Sevilla: Vecinos del Pumarejo se manifiestan hoy para pedir al Ayuntamiento que arregle "de una vez" la casa palacio

ELCORREOWEB* : Los vecinos de la casa palacio del Pumarejo, un edificio protegido del siglo XVIII enclavado en la plaza homónima y propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, se han concentrado hoy en Plaza Nueva una manifestación con parada en la Consejería de Cultura y hasta el Pumarejo --donde se celebrará una fiesta vecinal--, dentro del primer acto del calendario de movilizaciones efectuado para que la corporación local, titular del edificio, asuma "de una vez" la reparación de éste.

Uno de los portavoces de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, José Pedrinazzi, ya explicó a Europa Press que el último punto de conflicto ha derivado de la remisión por parte de la Gerencia de Urbanismo de una factura de la empresa metropolitana de aguas (Emasesa) por valor de casi 7.000 euros.
Ello se explica en que cuando se produjo el acuerdo entre propietarios, el antiguo administrador "se desentendió de la gestión del edificio, por lo que los vecinos nos vimos abocados a asumir la responsabilidad de la comunidad". "Los residentes hacen hasta donde pueden, por lo que acabamos pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento en 2008 y dejamos de pagar en consenso con ellos; al parecer, el Consistorio asumió la responsabilidad hasta que la semana pasada nos remitieron una factura del total acumulado de agua", expuso.

Según Pedrinazzi, el Consistorio "está actuando como un promotor privado, un 'asustaviejas', y lo que debe hacer es dividir y mandar recibos con las partes proporcionales, porque lo que también debe quedar claro es que nosotros no estamos en contra de pagar facturas que son nuestras".

Todo ello se une al hecho de que ni desde Urbanismo ni desde Alcaldía han querido recibir al colectivo, a pesar de que éstos ya lo han solicitado varias veces por registro oficial, para debatir la propuesta ya entregada en 2006 al Ayuntamiento, un documento que abogaba por preservar el uso residencial y social en la entreplanta y la primera planta de la casa palacio, entregando la planta baja a organizaciones culturales, vecinales y sociales para acoger "múltiples usos" artesanales o asociativos.

FUERTES FILTRACIONES DE AGUA

Por último, los vecinos lamentan que el temporal de lluvias ha propiciado obras de urgencia como consecuencia de las fuertes filtraciones de agua sufridas en las últimas semanas durante el temporal de viento y precipitaciones que ha castigado a la ciudad, siendo una de las zonas más perjudicadas una en la que el Ayuntamiento intervino con la sustitución de la cubierta en 2008, en la esquina que da a la calle Fray Diego de Cádiz.

"Han dejado zonas en las que, si llueve, se cuela el agua y se crearán averías, y los puntales sólo arreglan la situación en un momento dado", concluyó el portavoz de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, cuyo 50 por ciento fue recientemente adquirido a la sociedad 'Quo Hoteles Integrados' y que espera aún el proyecto de restauración integral que resuelva definitivamente su futuro.

El palacio del Pumarejo, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y de 1.892,35 metros cuadrados de planta, cuenta con 19 viviendas de las que ocho están actualmente ocupadas en régimen de alquiler. Igualmente, posee 17 locales comerciales de los que diez funcionan como negocios tradicionales del barrio del Pumarejo.





* El Correoweb.es - 13.02.10
Foto: Los vecinos en la manifestación. - Javier Díaz, elcorreoweb.es

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Lentitud judicial, dejación política y falta de fondos frenan los derribos

LAVOZDEGALICIA* : Los propios jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se han preguntado por qué hay tantas órdenes de derribo que se demoran años y años sin que lleguen a ejecutarse. La respuesta a dicha inquietud, expresada entre ellos informalmente, se explica, según señala el juez decano de una de las capitales gallegas, por la falta de interés de los ayuntamientos implicados. Las indemnizaciones millonarias que suelen conllevar las demoliciones de edificaciones con licencia municipal concedida hace que los alcaldes se pasen la pelota de una corporación a la siguiente.

Pero los jueces apuntan otra opción, la del bajo grado de petición de ejecución de sentencias por parte de quienes promueven pleitos y buscan una posible negociación legal en la que hacer de solucionador de entuertos.

Jesús Lorenzo Cuervo, abogado vigués con más de veinte demoliciones ganadas, no lo ve así. «Se tarda en conseguir la demolición porque los jueces no toman las medidas que deberían para que se cumplan sus sentencias», asegura tajantemente. Para el abogado, los magistrados podrían fijar en sus fallos firmes un plazo a los ayuntamientos para realojar, indemnizar y derribar. «Podría ser de tres años o más, en función de las posibilidades financieras de cada ayuntamiento considerado responsable, y después, si no se cumple, juicio por desacato, inhabilitación o cárcel, solo así las órdenes de derribo serán tomadas en serio», añade.

Demora judicial

La lentitud de la Justicia es señalada por Lorenzo Cuervo como otra causa de dicha proliferación de casos. «Tuve uno en el que un alcalde hizo oídos sordos a una sentencia y cuando lo amenazaron con una multa gorda se puso el proceso en marcha, aunque al final fue el demandante el que se ofreció a pagar el derribo para que se cumpliese la sentencia», recuerda.

La inseguridad jurídica en la que se sustentan muchos planes y normas urbanísticas municipales es para el aparejador y promotor de decenas de denuncias Eduardo Canabal el origen del conflicto generado por sentencias que evidencian la falta de tino de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias.

Pero Canabal va más allá. «En todos los casos en los que he actuado la Justicia falló inicialmente contra construcciones que todavía se estaban ejecutando y a pesar de ello los ayuntamientos no advirtieron a los promotores, con lo que se convierten en cómplices en lugar de emitir un oficio con el que los concellos habrían dejado toda la responsabilidad legal a los constructores». ¿Y por qué se produce esa dejación? El aparejador vigués es claro en su respuesta: «Hay dinero por detrás, es la única explicación», añade para argumentar el «ti vai facendo que xa se arreglará», con el que se suele echar tierra sobre los fallos judiciales.

-¿Pero también aseguran que los denunciantes como usted solo buscan dinero?

-«Hay intentos de extorsión para retirar las denuncias, pero para retirarlas hay que llegar a un acuerdo, firmar un buen convenio y si la Justicia no lo ve te puede condenar a costas y abrir un proceso que te puede llevar a la cárcel. Yo no he aceptado ni un duro nunca y ahí están todas mis denuncias ganadas en fase de ejecución de sentencia, eso lo dice todo», concluye.




* La Voz de Galicia - 12.02.10
Foto: URBANIZACIÓN LODEIRO, VIVEIRO. En noviembre del 2004, el Tribunal Superior ordenó sin éxito el derribo de un edificio de cien viviendas que incumplía las normas subsidiarias - lavozdegalicia.es

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Marbella: Las promotoras adeudan a las comunidades de vecinos casi diez millones de euros

SUR/Málaga* : Las arcas de muchos bloques de pisos de Marbella se están convirtiendo en las principales víctimas de la crisis. No ya sólo por culpa del vecino que deja de pagar la cuota de la comunidad principalmente por las dificultades económicas que eventualmente pueda afrontar, sino también de la promotora, que se desentiende de esta obligación ante el stock de viviendas sin vender.


La deuda de estas empresas con las comunidades de propietarios del término municipal casi alcanza a día de hoy los diez millones de euros, según datos del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Y lo peor de todo, asumen las fuentes consultadas, es que se trata de una deuda que no para de crecer.
Así, no sólo los inquilinos están en el punto de mira de los administradores de finca. También las promotoras, que ante la falta de compradores no tuvieron más remedio que quedarse con la vivienda y, por tanto, incluirse en la comunidad de vecinos. Un problema que se agrava en Marbella no sólo por la crisis económica generalizada sino también por la singular situación urbanística que sufrió la ciudad hasta la reciente aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Se da además la circunstancia de que muchas de estas promotoras están en concurso de acreedores. «Es un verdadero problema», reconoce Juan Ruiz, miembro de la junta directiva del Colegio de Administradores de Fincas para Marbella y San Pedro Alcántara. Al final son los inquilinos quienes tienen que hacerse cargo de esa deuda de la promotora incrementando su cuota hasta doblarla no sin antes reducir al mínimo los gastos de las zonas comunes de la urbanización.
Plataformas
Así es como han comenzado a surgir plataformas vecinales afectadas por el impago de las promotoras que no dudan en presentarse en los tribunales para denunciarlas. El problema aquí es que, una vez en los juzgados, el proceso se eterniza y, por tanto, la solución no es ni mucho menos de un día para otro. El resultado es que el resto de propietarios del edificio no tiene más remedio que asumir una parte de la cuota que la promotora dejó de pagar. Todo esto agravado además por los costes que supone abrir la vía judicial, que también recaen en los vecinos.
Esas mismas estadísticas del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga recogen que dos de cada diez inquilinos deben dinero a su vecindario y acumulan facturas de varios meses después de haber intentado primeramente sin éxito fraccionar el pago. «Sí que notamos que hay voluntad de pago, pero las familias no pueden porque los ingresos que tienen no son suficientes», asegura Ruiz. Como en el caso de las promotoras, hay una diferencia de Marbella respecto al resto de la provincia: el peso de la comunidad extranjera. De esas dos personas de media de cada diez que están dejando de pagar la comunidad, una es de fuera.
'Se vende'
Se trata de foráneos que no residen aquí y que la vivienda que compraron en su día atraídos por el boom inmobiliario está ahora en venta por problemas de liquidez. Puesto el cartel de 'Se vende', lo primero que hicieron fue dejar de pagar la cuota de la comunidad. «En Marbella se dan muchos más casos de extranjeros que de españoles», revela Ruiz, quien recuerda además que estas personas extranjeras son cada vez más difíciles de localizar para ponerles al corriente de la problemática que han creado en la comunidad si es que la desconocen.
Pedro Escalante, responsable de Administraciones Escalante, asume que en cualquier caso en esto del impago del recibo de la comunidad también hay diferencias entre las comunidades en función del presupuesto que manejen. Así, en un edificio con un presupuesto entre los 80.000 y cien mil euros, la deuda media anual de los recibos que tienen pendientes de pago los vecinos morosos asciende incluso a los 3.000 euros. Lógicamente son los edificios más humildes los que se llevan la peor parte y traen más de cabeza a los administradores, que tienen que poner todo de su parte para tapar los muchos agujeros financieros que surgen en la comunidad de propietarios. «Claro que es también un momento difícil para la profesión, pero es lo que toca; aunque debo decir que casi siempre los vecinos están por la labor de pagar», declara Escalante.
Otro administrador consultado, Jesús Martín, de Administraciones Jesús Martín, reitera que cuando el agobio económico hace presencia en algún piso del bloque, la primera víctima es la cuota de la comunidad. Una regla por así decirlo que no falla, aseguran los expertos consultados. El resultado es que cada vez resulta más difícil que las arcas municipales cumplan con el requisito legal de dejar un cinco por ciento del presupuesto como fondo de reserva.





* SUR - 13.02.10
Foto: Los campos de golf de Marberlla están rodeados de urbanizaciones con pisos sin vender. :: JOSELE-LANZA, diariosur.es

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Los pueblos nucleares confirman el trato del ATC

PÚBLICO* : Pese a que el Gobierno lo niega, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) ha confirmado que llegó a un "trato" con el Ministerio de Industria para que presentara candidatos Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) a albergar el almacén centralizado de residuos atómicos (ATC), como se reflejaba en un documento interno desvelado ayer por Público.

A cambio, el departamento de Miguel Sebastián se comprometió a aumentar la cantidad de dinero que reciben, hasta 8,25 millones de euros más cada año, a través de una nueva orden ministerial. La suma saldría de las tasas pagadas por las eléctricas y sería distribuida a todos los pueblos nucleares por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

"O sacaban la orden o no había candidatos", explica el gerente de la asociación, Mariano Vila dAbadal. Según su versión, los alcaldes de la AMAC echaron un "órdago" al Ministerio en julio de 2009 al anunciar que no presentarían candidatos. El mensaje fue: "Si no jugáis al desarrollo económico en las zonas nucleares, nosotros pasamos de vosotros y del ATC". Inquietos por la posibilidad de que ningún pueblo de España solicitara el almacén, los negociadores de Industria accedieron y prometieron a los municipios nucleares aumentar sus ingresos hasta 8,25 millones de euros al año. La mayor parte de esta partida, 7,55 millones de euros, servirá para cofinanciar proyectos de desarrollo local para combatir el monocultivo nuclear.

A juicio de Vila dAbadal, el interés del Ministerio por los candidatos de la AMAC se debe a que "si no hubieran salido, posiblemente no habría otros candidatos". "¿Y si no se hubiese presentado nadie? Hubieran quedado como tontos", opina. Tras el paso al frente de Yebra y Ascó, impulsados por el nuevo compromiso económico del Gobierno con todas las áreas atómicas, otros 12 pueblos sin tradición nuclear pujaron para llevarse el ATC.

"Intuición personal"

La Junta de Castilla y León hizo ayer una valoración mucho más crítica del trato entre Industria y la AMAC. El pasado 31 de enero, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, del PP, aseguró que su "intuición personal" le decía que la "ceremonia de confusión" del proceso para elegir el emplazamiento escondía "un acuerdo teledirigido" para que el almacén se quedara en Ascó. Ayer, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, interpretó que el trato revelado por este diario "curiosamente tira por esta vía" al señalar que "el Ministerio de Industria tuvo contactos con algunos municipios y les primó con cierta financiación", según informa Efe.

El portavoz del Gobierno castellanoleonés también negó ayer que la Junta haya negociado con el Ministerio la instalación del vertedero atómico en Santervás de Campos, como contó el miércoles El Día de Valladolid. Santiago-Juárez pidió al Gobierno que se guíe "por criterios técnicos y el consenso" para seleccionar el emplazamiento, aunque inmediatamente aportó un criterio poco técnico. Si el Gobierno no anula el cierre decretado por Industria de la central nuclear de Santa María de Garoña para 2013, "que no cuenten" con la Junta para ubicar el ATC, espetó el portavoz conservador.

El escándalo por el trato entre Industria y la AMAC puede acabar con el ministro Sebastián dando explicaciones en el Congreso. El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, solicitó ayer su comparecencia "para que explique si es cierta la información que hoy [por ayer] publica el diario Público, según la cual el Gobierno tuvo que poner dinero sobre la mesa para encontrar pueblos dispuestos a albergar el almacén temporal centralizado". El ecosocialista coincide con la sensación del presidente de la Junta de Castilla y León de que la elección del emplazamiento está teledirigida. "Creo que el proceso estaba apañado hacia Ascó y Yebra, pero se les ha torcido, porque se han encontrado con un sentimiento territorial en contra", apunta. La crítica de Herrera hacia la gestión del Gobierno en esta materia es corrosiva: "Para conseguir candidatos han comprado a la AMAC, esto no es un proceso de participación, sino de compra de voluntades". En su opinión, el acta de la asamblea de los pueblos nucleares del 11 de enero "es una perla".

El objetivo de ICV, socio de los socialistas en la Generalitat, es "paralizar este proceso chapucero, sin participación ni transparencia". El miércoles, Herrera solicitó al Congreso el contrato firmado con Francia para que las empresas de este país se ocuparan de los residuos procedentes del desmantelamiento del reactor de Vandellós 1, clausurado en 1989.

Sospechas confirmadas

El Gobierno esgrime este contrato que obliga a España a pagar unos 60.000 euros diarios de penalización si los desechos no vuelven antes del 31 de diciembre de 2010 para justificar la urgencia por construir el ATC. Sin embargo, Herrera cree que estos datos son "falsos" y quiere ver el contrato. Fuentes del propio Ministerio admiten que este pago es tan sólo una fianza, así que la mayor parte de este dinero regresaría a España junto con los residuos de Vandellós 1.

Las organizaciones antinucleares también reaccionaron ayer al arreglo entre Industria y la AMAC. "Las sospechas de que había algo más que buenas intenciones por parte de los alcaldes que han solicitado el ATC están perfectamente en consonancia con la reciente noticia" del trato, explicó ayer Ecologistas en Acción en un comunicado.




* Público - 12.02.10
Foto: La Junta de Castilla y León cree que el pacto demuestra que el proceso está amañado para que Ascó (en la imagen) se lleve el almacén de residuos atómicos. ALBERT GEA, publico.es


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Irún: No a las 26 hectáreas urbanizables

DIARIOVASCO/Gipuzkoa*: La Plataforma para la Defensa del Valle de Olaberria, tras estudiar los criterios y objetivos del futuro Plan General de la ciudad en lo que afecta al corredor Olaberria-Ventas, ha concluído que la reserva de suelo urbanizable planteada es más de la necesaria para acoger los usos que en su día plantearon al Ayuntamiento.

A su juicio, 26 hectáreas, las que el Plan General no sectorizará pero sí considerará urbanizables, son demasiadas. «Somos conscientes», indican desde la plataforma, «de la contaminación de algunos suelos, pero ¿las 26 hectáreas están contaminadas o degradadas? Creemos que no», afirman. Por si acaso, piden al Ayuntamiento que, conforme a las leyes pertinentes, se inicie «un procedimiento de calidad del suelo» mediante una investigación «detallada».
Pero su principal oposición se refiere a la idea de recalificar en urbanizables «dos ámbitos discontinuos». Urune y Epele, contiguas, representan 11 de las hectáreas; Zamora, separada, es la zona que contiene las otras 15. Además de no considerar «necesaria su recalificación», la Plataforma augura «una situación sumamente peligrosa a futuro, rompiendo la armonía del valle».
Su temor se fundamenta en que todas las propuestas de actividad que ellos remitieron en su día al Ayuntamiento y que fueron analizadas en el seno del Consejo Asesor de Urbanismo (hípica, agroaldea, usos museísticos y monumentales, senderos, huertas de ocio, centro de desarrollo, escuela agroganadera, parque solar, actividades innovadoras del sector primario...) no requieren más de 11 hectáreas de suelo. Es decir, podrían entrar en los ámbitos de Urune y Epele. De las 26 degradas que contabiliza el PGOU cuatro se prevén destinar a zonas verdes, pero a pesar de eso, las cuentas de la Plataforma encuentran 11 hectáreas en Zamora, «110.000 metros cuadrados», que podrían destinarse a usos «no necesariamente ligados al mundo rural». Resumiendo, temen la posibilidad de «entre 30.000 y 66.000 metros cuadrados de techo edificado, pabellones o no se sabe qué».
Les parece «inaceptable» ese riesgo en el ámbito de Zamora, pensando además en otros problemas añadidos por la «vialidad, las canalizaciones, el aporte energético, los movimientos de tierras...».
En la parte positiva de lo consensuado en el Consejo Asesor, la Plataforma celebra la decisión de elaborar un Plan Especial de Protección Ambiental, con el que si están de acuerdo sus miembros y que animan a «desarrollar».





* Diario Vasco - 13.02.10
Foto: Riesgo innecesario. La Plataforma teme una edificabilidad excesiva en el suelo del valle. :: F. DE LA HERA, diariovasco.com

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La juez de Mercasevilla ordena investigar al ex gerente de Urbanismo

ELPAÍS* : Giro inesperado en el caso Mercasevilla. La juez instructora, Mercedes Alaya, ha pedido a la policía que investigue al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, después de que el promotor de Larena98, Antonio Pardal, le acusara de ofrecerse para amañar varios concursos destinados a construir viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla.

Pardal asegura que recibió propuestas de concesiones ilegales por parte de Marchena, pero también de un director general de la Junta y un cargo de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

El empresario realizó la grave acusación contra Marchena el pasado lunes ante la policía judicial: "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados en su día".

El constructor poseía los derechos de suelo de la empresa municipal y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero como dejó de abonar dicha cuota por los problemas que hacían inviable la parcela, tanto Mercasevilla como el Consistorio buscaban que renunciara a dichos derechos, tal y como finalmente hizo en favor de la constructora Sando.

El empresario acusó asimismo a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey sobre patines, a lo que accedió y aportó "cuatro o cinco millones de pesetas". "Esta propuesta me la realizó un tal Marín, político designado por el Ayuntamiento de Sevilla en el distrito Macarena", aclaró Pardal. Probablemente Pardal se refiera a José Marín, ex secretario del distrito Macarena.

Ante su previsible declaración en comisaría, Marchena defendió su actuación como gerente de Urbanismo: "Tengo la conciencia tranquila. Siempre me he conducido por la estricta observancia de la legalidad en la defensa de los proyectos de la ciudad". Marchena aclaró que de momento no ha recibido ninguna notificación de la policía ni de la juez, pero aseguró que acudirá a declarar si le llaman. "Me pongo a disposición de la policía judicial y de la juez para aclarar con toda diligencia cualquier detalle que se me solicite sobre esta cuestión".

El promotor acusó asimismo a un director general de la Junta residente en El Pedroso (Sevilla) de prometerle "la concesión de una estación para pasar la ITV de vehículos a cambio de seguir pagando el canon". Pardal afirmó ante la juez que recibió "todo tipo de presiones por parte del ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, principal imputado en la causa. Por último, el promotor acusó a la cúpula de Mercasevilla y otra persona joven "que decía ser la mano derecha del alcalde", de ofrecerle la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla.

Además, el promotor relató que mantuvo cuatro reuniones con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para tratar "las anomalías de Mercasevilla". Monteseirín le dijo que desconocía las irregularidades y le prometió que trataría el asunto con Marchena "para aclarar la situación".

Graves acusaciones

- El promotor Antonio Pardal ha acusado al ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena de ofrecerse para amañar varios concursos de VPO a cambio de que mantuviera un canon a Mercasevilla.

- Tras la acusación, la juez ha ordenado a la policía judicial que investigue las ofertas ilegales que denuncia Pardal.

- Entre estos ofrecimientos, Pardal acusa a un director general de la Junta y a un joven "que decía ser la mano derecha del alcalde".





* ELPAIS.com - 13.02.10
Foto: Las instalaciones del Mercado central, en una imagen de archivo. - diariodesevilla.es

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Las sentencias de derribo amenazan a casi 2.500 viviendas en toda Galicia

LAVOZDEGALICIA* : La amenaza de la piqueta pende sobre media Galicia. El futuro de 2.483 viviendas en las que la Justicia o la Administración han encontrado ilegalidades en su construcción está así en el aire a la espera de respuesta a recursos, negociaciones, intentos de legalización con cambios en los planes urbanísticos locales o simplemente a que el tiempo haga un milagro.

El caso del edificio Conde de Fenosa, de A Coruña, al que el Tribunal Supremo no encuentra excusa para evitar su derribo, se repite especialmente en Vigo, donde el Concello no fue capaz en años anteriores de dotarse de los filtros necesarios para que unas 1.600 viviendas cumpliesen algo más que tener licencia municipal para burlar la ley. Más de medio millar de hogares en la calle Rosalía de Castro, las torres donde se ubica el Club Financiero, un centro comercial y varios casos más esperan encaje en el Plan Xeral mientras la Justicia no deja de instar a su derribo. Sanxenxo, Viveiro, Pontedeume, Ourense, O Carballiño, Vilamartín de Valdeorras, Poio, A Illa de Arousa, Portonovo, Bueu, Marín, Carballo, Fisterra, Muxía, Ribadeo, Carnota, Lalín, Cambados y A Guarda acumulan centenares de órdenes de derribo firmes, mientras la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta tramita otras 216.





* La Voz de Galicia - 12.02.10
Foto: Vigo, viviendas J.Benavente afectadas derribo - farodevigo.es

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La fundación fantasma del Consell gastó 80.560 euros en tres consultoras

LEVANTE/Valencia* : En apenas dieciséis líneas liquidó la fundación pública Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE) el relato de todas las actividades que acometió en el año 2008, el primer ejercicio íntegro desde que se puso en marcha esta entidad semiclandestina, el 12 de junio de 2007. En este proyecto de la Conselleria de Economía no se cumplió la costumbre de arrancar con mucha energía para perder fuelle después. Nació ya al ralentí.

Pagó los 100.000 euros a sus dos empleadas (una gerente y una técnica) y poco más.

La única actividad reseñada en un documento interno -una memoria de actividades muy "sui generis"- al que ha tenido acceso este diario fue la elaboración de estudios sobre el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. Son empresas con un régimen jurídico y tributario distinto a las mercantiles convencionales, que viene dado por el hecho de que al menos un 70% de su plantilla tiene discapacidad. La labor de "diagnóstico y análisis de la situación económico-empresarial y de gestión" de esos centros se adjudicó a consultoras externas, que recibieron tres contratos por 80.560 euros.
Dos de estas firmas -Sokima Solutions S. L. y Efectividad y Experiencia S. L.- son de los mismos dueños y firmaron informes por un total de 13.400 y 42.280,88 euros. En torno a la mitad de esas cantidades comprometidas todavía no han sido abonadas, según indicaron a este diario fuentes de las empresas.
La tercera de las asesorías contratadas, Key Executive S. L. se llevó 24.880 euros por el estudio que elaboró. Efectividad y Experiencia S. L. y Sokima Solutions S. L. realizaron sus estudios sobre 60 centros ocupacionales especiales, muchos de ellos vinculados a asociaciones de discapacitados físicos o psíquicos. Un portavoz de estas de estas asesorías explicó a Levante-EMV que sus firmas fueron creadas por "ejecutivos de alto nivel" provenientes de muchos sectores y que ofrecen servicios de dirección de empresas a tiempo parcial. Se dirigen, explicó, a pymes y entidades que no pueden permitirse el lujo tener en nómina a ejecutivos con un caché elevado.
Este mismo responsable de las consultoras, radicadas en urbanizaciones de Bétera, reconoció que fueron ellos los que sugirieron a la Conselleria de Economía la idea de elaborar informes. Explicó que, en el marco de la crisis económica, quisieron transmitir a los "políticos" la conveniencia de elaborar un estudio para detectar "en qué pueden mejorar los centros especiales de empleo" e hicieron un "diagnóstico completo de la parte financiera, la tesorería, orientación sobre estrategias, con quién pueden negociar..". ¿Entonces les dieron a dedo los informes? Efectivamente, aunque el responsable de las empresas subraya que la fundación consultó varias ofertas. Quiso destacar incluso que a la tercera de las consultoras, Key Executive S. L., domiciliada en la ciudad de Valencia, la eligieron antes que a ellos.
El nombre de la fundación (Gestión y Eficiencia Empresarial) parece inspirado en el de la consultora Efectividad y Experiencia S. L., creada justo dos años y tres días antes. No es extraño, si se tiene en cuenta que, además del informe, el responsable de esas empresas inspiró también la idea de la montar esa fundación, ubicada en la calle Colón. Al menos eso dice.




* Levante-EMV - 12.0210
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Mallorca: Un 'regalo' de 271.000 euros para Munar

ELMUNDO* : El promotor que triplicó la edificabilidad del mayor edificio de oficinas de Baleares gracias a la recalificación de las zonas industriales que aprobó el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar, admite ante el juez Juan Ignacio Lope Sola que vendió inmuebles al marido de la ex presidenta insular por 271.000 euros menos de lo que valían. O lo que es lo mismo, que le hizo una rebaja de algo más de 45 millones de las antiguas pesetas en tan sólo dos operaciones inmobiliarias.

Así se desprende de las tasaciones que acaba de aportar al magistrado que instruye la denominada Operación Maquillaje el propietario del edificio Vipasima del polígono industrial de Son Castelló, que vendió a través de su sociedad Inversora Idueña, S.L., dos inmuebles a los Munar en 2006.

El primero, unas oficinas en plena Avenida de Jaime III de Palma y con pocos meses de diferencia, una nave industrial en el polígono de Marratxí. La sociedad beneficiaria fue Ranum, S.L., la empresa que responde a la transcripción inversa del apellido de la dirigente de UM y al frente de la cual figura su propio esposo, Miquel Munar Munar, imputado en este proceso. Esta empresa se encuentra radicada en el número 6 de la calle Major de Costitx, domicilio fiscal de la actual presidenta del Parlamento balear y líder de Unió Mallorquina (UM).

Por el local ubicado en la avenida más comercial del centro de Palma, unas oficinas de 228 metros cuadrados que antiguamente estuvieron ocupadas por una agencia de viajes, los Munar desembolsaron oficialmente 330.072 euros el 11 de julio de 2006. Es decir, que pagaron 1.447 euros por metro cuadrado. Precio de vivienda de protección oficial en plena milla de oro de la capital insular.




* El Mundo - 12.02.10
Foto: Mallorca, pleno del Consell (archivo) - diariodemallorca.es

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Alpedrete Sostenible afirma que el PGOU suma otro “motivo de escándalo”

ELFARO/Madrid* : Tras las últimas informaciones relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), especialmente la rueda de prensa ofrecida por Izquierda Unida la pasada semana, Alpedrete Sostenible reitera que este documento “no sólo carece de sentido y perjudica la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además responde a los intereses particulares de unos pocos”.

“Queda claro que personas del Equipo de Gobierno y sus familiares conocían con antelación detalles del PGOU que aún no había visto la luz”. En concreto, recuerda este colectivo, la polémica tiene que ver con un convenio que prevé la construcción de un importante número de viviendas en la zona de Los Llanos Sur, por parte de una conocida empresa promotora de la localidad. El hecho de que entre los firmantes de los contratos de compra aparezcan nombres de personas relacionadas con un concejal de la anterior legislatura, así como con uno de la actual, ya es, para Alpedrete Sostenible, “un motivo de escándalo, pero lo es más cuando se comprueba que la fecha de firma es el 1 de julio de 2005, seis meses antes de la presentación y aprobación del Avance del PGOU en el pleno del 23 de diciembre”.

“No parece”, añaden desde esta asociación, “que esto sea fruto de la casualidad, sino que, al menos en el caso de la zona a que nos estamos refiriendo, el Plan General se ha puesto al servicio de los intereses de los contratantes, que no de los ciudadanos de Alpedrete, quienes, de llevarse a cabo este convenio urbanístico, verán cómo disminuye su calidad de vida y los valores medioambientales, al aumentar la oferta de viviendas sin que exista una necesidad real”.

En concreto, este colectivo asegura que se pretenden construir 800 casas en este sector. “Los 400.000 metros cuadrados que planean urbanizar suponen una facturación de 294 millones de euros”, subrayan desde Alpedrete Sostenible, reclamando la retirada del PGOU, además de sumarse a la petición de dimisión de la alcaldesa y el edil de Urbanismo.

La respuesta de la alcaldesa
Ante las críticas de Alpedrete Sostenible, la alcaldesa, Marisol Casado, ha respondido que “lo primero que tienen que demostrar es que hay alguna irregularidad o ilegalidad, porque hasta dónde yo sé no hay ningún informe que avale eso”. “Pero ellos”, prosiguió, “practican mucho, como otros, en este caso IU, lo de difama que algo queda. El único fin que tienen es cargarse el Plan General y de paso al Partido Popular, porque estamos a un año de las elecciones y no saben jugar limpio, y por eso utilizan estas malas artes”. Por otra parte, añadió la regidora, “el PP siempre ha tenido clarísimo lo que quería conseguir con el PGOU, que por cierto estábamos obligados a aprobar por ley desde 2001. Y ellos, que también gobernaron, no lo hicieron, porque había que trabajar, y eso es lo que no quieren hacer”. Además, reiteró que con este nuevo planeamiento se conseguiría construir vivienda social, se ampliaría el polígono y se conseguirían 280.000 metros cuadrados de suelo dotacional, además de crear puestos de trabajo y generar ingresos para hacer frente al gasto corriente del Ayuntamiento”.





* El Faro del Guadarrama - 4.02.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com

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Denuncia penal a una industria de Boiro tras 12 años de ilegalidades

ELPAÍS/A Coruña* : La planta generadora de electricidad que abastece a la conservera Jealsa Rianxeira de Boiro lleva desde 1996 funcionando de forma irregular. Sus responsables pueden ahora enfrentarse a un proceso penal si prospera la denuncia de la Fiscalía Superior de Galicia, que cree que puede estar incurriendo en un delito medioambiental.

En su escrito al Juzgado de Instrucción de Ribeira, el fiscal Álvaro García Ortiz señala que existen indicios de contaminación ambiental por lluvia ácida y ruidos excesivos provocados por esta planta, construida en terrenos protegidos gracias a una autorización municipal. El alcalde era entonces Jesús Alonso (PP), dueño de Jealsa.

La historia de la planta cogeneradora lleva años siendo objeto de recursos judiciales. La licencia aprobada en la época de Alonso en la alcaldía fue tumbada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2001, pero la fábrica nunca dejó de funcionar. Con el cambio de Gobierno tras las elecciones municipales de 2003, la nueva corporación local, presidida por el nacionalista Xosé Deira, concedió al año siguiente un permiso supeditado al cumplimiento de unos requisitos medioambientales: que se cambiase el combustible empleado -sustituyendo fuel por gas natural- y se eliminasen las vibraciones que molestaban a las casas de los vecinos. Sin éxito.

La decisión del ayuntamiento fue recurrida, pero cuatro años después un juzgado de Santiago ratificó su validez y certificó, como recuerda ahora la Fiscalía en su denuncia, que la planta carece de prácticamente todas los requisitos que exige la normativa: no se recabó el permiso de Augas de Galicia ni se redactó la evaluación de impacto ambiental, tampoco se respetaron las distancias de seguridad que exige el reglamento de actividades peligrosas, ni se observaron las reglas de planeamiento urbanístico.

La juez acreditaba entonces que la planta cogeneradora, "pegada" a la conservera, era "indispensable" para su funcionamiento, pero la actividad nunca se detuvo. La sentencia fue impugnada por Boiro Energía, SA, la filial de Jealsa que gestiona la planta, pero el fiscal no ha esperado a la resolución del recurso para llevar su actividad al terreno penal, después de una denuncia de unos particulares de la que dio traslado la Fiscalía Provincial de A Coruña. En ese sentido, alude a un informe de la Asociación Profesional de Kiwicultores de Galicia, según el cual las plantaciones de este fruto en la zona se han visto afectadas por la planta eléctrica. "Se desprende que la actividad desarrollada no es en apariencia inocua, sino que provoca daños y molestias ambientales a los vecinos", aduce García Ortiz.

El escrito parte de la autorización de 2004, entiende incumplidos sus requisitos y pasa a analizar la actitud de la empresa, a la que critica duramente. "No tiene desperdicio", señala, "la contestación a la orden dictada por la alcaldía [en 2004], pues amenazaba literalmente al alcalde con hacerle responsable de un posible vertido de detritos sin depurar al faltar la energía necesaria para la planta de Jealsa". El fiscal tacha este proceder de "impresentable" y ordena que se tomen medidas para "extremar la protección ambiental de los vecinos de la planta, irregularmente instalada y potencialmente contaminante y peligrosa". Así, insta al juez a que pida al Seprona que mida los niveles de contaminación por gases y ruido.

La empresa declinó ayer comentar la denuncia, alegando que sus servicios jurídicos todavía no tenían constancia de ella. Xosé Deira, por su parte, señaló que en el pasado ya se han efectuado mediciones que constataban un exceso de contaminación por ruido, no así de gases.

En octubre pasado, el ayuntamiento legalizó una nave frigorífica en terreros de Jealsa que había corrido un camino similar al de la eléctrica. Autorizada por el Gobierno local del PP y anulada por el TSXG, Deira aseguró que esta última licencia se dio "con garantías".





* ELPAIS.com - 11.02.10
Foto: Vivienda colindante a la planta cogeneradora de electricidad de Jealsa, en Boiro.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com

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El Supremo confirma la pena para Roca por el 'saqueo de Marbella'

ELMUNDO/Málaga* : El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y diez meses de cárcel impuesta en enero de 2009 por la Audiencia Nacional al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil en el conocido como caso 'Saqueo', sobre el desvío de caso 4.000 millones de pesetas del Consistorio marbellí a empresas privadas entre los años 1991 y 1995.

La sentencia del alto tribunal, que también confirma las penas de cárcel impuestas en su día al que fuera asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el contable Manuel Jorge Castel, destaca que ha quedado acreditado el "panorama de absoluto descontrol del gasto municipal", así como la "neutralización de todos los mecanismos jurídico-contables llamados a fiscalizar el uso de fondos públicos".

La resolución rechaza una a una todas las alegaciones expresadas por las defensas en los recursos de casación presentados por los tres acusados, de los que se dice que se concertaron con el objetivo de "desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales" implicadas. Roca se encontraba al frente de una de ellas, Planeamiento 2.000 S.L., "concebida como uno más de los instrumentos de descapitalización".

La Sala que ha visto estos recursos está integrada por los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde, José Ramón Soriano y Manuel Marchena, siendo este último el ponente de la resolución.

El abogado de Roca, Horacio Oliva, argumentó durante su intervención el pasado 16 de diciembre que entiende vulnerada la presunción de inocencia del ex asesor municipal por "vacío probatorio" y porque las pruebas que se practicaron en el juicio fueron, a su juicio, valoradas de modo "irracional" por la Audiencia Nacional

Añadió que las alusiones a la facturación falsa en sociedades municipales que se incluían en la sentencia hacen referencia a la responsabilidad de Gil, y sólo se refieren circunstancialmente a Roca, y se quejó de que la sentencia de la Audiencia Nacional se limitará a realizar un "copia y pega" de las declaraciones de los diferentes imputados.
La sentencia no fue 'modélica'

En este punto, el Supremo da la razón a Oliva al considerar que la estructura formal de la sentencia que dictó en su día la Audiencia Nacional "no es modélica". "Se extractan las declaraciones de los imputados -incluidas las prestadas en diligencias no judiciales- y se acumulan por aluvión todas ellas, sin expresar el proceso intelectual de su valoración", dice el alto tribunal.

Pese a ello, el Supremo considera que, en su conjunto, la resolución de la Audiencia Nacional "no presenta una carencia argumental que provoque la vulneración del derecho que se dice denunciado" por la defensa de Roca, es decir, "no le faltan los presupuestos precisos para respaldar, de forma racional, el juicio de autoría".

"Y es que la constancia documental de la anarquía contable a la que los acusados sometieron al Ayuntamiento de Marbella -informe de Tribunal de Cuentas, documentos notariales de constitución de las sociedades participadas por fondos municipales, actas referidas a su funcionamiento, adquisición de sociedades factureras por uno de los acusados, documentos contables que reflejan la ficticia anotación de operaciones inexistentes (...)- está incorporada a la causa y es suceptible de ponderación en toda su minuciosidad", agrega.

Para el Tribunal Supremo, Roca "no era uno más" en la trama. Su papel "iba más allá de la condición de gerente nominal, desprovisto de poder (...) El acusado, en fin, se representó y tuvo conocimiento de que por medio de esas sociedades instrumentales, en ejecución del plan que los acusados habían ideado, se iba a iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los cuatro mil millones de pesetas".

El abogado de Sierra, Manuel Ollé, alegó durante la vista vulneración de los derechos fundamentales de su cliente y ausencia de motivación suficiente de las condenas. A su juicio, el texto de la Audiencia Nacional "no señala pruebas concretas" contra él.

El Supremo considera, sin embargo, que Sierra "no sólo conocía de propia mano la inadecuada gestión y la ausencia absoluta de control respecto de la aplicación de fondos públicos, sino que él mismo ideó un sistema de caja única y controló su funcionamiento cotidiano, desde su condición de secretario de los dintintos consejos de administración de las sociedades de las que forma parte".

Añade que el ex abogado de Gil, en definitiva, "expuso los bienes municipales al riesgo de un gasto 'cuasiclandestino' habida cuenta de la neutralizacón de los mecanismos públicos de control".
Desvío de fondos públicos

La sentencia de la Audiencia Nacional relató que los condenados concibieron y ejecutaron un plan con el que, entre los años 1991 y 1995, llevaron a cabo "actuaciones coordinadas tendentes a desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales".

El tribunal consideró que para la detracción del patrimonio municipal fueron "relevantes" los conocimientos que tenían cada uno de los condenados, conocimientos jurídicos en el caso de Sierra, contables en el de Castel y de la actividad empresarial, en el de Roca.

El tribunal absolvió a los otros tres acusados, los empleados de las sociedades municipales Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera y a la viuda del que fuera gerente de una de ellas, Purificación Notario, sobre quienes la acusación particular -ejercida por tres concejales del PP del consistorio marbellí-, había retirado su acusación.





* El Mundo - 11.02.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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El juez imputa a cinco ex ediles de La Oliva

LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El 'caso Las Clavellinas' vuelve de nuevo a la luz pública tras la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, de tomar declaración en calidad de imputados a cinco ex concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Oliva por haber votado a favor de la enajenación de unos terrenos que fueron donados para solares destinados a los vecinos de Corralejo.

El caso se remota a 1981 cuando el ciudadano Guy Vandaele donó al Ayuntamiento de La Oliva 27.000 metros cuadrados destinados a cubrir las necesidades de solares para los vecinos de Corralejo. Sin embargo, el Consistorio no sólo enajenó 125.000 metros cuadrados de esa donación sino que no cumplió las condiciones estipuladas en la escritura pública del donante.


Los entonces ediles del Consistorio norteño, Marcelino Umpiérrez, el único que continúa vinculado a las filas del PP y actualmente director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; Alejandro Hernández, Andrés Pérez, José Juan Aguiar y Cristóbal Calero deberán comparecer el próximo lunes ante el juez. Otro de los concejales que apoyó el polémico acuerdo, Ismael González, ya falleció.


El entonces alcalde Domingo González Arroyo se encuentra también imputado por este caso, así como el ex secretario Miguel Ángel Rodríguez. Por contra, el Registrador de la Propiedad José Manuel Muñoz Roncero, fue eximido de la causa al no haberse apreciado indicios de conducta delictiva.


Los hechos se remontan a 2002 cuando interpuso una querella la AA VV 'Las Clavellinas" contra los entonces políticos del Ayuntamiento de La Oliva por prevaricación para alterar el precio en subasta pública.


La citada causa se ha dilatado en el tiempo por los múltiples recursos de reforma y apelación presentados por las partes y uno de ellos, el de apelación presentado por el ex-secretatio municipal contra la admisión , estuvo dos años en la Audiencia Provincial de Las Palmas para resolverse. Por otra parte, el Juzgado majorero tuvo también que remitir a la citada Audiencia la causa de González Arroyo por estar en aquellas fechas aforado por su condición de parlamentario regional.


Este periódico intento ayer de forma infructuosa contactar con el ex alcalde de La Oliva. Sin embargo, uno de los ex ediles imputados, Andrés Pérez, señaló que su voto favorable a la citada enajenación "se realizó en base a los informes jurídicos y técnicos que se disponían y que avalaban nuestro posicionamiento de votar favorable". También, apuntó, que "tengo mi conciencia tranquila porque hemos actuado correctamente".





* La Provincia - 11.02.10
Foto: La Oliva (Fuerteventura) - flickr.com

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A Coruña: La Unesco alerta de que la presión urbanística amenaza a la Torre

LAOPINIÓN* : De entre todas las posibles amenazas identificadas por la Unesco para la Torre de Hércules, la mayor de ellas, superior incluso a los accidentes marítimos o el efecto de las visitas turísticas, es la presión urbanística derivada del crecimiento de la ciudad. Esta conclusión la obtuvo el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos) después de analizar la candidatura presentada para que el monumento se convirtiera en patrimonio de la humanidad.

Está recogida en el informe elaborado por este órgano consultivo de la Unesco para mostrar sus impresiones acerca de la propuesta.

Este documento, disponible en inglés y francés a través del archivo electrónico de la Unesco tiene como fecha de emisión el 10 de marzo de 2009, tres meses y medio antes de que el faro romano fuese declarado patrimonio de la humanidad en Sevilla el sábado 27 de junio del año pasado. Como tal, el informe es una evaluación del proyecto justificativo redactado por varios organismos públicos para que el faro pasase a engrosar la lista de monumentos del patrimonio mundial. Mediante este análisis, el Icomos también emite su opinión acerca de los proyectos y la documentación remitida por el Ayuntamiento, entre la que se cita un plan de doscientas páginas sobre la conservación del monumento.

Pese a esta advertencia documentada sobre la amenaza del desarrollo urbanístico para la Torre, el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Turismo, Henrique Tello, restó ayer importancia a las consecuencias que podría tener la urbanización de seis edificios proyectada por el plan general a quinientos metros del faro. Tello calificó de "rumores" los avisos lanzados desde el Icomos acerca de los efectos negativos que esta actuación podría tener sobre el título en futuras revisiones. A pesar también de que no quiso "colgarse medallas", afirmó que el Ayuntamiento ya ha cumplido con el 85% de los requisitos establecidos por la Unesco. Por todo ello, el teniente de alcalde negó sentirse "preocupado" y afirmó que el expediente elaborado en su día para apoyar la candidatura de la Torre está "muy bien hecho". Del trabajo efectuado por el Ayuntamiento dio buena cuenta el Icomos en el informe que a continuación se expone.

. Presión urbanística. En el apartado número cuatro del documento, encabezado por el título Factores que afectan a la propiedad, el Icomos expone que la "falta de espacio" para construir en el área urbana de la ciudad ha obligado en el pasado a emplear el suelo disponible en las afueras. "Es posible que esto ocurra de nuevo si no se presta atención", añade el informe. Para dejar claro que el entorno de la Torre no es de uso residencial, los técnicos del comité internacional encargado de redactar el análisis recuerdan que hoy en día los terrenos existentes alrededor del faro romano son "percibidos y utilizados" por los habitantes de la ciudad como una zona destinada a las actividades deportivas y de ocio. Después de exponer estas características relacionadas con los condicionantes de desarrollo de la ciudad, el Icomos concluye: "Icomos considera que la principal amenaza para la propiedad es la presión del crecimiento urbano". Esta advertencia la lanzó en marzo del año pasado, antes del nombramiento del faro como patrimonio mundial y con el desconocimiento del proyecto para levantar seis edificios, algunos de ellos bloques de pisos de hasta siete alturas, en las cercanías del monumento, en una parcela vacía entre el polígono de Adormideras y la ciudad deportiva existente en las cercanías de la Torre.

. Los efectos del turismo. Dentro del mismo apartado dedicado al urbanismo, el informe analiza las consecuencias que tiene sobre el monumento la llegada de turistas. El Icomos sitúa esta amenaza inmediatamente por debajo del desarrollo urbanístico, a pesar de que reconoce que la Torre soporta bien los niveles de visitas que registraba antes de la fecha de redacción del documento. "Sin embargo -corrige el dictamen de los técnicos- varios problemas se están convirtiendo en aparentes". Entre ellos, el Icomos cita el vandalismo y la falta de ventilación en determinados puntos del faro, que los técnicos experimentaron durante su visita al monumento para examinar su estado.

. Amenazas medioambientales. En este punto del informe se hace referencia a los accidentes marítimos que han ocurrido en el entorno de la Torre. Así, el Icomos recuerda el siniestro del Urquiola (1976) y del Mar Egeo (1992), que vertieron toneladas de petróleo sobre las aguas y el litoral de la costa coruñesa. La Unesco, sin embargo, minimiza este riesgo para el monumento basándose en la construcción del puerto exterior y el traslado hasta punta Langosteira del tráfico de buques cargados de mercancías peligrosas o potencialmente contaminantes.

. La prueba de que la Unesco desconocía la urbanización de San Amaro. El análisis de las zonas de protección establecidas alrededor de la Torre -las conocidas como zonas núcleo y de amortiguamiento- arroja la prueba de que la Unesco desconocía la urbanización prevista por el plan general en San Amaro. El Icomos considera en el informe que los límites de estas dos áreas son "adecuados" y no menciona en ningún momento la construcción de los seis edificios, proyectada dentro de la zona de amortiguamiento fijada para el faro romano.

. Personal insuficiente para el centro museográfico y de interpretación. El cometido del comité encargado de analizar la propuesta de la Torre fue examinar también los proyectos que se comprometió a desarrollar el Ayuntamiento en caso de que el monumento fuera distinguido. En el apartado referente a la gestión del faro, el Icomos lanza otra advertencia, en este caso dirigida a la puesta en funcionamiento del centro museográfico y de interpretación: "Los actuales recursos humanos del Consorcio de Turismo no son apropiados para un centro museográfico y de interpretación".

. Necesidad de un plan director pormenorizado. El Icomos advierte también de que el plan director cojea. Es necesario uno "más completo", recomienda en el informe. También sería aconsejable establecer quién es el responsable de su implementación.

Un grupo de vecinos de San Amaro ha denunciado la posible contradicción que el plan general incluye en el desarrollo urbanístico de esta zona. En un punto situado entre el cementerio y la residencia de mayores Torrente Ballester, en las manzanas existentes entre las calles San Amaro y San Pedro, el documento aprobado el pasado 1 de diciembre de manera inicial recoge la construcción de edificios de nueve pisos, más entreplanta y bajocubierta. Es decir, once alturas en total.

Esto no tendría mayor trascendencia, según los vecinos y la formación local Unión Coruñesa, que ayer también denunció este hecho, de no ser porque en una parcela pegada a este polígono -el identificado en los planos como H3.01- se está finalizando actualmente la construcción de un edificio de seis pisos. Pero es que tanto los vecinos como Unión Coruñesa añadieron que en este punto de San Amaro está prevista la aplicación de la polémica normativa de alturas introducida en el plan general por el Ayuntamiento. De acatarse la ordenanza que obliga a calcular el límite de alzado de los edificios a partir del ancho de la calle, los inmuebles en esta zona no podrían sobrepasar las cinco alturas. En lugar de eso, insistieron los vecinos y Unión Coruñesa, el plan general formula un desarrollo en el que se levantarán edificios de once pisos y a su lado otros de seis, con una diferencia entre ellos de cinco alturas.





* La Opinión Coruña - 11.02.10
Foto: Vista del entorno de la Torre, donde, abajo a la derecha, pueden distinguirse los terrenos en los que se levantará la urbanización. / fran martínez, la opinión

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Rus desvía 300.000 euros a una fundación ´fantasma´ del Consell que sólo paga sueldos

LEVANTE/Valencia* : Trasvasa fondos de Turismo a Gestión y Eficiencia Empresarial, que preside Gerardo Camps y no tiene actividad aparente. Ningún nombre, ni logo, ni señal de vida en los timbres del portero automático. Ni el más remoto signo de identificación en los buzones del patio de la escalera y ni rastro en las 48 puertas del edificio de la calle Colón, del primero A, al octavo F, según comprobó ayer este diario.

La fundación Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE), dependiente de la Conselleria de Economía y que tiene a Gerardo Camps como presidente del patronato, se creó el 12 de junio de 2007 y no tiene ninguna actividad aparente salvo pagar el salario de sus dos empleadas: la gerente, Dolores Bello, y la técnico Lucía Aparicio, ambas ligadas al Partido Popular, según los socialistas.
Una web "en construcción" y una nota de prensa del Consell en la que se informaba del alumbramiento de GEE son dos de las pocas actuaciones que adornan su currículum. El portavoz del PSPV en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, y la portavoz adjunta en las Corts Cristina Moreno denunciaron ayer que el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, ha quitado 300.000 euros del Patronato de Turismo -de una partida de 315.000 prevista para programas de apoyo del sector, básicamente en pueblos del interior- para darlos a esa fundación.
La cifra de la modificación contable aprobada ayer supone el triple del presupuesto de esa fundación para este año, unos 102.000 euros que en su práctica totalidad se destinarán al pago de salarios. En 2008, se destinaron 100.925,42 euros a las nóminas de las dos empleadas. La cantidad representa prácticamente dos tercios de los casi 160.000 euros gastados, según unas cuentas anuales de la entidad que no fueron firmadas por todos los responsables que las formulan. Lo dijo el Síndic de Comptes en su informe de 2008. El vicepresidente del patronato es el número dos de Economía, José Manuel Vela; el secretario es Luis Lobón (Servef) y ejercían de vocales Enrique Pérez Boada (entonces en el IVF) y Antonio Lis, de VCI.
La socialista Cristina Moreno subrayó, además, que Gestión y Eficiencia Empresarial ha tenido tan pocas actuaciones que ni presentó la memoria de actividades correspondiente a 2008 junto a las cuentas anuales. Una contabilidad que retrata, además, el gasto de 16.795,74 euros en el alquiler del despacho; 4.216 en amueblarlo y 3.500 euros en la compra de los ordenadores de sobremesa. También se dedicaron otros 2.657,40 euros a adquirir dos portátiles. A la gerente debe de venirle bien, dado que, según varias fuentes, suele prodigarse poco en apariciones por el despacho. Ayer mismo, este diario no la pudo localizar en la oficina. Tampoco respondió al mensaje de petición de información, que este diario trasladó a la empleada que atendió la llamada. Además de la informática, la fundación gastó 2.279 euros en un manual de imagen corporativa y casi 2.000 en la puesta en marcha de la web. Al pago de "servicios profesionales independientes" se dedicaron 20.094 euros.
¿A qué se destinará el dinero que llega a la fundación? De momento no hay noticia, pero Rubio sospecha que el trasvase de dinero "se justificará con un convenio para estudiar posibles aplicaciones turísticas" sobre el Júcar y los Serranos. Si cumpliera su fines, GEE dedicaría el dinero a la promoción y desarrollo del conocimiento y colaboración entre altos ejecutivos y empresarios de la Comunitat Valenciana para contribuir a la mejora de la actividad empresarial y económica". Es sólo parte del pomposo objeto fundacional de la entidad pública de las dos empleadas. Un de las más desconocidas de entre las 38 fundaciones del Consell.





* Levante-EMV - 11.02.10
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com

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Andratx: Hidalgo y Cañellas se atribuyen mutuamente la idea del convenio torre Sant Elm

ABC/Mallorca* : Hidalgo y Cañellas han declarado hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcias, que investiga un supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Balears, que preside Cañellas, la cual cedió el uso de la torre en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por Hidalgo- a cambio de unos 45.000 euros cuyo destino se está investigando.

Este dinero lo pagó el Ayuntamiento gracias a una aportación de la Conselleria de Turismo, con el popular Joan Flaquer como conseller, que sufragó el 60 por ciento del importe del convenio para la cesión del castillo, en el que se realizaron algunas actividades culturales.

Según ha declarado hoy Cañellas, que ha comparecido por espacio de una hora asistido por el letrado Josep Perelló, en 2004 recibió una oferta del Ayuntamiento de Andratx para coordinar "alguna solución" para el uso del castillo, recién reformado, escrita por el propio Hidalgo.

En cuanto al destino del dinero pagado por el Ayuntamiento a la fundación, ha dicho que se trataba de una aportación y no una subvención, por lo que no se debía detallar la finalidad, ya que se entendía que era para los fines globales de la entidad, cuyo objeto social es recuperar el patrimonio paisajístico y arquitectónico rural.

El ex alcalde Eugenio Hidalgo, que ha sido conducido al juzgado desde la prisión donde cumple condena por otros casos de corrupción, ha explicado que fue Cañellas quien, en 2004, se dirigió a él para proponerle llegar a un acuerdo sobre el castillo.

Finalmente, en 2005, cuando Hidalgo accedió a la alcaldía, se dio luz verde al estudio del convenio, que finalmente fue firmado en 2006.

En 2007, cuando se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento, el equipo municipal decidió dejar de pagar el convenio y lo rescindió.

Hidalgo ha dicho que no tenía "estudiado ni leído" el convenio que se investiga porque confiaba en los asesores jurídicos del consistorio y que "en la persona que había sido presidente del Govern (en referencia a Cañellas)".

"No es cierto que el convenio fuera una simulación para transferir ingresos económicos a la fundación o al señor Cañellas", ha agregado Hidalgo.

Este caso de supuesta corrupción parte de una denuncia de la Fiscalía por prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad y defraudación a la administración en relación al uso de dicho contrato de cesión del castillo.

La Fiscalía Anticorrupción indica que el convenio pudo suponer un perjuicio económico para el Ayuntamiento sin reportar ningún "beneficio o utilidad social o pública para el municipio o sus habitantes". EFE





* ABC - 10.02.10
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)

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Vecinos de Montanuy retoman el contencioso por el plan general

ELPERIÓDICO/Aragón* : La publicación ayer en el BOA de la ampliación de Cerler activa las denuncias y alegaciones que en su día abrieron en diferentes frentes los grupos conservacionistas y que permanecían dormidas hasta ahora. Unas ante Europa y otras dos son vías administrativas interpuestas por Naturaleza Rural (compuesta por vecinos del valle de Castanesa) contra el Plan General de Montanuy, que prevé la construcción de más de 3.500 viviendas supeditadas a la creación de la estación de esquí y contra la declaración del proyecto de Cerler como de carácter supramunicipal y, por ende, de interés general.

Respecto a la queja europea, fue presentada en el 2007 por Izquierda Unida (IU) de Aragón a través del eurodiputado en la propia Comisión Europea Willy Meyer, y defendida en mayo del 2008 en Bruselas por Adolfo Barrena. Una denuncia sobre el urbanismo en Aragón que incluyó los planes expansivos de Aramón y, entre otros, el macroproyecto del valle de Castanesa.

El Gobierno de Aragón aprobó el PGOU de Montanuy a finales del 2008 con un planeamiento para recalificar terrenos en los que construir más de 3.500 viviendas en un valle que ronda los 300 habitantes censados. Un proyecto que cuenta con la oposición de una parte de la población de Montanuy, que presentó un contencioso administrativo a través de Naturaleza Rural.

INFORME AUKEN Castanesa y Montanuy se añadieron a la queja que Europa admitió a trámite y que se mantenía viva pero en espera hasta conocer con exactitud los citados proyectos.

Hay que recordar, además, que Castanesa también forma parte del demoledor informe de la danesa Margrete Auken, de Los Verdes, aprobado en marzo de 2009. un informe que no es vinculante y que revela los desmanes cometidos en materia urbanística en España y Aragón.

En el caso de la comunidad aragonesa, Auken incluyó la demanda presentada por Adolfo Barrena ante la CE en la que aparecen proyectos urbanísticos como las distintas actuaciones en las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, la ampliación de Cerler a través de Castanesa, actuaciones en Gúdar-Javalambre, Camarena de la Sierra y San Agustín, la ampliación del área metropolitana y la escasa reserva de suelo en la capital aragonesa. Junto a estos desarrollos, IU añadió el proyecto Gran Scala.





* El Periódico de Aragón - 11.02.10
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial

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Puerto y Concello no se entienden y el escombro ciega los muelles de Vigo

XORNAL* : Ni un pírrico principio de entendimiento lograron ayer Concello de Vigo y Puerto en la reunión pactada para tratar la paralización de las obras en el muelle de Trasatlánticos. El concejal de Urbanismo, José Mariño, y el director de la Autoridad Portuaria, Luis Lara, se encerraron en un despacho municipal junto a sus técnicos –un técnico de la concejalía y un abogado del Estado–y durante dos horas entablaron un diálogo de sordos, según se puede desprender de las declaraciones de ambos al finalizar el encuentro.

“No nos han propuesto absolutamente nada. No hemos sido capaces de que nos den argumentos ni nos razonan los motivos por qué se ha ejecutado sin licencia el derribo de las naves de cableros”, afirmó el edil. Poco después, Lara respondía que “es obvio que se han argumentado nuestras posiciones y no se ha hablado del tiempo durante dos horas”.

La falta de consenso que los empresarios ya reclamaban para finalizar la ampliación de Areal amenaza ahora el principal escaparate turístico de la ciudad, un muelle de cruceros convertido en escombrera y que la Autoridad Portuaria tenía previsto destinar a zona pública. “La única responsabilidad de lo que pase de aquí en adelante será de Corina Porro”, indicó Mariño. El concejal condiciona el futuro de la obra al informe que le entregarán hoy los técnicos de Urbanismo. “Lo normal es reponer la legalidad, pero tal como está todo parece complicado”, añade. El Concello asegura que no existe licencia para destinar la zona a uso ciudadano y argumenta que el Plan Especial del Puerto señala que la citada nave era un elemento “a consolidar”.

Los responsables portuarios afirman que “han detectado mala fe en la actuación del Concello” y amenazan también con acciones judiciales. Mariño ya anunció que el próximo paso será ir a la Fiscalía y el Puerto respondió que “estudian acciones legales”. Desde la entidad que preside Corina Porro se advierte, además, de que “a la vista de las sorprendentes declaraciones del concejal tras casi dos horas de reunión, se concluye que no hay ninguna disposición de diálogo por parte del Concello y lo único que se pretende es actuar únicamente basándose en un interés político de paralizar cualquier actuación del Puerto”.

El mismo día de la reunión, varios medios locales publicaban una página de publicidad de la Autoridad Portuaria en la que se exponía el proyecto para cableros y se comparaba con el del anterior presidente portuario, Abel Caballero.

“Otros han abierto centros comerciales sin licencia, nosotros no”, señaló José Mariño en clara alusión a la urbanización en la parcela de Finca do Conde sobre la que pesa una orden de derribo por parte de los tribunales.





* Xornal de Galicia - 11.02.10
Foto: Naves de cableros, reducidas a escombros, en el muelle de trasatlánticos del puerto de Vigo - M.G., elcorreogallego

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Europa examina a Huelva con lupa por su polución

PÚBLICO* : El año pasado la Eurocámara sacó los colores a España al poner de relieve el “urbanismo masivo”, la “avaricia” y la “conducta especulativa”. No será una visita de cortesía. Así valoraban este miércoles varios colectivos defensores del medio ambiente la inminente visita de una delegación del Parlamento Europeo a Huelva para investigar su calidad ambiental y la contaminación derivada de su actividad industrial.

El motivo de su optimismo es el nombre de una europarlamentaria integrada en la delegación: Margrete Auken, de Los Verdes, autora del demoledor informe Auken, aprobado por la Eurocámara en febrero de 2009 y que sacó los colores a España al poner de relieve el “urbanismo masivo”, la “avaricia” y la “conducta especulativa” de nuestro país.

Junto a la danesa Auken, visitarán España entre el 16 y el 18 de febrero el francés Pascale Gruny, conservador, y el rumano Victor Bostinaru, socialdemócrata. Tres eurodiputados españoles acompañarán oficiosamente a esta delegación oficial: Luis Yáñez, del PSOE; Carlos Iturgaiz, del PP, y Willy Meyer, de IU. Este último es el que ha cargado sobre sus espaldas casi todo el esfuerzo político que ha conducido a esta visita. El esfuerzo ciudadano es responsabilidad de la Mesa y la Plataforma de la Ría, Greenpeace y el Proyecto Intersur, asociaciones demandantes.

Los delegados parlamentarios se reunirán con autoridades locales, provinciales, autonómicas y estatales, así como con empresarios con actividades contaminantes y con todos los demandantes. Luego elevarán un informe con recomendaciones al Parlamento Europeo.

Fosfoyesos

Las más de cien toneladas de fosfoyesos repartidas a lo largo de 1.200 hectáreas en las marismas de Huelva están en el punto de mira de la delegación europea. El responsable de estos vertidos es la empresa Fertiberia. La radiactividad del material procede del óxido de uranio contenido en la roca fosfórica empleada en la elaboración de fertilizantes.





* Público - 10.02.10
Foto: Vista general de las balsas de fosfoyesos de Huelva.- PEDRO ARMESTRE, publico.es

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El Plan do Litoral asesta un duro golpe al futuro urbanístico de A Illa

FARODEVIGO* : El Plan de Ordenación do Litoral, no es precisamente magnánimo con A Illa. Más bien todo lo contrario, ya que el documento redactado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras deja toda la superficie del municipio, exceptuando las zonas consideradas como asentamientos tradicionales, afectada por medidas de protección costera o de mejora ambiental y paisajística.

Los primeros análisis que se están realizando desde la asesoría técnica del Concello así lo indican, destacando que el 100% del territorio isleño quedaría imposibilitado para el desarrollo urbanístico. Es más, incluso zonas consolidadas urbanísticamente desde hace años, se encuentran en este Plan de Ordenación do Litoral dentro del ámbito de mejora de la calidad ambiental y paisajística.
La tan reclamada singularidad, que trataba de buscar un marco de crecimiento urbanístico para el municipio que se compatibilizase con el alto valor ecológico no es apreciable en ninguno de los tres mapas en los que se ha dividido el municipio. El regidor isleño, Manuel Vázquez reconocía ayer que “incluso terrenos urbanos consolidados están afectados, áreas de reparto que ya se han desarrollado y se encuentran en plena fase de construcción”.
A falta del informe oficial, por el que llevan aguardando una semana, entienden desde A Illa que las restricciones urbanísticas “afectan al 100% de nuestra superficie y el tratamiento singular que llevamos años reclamando por nuestras condiciones no aparece por ningún lado”.
De hecho, Concello y colectivos sociales y económicos del municipio remitieron el pasado mes de septiembre una serie de consideraciones en la encuesta que se realizó desde la Consellería de Medio Ambiente para realizar el POL en el que incidían en la necesidad de un tratamiento singular y específico para el municipio, algo que llevan años reclamando y comprometido por los sucesivos gobiernos de la Xunta de Galicia. El diseño planteado desde la Consellería, entienden desde A Illa, no deja opción alguna a este tratamiento singular y, como aseguraba ayer el propietario de una vivienda afectada por Costas, “deja todo exactamente igual que la Ley de los 500 metros”. Además, no se incluye la sentencia de Cabodeiro, que reconoce este entorno como suelo urbano consolidado desde antes de 1988.
Con estos mimbres, el ejecutivo local y sus técnicos ya han comenzado a trabajar en la elaboración de alegaciones a un plan que “su punto de partida no es precisamente bueno para el futuro de este municipio, y desde luego, hay más de 19 hectáreas de urbano no consolidado o urbanizables afectadas por el Plan”.

Vilanova

El Concello de Vilanova tampoco queda en un buen lugar con el nuevo POL. Zonas como O Terrón, As Sinas o el entorno de protección del río Currás y con escaso margen para el crecimiento urbanístico. En As Sinas, donde existen más de un centenar de viviendas afectadas por Costas se mantiene la misma situación contemplada en las Normas Subsidiarias, sin avanzar hacia la consolidación de viviendas que tienen más de un siglo de historia, quedando ubicadas o en zonas de protección costera o de mejora ambiental y paisajística. Además añaden un amplio corredor de protección para el río Aduana.
En O Terrón, todas las viviendas y negocios hosteleros quedan fuera de las zonas de posible crecimiento urbanístico y sólo se considera urbano una pequeña lengua paralela a la PO-307. La propuesta podría causar un serio perjuicio a un importante número de establecimientos hosteleros que están asentados en esa zona desde hace décadas y que sufren la presión de Costas mientras buscan una solución.
Pero lo que más ha sorprendido es el enorme corredor de protección que se contempla para el río Currás, algo que el Concello tiene intención de alegar para evitar que viviendas que se encuentran en las proximidades puedan verse afectadas.

O Grove

O Grove tiene una situación muy similar a A Illa. Con su desarrollo urbanístico paralizado desde 2001, con el decretazo Cuíña, el POL apenas modifica o da pistas de lo que va a ser el futuro. Fuera del casco urbano se aplican todo tipo de protecciones, algo que el grupo de gobierno quiere ver de forma más específica ya que “toda la documentación que se nos ha remitido es demasiado genérica”, indica el teniente de alcalde Carlos Álvarez Besada. Preocupa de manera especial determinadas zonas que están urbanizadas desde hace años, caso de Pedras Negras, pero que en el mapa aparecen catalogadas como zonas de protección medioambiental y paisajística.

Catoira

Los técnicos de Catoira también están estudiando en profundidad el documento, aunque en principio, el alcalde del municipio, Alberto García, apunta a que no es excesivamente restrictivo con su municipio. “En principio, se protegen áreas de humedales en la zona de las Torres vikingas, algo con lo que estamos de acuerdo, y no parece que se coarte nuestro crecimiento urbanístico, aunque todavía tenemos que estudiarlo en profundidad”.





* Faro de Vigo - 10.02.10
Foto: La singularidad de A Illa parece no contemplarse en el Plan de Ordenaciónm do Litoral. - Iñaki Abella, farodevigo.es

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