ECOTICIAS* : Las organizaciones medioambientalistas reivindican la ley de costas como principal herramienta para frenar la depredación del litoral español. Y además, subrayan su compatibilidad con el derecho a la propiedad en Europa y, su aportación al desarrollo de los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE, del parlamento europeo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.
Ante las numerosas iniciativas en varias Comunidades Autónomas que persiguen la modificación de la Ley 22/1988 de Costas, las cinco ONG medioambientales en España quieren subrayar la valía de la actual Ley que tiene como fin proteger las playas y acantilados vitales para el bienestar de la ciudadanía española, y, por ende, la europea. De hecho, la masiva urbanización y destrucción que sufre el litoral español, otorgan un gran valor a las zonas que quedan por urbanizar, de ahí que la aplicación de la Ley 22/1988 sea una de las herramientas legales más válidas para la conservación del patrimonio natural.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España subrayan la valía de esta norma ambiental que está amenazada por: la permisividad de la Administración General del Estado, por las diferentes iniciativas autonómicas que pretenden legalizar los desmanes urbanísticos en la costa y por último, amenazada por presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y en perjuicio del interés general.
Los eurodiputados dedican esta semana dos días en la comisión de Peticiones para escuchar en Bruselas el punto de vista de las autoridades españolas y las denuncias de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Precisamente el Parlamento europeo ya hizo referencia al problema en el último informe sobre urbanismo español presentado en 2009 por la Eurodiputada alemana de Los Verdes, Magrette Auken, que reclama una moratoria urbanística y la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa estatal y europea. En ningún momento el informe Auken perseguía como objetivo la desprotección del litoral, o la reforma de la ley de costas española.
Varios ciudadanos europeos, que compraron propiedades en la costa, han instado a las autoridades europeas a velar para que ningún acto administrativo limite su propiedad basado en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble. A juicio de las organizaciones ecologistas, esta reclamación es completamente legítima ya que, la normativa no puede aplicarse con carácter retroactivo, pero debe tener sus límites en la función social que el litoral está llamado a cumplir. La aplicación e implementación de la Ley de Costas es necesaria tanto para la conservación de nuestro litoral, su valor y los servicios y beneficios que reporta a la ciudadanía, como para evolucionar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y con futuro.
Además, las organizaciones ambientalistas recordamos que la Ley de Costas española realiza plenamente los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Por ello, resulta una grave amenaza que se pretenda reformar esta ley para ceder a las presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y perjuicio del interés general.
* Ecoticias - 24.03.10
Foto: ecoticias.com
Piden al Parlamento Europeo la protección de la costa española
La juez imputa a más de 30 personas en la trama urbanística de Abegondo
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LAOPINIÓN/A Coruña* : Entre 30 y 40 personas han sido imputadas por la magistrada de la sala dos del Juzgado de Betanzos por la trama urbanística de Abegondo. Entre los acusados se encuentran políticos, funcionarios municipales o arquitectos externos. Desfilan por esta sala de instrucción desde finales del pasado mes de noviembre y está previsto que las declaraciones se sucedan, por lo menos, hasta el próximo mes de abril.
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, prestó declaración hace dos semanas. "Todo lo que yo he aprobado tenía todos los informes técnicos positivos", explica que manifestó ante la juez. Ayer le tocó el turno a dos arquitectos imputados por firmar proyectos de obra irregulares en el período que se investiga.
Son Alberto Bermúdez Fandiño y Juan Carlos Ares. El primero rubricó proyectos de obra básicos como técnico municipal y como arquitecto del despacho de Antonio Carro, otro de los imputados en el caso. El segundo, se dedicaba a las reformas. Apenas media hora estuvo cada uno respondiendo a preguntas técnicas ante la magistrada; el letrado de los imputados, Salgueiro; y la abogada del ex alcalde Juan José Rocha Carro, María José Casal Rodríguez.
Los dos están acusados de un delito de prevaricación urbanística. La trama afecta a la concesión de licencias de más de medio centenar de viviendas levantadas en suelo rural desde el año 2000 en diversos puntos del municipio como Limiñón, Crendes o Cos.
* La Opinión A Coruña - 24.03.10
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
Enésimo 'asalto' a la Cañada
QUÉ/Madrid* : Las máquinas llegaron ayer al número 128 del Sector 4 en la Cañada Real sobre las 9 de la mañana. Según los vecinos, tenían permiso para entrar y derribar ese inmueble, pero no el 130 y el 132 como pretendían. Por eso, una veintena de ellos se 'atrincheraron' durante tres horas en el número 130 (la vivienda del dueño del inmueble derribado) para que no la derribasen.
No lo hicieron, pero allí se vivieron momentos de tensión que hasta provocaron la detención de un vecino por exhibir un arma de fuego. Además de este derribo hubo uno más en el Sector 3, a la altura de la parcela número 20.
En concreto, se trataba de una nave industrial, de 325 metros de superficie, así como un cerramiento de parcela de 1.020 metros cuadrados, estaban localizados en el número 128, y un segundo cerramiento, de 417 metros cuadrados. Numerosas patrullas de Policía Municipal y Nacional custodiaron los derribos.
"Las demoliciones efectuadas esta mañana se enmarcan en el conjunto de medidas que viene desarrollando el Ayuntamiento de Madrid para el mantenimiento de la legalidad urbanística, hasta que se aborde una solución integral que permita afrontar la compleja situación de la Cañada Real Galiana", explicaron desde el Consistorio.
Según sus datos, desde mayo de 2007 el Ayuntamiento de Madrid ha efectuado en la Cañada y su entorno un total de 201 demoliciones de diverso tipo.
"¿DÓNDE VOY CON 59 AÑOS QUE TENGO?"
Alejandro, dueño del inmueble derribado, atendió a la prensa con lágrimas en los ojos. En sus manos, numerosos recibos del IBI con los que quiso demostrar que era 'legal'. Su casa-taller, que es su trabajo y su única posesión, también la querían tirar, de ahí su nerviosismo.
Alejandro Román aseguró que, tras la demolición, él seguirá "viviendo ahí" puesto que no dispone de "otro sitio". Este vecino de la Cañada Real señalaba el solar derribado, mientras impotente explicaba que antes él "vivía ahí". Además, Román se quejó de que desde el Ayuntamiento madrileño no le dan "ninguna solución ni explicación", y denunció que las administraciones locales y regionales "han empezado a meter mano" en esta zona.
Alejandro explicó además que compró los terrenos hace quince años por 2.300.000 pesetas, y que este es su trabajo, su casa y sus únicas posesiones. Detalló además que hace seis años vendió el terreno donde se levantaba el inmueble retirado, pero no llegaron a pagarle.
Lidia Resani, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector 4 denunció también que no se ofrecieran "alternativas" a los vecinos afectados. En ese sentido subrayó la ausencia del Samur Social en el derribo.
"Siempre se digna el Ayuntamiento de Madrid que viene el Samur Social y yo os invito a que lo busquéis a ver dónde está. Lo único que encontramos son tres millones de efectivos de la Policía Municipal de Madrid asediando a todos los vecinos", protestó la representante vecinal, quien explicó la ausencia de este dispositivo a que "al ser vecinos de la Cañada" el Samur les tiene "poco aprecio".
Por su parte, el Ayuntamiento dijo que sí hubo Samur Social.
* Qué - 24.03.10
Foto: Madrid, la Cañada Real - madridiario.es
Aecu se querella contra todos por las 1.300 casas ilegales de Catral
INFORMACIÓN/Alicante* : La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (Aecu), cuyos responsables mantuvieron ayer una reunión en Catral con 400 propietarios de casas ilegales en la huerta, han decidido crear un frente común con el objeto de presentar, al margen del proceso judicial abierto, una demanda contra el Ayuntamiento de Catral "como institución" y contra el Gobierno Valenciano "por ser los responsables subsidiarios" de haber permitido la construcción de 1300 viviendas sin licencia en suelo no urbanizable; también contra el Colegio de Arquitectos de Alicante, al considerarlo responsable subsidiario por la actuación de algunos de sus profesionales y contra los promotores que edificaron los inmuebles de forma irregular, según explicó ayer el presidente de Aecu, Honorio Fernández.
Además se decidió en la reunión celebrada en la Casa de Cultura de Catral "pedir el auxilio" del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, frente a unas administraciones, local y autonómica "incompetentes" en la gestión del urbanismo, según Fernández.
Frente único
El portavoz de Aecu destacó que en la reunión, la octava de similares características, se hizo un llamamiento a todos los afectados para "crear un frente único" y para que "en realidad" se persiga a los verdaderos culpables de esta situación y "no a sus víctimas que compraron los casas". En este sentido recriminó a los responsables municipales de Catral el hecho de que pretendan, junto con el Consell, regularizar las más de un millar de casas ilegales "a costa de los bolsillos de los propietarios y que los promotores y constructores se vayan de rositas". Reseñar que el Ayuntamiento pone como requisito indispensable para regular las casas que cada propietario asuma el coste de todo tipo de infraestructuras.
* Información - 23.03.10
El juez del 'caso Palau' imputa a las esposas de Millet y Montull
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha citado a declarar como imputadas a Marta Vallès y Mercè Mir, esposas de los ex responsables del Palau Félix Millet y Jordi Montull, respectivamente. Ambas mujeres fueron administradoras de dos sociedades que facturaron más de un millón de euros a la institución cultural en el año 2009 por trabajos inexistentes.
Del mismo modo, el juez Juli Solaz también ha citado a declarar a un ex secretario del Palau de la Música que presuntamente tiene en su poder el original del libro de actas de la reunión en la que se aprobaron las retribuciones extraordinarias para Millet y Montull.
La imputación de las esposas de Millet y Montull había sido solicitada por la fiscalía y por los nuevos gestores del Palau hace unos días, si bien la querella del fiscal Emilio Sánchez Ulled presentada el pasado mes de junio ya consideraba a las mujeres partícipes a título lucrativo del saqueo cometido por sus esposos.
El pasado 10 de septiembre, unos días antes de confesar ante el juez una parte del saqueo, Millet y Montull acudieron a un notario de Barcelona para intentar borrar el rastro que incriminaba a sus esposas, de manera que en un pispás rubricaron una serie de actos para transmitirles a ellos las participaciones de las sociedades Ausen Produccions SL y Aurea SA que tenían las mujeres. La primera sociedad estaba administrada por Marta Vallès y el año pasado cobró 682.915 euros del Palau por trabajos inexistentes. La segunda la administraba Mercedes Mir y percibió otros 338.956 euros por estudios que nunca se llegaron a realizar.
* ELPAIS.com - 23.03.10
Foto: Una de las casas que tiene Fèlix Millet en L'Ametlla del Vallès.- Xavier Cervera, elpais.com
La Fiscalía analiza la gestión urbanística de la alcaldesa de Lezama
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ELCORREO/Vizcaya* : La Fiscalía de Vizcaya ya tiene en su poder información relativa a los cambios de uso de diversos terrenos en Lezama propiedad de la familia de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), para construir unas 50 viviendas. Según desvelaron ayer fuentes del Ministerio público a EL CORREO, la Fiscalía está estudiando documentos relacionados con el caso para determinar si es necesario abrir una investigación. Los mismos medios no quisieron añadir nada más sobre este asunto «de momento».
El caso que interesa a la Fiscalía de Vizcaya, encabezada por Carmen Adán, atañe a una serie de cambios urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento de Lezama en 2007. El Consistorio modificó en octubre de ese año el planeamiento de un área superior a los 7.000 metros cuadrados en el centro del municipio -conocida como Txupetxa- que hasta ese momento figuraba como inundable. Las citadas modificaciones permitieron que esa zona pasase a ser catalogada como urbanizable. Para ello, el Gobierno municipal presentó un informe para eliminar la calificación de inundable. Este documento recibió el visto bueno del Gobierno vasco en unos pocos días, a pesar de que la Dirección de Aguas admitió que sólo había podido analizarlo «con premura».
Meses antes, los familiares de la regidora municipal acordaron vender los terrenos a dos promotoras por un importe cercano a los seis millones de euros. Según un auto judicial emitido el pasado mes de julio y que fue adelantado por este periódico, la familia ya ha cobrado unos 2,2 millones por este acuerdo. Quedan pendientes algo más de tres millones, que deberán ser abonados por las constructoras una vez que el terreno esté listo para edificar. El último compromiso firmado por ambas partes establece abril de 2011 como la fecha tope para que se culminen todos los trámites administrativos. En caso contrario, los compradores podrían instar a los allegados de la regidora a que devolviesen las cantidades percibidas.
Ejecución de sentencia
Las modificaciones en el planeamiento local que permitieron el cambio de usos de la zona de Txupetxa formaban parte de las normas subsidiarias, que regulan el desarrollo urbanístico del municipio. Este documento organizativo fue denunciado por la plataforma vecinal Lezama Bizirik ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en junio pasado dictó sentencia dando la razón al colectivo vecinal y anulando las normas. Entre otras razones, porque no cumplía la ley en materia de edificación de viviendas en suelos potencialmente inundables.
El veredicto del TSJPV fue recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Supremo. Lezama Bizirik ha solicitado en varias ocasiones la ejecución del fallo judicial, pero sus peticiones no han sido admitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La última resolución apuntaba la necesidad de que exista una sentencia firme -que llegará cuando se pronuncie el Supremo- para ejecutar el dictamen del Superior.
Entretanto, el Ayuntamiento ha decidido impulsar un plan especial que permita la edificación de unas 50 viviendas -entre ellas unas doce de precio tasado- en los terrenos de Txupetxa. Esta modificación concreta se encuentra en sus primeras fases y todavía debe superar una serie de trámites administrativos. Los responsables municipales, en todo caso, prevén para 2011 la construcción de estas casas.
* El Correo - 23.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
Crisis, corrupción e impunidad: El caso Gürtel
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KAOSENLARED* : En febrero del año pasado, cuando fue detenido, Francisco Correa había solicitado la residencia en Latinoamérica, pues le llegó el tufillo de que varios de sus colaboradores comenzaban a ser investigados. Era el supuesto jefe de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos para sus empresas. El mayor escándalo de corrupción de la democracia.
España desde entonces ha alcanzado un desempleo del 19%. La crisis financiera, que tanto a afectado a otras economías, no se ha manifestado allí mas allá de la burbuja inmobiliaria, afectando a la demanda y al sector de la Construcción. En este escenario, encontramos a este singular personaje, interpetando el papel de untador de políticos, en este caso del Partido Popular, y dejando al país sin “una alternativa”, como algunos editoriales han querido encontrar, al desprestigiar al partido de la oposición en un momento en que el ejecutivo también está en apuros de legitimidad. Sin embargo, a la vista de lo que votan PP y PSOE en el Parlamento Europeo, instancia cada vez mas importante en la política nacional de los países de la Unión, podría decirse que se trata de un único partido. Dentro del territorio nacional juegan los papeles de gobierno-oposición.
A punto de escaparse la liebre, como decíamos, la Audiencia nacional detuvo a varios de los implicados en una red de blanqueo y sobornos que afecta ya a un centenar de implicados. La red empezó a funcionar en 1996, y desde entonces una veintena de políticos del Partido Popular han recibido sobornos por valor de mas de 6 millones de euros. Los delitos que están siendo juzgados se extienden por cuatro autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León; y ya han hecho dimitir a cuatro alcaldes madrileños. Solo la comunidad madrileña concedió la organización de unos 350 actos oficiales a las empresas de Correa, por valor de 3.028.049 euros. También los ayuntamientos de Boadilla, Pozuelo, Majahonda y Arganda hicieron contrataciones de sumas abultadas a las empresas implicadas.
Una agencia de viajes de Francisco Correa, llamada Pasadera, fue al parecer la proveedora cuasi-oficial del PP durante años. Organizaba los viajes del partido y del mismo ex-presidente José María Aznar. Según el juez, el dinero era depositado en paraísos fiscales. No se tiene constancia aún de cuantos millones han podido ir a parar a unos diez países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. Suiza ha enviado información financiera a la Audiencia Nacional, en cuyos bancos Francisco Correa y su principal colaborador Pablo Crespo, tenían depositados unos 21 millones de euros. Esta suma habría sido creada a partir de negocios relacionados con el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación, delitos por los que se les investiga.
Abecedario de la corrupción gürteliana.
A continuación exponemos una lista de los principales y mas notables encausados en la trama de corrupción del Caso Gürtel, en la que están siendo investigadas un centenar de personas, así como las razones por las que se les investiga:
# Luis Bárcenas: Ex tesorero del PP. Junto con el eurodiputado Galeote, habría recibido unos dos millones de euros en sobornos.
# Costa Climen, Ricardo: Diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el juez está implicado en la trama.
# Crespo, Pablo: Ex secretario de Organización del PP de Galicia. Número dos de la trama corrupta, mano derecha de Francisco Correa, dio instrucciones desde la cárcel para mover los fondos que estaban en Suiza, donde, junto con el empresario, tenían unos 21 millones de euros de dudosa procedencia.
# Martín Basco, Benjamín: Diputado de la Asamblea de Madrid, cobró presuntamente unos 437.000 euros por favorecer intereses de Correa.
# Betoret Parreño, Rafael: Jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Concuñado de Carlos Fabra. En 2005 Orange Market, filial de Gürtel en Valencia, obtuvo gracias a él el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur.
# Bosch, Alfonso: Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre.
# Campos Guinot, José Víctor: Ex Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007 para dedicarse a los negocios. Participó en la organización de la visita del Papa, cuyo coste de organización fue engordado por la trama. Está imputado en el Caso Gürtel.
# Camps, Francisco: Presidente de la Comunidad Valenciana. Acusado de aceptar el regalo de unos trajes de marca valorados en 12.000 euros, y por tanto de tener conocimiento del entramado corrupto, este delito de cohecho ha sido archivado por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.
# González, Ignacio: Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa pública de aguas de Madrid Canal Isabel II, está siendo objeto de una investigación por contratos y subvenciones adjudicados a la socia de su mujer por valor de 2.340.000 euros.
# Granados, Francisco: Secretario general del PP. La fiscalía está investigando la situación de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro.
# Fabra, Carlos: Presidente del Partido Popular en Castellón. Presidente esa Diputación provincial. Se investiga al susodicho por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad documental y fraude. “Yo no sé la de gente que habré colocado en 12 anos” declaraba jactándose de ello en 2009.
# Galeote, Gerardo: Eurodiputado del PP. Acusado de embolsarse junto con Bárcenas, el tesorero del PP, unos 2.000.000 de euros de Correa.
# Galeote, José: Consejero de la empresa Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla y ex concejal de la misma localidad, recibió presuntamente 612.506 euros en sobornos de las empresas de la trama. Además, pudo haver comprado propiedades en Miami junto con los cabecillas de la red.
# Galeote, Ricardo: Concejal de Estepona. Hermano de Guillermo Galeote. Otrogó contratos con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, por valor de mas de 100.000 euros.
# González Panero, Arturo: Ex alcalde de Boadilla del Monte. Tiene al menos nueve propiedades en Miami, valoradas en unos 2.200.000 euros.
# López Rodriguez, Ginés: Ex Alcalde de Arganda, recibió mas 500.000 euros en sobornos, siempre según el auto de Garzón.
# López Viejo, Alberto: Está acusado de adjudicación irregular de contratos. Durante su etapa como concejal de Limpieza, lo llamaban “el Toyota” porque obligó a varias empresas a comprar vehículos de esta marca en un concesionario concreto. Unos 200.000 euros presuntamente cobró de Correa.
# Martín Morales, Tomás: vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, recibió 378.000 euros de la trama.
# Ortega, Guillermo: Ex alcalde de Mahadahonda, otorgó contratos a Correa por valor de mas de 2.000.000 de euros.
# Sepúlveda, Jesús: Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, dimitió en marzo, tras ser imputado. Se le acusa de obtener 422.992 euros en dádivas de la red, además de un coche de la marca Jaguar.
El juez juzgado.
Por si no hubiese suficientes ingredientes en esta tragedia valleinclanesca, el juez que abrió el caso y comenzó la investigación, Baltasar Garzón, está siendo objeto de una investigación que podría apartarle del cargo. Y la denuncia vino del abogado del constructor José Luis Ulibarri, uno de los sospechosos de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones. El Tribunal Supremo ha autorizado que Francisco Correa dirija la acusación contra el juez que le estaba juzgando. La artimaña que han utilizado está relacionada con la grabación de las comunicaciones en prisión entre los principales implicados en la trama Gürtel y sus abogados, que ellos relacionan con una violación del derecho a la intimidad de los acusados. Esta acción ha sido justificada por el juez que le sustituye. Los abogados de los acusados podrían estar involucrados con los delitos de que se acusa a sus defendidos, como ayudarles a esconder millones de euros en paraísos fiscales. Es lo que se desprende de las grabaciones. Las consecuencias de anular la legalidad de estas pruebas, como pretenden varios letrados del Tribunal Supremo, podrían traducirse en la prolongación de los procesos judiciales durante varios años, así como la libertad condicional de los imputados, el alzamiento de los embargos o el archivo del caso. El fiscal, sin embargo, se ha opuesto a la querella por considerar que el juez en ningúnn momento es sospechoso de haber cometido delito alguno al tratar de esclarecer la situación legal de los defensores de los imputados.
Censura aus Spanien
Al menos es lo que ha intentado alguna autoridad, por suerte sin éxito, en dos ocasiones ya, en relación a la corrupción. En Alemania se asistió en los cines al documental “Let’s make Money”, de Erwin Wagenhofer, el director de We feed the world, para más señas. En él hay una parte dedicada a lam especulación urbanística en España, y aparecen imágenes a vista de pájaro de las urbanizaciones construidas sin apenas restricciones legales en los años de vacas gordas. Esto mismo, mas de un año después, ha querido hacer la Televisión Española en una serie sobre la corrupción en España, y cuál no ha sido la sorpresa de los españoles cuando se han enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía censurar unos dos minutos de un capítulo en el que aparecían imágenes del telediario de la cadena estatal del 2009 sobre corrupción urbanística en el Litoral.
Pero esta no ha sido la única intentona controladora, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat de Valencia, se vio obligado a descolgar varias fotografías de una exposición de fotoperiodismo sobre 2009 en las que aparecían políticos implicados en el caso Gürtel, por orden de la Diputación de Valencia. El director del Museo, Romà de la Calle, dimitió indignado, y las fotos fueron repuestas en la exposición, tras un gran revuelo en la opinión pública española y valenciana.
* Kaos en la Red - Carmela Negrete | Periodista - 22.03.10
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
Sentencias condenatorias urbanísticas superaron las 600 el pasado año
ABC* : Así lo ha informado hoy en Salamanca el fiscal de Sala Coordinador de esta Fiscalía, Antonio Vercher, durante su intervención en el XXII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de Salamanca. En declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal ha destacado que frente a las 525 sentencias condenatorias de 2008, el pasado año se han superado las 600.
Vercher ha indicado además que de las 525 condenas dictadas en el 2008, un total de 310 se referían a delitos de urbanismo propiamente dichos y el resto a medio ambiente, "lo que da una ratio de dos sentencias condenatorias por cada tres dictadas".
Dentro de los infractores de este tipo de delitos, los ayuntamientos "son bastante problemáticos", ha destacado el fiscal, quien ha recordado también que se trata de "delitos bastante nuevos por lo que esperamos que los próximos años la tendencia sea a la baja".
Tal y como ha recordado, hasta "hace unos años" había "cierta" impunidad ante este tipo de situaciones, sobre todo en los ayuntamientos, por lo que se han cometido "irregularidades".
De acuerdo con los ponentes de la primera mesa de esta última jornada del congreso salmantino, las costas españolas son otro de los focos principales de actuación de la Fiscalía.
En este sentido, el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo ha señalado que hasta ahora "costaba aplicar" la medida de la demolición, pero "estamos consiguiendo que se aplique", lo que supone un arma disuasoria contra las construcciones ilegales.
Vercher ha matizado que en este momento se están enjuiciando temas anteriores a la crisis económica, por lo que es probable que aunque "se tenga más cuidado a la hora de delinquir, aumenten las sentencias condenatorias" por la propia dinámica del mercado inmobiliario.
Sobre el carácter disuasorio de las penas, los ponentes se han mostrado de acuerdo en que, en materia urbanística, sí es efectiva ya que la mayor parte de los implicados son "colectivos económicamente fuertes".
Durante su intervención en el congreso de Derecho Penal, Vercher ha analizado los últimos pasos de la Fiscalía en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, examinando alguna de las situaciones más complicadas que se han registrado.
Según el fiscal, las estadísticas que se elaboran no se hacen por contar simplemente con unos datos y poder compararlos, sino para intentar buscar soluciones, "por lo que nos interesa saber hasta qué punto los problemas se captan y las soluciones se aplican".
En la mesa sobre "Corrupción Urbanística" también has participado miembros de la Guardia Civil para hablar las herramientas que emplean en la lucha contra la corrupción en esta materia.
En este contexto, se han analizado aspectos como las investigaciones patrimoniales, el desvío de dinero a paraísos fiscales, la utilización de empresas pantallas o de entramados societarios.EFE
* ABC- EFE - 19.03.10
Viñeta: especula en accion - Jobi
El urbanismo ilegal tumba al alcalde socialista de Linares de la Sierra
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HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, quedó ayer en libertad con cargos, junto a su pareja y al tesorero municipal, después de prestar declaración por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio. El pasado mes de noviembre el juez ya ordenó el precinto de una casa ilegal perteneciente a la familia del regidor socialista.
La construcción que parece haber desencadenado una espectacular operación a plena luz del día protagonizada por la Guardia Civil se levantó en el paraje conocido como La Presa, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La Fiscalía, tras recibir la denuncia de Medio Ambiente y la Policía Autonómica, abrió diligencias y comenzó a tirar de un hilo que ha conducido finalmente a la Policía Judicial de la Guardia Civil a las instalaciones municipales.
De momento, la operación e imputación del alcalde, según confirmó el mismo PSOE, se relaciona con el urbanismo ilegal y la ordenación del territorio en terreno especialmente protegido.
La Guardia Civil desarrolló la operación a plena luz del día ante la sorpresa de los vecinos de esta población de 300 habitantes. El alcalde salió del Consistorio junto a las fuerzas de la Benemérita, acompañado de dos miembros de su equipo y un teniente de alcalde. Tanto el edil como los demás imputados declararon en las instalaciones del Juzgado de Aracena hasta ser puesto en libertad. La Benemérita también interrogó a algunos vecinos del pueblo serrano y lo tuvo que hacer en la sede del centro Guadalinfo, dependiente de la Junta de Andalucía y la Diputación, que se ubica en la calle Calar.
También está pendiente de resolver la demanda de la empresa Proyectos e Inversiones MJF, que decidió llevar al Consistorio ante los tribunales por paralizar la construcción de una promoción de viviendas poco tiempo después de que el alcalde autorizara supuestamente el cambio de titularidad de la licencia urbanística en favor de la promotora.
El caso ha puesto de relieve los tentáculos del urbanismo ilegal en el Parque Natural de la Sierra de Aracena, un espacio mirado con lupa por Medio Ambiente y la Guardia Civil y que ha sido objeto de cientos de denuncias por construcciones irregulares, la mayoría de ellas construidas aprovechando licencias para casas de apero y labranza que luego se han convertido en chalés de alto standing y hasta complejos rurales.
De momento, el PSOE de Huelva ya ha suspendido de militancia al alcalde de Linares tras conocer su imputación, según apuntó en un comunicado, "en el proceso judicial abierto hace meses contra su cónyuge por la realización de una construcción supuestamente irregular".
Según la nota, "una vez conocida la imputación la dirección socialista adoptó la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Jaime Luis Fernández Ceballos, una medida disciplinaria que ha sido aceptada por el propio afectado en su ánimo de no perjudicar al partido". El PSOE también le ha exigido la entrega del acta de concejal.
Según la versión dada por la dirección provincial socialista, "con anterioridad a los hechos producidos esta misma jornada, el PSOE ya había abierto un expediente informativo contra el alcalde tras conocer la noticia de la investigación judicial que afectaba a su compañera sentimental. Este expediente informativo podía concluir con la expulsión de Fernández Ceballos de esta formación política, como así ha ocurrido".
La dirección del PSOE, que ayer trasladó a su plana mayor de forma urgente a Aracena, asegura que "está trabajando para garantizar la gobernabilidad del municipio serrano" y lanzó "un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
La dirección del PSOE de Andalucía avaló la decisión onubense sobre la suspensión cautelar del alcalde. El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, dijo que Javier Arenas debería tomar ejemplo de esta suspensión cautelar ante los casos de "imputados y condenados que hay en su partido".
Desde el Partido Popular también se ha exigido la inmediata dimisión del alcalde.
El grupo municipal de Izquierda Unida reiteró la exigencia de dimisión o cese del alcalde que formuló en noviembre de 2009 "cuando salieron a la luz pública los hechos por los cuales ha sido imputado ahora". El secretario de Organización de IU, José Luis Pérez Tapias, y la concejal Conchi Pérez, pidieron también el cese de los "concejales socialistas que puedan ser imputados".
IU aprovechó la ocasión para recordar que el alcalde "tiene otra denuncia ante la justicia por la concesión de licencia primero y denegación posterior para la construcción de una promoción de 12 viviendas en terreno no urbanizable". IU añadió que el Defensor del Pueblo andaluz, ante una queja de la Coalición, lo declaró como "entidad no colaboradora por su negativa a aceptar su recomendación de rectificación con el proceso de adjudicación de viviendas municipales".
Según una nota distribuida anoche por IU, "Mario Jiménez, anterior secretario de Organización, e Ignacio Caraballo, entonces responsable de Política Municipal han sido los grandes valedores políticos del alcalde, a quien impusieron como candidato del PSOE y lo han mantenido en el cargo a pesar de las informaciones".
IU advierte que "no pueden ahora mirar para otro lado porque son los máximos responsables políticos de lo que pasa en Linares". Un pueblo que ayer se escondió literalmente en casa ante la presencia de la Guardia Civil.
* Huelva Información - 23.03.10
Foto: Un vecino mira un cartel en el Ayuntamiento, cerrado tras la operación policial. - huelvainformacion.es
Matas, abucheado a su llegada a los juzgados por el caso 'Palma Arena'
ELMUNDO/Palma* : El juez sostiene que pudo lucrarse con el dinero desviado. Le imputan nueve delitos con penas de 30 años de cárcel. Jaume Matas ha llegado a los juzgados en torno a las 80.50 horas para prestar declaración por el caso Palma Arena. El ex presidente del Govern ha aparecido con aspecto tranquilo y sonriendo, en coche particular acompañado por su mujer, Maite Areal, y su abogado, Rafael Perera, y no ha querido hacer declaraciones al nutrido grupo de medios de comunicación que se agolpan en las puertas de los juzgados de la Vía Alemania.
Matas, que llegó ayer a la capital balear tras un intenso fin de semana de reuniones en Madrid con sus abogados, Rafael Perera y Manuel Ollé a fin de preparar su defensa, ha entrado al edificio por la puerta trasera , donde varios ciudadanos le han recibido con abucheos y gritos de 'ladrón' y otros insultos.
Cinco minutos antes que Matas y Areal ya había llegado su presunto testaferro, Bartomeu Reus, que también ha sido recibido con gritos por parte de los ciudadanos allí concentrados. Al contrario les ha pasado a los fiscales anticorrupción, Joan Carrau y Pedro Horrach, que han levantado aplausos a su paso.
El juez que instruye el caso, José Castro, le interrogará sobre las decisiones que fueron adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos, así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear.
Una jornada en la que también han sido emplazados a declarar la mujer del ex jefe del Ejecutivo balear, Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de cuarenta imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los 'populares' durante la pasada legislatura (2003-2007).
La de Matas, sin embargo, está prevista como la comparecencia más esperada en el marco de la instrucción del caso por cuanto han arrojado ante el juez imputados y testigos en referencia a la vinculación del ex dirigente 'popular' con las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la construcción y con el tren de vida que llevó durante el pasado mandato, una forma de vivir que, de acuerdo a las investigaciones, no se corresponde con los ingresos que obtenía. Ahora, alejado de la vida política y social española -en la actualidad reside en Nueva York-, Matas deberá explicarse ante la Justicia.
A tenor de las pesquisas realizadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de instruir el desfase económico en la ejecución del Palma Arena y su posible conexión con el incremento de bienes de Matas, atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los treinta años de prisión.
El ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros por el 'palacete' de la calle Sant Feliu
Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días. Está previsto, además, que Matas sea interrogado en el marco de la pieza abierta en relación a la presunta financiación irregular del PP durante los últimos comicios autonómicos y municipales.
Operación Buckingham
La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la calle Sant Felio de Palma, conocida como palacete, por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones. Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto "una dádiva o regalo en especie".
Sin embargo, no sólo esta mansión ha sido objeto de investigaciones, ya que la Guardia Civil emitió un informe relacionado con un piso situado en la calle Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca de Madrid, que figura formalmente a nombre de Bartomeu Reus y quien según el Instituto Armado sería testaferro de Matas. Pese a que según el documento la familia Matas paga oficialmente al mes 2.500 euros por el alquiler del inmueble, el ex presidente del Govern y su esposa serían los propietarios reales de la vivienda.
Los arquitectos del velódromo acabaron percibiendo unos 9 millones de euros en concepto de honorarios
En el marco de estas investigaciones, conocidas como 'operación Buckingham', efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
Castro judicializa las actuaciones
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su presunta relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro u opaco al fisco.
Ante este cúmulo de circunstancias, el 15 de octubre el juez comunicó a Matas su citación como imputado, cinco meses antes de la fecha prevista para su declaración, lo que a juicio de su abogado, Rafael Perera, "le causa un perjuicio innecesario" al considerar que durante los meses restantes para el interrogatorio Matas vería "en entredicho, por lo menos mediáticamente, la limpieza de su actuación". En este contexto, el letrado rechazó "cuantas imputaciones pudiesen formularse" contra su patrocinado, al tener su origen en "informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas".
Por su parte, uno de los letrados personados en el caso, Gregorio San José, solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre los bienes de Matas en el marco de este procedimiento, al preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en las obras acabase engrosando el patrimonio del ex presidente. Ante esto, el juez desestimó la petición mediante un contundente auto donde considera el patrimonio del ex líder del PP "uno de los principales destinos" de los 50 millones de euros desviados en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas.
Entre algunas de estas supuestas irregularidades se encuentra la contratación 'a dedo' de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes sustituyeron al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y acabaron percibiendo unos nueve millones de euros en concepto de honorarios, según las investigaciones, que se centran en averiguar el motivo por el que se rescindió el contrato al experto alemán y quién ordenó contratar a los dos hermanos. Los García-Ruíz aseguraron ante el juez que fue Matas quien les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con las obras.
Asimismo, otro de los testimonios que implican al ex presidente es el arrojado por Jane King, la primera imputada del caso que se ha prestado a confesar de cara a lograr futuras atenuantes. La que fuese número dos de la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, aseguró ante el juez que cuando advirtió a Matas de que el coste de la infraestructura "se estaba disparando", éste le respondió que "había que acabarlo como fuera", escudándose en que la infraestructura debía estar finalizada para la celebración del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. Días después, su propia ex jefa de gabinete, Dulce Linares, aseveró que las decisiones "más importantes" adoptadas durante la construcción "venían avaladas por Matas".
* El Mundo - 23.03.10
Foto: Palma, palacete de Matas - elmundo.es
Marbella: Hacienda señala los convenios del promotor de La Cañada con Jesús Gil y Roca
MÁLAGAHOY* : El cabo suelto que conduce la trama de presunta corrupción política y urbanística del caso Malaya hasta la familia Gil tiene uno de sus episodios más singulares en el centro comercial La Cañada, un espacio de ocio tan contundente como popular y que, a la luz del informe realizado por la Agencia Tributaria, estuvo plagado de sombras desde el primer minuto de su historia.
El empresario murciano Tomás Olivo, a través de la sociedad Emasa Constructora, logró en mayo de 1994 que el Ayuntamiento de Marbella firmara un convenio por el que le cedía 119.235 metros de terreno rústico de propiedad municipal, al que le cambiaría la calificación urbanística para que pudiera levantar un centro comercial. El acuerdo fijaba el precio de la finca en 600 millones de pesetas, cantidad que Olivo debía devolver en obras a realizar en un futuro por importe de 360 millones y el resto a la firma del convenio, la obtención de la licencias de obras y el permiso de primera ocupación.
Ese convenio inicial, sin embargo, se modificó y amplió a través de otros tres acuerdos, de tal modo que al final Tomás Olivo no sólo no le debía nada al Ayuntamiento de Marbella, sino que se había convertido en su acreedor. Esa deuda se canceló el 30 de agosto de 2000 a través de otro convenio más, este de dación de pago, por el que el municipio le entregaba a la sociedad General de Galerías Comerciales, propiedad de Olivo, varios inmuebles valorados en 13,3 millones de euros.
Estos hechos fueron puestos al descubierto en uno de los informes que realizó el Tribunal de Cuentas que dieron origen a una querella de la Fiscalía Anticorrupción que originó la apertura de las diligencias previas 3210/2006 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.
De acuerdo con la documentación investigada por la Agencia Tributaria el día anterior a la firma del primer convenio, Olivo libró tres cheques por importe de 540.910 euros cada uno para que "a través de un negocio simulado con el concurso de una sociedad de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor denominada Roadhouse España, dichos fondos terminaran beneficiando a Juan Antonio Roca y los fallecidos Jesús Gil y José Luis Jiménez".
Para los investigadores estos 1,6 millones de euros (270 millones de pesetas) fueron puestos "en fondo común" por el presunto cerebro de Malaya, el ex alcalde de Marbella y el gerente de Contratas 2000, José Luis Jiménez. El dinero supuestamente se inyectó en Spanish Learning Friends, una sociedad de la que la familia Gil era socia mayoritaria al disponer del 50% de sus participaciones, a través de Gestión Inmobiliaria Mizar, una firma de la que todavía ahora es administradora única María Ángeles Gil Marín. Otro 25% lo poseía Gestión Saciso, mercantil participada por los hijos y la esposa de José Luis Jiménez, uno de los hombres fuertes de Gil en la primera mitad de los 90 al frente de Contratas 2000. Roca disponía del 25% restante a través de Inmuebles Direla.
Parte de los 1,6 millones de euros fueron invertidos en comprar un suelo rústico en primera línea de playa de Estepona, donde ya gobernaba Jesús Gil Marín. Estos 18.000 metros de suelo pasaron rápidamente a ser urbanizables.
Pero el historial del centro comercial La Cañada no se circunscribe a este episodio inicial. Su andadura ha estado siempre rodeada de la polémica y la sospecha. Tomás Olivo, murciano como Juan Antonio Roca y del que se cuenta que en 1974 expendía gasolina en una estación de servicio de su tierra, abordó enseguida una pequeña ampliación del complejo. La fase inicial constaba exclusivamente de un hipermercado y unos cines. Los tiempos reclamaban más comercio y más ocio. Esa segunda ampliación se saldó con una multa de 600.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía que resultó histórica en aquellos tiempos porque carecía del preceptivo informe de la Consejería de Economía. El empresario pagó y siguió adelante. En 2002 emprendió la tercera ampliación. En diciembre de aquel año el entonces alcalde, Julián Muñoz, aprobó por decreto licencia para que levantara nueve naves comerciales. La Junta impugnó el acuerdo porque el proyecto carecía de informe de impacto ambiental y requirió la paralización de las obras, circunstancia que no se produjo. La Junta, entonces, optó por denunciar a Julián Muñoz ante la Fiscalía, que pidió para él dos años de prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En esas tuvo lugar la moción de censura, la ex alcaldesa hoy procesada en el caso Malaya, Marisol Yagüe, llegó a la Alcaldía de Marbella y dictó un decreto de paralización de las obras a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, pero nunca se lo comunicó al promotor. Hubo que esperar a la disolución del Ayuntamiento y al gobierno de la Gestora que dirigió Marbella hasta las últimas elecciones municipales para que, en julio de 2006, se le notificara la orden de suspender las obras. Las nueve naves se quedaron a medio levantar.
Tomás Olivo es, de las decenas de empresarios procesados en el caso Malaya, el que muestra menos síntomas de noqueo. Se le atribuye capacidad para "seguir haciendo buenos negocios en Marbella" a pesar de la crisis que azota el sector inmobiliario. En primer lugar ha logrado salvar La Cañada. El plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella contempla su regularización y consolidación como gran centro comercial. A cambio, deberá entregar terrenos para el futuro recinto ferial del municipio, donde deberá ejecutar obras por valor de 2,5 millones de euros, frente a los cuatro inicialmente previstos, además de ceder los viales y aprovechamientos urbanísticos correspondientes.
En segundo lugar, el Ayuntamiento le concedió a finales del año pasado licencia para edificar en la antigua sede de Radio Nacional de España en el municipio con arreglo al PGOU de 1986, de modo que no deberá hacer cesiones al municipio y podrá destinar el 60% de los más de 7.000 metros a uso residencial.
Incluso logró que el gobierno de la popular Ángeles Muñoz otorgara una licencia provisional para que una casa automovilística de lujo celebrara un evento en las naves y suelos de la tercera ampliación de La Cañada que están a medio construir.
* Málaga Hoy - 22.03.10
Foto: Marbella, centro comercial La Cañada - andalucia-travelguide.com
Salvemos el Ensanche
ALEJANDRO LILLO/Valencia* : La arquitectura y el urbanismo obedecen a unos intereses que no son neutros. A mediados del siglo XIX los potentados que gobernaban Valencia impulsaron la apertura de la calle de la Paz. Deseaban mejorar la vida en la ciudad, sí, pero tomaron esa decisión porque resultaba favorable a sus intereses. Querían descongestionar el centro urbano del tráfico creciente y agilizar la circulación de productos entre el Mercado Central y el puerto porque eran comerciantes e industriales, porque necesitaban que las mercancías fluyeran rápido para abaratar los costes. El plan preveía el derribo de la Torre de Santa Catalina y de cuantos edificios se interpusieran en su camino. Por fortuna, varios factores impidieron la realización del proyecto según el esbozo original, quedando conformada esta calle tal cual la podemos apreciar hoy.
Pasado siglo y medio de aquel proyecto, los líderes del PP en Valencia parecen no haber aprendido nada. Están dispuestos a repetir unas prácticas más propias del Ochocientos que del democrático siglo XXI en el que nos hallamos: me refiero a la decisión que han adoptado con respecto al barrio de El Cabanyal y su derribo. Si de lo que se trata es de repetir los usos burgueses del XIX no habrá inconveniente en que hablemos de lucha de clases.
Supongamos que, dada la excesiva afluencia de tráfico que soporta el centro de la ciudad, un grupo de ciudadanos propusiera la demolición de las viviendas que lindan con la Gran Vía para ampliarla en uno o dos carriles. Si se lo planteáramos al Ayuntamiento seguro que le parecería un despropósito, como también me lo parece a mí. Lo que sucede es que proponer la destrucción de El Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez es una barbaridad de similares dimensiones. Las razones que nuestros munícipes arguyen para llevar a cabo el derribo de este humilde barrio de pescadores podríamos utilizarlas también para reivindicar la demolición de algunas de las mansiones burguesas que limitan con la Gran Vía y la zona del Ensanche. Sería una medida que también nos beneficiaría a todos, ¿no les parece?
Entre el derribo de El Cabanyal y la hipotética ampliación de la Gran Vía no hay tantas diferencias. Ambos espacios se crean hacia finales del siglo XIX, y ambos reflejan una determinada realidad de la historia y la sociedad valencianas. El Cabanyal ha sido y es un humilde barrio de trabajadores, mientras que la zona de la Gran Vía y el Ensanche han sido y en parte siguen siendo hoy un barrio de casas lujosas y familias acomodadas. Si alguno de esos dos espacios desapareciera estaríamos falseando y destruyendo la historia viva de nuestra ciudad, esa ciudad que algunos dicen amar tanto.
En cambio, Rita Barberá Nolla, descendiente de aquellos potentados del XIX y del XX, los Nolla y Sagrera, está decidida a destruir ese humilde barrio mientras que seguro rechazaría la idea -igual de disparatada, repito- de ampliar la Gran Vía a costa de las majestuosas viviendas de la zona.
El Ayuntamiento y la Generalitat dicen actuar conforme a los intereses de los valencianos, pero los proyectos siempre los plantean para beneficiar a su gente. La polémica de El Cabanyal es sólo una manifestación visible de esos intereses y de esas políticas de clase que parecían ya relegadas al pasado pero que por desgracia están bien presentes en nuestros días. El PP valenciano viene actuando así desde hace tiempo, lo que pasa es que lo hace de forma silenciosa, sin el aspaviento y la publicidad que le dedican a otras cosas. En la superficie todo son fiestas y glamour, fórmulas uno y copas del América, pero en la trastienda la enseñanza y la sanidad, patrimonio de todos los ciudadanos, están siendo privatizadas. Así como los vecinos de El Cabanyal denuncian el abandono al que el Ayuntamiento ha sometido al barrio para justificar después su derribo, la enseñanza y la sanidad públicas están siendo desatendidas por nuestros dirigentes para justificar así su privatización.
En Valencia capital los colegios religiosos están subvencionados. En vez de promover una educación pública e igual para todos, el gobierno valenciano invierte nuestro dinero en escuelas católicas o ultracatólicas, algunas pertenecientes a la prelatura del Opus Dei, en las que además se fomenta una educación sexista. Entretanto, muchos centros de enseñanza públicos imparten las clases en barracones, con unas condiciones materiales deplorables.
Con la sanidad pasa lo mismo. El último centro inaugurado en la provincia, el hospital de Manises, lo lleva una empresa privada. La sanidad de todos deja de estar en manos públicas para pasar a gestión privada como un primer paso a su privatización definitiva. La salud de nuestros hijos y nietos entendida como una forma más de ganar dinero. Un modelo que se repite en Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y ya veremos si en el nuevo hospital La Fe.
Así es la política que lleva a cabo el PP en Valencia. La polémica de El Cabanyal sólo es una de las medidas más visibles que están dispuestos a tomar para lograr sus objetivos. Es un asalto a los derechos, los logros y la historia de los trabajadores de esta tierra; unos trabajadores que han luchado para conseguir que el Estado garantice unos servicios mínimos a los ciudadanos con independencia de su posición social y del dinero que ganen; un Estado del Bienestar que unos pocos están desmantelando para su propio beneficio. Si esto no son intereses de clase que baje Dios y lo vea.
* Alejandro Lillo es historiador.
* ELPAIS.com - Opinión - 22.03.10
Un láser barre toda España metro a metro
ELPAÍS* : Casi cada metro cuadrado de España está bajo el escrutinio de un láser aéreo. Desde 2009, el Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, cartografía desde el aire el país para realizar el mapa topográfico más preciso jamás realizado. Al menos cada 1,4 metros cuadrados, el láser determinará la altura de ese punto con una precisión de 10 centímetros.
La principal aplicación es detectar zonas inundables, pero esta tecnología permite medir la altura de casi cada árbol y a partir de ella se puede calcular cuánto CO2 y cuánta madera almacena cada bosque.
José Carlos García, director de Dielmo, una de las empresas contratadas por el Instituto Geográfico Nacional, explica que "hasta ahora el mapa topográfico más preciso tenía una curva de nivel cada 10 metros". La tecnología Lidar (acrónimo de Laser Imaging Detection and Ranging) multiplica esa exactitud. "Con una precisión de 15 centímetros se sabrá la altura de cada punto", añade.
Un láser colocado en un avión va lanzando pulsos sobre el terreno. "El láser viaja a la velocidad de la luz y vuelve al punto de partida. En función de lo que tarde en regresar se puede conocer la altura del terreno", señala Diego Cuasante, director de Ingeniería y Medio Ambiente de la filial española de Blom, una empresa noruega. El avión vuela a unos 1.200 metros y barre el terreno. En función de la velocidad del vuelo puede lanzar hasta 15.000 pulsos por minuto. Si en alguna zona se quiere hacer un estudio aún más detallado se puede volar en helicóptero.
García señala que la principal aplicación es servir de base para "el plan de zonas inundables. Sirve para tener una buena precisión de las alturas del terreno y a partir de ahí, si se conocen los caudales que suelen tener los ríos, se puede ver la probabilidad de que se inunde el terreno". Pero las posibilidades son mucho mayores, como añade Cuasante. "En una zona boscosa, por ejemplo, parte del láser rebota en la copa de los árboles y parte sigue, así que también permite saber la altura de los árboles", señala Cuasante, que es ingeniero de Montes en la sede de la empresa en Madrid.
Por la pantalla del ordenador desfilan imágenes de una precisión asombrosa. Casi cada uno de los pinos piñoneros de un pinar de Córdoba aparece con un color distinto en función de su altura. Cuasante detalla que las posibilidades que abre el sistema son enormes.
Los inventarios forestales se hacen actualmente midiendo sobre el terreno. Se mide cuántos pies hay en una determinada zona y se estima a partir de ella cuántos hay en todo el bosque. "Con este sistema se acabó ir al campo, porque con un avión se puede conocer cuántos hay con precisión", repite Cuasante. A partir de esa imagen se puede deducir cuánta biomasa almacena una zona forestal, cuánto CO2, cuáles son las zonas más propensas para la propagación de un incendio...
José Carlos García muestra orgulloso cómo en su web ya se pueden consultar los resultados de 44.000 kilómetros cuadrados de Valencia (http://www.dielmo.com/Servidor_lidar_VALENCIA_IGN.php). Cada edificio de la ciudad aparece en la imagen con una altura y la herramienta permite ver el perfil entre dos puntos cualquiera. "En un congreso en Denver (EE UU), mostramos esta web y se quedaron muy sorprendidos", añade García.
La tecnología no es novedosa, pero los costes se han reducido tanto que ahora ya no es inviable medir toda España. El vuelo cuesta unos 14 euros por cada kilómetro cuadrado, con lo que por unos siete millones de euros se puede cubrir todo el país.
Este año estará prácticamente concluida toda la Península tras completar Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El Instituto Geográfico Nacional ha optado por hacer todos los vuelos de una vez y luego publicar los datos en sus distintas aplicaciones en vez de ir encargando estudios parciales.
Hasta ahora muchos departamentos encargaban distintos estudios sin coordinación. Sólo Andalucía, que no ha firmado el convenio con el ministerio, queda fuera de la cobertura (aunque sí se ha hecho algún ensayo, como el de Córdoba). La Junta andaluza tiene las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, así que el Gobierno espera que sea esa administración la que cartografíe sus zonas inundables.
* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: España, mapa topografico - campusvirtual.unex.es
Mil personas de 'Galiza non se vende' se manifiestan en Santiago contra la "privatización" del litoral y la especulación
20MINUTOS* : Unas 1.000 personas de la red de colectivos 'Galiza non se vende' se manifestaron hoy en Santiago por la defensa del territorio y contra la "privatización" del litoral, —unas 500 según fuentes de la Policía Local de Compostela—. Así lo explicó en declaraciones a Europa Press, el representante del Foro Social de Cangas, Santiago Pérez, quien señaló que la manifestación de hoy tuvo lugar para denunciar la destrucción de los sectores primarios y defender la soberanía alimentaria energética de Galicia.
En este sentido, denunció que la clase política gallega "está trabajando indiscriminadamente por los intereses de la grandes empresas y financieras", a lo que añadió que "los sectores primarios están siendo machacados totalmente por el sistema político".
En este sentido, lamentó la "destrucción" de la flota de bajura y la "destrucción de los valores" naturales. "Precisamente lo que nos metió en la crisis actual está siendo vendido todavía como receta", recalcó Pérez.
En la manifestación se encontraban representantes de más de 60 colectivos como Verdegaia, Payasos en Rebeldía, Amarante, SOS Courel o Amigos da Terra, así como de partidos políticos como Esquerda Unida-Izquierda Unida o miembros del Sindicato Labrego.
En declaraciones a Europa Press la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, Carmen Freire, criticó las "agresiones" que se están llevando a cabo en Galicia como la situación de la minería en A Terra Chá o la situación del plan acuícola que, a su juicio, "comprometen la situación de toda la gente que vive en Galicia". Asimismo, subrayó el apoyo a propuestas como 'Galiza non se vende' por su lucha para "vivir de los medios de producción propios".
Durante la manifestación se pudieron escuchar diversas críticas en clave de humor contra el "Bloque Socialista Popular"; así, se realizó una peculiar subasta en la que se podía adquirir la Catedral de Santiago "sin andamios", el conjunto de las Illas Atlánticas con puertos deportivos o un Audi presidencial blindado. Junto a esto, se pudieron ver reivindicaciones a favor del gallego con pancartas que rezaban "un museo para o galego" ("un museo para el gallego") o "en Galiza en esperanto".
Por otra parte, a las 17.00 horas de hoy tendrán lugar en la Sala Nasa de Santiago un concierto con motivo de esta reivindicación en la que participarán entre otros grupos O Sonoro Maxín, Sacha na Horta, Pandereteiras Bouba así como representantes de Payasos en Rebeldía.
"avaricia" política
En declaraciones a Europa Press uno de los representantes de esta red de colectivos, Suso Ríos, criticó el "exceso de avaricia" que está llevando a acabar con puestos de trabajo mediante "un proceso permanente de apropiación indebida de lo que es público para ponerlo al servicio de las grandes empresas".
La última gran manifestación de 'Galiza non se vende' tuvo lugar durante el Gobierno bipartito (PSdeG y BNG) y a la hora de analizar la actuación del actual Gobierno gallego en manos del Partido Popular, señaló que la "situación no es ni mejor ni peor" porque, a su juicio, "se están siguiendo las mismas políticas".
Asimismo, recalcó que este problema ocurre igual con todos los partidos, "que el PP es el diablo ya lo sabíamos", el problema, a su juicio, es que los demás "no han hecho nada por cambiarlo". NORMATIVA
Uno de los temas sobres los que se hizo hincapié fue el de la modificación de la Ley del Suelo, al que Santiago Pérez definió como "una carta blanca para el capitalismo más salvaje".
Asimismo, explicó que la actual polémica sobre la instalación de una planta acuícola en Cabo Touriñán es un "ejemplo más" del "déficit" de espacios protegidos. "Cada vez existe una explotación en menos manos", sentenció.
En esta línea, lamentó que Galicia pase de ser una zonas con más territorio protegido del Estado a contar con ataques a puntos concretos como O Courel, así como planes de acuicultura o puertos deportivos.
En este sentido, llamó la atención sobre la necesidad de unas Directrices de ordenación del territorio que "estén pensadas para el bien común y que no defiendan una serie de intereses concretos de empresas".
* 20 Minutos - e.p. - 23.03.10
Foto: Manifestaron contra la destrucción del territorio- PATRICIA SANTOS, elpais.com
El juez anula la primera de las 44 licencias de Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : La batalla judicial que el bipartito emprendió para poner freno al caos urbanístico de Barreiros, donde el alcalde Alfonso Puente Parga, del PP, otorgó permisos para construir 5.800 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, ya conoce la primera sentencia. El juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Lugo ha anulado la licencia concedida a la sociedad Promociones Nordes, SL, en julio de 2006 para levantar cuatro edificios y 173 pisos en el lugar de San Miguel de Reinante, dentro del municipio de la Mariña lucense, por "no ser conforme a derecho".
Dicha urbanización fue una de las 44 que motivaron una segunda denuncia, esta penal, que la fiscalía basó en un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adscrita a la Consellería de Territorio. En ella se acusa de prevaricación urbanística al regidor, a tres concejales y a la arquitecta municipal, Marta Geada, por amparar la mayoría de edificaciones pese a contar con el informe contrario de la secretaria municipal. Este segundo litigio se dirime en los juzgados de Mondoñedo después de que el ministerio público presentase denuncia el pasado 17 de diciembre.
Seis días antes, el 11 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo había dictado sentencia, la primera de una larga batería de recursos que la Xunta anterior interpuso contra los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Barreiros. El fallo supone a la vez un grave contratiempo para el Gobierno de Feijóo, que pretendía legalizar todas esas urbanizaciones con un coste para la Xunta de siete millones de euros.El convenio para legalizar las urbanizaciones ilegales de Barreiros llevará la firma del alcalde del municipio de A Mariña, la Diputación de Lugo y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Ese acuerdo permitiría dotar de servicios básicos (agua, luz y saneamiento) a las polémicas edificaciones, con una inversión global de 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría siete y los promotores inmobiliarios la otra mitad. La propuesta de convenio ha coincidido con el cese de Hipólito Pérez, anterior director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, instructora del expediente que motivó muchas de las denuncias.
Desde que se dio a conocer el acuerdo, el presidente de la Xunta repite que su Ejecutivo no está dispuesto a "amparar ilegalidades". El pasado jueves sin ir más lejos, Feijóo fue tajante tras la reunión semanal de Gobierno: "No vale todo en materia de urbanismo y mientras yo sea presidente de la Xunta los expedientes de disciplina urbanística seguirán tramitándose. No se puede construir en leiras sino en solares, y no se puede hacer lo que uno quiere sino lo que queremos todos a través de una ordenación y planificación urbanística".
El fallo que el juez de lo contencioso en Lugo emitió en diciembre no puede ser más tajante: en el momento en que concedió la licencia, el suelo donde el Ayuntamiento de Barreiros autorizó la construcción de los cuatro edificios "no tiene la condición de solar ni puede llegar a serlo si no es a través de un proceso de urbanización que supera la consideración de obras de pequeña entidad". Y continúa: "Debe recordarse que los solares cumplen entre otros unos requisitos, a saber: acceso por vía pública pavimentada, el agua abastecida que debe ser potable, la evacuación de aguas tendrá que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público deberán tener condiciones de caudal y potencia adecuada a los usos permitidos".
El fallo del juez, que cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, concluye: "La licencia impugnada no debió otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las construcciones de las viviendas hubiesen, previamente, asumido un proceso de urbanización para la dotación de los servicios urbanísticos a que se vino haciendo mención".
En los fundamentos de derecho alude al informe de la secretaria municipal de Barreiros que pidió, sin éxito, al alcalde Alfonso Fuente Parga la suspensión del permiso que iba amparar la edificación de 173 pisos en San Miguel de Reinante.
El pasado jueves, el presidente de la Xunta dio a entender que los tribunales se pondrían de parte del Gobierno municipal de Barreiros en los litigios que le enfrentan a la Xunta. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de Gobierno, Feijóo aseguró que, por la información que maneja, los jueces están dando la razón al alcalde de Barreiros. "De momento, por lo que yo sé, las sentencias las está ganando todas el Ayuntamiento de Barreiros", defendió el presidente. Hasta ahora ningún juzgado avaló las decisiones del regidor popular Alfonso Fuente Parga.
* ELPAIS.com - 22.03.10
Foto: Barreiros (Lugo) - lavozdegalicia.es
El urbanismo de Orpesa en los tribunales
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LEVANTE/Castelló* : Orpesa lleva más de dos décadas viviendo una convulsa planificación urbanística, como se desprende de las numerosas denuncias recibidas por los tribunales por esas irregularidades urbanísticas. Unas anomalías que pueden costarle caro al contribuyente local. El detonante fue el caso del edificio París y tras él siguieron los Sol d´Or y Bernat, cuya irrupción en primera línea de la playa de Morro de Gos conllevó acusaciones de irregularidades en los procesos de concesión de licencias y constructivos, dirimidos en los tribunales, con sentencias negativas para el consistorio.
La última, de 2007 refrendada en enero de 2010 obliga a demoler el Bernat y anula la modificación puntual del PGOU que en 2000 pretendía legalizar la construcción de estos bloques de apartamentos en la playa.
No son casos aislados, porque en el otro arenal, la Concha, el edificio Porto Mar también tiene una sentencia pendiente de ejecutar que ordena el derribo. Y en el entorno de Morro de Gos, se extiende la Albufera o lo que queda de ella, atravesada y partida por la avenida de Barcelona, que también registró denuncias jurídicas tanto en el proceso de construcción del vial sobre un humedal como por las desecaciones y aterramientos efectuados para poder construir en el interior de esa zona húmeda.
La sentencia del TSJ ordenando el derribo del Bernat, a la par que apercibía al alcalde, Rafael Albert (PP) de que debía pagar 1.000 euros semanales desde el 1 de febrero, si incumplía el fallo o no adjudicaba el plan de derribo, devolvió al primer lugar de la actualidad el modelo de urbanismo orpesino. El mismo que obligó a indemnizar con tres millones de pesetas para evitar el derribo del edificio Sol d´Or, idéntica solución aplicada en el caso del París -con sentencias condenatorias del Supremo-.
En los tres casos, el consistorio intentó adaptar la ilegalidad a la legalidad, mediante la modificación puntual del PGOU en la zona noroeste. Sin éxito, puesto que el TSJ y el Supremo anularon la medida, que había sido aprobada también por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput).
Deficiencias por todo el término
Las huellas de las anomalías del urbanismo orpesino se reparten por todo el término. Así, las urbanizaciones de Torre Bellver, Tossal Natural, la Renegà, o Els Quarts tienen pendiente de normalizar deficiencias urbanísticas. En el caso de los dos primeros, se reduce el ámbito de protección de dos BIC, las torres Colomera y Corda para urbanizar. Para ello se reduce esa zona acotada, atendiendo a los intereses de las empresas constructoras que impulsan un hotel y una urbanización, respectivamente, ante el mar.
Son algunas, que no todas, de las muestras de un urbanismo atípico, como apuntan los expertos, y confirman las sentencias judiciales que pueden llevar al municipio «a una quiebra, si tenemos que indemnizar», apunta el edil del Bloc, Josep Lluís Romero. El mismo que recuerda que en múltiples ocasiones alertó a los gobernantes de los problemas que derivarían de sus votos en las actuaciones urbanísticas ahora cuestionadas por la justicia.
* Levante-EMV - 22.03.10
Foto: Orpesa (Castelló), playa de Morro de Gos - mma.es
Galicia: Adega afirma que la Lei do Solo supondrá más especulación
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FARODEVIGO* : La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) ha asegurado hoy que la reforma de la Ley del Suelo que saldrá adelante la próxima semana en el Parlamento gallego supone "más especulación, impunidad y desastre ambiental". Según apunta esta organización en un comunicado, la Xunta persiste en los "errores" e "infla de nuevo la burbuja inmobiliaria a base de suelo rústico, más desprotección y discrecionalidad".
Adega argumenta que incrementar las oportunidades para la especulación urbanística y dar mayor cobertura a la discrecionalidad no es lo que Galicia precisa.
Además, según este colectivo, "no es el modo ni el momento" para la modificación de esta ley, ya que, a su juicio, "no hay razones que justifiquen la urgencia y la prepotencia de su imposición".
Adega sostiene que "lo verdaderamente urgente" es la elaboración de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que sirvan de base para el desarrollo de los Planes Sectoriales y de Ordenación, así como para cualquier modificación de la Ley del Suelo.
También considera Adega que esta reforma no es un "buen precedente" para el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
La asociación ecologista compromete su apoyo para el desarrollo de unas nuevas DOT y se declara en contra de quedarse "callada" y de ser "cómplice" de la "involución territorial" que se pretende perpetrar con la modificación de la Ley del Suelo, "un de los mayores atentados cometidos nunca contra la esencia misma de Galicia".
* Faro de Vigo - EFE - 21.03.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
El modelo inmobiliario español y sus consecuencias
J.M.NAREDO* : El contexto general en el que se inserta este Coloquio viene marcado por el pasado boom inmobiliario, que alcanzó en España una intensidad y duración sin precedentes, originando una crisis económica también sin precedentes. Y junto con este boom también culminó y entró en crisis el modelo inmobiliario que lo había propiciado. Pues este modelo acentuó el comportamiento cíclico de la actividad inmobiliario-constructiva, haciendo que las burbujas inmobiliarias condicionaran la marcha de la economía española con mucha más intensidad que en los otros países europeos. El creciente peso del negocio inmobiliario y de la construcción de viviendas e infraestructuras, colaboradora necesaria de ese negocio, corrió en paralelo con el desmantelamiento industrial y agrario observado tras la adhesión de España a la UE.
La construcción se erigió, así, en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se elevaba bien por encima de la media europea, pese a que en España se contara ya con más viviendas y kilómetros de autopista per capita que en los otros países de la UE. Y, finalmente, la sobredimensión de la actividad inmobiliario-constructiva hizo que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fuera mucho más traumático en España que en otros países europeos. Pues la financiación de un stock de viviendas tan sobredimensionado, exigió tasas de endeudamiento de los hogares y las empresas del sector muy superiores a las de los países de nuestro entorno. El “efecto riqueza” derivado de las plusvalías inmobiliarias y la pujante actividad constructiva, acentuaron la euforia consumista y el déficit exterior de la economía española. Si a esto se añade el notable déficit y endeudamiento público ocasionado por las políticas “anti-cíclicas”, tenemos que la economía española sufre desequilibrios sin precedentes cuyo saneamiento le exige ahora la disciplina del euro.
- Marco conceptual
La especie humana es la única a la que no le bastan los instintos para orientar su comportamiento, sino que tiene que acudir a esquemas simbólicos o culturales que den sentido y otorguen racionalidad a lo que hace. Y entre las creaciones de la mente humana que hoy gobiernan nuestra existencia destaca cada vez más la idea usual de lo económico (Naredo, J.M., 2003), con la convención social del dinero que le da vida y sus afanes de crecimiento permanente, con evidente incidencia en el territorio, el urbanismo y la construcción. La globalización económica, al proyectar sobre el patrimonio inmobiliario su reduccionismo monetario, tiende a unificar también, sin decirlo, los modelos de orden territorial, urbano y constructivo.
Desde hace tiempo vengo señalando que las reglas del juego económico habitual, guiado por la brújula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos específicos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que se lo impidan. Cuando estas barreras se diluyen dejando que el afán de lucro ordene y construya a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fenómenos solidarios. En primer lugar, tienden a desatarse patologías de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos de urbanización y sus servidumbres territoriales a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta disponible. En segundo lugar estos procesos se ajustan implícitamente a los siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo: 1º) se impone un modelo territorial que polariza el espacio en núcleos atractores de población, capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres; 2º) se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban sprawl) que separa y expande por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes infraestructuras de transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento; y 3º) se impone como único modelo constructivo un estilo universal, que separa las partes del edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar después la cubierta, el cerramiento, …y la climatización, haciendo abstracción de las condiciones y los materiales del entorno.
La expansión urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a los que demandaba la arquitectura vernácula y la ciudad clásica o histórica, que inducen a considerar a la especie humana como una especie de patología terrestre. Hern, W.M. (1990), médico de profesión, apreció una fuerte analogía entre la evolución del melanoma y la patológica incidencia de la especie humana sobre el territorio. Este autor enumeró las siguientes características de los procesos cancerígenos: 1- Crecimiento rápido e incontrolado. 2- Indiferenciación de las células malignas. 3- Metástasis en diferentes lugares. 4- Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes. A mi juicio, existe un paralelismo todavía más marcado que el indicado por este autor entre las características mencionadas y el modelo territorial, urbano y constructivo que se deriva de las reglas del juego económico dominantes (Naredo, J.M. 2005 y Naredo, J.M. y Gutiérrez, L. (Eds.), 2005).
El “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización opera al verse movido por afanes de posesión y lucro ilimitados. La “indiferenciación de las células malignas” ofrece clara similitud con el predominio de un único modelo constructivo: el que hemos denominado “estilo universal”, que dota a los edificios de un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a la arquitectura vernácula, que construía los edificios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones del entorno y utilizando los materiales de éste (Naredo, J.M., 2005). A la vez que la aparición de “metástasis en diferentes lugares” encaja como anillo al dedo con la naturaleza del nuevo modelo de urbanización: el de la “conurbación1 difusa”, que separa además las distintas funciones de la ciudad, por contraposición a la “ciudad clásica” o “histórica”, más compacta y diversa. Pero aquí ya no son los canales linfáticos del organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis, sino el viario y las redes que el propio sistema construye a propósito, para posibilitar su difusión hasta los lugares más recónditos.
En lo que concierne a la “invasión y destrucción de los tejidos adyacentes”, las tendencias indicadas no ayudan a mejorar los asentamientos y edificios anteriores, sino que, en ausencia de frenos institucionales que lo impidan, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas los nuevos e indiferenciados modelos urbano-constructivos. Además, las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios próximos, a la vez que las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo de urbanización extienden la “huella” de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.
El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio, que acentúan las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evolución simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos. Los procesos indicados están produciendo un cambio de fase (Margalef, R., 2004) en el modelo territorial que denota la extensión de la dolencia descrita en las zonas más densamente pobladas: se está pasando de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida con algunos islotes urbanos, hacia un mar metropolitano con enclaves de campo o naturaleza cuyo deterioro se trata, en ocasiones, de proteger de la patología en curso.
* José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable.
www. sinpermiso.info
* Rebelión - sinpermiso.info - 7.03.10
NOTA: El artículo entero, muy interesante, se ha incluido en la Biblioteca Digital del menú de este blog.
Más de 4.000 personas tomaron Palma para manifestarse contra la corrupción
DIARIODEMALLORCA* : Más de 4.000 personas se concentraron ayer en la plaza de España y recorrieron las principales calles de Palma para manifestarse contra los numerosos casos de corrupción que están azotando a la política balear. La Plataforma contra la Corrupció i la Dignificació de la Democràcia, formada per unas cien entidades ciudadanas, sindicatos y asociaciones ecologistas, fue la organizadora del acto que culminó con la lectura de un manifiesto en la plaza de Cort.
Desde la organización hablaron de cerca de 8.000 personas, pero la Policía creía que no superaban las 4.000.
A lo largo del recorrido, desde la plaza España, pasando por las calles Olmos, Sant Miquel y la plaza Mayor, se escucharon numerosos cánticos contra la corrupción política. El más unánime fue el de "ladrones y corruptos a la cárcel". También hubo gritos exigiendo la devolución de los dineros malversados en las diferentes tramas destapadas por la justicia.
Los manifestantes portaron numerosas pancartas, todas ellas alusivas a los casos como Maquillaje, Palma Arena, Andratx, Can Domenge y el Scala, entre otros. La mayoría de pancartas llevaban los logotipos del PP y de UM. Desde la organización obviaron nombrar a ningún partido político, lo que sí dijeron era que "todo el mundo ya sabe quienes son".
Contra la Corrupción: Participación Ciudadana fue el título del manifiesto donde los convocantes exigieron una "profunda regeneración de la clase política balear y que se dignifiquen y protejan nuestras instituciones de corruptos y corruptores". Asimismo abogaron por "acabar con las políticas que utilizan el poder para imponer intereses privados frente a intereses colectivos y no defienden ni el territorio ni la cultura".
Durante toda la marcha de protesta, tambores y cornetas acompañaron a los manifestantes y amenizaron el recorrido. Mucha gente se sumó a la cadena humana llenando por competo la plaza de Cort y las calles contiguas.
La manifestación se desarrolló sin incidentes. Los únicos momentos de tensión se produjeron en la plaza de España cuando los integrantes del Círculo Balear, entidad que al final no se adhirió a la protesta contra la corrupción organizada por la Plataforma, fueron silbados por los manifestantes al desplegar unas grandes pancartas desde un edificio. En las pancartas se podía leer el nombre de Círculo Balear y llevaban sujetas la bandera española y la mallorquina.
Entre los políticos que participaron en la manifestación cabe destacar al portavoz del Bloc en el Parlament, Gabriel Barceló; el diputado por esta misma formación, Miquel Àngel Llauger; y la consellera de Asuntos Sociales, Josefina Santiago. Por parte del PSOE se pudo ver al también diputado Miquel Àngel Coll.
ANECDOTARIO
· Un paso de Semana Santa se sumó a la manifestación– Pocos minutos antes de arrancar la manifestación, en plena plaza de España, apareció un paso de Semana Santa con sus correspondientes costaleros. La gente pensó que también se sumaban al acto reivindicativo, pero al percatarse los costaleros cambiaron de ruta.
· El Círculo Balear irrumpió y saludó en la plaza España– Desde un edificio de la plaza España se desplegaron las dos grandes pancartas del Círculo Balear construidas de forma vertical. En los balcones se pudo ver a sus dirigentes saludando a la gente de la calle, mientras se escuchó una sonora pitada de los manifestantes.
· Aclaraciones y gritos de "racistas"– Durante los Parlamentos, el portavoz de la Plataforma, Tomàs Balaguer, lanzó una proclama contra "los que vienen de fuera y nos roban el dinero". Esta proclama no sentó muy bien a algunos de los presentes y lanzaron gripos de "racistas". Acto seguido Balaguer aclaró el entuerto explicando que el acto era para revindicar el cese de la corrupción, tanto de los de fuera como de los políticos de aquí.
· Pancarta con la cara de Matas– Una de las pancartas era con la cara de Matas en situación comprometida y que lo culpaba de todos los desmanes de corrupción acaecidos en las islas. Evidentemente otras se acordaron de Munar, pero sin reproducir su rostro.
* Diario de Mallorca - 21.03.10
Foto: Imagen de la pancarta que encabezó la manifestación entrando en la plaza de Cort. - Miquel Massutí, diariodemallorca.es.jpg
