanos, por ejemplo.



* LNE - 22.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio

.................................... Leer más...

Valladolid.- El juez imputa a seis funcionarios municipales por la alteración del PGOU

ELMUNDO* : Seis funcionarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid están imputados por el caso de la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según confirmaron fuentes cercanas al caso. Los seis declararán a petición de la Fiscalía los próximos 16, 17, 18 y 23 de marzo ante el juez de Instrucción nº1, encargado de la investigación desde 2008, cuando el PSOE denunció los hechos. Los funcionarios encausados son técnicos de 'primera línea', la mayoría de ellos con cargos de responsabilidad en el Área de Planeamiento de la Concejalía en el momento de los hechos, como M.M.G, L.A.A. y R.N.S. Algunos habrían participado directamente en la redacción del PGOU. Se amplía así el círculo que antes sólo enmarcaba al que era concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca cuando se alteraron los más de 80 artículos y del que el fiscal jefe apuntó que había efectuado "alteraciones subrepticias solo o en compañía de otros".

Hasta ahora, García de Coca era el único imputado formal en la causa. Desde que empezó la investigación tan sólo han declarado tres personas, el exconcejal en calidad de imputado y dos trabajadores de Inzamac, la empresa encargada de la elaboración de planos y documentos municipales.

El desfile de técnicos de Urbanismo por los juzgados en calidad de encausados apunta a que las alteraciones se produjeron o bien en las dependencias municipales o bien con conocimiento de estos.
Preguntas

La investigación debería pasar por varias cuestiones. La primera es aclarar quién o quienes alteraron los artículos del Plan y por qué. La segunda es determinar qué licencias y estudios de detalle se dieron al amparo de esos artículos manipulados y la tercera es averiguar por qué el Ayuntamiento y la Consejería Fomento tramitaron el asunto como una corrección de errores ahora descartada por la Sala de lo Contencioso de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un fallo del pasado 2 de febrero y que se ha unido a la causa penal.

Mientras la investigación penal empieza a avanzar después de tres años, el Ayuntamiento no ha movido ficha. Ni siquiera después de la contundente sentencia del TSJ. En 2008 desestimó dos veces consecutivas la petición de los socialistas de una comisión de investigación para aclarar los hechos.

Ahora, con el caso de vuelta a la actualidad con esa última sentencia del TSJ, el alcalde, Javier León de la Riva, se ha despachado diciendo que abrirá la comisión "cuando el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, autorice una para el 'caso Mercasevilla'".


* El Mundo - 22.02.11
Foto: Alcalde de Valladolid - nortecastilla

.................................... Leer más...

"No volverá a darse una burbuja inmobiliaria así"

JOSÉ MANUEL NAREDO /Entrevista* : Su despacho es una mezcla del espacio personal de un estadista, un crítico y un apasionado por el mundo inmobiliario. "No volverá a darse una burbuja como esta, de tan grandes proporciones", asegura José Manuel Naredo (1942), quien en su último libro repasa cómo el cambio de modelo (alquiler por compra) durante el franquismo sigue azotando a España en la actualidad.

-¿Quiénes han tenido más culpa de la burbuja: políticos o banca?
-Ambos por igual. Por una parte, el tándem banca-inmobiliarias ha organizado el negocio fomentado por los políticos que han tenido la llave a nivel local y regional. Las limitaciones presupuestarias de los ayuntamientos les han inducido a buscarse la vida para obtener financiación. Ese contexto es muy favorable a la connivencia de megaproyectos discrecionales que nacen entre bastidores al margen del sentido común de un plan urbanístico.
-¿Se ha aprendido lo suficiente de esta burbuja inmobiliaria para que no se vuelva a repetir?
-A corto plazo, más que aprender, lo que se impone es la coyuntura. Con este último boom del ladrillo, España ha pasado de ser uno de los últimos países en tasa de endeudamiento familiar a estar por encima de todos. Por tanto, cuando el ahorro de los hogares está devorado, es imposible que la burbuja se infle en poco tiempo. Hasta que se digiera todo el stock de viviendas, y se vaya amortizando y reduciendo el endeudamiento, la crisis seguirá cortando las alas a este modelo del andamio especulativo inmobiliario-financiero. Sin embargo, puede que dentro de 20 años nos hayamos olvidado de todo y vuelva a suceder.

¿Qué condiciones deben darse para evitar otro boom' del ladrillo?

Por una parte, el cambio del modelo productivo. Un aviso que la inversión extranjera ya ha mostrado trasladando el chiringuito a empresas de energía o países como Polonia o Cabo Verde. Por otra parte, tendría que haber una reorientación del parque de viviendas. Hay que tender a más fórmulas de alquileres y vivienda social.

¿La corrección del stock' es más una cuestión de tiempo o más bien de reducción de precios?

Se puede facilitar el ajuste con la bajada de precios, pero el gran problema es que la demanda está muy de capa caída por la crisis. Además, existe el gran forcejeo en los precios porque en España no hay estadísticas de precios de mercado sino de las tasadoras que trabajan para las entidades financieras, que acaban siendo juez y parte. Los precios de tasación caen la mitad que los anuncios y eso no es real porque, al final, las operaciones se acaban realizando por debajo de lo que aparece en los anuncios.

Este año se van a construir 100.000 viviendas en España. ¿Es una cifra útil para corregir el stock' o se debería llegar a construcción cero?

La cifra es consecuente con el reequilibrio que se inició en 2010 y la escasez de demanda. El gran problema es que no hay una visión política clara para dar salida a la crisis. También echo en falta una crítica ciudadana que solicitase el aprovechamiento del stock para vivienda social. Eso denota que el país está en encefalograma plano.

¿Qué salida le daría a los pisos en manos de las cajas por los impagos?

Su conversión en vivienda social. El Gobierno se lo debería haber pedido a las cajas como pago al FROB.

El Gobierno vasco tiene intención de gravar los pisos desocupados. ¿Es una fórmula para aumentar el parque de vivienda social?

Sin duda. De hecho, en otros países hay experiencias en este sentido. En Francia ni siquiera existe una ley de vivienda, sino de cohesión social que dice que es impresentable que en una zona donde hay necesidad de viviendas las haya desocupadas. Existe un impuesto creciente que llega a ser casi confiscatorio y eso engrosa el stock de vivienda social que allí tiene mucha importancia.

Ahora se construyen urbanizaciones y no ciudades. ¿Se ha cambiado la necesidad de tener una vivienda por el lujo?

Sin duda. El modelo promueve la adquisición de las viviendas como objeto de inversión y de lujo para hacer negocio con el alza del precio. Eso ha generado búnkers de ricos con todas las comodidades frente a los guetos de pobreza.

* Fuente: http://www.publico.es/dinero/362361/no-volvera-a-darse-una-burbuja-inmobiliaria-asi


* Rebelión - 22.02.11

.................................... Leer más...