ABC/Barcelona* : La Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos "pelotazos" en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, esa nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García.
Este convenio mencionado por Garzón en su auto, con el que Niesma ganó al menos dos millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que acabó archivando al caso al no apreciar indicios delictivos en la operación urbanística.
La Fiscalía de Cataluña también archivó otra denuncia presentada en abril de 2007 por SOS Llavaneres sobre un convenio para la compra de una finca de interés público con el que una empresa de Badalona (Barcelona) habría conseguido multiplicar por ocho, gracias a una recalificación municipal, los beneficios derivados de esa operación.
La documentación sobre este caso también ha sido enviada ahora a la Fiscalía Anticorrupción por sus homólogos de Cataluña, a la espera de que SOS Llavaneres presente mañana nueva información que probaría la relación de la empresa beneficiada con el entramado de sociedades que manejaba el detenido Luis García, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.
Otras dos denuncias presentadas por SOS Llavaneres por irregularidades urbanísticas están siendo investigadas por un juzgado de Mataró (Barcelona) y, al margen de la evolución de esos procesos en Cataluña, la Fiscalía catalana ha remitido a Madrid documentación sobre estas causas por si se establece alguna relación con la trama de corrupción destapada en la operación Pretoria.
En esos procesos que se siguen en Mataró, y cuya instrucción aún no está concluida, el juez ha imputado al ex alcalde Víctor Ros (PP), que aún es concejal en Llavaneres por la misma formación, así como al ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez y a un técnico municipal.
En una de esas causas se investiga un convenio por el que el ayuntamiento vendió a Proinosa, empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre, a un precio muy por debajo al del mercado, según la denuncia de SOS Llavaneres.
Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además del ex alcalde, a Antonio Jiménez (PSC), al que el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama, el ex diputado Luis García.
En su auto, Garzón subraya que Antonio Jiménez, que fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha tratado con Luis García sobre varios proyectos urbanísticos de esta población, como la construcción del mercado de Fondo, aprobada en 2007.
La cuarta denuncia de SOS Llavaneres investigada por la justicia, y que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, es el convenio para la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería, lo que también ha comportado la imputación del ex alcalde Víctor Ros.
* ABC - EFE - 2.11.09
Foto: LLaveneres - infomet.am.ub.es
Fiscalía Cataluña envía a Anticorrupción otros tres "pelotazos" en Llavaneres
El ´caso Arona´ apunta a los tratos de favor urbanísticos
LAOPINIÓN/Tenerife* : La posible trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento aronero ha vuelto a tomar fuerza al quedar de manifiesto en el marco de la instrucción del caso Arona que ciertos empresarios han podido disfrutar de un trato de favor mayúsculo que les habría permitido obtener licencias para construir enormes edificios de apartamentos aunque los mismos invadieran la zona de servidumbre marítimo terrestre o aunque se ubicaran sobre parcelas destinadas pura y exclusivamente a uso comercial.
Tales tratos de favor y la posibilidad de que los mismos pudieran articularse en torno al pago de comisiones ilegales a determinados técnicos y gobernantes del Ayuntamiento de Arona, han saltado esta semana en los juzgados aroneros a colación de la declaración del ex empresario que ha reiterado que entre 1999 y 2003 fue víctima de una extorsión cuando intentó obtener una licencia para edificar un complejo residencial en Costa del Silencio.
Este ex empresario (José Ramón Ansorena) ha detallado las múltiples trabas que le pusieron para obtener esa licencia, según él, porque se negó a pagar la comisión de 45 millones de pesetas que le pidió un intermediario para comprar informes técnicos favorables y el voto de políticos.
Para reforzar su tesis de que le fastidiaron por no pagar la comisión, el miércoles citó que Pedro Suárez construyó las urbanizaciones residenciales Costa Sol, Roque del Mar, Balcón del Mar y Atlantic View en parcelas limítrofes a la suya a pesar de que las trabas urbanísticas debían haber sido las mismas para ambos (ya que tres de las parcelas de Suárez tenían el mismo uso turístico que la suya). Ansorena declaró también que ese empresario quiso comprar su parcela a pesar de las trabas municipales para su edificación.
Complicaciones políticas
Las dos declaraciones judiciales de la semana pasada en relación a la trama de corrupción urbanística que saltó en el caso Arona han dejado a al menos a dos políticos aroneros en una situación muy complicada por los testimonios que apuntan a que conocían la extorsión que estaría sufriendo la empresa Proguito y no hicieron nada. La peor parte de ese reparto de responsabilidades es para el consejero del Cabildo y concejal del PP en Arona Félix Sierra, ya que dos personas han declarado que le habían contado dicha extorsión (uno de ellos, además, le involucra en la misma). El otro aspirante a ser imputado por un delito de omisión del deber de denunciar es el actual alcalde, José Alberto González, quien además ha hablado del tema en conversaciones intervenidas.
* La Opinión Tenerife - B.SALAZAR - 2.11.09
Foto: Un ex empresario denuncia que ha recibido un agravio comparativo en materia urbanística frente a otros en los que percibe un trato de favor. Manuel Lérida, laopinion.es
Galicia: Seis de cada diez concellos carecen de plan de ordenación urbanística
LAVOZDEGALICIA* : Es un paradigma del fracaso de la ley que el Gobierno Fraga impulsó en el 2002 para tratar de ordenar el caos urbanístico del país, pero también la evidencia de los obstáculos que complican la elaboración del planeamiento municipal en Galicia, y que han convertido en una utopía su cumplimiento. Con la que será la tercera reforma de la Lei do Solo 9/2002 en marcha, como paso previo a su anunciada sustitución por un nuevo marco normativo, solo 39 concellos están al día con el mandato legal y tienen sus planes adaptados. Por contra, 198 ayuntamientos ni siquiera disponen todavía de su propio plan general (PXOM).
El mapa de la situación actual del urbanismo municipal muestra un país en construcción, con circunstancias dispares. De los 198 municipios que carecen de planeamiento, 27 no han iniciado los trámites con la Xunta para su elaboración, a diferencia de los 171 restantes. Un total de 142 de esos 198 ayuntamientos sin PXOM se rigen solo por normas subsidiarias o delimitaciones de suelo urbano. Pero en los otros 56 no hay ninguna regulación. Esta coyuntura se extiende por igual en los núcleos de la costa y en los del interior.
Por provincias, A Coruña cuenta con 49 municipios sin planeamiento, de los que 41 ya están trabajando en su redacción. Cambre, Carnota, Carral, Cerceda, As Pontes, Rianxo, San Sadurniño y Vimianzo no han realizado aún ningún trámite ante la Dirección Xeral de Urbanismo para dotarse de sus propios planes. En la provincia de Lugo, 55 municipios carecen de PXOM: 43 ya han iniciado el papeleo para subsanar ese escenario, pero los 12 restantes no. Son Abadín, Antas de Ulla, Barreiros, Cervo, Cospeito, Guntín, Láncara, Mondoñedo, Negueira de Muñiz, Outeiro de Rei, Ribeira de Piquín y Trabada.
Los concellos ourensanos sin plan general de ordenación son 58, aunque 53 están trabajando en la redacción de sus planeamientos. Los cinco que tienen esa tarea pendiente son Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Lobeira, Manzaneda y San Cristovo de Cea. En Pontevedra hay 36 ayuntamientos que carecen de PXOM, pero únicamente los de Campo Lameiro y Mondariz Balneario no han contactado con Urbanismo para adecuar su situación a los parámetros que exige la ley urbanística gallega.
Retrasos encadenados
Con la norma en la mano, los 276 concellos sin planeamiento o que no lo han adaptado al marco 9/2002 están fuera de la ley. De hecho, el plazo que estableció para esa adecuación expiró en enero del 2006. Pero los alcaldes, que han convertido en queja habitual la falta de medios para gestionar el urbanismo, no son los únicos que no cumplen. La Xunta lleva más de cinco años de demora en las directrices del territorio y supera los cuatro en el plan del litoral, que prevé aprobar al mismo tiempo.
* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 31.10.09
"Pretoria": Luigi convirtió la empresa pública Gramepark en su coto particular
ELPAÍS/Barcelona* : El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada con la Operación Pretoria, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, logró lo que a la mayoría de los ediles de Santa Coloma de Gramenet siempre se les antojó imposible: controlar la empresa pública de servicios Gramepark. Los grupos municipales de CiU e ICV nunca lograron arrancar al alcalde, Bartomeu Muñoz (en prisión), un cargo medio que pudiera estar al corriente de las adjudicaciones de la sociedad, tampoco cuando gobernaron.
Según el auto del juez, Luigi sí consiguió "dirigir la actuación" del presidente de la empresa, que hoy tiene un agujero contable de 85 millones de euros y desde 2003 ha adjudicado contratos por 30 millones a Proinosa, presidida por el empresario también detenido Josep Singla.
Gramepark, que canalizaba la adjudicación de obras públicas, es una de las piezas clave de la investigación. La sociedad era, según el auto, la plataforma en torno a la cual se efectuaron varios supuestos delitos: desde adjudicaciones irregulares hasta supuestas falsificaciones de facturas para justificar desvíos de fondos.
Gramepark nació en 1988 para construir aparcamientos. Dos décadas después, es un gigante que adjudica bloques de pisos, equipamientos, calles, plazas y escaleras mecánicas. La oposición de Santa Coloma (CiU, ICV y PP) ha visto con preocupación su crecimiento "desmesurado". Las obras que antes licitaba el Ayuntamiento ahora las adjudica la empresa. "Tiene un presupuesto de 60 millones, cuando el consistorio cuenta con 80", explica el portavoz de CiU, Manel Olivés.
Los concejales de la oposición se quejaban reiteradamente de que la empresa realizaba las adjudicaciones, sin motivo, por vía de urgencia y sin concurso. El auto de Garzón señala, además, que la sociedad actuaba al dictado de Luis García Sáez, Luigi, en las adjudicaciones de obras.
Por otra aparte, Antonio Jiménez, investigado por sus contactos con Luigi, no sólo ha trabajado para dos municipios en los que ha habido sendos pelotazos. Además de ser concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y gerente del Instituto de Deportes de Santa Coloma, Jiménez fue también director de Política Territorial de Montcada i Reixac.
Entonces se aprobó una polémica modificación urbanística que permitió trasladar la fábrica Barnices Valentine del centro de la localidad a una zona verde adjunta a un polígono de la periferia. Jiménez fue impulsor de esta operación, defendida por el Gobierno de Montcada (PSC-CiU) y por el Gobierno catalán, pero que sulfuró al pueblo colindante de La Llagosta y a los empresarios del polígono que habían cedido terreno para la zona verde. El Tribunal Superior de Cataluña ha declarado nula dos veces la reclasificación de la zona verde, decisión que ha sido a su vez recurrida por Montcada y la Generalitat.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER / ARIADNA TRILLAS - Barcelona - 02/11/2009">
Foto: Santa Coloma - ciao.com
Vecinos de Santa Coloma están indignados*
* YouTube - Europa Press - 30.10.09
Las enfermedades de Ciutat Vella
ORIOL BOHIGAS* : La parte más significativa de la ciudad de Barcelona está en peligro de dejar de ser ciudad. Hablamos mucho –y con tonos críticos y reprobadores– del distrito barcelonés de Ciutat Vella. Discutimos las deficiencias, nos quejamos de ellas y, a menudo, buscamos responsables. Y siempre llegamos a la conclusión de que es un barrio que sufre alguna enfermedad, demasiado dispersa y demasiado cambiante para poder ser justamente diagnosticada y, claro está, curada.
Cuando alguien me pregunta cuáles son los problemas de mi barrio no sé muy bien qué contestar y acabo confesando una incertidumbre que aumenta la gravedad: son muchos problemas y muy variados, que parecen accesorios o anecdóticos, puntuales, pero que, en conjunto, se convierten en un malestar cívico grave. No es suficiente limpiar más y mejor, con vigilar los robos, la prostitución y la venta de drogas, con controlar el civismo de los turistas, con domesticar los top manta y los mercados clandestinos, con reformar las zonas comerciales especializadas en los repugnantes suvenires. No es suficiente dar refugio a los sin techo, con regular las acumulaciones circulatorias, con mejorar los espacios públicos, los equipamientos, los servicios, los usos y la vigilancia. No es suficiente atacar aisladamente cada uno de estos problemas si no existe una política para resolverlos todos ellos en menor o mayor medida. Para eliminarlos todos no puede aplicarse un solo remedio homogéneo, porque no se trata de una enfermedad global, sino de enfermedades con vías autónomas de desarrollo. Y esta es la contradicción: hay que atacar por partes, pero con una tal estrategia que evite un nuevo contagio con las enfermedades que todavía no han entrado en fase clínica.
Para que esto sea posible son necesarias dos decisiones. Primero: un plan estratégico formulado como consecuencia de unos estudios previos, elaborados en profundidad en todos sus aspectos, desde los económicos hasta los urbanísticos, desde los antropológicos hasta los connotadores de la historia de los usos y las implantaciones. Segundo: la organización de un sistema con autoridad municipal que aplique el plan con garantías y sin claudicaciones.
Para componer la estrategia ya disponemos de análisis y, si no los tenemos, habría que completarlos con datos nuevos y particularizados. Por ejemplo: ¿conocemos con certeza por qué se dan tantas diferencias en barrios tan próximos como el Gòtic, la plaza Reial, el Raval, el Born o el Poble Sec? ¿Cuáles son las reales ubicaciones de las mafias que regulan redes conflictivas? ¿Cuáles y dónde están los focos de delincuencia? ¿Cómo se han formado los diversos guetos o cómo se han logrado algunos equilibrios sociales? ¿Qué relación existe entre necesidades y servicios, entre habitantes y viviendas?
Buena parte de estos interrogantes tienen ya respuestas útiles o aproximadamente fiables y, por lo tanto, el tema decisivo es el de aplicar la estrategia con autoridad radical. Ciutat Vella solo se recuperará si el ayuntamiento sigue actuando allí con decisión y con las inversiones económicas que sean necesarias. Con intervencionismo de urgencia. La actual concejala del distrito se dedica a ello con muchos esfuerzos y con eficacia, pero no sé si tiene todo el apoyo que necesita y si dispone de los instrumentos de autoridad. Hay que tener en cuenta que Ciutat Vella se siente cargada de toda la significación más representativa de Barcelona y que ofrece un contenido histórico y vital importantísimo, al que hay que dedicar esfuerzos excepcionales. Hace pocos días, en una reunión de representantes de muchas instituciones barcelonesas de prestigio, con presencia del alcalde, comprobamos que hacía años que la mayor parte de ellos no frecuentaban la Rambla, refugiados en los barrios altos de la ciudad. Este es el problema: no es anormal que la Rambla, sin el calor de la ciudadanía, sea ahora el escenario privilegiado de aquellos –respetables y, a pesar de todo, bienvenidos– que solo la utilizan como un escenario circunstancial. Y quien dice la Rambla, dice toda Ciutat Vella, a pesar de estar repleta de tantos centros culturales y de tantas instituciones de la alta Administración, de las universidades, de los servicios centrales y de los residuos todavía eficaces de las promociones privadas. Y esto ocurre porque el barrio, en conjunto, no es un escenario confortable para la normal ciudadanía. Y esto significa que la parte más significativa de la ciudad está en peligro de dejar de ser ciudad.
Por lo tanto, en aquel plan estratégico, la prioridad será recuperar la confortabilidad para todos los ciudadanos. El problema es saber cómo puede lograrse ese cambio radical. Es habitual referirse a la limpieza, a la seguridad, a los servicios. Pero existe un aspecto que quizá podría ser más definitivo: la transformación de buena parte del comercio que ahora existe, imponiendo desde el ayuntamiento otro tipo de usos. Porque el comercio es el que acaba definiendo la calle. ¿Podemos conseguir un barrio normal y eficiente cuando en su eje urbano principal hay solo cuatro o cinco tiendas no sometidas a un turismo viciado por el suvenir, el fast food, el mercadillo y el cambio de moneda?
* Arquitecto.
* El Periódico - Opinión - 25.10.09
Valencia: Protesta masiva contra la corrupción
LEVANTE* : La imagen de la Comunitat Valenciana como paraíso de sol y playa se ha visto alterada en el panorama mediático español con una potente novedad: es también la tierra del chanchullo, el mangoneo y la corrupción. La emergencia nacional del caso Fabra y especialmente la trama Gürtel coronan un mar de fondo repleto de Orihuelas, Díaz Alperis, Torreviejas, Terra Míticas, oscuras visitas del Papa y claros pelotazos made in PAI.
A algunos les tienta la idea de vincular la corrupción valenciana —y la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia ella— con la cultura de esta tierra: una sociedad con carácter muelle vertebrada por el meninfotisme, con una herencia fenicia tan peligrosamente arrimada a los negocios cuando se trata de política, y una severidad moral no precisamente sueca o finlandesa. Para quienes desconfíen de tópicos, el profesor de Ciencia Política Víctor Lapuente, del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ofrece respuestas menos metafísicas para detectar el tumor de la corrupción, que en la Comunitat Valencia parece haber acabado en metástasis. Según explica Lapuente en un artículo, «las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una mala cultura o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político».
«En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes pueden haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones», afirma Víctor Lapuente. En cambio, la Generalitat Valenciana ha nombrado a dedo a 29.023 empleados de su actual plantilla, lo que representa el 23,1% del total y supera ligeramente la media nacional. Es decir: casi uno de cada cuatro empleados de la Generalitat ha sido contratado por libre designación, sin ser funcionario ni personal laboral elegido por una oposición o un proceso selectivo en el que los aspirantes compiten en igualdad de condiciones.
«Esto —añade el profesor Lapuente— genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable». De este modo, aparece un objetivo común para demasiada gente: ganar elecciones a toda costa para mantener cargos, sueldos, prebendas, adjudicaciones y tantas tentaciones susceptibles de corromper.
La tentación
La financiación de los partidos políticos es otro foco que alienta a la corrupción. Lo alerta Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murciaexperto en corrupción. «Llevamos 30 años con escándalos de financiación de los partidos políticos y todavía no hemos solucionado el problema. Y mientras no se arregle de una forma realista la capacidad de los partidos para financiarse, seguirá flotando una nebulosa en torno a ellos que aprovecharán cuatro sinvergüenzas y cuatro recaudadores», explica Jiménez a este periódico.
En este caso, la Comunitat Valenciana no difiere del resto de España. Pero tal vez sí que se halla una particularidad en la respuesta social que suscita la corrupción. Según Carlos Flores, analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, el sistema de partidos políticos valenciano influye en el bajo castigo social que está acompañando, según todas las encuestas, a los sonados casos de corrupción.
«En la Comunitat Valenciana, las alternativas políticas son básicamente dos —recuerda Flores—. Y si el partido que representa a tu ideología se ve implicado en un caso de corrupción, resulta absurdo pensar que sólo por ello vas a cambiar tu ideología. No. El ciudadano lo lamenta, lo critica y se resiente, pero no puede ir más allá porque no hay un recambio ideológico. Mientras que si hubiera varios partidos de una misma tendencia [como en el caso alemán o incluso el catalán], el elector podría cambiar de carril sin tener que cambiar de dirección», explica Flores. Si además la dirección opuesta, en este caso el PSPV de Jorge Alarte, resulta tan poco atractiva como reflejan los sondeos, el castigo electoral a la corrupción se vuelve heroico.
Así pues, una configuración institucional que permite multitud de personal enchufado sin escrúpulos; una financiación de partidos que incita a buscar recursos extra en las cloacas; y una simplificación de opciones políticas que dificulta la crítica y el castigo del electorado. Este triángulo acotaría el pecado original de la corrupción.
En busca de soluciones
El diagnóstico de la enfermedad es sin duda interesante. Pero la clave reside en encontrar el remedio. ¿Cómo extirpar el tumor? Los profesores Flores y Jiménez coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de financiación de los partidos y aumentar los controles judiciales y administrativos. Víctor Lapuente propone una solución complementaria. «Se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política», dice. No hace falta que todos sean funcionarios con una plaza en propiedad. De hecho, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la mayoría de sus empleados públicos, que se rigen como cualquier trabajador del sector privado.
A nadie escapa que existen dos grandes obstáculos para materializar esta despolitización de las instituciones: los sindicatos de funcionarios, tan celosos de sus privilegios, y los propios partidos, acostumbrados al poder de enchufar. Se necesitaría, pues, alguien que movilizara esos intereses. Los empresarios o la sociedad civil podrían encabezar este proceso para destruir las redes clientelares, germen de la corrupción según Lapuente. Pero una revolución de este calibre se antoja difícil en la patria del meninfotisme.
* Levante-EMV - PACO CERDÀ - 1-11-09
Foto: Uno de los manifestantes, en la imagen, llevaba una pancarta con una Mona Lisa trucada con la imagen de Francisco Camps, ayer en Valencia.- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
Badalona: Pelotazo en primera línea de mar
ELPAÍS/Barcelona* : La fachada marítima de Badalona también cayó en manos de la trama corrupta. Marina Badalona, la sociedad pública que gestiona la zona portuaria, otorgó un solar para construir viviendas en primera línea de mar a una de las empresas que aparecen citadas en el auto del juez Garzón, Badalona Building Waterfront (BBW). La adjudicación del solar se hizo sin que mediara concurso público alguno y sólo para liquidar un préstamo de 13,2 millones que, meses antes, la empresa concedió a Marina Badalona.
La instrumental BBW nació en diciembre 2002 con un objetivo declarado: gestionar una zona residencial en el litoral de la ciudad barcelonesa. Aunque resulta sorprendente, lo primero que hizo al constituirse fue dar un préstamo de 13,2 millones a favor de Marina Badalona, participada a medias por el ayuntamiento y el Consell Comarcal del Barcelones, y dirigida con mano de hierro, desde 2000, por su consejero delegado, Juan Felipe Ruiz. Éste liquidó el crédito el año siguiente con la entrega de dos fincas. Es decir, BBW se hizo con los solares en primera línea de costa sin pasar por concurso.
Ruiz, ex concejal en Badalona y ex delegado del Gobierno en Menorca (de 1988 a 1995) aparece en el auto judicial, que le cita como "el contacto" de Luigi en Badalona. El consejero delegado es un hombre de la confianza del alcalde encarcelado de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, según diversas fuentes.
Entre 2003 y 2004, Ruiz fue miembro del consejo de administración de BBW. Aunque no a título individual, sino como representante de Marina Badalona, que entonces poseía un 10% del capital de BBW (60.000 euros).
Garzón detalla en su escrito que, 15 meses después de la adquisición del local, éste se vendió a la inmobiliaria Espais (cuyo presidente, Lluís Casamitjana, también está imputado) y a Procam. Se generó, así una "revalorización considerable", cifrada en 14 millones de euros. Luis García, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta resultaron beneficiados. BBW fue absorbida por Espais el año pasado.
El solar, de 3.000 metros cuadrados y con una edificabilidad prevista de 17.000, nunca ha sufrido modificaciones. Todavía no ha comenzado a levantarse allí ningún edificio. Entre otras cosas, porque el Ayuntamiento denegó el año pasado la licencia de obras al no ver cumplidos ciertos requisitos.
El alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), reaccionó ayer de forma contundente al conocer que el consejero delegado figura en el auto: decretó una suspensión de licencias para la finca investigada y ordenó que se paralice la actividad económica y patrimonial de Marina Badalona. Además, exigió a Ruiz que "renuncie a sus atribuciones especiales". Fuentes municipales coincidieron en que el poder de este hombre en Marina Badalona es "casi absoluto".
El pasado martes, cuando la Guardia Civil ejecutó la Operación Pretoria, Ruiz declaró a este diario: "Espais tiene un solar en el puerto. Como no sea ése... Pero no sé de qué va todo esto".
* ELPAIS.com - JESÚS GARCÍA - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Badalona - elbosquedeithilien
Mallorca: Unas 250 personas participan en una marcha contra el Plan de Carreteras
DIARIODEMALLORCA* : Unas 250 personas participaron ayer en Caimari en una manifestación convocada por una veintena de entidades ecologistas y ciudadanas y diversos grupos políticos de ámbito municipal para exigir al Consell de Mallorca la retirada del Plan de Carreteras por "obsoleto y depredador" y la adopción de un modelo territorial más sostenible que plantee el transporte en la isla de forma integral.
Los manifestantes se concentraron a las 15 horas en la entrada de Caimari y avanzaron en dirección a Selva por el camino peatonal situado en el lateral de la carretera. Una gran pancarta con el conocido lema Qui estima Mallorca no la destrueix precedió a la comitiva. Los participantes exhibieron carteles críticos con la política territorial del Consell de Mallorca y alusivos a la "poca coherencia" de la presidenta Francina Armengol al permitir la próxima aprobación definitiva de un plan viario que "supone una continuidad del modelo implantado por PP y UM y la transformación de Mallorca en un área metropolitana de Palma".
El acto era secundado por diversas agrupaciones políticas locales de partidos integrados en el Bloc y contó con la presencia de algunos regidores municipales de esta coalición de municipios como Inca, Artà, Santa Maria o Sineu. Sin embargo, ningún alto cargo de la formación progresista se dejó ver en una manifestación que denunciaba la política urbanística de una institución en la que el Bloc asume competencias de gobierno.
"Esperábamos un cambio"
Durante el acto reivindicativo se repartió entre los presentes un folleto informativo sobre las causas de la manifestación en el que se plasmaba la desilusión de las plataformas convocantes por la ausencia de un cambio en la política territorial por parte del actual equipo de gobierno de centro-izquierda del Consell de Mallorca y se apuntaba que la gestión de intraestructuras de la institución insular "está bajo sospecha" por la imputación de los máximos responsables políticos del departamento de Obras Públicas por el caso Peaje, en referencia al conseller Antoni Pascual y al director insular Gonzalo Aguiar, de UM.
Margalida Ramis, portavoz del GOB, asociación que llevó el peso de la organización, reclamó la retirada del Plan de Carreteras porque "su aprobación no tiene sentido al margen de otras planificaciones en materia de transporte público; es necesario un estudio integral de movilidad". Ramis recordó que "hubo promesas de aplicar un cambio en la política territorial" que, hasta la fecha, no se han materializado y expresó su escasa confianza en las modificaciones del Plan de Carreteras que están negociando los partidos. "No serán cambios sustanciales, porque de lo contrario deberían revistar todo el proyecto", apuntó.
* Diario de Mallorca - J. FRAU. INCA. - 1.11.09
Foto: Caimari (Mallorca) - MALLORCAWEB
La trama corrupta salpica a la empresa de urbanismo de la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La trama de corrupción urbanística de la Operación Pretoria sigue extendiéndose desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a otras instituciones catalanas. El Gobierno de la Generalitat se ha visto ahora salpicado por la supuesta implicación de un alto cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), su empresa pública de urbanismo.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la trama, sostiene en su auto que el gerente del Incasòl, Emili Mas, mantuvo conversaciones con cuatro de los imputados para falsificar facturas que justificaran el desvío de 1,3 millones que el consistorio había recibido de la Unión Europea.
Tras conocer el auto de Garzón, los responsables del Incasòl -dependiente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y del de Medio Ambiente y Vivienda- decidieron "revisar" todas "las gestiones" que hayan realizado con el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Garzón indica que entre el 16 y el 29 de abril se supo de la "posible emisión de facturas" por parte del consistorio para justificar el empleo de unos fondos comunitarios a través de los contactos que hubo entre el gerente del Incasòl, Emili Mas; el ex diputado del PSC Luis García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el director de Servicios Municipales de la ciudad, Pascual Vela, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que Luigi y Mas mantuvieron conversaciones.
El juez señala que el consistorio modificó supuestamente el destino de los fondos que recibió de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en la ciudad, cuya gestión correspondía a la empresa pública Gramepark.
Con las facturas falsas, el Ayuntamiento pudo haber justificado, según el auto, el "empleo irregular" de los fondos comunitarios. Emili Mas, que fue gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, rechazó contestar ayer a este diario si estaba al corriente de la falsificación de facturas.
El Incasòl, en un comunicado, mostró ayer su "máxima disposición" para colaborar con el juez, que ha imputado a nueve personas por posibles delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y fraudes a Hacienda y de subvenciones.
El auto, además, menciona a dos ex altos cargos más de la administración catalana, aparte del ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, ambos imputados.
Según el auto, Lluís Renau, director general de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 cobró 120.000 euros de la sociedad Badalona Builing Waterfront, implicada en un pelotazo urbanístico en 2003. Renau y Luigi -al que la investigación apunta cómo el cerebro de la trama corrupta-, ya habían sido socios entre 1996 y 1998 en las empresas de urbanismo Immodarder y Iniciatives i Infraestructures.
También recibió un pago de Luigi, según el juez, Ginés Carbó, que fue jefe del Servicio de Planificación Territorial y luego coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona entre 2002 y 2004. Carbó percibió 244.011 euros por una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).
La publicación del auto no sólo causó ayer revuelo en la Generalitat. A lo largo del día varias empresas se desvincularon de las ilegalidades que apunta Garzón. Entre ellas, Proinosa, presidida por el imputado Josep Singla, que se habría beneficiado de licitaciones irregulares en Santa Colom.
El auto también señala a una filial de Caixa Catalunya y a otra empresa integrada por Caixa Laietana y Restaura. Ambas sociedades habrían pagado comisiones a Prenafeta en dos de las operaciones investigadas por el juez.
Fuentes de Caixa Catalunya aseguraron que, pese a que no tiene constancia contable del pago, ha encargado a sus servicios jurídicos y a los auditores una radiografía de su inmobiliaria Procam. Restaura admitió que la compañía que comparte con Caixa Laietana pagó una comisión del 4%, que equivale a 389.440 euros más IVA, a Prenafeta tras comprar los terrenos de Llavaneres. La promotora recordó que adquirió un suelo finalista, es decir, sin necesidad de recalificación alguna, y dijo desconocer "los antecedentes y prácticas del vendedor [Luigi] y el intermediario [Prenafeta]".
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Palau Generalitat - flickr
La Línea: La Fiscalía ve indicios de delito en la construcción del Palacio de Congresos
EUROPASUR/Cádiz* : La Fiscalía de Medio Ambiente cree que en la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones y el Hotel Iberostar se puede haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y en otro contra la ordenación del territorio al haber sido excedida la superficie permitida y ocupado espacio libre público.
En concreto, concluye que este conjunto ocupa 215,46 metros cuadrados de suelo calificado como espacio libre público y que hay un exceso total de edificabilidad de 2.933,29 metros cuadrados.
Además, señala que los supuestos responsables son el actual gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, y otros técnicos municipales, así como los arquitectos y técnicos que dirigieron la obra, la promotora y la empresa constructora, por lo que solicita que declaren en calidad de imputados. Así consta en el escrito que la Fiscal ha remitido al juzgado número 2 de La Línea tras la denuncia interpuesta en su día por el PSOE. Dicho escrito está fechado a finales de junio. Este diario ha sabido que la juez citó a estas personas a declarar a principios del presente mes pero que éstos presentaron un recurso que está pendiente de resolución.
En cuanto al escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, se recuerda que en marzo de 2003, el gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, resolvió conceder una licencia de obras a la empresa Ámbito Sur Hoteles para construir un palacio de congresos, un hotel, oficinas, locales y garajes en la avenida Príncipe de Asturias de acuerdo con un proyecto básico que había sido presentado por el solicitante de la licencia. Según la Fiscal, dicha solicitud vino informada favorablemente en el expediente de concesión por el arquitecto Juan López de Lerma y por la técnico Esmeralda Cano. En este sentido, agrega que dicha licencia era conforme a la legalidad urbanística aplicable al Estudio de Detalle EDCV-P-5 de San Felipe para la zona uno, concretamente la parcela número 5 en la que se iban a edificar estos inmuebles.
Sin embargo, dos años más tarde, el 24 de mayo de 2005, el representante legal de la empresa Sur Hoteles presentó en el Ayuntamiento una solicitud de modificación de la licencia inicialmente otorgada en base a un reformado de proyecto básico. Pérez Partal resolvió conceder en junio la modificación de la licencia de obras otorgada inicialmente previo informe favorable del arquitecto Juan López de Lerma y de la técnico Esmeralda Cano.
* Europa Sur - Soraya Fernández - 31.10.09
Foto: Instantánea de la fachada principal del Palacio de Congresos, con el hotel Iberostar al fondo. - europasur.es
Cerrado por redada
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Los agentes de la Guardia Civil entran en los ayuntamientos en pareja y salen siendo tres. El tercero que se les apunta suele ser un alcalde. Allí se les fotografía en la puerta como si volvieran de celebrar una boda por lo civil. En realidad sacan al alcalde esposado por lo civil. En concreto, por lo Guardia Civil. Incluso los alcaldes corruptos son personas de orden. Si se fijan bien en las imágenes de los periódicos, los furgones de la policía suelen estacionar en los aparcamientos reservados para los vehículos oficiales. Debe de ser que, cuando sospechan que le van a detener, dejan un sitio libre para poder decir que colaboran con la investigación.
La corrupción empieza a ser tan grave que cada vez que aparece un alcalde con grilletes hay que recordar, para tranquilizarnos, que en España hay 8.000 que son honrados. Es como tener que explicar cada vez que detienen a un asesino, que hay 48 millones de españoles que no han matado a nadie. Fíjense si la cosa se ha puesto fea, que cada día es más difícil buscar un candidato a alcalde. Hay partidos políticos, e incluso vecinos, que antes de quedarse sin alcalde prefieren tener uno corrupto. Más vale un corrupto que se lo lleve a dos manos, que ciento volando que sean honrados.
Aunque parecía que en temas de corrupción estaba todo inventado, es posible la innovación. Juan Enciso, en El Ejido, ha demostrado que se puede robar a espuertas sin necesidad de convenios urbanísticos, recalificaciones y reglazos al PGOU. Es de los pocos casos de corrupción donde no se ha detenido al concejal de Urbanismo. Enciso, con una empresa multiservicios, ha sido capaz de extraer del ayuntamiento 20 millones de euros al año colocando baldosas a 2.160 euros la unidad o bombillas a 572 euros la pieza. Si hay algún alcalde que sea capaz de superarlo que se presente a las próximas elecciones. Sus vecinos no sé si se lo agradecerán, pero posiblemente le voten.
También habría que botar -sí, con b- a los dirigentes del PP y del PSOE que se atreven a hablar de El Ejido. Los primeros han tenido 16 años al alcalde como militante. Los segundos lo han disfrutado dos como socio de gobierno para mantenerse en la Diputación de Almería. Como ninguno de los dos partidos está libre de pecado, o se callan o podemos ya empezar a tirarles las primeras piedras. Los partidos políticos, en temas de corrupción, toman a los ciudadanos directamente por idiotas.
A falta de conocer más detalles procesales, hay un nexo común entre Enciso y el otro alcalde que le ha disputado estos días el protagonismo mediático, el socialista Cristóbal Torreblanca en la localidad malagueña de Almogía. Los dos llevan toda la vida instalados en el cargo. Torreblanca acumula 26 años y Enciso 18, lo que viene a demostrar que, en demasiadas ocasiones, las posibilidades de corromperse (Enciso) o de malearse (Torreblanca) son directamente proporcionales al tiempo que se lleva en el puesto. A los políticos de por vida les molesta mucho que se diga esto, pero es una verdad científica.
En los ayuntamientos, los días de intervención judicial, terminarán por colocar un cartel en las ventanillas de atención al ciudadano que diga: "Vuelva usted mañana, hoy hay redada". Los vecinos estarán avisados y no pensarán que los funcionarios andan otra vez de escaqueo. Imagínese que va usted al consistorio a domiciliar el recibo del IBI y se encuentra en la puerta a una docena de agentes de la Guardia Civil. Podría pensar: "Cada día se fían menos de los funcionarios, ahora además de obligarles a fichar le hacen un control de alcoholemia y le apuntan la hora de llegada". Por cierto, alguien ha leído o escuchado alguna explicación de los socios de Enciso en la empresa multiservicios. O sea, de Abengoa, Cajasol y Cajasur. A ninguna de ellas les llamó la atención las facturas increíbles con las que engordaban sus cuentas durante 14 años.
* ELPAIS.com - Opinión Andalucía - 27/10/2009
El alcalde de Alcalà de Xivert declara de nuevo como imputado por presunta prevaricación
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LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Alcalà de Xivert y diputado provincial de Carreteras, el popular Francisco Juan Mars, ha declarado esta semana de nuevo en los juzgados de Vinaròs en calidad de imputado, acusado de un presunto delito de prevaricación por "permitir" que siguiera adelante la construcción de un edificio en la calle Barquero de Alcossebre pese a las denuncias vecinales y a los informes de tres técnicos municipales que alertaban de irregularidades.
La visita a los juzgados es la segunda que el diputado del PP realiza este año en calidad de imputado ya que hace sólo siete meses, el 2 de abril, ya compareció ante la justicia acusado de cometer presuntamente otro delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por una presunta irregularidad alrededor del patrimonio municipal del suelo. En abril, le acompañó la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla. Este pasado lunes, fue otro de sus colaboradores en el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Javier Tosar, el que declaró junto a Juan también como imputado.
Su declaración forma parte del proceso abierto por los juzgados vinarocenses después de que la Fiscalía pidiera, hace ahora un año, abrir diligencias previas tras estudiar las denuncias de los vecinos de la calle Barquero. Los propietarios han presentado varias reclamaciones ante el consistorio, e incluso han abierto un proceso contencioso. Alegan que el equipo de gobierno de Francisco Juan permitió que se continuara con la construcción de un edificio de seis viviendas en esa calle obviando los informes de técnicos municipales (el secretario, la arquitecta y un técnico de urbanismo) emitidos en 2007 que ponían en duda que el proyecto se ajustara 100% a la legalidad. Los tres técnicos fueron despedidos en 2008.
Las dos denuncias por presunta prevaricación que el juzgado de Vinaròs investiga actualmente no son, sin embargo, los únicos frentes judiciales que el alcalde del PP tiene abiertos en estos momentos. En Madrid, el Tribunal de Cuentas todavía sigue investigando si se han dado irregularidades en la cuenta contable del consistorio en los pasados ejercicios mientras la Fiscalía de Castelló resolvió el pasado verano solicitar a los juzgados que se abra una nueva investigación en torno a la legalidad de un PAI en el área de Capicorb.
* Levante-EMV - V. SALINAS - 31.10.09
Foto: Imagen de archivo del edificio que ha provocado la denuncia. - c. p., levante-emv.com
"Pretoria": Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido...
1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.
2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.
- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.
Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.
Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.
- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.
- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.
* ELPAIS.com - 31.10,09
Foto: Santa Coloma (Barcelona), registro ayuntamiento - elpais.com
Puerto Real: Duro revés del Supremo al proyecto de Las Aletas
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DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Supremo dio a conocer hoy una sentencia por la que "queda anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007 por la que se declara zona de reserva una superficie 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre situada dentro de las 527 hectáreas que integran el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz).
Asimismo, según la sentencia, el Supremo señaló que queda anulada la estipulación tercera del Convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2007 entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía en cuanto dicha estipulación incluye en su ámbito territorial, junto a otros terrenos, las 287 hectáreas de suelos de dominio público marítimo terrestre afectos a la reserva acordada por el citado acuerdo del Consejo de Ministros.
Esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por WWF-Adena que argumentó en su denuncia que la Administración del Estado no es completamente libre para declarar una reserva del dominio público marítimo terrestre.
Además, WWF-AdenaDENA argumentó en su recurso que la ubicación de las actividades e instalaciones de la reserva vulnera lo dispuesto en el artículo 47 en relación con el artículo 32 de la Ley de Costas, ya que según dichos preceptos únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre para aquellas actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
Igualmente, señaló en su recurso la ausencia de la evaluación ambiental estratégica, con infracción de lo dispuesto en los artículos 3.2.b y 7.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
* Diario de Cádiz - Europa Press - 30.10.09
Foto: Imagen de los primeros movimientos de tierra sobre la superficie del parque de Las Aletas./Borja Benjumeda, diariodecadiz.es
El oasis catalán
JOSÉ MARIA MENA* : En el pretendido oasis catalán parece que hay fuego subterráneo como en las Tablas de Daimiel. Una de las instituciones más prestigiosas de Cataluña, una joya de nuestra cultura y un orgullo para todos, ha sufrido una succión impenitente, sistemática, agotadora, de las aguas que la enriquecían y embellecían, y ahora arde su subsuelo humeando por distintas grietas que van apareciendo:el caso Millet, o el de Santa Coloma, de variado colorido político, son buenos ejemplos.
De nada vale bombear confusión en la grieta del proceso penal confesando solamente lo ya descubierto. De nada vale bombear fingidos sentimentalismos en las grietas de viejos recuerdos, que reverdecen, de cuyo nombre parece desafortunado que quieran acordarse. En el drama ecológico de Daimiel sólo vale cegar los pozos abusivos e ilegales, devolver el agua a su cauce, respetar las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, en los deplorables fenómenos de ecología social, ética o cívica que nos abruman con excesiva frecuencia, sólo vale la transparencia, la restitución, cegar los pozos de la codicia, atenerse a las leyes, que se haga justicia.
Algunos lances del proceso penal contra Millet han desconcertado o incluso escandalizado a la opinión pública. Es inevitable que algunos desconfiados piensen que no se hará justicia, sospechen de la honestidad del juez, porque hay mucho dinero por medio, y ha habido, en alguna ocasión anterior, jueces deshonestos. Pero debe decirse rotundamente que, desde ese punto de vista, se puede poner la mano en el fuego a favor del juez. Debe proclamarse, sin matices, su pulcritud e independencia. Sin embargo, esta proclamación tajante es perfectamente compatible con su posible desacierto. Y este posible desacierto es criticable.
La crítica a las decisiones judiciales, a causa de su desacierto, de su inoportunidad o de la simple discrepancia, es un ingrediente esencial de la convivencia democrática. El poder legislativo y el poder ejecutivo soportan con estoicismo las más severas críticas, justas o no. Los jueces, que administran el poder judicial, deben soportar del mismo modo, por más que sean severas, adversas o desacertadas, las críticas a lo que hacen o dejan de hacer.
Para que la crítica sea posible es preciso que exista información diáfana sobre las actuaciones judiciales, que por eso la Constitución ordena su publicidad, sólo limitable por causa del secreto previsto legalmente. Las leyes que regulan los trámites de los procesos no establecen la forma de producir o canalizar la información desde la oficina judicial a la opinión pública. Es posible que sea esta insuficiencia la que haya creado cauces oficiosos de información con efectos, o defectos, indeseables.
Sin embargo, la ley que regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal sí establece esta fundamental función de la convivencia democrática. Así, encomienda a la fiscalía "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia, y con respeto al secreto del sumario".
Ante el desconcierto o escándalo que generó la actuación judicial, la fiscalía de Cataluña estimó pertinente trasladar a la opinión pública determinados datos relacionados con acontecimientos relevantes del proceso. La que algunos medios calificaron como insólita actuación de la fiscalía no era más que puntual cumplimiento de una función legalmente prevista. Y era necesario, además, para general conocimiento de que la fiscalía había procurado cumplir, en toda la medida de sus posibilidades legales, con la obligación que le impone la ley de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, y en los plazos y términos en ella señalados".
Mientras la fiscalía cumplía con su función legal de informar a la opinión pública y el juez del caso resolvía, o no, los demás jueces ejercían su derecho a expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones, favorables o críticas, en relación con el asunto. Algún juez y alguna juez, a título individual, "como ciudadanos", expresaban su opinión sobre la llevanza del asunto, en términos que a la mayoría del colectivo le han producido una santa indignación corporativa.
Desde perspectivas políticas y mediáticas bienintencionadas se ha lamentado que afloren las discrepancias efectivamente existentes en el seno del mundo judicial, estimando que con ello se menoscaba la credibilidad del sistema o se dificulta la serenidad del juez, imprescindible para el acierto de sus decisiones. Estas perspectivas, probablemente, están teñidas de un cierto angelicalismo. El torbellino que envuelve al asunto Millet es un ingrediente más, un elemento consustancial del caso. El juez tendrá que ejercitar y exhibir su ecuanimidad, objetividad e independencia, en el interior del torbellino. Ése es su oficio.
El fuego subterráneo que resquebraja el oasis catalán no lo han prendido los ciudadanos de Cataluña, sino unos cuantos que, como en el resto de España, quieren llevarse toda el agua a su molino. Es deseable que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones para salir del atolladero de este inacabable espectáculo bochornoso. Pero sería también deseable que las instituciones produjeran, con más frecuencia, motivos de confianza.
* ELPAIS.com - Opinión Cataluña - 28.10.09
Admitida a trámite la querella por prevaricación y tráfico de influencias contra el anterior gobierno de Telde
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CANARIAS7* : El Juzgado de Instrucción nº5 de Telde ha admitido a trámite una querella por un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias contra los políticos de PP y AFV-Ciuca que aprobaron la permuta de un edificio en Jinámar suscrita con empresas del grupo Hermanos Santana Cazorla.
Todos ellos han sido citados a declarar en calidad de imputados, incluyendo al representante legal de la compañía, según informa el periódico digital Teldeactualidad.
Según informa este medio digital, la querella, interpuesta por el Ayuntamiento de Telde y admitida a trámite por el Juzgado número 5, según consta en un auto de fecha 27 de octubre al que ha tenido acceso este periódico digital, va dirigida contra el ex alcalde Francisco Valido (PP), Benito Guillermo Reyes (AFV-Ciuca), María del Carmen Castellano (PP), Carmelo Reyes Rodríguez (AFV-Ciuca), María Antonia Torres González (PP), José Suárez (PP), Carmelo Oliva (PP), Raquel León (AFV-Ciuca) y el representante legal de la empresa Hermanos Santana Cazorla SL. Todos ellos han sido citados a declarar como imputados. Lo harán a partir del día 19 de noviembre, jornada en la que comparecerán ante el juez el ex primer edil Valido, Guillermo Reyes, María del Carmen Castellano, Carmelo Reyes y María Antonia Torres. El día 11 de noviembre es la fecha fijada por el juez para que todos ellos acudan al Juzgado a retirar copia de la querella.
* Canarias 7 - 30.10.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
El fiscal pide a Garzón la prisión incondicional para los seis políticos del 'caso Pretoria'
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha pedido el ingreso en prisión de los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, el director de servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela y el exdiputado del PSC, Luis García por su relación en el caso Pretoria.
Pastor también ha solicitado el bloqueo de las cuentas de los seis políticos imputados.
Asimismo, según han informado fuentes jurídicas, el fiscal Luis Pastor ha solicitado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para los empresarios Lluís Casamitjana y Josep Singla y de 100.000 euros para el también empresario Manuel Carrillo, el único de los nueve imputados que está en libertad a la espera de la decisión que adopte el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Sin dimisión del alcalde
El abogado de Muñoz, Fermín Morales, ha confirmado la petición del fiscal sobre su cliente y ha asegurado que el alcalde no se plantea dimitir de su cargo y que "está entero" aunque "sorprendido y desconcertado por la dimensión mediática que ha adquirido todo este asunto".
El magistrado ha aplazado alrededor de las 15.15 horas las comparecencias, después de tomar declaración a seis imputados
Cohecho y tráfico de influencias
La Fiscalía ha pedido la prisión de Muñoz por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no por blanqueo de capitales, según ha explicado el letrado, quien ha añadido que el juez no ha preguntado a su cliente si tiene cuentas bancarias fuera de España o si se ha enriquecido durante los últimos años. Las preguntas del magistrado, según el abogado de Muñoz, han girado entorno a los servicios y adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Muñoz, que ha sido el quinto detenido en declarar ante Garzón,ha destacado también en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con Luis García Sáez, Luigi, presunto cerebro de la trama.
Exaltos cargos de CiU
Por su parte, la defensa de Alavedra y Prenafeta, que ejerce el abogado Juan Córdoba, ha explicado que su declaración se ha prolongado durante 45 minutos y una hora, respectivamente, aunque no han querido confirmar si el fiscal ha solicitado su ingreso en prisión. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", ha explicado el letrado.
Las declaraciones prosiguen esta tarde con las comparecencias del director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela; el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana, y el presidente de Proinosa, Josep Singla.
Cerebro de la trama
Otro de los implicados en la presunta trama corrupta, el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, ha quedado en libertad tras declarar esta mañana durante una hora ante el juez Garzón. Tendrá que regresar a las ocho de la tarde a la sede judicial para que se le notifique si se le impone la fianza de 100.000 euros, solicitada por el fiscal anticorrupción.
Fuentes presentes en la declaración han indicado que Carrillo ha negado durante su declaración cualquier relación con los hechos, que le vinculan con la supuesta trama de corrupción.
Tras el interrogatorio de este empresario ha entrado en el despacho del juez el exsecretario general de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta, al que ha seguido el exmilitante del PSC Luis García Sáez Luigi, considerado el cerebro de la trama.
* El Periódico - MARGARITA BATALLAS / AGENCIAS - 30.10.09
Foto: Los detenidos del 'caso Pretoria' llegan a la Audiencia Nacional. - AGUSTÍN CATALÁN, elperiodico.com
Valencia: Desnudos contra la corrupción
KAOSENLARED* : El colectivo ciudadano “No a la Corrupció” prepara una manifestación para el próximo sábado “ante las nuevas revelaciones que implican al president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al Partido Popular en la trama de corrupción Gürtel”. En esta ocasión, los miembros del colectivo y las miles de personas anónimas que ya se han adherido al colectivo escenificarán un entierro de la democracia ante el Palau de la Generalitat “asesinada por los políticos corruptos”.
En la presentación de la manifestación, que se iniciará el sábado 31 de octubre a las 18 horas desde la plaza de San Agustí, los convocantes de la “marcha fúnebre” pretenden contraponer con su desnudez, la pureza política de la ciudadanía frente a “la opacidad y oscurantismo del Consell de Francisco Camps”. “Los Gobernantes de la Comunitat Valenciana han traicionado los valores democráticos aprovechando sus cargos para beneficiarse. Además, han usurpado al pueblo su voluntad con sus tejemanejes y su negativa a dar explicaciones y su intento de normalización de la mentira y la corrupción”, afirman desde el colectivo.
Por ello, la acción del próximo sábado impulsada y apoyada por miles de ciudadanos valencianos pretende “recuperar la democracia para la ciudadanía”, escenificando una muerte de la democracia provocada por los políticos corruptos y un nacimiento de nuestro futuro democrático gracias al apoyo de todas las personas participantes. Los asistentes a la marcha llevarán cirios rojos, en señal de duelo, e irán acompañados de bandas de música, dolçaines i tabals, que tocarán a muerte. Tras recordar a las víctimas de la corrupción, el colectivo dará paso a la lectura de un manifiesto que celebrará el resurgir del cambio y la regeneración democrática con música y batukadas llenas de energía e ilusión por recuperar las posibilidades de un futuro mejor.
El Colectivo “No a la Corrupció” ya está formado por más de 12.500 valencianos y valencianas adheridos en la red social de internet Facebook i consiguió reunir a más de 3.000 personas, en tan sólo tres semanas de vida, el pasado mes de junio exigiendo la dimisión de Francisco Camps por su implicación en la trama corrupta.
PARA MÁS INFORMACIÓN: 655037680 - 651910231
* Kaos en la Red - “No a la Corrupció” - 28.10.09
Vecinos de Aranjuez piden una orden al juez para frenar las obras del parking
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ABC/Madrid* : La Asociación de Vecinos por la Protección del Patrimonio Histórico Artístico de Aranjuez estuvo ayer de juzgado en juzgado para conseguir la paralización inmediata de la construcción del aparcamiento subterráneo de la calle del Rey, obras que continuaban ayer pese a tener una orden que las prohíbe emitida el pasado 26 de octubre por el Gobierno regional.
El alcalde, Jesús Dionisio, del PSOE, tiene que parar las obras porque podrían vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La asociación vecinal acudió ayer al Juzgado número 3 de Aranjuez para adjuntar a su anterior denuncia la orden del Gobierno regional que frena las obras. «Para una paralización inmediata nos remitieron al Juzgado 2, de guardia, pero éste dijo que no le competía», señalan los vecinos.
* ABC - M. I. S. | MADRID - 30.10.09
Foto: I. Gil - abc.es
