Galicia: El área rural tiene 90.000 viviendas vacías, la cifra más alta de Europa

LAVOZDEGALICIA* : El desequilibrio entre la Galicia costera y la interior, un mal endémico diagnosticado ya hace tiempo, sigue arrojando cifras desalentadoras. Y ha dejado a esta comunidad dividida. Una pequeña porción de tierra que sigue la estela del mar, que está más desarrollada y poblada, vive algo separada del resto, como si fuera la tira alargada de una monda de naranja.

Un estudio de la Escola de Arquitectura y de la Facultade de Informática de A Coruña, que encargó la Consellería de Vivenda en la etapa del bipartito, revela que los municipios del medio rural gallego tienen 90.000 viviendas vacías, lo que supone el parque más alto de Europa. El trabajo fue solicitado por Teresa Táboas, ex conselleira y actual diputada del BNG, para conocer la realidad gallega y trazar una política encaminada a incentivar la rehabilitación. Plácido Lizancos, profesor de Arquitectura y uno de los responsables del informe, precisa que «o que máis sorprende das conclusións e que hai zonas onde as vivendas deshabitadas correspóndense con pisos novos»

Aunque el grueso de inmuebles vacíos son casas unifamiliares -típicas de labranza-, en los municipios rurales se han desarrollado promociones inmobiliarias que han tenido escaso éxito. «Por eso nós criticamos na nova normativa do solo que se abra a vía de levantar novas construcións no medio rural cando o que fai falla é unha intensa política de rehabilitación», argumenta la ex conselleira de Vivenda Teresa Táboas.

«Un deserto»

No hace mucho tiempo, el alcalde de Lalín y ex presidente de la Fegamp, el popular Xosé Crespo, ironizó sobre la acelerada desertización de la zona rural y llegó a afirmar que «a este paso moitos concellos so quedarían para ir de safari».

Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la comunidad gallega tiene ya 1.338 núcleos de población sin habitante alguno. Y que en un solo año 77 aldeas se han quedado sin habitantes, y que 8.070 tienen menos de diez vecinos. Ortigueira, uno de los municipios más extensos de A Coruña, lidera el ránking de aldeas abandonadas. Y el número de casas vacías es especialmente significativo en otros concellos coruñeses, como As Somozas y Carballo. En Lugo, municipios como Friol o Muras tienen también muchas aldeas fantasma. El informe elaborado por la Escola de Arquitectura y por la Facultade de Informática da cuenta de otros datos que subrayan la dispersión poblacional de la comunidad gallega: casi el 50% de los núcleos de población de España se encuentran en Galicia y el 72% de ellos tienen menos de diez casas.

En esta autonomía hay ya muchos concellos que tienen más casas que habitantes y, desde el año 1970, el 70% de los municipios perdieron más de la mitad de su población. El envejecimiento poblacional y, sobre todo, la crisis de la actividad agroganadera explican el vertiginoso proceso de desertización del medio rural. El declive del sector lácteo está arrastrando a toda la cadena de valor en los pueblos. «Se as explotacións non gañan cartos os veterinarios non teñen traballo, as empresas de produtos agrícolas tampouco e reséntense todos os negocios da vila; os comerciantes, os bares... Non só está en crise o sector lácteo senón todo o campo galego», recuerda Roberto García, secretario xeral del sindicato Unións Agrarias.




* La Voz de Galicia - 14.03.10
Foto: Galicia, construcciones abandonadas en los ríos - lavozdegalicia.es

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Costas veta una serie en TVE sobre la destrucción del litoral

ELPAÍS/Madrid* : El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo en el que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral.

El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: "Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia".

La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente, el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares un locutor narra: "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?".

Más adelante añade: "Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar". Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo "en el desarrollo económico a toda costa".

En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como "un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable"- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide "una aplicación más estricta" de la norma y ha calificado en público de "pintoresca" la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.

La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.

"La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad", explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.

El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: "Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control".

Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella... Losada justifica su resistencia: "Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla".

Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa "solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística". Y justificó: "En opinión del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa".

Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: "Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa".

Medio Ambiente considera que "no ha vetado ni censurado ningún capítulo" de esta producción y argumenta que "una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas". "El ministerio y TVE", concluye, "están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés".

Miguel Ángel Losada admite que la serie "muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución". "Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios".

En el caso subyacen las diferencias entre la gestión del actual equipo y el de Narbona, mucho más beligerante en público contra los abusos urbanísticos en el litoral. Hay varios ejemplos del cambio, que fuentes del sector justifican por la crisis económica, la presión de países europeos contra las expropiaciones y por el miedo a perder votos. En diciembre de 2008, el ministerio envió al Congreso una reforma legal que suavizaba la Ley de Costas para permitir vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. La reforma sigue encallada en la Cámara. La Estrategia de Sostenibilidad del Litoral de la pasada legislatura, que contemplaba derribos masivos para recuperar el dominio público, sigue en un cajón. El subdelegado del Gobierno en Almería revocó la decisión del Consejo de Ministros de expropiar El Algarrobico, algo que Greenpeace ha llevado a los tribunales, ya que considera que un subdelegado no tiene competencias para corregir una decisión del Consejo de Ministros.

EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO

-A MEDIAS. La serie Las riberas del mar océano nace del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aportaba 1.292.874 euros, y TVE el 12 de diciembre de 2006. Cada capítulo abre con los logotipos del ministerio y de TVE.

-LA CORRUPCIÓN. Incluye dos minutos de imágenes del Telediario sobre escándalos urbanísticos: Marbella, Andratx, Gondomar, Telde... El Gobierno exige eliminarlas; no considera que la corrupción sea la causa del desorden en el litoral.

- EXCESOS. El documental muestra imágenes aéreas de La Manga del Mar Menor y se pregunta por qué debe el Estado financiar la defensa frente a los temporales y señala casos como Marina D'Or o El Algarrobico.

- DERRIBOS. El equipo filmó derribos en el litoral en los dos años que duró el trabajo. La serie plantea que poblados situados en primera línea de costa -Chilches y Moncófar, en Castellón, por ejemplo- sean trasladados al interior.

-EL GUIONISTA. Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas en Granada, ha sido el responsable del guión y aparece en el documental. Se niega a eliminar las referencias a la corrupción: "Desgraciadamente, es parte de nuestra historia".

-EQUIPO ANTERIOR. Los agradecimientos comienzan por la anterior cúpula del ministerio en Costas: la ministra Cristina Narbona; el secretario general, Antonio Serrano, y el director, José Fernández. No figura el actual equipo.



* ELPAIS.com - 15.03.10
Foto: Imágenes aéreas de los excesos urbanísticos del Mar Menor (Murcia) - elpais.com

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La Fiscalía de Madrid devuelve a Cataluña tres casos del ex alcalde Ros porque los desmarca de Pretoria

EPA/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha devuelto a la Fiscalía de Barcelona tres casos de supuestos "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) que implican al ex alcalde Víctor Ros, al no apreciar que tengan relación directa con la trama de corrupción investigada en la "operación Pretoria".

Esos presuntos pelotazos urbanísticos llegaron a manos del ministerio público a raíz de tres denuncias, dos de las cuales se dirigen contra el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, imputado en la trama de "Pretoria", mientras la tercera implica en una trama de corrupción a Albert Carbó, director de oficina bancaria y hermano de Genís Carbó, otro de los imputados.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscalía de Barcelona está estudiando ahora las denuncias por esas irregularidades urbanísticas, para decidir si abre diligencias contra los implicados, entre los cuales figura el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros, del PP.

Una de las denuncias acusaba a Ros de haber beneficiado supuestamente a dos primos suyos mediante una recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector de Sant Andreu de Llavaneres -la zona de La Riera- en el nuevo planteamiento urbanístico del municipio.

La otra denuncia contra Ros estaba relacionada con un convenio urbanístico supuestamente irregular vinculado a la compra del edificio modernista "La Bodega" de Sant Andreu de Llavaneres que el consistorio firmó con la sociedad Cortijosa, empresa que comparte administradores con una de las sociedades investigadas en la operación "Pretoria".

Esa denuncia fue enviada por el grupo municipal Sos Llavaneres en el año 2007, aunque fue archivada, pero sus impulsores volvieron a presentarla el pasado 2 de noviembre al hallar nuevos indicios que la relacionaban con Luis García, cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón.

La tercera de las denuncias que ahora ha vuelto a manos de la Fiscalía de Barcelona pide que se investigue a Albert Carbó, director de una sucursal bancaria de Caixa Laietana y en la que presuntamente tiene una cuenta corriente el imputado Luis García.

La denuncia mantiene que algunas de las operaciones urbanísticas de la operación "Pretoria" se financiaron mediante ventajosos créditos concedidos por esa oficina bancaria.

Genís Carbó fue imputado por el juez Garzón por el cobro de 244.000 euros de la empresa Niesma, propiedad del presunto máximo responsable de la trama de corrupción, Luis García, "Luigi", en una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).



* European Pressphoto Agency - EFE - 14.03.10
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es

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Málaga: Arranca hoy ´Ballena Blanca´, la primera macrocausa de la Costa

LAOPINIÓN*: Hoy arranca en la Audiencia Provincial el juicio de ´Ballena Blanca´, la primera macrocausa que estalló en la Costa del Sol en marzo de 2005 con la detención de casi medio centenar de personas, entre ellas la del prestigioso abogado Fernando del Valle, por una amplísima trama de ´lavado´ de dinero procedente de actividades delictivas.

Finalmente, se sentarán 21 personas en el banquillo de los acusados para las que el fiscal pide un total de 65 años de cárcel y más de 86 millones de euros en multas.
El juicio se celebrará de lunes a miércoles y se prolongará durante unos seis meses. Será enjuiciado por la Sección II, con su presidente, Federico Morales, a la cabeza.
Hoy no sólo se jugarán su futuro los 21 acusados de la trama, sino que también estarán en tela de juicio la instrucción del juez Miguel Ángel Torres y el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia, cuyo primer gran caso fue sin duda éste. Y es que ´Ballena Blanca´ es el hermano mayor de las macrocausas que luego han venido y de la innovadora forma de investigar: el hecho de comparar el patrimonio de los imputados con los ingresos legales declarados, para averiguar el desfase y pedir una explicación sobre el mismo.
En ´Malaya´, ´Troya´, ´Hidalgo´, ´Astapa´ o ´Arcos´ también se hizo así, con la recompensa de la desarticulación de importantes tramas delictivas especializadas en la corrupción política y urbanística o en el ´lavado´ de dinero negro a gran escala. Una sentencia condenatoria significará la bendición judicial al trabajo realizado desde principios de la década por los fiscales Anticorrupción, las unidades especializadas de la policía (Udyco) y el propio juez Torres.
El interés mediático es tal que se han acreditado 176 personas para seguir el juicio entre redactores, fotógrafos, cámaras y productores. En total, son 25 medios locales, regionales y nacionales los que estarán presentes.
En concreto, Juan Carlos López Caballero acusa a los 21 procesados de 41 delitos de blanqueo de capitales, 141 de falsedad documental, tres contra la Hacienda Pública y dos contra la Administración de Justicia.
El fiscal considera que Fernando del Valle formaba, junto con otros dos notarios también encausados, la cúpula de la organización de blanqueo y pide para él 15 años de cárcel y 36 millones de euros de multa. Sin la aportación de estos tres encausados, según el acusador, hubiera sido imposible tejer semejante maraña de sociedades con las que encubrían la identidad de sus clientes, la mayoría pertenecientes a mafias internacionales. Para desviar el dinero, se crearon más de medio millar de sociedades ´pantalla´ y fueron blanqueados supuestamente 150 millones de euros. Del Valle, explica López Caballero, conocía el origen delictivo del líquido que después ayudaba supuestamente a ocultar.




* La Opinión Málaga - 15.03.10
Foto: Málaga, ciudad de la Justicia - elpais.com

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Cartagena: Marcha contra la Urbanización de Cala Reona

LAOPINIÓN/Murcia* : Más de un millar de personas recorrieron esta mañana el camino comprendido entre la entrada a Cabo de Palos y Cala Reona, para protestar por el proyecto urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Cartagena, una marcha convocada por ANSE y ANECA, según informaron fuentes de la organización ecologista en un comunicado.

De este modo, los convocantes leyeron en la playa un manifiesto en el que se informaba de que el Ayuntamiento de Cartagena aprobó esta semana la recalificación de suelos en una superficie de 60 hectáreas de Cala Reona y su entorno. "Justifican la decisión en que nuestro municipio tiene buena parte de su costa protegida y tiene derecho a urbanizar este pequeño pedazo de litoral para seguir apostando por el turismo", indicaron.

"Este argumento, mirando los efectos que sobre el paisaje costero han tenido las urbanizaciones que trepan por las laderas de los acantilados asomándose al Mediterráneo o al Mar Menor, o la destrucción de la mayor parte de La Manga por la avaricia urbanística, con miles de viviendas vacías todo el año y centenares de ellas en venta, no justifica la urbanización", defendieron desde ANSE.

Asimismo, en el manifiesto se afirmó que "nuestros gobernantes presumen que la protección de nuestra costa montañosa o algunos enclaves del Mar Menor se debe a ellos, y quieren que olvidemos que fueron ellos mismos los que, no solo en la década de los 80 con el primer intento de urbanizar Calblanque, sino hace tan solo unos pocos años, impulsaron la desprotección de parte de Calblanque para facilitar su desarrollo urbanístico junto a la bahía de Portmán".

Por otro lado, acordaron decirle a la alcaldesa de Cartagena y a su gobierno municipal "que los que nos oponemos a la urbanización de Cala Reona no estamos en contra del turismo. A nosotros también nos gusta viajar y conocer otros pueblos, paisajes y culturas, y bañarnos en playas como Cala Reona. Y porque nos gusta el turismo, y lo consideramos un elemento más para el desarrollo económico de los pueblos, pensamos que la destrucción que del desarrollo urbanístico no debe llegar a la puerta de Calblanque".

Y es que, según afirmaron, "la necesidad de proteger Cala Reona contra su urbanización es, sobre todo, una cuestión de sentido común, una necesidad en un litoral mediterráneo demasiado maltratado por los humanos, una apuesta por un modelo de desarrollo que hace de la conservación de sus paisajes un atractivo turístico que genera economía, que mantiene y aumenta la calidad de vida de las personas que viven aquí e incluso de los que compraron una vivienda en sus proximidades, una deuda de respeto hacia la naturaleza y sus habitantes".





* La Opinión Murcia - 14.03.10
Foto: Marcha contra la Urbanización de Cala Reona - JAVIER CONESA, laopiniondemurcia.es

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Verdemar afirma que POT del Campo de Gibraltar "pasa por alto" unas "5.000 viviendas e infracciones urbanísticas"

20MINUTOS/Cádiz* : Verdemar-Ecologistas en Acción calificó hoy de "vergonzoso" el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar, que actualmente se encuentra en fase de estudio y que, entre otras cuestiones, "pasa por alto unas 5.000 viviendas e infracciones urbanísticas".

El portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, explicó a Europa Press que han presentado numerosas alegaciones y propuestas al POT ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, algunas de ellas en coordinación con el colectivo ornitológico Cigüeña Negra y Agaden.

Según dijo, "más que ordenar el territorio", el POT del Campo de Gibraltar lo que viene a hacer es "poner la especulación urbanística en manos de los ayuntamientos", ya que "sigue apostando por un modelo urbanístico especulativo" y un modelo de desarrollo "propio de los años 60".

En este sentido, aludió a "trampas" en el informe del POT con zonas estratégicas entre las que citó Borondo, Guadalmesí o Los Lances en Tarifa. Asimismo, criticó que "se sigue apostando por crecimientos industriales que delimitan con zonas verdes" o con núcleos de población, como ocurre en San Roque.

Además, rechazó que se "insista" en "urbanizar y especular al lado del río Guadiaro o en la playa de Guadalquitón", a la que se refirió como "el último reducto de alcornocal mediterráneo que queda". Del mismo modo, criticó que el POT tampoco contempla, por ejemplo, la protección del Corredor Verde Guadiaro-Guadalquitón-Los Alcornocales.

Entre otras cuestiones, hizo referencia a la "pérdida de más de 500 hectáreas de playa" en la Bahía de Algeciras como consecuencia de la erosión antrópica y, en alusión a los ríos Palmones y Guadarranque, criticó la "insistencia en rellenar sus cauces", lo que "está provocando numerosas inundaciones en zonas en las que no se daban cuando hay lluvias torrenciales".

En opinión del colectivo ecologista, el POT también está "asfixiando" zonas verdes de alto valor ecológico, como sería el caso del Pinar del Rey o la Vega del Fresno, "sin tener en cuenta su valor medioambiental".

Por último, censuró especialmente que el Plan de Ordenación del Territorio "obvia, ignora y pasa por alto" la existencia de "unas 5.000 infracciones urbanísticas y viviendas ilegales" de la comarca campogibraltareña. Algo por lo que Verdemar ya ha presentado varias denuncias ante diferentes juzgados y que advirtió que "no están dispuestos a consentir".




* 20 Minutos - E.P. - 14.03.10
Foto: Gibraltar bahía - Ben30, Flickr

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Barreiros, la burbuja reventada

ELPAÍS/Lugo* : Los promotores más intrépidos de Barreiros se han ido a levantar apartamentos de lujo a Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Alguno hasta construye en la "parte buena" de Miami, donde el metro cuadrado de vivienda no cuesta 3.000 euros, como costaba en el municipio de A Mariña, sino "entre 30.000 y 50.000 dólares".

Una tierra, Miami, en la que "reina el espíritu libre y es el mercado el que impone sus reglas", no donde la Administración corta las alas al cemento próspero y galopante que pretende extenderse en fila por la carretera. Un par de constructores de Barreiros incluso han empezado a desembarcar en Angola, donde "hay dinero y diamantes pero está todo por hacer".

No obstante, entre los 40 empresarios con obras paralizadas desde hace tres años por la Xunta en este ayuntamiento, también se cuentan cinco "escapados". Constructores que quebraron y desaparecieron dejando sus deudas como prueba de que existieron. Y otros cinco que hoy por hoy están en suspensión de pagos y el banco ya les ha anunciado que no espera más. Les queda, como mucho, un mes de plazo para arreglar su situación.

Pero en un mes, el convenio entre Ayuntamiento y Xunta que legalizará con 14 millones de euros las promociones declaradas proscritas entrará probablemente en vigor y la actividad volverá a las obras. Se trata de edificios en todas sus fases de construcción, algunos de ellos nada más que en esqueleto y otros acabados, pero todos ellos vendidos. De las 5.800 viviendas para las que antes de 2007 concedió licencias con desparpajo el Ayuntamiento del PP, 2.500 llegaron a materializarse. Sobre las otras, pesa la más neblinosa incertidumbre.

El pueblo ha cerrado filas con su alcalde, Alfonso Fuente Parga, y la conselleira de Política Territorial en tiempos de Touriño, María José Caride, es aquí persona non grata. No es fácil encontrar, no siendo entre la oposición, vecinos que no expliquen la paralización de licencias llevada a cabo por la Xunta el 9 de noviembre de 2006 como una "cuestión política", un castigo ejemplarizante, para toda Galicia, de una conselleira socialista a un alcalde popular.

"En Galicia hay 305 ayuntamientos sin plan general adaptado a la ley, ¿por qué tuvieron que meterse justo con el nuestro?", repite el alcalde, y como él unos y otros a lo largo de las parroquias con urbanizaciones hibernando, San Cosme, San Pedro, Santiago y San Miguel. "Caride es una sinvergüenza", afirma el que en los buenos tiempos era presidente de los promotores del municipio, Manuel Villamarín, que tiene paralizados 300 pisos en construcción y es el único oriundo de Barreiros. "La invitamos a venir y nunca vino. No tiene ni idea de lo que hay. Quiso atropellar al alcalde y arrolló a los constructores, gallegos y de toda España, a los cinco restaurantes y a un montón de negocios que tuvieron que cerrar. Se cargó 5.000 puestos de trabajo directos, y ha dejado a un montón de propietarios sin poder entrar en sus casas".

A Barreiros llegó la crisis del ladrillo un año antes que al resto del país, fue como un laboratorio de ensayo donde la burbuja inmobiliaria, en vez de explotar por su propia hinchazón, fue, en opinión de los empresarios, reventada a mano. Más que con alfiler, con los pulgares. Como una ampolla.

Barreiros (3.300 vecinos) lo tenía todo para transformarse en un concurrido destino turístico. Bosques, sendas fluviales, casas de indianos, museo de arte, ocho playas unidas por un paseo de ocho kilómetros que lo convertían en el municipio (tras Sanxenxo) con más banderas azules de Galicia, y una fuerte demanda de segundas residencias. Hace cuatro o cinco años, muchos vecinos con terrenos al borde de la N-634, considerados por el alcalde (según su interpretación de las normas subsidiarias) suelo urbano consolidado, se apresuraron a venderlos, o mismo a pedir licencias de edificación para luego vender a mayor precio. Sabían que, en Barreiros, lograrían el visto bueno para levantar largos bloques de 80 viviendas, distribuidas en planta baja, dos alturas y ático bajo cubierta. Edificios que se llenarían alegremente de madrileños (un 60%) y vascos, también de asturianos y cántabros, encantados de pagar la mitad por un apartamento que al otro lado del Eo.

En tiempo récord, cuando en Barreiros ya olía a inminente intervención de la Xunta, se tramitaron muchos permisos. Y cuando la consellería paralizó las licencias ya se habían vendido sobre plano cerca de la mitad de los futuros pisos de un municipio dispuesto a crecer en travesía.

Ahí empezó la cadena infinita de contenciosos. Los propietarios, contra las promotoras. Las promotoras, contra el Ayuntamiento. El alcalde cuenta que hace una semana hicieron números y de momento, en pleitos, el consistorio se ha gastado 200.000 euros en los tres años en los que desaparecieron los ingresos por licencias de edificación, que "eran la base" de la economía municipal. "Sin licencias, y como además tampoco nos han dejado terminar las obras para cobrar la primera ocupación, el IBI y las tasas municipales de agua y basura, no hay dinero para arreglar los caminos o para llevar la ayuda a domicilio. Por lo menos que hubiesen esperado un año para rematar las casas", se duele el regidor.

Hasta los pocos constructores que sí pudieron seguir edificando, porque la calificación de sus terrenos no cambió con las normas provisionales que aprobó la Xunta, defienden, sin querer que se publique su nombre, que "los informes de los técnicos en los que se basó la intervención estaban hechos a mala fe y con mentiras flagrantes".

"El daño fue una bomba", explica el encargado de una obra en marcha en San Miguel de Reinante, con mano de obra paquistaní, 365 viviendas casi rematadas y pista de pádel junto al hórreo en ruinas. "Porque la incertidumbre jurídica hace que muchos prefieran comprar en otro sitio". Desde hace tres años, "en verano", la carretera de las urbanizaciones crionizadas se puebla de anuncios del tipo "vente a Sanxenxo", o "vive Fisterra". Y parte de la demanda, efectivamente, se ha ido a esos lugares. "Desde luego, ahora, con el desbloqueo, ya no se van a vender más que pisos llave en mano, y así a los promotores les va a costar encontrar financiación", porque los bancos ya no fían, comenta el mismo encargado. "Pero la gente, antes de renegar de Barreiros, debería saber que, aquí, el agua del mar está a cinco grados más que esos sitios".




* ELPAIS.com - 14.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), costa - mma.es

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Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona

LEVANTE/Valencia* : Tras décadas de permisividad urbanística, en los noventa la Universitat de València contabilizó en el Camp de Túria y Los Serranos unas 28.415 viviendas ilegales. La mayoría de municipios ha optado por obligar a los vecinos a urbanizar estos núcleos residenciales para intentar solucionar la falta de dotaciones.

Desde la década de los sesenta -mucho antes del primer PAI y de la primera denuncia por barbaridad urbanística-, las comarcas del Camp de Túria y Los Serranos han sido un lugar preferido para el descanso dominical del atribulado habitante de la metrópoli valenciana. Suelo barato, aceptables comunicaciones, ayuntamientos poco preocupados en eso que después se llamó ordenación del territorio, y miles y miles de metros cuadrados de campo y monte a disposición del primero que quisiera hacerse una casita, ya sea con sus propias manos a modo de pasatiempo, o contratando a alguna de las cuadrillas de albañiles que surgieron en estas comarcas ante la creciente demanda.
Muchas de esas casetas de campo -en ocasiones, un terreno vallado con paellero, balsa y poco más- iban acondicionándose hasta que sus dueños decidían abandonar su casa en la ciudad para vivir allí a tiempo completo. Junto a ellas, se construían nuevos chalés y formaban entre todos núcleos residenciales que solían carecer de calles asfaltadas, alumbrado, alcantarillado o colectores de aguas. Años después, muchos de estos núcleos siguen teniendo el mismo aspecto.
En los setenta, l'Eliana -pionera en esto de la segunda residencia- decidió tirar por la calle de en medio y normalizar la situación declarando urbano casi todo su término municipal. Pero casi el resto de localidades de la zona ha esperado al cambio entre el siglo XX y el XXI para diseñar y aprobar planes generales o normas subsidiarias en los que muchos de estos núcleos residenciales que fueron surgiendo durante décadas quedaban legalizados al declarar su suelo urbanizable.
En 1992, un estudio del departamento de Geografía de la Universitat de Valencia, dirigido por el profesor Jorge Hermosilla, señalaba que en el Camp de Túria el 60% de las residencias secundarias se encontraban en suelo rústico, y contabilizaba alrededor de 28.450 viviendas ilegales y cerca 76 de grandes núcleos residenciales de la misma condición en esta comarca y, en menor medida, en Los Serranos.
Llíria era el municipio con más chalés ilegales, unos 8.000 de los 9.000 con los que contaba en 1992, seguido en esas fechas por Riba-roja (5.000 de 7.000), Nàquera (4.000 de 8.000) y Vilamarxant (3.360 de 3.500). En este último municipio, la memoria de su actual concierto previo cuenta hasta 4.500 viviendas situadas sobre suelo rústico. De ellas, alrededor de 500 se quedarían dentro del suelo no urbanizable protegido por el Parc del Túria.

Los 9.000 "ilegales" de Llíria

El de la capital del Camp de Túria es un buen ejemplo de lo que desde entonces han hecho varias de estas localidades para dar una salida legal a estas miles de viviendas edificadas sobre suelo rústico. En casi 340 hectáreas de terrenos (el casco urbano tiene 66 hectáreas) Llíria contaba con 65 núcleos de población repartidos en 27 sectores, 9 de ellos urbanos desde el PGOU de 1985. Los 18 restantes eran urbanizaciones en suelo rústico hasta que el PGOU de 2005 también los declaró urbanizables. A partir de esos dos grandes planes urbanísticos y distintas modificaciones, el consistorio legalizó su situación. A cambio, sus vecinos tienen que constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) y ocuparse de iniciar los trámites de los PAI con los que urbanizar los núcleos. Pero no todos están dispuestos, y varias asociaciones vecinales exigen que sea el consistorio el encargado de dotar de servicios a sus urbanizaciones.
En los últimos siete años, se ha completado de esta forma en Llíria la urbanización por gestión directa de 5 de las 39 unidades de ejecución (además de una que se ha adjudicado de forma indirecta) para dotarlas de todos los servicios, lo que afecta a 450.000 m2 de terreno y a cerca de 400 viviendas. En esta legislatura se va a llevar a cabo el proceso de urbanización en otra unidad de ejecución con 80.000 m2 y se ha iniciado la regularización de otras cinco unidades de ejecución (unas 700 viviendas). Pero aún queda mucho por regularizar y no será tarea fácil.
Otros municipios del Camp de Túria, como Bétera, Riba-roja o Vilamarxant, también han optado por regularizar lo que la LUV califica como "áreas semiconsolidadas", tratando que sean los residentes quienes ejecuten la urbanización. En la Pobla de Vallbona, el ayuntamiento ha llegado a destinar las ayudas del Plan E para dotar de alcantarillado a dos de las urbanizaciones que surgieron hace años en suelo rústico.
Aún así, siguen produciéndose infracciones urbanísticas e incluso construyéndose nuevas viviendas en suelo no urbanizable y protegido a pesar de que los consistorios persiguen más que nunca las construcciones fuera de ordenación. En Bétera, por ejemplo, entre 2004 y 2010 se han abierto 243 expedientes sancionadores por edificaciones y obras sobre suelo no urbanizable. Y en Riba-roja, en 2007 se detectaron 177 infracciones por obra ilegal mayor o menor, en 2008, 125 y en 2009, 90. ¿Por qué ha descendido el número? El concejal de Urbanismo de Riba-roja, José Luis Folgado, lo tiene claro: la crisis urbanística hace que se construyan menos chalés y, por lo tanto, menos irregularidades.
Según su gravedad, este tipo de infracciones las sanciona el propio consistorio o se comunican a la Fiscalía, que en algunos casos ordenan la demolición del inmueble infractor. Pero hay casos tan graves que los ayuntamientos optan por acudir directamente a los juzgados.
Hace unas semanas, el juzgado número 1 de Llíria abrió diligencias contra el ex alcalde socialista de Olocau por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras una querella presentada por el actual gobierno municipal. Según esta querella, en 2006 el munícipe concedió una licencia de obras para instalar dos líneas de sumistro eléctrico y un centro de transformación para dar servicio a 18 viviendas construidas sobre suelo no urbanizable protegido en las zonas de Escopar y Pla de Horcan. Y lo habría hecho contra el informe del arquitecto municipal en el que se advertía que esta actuación era contraria a los usos reservados para este suelo.
En la comarca de Los Serranos, destaca el caso de Pedralba. Este municipio con menos de 3.000 vecinos censados en la actualidad, tenía en 1992 unas dos mil segundas residencias, todas ellas ilegales. Desde entonces, según fuentes del propio ayuntamiento, se han construido unas trescientas casas más, que siguen siendo ilegales. Y es que, excepto el casco urbano, gran parte del término municipal está calificado como suelo no urbanizable de protección agrícola.
El consistorio ya ha diseñado un nuevo plan general (que aún no está aprobado) en el que se regulariza la situación de algunos núcleos residenciales -como la urbanización Mallaes, con unos 800 chalés- cuyos vecinos, al igual que ocurre en Llíria, tendrán que desarrollar un PAI para poder tener alumbrado, alcantarillados y demás dotaciones. Pero otras muchas viviendas están desperdigadas en zonas de monte, e incluso algunas en la zona protegida del Parque del Túria. Estos chalés nunca podrán ser legales y algunos de ellas, tal como avisan fuentes municipales, tendrán que ser demolidos.

Un estudio encargado por el Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria a la Universitat de Valencia destaca la importancia de la proliferación de viviendas ilegales durante la década de los 70 en el actual aspecto de esta comarca. Según este estudio, el principal factor que ha contribuido al notable crecimiento del Camp de Túria han sido las migraciones de población desde el Área Metropolitana de Valencia hacia sus municipios. De esta forma, entre 1975 y 1999 en l'Eliana se incrementó la población en más de un 280%, en Nàquera, la Pobla, Riba-roja y Bétera en más de un 50%, y en Serra, Vilamarxant, Marines, Olocau, Llíria, Benisanó y Casinos entre un 10 y un 50%. En este periodo, el ritmo de crecimiento anual en la comarca fue del 2,21%, mientras que entre 2000 y 2008, coincidiendo con el proceso de legalización de muchos núcleos residenciales, el incremento anual ha sido del 6,8%. En estos 8 años la comarca adquirió más habitantes que en los 24 precedentes.v. c. m.llíria




* Levante-EMV - 14.03.10
Foto: Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona - cartociudad/fomento

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Vigo: El Plan do Litoral deja en el aire la construcción de 10.000 viviendas programadas en el PXOM

FARODEVIGO* : La Gerencia de Urbanismo prepara el informe sobre las repercusiones que tendrá en Vigo el Plan do Litoral, y los técnicos han confirmado que incluye en el área de protección 36 ámbitos de suelo en el que el PXOM permite edificar, según fuentes del departamento, cerca de 10.000 viviendas. El entorno de Samil es el que sufre las restricciones más severas.

Una de las grandes bolsas de suelo que quedarían dentro del perímetro del Plan que tramita la Xunta, la de Fontes-Pertegueiras, tiene edificabilidad para levantar más de 1.900. También hay terrenos con uso hotelero proyectado en las cercanías de la playa que estarían afectados. La costa de Teis recibe igualmente un serio tijeretazo, sobre todo en Ríos y Rotea, y entran además en la franja en la que se veta la construcción amplias zonas de San Miguel de Oia y Coruxo. En este último caso está incluido un ámbito industrial con 32.000 m2 útiles en los que se prevé, aparte de naves, la creación de un "punto limpio" de tratamiento de residuos. El valor del suelo edificable en todo el área que abarca el Plan superaría los 360 millones de euros.
Los 36 ámbitos, la inmensa mayoría de uso estrictamente residencial o combinado con comercial, están situados en zonas catalogadas como de "Mejora Ambiental Paisajística" en el documento que tramita la Xunta. En ellas se limitan las obras posibles, esencialmente, a rehabilitaciones, explotaciones acuícolas o marisqueras, actividades socioculturales y deportivas con "instalaciones mínimas imprescindibles", –reza el artículo del Plan–, o equipamientos que necesariamente tengan que estar en el medio rural. Los requisitos harían "inviable", señalan las fuentes municipales consultadas, desarrollar los ámbitos tal y como están recogidos en el PXOM. Para poder hacerlo los propietarios deben tener aprobado el proyecto de compensación antes de que entre en vigor el Plan autonómico. El calendario de la Xunta sitúa su aprobación definitiva en diciembre, ya que ha dado un mes más a los concellos para que lo estudien a fondo y emitan sus informes y observaciones. De cumplirse ese plazo no quedaría tiempo para que los promotores cubriesen los trámites necesarios en el Concello. En algunos casos no está afectada la totalidad del ámbito, lo que posibilitaría construir en una parte. Para ello sería necesario modificar el Plan Xeral, prosiguen las mismas fuentes.
El PXOM establece una nueva ordenación en Samil con la transformación de varias grandes áreas de suelo situadas detrás de la avenida, que se convertiría en un vial de servicio al vertebrarse toda la zona con nuevas carreteras, una de ellas de alta capacidad. Una docena de ámbitos quedarían dentro del espacio protegido por el Plan do Litoral, según los datos técnicos de la Gerencia, por lo que la edificabilidad no podría materializarse allí. Los más próximos a la costa suman más de 300.000 metros cuadrados de superficie, mientras que Fontes-Pertegueiras, Río, Viñagrande, Gándara, Redondo, Pertegueiras y Fonte, más alejados de la avenida, superan los 800.000 m2.
En la parroquia de San Miguel de Oia, con terrenos donde se programa vivienda unifamiliar combinada con bloques de pisos en algunos casos, hay también urbanizaciones proyectadas que quedan anuladas con el Plan do Litoral. Tres de ellas, situadas en las inmediaciones de Cabo Estai, reúnen más de 360.000 metros cuadrados de superficie en los que se podría edificar en torno a un millar de viviendas. Cerca de la playa de Canido hay otras dos con posibilidad de levantar 150.
Al otro lado del término municipal, en Teis, están afectados seis ámbitos en los que se prevén más de 2.000 viviendas. Una de las áreas es Gomesende, entre la cresta de A Guía y la ETEA, y las otras cinco se sitúan en la franja entre la antigua escuela militar y Chapela.




* Faro de Vigo - 13.03.10
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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El vano intento de salvar el titanic inmobiliario

ADRIA ALEMANY* : El crecimiento económico de los últimos años ha ido estrechamente ligado a la construcción y a la concesión indiscriminada de crédito. Las políticas orientadas a promover el régimen de propiedad como único modo estable de tenencia, junto a la ausencia de alquiler asequible, empujaron a una parte importante de la población a sobreendeudarse para poder acceder a una vivienda. Hoy, el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha dejado al descubierto los frágiles cimientos sobre los que se asentaba el “milagro español”.

Con la depreciación de los inmuebles, parte de la población ha visto como su patrimonio se reducía sustancialmente. Para quienes compraron en pleno boom inmobiliario, el valor actual de sus bienes está muy por debajo incluso del valor de las deudas contraídas para adquirir dichos bienes, este hecho perjudica en mayor medida a las clases medias y populares, ensanchando la brecha de la desigualdad entre unos pocos que poseen mucho y unos muchos desposeídos.

Esta situación se torna dramática para quienes se han quedado en paro y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre, el banco interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que termina con la subasta del inmueble. Dada la devaluación de los precios, las subastas quedan desiertas. Entonces, de acuerdo con la legislación actual, las entidades bancarias se adjudican la vivienda por el 50% del valor de tasación y continúan reclamando el pago de la deuda restante, más intereses y costas judiciales, a la persona en situación de insolvencia mediante el embargo de nóminas y la enajenación de los bienes de los avalistas. No es una situación anecdótica: según el Consejo General del poder judicial, entre 2008 y 2010 se habrán iniciado más de 350.000 ejecuciones hipotecarias. Es decir, mas de 350.000 unidades familiares perderán su casa y además arrastrarán una deuda de cien, doscientos o incluso 300.000 euros.

La oferta de pisos en alquiler sigue siendo escasa en relación a una demanda que, a raíz de la crisis, se ha revitalizado. Las condiciones de acceso y las exigencias en forma de avales se han endurecido. Con una tasa de desempleo cercana al 20%, los ingresos por unidad familiar se han reducido, incrementando el esfuerzo que deben realizar las familias para pagar la vivienda. Con 1,22 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro, la amenaza del desahucio pesa sobre miles de familias. Mientras tanto, los pisos desalojados pasan a engrosar el parque de viviendas vacías, el más grande de la UE. Esta situación agudiza las contradicciones de un sistema que sobreprotege el derecho a la propiedad en detrimento de las necesidades más básicas.

La administración, con un parque publico de vivienda que no llega al 1% del parque total, parece poco dispuesta a dar respuesta a la situación de emergencia habitacional. A pesar de los cantos de sirena de apostar por el alquiler, las medidas impulsadas hasta la fecha van mayoritariamente dirigidas a reactivar el sector inmobiliario y detener la caída de los precios.

Atrapados en un bucle

En esta línea se enmarca el desarrollo de una normativa que permite reconvertir el stock inmobiliario invendible en una nueva figura de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de compra, a precio concertado.

Estas VPO gozan de ventajas fiscales, subvenciones directas a los tipos de interés y están garantizadas con avales públicos. De forma que se facilita el acceso de los particulares a la financiación y el riesgo que asume el banco en caso de impago es nulo. Así, se fabrica una demanda, de otro modo inexistente. Llama la atención que en muchos lugares el precio de este tipo de viviendas sea superior al de las viviendas del mercado libre.

Bajo la misma lógica operan las políticas sociales de ayuda a la vivienda. Cuando la política pública se reduce a una política de cheques y no se integra en un programa de reformas más amplio, las ayudas monetarias suponen un trasvase directo que beneficia a los propietarios y consume los presupuestos públicos. Igualmente reveladoras resultan las declaraciones de la ministra, Beatriz Corredor, cuando recomienda comprar aprovechando la coyuntura histórica de bajos tipos de interés a pesar de que las previsiones de los expertos coinciden en apuntar que los tipos empezaran a remontar a mediados de año. Del mismo modo, el anuncio de eliminar la desgravación fiscal por la compra de una vivienda en un plazo de dos años sirve para estimular la demanda a corto plazo. Por otro lado, el Gobierno ha aprobado recientemente una normativa que agiliza los desahucios por impago en las rentas de alquiler. Así, en plena crisis y con 4,3 millones de personas en paro, muchas sin prestaciones sociales, se antepone la seguridad y los beneficios de los grandes propietarios por encima de la función social de la propiedad y la garantía del derecho a la vivienda. Pero, a pesar de las terapias de choque aplicadas por el Gobierno para reanimar la compraventa, la salida sistémica a esta crisis de sobreproducción no es realista. El mercado está saturado, la demanda efectiva agotada, las familias, endeudadas, y la inversión especulativa se ha pulverizado.

Pasarán años antes de absorber el stock y digerir tanta deuda y ladrillo. Los esfuerzos desesperados de la administración por reactivar la economía con el mismo guión de siempre representan un trágico intento por reflotar un Titanic que se hunde irremediablemente. Pero no todo son malas noticias. El mito de la propiedad se empieza a resquebrajar. El mercado ya no es intocable. La crisis y sus estragos han dinamitado el proyecto de una sociedad de pequeños propietarios que, concebida desde las esferas de poder, había funcionado como un mecanismo de control social alineándose con los intereses corporativos.

Con miles de familias desahuciadas, millones de pisos vacíos y una demanda social de alquiler en aumento, se abre un nuevo escenario político. Hasta ahora, las inyecciones de fondos públicos al sector bancario no han servido para que los bancos asumieran su parte de responsabilidad. Según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con los 100.000 millones de euros del FROB, el Estado podría haber adquirido 700.000 pisos al precio por el que los bancos se los están adjudicando en el proceso de ejecución. Esta plataforma y otras voces críticas llevan tiempo exigiendo la reconversión del parque inmobiliario que atesoran los bancos en un parque público de alquiler. La batalla aún está por librar.

El papel de las entidades financieras

La acumulación de suelo y viviendas a manos de entidades financieras procedentes de ejecuciones y quiebras concursales, acentúa la concentración de la propiedad.

Con tanto ladrillo en sus balances, la gestión de los activos inmobiliarios se convierte en una prioridad. La restructuración del sistema bancario responde a esta nueva dimensión del negocio. La banca, convertida en la mayor inmobiliaria del país, ejercerá la presión necesaria para que las políticas que se adopten en materia de vivienda no contravengan sus intereses.

Por otro lado, la parálisis del sector inmobiliario amenaza seriamente la viabilidad de las entidades financieras. Se calcula que hay entre 0,8 y 1,2 millones de pisos en stock que no se pueden vender. Las inmobiliarias deben a los bancos 325.000 millones de euros y el saldo vivo hipotecario de las familias asciende a 675.288 millones.

Un reciente estudio de Pricewaterhouse señala que las refinanciaciones hipotecarias a particulares y empresas que se firmaron cuando estalló la crisis sólo han servido para comprar tiempo. Se avecina otra oleada de quiebras inmobiliarias que podría acabar arrastrando a las entidades financieras. Si esto ocurriera, los salvatajes bancarios dispararían la deuda pública.

Nos encontramos, así, ante un juego de suma cero, donde las ganancias de unos se obtienen en perjuicio de los otros. Cada vez resulta más difícil conjugar los intereses de las entidades financieras con las necesidades de la mayor parte de la población. Ante esta disyuntiva no se sabe hacia dónde basculará la administración.





* Periódico Diagonal - Opinión - 10.03.10


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Resultados encuesta: ¿Cuál es la política de vivienda a seguir en esta crisis?




Resultados de la última encuesta realizada

Como era de preveer los números finales de vuestra votación son los lógicos que debería hacer una buena administración de vivienda en sus distintas funciones competenciales. Pero la realidad es tozuda y aquí parece que no haya pasado nada, que no haya habido (y haya) una inmensa burbuja inmobiliaria.
Las cifras no mienten y además del más de un millón de viviendas nuevas sin poder venderse, hay que añadir los tres y medio (cuatro) de millones de viviendas vacías anteriores. Así que el resultado es demoledor en todos los sentidos para un país como España, sobre todo en las zonas costeras y alrededor de las grandes capitales.

Del alquiler social se empieza a hablar en algunos círculos, viendo lo que hay en Europa, pero aquí todavía estamos con la política del antiguo régimen de vivienda en propiedad para tenerlo todo "bien atado". Ni siquiera se han dado facilidades para un alquiler libre asequible. Es una política absurda y dictatorial de la que se benefician sobre todo las grandes empresas y todo el sistema bancario (culpables además de la crisis existente).


Para finalizar, quiero comentaros que esta sección de "ENCUESTAS" va a desaparecer temporalmente ya que, visto el recorte de noticias del titular "BLOGGER" en la página principal (portada) y, dado que existen otras secciones más interesantes que no deben desaparecer, he optado por quitar ésta de momento. Una pena!

Gracias y un saludo

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Marbella: Un juez declara nula una licencia concedida por el GIL para 240 viviendas

MÁLAGAHOY* : El juzgado de lo Penal nº4 de Málaga ha declarado nula una licencia de obras concedida por el gobierno del GIL para construir dos bloques con un total de 240 viviendas en el conocido paraje del Pecho de las Cuevas, ubicado en el municipio de Marbella, según informó ayer el grupo Ecologistas en Acción.

Tras once años desde que el grupo ecologista presentara a finales de 1998 una denuncia contra esta actuación, ahora una sentencia -a la que se ha llegado mediante un acuerdo entre la Fiscalía y los concejales imputados entre los que se incluye al ex concejal Juan Antonio Yagüe- les da la razón decretando la nulidad de los efectos de dicha licencia concedida a la entidad Lardea SL, así como "la de todas las autorizaciones que traigan causa de dicha concesión".

Asimismo, el documento condena a los que concedieron la licencia a 15 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y a inhabilitación especial para cargo público electivo por 10 años, además de a satisfacer la séptima parte de las costas del procedimiento, según Ecologistas en Acción. La concesión de la licencia, que fue otorgada por los concejales de la junta de gobierno de entonces "siguiendo las determinaciones que a tal fin efectuó el ex alcalde, Jesús Gil", generó el rechazo popular que se tradujo en una manifestación de más de 8.000 personas.




* Málaga Hoy - 12.03.10
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es

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El fiscal denuncia a Barreiros por las urbanizaciones que legaliza la Xunta

ELPAÍS/Lugo* : Mucho antes de que la Xunta actual descabezase el pasado jueves la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística -en una decisión colegiada que el presidente Alberto Núñez Feijóo evitó contar a la prensa- el organismo adscrito a la Consellería de Territorio había trazado un prolijo informe sobre el caos inmobiliario en el Ayuntamiento de Barreiros.

La precisión y contundencia de ese dictamen, repaso del rosario de irregularidades -cuando no ilegalidades- en el urbanismo del municipio lucense, sirvió de base a la fiscalía para denunciar en el juzgado de Mondoñedo a la Junta de Gobierno del PP que autorizó dichas licencias. El ministerio público acusa al alcalde, Alfonso Puente Parga, y a los tres concejales que integran la Junta de Gobierno, así como a la arquitecta municipal, Marta Geada, de prevaricación urbanística.

La denuncia se refiere a 44 expedientes que permitírían a otros tantos promotores inmobiliarios levantar 3.174 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, donde ya empiezan a emerger los primeros mamotretos alineados a pie de costa. Son precisamente esas construcciones las que el Gobierno de Feijóo se propone legalizar mediante un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo, por el que las tres administraciones aportarán fondos para dotar de servicios a las urbanizaciones.

La denuncia que el fiscal presentó contra el gobierno de Barreiros adjunta el informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, tres carpetas de ortofotos del ayuntamiento y los 44 expedientes, incluidos otros tantos informes contrarios de la secretaria municipal.

En la demanda, de 26 folios, el ministerio público acusa al gobierno de Barreiros y a la arquitecta municipal de prevaricacion urbanística y recuerda que la Junta Local de Gobierno, que integran el alcalde José Alfonso Puente Parga, y los ediles José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, todos del PP, ignoró las directrices de la anterior Consellería de Política Territorial. El fiscal cita una comunicación que, con fecha 14 de marzo de 2006, envió al Ayuntamiento el ex director general de Urbanismo Ramón Lueje. Esta instrucción recordaba al alcalde que desde enero de 2006 "debía aplicar el régimen de suelo urbano no consolidado a la ejecución de la ordenación establecida en suelo urbano", puesto que el municipio no había adaptado su planeamiento a la ley del suelo de 1997.

"Pese a ello", continúa la denuncia, "el equipo de gobierno de Barreiros concedió durante ese año 44 licencias pese a estas deficiencias insalvables recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal". Subraya el escrito que el alcalde y los tres ediles "prescindieron" de este informe técnico "pese a ser preceptivo" para autorizar los edificios.

La querella acusa al gobierno local de aplicar la normativa que rige en suelo urbano consolidado a una superficie que no lo era. Y detalla las carencias de los núcleos sobre los que se asentaron los edificios: "Deficiencias en abastecimiento eléctrico, de agua, saneamiento, carencia de acceso rodado" [...] "una realidad residencial que distaba en términos irreconciliables de lo que sería una malla urbana".

Como consecuencia de tanto caos, la Xunta anterior suspendió las normas subsidiarias de Barreiros. El equipo de Feijóo y la Diputación de Lugo avalan ahora una amnistía si los promotores retiran los recursos judiciales que presentaron contra el anterior Gobierno gallego. El presidente explicó el jueves que la inversión de siete millones de euros de su Gobierno será similar a la que hubiera gastado allí para saneamiento. Horas antes, había firmado el cese de Hipólito Pérez, el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que realizó el informe sobre Barreiros.




* ELPAIS.com - 13.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), playa - mma.es

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Lezama promueve 50 pisos en un solar de la familia de la alcaldesa

ELCORREO/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Lezama está impulsando la aprobación de un plan especial de ordenación urbana para permitir la edificación de unas 50 viviendas en unos terrenos que son propiedad de la familia de la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV). Este proyecto para cambiar la ordenación específica de la zona conocida como Txupetxa, que se encuentra en fase de alegaciones, ha sido promovido después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulase en junio las normas subsidiarias que regulan el desarrollo urbanístico del municipio.

Entre otros motivos, porque no cumplía la ley en materia de edificación de viviendas en suelos potencialmente inundables.

Según consta en un auto judicial dictado el pasado mes de julio al que ha tenido acceso este periódico, familiares de la regidora alcanzaron un acuerdo con una promotora en febrero de 2007 por el que se comprometieron a traspasar un solar de más de 3.000 metros cuadrados -que se encuentra situado en una zona céntrica de la localidad próxima al río Asua- por un importe superior a los 5,2 millones de euros. Este contrato fue suscrito cuando la parcela seguía teniendo la calificación de inundable. Poco después, el Consistorio promovió una serie de cambios para convertirla en urbanizable, consiguiendo el visto bueno de la Dirección de Aguas del anterior Ejecutivo en sólo unos pocos días. La aprobación definitiva de estas modificaciones no se plasmó hasta octubre de ese mismo año.
Las normas subsidarias entraron entonces en un proceso judicial -promovido por la oposición- que en junio pasado derivó en una sentencia que las anuló por defectos de forma en su tramitación. Este fallo no es firme ya que, según fuentes del Consistorio, ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. De forma paralela a este proceso judicial, el Ayuntamiento comenzó hace escasas semanas la tramitación del plan especial de ordenación urbana del área de Txupetxa para posibilitar la edificación de la promoción urbanística. Los responsables municipales prevén para 2011 la construcción de estas viviendas, entre las que se incluyen unos doce pisos de precio tasado.
El auto del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao plasma el acuerdo alcanzado entre la familia de Etxeandia y la promotora, a raíz de una demanda presentada por la parte vendedora, para dejar sin efecto el contrato anterior y sustituirlo por uno nuevo. Dentro de los 5,2 millones de euros contemplados en el acuerdo de compraventa -de los que ya se han abonado unos dos millones en transacciones anteriores- se incluyen una serie de viviendas y garajes que se construirán en la futura promoción por un importe superior a los tres millones de euros.
El pacto al que se hace referencia en el auto judicial también incluye una serie de cláusulas que contemplan distintos supuestos de incumplimiento de contrato. Entre ellas, que en el caso de que el Ayuntamiento de Lezama «no proceda» antes de abril de 2011 a la «aprobación definitiva» del proyecto de reparcelación se entenderá que se ha producido un «incumplimiento del contrato».
Devolver cantidades
Este supuesto permitirá a la parte compradora optar por dos opciones: o «instar judicialmente el cumplimiento íntegro» de las obligaciones del pacto o «resolver» el contrato. Esta última alternativa obligaría a los vendedores a «devolver únicamente las cantidades entregadas a cuenta del precio, más el tipo legal vigente» en concepto de «daños y perjuicios».




* El Correo - 12.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com

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Un informe pericial cifra en 10 millones los beneficios del constructor de Bezana Lago por el convenio

EUROPAPRESS/Cantabria* : El constructor de la urbanización 'Bezana Lago', en Santa Cruz de Bezana, obtuvo más de 10 millones de euros gracias al aumento en la edificabilidad contemplado en el convenio que suscribió en 1997 con el entonces alcalde, Jerónimo Velasco (PP), hoy concejal del equipo de Gobierno. Así lo cuantifica un informe pericial que se incluye dentro de las diligencias previas que practica el Juzgado de Instrucción nº1 de Santander a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por la Agrupación de Vecinos Independientes (ADVI), que es parte en el proceso y que hoy se ha hecho eco del contenido de este informe.

La promotora 'Nuevo Bezana S.L.' obtuvo esos beneficios de la venta de locales y viviendas bajo cubiertas, en una superficie de 15.197 metros cuadrados, que le permitió el exceso de edificabilidad y contraviniendo la normativa urbanística.

El informe pericial cuantifica el valor en venta de los locales en 4,2 millones de euros y el valor en venta de las viviendas en 5,9 millones de euros, siempre según la versión de ADVI, que aseveró que la superficie de este exceso de edificabilidad "la tendría que estar disfrutando la comunidad de propietarios" pero que, por el contrario, "ha beneficiado y sigue beneficiando al promotor-constructor de las viviendas".

Además, se construyó una piscina en el interior de la urbanización, valorada en el informe en 1,5 millones de euros que explota el propio contructor y que debía haber sido cedida al Ayuntamiento según estipula el propio Convenio, aún vigente pese al incumplimiento, junto a la finca denominada 'Rada' de 17.273 metros cuadrados, valorada según el informe pericial en 458.556 euros.

ADVI señaló que entonces gobernaba con mayoría absoluta el ex alcalde, Antonio Velasco (PP), firmante en 1997 del convenio urbanístico con el promotor, José Manuel Rojo Toribio en representación de 'Nuevo Bezana S-L.'

PRESUNTA PREVARICACIÓN Y DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ADVI recordó que primero trasladó esta denuncia a la Fiscalía General del Estado, que a su vez sela remitió a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cantabria, que apreció indicios de presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por lo que se puso en manos del Juzgado, que instruye un sumario que acumula ya "cientos de folios".

Según ADVI, en esta "trama urbanística" figuran como imputados, el ex alcalde Jerónimo Velasco; el arquitecto, Francisco Lorenzo Monteagudo y la técnico jurídico, Elena Ceballos, y además de ellos han sido llamados a declarar el secretario y el aparejador del Ayuntamiento, así como dos peritos.

Este partido político subrayó que se trata de una "ejemplar" y "compleja investigación que está requiriendo un concienzudo trabajo, tanto por parte del Juzgado como de la Fiscalía". En esta causa ADVI ejerce la acusación particular.

AUMENTO DE EDIFICABILIDAD

Según consta en este segundo informe técnico, con las ordenanzas de aplicación en el ámbito de la Unidad UC4, la edificabilidad asignada se debiera de haber materializado con una tipología de edificación colectiva, es decir, en altura con planta baja diáfana, o vacía salvo los portales, cuatro plantas de viviendas y ninguna construcción en el espacio de bajo cubierta.

En vambio, la empresa promotora construyó locales en planta baja y viviendas en planta bajo cubierta, (áticos) en una cantidad de 7.634 metros cuadrados en viviendas y 7.563 locales, que sumados dan un total de 15.197 metros cuadrados.

Los firmantes pretendieron legalizar esta situación a través del citado Convenio Urbanístico y que a juicio del informe pericial "no es más que un trueque entre la promotora y el Ayuntamiento", asegurando que la contraprestación que ha de recibir el Ayuntamiento a cambio de la legalización de un exceso de edificación no está regulada y menos cuando esta edificación no está amparada por la normativa, o lo que es lo mismo, la compensación por el exceso de edificabilidad no está reglada urbanísticamente, tal y como reseña ADVI del informe.

El texto, dicen, considera que es "evidente que toda vez que la carencia de regulación obliga a establecer un criterio de permuta o contraprestación lógico o "de mercado", dicho criterio se tendría que haber establecido en base a la valoración de cada una de las aportaciones de las partes, beneficios y cargas, con carácter previo a la firma del Convenio, aun hoy por resolver, una afirmación que desde el punto de vista pericial ya indica según ADVI lo "irregular e ilegal en sí mismo" del propio Convenio Urbanístico.





* Europa Press - 13.03.10
Foto: Santa Cruz de Bezana (Cantabria) - panoramio.com

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La banca presiona para sostener la burbuja

PABLO ELORDUY* : Los desahucios de viviendas alquiladas y los embargos han aumentado a raíz de la crisis. Frente a esto, la política de vivienda sigue favoreciendo los intereses de banca y promotores inmobiliarios.
Si usted tiene pensado dejar de pagar las mensualidades de su alquiler tiene que saber que, desde finales de diciembre, el proceso hasta que le saquen de la casa donde vive será rápido. Bastará con que la administración clave un edicto en la puerta del inmueble en el que habita para que sea oficial su próximo desalojo.

Virginia, una funcionaria de justicia, comenta que con la entrada en vigor de la Ley, “la gente se rinde antes, vienen al juzgado y dejan la llave, cuando antes pasaban meses hasta que se llevaba a efecto el desalojo”. En 2008, último año del que se tienen datos, el porcentaje de procesos de desahucios fue el más alto desde 1994, y es previsible que esa cifra haya crecido en 2009 y se mantenga alta en 2010, a tenor de las estimaciones del Consejo General del poder judicial.

La Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, conocida como la Ley de desahucios exprés, fue aprobada en noviembre del año pasado para “estimular” a los propietarios a alquilar sus viviendas desocupadas, ya que el Gobierno pretende aumentar el 11% que representa el alquiler en el Estado, un porcentaje escaso si se compara con la media europea, situada en el 40%. Pero este estímulo para los arrendatarios no ha llevado consigo un descenso de los precios. En enero, el precio del alquiler subió un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Tal vez porque el desahucio exprés no ha motivado en exceso a los posibles arrendadores, el Ministerio de Vivienda presentó a finales de febrero nuevas recetas para incentivar el alquiler. Éstas se encaminan a seguir beneficiando fiscalmente a los arrendadores, mientras que los arrendatarios beneficiados por las modificaciones, enmarcadas en la Ley de Economía Sostenible, serán los jóvenes que quieran emanciparse.

El interventor municipal de fondos y economista experto en urbanismo, Fernando Urruticoechea, considera que “estas ayudas, independientemente de cuál sea el sector social al que van destinadas, siempre terminan en manos de propietarios de vivienda”. Para este experto, al margen de parches coyunturales, el problema del acceso a la vivienda es más complejo: “El mito neoliberal de que la necesidad se satisface construyendo más viviendas es absolutamente falso, como se ha demostrado en esta década ‘prodigiosa’ del 97 al 2007, en la que se han construido unos cuatro millones de viviendas en el Estado español con el resultado de que el número de personas que necesitan un alojamiento independiente es superior al que había en 1997”. La urbanista Raquel Rodríguez apunta en una línea parecida: “el problema es que las competencias están repartidas entre las tres administraciones; lo que hace el Estado es presupuestar, pero no tiene capacidad legal para intervenir en todas las fases del proceso”.

¿A quién se ayuda?

“La banca no puede asumir la deuda inmobiliaria”. Este aviso a navegantes del presidente de la Asociación Hipotecaria Española tuvo su eco en la intervención de Beatriz Corredor en una Feria de Outlet inmobiliario celebrada en Madrid. La ministra de Vivienda declaró que 2010 “es un buen momento para comprar vivienda”, ya que las desgravaciones se mantendrán este año. Para resumir la situación en la que se encuentran promotores, banca y Estado, basta decir que se estima que los bancos tienen cerca de un millón de viviendas en sus balances. A esto se suma que un buen número de personas hipotecadas corren el riesgo de acabar embargados y con una importante deuda por la rebaja de las tasaciones de sus pisos provocada por el estallido de la burbuja.

“La banca es la propietaria accidental, ellos no querían pisos, lo que querían era cobrar intereses. La vivienda les convenía porque todas las familias necesitan una y porque esos precios les garantizan que nadie lo va a poder pagar a tocateja”, apunta Raquel Rodríguez, para quien la situación se ha complicado mucho ya que “si la banca comienza a perder, quien irá detrás será quien esté pagando su hipoteca. Creo que no hay manera de hacer esto sin que al final las víctimas sean las mismas”, señala esta experta en Urbanismo. Urruticoechea teme que a lo largo de 2010 asistamos a la compra pública o a enormes subvenciones en las calificaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de parte del stock que tiene la banca y la patronal inmobiliaria. “Sabemos cuánta presión están metiendo los lobbies bancarios y de promotores para hacer líquido todo ese stock de viviendas, para poderlo vender, y vemos cómo apelan a las ayudas, subsidios y subvenciones públicas para deshacerse de ese patrimonio”.

Paralizada por el hundimiento de la demanda de vivienda libre, la conversión en VPO puede servir para que los dueños de la piedra se deshagan de parte de ese excedente, aunque, como señala Juankar, de la plataforma contra la exclusión social, Berri Otxoak, mucha gente a la que le toca un piso protegido, “tiene que renunciar a él porque no tienen recursos para mantenerlo”.

Detrás de estos intentos por dar aire a la construcción, se encuentra la dependencia del modelo y cierta predisposición ideológica a la compra e inversión en vivienda que, para Urruticoechea, hunde sus raíces en la sacralización de la propiedad fomentada por el Franquismo y popularizada por Margaret Thatcher y el llamado “capitalismo social”. Esto, apunta este economista, “tiene consecuencias implacables, porque la gente se hipoteca por 20, 30 y hasta 50 años para pagar su vivienda, consagrándose como esclavos sociales de la banca, algo que tiene enormes consecuencias colaterales con respecto al mercado laboral”. En este último punto, Urruticoechea ve increíble que cuando se habla de la reforma del mercado laboral, “nadie ponga en la mesa el factor estructural que diferencia nuestro mercado laboral del resto de los europeos, que es la rigidez en la residencia”.

A la hora de buscar remedio al problema del acceso a la vivienda, cobra una importancia clave el uso que se hace del suelo público: “Soy testigo, como funcionario público, de que ha habido un saqueo de millones de euros, porque se ha dilapidado el suelo público a precios irrisorios; se ha permitido la apropiación privada por parte de los promotores de miles y miles de hectáreas públicas para mayor satisfacción de estos y ese dinero ha vuelto en muchas ocasiones como comisiones para financiar a los partidos políticos”, denuncia Urruticoechea.

Hacia el alquiler social

Para salir de esta situación Raquel Rodríguez cree que hay que modificar los principios en que se ha basado hasta ahora la vivienda protegida. En lugar de seguir calificando el suelo como residencial de protección, para esta urbanista, ayuntamientos y autonomías deben pedir un porcentaje de las viviendas ya construidas “así, además, no haría falta segregar a la gente en un rincón del municipio”. Rodríguez apuesta por la rehabilitación de inmuebles y por un régimen de alquiler que atienda a las necesidades estudiando cada caso.

Urruticoechea cree que la forma de regular el derecho a la vivienda pasa porque se destine al menos un 3% del PIB para crear un parque inmobiliario de viviendas públicas, algo que es prácticamente residual en el Estado español pero que, en lugares como Francia, ha paliado, hasta cierto punto, la necesidad de vivienda. Otra medida que propone este economista es fiscalizar el uso de VPO para que sólo las usen quienes realmente tienen necesidad de ellas, así como gravar fiscalmente a los propietarios de viviendas privadas vacías, de forma que tanto esa recaudación como las viviendas que formen parte de ese parque público sean puestas a disposición de la población en régimen de Viviendas de Alquiler Limitado. Y es que, el pinchazo de la burbuja ha vuelto a demostrar, opina Urruticoechea, que no existe ningún lugar en el mundo en el que el mercado resuelva la necesidad de alojamiento de la gente necesitada.

LOS PALMERALES (ELCHE)

400 habitantes del barrio de los Palmerales han recibido órdenes de desahucio por parte del Instituto Valenciano de la Vivienda por no pagar un alquiler que ronda los 80 euros. Muchos de estos pisos se encuentran en pésimo estado.

PROTESTAS EN SESTAO (VIZCAYA)

Dos madres de 26 y 30 años se concentraron ante el Ayuntamiento de Sestao para reclamar una vivienda en régimen de alquiler social, dado que se encuentran en paro y no pueden costearse las mensualidades de sus viviendas.

ASTILLEROS DE SEVILLA

Siete familias, la mayoría formadas por viudas que viven desde hace 50 años en viviendas para la plantilla de Astilleros, tienen una amenaza de desahucio por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente de Fomento.





* Diagonal - Opinión - 13.03.10

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Santa Coloma: Gramepark adjudicó 29 proyectos de forma irregular por valor de 35 millones de euros

ELPAÍS/Barcelona* : La gestión urbanística que se articuló en los últimos tres años en Santa Coloma de Gramenet a través de su constructora pública Gramepark -investigada por el caso Pretoria- está plagada de irregularidades. La auditoría encargada por el Ayuntamiento señala que al menos 29 adjudicaciones de la sociedad pública se realizaron de forma irregular desde 2007. Son contratos de obras y servicios, según el informe, que suman 35 millones de euros, de los que 26,3 corresponden a proyectos encargados a dedo.

La auditoría elaborada por Deloitte y a la que ha tenido acceso EL PAÍS destapa que en los dos últimos años de mandato del ex alcalde socialista Bartomeu Muñoz, imputado por el juez Baltasar Garzón, Gramepark encargó 29 proyectos saltándose las normas de contratación pública. Y lo hizo, según la auditora, sin "justificación". Los incumplimientos más graves son las adjudicaciones a dedo de 14 contratos, en alguna ocasión tapadas con procedimientos negociados -concursos restringidos- que eran irregulares porque superaban la cantidad de un millón de euros, el máximo permitido por la ley.

La constructora Proinosa, presidida por Josep Singla, que está en libertad bajo fianza por este caso, se llevó de manera directa tres de los mayores proyectos. La empresa se hizo con el garaje del edificio Cubics, que investiga Garzón como epicentro de la trama. Según el informe, el ex arquitecto Jordi Nadal, apartado por la Oficina Antifraude por trabajar simultáneamente para Proinosa, defendió que la constructora de Singla era "la única empresa" que podía ejecutar el garaje al estar construyendo ya los edificios. Gramepark se lo adjudicó a dedo por 2,28 millones.

Nadal emitió otro informe, según Deloitte, para adjudicar las obras del aparcamiento de la calle de Banús por 3,76 millones a Proinosa. Este contrato se realizó tras un procedimiento negociado que se publicitó en la web de Gramepark, cuando la sociedad fijó, de acuerdo con la ley, que sólo podía usar este proceso de adjudicación con obras de menos de un millón.La constructora Proinosa fue entre 2007 y septiembre de 2009 la primera adjudicataria de obras de Gramepark, según Deloitte. Se llevó contratos por 13 millones de euros. Entre ellos, un aparcamiento en la calle de Moragues que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Proinosa se hizo con el proyecto por 3,16 millones de euros a pesar de quedar por detrás de otra constructora. Lo mismo sucedió con otro garaje de la calle de Verdi, que quedó, con mucha diferencia, por detrás de Excover, otra empresa que también optaba a los trabajos. Aun así, Proinosa se quedó con las obras, por las que se embolsó 2,06 millones.

Proinosa, que fue la constructora que más proyectos ganó en los últimos tres años, no fue la única que recibió los presuntos favores de Gramepark. La segunda constructora, Faus, de la que Deloitte no obtuvo respuesta para elaborar la auditoría, se hizo con el proyecto de la plaza de Olimpo por más de seis millones de euros, pese al informe negativo de la interventora. Y la quinta, Gecoinsa, se llevó la construcción de un garaje en Can Franquesa por 1,7 millones tras un procedimiento negociado que excede lo legalmente previsto.

El informe de Deloitte, además, confirma la "sombra de sospecha" que, según la oposición de Santa Coloma, hay en la obra pública que impulsó el ex alcalde Muñoz. Porque incluso proyectos tan emblemáticos para la ciudad como el Front Fluvial aparecen salpicados. La auditora detecta un sobrecoste "no contemplado" de 1,94 millones en una promoción de vivienda pública que facturó Construcciones Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que continúa en prisión.

Además de esos contratos, Deloitte señala que tampoco salieron a concurso los encargos de varios proyectos de redacción y dirección de obras. La concurrencia, en este caso, es obligatoria cuando superan los 50.000 euros. En tres casos, el adjudicatario fue Borja Carreras Moisy, ex director general de Arquitectura y Vivienda con Felipe González y ex gerente de Urbanismo de Barcelona. Estos contratos, que suman 1,13 millones, siempre se dieron "de forma directa", según la auditora.

Las irregularidades van más allá de las adjudicaciones directas. La auditoría, cuyo diagnóstico coincide con el de la Oficina Antifraude, advierte de que el Ayuntamiento encargó obras sin el encargo específico del Consistorio, "amparándose en el convenio marco firmado entre el Ayuntamiento y la sociedad", así como en las "aprobaciones de la junta de gobierno", algo que el informe rechaza. Asimismo recuerda que la ex interventora Maite Carol ya emitió informes negativos sobre estas operaciones, que en este periodo sumaron 835.000 euros. Sin embargo, la consultora no evalúa su impacto económico, legal o financiero, por quedar fuera "del alcance del trabajo" encargado. El último bloque de irregularidades corresponde a proyectos que se licitan antes de que termine el plazo de exposición pública. De acuerdo con el informe, así se adjudicaron 10 contratos de obras y servicios que sumaban 7,39 millones de euros. En la mayoría de estos casos, sin embargo, se da más de una irregularidad. Por ejemplo, en el caso del contrato de urbanización del pasaje de Caralt, de 309.000 euros, no sólo no se licitó antes de que terminara el periodo para informar a los ciudadanos, sino que incluso se dio el contrato de ejecución. Y en el caso de la urbanización del centro de educación Primavera, sin encargo local, el informe sobre el análisis de las plicas es anterior a la reunión de la mesa de contratación.

A fecha de 30 de septiembre, la deuda de Gramepark era de 60 millones de euros. Esta cantidad es 15 millones inferior a la que el juez Baltasar Garzón anunció en su primer auto sobre el caso Pretoria. Ello se debe que el magistrado incluyó también proyectos que debían empezar a ejecutarse a finales de año.





* ELPAIS.com - 12.03.10
Foto: Santa Coloma (Barcelona), ayuntamiento - efe

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El cerco contra el urbanismo ilegal se salda con tres implicados en Coín

MÁLAGAHOY* : La lupa del urbanismo ilegal se centra ahora sobre Coín. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del municipio, Andrés Mérida (PA), el secretario municipal y un promotor están supuestamente implicados en un nuevo caso destapado por la Guardia Civil. Están acusados de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad documental y desobediencia.

El motivo: la construcción supuestamente irregular de un alojamiento rural sobre una antigua granja-escuela sin la correspondiente licencia, sin un proyecto y sobre suelo rústico.

El juzgado de instrucción número 3 de Coín recibió el pasado martes las diligencias presentadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que inició la investigación hace más de un año. Según explicaron a este periódico fuentes judiciales, los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando el promotor implicado inició presuntamente unas obras sobre la antigua granja-escuela del municipio, ubicada en el paraje conocido como Cortijo Benítez y que llevaba en desuso casi veinte años. Al parecer, la Policía Local de Coín fue la primera en percatarse de la presunta irregularidad de esta obra en la que se aprovechó la existencia de tres naves localizadas en una parcela de algo más de mil metros cuadrados para levantar sobre ellas edificaciones hormigonadas y distribuidas por dentro en pequeños apartamentos, decorados con todo tipo de detalles de lujo como suelo de mármol e incluso un jacuzzi, además de una enorme piscina en el exterior.

Las mismas fuentes aseguraron que el concejal de Urbanismo fue presuntamente informado de la situación en ese momento, aunque al final la Policía Local no llegó a levantar acta de denuncia contra el promotor ni el Ayuntamiento inició un expediente sancionador ni de paralización de la obra. Hasta que el Seprona no se percató de la existencia de la obra y advirtió de la presunta irregularidad en mayo del año pasado, según fuentes judiciales, el Ayuntamiento de Coín no publicó un decreto para parar los trabajos.

Sin embargo, las obras continuaron a pesar de la denuncia de la Guardia Civil, que descubrió meses más tarde en una inspección rutinaria en helicóptero que los operarios seguían trabajando en la zona y que las distintas edificaciones estaban casi terminadas. La investigación que se inició entonces concluyó con que los servicios técnicos municipales no habían realizado ninguna inspección a la obra durante ese tiempo y que no había constancia escrita de que debía hacerse ese seguimiento por tratarse de una obra en suelo rústico que no contaba con licencia municipal ni con un proyecto previo que la avalara.

Las fuentes insistieron en que el Ayuntamiento de Coín no remitió hasta septiembre la documentación requerida por los agentes del Seprona sobre el desarrollo de esa edificación y que "en ese tiempo se intentó regularizar la situación". De hecho, a principios del pasado mes de octubre el equipo de gobierno del municipio, formado por el PSOE y el PA, aprobaron la admisión a trámite del proyecto de actuación sobre la antigua granja-escuela por su interés social.

Según las diligencias que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Coín, el promotor está acusado de los presuntos delitos de ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento de Coín el 14 de mayo de 2009. Al secretario municipal, en cambio, se le acusa de un presunto delito de falsedad documental, mientras que al concejal de Urbanismo se le imputa además un delito de prevaricación por omisión.

Sin embargo, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del municipio, el andalucista Andrés Mérida, aseguró que ha actuado "desde la más estricta y absoluta legalidad" y confió "plenamente" en que las diligencias iniciadas por el juzgado sean archivadas. El alcalde del municipio, Gabriel Clavijo (PSOE), prefirió no pronunciarse de momento sobre el caso.

Los tres implicados, que declararon hace unas semanas ante la Guardia Civil como detenidos, quedaron en libertad a la espera de que comparezcan ante el juez que instruye el caso.




* Málaga Hoy - 12.03.10
Foto: Edificaciones presuntamente irregulares construidas en el paraje Cortijo Benítez de Coín. - malagahoy.es

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Madrid entrega suelo público a cuatro religiones

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Madrid ha cedido de forma gratuita cuatro parcelas de suelo público a sendas congregaciones religiosas (Testigos Cristianos de Jehová, y las iglesias evangelista, bautista y ortodoxa rumana). Esta promoción, la primera que sacó a concurso público el consistorio, en 2009, entregará espacios con valores que oscilan entre los 1.502.274,14 euros y los 1.035.340,14 euros. La adjudicación de una quinta parcela ha quedado desierta.

La promoción cuya cesión definitiva se publicó el martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid pretende compensar a congregaciones que aún no se habían beneficiado de las concesiones municipales.
41 parcelas del arzobispado

En 1997, el ayuntamiento se comprometió a entregar al Arzobispado de Madrid 41 parcelas por un periodo de explotación máximo de 75 años. "En algunas aún no se ha construido ni desarrollado ningún proyecto", denuncia el portavoz de Urbanismo del PSOE en Madrid, Daniel Viondi. Trece años después de su adjudicación oficial, siete de los terrenos siguen sin edificarse.

El concejal socialista denuncia que en dos de las parcelas la Iglesia católica proyecta la venta de plazas de aparcamiento. "No sólo se les ha regalado el suelo, sino que también se les permite ahora sacar un provecho lucrativo", critica Viondi. Denuncia, asimismo, que la Administración también da un trato de favor al clero en la tramitación de sus documentos, "mucho más rápidos que para el resto de las personas".

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001 impidió la cesión directa de terrenos municipales (lo que ocurrió en 1997). Desde entonces, se dejaron de entregar a dedo.

Una vez alcanzada esta meta, el objetivo de la oposición es que el equipo de Gobierno municipal bloquee la entrega de espacios gratuitos a los credos, sobre todo en zonas que carecen de servicios sociales básicos.

Las otras congregaciones que han recibido en alguna ocasión terrenos gratis en Madrid fueron la Comunidad Marroquí Musulmana (en 1986), la Liga del Mundo Islámico (1989) y la Unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (2001).





* Público - 12.03.10
Foto: Madrid, protesta contra el miniVaticano (archivo) - publico.es

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