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PÚBLICO/Madrid* : En junio de 2002, Villaviciosa de Odón, municipio madrileño que entonces tenía 21.000 habitantes, registró un brote agudo de simpatía conservadora. De la noche a la mañana, 78 ciudadanos decidieron afiliarse al PP local y apoyar la elección como presidenta local de la alcaldesa Nieves García, una militante sensible hacia el desarrollo inmobiliario y a quien disputaba el cargo un rival de su propio partido, Eusebio Martín, cuya sensibilidad se presumía más dudosa o infiel.
Una docena de los 78 afiliados pertenecía a la familia de Francisco Bravo y de su tío Francisco Vázquez, promotores con intereses en Villaviciosa. La entonces presidenta local del PP, alcaldesa hasta 1999 y ahora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, denunció el pucherazo ante la dirección regional del PP. Pero la operación quedó impune.
Cinco años más tarde, un juez de Móstoles consideró veraces las informaciones sobre el pucherazo publicadas por una revista de Villaviciosa ligada a un sector del PP: el magistrado desestimó la demanda de protección del honor planteada por Bravo y Vázquez, pero el pucherazo quedó impune. La intervención de Pilar Martínez, que declaró como testigo en aquel juicio, evidenció lo siguiente, según la sentencia: "Una serie de irregularidades que afloran en los documentos anteriormente referenciados [varias cartas dirigidas por la ex alcaldesa a la dirección regional del PP] y que han sido ratificadas" por la propia Martínez. En junio de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia.
Ahora, otro juez, este de Madrid y de la jurisdicción penal, ha condenado a dos periodistas de la Cadena SER a un año y nueve meses de prisión por publicar la lista de los 78 ciudadanos que afianzaron el rumbo de las políticas que García, hoy diputada aguirrista en la Asamblea de Madrid, aplicaba en Villaviciosa. Difundir sus nombres y sus domicilios que en distintos casos coincidía con el de una empresa de Bravo atentó contra el derecho a la intimidad y constituyó un delito de revelación de secretos, según el juez.
El supuesto secreto revelado no era otro que el de su militancia. En la sentencia, el magistrado considera que la protección constitucional de la libertad de información no ampara las noticias difundidas a través de Internet. Y se transmuta en profesor para indicar cómo se debía haber publicado la historia: sin nombres ni datos personales. La Fiscalía considera excesiva la pena, pero mantiene su petición de cárcel cinco meses, en este caso en su recurso ante la Audiencia madrileña.
En junio de 2003, un año después del pucherazo, los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez pasaron la noche del día 10 en un hotel madrileño. Habían protagonizado una jornada histórica al ausentarse de la votación de la que el candidato de su partido, Rafael Simancas, debía salir investido presidente. Su deliberado plantón abrió la puerta al triunfo de Esperanza Aguirre. Por la noche, ambos abrían otra puerta: la de las habitaciones 209 y 309 del hotel AC Los Vascos. Las había reservado el promotor Francisco Bravo, cuyo nombre figuraba en la lista de los 78.
Aquella noche se esfumó el fantasma que recorría no Europa la alianza PSOE-IU pero sí distintos sectores empresariales de Madrid. En la pesadilla aparecía Simancas con sus socios comunistas parando el avance del ladrillo, como un guardia de tráfico decidido a tocar el silbato por un quítame allá esa zona verde. O por un Quitapesares, nombre del polígono de Villaviciosa donde el ayuntamiento que dirigía García vendió a una empresa de Bravo suelo a bajo precio en el año 2000. En la junta de compensación de Quitapesares, formada por los propietarios del terreno para promover su desarrollo urbanístico, Bravo coincidió con Tamayo.
Nunca se sabrá qué habría ocurrido si, en el verano de 2002, el PP de la capital hubiera frenado la afiliación de esos 78 ciudadanos, entre los que figuraba Bravo. Pilar Martínez, escribió cinco cartas dirigidas a varios responsables del PP de Madrid, incluído Ricardo Romero de Tejada, por entonces secretario general del PP madrileño. Romero de Tejada reconoció que, tras la espantada de Tamayo y Sáez, había recibido a Francisco Bravo en la sede central del PP.
En su querella por el tamayazo, el PSOE citaba ese episodio: "No es, en absoluto, intrascendente una reunión promovida por un empresario del PP sin cargo alguno en su partido, que tiene intereses inmobiliarios muy específicos, con el coordinador de política municipal y el número dos del PP de Madrid, para tratar sobre la estrategia a seguir en la conformación de mayorías en contra del PSOE". Como la querella cayó en saco roto, el secreto del tamayazo sigue intacto, impune como el pucherazo de Villaviciosa.
* Público - 18.01.10
Foto: Villaviciosa de Odón (Madrid), ayuntamiento - villaviciosa616.org
Una corruptela gratis, una verdad muy cara
Ex alcalde de Guillena, inhabilitado para cargo municipal y urbanístico
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ELMUNDO/Sevilla* : El ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) ha aceptado este lunes una condena de inhabilitación para ejercer de alcalde, concejal y para todo cargo público que tenga que ver con la concesión de licencias urbanísticas, por lo que se ha suspendido el juicio contra él previsto para el martes.
Fuentes del caso han informado de que Padilla ha comparecido hoy ante la juez de lo Penal 12 de Sevilla, ante la que ha aceptado una condena por prevaricación por permitir la construcción de chalés ilegales en la urbanización Lagos del Serrano.
Padilla presentó su dimisión en mayo de 2009, después de 30 años ocupando el cargo, en una decisión que, según dijo entonces a Efe, tenía meditada desde que se presentó a las últimas elecciones y no guarda relación con las dos causas judiciales que tiene abiertas.
La Fiscalía de Sevilla ha retirado su anterior petición de un año de cárcel para el ex alcalde y únicamente ha mantenido la inhabilitación para cargo municipal y para empleo público relacionado con la concesión de licencias.
A la vista de la conformidad, el juzgado ha suspendido el juicio previsto para mañana, en el que estaban citados como testigos varios propietarios de Lagos del Serrano.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo imputó a Padilla por no impedir la construcción de chalés, cobrar las tasas municipales y permitir la electrificación de la zona.
Otra causa judicial pendiente
Éste era uno de los dos juicios pendientes del ex alcalde, pues en otra causa aún no señalada para juicio el fiscal pide para él 45 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para todo cargo público por dar licencia para construir unas naves en el polígono El Cerro de la localidad.
Las actuales diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía tras recibir la denuncia de varias decenas de parcelistas, contrariados porque la Asociación de Propietarios les reclamaba 2.100 euros a cada uno para los trabajos de electrificación, prohibidos tras la declaración del paraje como no urbanizable.
Un informe de la Policía Autonómica elevado al Juzgado en 2004 indicó que 186 de las 990 parcelas ya estaban construidas y en ellas se podrían haber hecho pozos ciegos que "podrían estar contaminando con aguas fecales los acuíferos subterráneos y las aguas del embalse de Cala", que abastece a la mayor parte de la provincia.
* El Mundo - EFE - 18.01.10
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
Los otros cabanyales, vecinos contra el expolio
PÚBLICO* : El proceso se repite en cada ciudad con un patrón calcado. El histórico barrio se empobrece al mismo ritmo que crecen los solares y los edificios vacíos. El ayuntamiento de turno no lo evita y cuando el nivel de vida roza el suburbio más degradado y parece improbable la resistencia vecinal aparece un plan para "rehabilitar" o "sanear" la zona. La operación suele ser incompatible con la conservación del patrimonio cultural o histórico.
La defensa del barrio marinero de El Cabanyal en Valencia ensalza el valor del tesón de los ciudadanos que se agarran a la defensa de su identidad cultural. La justicia, la historia y el Ministerio de Cultura abogan por su conservación, pero el Ayuntamiento de Rita Baberá insiste en la demolición de gran parte del entramado urbano donde vivió Vicente Blasco Ibáñez. Similares luchas se han reproducido en las grandes ciudades españolas con casi siempre goleada a favor de los Ayuntamientos.
Los arquitectos hace tiempo que tomaron partido por los vecinos. Los informes de los colegiados de Madrid a favor del mantenimiento de la cúpula de la cárcel de Carabanchel no sirvieron para evitar que los carabancheleros escucharan su derrumbe desde una acampada de protesta. "Muchas veces el valor del patrimonio no es artístico, sino histórico, por eso se cambiaron las denominaciones de protección. Ahora se dice patrimonio histórico-artístico", explica el arquitecto Antón Capitel.
Este estudioso de la arquitectura madrileña cree que no existe ningún caso en la capital o en otras grandes ciudades españoles que se pueda equiparar al expolio de El Cabanyal. "Es algo propio de las ciudades europeas de finales del siglo XIX, cuando los nuevos barrios obligaban a modificar la ciudad. Por un lado, es lógico que una avenida se prolongue hasta el mar, y por otro, también es normal que se proteja un entorno de valor cultural. Una vez que los jueces del Supremo han decidido, no hay duda. El decreto de la Generalitat para continuar con el proyecto es un delito", sentencia Capitel.
El juego virguero de los políticos valencianos para sacar adelante a toda costa su plan urbanístico revela la ineficacia de las protecciones con las que cuenta la Administración para proteger el patrimonio. "El problema es que el poder ejecutivo es juez y parte en estos conflictos", reflexiona el arquitecto de la plataforma Apudepa (Acción para la defensa del patrimonio aragonés) Carlos Bitrián. Las declaraciones BIC (Bien de Interés Cultural ) son declaradas, mantenidas, limitadas e incluso retiradas por los propios Ayuntamientos. "Siempre podrán acudir a un supuesto interés público o social para retirar la declaración BIC", añade Capitel.
"Existe poca experiencia en conflictos culturales y urbanos en la justicia española aunque cada vez hay más abogados especializados", lamenta Bitrián. Su experiencia en los recursos judiciales para proteger entornos como el del balneario de Panticosa o el casco histórico de El Tubo en Zaragoza revela que "es más útil" alegar que un proyecto urbanístico perjudica a los vecinos que al patrimonio. "Hemos tenido éxito cuando hemos denunciado que se perjudicaban las necesidades de la población. Al final los BIC no impiden que el espacio sea tratado como una mercancía para obtener plusvalías", sentencia Bitrián.
El ejemplo de los vecinos de El Cabanyal ha inyectado ánimo a las miles de plataformas de salvación del patrimonio en toda España. En Valencia, la destrucción de la huerta histórica de la ciudad, el abandono de las alquerías o la comercialización oscura de edificios valiosos como el de la antigua Tabacalera ha propiciado un movimiento de resistencia vecinal que amenaza con enfrentarse a las excavadoras.
Los seis casos
1. Un minivaticano en los jardines
El entorno de San Francisco el Grande en Madrid es un paisaje que aparece inalterable desde las pinturas de Goya hasta hoy. Un plan compartido entre el Arzobispado de Madrid y el ayuntamiento prevé construir edificios sobre el jardín.
"Enfrentar a la Iglesia es duro pero queremos salvar el jardín"
María Ruiz de Gauna lidera a los vecinos contra el plan de arzobispado
La cerca de Felipe IV que rodea la antigua ciudad de Madrid puede contemplarse en los jardines donde Antonio María Rouco y Alberto Ruiz-Gallardón han planeado crear un conjunto de edificios que van desde la Casa de la Iglesia a una residencia de ancianos.
“Tememos que acaben con un legado histórico que se remonta al siglo XVI”, reclama, María Ruiz de Gauna, portavoz de la plataforma del entorno de San Francisco de El Grande, que, al igual que el barrio de El Cabanyal tiene la protección de Bien de Interés Cultural. Los vecinos han recurrido a la justicia porque el proyecto elimina 15.000 metros cuadrados de zonas verdes y crea 20.000 metros de superficie de edificios.
El Colegio de Arquitectos de Madrid ha avalado el valor histórico de los jardines cedidos por Ruiz-Gallardón al Arzobispado, que pretende construir sobre el parque un aparcamiento y una residencia para curas. “Enfrentarse a la Iglesia es duro pero los vecinos sólo queremos salvar un jardín”, defiende Ruiz.
2. Huertas bajo el asfalto
La Punta es uno de los traumas urbanísticos de Valencia. Entre 2002 y 2003 fueron arrasadas 70 hectáreas de huerta protegida para construir un almacén de contenedores del puerto. La medida acabó con construcciones históricas y la deportación de las familias.
"Fue una masacre, un auténtico abuso de poder"
Rosa Quilis, vecina de La Punta, conservó su casa pero no su histórica huerta
Un gran solar con un barraca moribunda. Es lo que queda de las obras que hace casi diez años destruyeron parte de la pedanía valenciana de La Punta. Unas tierras intocables hasta que en 1999 una modificación del Plan General las devaluó a suelo urbanizable. Un año antes habían sido sentenciadas por el Ayuntamiento y el Gobierno a ser engullidas por la ZAL (Zona de Actividades Logísticas del Puerto).
La resistencia de los vecinos, en torno a las asociaciones La Unificadora y Defensem La Punta, se convirtió en un ejemplo todavía vivo para Salvem el Cabanyal. Entre 1994 y el 2003 se presentaron ocho recursos en los tribunales y se ocuparon numerosas alquerías abandonadas. Sus pobladores siempre sintieron la sombra de la especulación. Muchos todavía no han recibido indemnizaciones. Los más “afortunados” disponen de una de las casas que se construyeron para realojos, junto a las grúas del puerto, en un territorio tomado por el tráfico de drogas y la prostitución. SERGI TARÍN
3. Modernidad sin identidad
El moderno distrito 22@, presentado como una garantía de Barcelona para afrontar su futuro económico, ha colisionado con la marcada identidad industrial y popular del barrio del Poble Nou, que se conocía como el ‘Manchester catalán’.
"Ya luchamos por salvar las migajas de lo que fuimos"
Tere Bou fue la primera mujer miembro de la junta de l'Aliança del Poblenou
La conflictividad vecinal baja en Barcelona, y el Poble Nou no es la excepción. No son pocos los vecinos que aún lamentan el proyecto del 22@, el distrito que alberga cada día más empresas del sector tecnológico o de los medios de comunicación. Pero se les oye menos. Mucho menos. Hacerlo realidad ha replanteado el barrio y le ha hecho perder “toda su identidad y trama social, además del patrimonio”. Es lo que opina Tere Bou, una mujer activa y del barrio “de toda la vida”, que lamenta que incluso se esté perdiendo un nombre centenario para potenciar “eso de 22@”. Tere, miembro de la asociación de vecinos, lamenta que la lucha sea sólo por salvar las migajas de lo que fue, “como el barrio de pescadores y la Plaça Prim, de lo poco que sigue en pie”. Critica que muchas de las promesas, como las de convertir viejas fábricas modernistas en talleres de creación artística, se incumplan o se hagan a medias. “Del viejo Poble Nou y su sabor familiar ya no nos queda apenas nada”, concluye. FERRAN CASAS
4. Una ciudad del s. XIII en peligro
La presión vecinal ha obligado al Gobierno de Murcia a frenar su plan de trasladar los restos del yacimiento mozárabe de San Esteban para hacer un parking. Ecologistas en Acción denuncia que los restos encontrados no están siendo protegidos.
"Tememos que se lleven los restos piedra a piedra"
Rubén Vivas, de Ecologistas en Acción, defiende el yacimiento
La polémica por el yacimiento mozárabe de San Esteban, en la ciudad de Murcia, tiene 20 años. El Ayuntamiento preveía cambiar el parque por un aparcamiento hasta que el movimiento de tierra dejó al descubierto un enorme yacimiento de una ciudad mozárabe del siglo XIII. El Gobierno de Murcia ha rechazado el plan original ante la presión vecinal y ahora debate cómo garantizar su conservación.
“Protestamos porque encargaron la obra a una empresa afín al PP que pretendía trasladar la ciudad piedra a piedra, aunque sea de barro”, lamenta Rubén Vives, de Ecologistas en Acción. “Ahora, el problema es que con la lluvia que ha caído durante los últimos días se va a deshacer el yacimiento y el único remedio que ha puesto el ayuntamiento son unos retales de plástico”. El conjunto de San Esteban que ha quedado al descubierto permite observar dos hectáreas de una ciudad subterránea que podría permanecer oculta en las céntricas manzanas de Murcia.
5. Hotel de lujo sobre una joya
La estación de Canfranc permanece abandonada desde 1970. Un estado que propició su ruina hasta que un decreto la declaró Bien de Interés Cultural en 2002. Una asociación paró en los tribunales un proyecto que pretendía convertirla en hotel de lujo.
"En cada pequeño pueblo, encuentras un Cabanyal"
La asociación de Carlos Bitrián consiguió que un juez parara el destrozo
Apudepa (Acción para la defensa del patrimonio aragonés) engloba a vecinos, arquitectos y amantes de la cultura aragonesa. Su actividad exitosa en los tribunales ha traspasado su comunidad autónoma y reciben denuncias urbanísticas de toda España. El arquitecto Carlos Bitrián pone como ejemplo de expolio cultural el proyecto en Canfranc (Huesca), que pretendía construir una urbanización y un hotel de lujo sobre la antigua estación, protegida como BIC desde 2002. Un juez determinó que el proyecto que pretendía la “rehabilitación” del edificio alteraba su “fisionomía original”. El objetivo era construir una planta más sobre las naves de la estación.
“Al final, cada pueblo de 5.000 habitantes tiene su Cabanyal”, denuncia Bitrián. Otros colectivos defensores del ferrocarril piden la rehabilitación de la línea de ferroviaria que pasaba por la estación antes de que en 1970 se inhabilitara la inmensa infraestructura. Piden a Fomento la vuelta de la línea fronteriza entre Canfranc y Olorón (Francia).
6. Roma bajo Las Monjas
La Plaza de Las Monjas esconde en sus entrañas una edificación romana que los arqueólogos sitúan en el siglo I. Unas obras de remodelación provocaron el hallazgo pero la prisa por terminarlas hizo que los restos volvieran a quedar sepultados.
"La Administración no se implica con el patrimonio"
Jesús de Haro, defiende la protección arqueológica de un yacimiento del siglo I
La Plaza de las Monjas, a la que dio nombre un convento colindante, es el corazón de Huelva. Cuando se anunció su remodelación, la noticia corrió como la pólvora. Con lo que no se contó entonces fue con lo que esconde en sus entrañas, o lo que puede esconder. Los restos hallados fueron identificados por los arqueólogos como una edificación romana del siglo I. Creen que puede ser parte de una ciudad sepultada. Pero las prisas por terminar la obra hicieron que el Ayuntamiento (PP) cubriera los restos hasta la realización de una prospección geofísica.
“Las administraciones públicas no se implican con el patrimonio”, critica Jesús de Haro, presidente de la Asociación Profesional de Arqueólogos de Huelva. El estudio, que se hizo en noviembre, y el resultado, que aún no ha trascendido, serán trasladados a la Junta de Andalucía. Cabe, por tanto, la posibilidad de que el georradar dé la razón a los expertos y la mítica plaza deba ser de nuevo agujereada. RAFAEL ADAMUZ
* Público - 17.01.10
Foto: Una protesta contra el minivaticano en Madrid. - REYES SEDANO, publico.es
Presión popular en el Maresme para ‘salvar’ a Puig i Cadafalch
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Mataró y Argentona se movilizan para recuperar las casas donde vivió el artista. En el Maresme, donde las huellas del Modernismo resultan clave tanto para el patrimonio artístico de la comarca como para el sector turístico, existe preocupación porque algunos de los elementos más emblemáticos tienden a caer en el olvido. Es el caso de Josep Puig i Cadafalch.
La degradación de la casa de veraneo del genial arquitecto modernista en Argentona provoca indignación popular, mientras que en Mataró, su ciudad natal, miles de firmas avalan la conservación de la casa donde nació.
El caso de Argentona reviste mayor gravedad, ya que la villa del que fue segundo presidente de la Mancomunitat catalana, catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional, se halla en un preocupante estado de degradación, agravado por los últimos temporales que provocaron desperfectos «al ceder almenas de azulejos» de la fachada, como denuncia un portavoz del Centre d’Estudis Argentonins, Enric Subinyà. Al conocerse la noticia, técnicos de la Direcció General de Patrimoni Cultural se desplazaron al lugar para evaluar el estado de la casona y analizar las necesidades de intervención urgente que eviten más su degradación e incluso su fatal hundimiento.
El Ayuntamiento de Mataró, por su parte, no olvida la importancia de Puig i Cadafalch, pero la petición –avalada por miles de firmas– de que la vivienda del arquitecto sea adquirida por el ayuntamiento es difícil de afrontar para las arcas municipales. «Resulta inviable», lamenta Sergi Penedès, concejal de Cultura, quien anunció que su departamento proyecta integrar la casa en «un plan más global» para difundir las facetas del polifacético arquitecto, para lo que negocia pactos con mecenas y fundaciones privadas.
ALIANZAS / En Argentona ya se han materializado las primeras alianzas para impulsar un centro de interpretación de la obra de Puig i Cadafalch, que gestionaría un consorcio participado por el Institut d’Estudis Catalans (IEC). Según Ferran Armengol, concejal de Cultura y Patrimonio, «solo la rehabilitación de la casa cuesta 3,5 millones», de los que no disponen las entidades públicas, «por lo que deberemos arañar subvenciones de todo tipo».
El concejal de Cultura de Argentona admite que las negociaciones para adquirir la casa, propiedad de la biznieta del arquitecto, «no han fructificado», aunque tampoco dispone de fondos para su conservación. La finca lleva más de seis años deshabitada, presa de la humedad y con los espacios interiores agrietados. Los forjados están oxidados y las vigas y los elementos de madera, podridos. Más dañado aún está el tejado, con agujeros debido a la caída de piedras.
* !8.01.10
Foto: Aspecto que presenta la casa de veraneo del arquitecto en Argentona. - ANNA MAS, elperiodico.com
Sevilla: La Fiscalía investiga a 16 alcaldes de la provincia por delitos urbanísticos
DIARIODESEVILLA* : Dieciséis alcaldes de la provincia bajo sospecha. Pertenecen a distintos partidos políticos, algunos han sido procesados después de haber abandonado sus responsabilidades políticas, y los hay que acumulan hasta varias causas judiciales por hechos distintos. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha investigado en los últimos años a más de dieciséis responsables municipales por delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y el Medio Ambiente, estos últimos por vertidos ilegales a los ríos y arroyos.
Estas investigaciones del Ministerio Público han dado lugar a la apertura de diligencias judiciales que, en algunos casos, ya han concluido con la presentación de cargos contra los responsables municipales, a los que el fiscal ha pedido penas de prisión que en algunos supuestos, en caso de condena, conllevarían su ingreso en la cárcel al superar los dos años. Varios regidores han sido ya condenados, otros están a la espera de que se celebre el juicio, y en el resto de los casos la investigación judicial aún no ha concluido.
La persona que acumula más procedimientos abiertos es el ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE), con tres causas. En una de ellas, el fiscal le ha pedido 45 meses de prisión por conceder varias licencias de obra para construir naves en el polígono industrial El Cerro, cuando el suelo todavía estaba calificado como zona verde. Padilla también se enfrenta a una petición de un año de prisión por permitir la construcción de chalés ilegales en la zona de Lagos del Serrano, y tiene otro proceso sub iudice por delito contra el Medio Ambiente, en relación con los vertidos de aguas residuales al río Rivera de Huelva, donde se produjo a finales de 2007 una mortandad de peces.
El alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP), y el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda), están inmersos cada uno en dos causas judiciales. Así, la Fiscalía ha pedido una condena de 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para Manuel Morilla y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por haber autorizado presuntamente el ejercicio de actividades industriales en suelos catalogados como rústicos, en los que no se puede construir. Manuel Morilla también está siendo investigado por otro juzgado, en relación con los vertidos de la industria aceitunera a la red de alcantarillado público que afectó a la calidad de las aguas del río Guadaíra.
En el caso de Manuel Ruiz Lucas, la Fiscalía presentó una querella contra él por no haber evitado la proliferación de las construcciones ilegales en suelos no urbanizables como el paraje de Las Minas, lo que llevó al Ministerio Público a presentar 300 querellas contra particulares que habían realizado obras en pequeñas parcelas. La Fiscalía ha pedido doce años de inhabilitación por estos hechos para el ex regidor de Castilblanco, al que también denunció por el cobro irregular del IBI en las urbanizaciones ilegales.
Por su parte, el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), fue investigado por un delito contra el patrimonio histórico, por la presunta ocultación de restos arqueológicos, una denuncia que se archivó por falta de pruebas. El fiscal también denunció a Pereira y a los concejales socialistas de la localidad por votar a favor de una licencia de obras para una vivienda del casco urbano, una investigación que se tramita en un jugado de Instrucción.
La Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación a la alcaldesa socialista de El Madroño, María Josefa Rubiano, por un delito continuado de prevaricación urbanística al conceder dos licencias para construir viviendas en suelo rústico.
Otros responsables políticos, como el ex alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), han sido ya condenados. En este caso, López ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para cargo público por haber dado una licencia de obra que autorizaba una planta más en un edificio sin contar con los informes técnicos y sin esperar a que se aprobará la modificación del PGOU que había solicitado la promotora inmobiliaria. La lista de alcaldes o ex responsables políticos investigados sigue en los municipios de Castilleja de Guzmán, Aguadulce, Cazalla de la Sierra, Badolatosa, Lora de Estepa, El Viso del Alcor, Marchena, Sanlúcar la Mayor y La Campana.
* Diario De Sevilla - 17.01.10
Viñeta - diariodesevilla.es
100 victorias
JOSEP MARIA MONTANER* : La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) presenta hasta el 1 de febrero en la plaza del Rei 40 años de acción vecinal, el archivo de 100 acciones con resultado positivo, una exposición preparada en coordinación con otra exposición en Madrid, promovida por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Las bases sociales de dos ciudades, pretendidamente rivales, se han puesto de acuerdo para celebrar 40 años de luchas vecinales, visibilizando las hasta ahora ocultas aportaciones de las mujeres, e intentando que la vida en los barrios sea noticia.
En la región metropolitana de Barcelona, los movimientos sociales urbanos no sólo nutrieron de dirigentes a los ayuntamientos, sino que han sido la base del pacto urbano y social que ha articulado una sociedad democrática, fuerte y cohesionada.
Y dichos movimientos vecinales siguen vigentes, luchando contra la invasión de grandes infraestructuras, defendiendo lo público más que las mismas instituciones y actuando como zahoríes o vigías de irregularidades. Combatieron los abusos del Palau de la Música, que engañó a la Administración con la pretensión de hacer un hotel de lujo en zona de equipamientos, eliminando patrimonio; y la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam aglutina desde hace tiempo a grupos y centros descontentos con el que ha sido alcalde de Santa Coloma de Gramenet, encausado en el caso Pretoria, que promovía grandes obras especulativas en detrimento de atender a las necesidades sociales y mejorar la calidad de vida. En los dos casos de corrupción, por tanto, ya había habido ciudadanía con sentido común levantando la voz para decir que algo olía mal.
Un ulterior cometido de esta exposición es recordar que las acciones de dichos movimientos son imprescindibles para superar, con democracia auténtica y participativa, el abismo creciente entre unas instituciones aisladas y la realidad laboriosa y difícil de la vida cotidiana, que tiene que ver con la cultura de la experiencia y sin la cual no se construyen ciudades ni sociedades.
* Arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión Barcelona - 18.01.10
«El urbanismo loco es la causa del cambio climático»
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IDEAL* : El físico e ingeniero Millán Millán Muñoz (Granada 1941) inventó a los 24 años el detector de metales de los aeropuertos. En 1995, el diseño de un dispositivo que predice las erupciones volcánicas le valió la nominación al Premio Nobel. Director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), con sede en Valencia, el científico pronunció ayer en la Estación Experimental del Zaidín del Centro Superior de Investigaciones Científicas una conferencia sobre cambio climático.
En una charla con periodistas previa a su intervención, Millán aseguró que los gases de efecto invernadero influyen en el clima «a largo plazo», pero las «perturbaciones» meteorológicas que estamos viviendo estos días son el resultado de treinta años de «urbanismo loco» en la costa mediterránea. Según sus datos, la pérdida de vegetación, tanto natural como agrícola, es la causante directa de los «eventos extremos» actuales: prolongados periodos de sequía seguidos de lluvias torrenciales e inundaciones, olas de frío en invierno y olas de calor en verano... «Tú construyes 10 kilómetros cuadrados en Castellón y el nivel de formación de nubes en Teruel sube 150 metros», argumentó el especialista. En resumen: a menos plantas, menos lluvia.
El físico recalcó que esta idea no es en absoluto nueva. Ya el hijo de Colón apuntaba en sus crónicas americanas que los bosques parecían atraer la lluvia: cuando cortaron los árboles y abancalaron el terreno, cesaron los chaparrones.
«El suelo es el mecanismo de disparo de la lluvia -señaló el director del CEAM-. Para que se dispare una tormenta en los montes del sistema ibérico hacen falta 20 gramos de agua por metro cúbico de aire. Del mar vienen 10. La evaporación de los cultivos, de los humedales y albuferas añadía esa humedad de más. Si no se añade vapor de agua suficiente, no se forma la tormenta o empieza a formarse pero no acaba de cuajar». Ese aire húmedo vuelve al mar y forma frentes que acaban causando inundaciones veraniegas en Inglaterra y en el centro de Europa, mientras en el Mediterráneo hay sequía. Y en invierno, el Atlántico está demasiado caliente y sobre él se forman borrascas que descargan sobre nosotros «en dos semanas toda el agua que debería haber caído en un año».
Prioridad a la Vega
«La agricultura regula el sistema y juega un papel fundamental en los ciclos locales, y eso se propaga a escala europea». Por ejemplo, recordó, en tiempos antiguos en Granada, cuando había sequía, se cortaba el suministro a la ciudad y se mantenía el sistema de riego en las acequias. «La Vega era capaz de evaporar lo suficiente para disparar la tormenta en la Sierra por la tarde y que hubiera otra vez agua para todos. Antes se sabía que pasaba, pero no por qué; ahora ya sabemos por qué», zanjó.
De hecho, la ONU ya advirtió en 1971 de que el cambio de uso del suelo provocaría avenidas de agua, sequía y desertización. «Pero nadie ha hecho nada porque es políticamente incorrecto», lamentó. Por un lado, el urbanismo en la cuenca mediterránea ha sido el motor económico durante décadas; por otro, a muchos países no les interesa que se hable de unas condiciones meteorológicas extremas que ahuyentarían el turismo.
A pesar de todo, cree que la situación aún es reversible: habría que establecer un mecanismo de compensación por el cual por cada hectárea que se urbanizara, se reforestaran tres, «para mantener el balance de vapor de agua en esa cuenca».
Pero los políticos no están por la labor. Millán, que asesora a la Unión Europea en asuntos ambientales, reconoce que el sistema no se puede parar de golpe porque tiene «su propia inercia social, urbanística, industrial...». Como se ha visto en la reciente cumbre del clima, «nadie quiere cortar» la emisión de gases de efecto invernadero. «Copenhague ha sido una catástrofe», resumió. Allí «no había científicos, sólo políticos».
Otro problema de las políticas internacionales sobre el clima es que están basadas en datos científicos antiguos, «desfasados 15 años, con suerte». Y por si fuera poco, en la Unión Europea se toman decisiones en virtud del ciclo hidrológico del norte del continente: «Los modelos que se están utilizando, basados en investigaciones realizadas en Holanda, Bélgica o Alemania, no funcionan en el Mediterráneo».
Un ejemplo. «La directiva marco del agua está pensada por unos señores de Dinamarca: a ellos se les inundan los campos y cuando hacen acequias para drenar los cultivos el problema es que ese agua puede tener muchos nitratos, así que la directiva marco está orientada a la calidad del agua. En cambio, aquí necesitas las acequias para llenar de agua los campos, lo opuesto. Aquí tendrías que pagarle al agricultor para que regara y mantuviese el sistema».
Olas de frío y de calor
Millán subrayó que lo más evidente del cambio climático no será la subida de las temperaturas, como piensa mucha gente. «Como promedio, puede ser, pero lo que se va a notar es el aumento de eventos extremos: olas de frío, olas de calor, sequías extensas, lluvias impresionantes... y, escondida en eso, una paulatina subida de temperatura».
¿Y qué pasará en Sierra Nevada? «Pues lo que se está viendo que pasa: en vez de tener una precipitación relativamente continua durante el año, puede ser que te quedes sin nieve durante el verano y luego tengas nieve de sobra en un periodo relativamente corto en el otoño-invierno. Tanta, que a lo mejor no la puedes ni digerir. Y luego en la primavera siguiente te vuelves a quedar sin nieve».
* Ideal - Opinión - 17.01.10
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
Urbanismo con mal de altura
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INFORMACIÓN/Alicante* : Varios metros cuadrados de suelo urbano consolidado han terminado esta semana en el fondo de un acantilado del Cap Negre de Xàbia. Un desprendimiento ha dejado a un paso del abismo a los chalés construidos a principios de los años 80 en este escarpado y peligroso litoral. Sus propietarios y el Ayuntamiento de Xàbia, cuando hace unos meses la Dirección General de Costas -que depende del Ministerio de Medio Ambiente- planteó un nuevo deslinde que protegía estos acantilados, olvidaron la amenaza de los desprendimientos y, por contra, invocaron los derechos urbanísticos adquiridos.
Esos derechos se han ido ahora precipicio abajo.
El derrumbe ha demostrado que Costas no estaba tan desencaminada cuando establecía en los acantilados una servidumbre de protección de cien metros. El Consistorio recurrió el deslinde porque contradecía su planeamiento urbanístico. Reclamó que en suelo urbano (por ejemplo, el Cap Negre) la línea de protección fuera sólo de 20 metros. Los dueños de los chalés de los acantilados también alegaron contra las restricciones urbanísticas que pretendía imponer Costas.
Ahora, tras los desprendimientos, cualquier restricción parece poca. Este urbanismo que se asoma al vacío da vértigo; está aquejado de mal de altura. Además, en ese frente litoral del Cap Negre, donde han ocurrido los derrumbes, los chalés forman una barrera infranqueable, que tiene su punto débil por el mar. La erosión ya ha socavado cimientos de terrazas y jardines y amenaza los de las viviendas.
Así, ante las lluvias torrenciales y los violentos temporales marítimos, al final, resulta imposible dominar la naturaleza inestable de los acantilados y la dinámica del litoral. La cala del Moraig del Poble Nou de Benitatxell es un ejemplo muy claro. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, tras un temporal que ha destrozado el aparcamiento de esta playa, se ha afanado en pedir a la Dirección General de Costas que repare los daños.
La práctica urbanística de edificar chalés en los acantilados no es, ni mucho menos, exclusiva de Xàbia. En Calpe, donde la Dirección de Costas también ha presentado una propuesta de deslinde, hay incluso un edificio de apartamentos construido sobre el precipicio. Los desprendimientos en su terraza, así como en el talud sobre el que está la finca, mantienen cerrada desde principio del pasado verano la playa del Borumbot. La presión del Ayuntamiento y los propietarios ha provocado que Costas haya corregido el deslinde para reducir a veinte metros los cien de servidumbre de protección.
Pero el caso más llamativo es el de la urbanización Cumbre de Sol, en el Poble Nou de Benitatxell. Este plan parcial de 378 hectáreas se ha desarrollado en los cortados y laderas del Puig de la Llorença, una montaña litoral de 445 metros de altura. Sobre precipicios de más de cien metros hay auténticos nidos de chalés. Todavía hoy se edifican nuevas viviendas colgadas de los acantilados. Cumbre del Sol es un laberinto de calles y chalés en el que viven unas 900 personas.
Aunque todo este abrupto litoral forma el Lugar de Interés Comunitario de Penya-Segats de la Marina, los intereses urbanísticos se siguen imponiendo. Sólo el cabo de Sant Antoni (parque natural del Montgó), el Portitxol, la Granadella o el Peñón de Ifach son islas verdes en una costa fuertemente urbanizada.
Los últimos temporales, que se han tragado las playas del litoral norte de Dénia, y los desprendimientos en los acantilados demuestran que la costa está viva y experimenta cambios.
* Información - 17.01.10
Foto: Aparcamiento público destrozado por los temporales en la playa de Benitatxell A. P. F.. diarioinformacion.com
La perversión de la ciudad
SEPTEMNOSTRA/Ceuta* : Hace algunas semanas me comprometí, con un familiar a tratar en este espacio de opinión, el tema de la proliferación de edificios de altura desproporcionada en el centro urbano de nuestra ciudad. Entre los ejemplos que salieron a relucir en el transcurso de la conversación que mantuvimos a este respecto, citamos el edificio que se está construyendo junto a la iglesia de los Remedios o el que se erige pegado a la fachada del Ayuntamiento que da a la Plaza de África.
En el primero de ellos, su altura va a restar luminosidad al edificio “Florencia”, promovido curiosamente por la misma empresa, y no digamos ya a la estrecha calle Isabel Cabral. Esta inadecuación de los volúmenes edificatorios con la anchura de las calles en el centro urbano de Ceuta ha sido objeto de comentarios en anteriores ocasiones. Solemos citar como ejemplo de este tipo de desmanes al grupo de viviendas que se han construido en estos últimos años en el entorno del Cine África y la parte trasera de la Delegación del Gobierno. Cualquiera que pase por esta zona podrá apreciar la estrechez de las calles en comparación con la altura de los edificios que las delimitan. El resultado ha sido la creación de callejones fríos, húmedos y oscuros que causan auténtica claustrofobia a los viandantes. Nos podemos imaginar que en estos días de frío las estufas no darán abasto en las casas que dan a estos callejones.
Respecto al inmueble que se construye entre dos edificios tan emblemáticos como el Hotel Majestic,-en el Paseo de las Palmeras-, y el Ayuntamiento, salta a la vista que las tres plantas extras que han construido rompen la estética de la zona y suponen, por tanto, un claro atentado contra el paisaje urbano de un espacio considerado el corazón de la ciudad. No podemos entender cómo se ha podido permitir la desfiguración de la principal fachada de la ciudad y la afección a la imagen de la propia casa consistorial. Suponemos que en esta ocasión no podrán alegar desconocimiento, al menos que su ceguera intelectual y selectiva sea ya absoluta.
Cualquiera podría pensar que se trata de hechos aislados, pero no lo son. Todo apunta a que nos encontramos ante una estrategia para mantener a toda costa el crecimiento urbanístico de nuestra ciudad. Ya que resulta a todas luces complicado el desarrollo urbano en superficie debido a la escasez de suelo, han pensado que la única solución es crecer en altura. Una idea nada novedosa que cuenta con la aquiescencia de la mayoría de los arquitectos, continuadores del pensamiento de Le Corbusier. Según el ideólogo de la mayor parte de la arquitectura que se practica en el mundo, la paradoja que pretendía descongestionar los centros urbanos aumentando la densidad y al mismo tiempo mejorar el tráfico y aumentar el número de espacios verdes se resolvía edificando más alto y en un espacio más reducido. Como el término hacinamiento suena mal se prefiere utilizar el término densificación, poniendo en contraposición a la dispersión urbanística que sufren muchas urbes en el planeta.
Se suponía que creciendo en sentido vertical se podrían crear más espacios para nuevos viales y espacios libres, pero lo que se ha conseguido son mayores cuotas de densidad de población y el consiguiente colapso de los equipamientos e infraestructuras urbanas, así como la invasión de los vehículos y la inhabitalidad de las viviendas. Los únicos que han salido ganando han sido los especuladores de suelo y los constructores, quienes aumentan sus beneficios con la reducción del tamaño de las viviendas y el incremento de la edificabilidad de las parcelas.
En Ceuta, para nuestra desgracia, el urbanismo que algunos han imaginado para el futuro de nuestra ciudad es una mezcla entre “la ciudad de la noche espantosa” y “la ciudad de los torres”, tal y como nos las describe Peter Hall en su obra “Ciudades del Mañana”. Nuestra ciudad se quiere construir a partir de la combinación de las peores características de los barrios pobres de la ciudad del siglo XIX, eso sí con edificios de estilo internacional, con las desventajas del modelo preconizado por Le Corbusier, basado en edificios de gran altura. Al menos en la idea original de Le Corbusier se establecían medidas correctoras de la elevación vertical de los edificios, como la dotación de amplias zonas libres a su alrededor que han sido eliminadas en la versión actual de esquema corbusiano.
Para nosotros resulta evidente que el urbanismo de la ciudad no puede conducirse hacia la densificación o, al reverso de esta moneda, hacia la dispersión incontrolada. Nuestros esfuerzos tendrían que dirigirse a la búsqueda de un equilibrio entre territorio y población. En definitiva, al establecimiento de un necesario límite de crecimiento urbano, planteamiento que debe aterrar por igual a políticos y empresarios relacionados con la construcción. A todos ellos les recomendamos que lean las ideas de Aristóteles sobre la necesidad de la constante búsqueda del término medio y del equilibrio, cristalizada en el dicho délfico “nada en demasía”. Así, en su obra “Política”, nos recuerda que las ciudades están “sometidas a ciertos límites, como cualquier otra cosa, como los animales, las plantas, los instrumentos. Cada cosa, para poseer todas las propiedades que le son propias, no debe ser ni desmesuradamente grande, ni desmesuradamente pequeña, porque, en tal caso, o ha perdido completamente su naturaleza especial, o se ha pervertido”. ¿Habremos iniciado el camino de la perversión?.
* El Faro Digital - Opinión - 16.01.10
Foto: Ceuta, ayuntamiento - ayuntamiento.es
La operación urbanística de Costa Roja, al descubierto
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CANARIASALDÍA/Lanzarote* : La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva a cabo la investigación de la Operación Unión, considera en un atestado fechado el pasado 22 de mayo que el empresario Juan Francisco Rosa iba a ser el gran beneficiado de la operación urbanística de Costa Roja.
Esta operación urbanística originó la operación policial, ya que el promotor inicial de los terrenos, Luis Lleó, intentó presuntamente sobornar a Carlos Espino (secretario insular del PSOE) a través de Fernando Becerra para desbloquear los problemas legales que tienen esos terrenos en Playa Blanca (Yaiza).
El intento de soborno se habría producido en junio de 2008. Espino puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y comenzaron una serie de negociaciones, grabadas por la UCO, entre Becerra y Espino. Según se recoge en el atestado de la UCO, el primero dice que Lleó ya tiene un comprador para esa parcela, que valdría 18 millones de euros y le ofrece la mitad de una comisión de unos 900.000.
Ese mismo mes, Lleó, al que se le pincha el teléfono, tiene múltiples conversaciones telefónicas con banqueros, abogados y asesores en las que se especifica el intento de compra-venta de los terrenos de Costa Roja a Juan Francisco Rosa.
Tras un encuentro entre Rosa y Lleó, según se deduce de las conversaciones de este último con otras personas, Lleó da instrucciones a su asesor fiscal, Jerónimo Campón, para que se ponga en contacto con el asesor fiscal de Rosa para la compra venta de Costa Roja. Todo ello siempre según la versión recogida en el atestado de la UCO.
Lleó, posteriormente, le dice por teléfono al abogado Matamoros que ha cerrado las negociaciones con Rosa. Una parte de la parcela la adquiriría Rosa subrogándose tres cuartas partes del préstamo que tiene Lleó con Bancaja y otra parte se haría mediante en contrato privado.
Nuevos contactos
La operación urbanística se frustra, en un principio, por la mala situación financiera de Rosa, si bien en el mes de septiembre se retoman los contactos. Lleó comenta en dos conversaciones interceptadas, una con su abogado y otra con el director de Bancaja, que le ha llamado Rosa para decirle que quiere el 100% de los terrenos que Costa Roja tiene en Playa Blanca por cuarenta millones de euros.
La Guardia Civil cree que Rosa no puede renunciar a la parcela porque tendría firmado algún preacuerdo de compraventa. Dada la falta de liquidez de Rosa, Lleó incluso intenta ejercer de intermediario en la venta del edificio de El Mercadillo de la Calle Real, que pertenece a Rosa, a la familia Becerra. Lleó sondea a Fernando Becerra para cerrar una operación que la daría liquidez a Rosa y por tanto facilitaría la venta de Costa Roja.
Beneficios
La UCO considera que Juan Francisco Rosa sería el gran el gran beneficiado de esta operación porque salvaría sus dos hoteles (Princesa Yaiza y Son Bou, dos de los tres que no tendrían posibilidad de ser legalizados, según el documento elaborado por el PSOE y presentado un año después, el 15 de octubre de 2009 cuando gobernaba en el Cabildo) y porque pasaría a ser el propietario de los terrenos y a lograr un beneficio económico.
La Guardia Civil considera que Rosa podría ser auto de un delito de tráfico de influencias y además, en dos autos firmados por el juez César Romero, el 5 de febrero y el 1 de abril de 2009, se nombra al empresario Juan Francisco Rosa como imputado en el procedimiento.
Este empresario, en un escueto comunicado, aseguraba la semana pasada que no ha participado en ninguna trama para la construcción de la urbanización Costa Roja en Playa Blanca y que si tal trama ha tenido lugar es "por completo ajeno a ella".
* Canarias al Día - 16.01.10
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel Princesa Yaiza - google.com
Hasta Gil visitó Jabalcuz en Rolls-Royce
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IDEAL/Jaén* : Ahora se intenta que no se construya más, tras el evidente fracaso en la rehabilitación privada de las termas y demás espacios públicos. Oculto en las últimas décadas como si la montaña que le da nombre y sombra lo hubiera escondido para el resto de los jienenses, la importancia del paraje de Jabalcuz la saben sólo quienes viven allí y las generaciones más mayores que conocieron el esplendor decadente del balneario y que en excursiones dominicales enseñaron a sus descendientes los encantos de sus jardines y de su historia.
No en vano, de sus aguas termales se tienen noticias desde 1526, y hace ya casi cuatrocientos años aparecía en el Catálogo Monumental de España (1628). Aunque su esplendor fue en el siglo XIX (sus famosas aguas participaron en la Exposición Universal de Barcelona en 1888) y comienzos del XX. Allí creó la Compañía de Aguas de Jabalcuz el que fuera ministro de Instrucción Pública y alcalde de Madrid, el ingeniero agrónomo José del Prado Palacio, quien encargó al director de Parques y Jardines del Ayuntamiento madrileño y jardinero mayor del Retiro la construcción de los queridos jardines de Jabalcuz.
Planes
También han valorado Jabalcuz los constructores, que han campado a sus anchas, como llegó a reconocer el propio Ayuntamiento hace tres años, en un pleno municipal en el que aprobó por unanimidad una moción de la Plataforma Ciudadana que, entre otras cosas, hablaba de las «múltiples agresiones medioambientales» en una paraje que, curiosamente, tiene desde el año 1982 un pomposo 'Plan especial para la recuperación de la zona situada en los alrededores del conjunto del Balneario y Jardines de Jabalcuz', aprobado por la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento lo modificó en el año 1993 aprobando otro de nombra igual de altisonante: 'Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto del Balneario y Jardines del Jabalcuz'. Pero con el tiempo, ni protección ni mejora. Incluso después de reformarlo para permitir a los constructores más edificaciones, en teoría a cambio de que pudieran rehabilitar los edificios históricos y comunes, incluidas las termas, para disfrute público.
El propio Consistorio tuvo que reconocer la evidencia, los «incumplimientos sistemáticos de las obligaciones que eran contrapartidas de los aprovechamientos lucrativos», incluso a pesar de ampliar la superficie edificada en la zona por encima de los 40.000 m2 permitidos en la última reforma del Plan Especial.
Constructores
El primer plan permitía ya al construcción de viviendas, promovidas por el constructor jienense Juan León, muy activo por entonces y presidente del Real Jaén, apoyado por el PSOE. Todavía no había llegado el 'boom' inmobiliario que despegó en 1997, pero la construcción era un sector pujante, sobre todo para constructores como el famoso Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid, que llegó a visitar la zona en un deslumbrante Rolls-Royce que aún se recuerda.
Izquierda Unida se opuso a este proyecto inicial al considerar que se perdía el jardín histórico. Y no salió adelante. Sí lo hizo en 1993, a pesar de que incluía más viviendas, a cambio de que se rehabilitara los edificios públicos. La promotora era entonces Termas y Jardines, integrada por acreedores de Juan León, que poco después vuelven a plantear que necesitan construir más para hacer viable la rehabilitación. Por lo que en 1996 se modifica el plan especial para ampliar la superficie edificable y se aprueba por unanimidad. Y así sucesivamente.
En su posterior ejecución, en los tres mandatos de gobierno del PP, se sobrepasa incluso dicha edificabilidad, como recoge la moción aprobada en 2007 por la corporación. «Quizás hubiera hecho falta una actitud más decidida en materia de vigilancia y control de la disciplina urbanística», admitió el propio equipo de gobierno.
Y sobre todo se llega a una conclusión: el sistema de compensación no funciona, ya que los promotores han construido incluso por encima de lo permitido y apenas han rehabilitado. «Jabalcuz es un claro ejemplo de cómo la privatización de un espacio público conduce al fracaso». Ahora el modelo es que la iniciativa sea pública e intentar parar la construcción de más viviendas, incluso aunque tengan licencia de obras, como ha pasado esta semana. Pero sus resultados están todavía por ver.
* Ideal -17.01.10
Foto: Máquina en el desmonte realizado esta semana para ampliar la urbanización Bellavista, en el paraje de Jabalcuz. :: FRANCIS J. CANO, ideal.es
Rehabilitación sin destrucción
TRINI SIMÓ/Valencia* : Ninguna ciudad es la suma de barrios idénticos sino que cada uno de ellos tiene su propio carácter, su idiosincrasia, su cuerpo social, su arquitectura. Y esa es la ciudad, por donde ha pasado la historia con sus distintos soplos. El Cabanyal es un barrio histórico, popular, marinero, con casas muy personalizadas pero similares, casas de dos plantas con un patio posterior y en general con las fachadas recubiertas de azulejos. Cuando se estaba construyendo el Cabanyal se había recién edificado la Estación del Norte y varios de los que trabajaban en este edificio, muy simbólico para Valencia, lo recordaban al hacer sus casitas.
Hay por ello un cierto homenaje -los azulejos, por ejemplo- a aquella grande y hermosa Estación de los Ferrocarriles del Norte, hoy Estación del Norte, en su tiempo una de las primeras de España. Sí, un cierto homenaje y un cierto orgullo.
La zona se asienta en una estructura de largas calles paralelas al mar, de manera que se recibe directamente el viento fresco marino que refresca toda la casa gracias a la corriente que se establece con la parte posterior. Un barrio que fue bien pensado, muy bien situado y al que el tiempo le ha ido dando vida e historia propias.
El proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, que ahora quiere llevar a cabo el PP, con doña Rita a la cabeza, partiría el barrio en dos partes, justo por su mitad, con una avenida de 48 metros de anchura más los edificios que se construirían a ambos lados, lo cual supondría un corte de unos cien metros en total de ancho. Un corte, cuidado, perpendicular al mar, es decir en clara oposición a la estructura histórica de las calles. Una verdadera muralla que dividiría el barrio, como se acaba de decir, derribaría 1.651 viviendas, destrozaría esa trama tan acertadamente hecha para nuestro clima, mandaría más o menos a freír espárragos a buen número de vecinos y echaría por la borda la singularidad de la zona. ¿Qué gran parte del conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en su día? ¡Eso no importa para doña Rita! ¿Qué el Ministerio declara que eso sería expoliar? ¡Bueno, tampoco importa! Eso es nuestro porque nosotros, los del PP, somos los que mandamos ahora, y el que no esté de acuerdo es porque no es ni se siente valenciano.
Pero sin embargo, todos perderíamos: la diversa unidad, esa inteligente trama, un gran número de edificios, de hogares que tienen dueño y habitantes; y perderíamos también en democracia, algo muy importante pero también muy frágil, sobre todo con nuestros dirigentes locales.
Otra cosa es el tema de la necesaria y urgente rehabilitación del barrio debido a la total falta de cuidado, año tras año, de nuestros políticos. No han querido intervenir en este asunto, de manera que por ley natural la zona se ha degradado. Un viejo sistema ya muy conocido. Por lo tanto ahora toca la rehabilitación, tras un serio y honesto análisis de la situación en la cual se encuentran los Poblados Marítimos. Rehabilitar, regenerar, rehacer. Esto es el abc de la sostenibilidad. Esto es el buen gobierno. Esto es estimar a la ciudad. Y esto es, doña Rita, y me atrevo a decirlo porque nuestra alcaldesa ha empleado a menudo esta metáfora, ser valencianos. Y yo añado, ser valencianos de corazón.
Una cosa, señores gobernantes, es cuidar la ciudad, y otra muy distinta es hacer un buenísimo negocio a base de unas pobres y dignas gentes y a base del expolio más cruel y obtuso. Obtuso, claro, desde el punto de vista de la cultura.
* Trini Simó es profesora de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo.
* ELPAIS.com- Opinión - 17.01.10
Valladolid: Vecinos denuncian que Ayuntamiento planea un tercer polígono "a sus espaldas"
ABC* : El presidente de la Asociación Camino de Palomares, Pedro Jáñez, ha asegurado a EFE que el Consistorio de Valladolid tiene un proyecto para construir un polígono en esta zona ubicada en el noroeste la capital vallisoletana, para el que ha dotado 3,5 millones de euros hasta 2011, pero del cual "no ha informado a los actuales propietarios de los terrenos".
Jáñez ha aseverado que hace unos años los vecinos del Camino de Palomares se reunieron con el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), y el entonces concejal de Urbanismo, Federico Sumillera, y se les prometió que "no se iban a tocar las viviendas" de la zona y que cualquier plan que se ideara en un futuro "sería consultado con los vecinos".
El portavoz vecinal ha pedido al Ayuntamiento que les informe de sus intenciones, que "en todo caso, han de ser justas y lógicas", pues no aceptarán que el Gobierno local y las constructoras "especulen" con estos terrenos.
Con la construcción del nuevo polígono, que se uniría a los actuales de Argales y San Cristóbal, Jáñez ha incidido en que se "estropearían" las actuales condiciones de esta zona por factores como la "contaminación y el ruido". EFE
* ABC - 16.01.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Argumentos contra el rascacielos de Sevilla
DIARIODESEVILLA* : La Plataforma Ciudadana contraria a la torre diseñada por Pelli elabora un 'Libro Negro' para poner en crisis el proyecto. Decenas de razones, unas más sólidas que otras, en contra del proyecto del Ayuntamiento de Sevilla y de Cajasol -la caja de ahorros de la ciudad- para levantar en el sur de la Isla de la Cartuja un rascacielos de 178 metros de altura.
El edificio concebido por el arquitecto César Pelli, de ascendencia argentina pero formación norteamericana, autor entre otros inmuebles singulares de las Torres Petronas de Kuala Lumpur (Malaisia), se enfrenta no sólo a un más que probable litigio administrativo en los tribunales ordinarios de justicia, sino a un nutrido argumentario elaborado por la plataforma ciudadana que se opone frontalmente a su construcción.
Este colectivo, liderado por arquitectos como Fernando Mendoza, Premio Nacional de Restauración por su trabajo en la rehabilitación de la Iglesia del Salvador; José García Tapial, ex jefe del área de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla; Francisco Morilla y el geógrafo Víctor Fernández Salinas, representante del Icomos en Andalucía, ha redactado un Libro Negro en el que vierten todos los motivos -legales, administrativos y conceptuales- por los que, a su juicio, la construcción de este rascacielos, llamado a ser la sede central de la entidad financiera sevillana, supone una agresión en toda regla contra los valores patrimoniales de Sevilla y destruirá el que ha sido el paisaje histórico de la ciudad hispalense durante siglos.
El documento, que ayer fue presentado en sociedad bajo el cobijo del Colegio de Arquitectos, rector de la Fundación Fidas, es prolijo -un centenar de páginas- y oscila entre lo meramente descriptivo (acaso la parte más interesante de su contenido) y lo argumentativo. En él, la Plataforma contra la Torre Cajasol pone negro sobre blanco todos los motivos por los que en su opinión deberían paralizarse los trabajos previos de construcción.
Una de las vías de ataque es la licencia urbanística, concedida por el Ayuntamiento de forma más que peculiar. Los representantes de la plataforma, que han consultado el expediente administrativo, desvelan en su informe que el gobierno local otorgó la primera de las dos autorizaciones dadas a los promotores -la relativa al movimiento de tierras en el sur de la Cartuja- con un informe contrario del técnico responsable, la subjefa del servicio de licencias. En dicho escrito, fechado en julio de 2007 y desconocido hasta ahora, la funcionaria municipal alegaba: "No se dan los requisitos necesarios para que la licencia pueda resolverse favorablemente". La técnico iba a elevar su dictamen a la comisión ejecutiva de Urbanismo, órgano colegiado -donde sólo se sientan PSOE e IU- y el único legalmente competente para otorgar el permiso. Con dicho informe sobre la mesa, el procedimiento usual habría consistido en denegar la autorización. No hubo, sin embargo, lugar. Según sostiene la plataforma, ese mismo día, sin esperar a la reunión de la ejecutiva, el gerente de Urbanismo concedió la licencia por su cuenta y riesgo y, señalan los autores del Libro Negro, sin mencionar en su resolución la existencia del citado informe contrario de la técnico municipal. La decisión se revistió posteriormente de legalidad informando a la comisión de la resolución del gerente. En aquel momento dicho cargo estaba ocupado por Manuel Jesús Marchena, hombre de confianza del alcalde y actual responsable del Consorcio de Empresas Municipales (De Sevilla AIE).
La licencia de construcción llegó algo después. En su concesión los miembros de la Plataforma contra la Torre Cajasol señalan otras "irregularidades". A su entender: el permiso se otorgó sobre un proyecto básico -sin esperar al proyecto de ejecución, mucho más detallado- y sin que todos los informes necesarios se hubieran siquiera redactado. Urbanismo informó favorablemente el permiso aunque con salvedades, entre ellas la presentación del citado proyecto de ejecución y un informe del servicio de bomberos. El permiso de obras se otorgó en el mes de septiembre de 2007 con una vigencia oficial de seis meses. La licencia, en todo caso, podía ampliarse -previa solicitud justificada- hasta el año natural. La plataforma ciudadana afirma ahora que, aunque dicho plazo ha expirado, nunca se presentó la documentación requerida, lo que -en su opinión- supone que el permiso municipal "ha caducado". Urbanismo responde que el edificio se ha dividido en fases y que hay un proyecto de ejecución de los trabajos en marcha: los de bajo rasante.
El Libro Negro descubre otro extremo: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se ha visto forzada a abrir un expediente informativo al proyecto -número 9-319- porque su construcción podría afectar a la seguridad aérea. Tal iniciativa no tiene que concluir forzosamente en un informe negativa sobre la Torre Cajasol -aunque hay precedentes en este sentido en Málaga, en terrenos propiedad de Repsol-, aunque sí denota un hecho: ni el Ayuntamiento ni la entidad financiera, según la plataforma, consultaron, como marca la normativa, a dicha institución estatal. Así lo exige la legislación (Real Decreto 1541/2003) al tratarse de un edificio cuya altura es superior a los 100 metros. Dicho texto legal considera de oficio "obstáculos" para la navegación aérea los rascacielos, aunque es necesario un pronunciamiento expreso de dicho organismo estatal para saber si este factor condicionará el proyecto de César Pelli. Hasta ahora tal decisión no se ha producido.
El resto del informe elaborado por la plataforma glosa, con detalle, las demás circunstancias en las que se produjo la legalización administrativa de la Torre Cajasol. Su relato tiene como hilo conductor el contraste -en negativo- entre el discurso oficial sostenido por el Ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las sucesivas decisiones adoptadas por los responsables municipales. En este apartado la visión del colectivo contrario al proyecto es bastante más subjetiva, aunque sustentada en algunos hechos ciertos. Por ejemplo: ni la Consejería de Obras Públicas de la Junta ni Costas han informado sobre el rascacielos, requisito obligado. Como se recordará, tan sólo lo hizo Cultura -en sentido positivo- alegando que la ubicación de la torre estaba fuera (apenas unos metros) del límite del Conjunto Histórico Monumental. Los autores del informe son muy críticos con este dictamen (sustentado exclusivamente en aspectos formales) al rehuir conscientemente pronunciarse sobre el impacto del edificio en relación al "patrimonio paisajístico" de Sevilla. No es el único incumplimiento que cita la plataforma: el grueso de su informe desgrana las -en su opinión- violaciones de la Torre Pelli con respecto al Plan General, al Plan Especial, a las leyes estatal y autonómica de patrimonio, al corpus jurídico andaluz de ordenación urbanística (LOUA) y a buena parte de la normativa internacional -especialmente de ámbito europeo- en materia de patrimonio y sostenibilidad. A juicio de la plataforma, el proyecto de la Torre Cajasol convierte en papel mojado todos estos acuerdos.
* Diario de Sevilla - 16.01.10
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es
El juez paraliza el traslado de Can Fàbregas en Mataró
ELPAÍS/Barcelona* : Las obras de traslado de la fábrica modernista Can Fàbregas, en Mataró, han sido paralizadas por el juzgado de instrucción número 3 de Mataró. El juez responde así a la petición del fiscal, que actúa tras la denuncia presentada por una plataforma popular. Can Fàbregas es una antigua fábrica de harinas que funcionaba con maquinaria de vapor. Por el caso han sido imputados el alcalde, Joan Antoni Baron, y el concejal de Urbanismo, Ramon Bassas.
La planta era trasladada para instalar allí unos grandes almacenes.
Baron aseguró ayer que cuenta con el apoyo de su partido, el PSC, además de sostener que ha actuado "desde la honestidad y la legalidad", en referencia a su imputación por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico. Baron rechazó la posibilidad de dimitir y aseguró que seguirá ejerciendo de alcalde con "normalidad" y con la misma voluntad de siempre.
El juez paraliza el traslado de la fábrica y prohíbe también que se eliminen los elementos del subsuelo del edificio, que figura inscrito en el catálogo del patrimonio arquitectónico de Mataró. El Ayuntamiento, sostiene la acusación, trató primero de descatalogarla, sin lograrlo, por lo que optó por el traslado frenado ahora por el juez.
* ELPAIS.com - 16.01.10
Foto: Mataró, vista Can Fábregas -elpunt.cat
El Supremo confirma la condena de cinco años de cárcel para el ex alcalde de Andratx
LAVANGUARDIA/Mallorca* : El Tribunal Supremo confirmó las condenas de cinco años de cárcel para el ex alcalde de Andratx, Carlos Hidalgo y de uno y nueve meses para el ex jefe de Urbanismo del consistorio Jaime Massot.
El TS ha decidido asimismo absolver al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Palma que le inhabilitaba por un periodo de siete años al desempeño del cargo público por un delito de prevaricación urbanística, en relación a la construcción de un restaurante de su hermano Juan Carlos Hidalgo en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Por otra parte, la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Segunda de lo penal Enrique Bacigalupo sobre la pieza 32 del denominado 'Caso Andratx, desestima los recursos del ex jefe de urbanismo de Andratx Jaime Massot y Juan Carlos Hidalgo -hermano del ex alcalde- y les mantiene los términos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Ambos fueron condenados el 14 de noviembre a cinco años, y un año y nueve meses, de cárcel respectivamente por este caso.
El Alto Tribunal sí estima el recurso del ex regidor al entender que no se ha respetado el principio acusatorio, dado que fue acusado principalmente-por la Fiscalía- por un delito de inducción a falsedad documental mientras que fue condenado por prevaricación urbanística, un aspecto que para el Supremo no existe homogeneidad entre los artículos por los que fue acusado y condenado en contraposición a lo que entendía la Audiencia Provincial.
"El recurrente -Eugenio Hidalgo- no fue acusado por haber informado de un proyecto de edificación, ni por haber dictado una resolución en asunto administrativo, sino sólo por haber inducido a quien informaba en los términos -Massot-", expone la sentencia. Por tanto, el Alto Tribunal entiende que Hidalgo no pudo ser interrogado con sentido acusatorio sobre una cuestión que, de acuerdo con la acusación del Fiscal, "no formaba parte del objeto del proceso".
Cabe recordar que el ex alcalde de Andratx ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase la condena de cuatro años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial en mayo de 2008 por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.
* La Vanguardia - 15.01.10
Foto: andratx - guides
Experto apunta a urbanismo y agricultura intensiva como causas del temporal
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ABC* : Millán ha dado esta opinión a los periodistas antes de la conferencia sobre el cambio climático que ha impartido hoy en la Estación Experimental del Zaidín, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Granada.La charla se ha centrado en la premisa de que no sólo los gases de efecto invernadero están provocando el cambio climático, sino que la agricultura intensiva y el urbanismo "loco" de los últimos treinta años están propiciando una alteración notable del régimen de tormentas y de la "gota fría".
Y con ello, ha agregado, inundaciones en verano en Inglaterra, largos periodos sin nieve en Sierra Nevada que antes no se conocían o que una borrasca "suelte" todo el agua de un año en dos semanas.
Construir "diez kilómetros cuadrados de superficie en Castellón" significa que "el nivel de formación de nubes en Teruel sube ciento cincuenta metros", ha explicado el experto, con lo cual influirá en la "pérdida de tormentas de verano que se viene experimentando" en España.
Métodos más tradicionales de agricultura, como las acequias usadas en la Vega de Granada, han servido de método de compensación a la naturaleza en sus procesos climáticos, mientras que en la actualidad el vapor de agua que se acumula sobre el Mediterráneo no es suficiente para evitar inundaciones en el centro de Europa, y en invierno en el sur mientras disminuyen la cantidad de precipitaciones suaves en otoño.
Millán ha dicho que hacen falta más medidas estructurales, aunque no sean "políticamente correctas", y ha recomendado que "por cada hectárea de terreno que se urbanice", se reforesten otras tres hectáreas.
Ha calificado los resultados de la cumbre de Copenhague como "catastróficos" y ha reseñado también que los modelos climáticos del Mediterráneo vigentes hoy no contemplan los nuevos fenómenos meteorológicos que están sucediendo desde hace quince años.
* ABC - EFE - 15.01.10
Foto: Beniarbeig (Alicante), inundaciones (Archivo)- EFE - M. LORENZO
El alcalde de Nívar, a juicio por graves destrozos en el yacimiento del Castillejo
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GRANADAHOY* : En Nívar se encuentra el Castillejo, un monumento que, según los investigadores, es mucho más que un castillo y una necrópolis. Se trata de un enclave arqueológico de gran valor histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, con una singular protección y tutela. Pese a ello, en enero de 2007, sufrió graves daños como consecuencia de la voraz acción de las máquinas excavadoras al comenzar la construcción de una urbanización en las parcelas de su entorno.
Esas obras, que fueron permitidas por el Ayuntamiento tras aprobar el correspondiente plan parcial, llevarán este año al banquillo de los acusados al alcalde de Nívar, Antonio Molero Fernández, y a otras tres personas, por la presunta comisión de dos delitos: uno de prevaricación y otro de daños al patrimonio histórico.
Según informaron fuentes judiciales, la investigación del caso -de la que se encargó el Juzgado de Instrucción número 7- ya ha concluido y se ha remitido el expediente al Juzgado de lo Penal 3 de la capital para su enjuiciamiento. Las mismas fuentes precisaron que aún no se ha fijado fecha para el juicio, pero todo apunta a que no será antes de mayo, ya que ese mismo órgano tiene reservados numerosos días de los meses de marzo y abril para enjuiciar el caso Nevada.
Este diario ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, emitido en abril de 2009 y en el que se relatan las supuestas ilegalidades cometidas por los procesados, entre los que también figuran como posibles responsables civiles subsidiarias dos entidades: Las Delicias de Nívar y Hermanos García Motril.
Tanto éstas como los acusados se enfrentan al pago de una indemnización de casi un millón de euros a la Junta de Andalucía por los graves daños sufridos por el yacimiento del Castillejo. Exactamente la cantidad que el Ministerio Público solicita, en caso de condena, es de 953.007 euros, a fin de que se invierta en la "restauración del yacimiento y en la reversión en lo posible de los daños causados, conforme al proyecto que se redacte al efecto".
Las penas que se piden para el primer edil son ocho años de inhabilitación por el posible delito de prevaricación, dos de prisión por los daños al patrimonio y multa de 10.800 euros. Los tres acusados restantes son J. A. F. P. (propietario y promotor privado de las obras de urbanización), M. G. J. (contratista de los trabajos de explanación y desmonte) y J. B. H. (conductor de la pala retroexcavadora). Para este último, el Ministerio Fiscal reclama la menor condena: un año de prisión y 2.160 euros de multa, al entender que se limitó a seguir puntualmente las indicaciones de su empleador.
Las máquinas llegaron a realizar dos grandes viales a través de grandes desmontes en el Cerro del Castillejo que suponen, según resalta el fiscal, "una afección irreversible del paisaje". Además, los movimientos de tierras dejaron a la luz huesos humanos, así como objetos de cerámica de carácter doméstico, abundante teja, tinajas de cordones y fragmentos de jarras; restos que incluso fueron apilados manualmente tras su aparición.
El fiscal asegura que la pala excavadora destruyó "numerosas tumbas", un extremo que fue constatado por un arqueólogo de la Delegación Provincial de Cultura el 27 de abril de 2007. La visita del técnico a la zona para inspeccionarla se produjo después de que un grupo de vecinos alertara a un diputado provincial de IU, Julio Bernardo, de lo que estaba ocurriendo allí y éste lo pusiera en conocimiento de la administración autonómica. Los vecinos llegaron incluso a entregar al diputado, como muestra, varios restos de los que habían sido amontonados por los obreros.
También se personaron en el yacimiento los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que comprobaron in situ los daños arqueológicos causados por el movimiento de tierras con maquinaria pesada y los comunicaron al juzgado, al entender que podrían constituir un delito de daños al patrimonio histórico.
La Fiscalía destaca que el arqueólogo enviado por Cultura vio en las zonas inferiores de las fosas cómo estaban esparcidos abundantes restos óseos como resultado de la destrucción de las tumbas. El técnico pudo comprobar en ese momento "que las obras efectuadas suponían una pérdida importante e irreparable de este yacimiento arqueológico".
Sobre la conducta del alcalde del municipio, Antonio Molero, el Ministerio Público pone de relieve que, pese a conocer que el Castillejo era un BIC, aprovechó que las Normas Subsidiarias de Nívar clasificaban como suelo urbanizable los terrenos en los que se sitúa, y "decidió permitir" la realización de las obras.
Dichas obras fueron así autorizadas "a sabiendas de que supondrían necesariamente la modificación radical del entorno del BIC, la más que segura afectación del yacimiento arqueológico e incluso la afectación de la estructura defensiva y necrópolis del propio Castillejo", señala el escrito de acusación.
La actuación fue permitida además presuntamente sin hacer ningún tipo de advertencia y sin recabar ningún tipo de autorización de la Consejería de Cultura de la Junta. Y es que, según sostiene el fiscal, cualquier intervención de la administración llamada a velar por la protección del bien cultural hubiera frustrado las obras de urbanización pretendidas.
El plan parcial del Castillejo se aprobó en 2004 "con el solo informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo", si bien las obras no comenzaron hasta en enero de 2007. Fueron paralizadas en cuanto se descubrieron los daños.
* Granada Hoy - 14.01.10
Foto: El fiscal advierte que se ha producido una "afección irreversible del paisaje". - granadahoy.com
Madrid: Las licencias de negocios se tramitarán en 15 días y sin pisar el Ayuntamiento
ELPAÍS* : Licencia para abrir un negocio en la capital con todas las de la ley en un máximo de 15 días. A muchos empresarios que han pasado por el trámite les debe de parecer poco menos que ciencia-ficción. Pero el Ayuntamiento asegura que será un hecho -dependiendo del tipo de negocio y de las obras que deban hacerse en él- a partir del 1 de abril. ¿Cómo? Cambiando el sistema de gestión de licencias, de forma que buena parte de la tramitación pase a manos de empresas privadas.
Serán unas 25 y abrirán, al menos, 30 oficinas por todo Madrid. La Junta de Gobierno aprobó ayer la creación de la agencia para la gestión de licencias de actividades, que será la "autoridad única" en la materia y, entre otras cosas, controlará a todas estas empresas.
Supongamos que es usted un empresario que quiere abrir, por ejemplo, una zapatería o una librería. Y que el local no necesita más reforma que una mano de pintura o algún pequeño arreglo. La licencia que necesita es lo que el Ayuntamiento llama "acto comunicado" o "comunicación previa". Tendrá que escoger entre una de las empresas certificadoras -han solicitado acreditación 38, la han obtenido 23 y dos más la tendrán en breve- y presentar en su oficina el proyecto. En 15 días la empresa estudiará la documentación y emitirá un "certificado de conformidad". Ya puede abrir. La autorización no pasa por el Ayuntamiento. La empresa se limita a comunicársela mediante un sistema informático.
Si los negocios necesitan realizar obras, el proceso se alarga e interviene el Ayuntamiento. Por ejemplo, un restaurante que tiene que abrir huecos en los muros o instalar una salida de humos (no requiere un proyecto de obra firmado por un arquitecto) necesita una licencia ordinaria por procedimiento abreviado. Recibirá el certificado de conformidad en dos meses, lo que equivaldrá de forma automática a una licencia provisional. En un mes, un inspector municipal de la agencia recién creada se presentará para ver si las obras se adecúan al proyecto y, en su caso, concederá la licencia de apertura y funcionamiento definitiva.
De este tipo de permisos, además de los que se tramitan por procedimiento común (licencia de obras visada por arquitecto) no se encargarán las empresas hasta una segunda fase, que empieza en abril de 2011. Y lo que siempre seguirá siendo competencia de las concejalías y las juntas de distrito son las obras en viviendas particulares, que suponen el 60% de las 20.000 licencias tramitadas en 2009.
El 40% restante son las licencias de actividad, de las que se encargará la agencia. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el nuevo sistema supondrá "un paso histórico en la reducción de trámites burocráticos". La agencia contará con unos 100 o 120 trabajadores, avanzó ayer el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que son los que ya realizaban ese trabajo en las concejalías y juntas de distrito.
El grupo municipal socialista, que denunció la nueva ordenanza de tramitación de licencias por considerarla ilegal, aseguró ayer que la agencia "no va a funcionar". "No va a resolver el caos", afirmó su portavoz, David Lucas.
* ELPAIS.com - 15.01.10
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
Imputan al alcalde de Mataró por delitos contra la ordenación del suelo
ELMUNDO/Barcelona* : El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), el concejal de Urbanismo, Ramon Bassas (PSC) y la letrada del servicio de Urbanismo, Maria Lluïsa Guanyabens, han sido imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico en relación a la deconstrucción del conjunto industrial de Can Fàbregas y de Caralt para la construcción de un centro comercial.
El juzgado de instrucción número 3 de Mataró (Barcelona) comunicó al consistorio la admisión a trámite de la querella presentada el 4 de enero por la fiscalía provincial de Barcelona y la imputación de los tres miembros del gobierno municipal. Además, pidió como medidas cautelares detener la deconstrucción y almacenamiento de la antigua fábrica y la eliminación de los restos del subsuelo.
En una providencia complementaria, el juez reclamó al Ayuntamiento que, en un plazo de 10 días, acredite la titularidad de los terrenos de la vecindad de Valldeix, en Mataró, donde están almacenadas las piezas del complejo industrial.
El Ayuntamiento asegura haber detenido "de forma inmediata" las obras de desmontaje, de las cuales sólo queda pendiente una pequeña parte correspondiente a la base de la chimenea, y ha ordenado que los restos del subsuelo se mantengan cubiertos de arena para que no se estropeen.
Aun así, el consistorio se reserva el derecho de recurrir las medidas cautelares y cualquier otro aspecto que los abogados de la defensa puedan determinar.
El alcalde ha convocado para antes del próximo pleno ordinario una junta de portavoces extraordinaria para poner la situación en conocimiento de los grupos municipales.
* El Mundo - 15.01.10
Foto: Mataró, desmontaje Can Fábregas - mataro.org
