Vecinos de San Miguel de Basauri se quejan de la futura reurbanización del barrio y recogen firmas para su modificación

EUROPAPRESS/Bizkaia* : Los propietarios de las viviendas de la calles Gorbeia Mendi, Udala Mendi, y en especial los de la calle Mugarra Mandi, del barrio de San Miguel de Basauri están recogiendo firmas para intentar modificar la reurbanización prevista en sus calles y solicitarán una reunión urgente con el responsable municipal de Urbanismo. Según informaron en un comunicado, en estos planes de reurbanización y ampliación de aceras, cuyas obras empezarán en noviembre, está previsto la eliminación de espacios verdes, para convertirlos en aparcamientos y carretera.

Asimismo, denunciaron que esta actuación, que afecta a las inmediaciones del campo de fútbol, "va a convertir en carretera un camino peatonal de 100 metros muy utilizado por el vecindario, y unas zonas ajardinadas de aproximadamente 500 metros cuadrados en aparcamientos".

Además, advirtieron de que el suelo donde se quiere ejecutar esta actuación es "de propiedad privada, siendo el ayuntamiento de Basauri usufructuario del mismo". Según los vecinos que están impulsando esta movilización, el Ayuntamiento "no puede cambiar el uso del suelo sin contar con el permiso los propietarios".

En ese sentido, aseguraron que los afectados por estos planes de reurbanización "no han sido informados y el conocimiento actual, a menos de un mes del inicio de las obras, ha sido por cauces ajenos al Ayuntamiento".

A su juicio, "no es una actuación equilibrada para dotar de unos pocos aparcamientos a los usuarios del campo de fútbol" y, además, "no han contado con los vecinos afectados para ver si hay una demanda de aparcamientos, algo que no existe".

Por otro lado, los vecinos afectados, junto con la asociación ecologista San Migel Bizirik, creen que no se debe cambiar el uso del camino peatonal por carretera y que no se deben quitar los jardines. Solo asumen como "necesaria" la ampliación de las aceras.

Por último, recordaron que "todas las actuaciones que se están estudiando en Basauri van encaminadas en sentido contrario, peatonalizar para hacer un pueblo más habitable".






* Europa Press - 16.10.09
Foto: Basauri (Vizcaya), barrio S.Miguel - pueblos-espana.org

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Salvem Catarroja se rebela contra el PAI Nou Mil·lenni

ELPAÍS/Valencia* : Ayer se concentraron ante el Palau de la Generalitat para exigir una investigación que se retrasa ya dos años. En 2007 una alquería del siglo XVIII, ubicada en l'Hort del Mestre, en los terrenos donde se ejecutará el PAI Nou Mil·lenni, se vino abajo "de modo sospechoso", sostiene la plataforma Salvem Catarroja, contraria al macroproyecto.

"El alcalde dice que fue por las lluvias, pero nosotros queremos que se investigue", insiste Davide, miembro de Salvem. Llevan dos años yendo del consistorio a la Generalitat y de ésta al consistorio en busca de una explicación. Sin éxito. Ayer volvieron a pedirla a golpe de murga -el grupo Lunático de Valencia les acompaña en sus actos de protesta-. Y de paso dijeron de nuevo no a un proyecto gigantesco que ocupará 1,7 millones de metros cuadrados y levantará cerca de 13.000 nuevas viviendas.

El PAI fue aprobado por el Ayuntamiento de la localidad, que gobierna el PP, y sus promotores: la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) de la Generalitat, que esperan que se levante la suspensión cautelar que pesa sobre el PAI para ponerse manos a la obra.

La plataforma seguirá su pelea contra Nou Mil·lenni porque "es insostenible, no respeta el medio ambiente y destroza la huerta y su patrimonio". Rosa, seguidora de Salvem, no oculta ni su indignación ni su impotencia, mientras muestra un sencillo cartel donde la organización ha pegado recortes de periódico con titulares del caso Gürtel. "Camps dimissió... sense jubilació", piden.






* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 17/10/2009
Foto: Catarroja (Valencia), terrenos PAI Nou Mileni - levante-emv.com

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Chiclana: Los ecologistas anuncian otra sentencia contra la construcción en Pinar de Hierro

DIARIODECÁDIZ* : A instancia del recurso presentado por La Chinita en el Zapato-Ecologistas en Acción, en nombre propio y de la Plataforma en Defensa del Pinar de Hierro, este colectivo ha hecho público que el Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Cádiz ha anulado el Decreto de convalidación del Consistorio, de 7 de noviembre de 2006, del Proyecto de Reparcelación de la UE-35 Pinar de Hierro.

Así, los ecologistas destacan que "esta es la tercera sentencia contra el intento de urbanizar el Pinar de Hierro". En este sentido, La Chinita recuerda que "el Consistorio entendía que el PGOU aprobado en marzo de 2007 -reiteradamente anulado por el TSJA y pendiente de resolución de recurso de casación por el TS- validaba lo anteriormente aprobado y hacía que se conservaran todos sus efectos. Nada más lejos de la realidad, ya que el tribunal ha entendido que el alcalde aprobó el decreto sin que existiera un PGOU en vigor que sirviera de cobertura al Proyecto de Reparcelación".

"En nuestra opinión -continúan manifestando- cada vez se aprecia con mayor claridad la chapuza urbanística, injusta y contraria a los intereses generales que se quiso llevar a cabo, ya que no sólo fue ilegal y arbitraria la clasificación que se le dio al suelo como urbano vía convenio urbanístico, sino los instrumentos que se quisieron aprobar de manera atropellada y con la mayor rapidez posible para así acallar al movimiento ciudadano que se levantó en contra".

Los ecologistas sostienen que "se ha demostrado que salvar el pinar íntegramente no sólo no iba a llevar a Chiclana a la ruina, como machaconamente se encargó de difundir José María Román, sino que tras estos periplos judiciales se están clarificando los derechos que tiene la propiedad del Pinar de Hierro. Por eso, antes de firmar convenio urbanístico alguno con los dueños, habrá que delimitar cuáles son esos derechos, ya que no queremos que ni un solo euro, ni un solo metro cuadrado de aprovechamiento urbanístico público vayan gratuitamente a los promotores urbanísticos".

Por último, La Chinita reitera que "estamos convencidos que la clasificación que en su día se le dio en el avance del PGOU al pinar (suelo no urbanizable, parque periurbano) podría ser una buena opción y el Consistorio debería hacer las gestiones para que el Pinar de Hierro fuese declarado Lugar de Interés Comunitario".






* Diario de Cádiz - 17.10.09
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org

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Los colectivos del Solar del Olivar denuncian que Urbanismo incumplió su compromiso de cesión temporal de dicho espacio

EUROPAPRESS/Madrid* : Miembros de los colectivos y entidades sociales que hacen uso del solar ubicado en el número 48 de la calle Olivar, en el barrio de Lavapiés, denunciaron hoy que la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, incumplió su compromiso de ceder el uso temporal de dicho espacio a estos colectivos, a lo que había accedido en una reunión celebrada el pasado mes de junio, según informó el portavoz del Solar, Carlos Vidania.

El conflicto en torno a este espacio, anteriormente ocupado por dos edificios de viviendas, se remonta al año 2005, cuando el Ayuntamiento de Madrid reclamó la propiedad del solar por vía de expropiación judicial, ya que el suelo estaba destinado a fines sociales en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. El proceso de expropiación chocó con la presencia de distintos colectivos del barrio de Lavapiés que, desde 2003, realizaban en este espacio actividades como un taller de bicicletas o la Muestra de Cine de Lavapiés.

Según denuncian estos colectivos, no se ha alcanzado todavía ningún veredicto sobre la expropiación del recinto, a pesar de lo cual, el Ayuntamiento notificó en 2008 a los usuarios que se había iniciado un proceso judicial para ordenar su desalojo, a petición de la concejalía de Hacienda.

Ante las peticiones de encuentro solicitadas por estos colectivos, el asunto fue derivado a la concejalía de Urbanismo, donde se consiguió, según Vidania, que la edil del ramo, Pilar Martínez, accediera a recibir a un grupo de representantes de los usuarios el pasado 16 de junio. En esa reunión, los colectivos demandaron a la responsable municipal que se permitieran actividades sociales y culturales a los vecinos hasta que se reconozca la existencia de algún proyecto para construir equipamientos municipales con fin social, tal como reconocía el PGOU.

En este sentido, según afirma Vidania, la delegada de Urbanismo se comprometió a la "cesión temporal en precario" de dicho espacio, siempre que los usuarios presentaran una solicitud sobre las actividades que se realizarían en ese intervalo de tiempo en el solar. Dicha solicitud fue presentada, según estos colectivos, el 24 de julio.

A pesar de ello, el Consistorio madrileño comunicó el pasado mes de septiembre a los usuarios del solar la denegación de la cesión, algo a lo que, según Vidania, "ya se había accedido y no estaba en discusión". Por este motivo, el proceso judicial de desalojo ha seguido adelante en base, según el Ayuntamiento, a informes negativos de la Junta de Distrito, la Policía Municipal y algunos vecinos, que denunciaban la existencia de ruidos en horario nocturno.

"De la Policía Municipal no esperábamos otra cosa, pero de parte de los vecinos hemos tenido muchas manifestaciones de apoyo y mucha colaboración en todas las actividades que hemos organizado", afirmó Vidania, quien además argumentó que los ruidos no se prolongan "más allá de las 00 horas", salvo en "ocasiones excepcionales".

En la raíz de la actuación municipal, estos colectivos identifican la ocupación que se dio en el solar en 2007 por parte de un grupo de personas sin hogar, que sí recibieron "algunas críticas" por parte de los vecinos y se prolongó durante seis meses.

Por otro lado, las asociaciones vecinales y colectivos sociales reclamaron un mayor papel de estas entidades en la resolución de los problemas del barrio. "Las situaciones en Lavapiés son complejas; hay infraviviendas y hay pobreza, cosas que el proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento ha dejado de lado", aseveró Vidania.

De cara al futuro, los colectivos del Solar del Olivar pretenden reunirse de nuevo con el área de Urbanismo para pedir a la delegada "que ratifique la cesión a la que ya había accedido". En todo caso, Vidania afirmó que los usuarios "no se oponen" a irse, siempre que el Ayuntamiento adopte un proyecto para construir en el solar los equipamientos previstos en el PGOU.

Entre las asociaciones del barrio que reclaman la oportunidad de utilizar el solar se encuentran el Club Deportivo Lavapiés, el colectivo V de Vivienda, miembros del Patio Maravillas o las asociaciones de padres de algunos colegios de la zona.







* Europa Press - 16.10.09
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)

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Alcaldes de la Axarquía se sienten inseguros ante la presión vecinal para conceder licencias ilegales

SUR/Málaga*: El incendio de la vivienda del alcalde de Alfarnatejo no es fruto de la casualidad. Al menos, así lo entienden la mayoría de los regidores de la Axarquía, que aseguran sentirse inseguros ante la presión vecinal para seguir construyendo de manera irregular en el suelo no urbanizable. «La gente no entiende que existe una Ley que hay que cumplir y que no se puede autorizar construir en cualquier parte.

A quien culpan siempre es al alcalde, que debe hacer cumplir la legislación urbanística», asegura el primer edil de El Borge, José Antonio Ponce (IU).
Para este regidor, en los pueblos pequeños cualquier actuación municipal muchas veces puede derivar en una situación crítica. «Si le abrimos un expediente a una obra por no tener licencia, malo. Pero si la paralizamos peor, porque pueden pegarte hasta un tiro», asegura.
Ponce apunta que desde que llegó a la Alcaldía hace 15 años no ha puesto una sola multa en el pueblo precisamente para evitar problemas y tensiones con los vecinos. «Hay personas que dejan de hablarte y las cosas se convierten en un drama. Uno de los peores momentos que he vivido como alcalde ha sido precisamente la aprobación inicial del PGOU. Llegué a recibir correos electrónicos diciéndome que me iba a enterar, porque seguramente el autor no estaría de acuerdo con la calificación de su suelo», explica Ponce.
Aunque la Guardia Civil sigue varias líneas de investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido la madrugada del pasado jueves en Alfarnatejo con la vivienda del alcalde, Antonio Benítez Barroso, el suceso ha hecho cundir la alarma entre los mandatarios de la comarca, ya que el que más y el que menos ha tenido alguna vez algún roce con algún vecino como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
En este sentido, el alcalde de Sedella, Francisco Gálvez, asevera que en los 20 años consecutivos que lleva al frente del Consistorio nunca ha vivido un ambiente tan crispado. «El desempleo, la crisis y, sobre todo el parón del urbanismo desde hace cinco años, por la falta de un Plan de Ordenación Urbana, han provocado la situación actual», asegura Gálvez, que explica que desde que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) el Gobierno andaluz ha dejado a los ayuntamientos más pequeños sin planeamiento.
Urbanismo bloqueado
«El urbanismo está bloqueado y tenemos las manos atadas. La Junta de Andalucía debe agilizar los planes urbanísticos porque esto es insostenible», apunta. La agricultura ya no funciona como alternativa, según Gálvez, que entiende que todavía hacen falta muchas infraestructuras para activar el turismo rural.
El edil sedellano afirma que la mayoría de alcaldes se sienten inseguros debido a la falta de medios con los que tienen que trabajar. «En Sedella no tenemos Policía Local y muchos vecinos vienen directamente a mi casa particular para que les solucione los problemas», indica.
Para los mandatarios locales toda esta situación empeora por culpa de las nuevas incorporaciones a los grupos políticos. «Se trata de gente sin formación que no tiene respeto y caldea el ambiente con mentiras y calumnias», apunta Gálvez.
De la misma opinión es el regidor de Alfarnatejo. «Muchos sólo piensan en la política como un medio para ganar dinero y por un puesto de trabajo, y esto desemboca en cosas como la que me ha pasado a mí», afirma Antonio Benítez.
El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, declaró que es muy posible que unos días las investigaciones den como resultado la detención del autor o autores del incendio.
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE aprobó ayer una resolución de condena al ataque de la casa particular del alcalde de Alfarnatejo. En el escrito, la Comisión hace pública su indignación por estos hechos y muestra su apoyo al regidor y a sus familiares.







* SUR - 17.10.09 -AGUSTÍN PELÁEZ / EVA GUZMÁN
Foto: El incendio se produjo en la madrugada del jueves y causó graves daños materiales./ EVA GUZMÁN, diariosur.es

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¿Dónde está el piso que me tocó?

ELPAÍS/Madrid* : "Mil jóvenes madrileños más han visto hoy solucionando el problema de acceso a la vivienda", aseguraba en marzo de 2007 el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, tras sortear la adjudicación en Tres Cantos de mil pisos del Plan Joven. Hasta una fiesta montamos en el pueblo cuando nos enteramos de que nos había tocado", comentaban varios de los adjudicatarios. Casi tres años después, la euforia se ha convertido en indignación y desasosiego.

El que más y el que menos había echado sus cálculos de cuándo podría ocupar su nueva casa y ninguno pensaba que ese momento podría demorarse más de cinco años, y que las condiciones ofrecidas inicialmente iban a variar, en el tamaño, el precio del alquiler y de compra a partir del séptimo año.

Alejandro Álvarez, de 30 años y empleado en una empresa de limpieza, es uno de los que con más fuerza levanta la voz contra todos los responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, gobernado entonces por la independiente María de la Poza y ahora por el popular José Folgado, ex secretario de Estado de Economía con José María Aznar.

"Me enteré de rebote. Ahora vivo con mis padres en Colmenar Viejo, pero cumplía con los requisitos. Fue una gran alegría", recuerda Álvarez. "Estoy cansado de esperar y sobre todo harto de la falta de información. Nada de nada hasta hace unas semanas. Lo único que nos decían es que si queríamos podíamos renunciar".

La posibilidad de renunciar es algo que empiezan a valorar los afectados. Cada vez es mayor el número de adjudicatarios que decide hacerlo porque las cuentas no salen por ningún lado. En otras promociones del Plan Joven, son cientos los beneficiarios que ya lo han hecho -tanto los adjudicatarios como los que figuraban en una lista de reserva-, por lo que la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid ya ofrece las viviendas al resto de personas que se presentaron a los sorteos.

Hasta 62 nuevos beneficiarios han sido notificados públicamente el pasado 30 de septiembre, a través de la Dirección General de Vivienda, para que decidan si aceptan o no ocupar alguno de estos pisos ya entregados, que se encuentran vacíos en Torrejón de Ardoz, Ensanche de Vallecas (Madrid), Arganda del Rey, Villanueva de la Cañada, Meco y Robledillo de la Jara.

"Cuando nos den las casas tendré ya 33 o 34 años y más de 40 cuando llegue el momento de ejercer la opción de compra. Además, entre unas cosas y otras el alquiler se va ya hasta los 700 euros. Yo creo que por ese precio se puede encontrar hoy algo. No sé qué hacer", argumenta Alejandro, envuelto en un mar de dudas. Otras beneficiadas por el sorteo, como Rebeca de Mendoza, Clara Nuño o Zaida del Valle, jóvenes tricantinas de 23 años, también exponen sus quejas. "Mis padres me dicen que nos están tomando el pelo, que se aprovechan de nosotros porque somos jóvenes", explica Clara. "En el sorteo nos dijeron que serían pisos de 70 metros, que pagaríamos 441 euros de alquiler y que el precio máximo de venta estaría en 120.000 euros", comenta Rebeca de Mendoza, recién licenciada en Derecho y en paro.

Sin licencia de construcción

Como portavoz de la Asociación por las mil viviendas de Tres Cantos, De Mendoza sostiene que "ni los metros ni el precio final anunciados esta semana coinciden con los que figuraban en las bases del sorteo. Los adjudicatarios se encuentran ahora con que, en muchos casos, tendrán viviendas de unos 45 metros habitables a precios que oscilarán entre 180.000 y 200.000 euros". La reacción de Rebeca se produce tras recibir los mil beneficiarios de los pisos una carta del concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Moreno, donde les anuncia que las obras se iniciarían durante este mes de octubre; que las viviendas tendrían una superficie de 57 metros útiles, al precio provisional de 142.488 euros y un alquiler mensual en torno a 429 euros.

De momento, "las licencias para iniciar las obras no se han otorgado. La concesionaria todavía no nos ha presentado el proyecto de ejecución. Esperamos que lo haga en lo que queda de semana", indicaba el pasado miércoles el edil de Urbanismo.

"Para rematar las obras de urbanización queda pendiente la ejecución de los dos accesos y de la depuradora", asegura Moreno. No obstante, para simultanear la urbanización con la futura edificación, el concejal asegura que la constructora FCC ha efectuado un reintegro en la caja de depósitos del Ayuntamiento para garantizar que las obras pendientes se van a concluir.

Otra de las preocupaciones que embarga a los potenciales propietarios de estas viviendas es la de la aplicación del IVA, ya que en otras promociones del Plan Joven los alquileres se ven gravados por este impuesto en una cuantía media de 60 euros.

Tampoco se incluyen en el alquiler los gastos de la comunidad, el seguro del inmueble o el importe anual del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que también se está cursando a los beneficiarios que ya residen en viviendas entregadas en otros municipios.

Marta Sanchís, adjudicataria de un piso en la vecina localidad de Colmenar Viejo pendiente de entregar, asegura que "en otra promoción en la que viven desde junio empezaron a pagar 80 euros mensuales de gastos de comunidad, con conserje, vigilante y señora de la limpieza, pero que ya han despedido al conserje y al vigilante para ahorrar gastos".

Mayor edificabilidad

En su estrategia de presión, la asociación ha interpuesto varios recursos contra la aprobación definitiva del Plan Especial presentado por FCC para la construcción de las mil viviendas. El primero, de reposición, ante el Ayuntamiento, fue desestimado, y un segundo, contencioso-administrativo, ha sido admitido a trámite el pasado mes de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El plan especial objeto de las demandas fue presentado por FCC para modificar las condiciones urbanísticas de las parcelas donde deben construirse los pisos. En el plan general se asignaba una edificabilidad de 62.775,86 metros cuadrados, repartidos en dos parcelas, para levantar 765 viviendas protegidas con una media de 82,06 metros cuadrados de superficie. Con el plan especial, esas dos parcelas se convierten en cuatro para albergar los mil pisos, ajustando la edificabilidad a los parámetros contemplados para el Plan Joven, con una media edificable por piso de 62,76 metros cuadrados.

El caso de los 1.000 pisos en alquiler con opción a compra nació con problemas desde el principio. Fueron sorteados precipitadamente, ya que ni siquiera en esa fecha (el 20 de marzo de 2007) se habían iniciado las obras de urbanización sobre el terreno de 3,3 millones de metros cuadrados donde deberían levantarse. La primera piedra de estas obras no fue puesta hasta cuatro meses después.

Para los vecinos "fue una simple medida electoralista", afirma la portavoz de la asociación. Desde la Comunidad de Madrid no se refieren al hecho en estos términos, pero dejan caer que así fue. "En muchos casos esos sorteos se celebraban por la presión ejercida desde los propios ayuntamientos", comentan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid.
El convenio de Tres Cantos con FCC, en los tribunales

El pasado mes de febrero, el juzgado contencioso-administrativo número 15 de Madrid falló, en primera instancia, la nulidad del convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Tres Cantos y la constructora FCC habían suscrito en abril de 2005. Las razones del fallo aludían a la falta de valoración de los deberes legales de cesión. No obstante, la sentencia desestimaba la impugnación de otros actos precedentes al convenio -que también había solicitado la oposición socialista en el recurso-, como la aprobación del Plan General, el pliego del concurso para adjudicar la concesión del único sector urbanizable, el procedimiento negociado y sin publicidad del mismo y la adjudicación a la constructora. La sentencia fue recurrida tanto por el Ayuntamiento, como por FCC, quienes estiman que se trataba de un simple defecto de forma.

El sector urbanizable en cuestión ocupa una superficie de casi 3,3 millones de metros cuadrados junto a la autovía de Colmenar (M-607) y a ambos lados del corredor ferroviario de alta velocidad que une Madrid con Valladolid y el norte peninsular. Dejando al margen las 43 hectáreas reservadas a espacios verdes y 152 a cesiones de redes públicas para equipamientos e infraestructuras, además de 7.500 viviendas, se contemplan casi 380.000 metros cuadrados edificables para uso industrial y terciario. De acuerdo con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y FCC, ambas entidades se reparten el 50% de los 1,21 millones de metros edificables (el 34% para la constructora y el 16% para el consistorio). El 50% restante, para los propietarios del suelo, a los que, por la expropiación, les han sido abonados, en futuros derechos edificables, casi 432 millones de euros.







* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 16/10/2009
Foto: Marta Sanchís, Zaida del Valle, Clara Nuño, Rebeca de Mendoza y Alejandro Álvarez son afectados por el retraso en la entrega de sus viviendas.- SANTI BURGOS, elpais.com



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Ferrol corta el suministro a un hotel con orden de derribo pendiente desde el 2003

ELPAÍS/A Coruña* : No tiene licencia de primera ocupación ni de actividad, y tampoco se certificó oficialmente el fin de la obra, pero la puerta del Hotel Galiano está abierta al público desde 2007. Este establecimiento, propiedad del promotor ferrolano José Fernández Gómez, conocido como Jofer, volvió ayer al centro de una larga polémica urbanística que desde hace una década enfrenta al municipio con el propietario de la empresa Ferrol Hoteles, y que lleva camino de eternizarse en los tribunales, con una orden de derribo empantanada en los juzgados entre una maraña de plazos y recursos.

A primera hora de ayer, un equipo de 18 personas enviado por el gobierno local, formado por abogados, policías locales y técnicos de Gas Natural, Unión Fenosa, y Emafesa -la empresa municipal de aguas de Ferrol-, desfilaron por la calle desde del ayuntamiento hasta el hotel para cortar el suministro de este céntrico establecimiento, situado entre las calles Real y Galiano.

El propietario, no obstante, hizo caso omiso y pocos minutos después de las 9.00 horas, el hotel volvía a abrir la puerta con grupos electrógenos para autoabastecerse. Desde el municipio contraatacaron levantando acta de la infracción del propietario para trasladar a los juzgados un presunto delito de desobediencia de José Fernández, que ya acumula otras causas abiertas por idéntico motivo.

Desde el Gobierno local justifican que se adoptó esta decisión "para reponer la legalidad urbanística y preservar la seguridad de los ciudadanos", de acuerdo con una sentencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestimó el último recurso del promotor contra el corte de los servicios.
Órdenes de paralización

La intención de ejecutivo que lidera en minoría el socialista Vicente Irisarri es precintar en el plazo más breve posible una construcción que es "un cúmulo de incumplimientos sistemáticos y reiterados". "Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance" manifestaron ayer desde el gobierno local. Apuntan, además, que el municipio sería responsable de forma subsidiaria en caso de accidente o catástrofe ya que el inmueble no cumple los protocolos de seguridad, carece de las perceptivas certificaciones de la Consellería de Industria y elude los controles administrativos.

Según fuentes del departamento de Urbanismo de Ferrol, la lista de irregularidades de esta edificación es extensa y arrancan incluso antes de su construcción "en la tramitación de la primera licencia". Desde 1999, tres corporaciones locales de distinto signo político han abierto expedientes contra la obra, que acumula cuatro órdenes de paralización de la actividad y varias sentencias favorables al municipio que han sido sistemáticamente recurridas. A última hora de la tarde de ayer, tanto el hotel como las dos cafeterías seguían abiertas pese al corte de suministro.






* ELPAIS.com - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 16/10/2009
Foto: El hotel Galiano Plaza sufrió ayer el corte de sus suministros - elcorreogallego.es

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La picaresca urbanística del Ayuntamiento de C.Villalba

SALVEMOSLACHOPERA* : Mientras estamos asistiendo en el escenario de la evaluación medioambiental de la consejería del ramo de la Comunidad de Madrid a un nuevo replanteamiento -aunque de forma todavía bastante tímida- de la filosofía y praxis que ha de impregnar el estudio y análisis de la mayor parte de los proyectos urbanizadores de nuestra región, sobre las premisas de una mayor contención de las actividades destructivas y masificadoras hacia nuestro medio rural, aquí en Collado Villalba se pretende continuar, según las palabras del alcalde en el último pleno, con el proyecto lesivo de liquidación de un paraje natural, como es la Chopera, y que constituye el punto y el contrasentido irracional, es decir la excepción que confirma la regla, a este nuevo rumbo que está imprimiendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, más en concreto su departamento de Evaluación Ambiental.

Así, de esa manera, y nos congratulamos por ello, nos podemos encontrar en el BOCAM con municipios como Brunete, Ciempozuelos, Móstoles, Alcobendas y Navalcarnero, por ejemplo, que para aprobar sus PGOU han tenido que rebajar sustancialmente el número de viviendas a construir. El caso de Móstoles es paradigmático en relación a las semejanzas con Collado Villalba por la instalación de un nuevo hospital en sus respectivos términos, puesto que para poder llevarlo a cabo han tenido que realizar una revisión del planeamiento anterior en toda regla (y no una superficial modificación puntual, como se quiere hacer aquí), pese a que, además, la zona donde se va a ubicar era ya de por sí anteriormente urbanizable y teniendo en cuenta también que en el caso mostoleño sí que se ha admitido la DIA en los plazos estipulados por la ley ambiental. Una de las nuevas medidas en las que se sustenta esta nueva orientación en la política evaluatoria son los denominados informes de Impacto Ambiental, cuya principal característica supone el mandato informativo e impedimento de la recalificación de terrenos limítrofes con otros municipios “para mantener franjas de protección ambiental”, de obligado cumplimiento para algunos municipios, entre ellos Alpedrete, cuyo sector ‘Polvorines’ se va a ver afectado por tal medida, siendo una zona muy próxima a la Chopera de Collado Villalba, que está encuadrada en la zona norte de este término municipal, protegida por leyes ambientales tal y como indica el Informe de Análisis Ambiental del PGOU, y muy cercana a las lindes municipales alpedreteñas a través de Cerca Montero, demarcación calificada como ‘Monte Preservado’. Ante este panorama, está claro que la única baza que juega el Consistorio villalbino ante la Comunidad para justificar la no inclusión de los terrenos colindantes a la A-6 e ITV como idóneos para la ubicación del hospital en el Estudio de Alternativas que enviará a la Consejería, será que el sector del Caño de la Fragua ya está afectado por un Plan Parcial, a lo que nuestro colectivo responderá adecuadamente para tratar de desenmascarar tamaña mentira, puesto que aquél es posterior a la formal petición que realiza la Comunidad de Madrid, y además, en contra de lo dice el regidor, la legalidad de la aprobación del Plan Parcial está todavía en entredicho hasta que no se pronuncien definitivamente los tribunales, entre otras cosas por manifiestas irregularidades en su aprobación, como es por ejemplo haber sobrepasado el plazo del primer cuatrienio de aprobación del Plan Parcial.







* El Faro del Guadarrama - Opinión - 15.10.09

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El TSJCyL confirma la paralización de la expropiación de los terrenos del polígono Soria II

HERALDO* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) con sede en Burgos ha confirmado, en una nueva sentencia, las medidas cautelares solicitadas por Ignacio Marichalar y Sáenz de Tejada contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Soria que acordó la expropiación de terrenos para construir un nuevo polígono industrial en las inmediaciones de la carretera de Almajano.

La sentencia, que es firme, desestima los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Soria y la empresa pública Gesturcal de la Junta de Castilla y León contra la medida cautelar, rechaza "la totalidad" de sus pretensiones y hace expresa imposición de costas a las partes apelantes, según informaron a Europa Press fuentes del bufete Díaz de Aguilar. Con este fallo, el TSJCyL confirma la medida cautelar de suspensión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria tras interponer un recurso Ignacio Marichalar, y en consecuencia ratifica la sentencia del Juzgado que manifiesta que "la medida de suspensión cautelar debe por tanto acordarse en esta pieza porque en todo caso es indudable que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de la obras del futuro polígono Soria II", dice la sentencia.
El pasado mes de mayo, otra sentencia del TSJCyL confirmó las medidas cautelares autorizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que fueron solicitadas por Ana Marichalar y Sáenz de Tejada. Esta sentencia consideró, al igual que el Juzgado de Soria, que "la inmediata ejecución del acuerdo incidiría directamente en la propiedad privada al continuar el expediente expropiatorio, sin que por otro lado se aprecie al no tratarse de una expropiación urgente, que de la suspensión se derive perjuicio para el interés público".
Además de este recurso en el Contencioso que acaba de resolverse, la tramitación para la puesta en marcha de este nuevo polígono auspiciado por la Junta de Castilla y León se encuentra pendiente de otro recurso interpuesto contra la legalidad de la modificación urbanística realizada por la Corporación Municipal soriana para poder llevar a cabo este polígono.
La paralización judicial a la que se está viendo sometido este proyecto ha motivado ya que el actual equipo de Gobierno y los agentes sociales abogen por un cambio de ubicación y se invierta la cantidad acordada en la segunda fase de Valcorba
En este sentido, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, mostró la semana pasada su disposición a valorar el cambio de ubicación del Polígono industrial Soria II. La Junta estudiará la cuestión "siempre y cuando exista la oportuna propuesta del Ayuntamiento de Soria", contando además con el criterio del empresariado soriano. El anuncio se produjo después del encuentro que el consejero mantuvo con la presidenta del PP soriano, María del Mar Angulo.







* Heraldo de Soria - 16.10.09
Foto: Numancia (Soria) - elmundo.es

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Lanzarote: ´Caso Unión´ y asociación ilícita

LAPROVINCIA* : Una trama compleja, perfectamente organizada, que tendría la finalidad de cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación... El magistrado del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha ido cerrando el círculo de la Operación Unión contra la corrupción urbanística y el cobro de comisiones en Lanzarote.

Las investigaciones llevadas a cabo por la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la Fiscalía de Arrecife y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han podido demostrar que los delitos cometidos por destacados miembros del PIL, empresarios y funcionarios encajan perfectamente en el concepto legal de la asociación ilícita al tratarse de una trama que bajo la apariencia de actividades legales podría esconder actos ilícitos.


Aunque la Operación Unión se encuentra bajo secreto de sumario lo cierto es que los datos que han trascendido demuestran que algunos miembros del PIL utilizaban presuntamente el Ayuntamiento de Arrecife para cobrar comisiones por la adjudicación de obras o servicios públicos e incluso promover cambios en el futuro plan general de la capital a cambio de beneficios económicos.


Unas actuaciones ilícitas que se llevarían a cabo no de forma aislada, sino de forma permanente, y con la necesaria colaboración de funcionarios públicos, empresarios y una importante red de colaboradores.


Dimas Martín sería, presuntamente, el encargado de dar las órdenes (se situaría como el fundador de la trama) mientras que concejales del Ayuntamiento de Arrecife como José Miguel Rodríguez (que llevaba el área de Hacienda y Urbanismo) y Ubaldo Becerra (el ex encargado de definir el futuro Plan General) serían los encargados de ejecutarlas. En un escalafón más bajo se encontrarían trabajadores públicos o asesores como Alfredo Rodríguez (personal del Cabildo) y Matías Curbelo (asesor del Patronato de Turismo) a los que la Guardia Civil detuvo in fraganti con cerca de 100.000 euros a raíz del cobro de una de estas presuntas comisiones ilegales.


Las investigaciones siguen tejiendo la red corrupta que se movía como pez en el agua por las instituciones públicas. Una asociación ilícita jerarquizada, en la que cada uno sabía cuál era su rol. E incluso es posible que exista una contabilidad paralela. Cientos de miles de euros que se han movido ilegalmente, en forma de dinero negro, y al que las unidades especializadas de la Guardia Civil le están siguiendo el rastro.







* La Provincia - D. RIVERO - ARRECIFE - 15.10.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - lanzarote.com

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Imputado el ex presidente balear Jaume Matas por presunta corrupción

ELPAÍS* : El ex presidente de Baleares y ex ministro de José María Aznar Jaume Matas (PP) fue imputado ayer por presunta corrupción en relación con el caso Palma Arena (el velódromo que costó más del doble de lo previsto) y la compra y decoración de su casa palacio de Palma, de 625 metros cuadrados. La Fiscalía y Hacienda consideran que Matas ha podido incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular. El valor de su vivienda es de 2,47 millones de euros y él pagó menos de un milón.

El ex presidente balear comparecerá ante el juez en marzo de 2010 para responder sobre un posible delito de cohecho impropio por recibir supuestas dádivas. Asimismo, han sido imputados su mujer, María Teresa Areal; su cuñado y ex gerente del PP balear, Fernando Areal, y el presidente de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus.

Matas manifestó ayer a través de un comunicado de su abogado que "rechaza cuantas imputaciones puedan formularse contra él, que en todo caso tienen su origen en informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas" y expresó su intención de colaborar con la Justicia. El Partido Popular se alegró de que "al fin podrá defender su honor".

La última etapa de Matas como gobernante de Baleares está enturbiada por los escándalos que investiga la Justicia, y que han dado lugar ya a cinco sentencias: cuatro ex altos cargos del PP han sido condenados a penas de cárcel. Quince políticos baleares fueron detenidos desde 2007 y cuatro consejerías del Gobierno Matas están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Más de una docena de dirigentes y ejecutivos gubernamentales (entre ellos dos consejeros) se hallan imputados.

Matas, ministro de Medio Ambiente de José María Aznar (2000-2003) y presidente de Baleares, con el PP, en dos ocasiones (1996-1999 y 2003-2007), tras las últimas elecciones autonómicas se fue a vivir a EE UU, tras no poder formar Gobierno, y no dio explicaciones al partido. Tampoco se interesó por sus colaboradores imputados, según lamentan varios de los afectados. Ahora, ha sido citado por el juez José Castro para que comparezca el 23 de marzo de 2010. El magistrado investiga desde el pasado agosto el presunto despilfarro ilegal perpetrado en la obra estrella del Gobierno autónomo de Matas, el velódromo Palma Arena, que pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones.

Matas controló el proyecto, contrató a los arquitectos García-Ruiz, por 8,9 millones, y benefició desde el Ejecutivo con contratos por más de 2,3 millones a la agencia de publicidad Nimbus. La misma firma gestionó eventos y campeonatos en el Palma Arena a la vez que trabajó en la campaña electoral de Matas en 2007. Con fondos del Gobierno, Matas logró con Nimbus entrevistas de autobombo preparadas para diarios y revistas económicos.

El juez Castro ha imputado ahora a Matas tras constatar pagos a Nimbus en dinero b manejado por el PP balear. En las pesquisas, ha hallado conexión entre el caso Palma Arena y el supuesto enriquecimiento ilícito investigado por los fiscales.

El ex tesorero del PP y apoderado de los negocios de Matas, su cuñado Fernando Areal, declaró como imputado al desvelarse que él manejó tres partidas de dinero negro para abonar parte de la campaña electoral del PP y de Matas a Nimbus, cuyo dueño, Miguel Romero, fue detenido e imputado en la causa. La esposa del ex ministro, Maite Areal, comparecerá también como imputada por sus presuntas responsabilidades en el manejo de más de 70.000 euros en dinero en efectivo en sus cuantiosas adquisiciones de joyas y muebles. Un ex consejero del PP y presidente del consejo de Gesa-Endesa, Bartolomé Reus, ha sido imputado como supuesto testaferro de los Matas en la compra de una vivienda en Madrid.
La esposa, el cuñado y un posible testaferro

- Maite Areal Montesinos, esposa de Jaume Matas, es maestra de escuela, fue asesora de educación de la Comunidad de Madrid y estuvo en nómina en una asesoría tributaria y en un hotel de Palma del que es propietario un amigo de su esposo. Está siendo investigada por su supuesto manejo de dinero negro en gastos por decenas de miles de euros en efectivo, como la compra de joyas y la decoración de la casa palacio que poseen en Palma de Mallorca.

- Fernando Areal Montesinos, cuñado de Matas, fue tesorero del PP, gerente de la fundación del partido, Antonio Maura, y apoderado de Matas en sus propiedades de Mallorca y Madrid. Fue gestor bancario de sicav (de capital variable) con fondos de empresas concesionarias del Gobierno Matas. Declaró como imputado por el pago de 71.058 euros de dinero negro a la agencia Nimbus gastos de la campaña electoral de 2007 de Matas.

- Bartolomé Reus Beltrán, empresario, inversor y ex consejero del Gobierno balear del PP, fue hombre de confianza de los ex presidentes Gabriel Cañellas y de Jaume Matas. En la actualidad es presidente del consejo territorial de la eléctrica Endesa-GESA y como tal fue titular del mayor sueldo conocido de las islas Baleares. La Fiscalía considera que es un socio/testaferro de Matas porque a su nombre figura el piso de lujo de Madrid que habita la familia del ex barón del Partido Popular.







* ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 15/10/2009
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org

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Valencia: El TSJ anula dos PAI por vulnerar la libre concurrencia

LEVANTE* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la adjudicación de dos programas de actuación integrada (PAI) en un polígono de Albal porque existen incompatibilidades entre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunitat Valenciana, ya derogada aunque se sigue aplicando en los planes urbanísticos anteriores a 2006, y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El consistorio aplicó la LRAU ya que se trata de dos PAI adjudicados en 2003, antes de la aprobación de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV). Y el tribunal entiende que se vulneró la libre concurrencia que establece la Ley de Contratos estatal. El TSJ coincide así con las tesis que defiende la Comisión Europea que ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo tanto la LUV -heredera de la LRAU-como las empresas mixtas creadas por el Consell con un selecto grupo de constructoras elegidas a dedo para construir VPO.
Dos agrupaciones de interés urbanístico (AIU), en las que se organizaron los propietarios de suelo, interpusieron sendos recursos contra el Ayuntamiento de Albal por la adjudicación de las Unidades de Ejecución (UE) número 15 y número 18 al entender que se incurrieron "en varias infracciones legales y numerosas irregularidades". Sin embargo, el TSJ sólo les acepta uno de estos argumentos, aunque suficiente para anular la adjudicación de las obras de los dos PAI industriales.
El tribunal considera que el Ayuntamiento de Albal vulneró la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) de 1995 en lo que respecta a los principios de publicidad y libre concurrencia" "y que resultan del derecho comunitario". En concreto la sentencia alude a dos artículos de esta ley estatal que permiten anular cualquier concurso de obra pública: cuando evite recabar informes técnicos antes de decidir a quien adjudica el concurso (artículo 82.2) y en los casos previstos en el artículo 86 de la LCAP que, además del precio más barato de las obras, permite adjudicar contratos a empresas que ofrezcan mejoras tecnológicas o reduzcan los plazos de ejecución. La sentencia no concreta en cuál de todos estos casos previstos en la LCAP incumplió el Ayuntamiento de Albal. Pero sí determina que la adjudicación de las obras de los dos PAI industriales de esta población de l'Horta Sud son "contrarios a derecho", sin que el consistorio ni las empresas puedan recurrir el fallo judicial.

La CE denunció las
leyes valencianas
La Comisión Europea (CE) llevó al banquillo de los acusados la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y su antecesora (LRAU) al considerar que han incumplido dos directivas europeas al adjudicar los Programas de Actuación Integrada (PAI) conforme a estas normativas autonómicas. Estas directivas incumplidas se refieren a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (Directiva 93/37/CE) y la de adjudicación de contratos públicos de obras de servicios (Directiva 2004/18/CE). Por ello se pide al Tribunal de Justicia Europeo que sentencie el incumplimiento. Esta denuncia lleva más de un año a la espera de resolución. El proceso comenzó en 2005, cuando la CE envió la primera carta "para llamar la atención sobre la incompatibilidad de ciertas disposiciones de la LRAU con dos directivas europeas .







* Levante_EMV - JESSICA F. PEÑA - 15.10.09
Foto: Albal (Valencia) - fotopaises.com

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Nuevo revés judicial a Madrid

ELPAÍS* : Al Ayuntamiento le crecen los enanos en los juzgados. No pasan dos meses sin que un juez falle en contra de alguna gran decisión tomada por el Consistorio en los últimos años. Son ya ocho sentencias desfavorables en 24 meses que han tumbado leyes, ordenanzas o remodelaciones que, según los tribunales se han hecho de manera ilegal.

En la mayoría de casos, el Ayuntamiento considera que se trata de errores formales sin consecuencias prácticas. Pero en todas las sentencias se señala que el gobierno municipal ha actuado de forma ilegal.

El varapalo más reciente es el que ha aceptado un recurso del PSOE y que anula varias partidas por valor de 77 millones de euros de los presupuestos municipales de 2005. Según el magistrado, Hacienda destinó ese dinero, obtenido a través de la venta de patrimonio público, a proyectos que, según la Ley del Suelo de la Comunidad, no podían ser financiados así. Entre estas reformas está el anillo distribuidor de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, la remodelación del intercambiador de Conde de Casal o el acondicionamiento de varias dotaciones públicas. Según la ley, el dinero del patrimonio tiene que destinarse a proyectos completos y no a complementos.

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y considera que, en cualquier caso, se trata de un error formal subsanable. El concejal del PSOE Pablo García Rojo cree que el fallo es sintomático de la forma de actuar del Consistorio. "La excelencia en la gestión que proclama el alcalde no es tal porque, a pesar de haber multiplicado sus cargos de confianza, hacen una gestión económico-financiera que sobrepasa los límites legales".

A este revés hay que sumar el que anuló los presupuestos de 2002 por el mismo motivo. El Consistorio alegó entonces que el problema era de la anterior Corporación. La sentencia no tendrá efectos prácticos.

Pero, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento han llegado recientemente fallos que cuestionaban la legalidad de otras grandes decisiones que se han tomado durante los dos mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón. El último, el que anula la ampliación de la zona de parquímetros fuera del anillo de la M-30. Una sentencia del TSJM que confirma el fallo anterior de los tribunales y que se basa en una cuestión formal sobre cómo se tomó la decisión. El Ayuntamiento tuvo que enmendarse antes del verano mediante pleno para resolver el entuerto creado.

Además, un juez también anuló la nueva tasa de vados por la que se aumentaba sobre medida la cuantía de dicho impuesto. El Ayuntamiento recurrió esa decisión al Tribunal Supremo y está a la espera de la decisión final. Mientras tanto, asociaciones ciudadanas ya han iniciado campañas para no pagar el aumento de precio.

La ampliación del Plan General de Ordenación Urbana también fue anulada, así como la ampliación de Mercamadrid, la restricción al tráfico de la colonia Marconi o las obras de la M-30. Una retahíla de sentencias, cree la oposición, que retratan una manera de actuar del gobierno municipal.






* ELPAIS.com - D. VERDÚ - Madrid - 15/10/2009
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org

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La pista de esquí seco de Villavieja recibe la novena resolución judicial en contra

NORTECASTILLA/Valladolid* : Por novena vez, el proyecto de la pista artificial de esquí en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas, se topa con una resolución judicial. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso de apelación presentado por la Consejería de Medio Ambiente y por el Ayuntamiento de Tordesillas contra la suspensión del cambio de uso forestal de los terrenos donde se proyecta Meseta Ski.

Esto supone que el TSJ reitera que se ha vulnerado la Ley de Montes, ya que no se puede modificar el uso forestal en estos terrenos que sufrieron un incendio en 1999, mientras que el reglamento impide nuevas actuaciones al menos durante 30 años. Además, este nuevo dictamen, con fecha del 30 de septiembre, considera que la creación de riqueza, que siempre se ha argumentado para realizar este complejo, no puede tener más protección que la legalidad urbanística y medio ambiental.
En este sentido, Alberto Rueda, representante de Ecologistas en Acción, recordó que en sentencias anteriores también se había puesto en duda la justificación del interés público de Meseta Ski. «Ya les dicen hasta los jueces que no hay interés público en este proyecto y ahora dicen que los intereses de creación de riqueza no pueden estar por encima del interés medio ambiental».
Esta sentencia firme es la novena en contra de las obras y los permisos otorgados, por ello, los ecologistas pidieron ayer de nuevo a la Diputación y al Ayuntamiento de Tordesillas que abandonen este proyecto en el que ya «se han dilapidado 12 millones de euros públicos». De momento, y ya es la segunda sentencia que lo recoge, tanto la Consejería, como el Ayuntamiento tendrán que pagar las costas judiciales de este proceso.
A pesar de estas sentencias, Meseta Ski aún guarda un as en la manga para seguir adelante y deposita sus esperanzas en las Cortes de Castilla y León, que podrían desatascar el proyecto declarándolo de interés regional. Los ecologistas denuncian que esta posibilidad impediría a los ciudadanos seguir luchando contra esta iniciativa. Javier Gutiérrez calificó esta opción de «añagaza jurídica» y aseveró que «es curioso que justo cuando conocemos que a la Junta le sienta muy mal el blindaje del cupo vasco porque sustrae de la actuación de los tribunales ordinarios esas actuaciones, insiste en utilizar un asunto jurídico que lo único que hace es sustraer al ciudadano para poder reclamar, lo que ya han ganado por los tribunales».
Desde la Diputación reiteran su respeto a las decisiones judiciales. Pedro Pariente, vicepresidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, promotora de Meseta Ski, aseguró que están «tranquilos» porque toda la tramitación de Sodeva fue correcta.
Y la alcaldesa de Tordesillas, María del Milagro Zarzuelo, aseguró: «Yo respeto el medio ambiente, pero en la situación en la que estamos ahora, respeto aún más que la gente tenga trabajo y un plato encima de la mesa».






* Norte Castilla - 15.10.09 -
CLARA SAAVEDRA

Foto: Obras de construcción de la pista, en el 2007. / F. JIMÉNEZ, nortecastilla.es

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Las organizaciones ecologistas reiteran su rechazo al PEIT

Las principales organizaciones ecologistas españolas, WWF-España, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción* y Amigos de la Tierra, desconfían que la actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) vaya a mejorar la tremenda insostenibilidad de este Plan. Por el contrario, todo parece indicar que seguirá siendo el peor enemigo de la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático, además de un derroche de fondos públicos destinados a asfaltar el territorio. Por ello solicitan al Presidente Zapatero una moratoria sobre las infraestructuras, tal y como ha ocurrido en Francia.

El Ministerio de Fomento ha iniciado recientemente la revisión del PEIT. Pero ya en el propio documento en el que inicia esta revisión reconoce que “no se prevé que esta actualización incorpore modificaciones sustanciales al plan aprobado en 2005, ni se trataría, por tanto, de la realización de un plan completamente nuevo”. Para las cinco organizaciones ecologistas se trata de una mala noticia, puesto que el PEIT es, hoy por hoy, el principal agente de destrucción de la biodiversidad española, además de uno de los mayores acicates para que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, de por sí muy elevadas.

Efectivamente, el PEIT que se aprobó en 2005 recogía la construcción de 6.000 km de autovías y 9.000 km de líneas de alta velocidad ferroviaria, y estos planes de carreteras y ferrocarriles se están llevando a cabo con una gran celeridad, a pesar de que no se han evaluado ambientalmente de forma conjunta como exige la ley. En particular, no se ha evaluado su afección sobre la Red Natura 2000.

Por este motivo, estas mismas cinco organizaciones ecologistas enviaron en junio de 2006 una Queja ante la Comisión Europea por no haber evaluado el Ministerio de Fomento el impacto del PEIT sobre la Red de espacios Natura 2000, tal y como determina la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a evitar la degradación de cualquier espacio perteneciente a la Red Natura 2000, así como a evaluar los efectos de cualquier plan o proyecto que se lleve a cabo en estas áreas antes de aprobarlos. Esta queja se ha traducido en un procedimiento de infracción contra España, que ya ha recibido una carta de emplazamiento y que en breve esperamos que reciba un dictamen motivado.

La construcción de autopistas y autovías se viene realizando a tal ritmo que, con los más de 13.500 km actuales, ya somos el país europeo con más kilómetros de estas infraestructuras. En cuanto a las vías de alta velocidad ferroviaria, se espera que ya en 2010 seamos el primer país del mundo en número de kilómetros, superando al ahora primero, Japón.

Pero, a juicio de las organizaciones de defensa de la naturaleza, el PEIT además adolece de otros graves problemas que no lo hacen compatible con un transporte sostenible. En particular, este Plan está dificultando mucho la lucha contra el principal problema ambiental al que se enfrenta la Humanidad: el cambio climático. Y no es de extrañar que así sea: la política de infraestructuras ha conseguido que el transporte sea ya responsable de un 25,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De estas emisiones, la carretera provocó la mayor parte, el 89,2% (datos recogidos de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible).

En este sentido, las organizaciones ecologistas exigen al Gobierno dé un cambio radical a su política de transporte hacia un modelo más sostenible, más participativo y social, donde se reduzca la contaminación de las ciudades y las emisiones de gases de efecto invernadero, donde se fomente la gestión de la demanda en vez de la de la oferta, donde se analicen todas las externalidades del transporte, donde se dejen de hacer grandes infraestructuras sin ningún beneficio social pero con un alto coste económico y ambiental, donde se deje de primar el transporte privado frente a un transporte público de calidad, donde el transporte de mercancías se realice de una manera eficiente y donde las infraestructuras no se realicen a costa de perder nuestros espacios protegidos más emblemáticos. En resumen, una política de transporte donde los compromisos que tiene España a escala internacional con la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad no sean una entelequia sino una realidad.

Por todos estos motivos, WWF-España, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra solicitan al Presidente Zapatero una moratoria en las infraestructuras del PEIT, tal y cómo ha ocurrido en Francia para las autovías en los acuerdos de La Grenelle.

Además las organizaciones conservacionistas consideran que el PEIT se debe paralizar, como mínimo, hasta que:

* Se complete correctamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
* Se tengan en cuenta los objetivos del protocolo de Kioto, así como futuros compromisos intencionales de reducción de emisiones y se ponga en marcha los mecanismos necesarios para alcanzarlos.
* Se avalúe correctamente los impactos sobre Red Natura 2000 tanto en el PEIT como en los diferentes Planes Sectoriales, garantizando que no se afecte a los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
* Que esta evaluación tengan efectos prácticos en los correspondientes planes sectoriales lo que significa que se deben eliminar:
o Las infraestructuras más impactantes sobre la biodiversidad.
o Las infraestructuras innecesarias (por ejemplo autovías con escaso tráfico) o las redundantes (autovías que discurre con trazados paralelos)
o Las infraestructuras que fraccionan una misma área (como las múltiples infraestructuras que fraccionan Sierra Morena).
o Las infraestructuras que son competencia de las CCAA (como la Cáceres-Badajoz)






* Ecologistas en Acción - Transporte - 14.10.09
Foto: terra.es

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Ladrones sin fronteras - El Roto



Viñeta: El Roto, ladrones sin fronteras - elpais.com 20091013

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Una firma ligada a Gürtel abandona la principal obra del 'plan ZP' en Málaga

MÁLAGAHOY* : Los trabajos de mejora de la carretera Azucarera-Intelhorce, el principal proyecto en Málaga de llamado plan ZP, no estarán finalizados el próximo mes de diciembre, tal y como estaba previsto. La empresa adjudicataria de la obra, Teconsa, vinculada al caso de corrupción Gürtel e inmersa en un proceso concursal, ha abandonado el tajo.

El grupo municipal socialista criticó ayer la "dejadez del equipo de gobierno popular por no realizar una buena gestión del Fondo Estatal de Inversión local (Feil)". El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, por su parte, explicó que al detectarse los primeros retrasos, el Consistorio inició las gestiones para retirar la concesión a Teconsa y realizar una nueva adjudicación. Desde hoy se podrá conocerá la nueva empresa encargada de terminar el citado proyecto.

El portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Fuentes, recordó ayer que se trata de una de las actuaciones de mayor importe económico a realizar con el Fondo Zapatero. En total suma una partida de 4,4 millones de euros, y dividida en dos fases con cargo a los Feil y a los Proteja, "que se puede perder ante la incapacidad del equipo de gobierno del PP de desarrollar esta obra tan necesaria para la ciudad en la última década antes del próximo 31 de marzo de 2010".

Manuel Díaz subrayó que el equipo de gobierno ha cumplido con la legalidad y criticó "la ignorancia del PSOE en esta cuestión". Así, señaló que a finales del pasado mes de agosto un responsable municipal comunicó al Servicio de Contratación que se estaban produciendo demoras en el cumplimiento de los plazos del contrato por lo que se procedió a realizar gestiones con la empresa adjudicataria, Tecnología de la Construcción S.A (TECONSA), para ver la posibilidad de una resolución de mutuo acuerdo. Ante la imposibilidad de conseguirlo, el órgano de contratación con fecha 28 de septiembre emitió una resolución resolviendo el contrato suscrito con la empresa adjudicataria de las obras. Desde hoy se puede proceder a una nueva adjudicación del contrato, aunque en la propuesta técnica de resolución se propone la incautación de la fianza para responder de los daños y perjuicios.

Respecto a la contratación con una empresa vinculada al caso Gürtel, la vicesecretaria de Economía del PP de Málaga, Carolina España, aseguró que algunos ayuntamientos socialistas, así como la propia Junta y el Gobierno central también han contratado, y en la actualidad mantienen los servicios, de la empresa Teconsa.

Por otro lado, Fuentes habló de "perdidas millonarias a los empresarios de la zona" ocasionadas por los atascos diarios que se producen en los polígonos. Se trata de una vía que soporta cerca de 50.000 vehículos al día, la mayoría de tráfico pesado. Además, indica que las empresas subcontratadas "no han cobrado por los trabajos prestados en esta obra, a lo que se suma el hecho de que desde hace tres meses las 111 personas que deberían trabajar en este proyecto se encuentran sin empleo". El PSOE pedirá una comparecencia pública del edil de Urbanismo.






* Málaga Hoy - J. A. Navarro Arias - 14.10.09
Foto: Imagen de archivo de unos viales en obras de la carretera del Guadalhorce. - malagahoy.es

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La Plataforma de Vecinos de Galapagar saca el PGOU a la calle

COPE/Madrid* : Durante el Puente del Pilar la Plataforma de Vecinos de Galapagar se ha echado a la calle para explicar a los ciudadanos el contenido del Avance del Plan General de Ordenación Urbana en distintos puntos como el casco urbano, el barrio de La Navata o la urbanización El Guijo, pero tiene previsto seguir con la iniciativa por toda la localidad en los próximos días. Además se puede consultar en su web, http://www.plataformagalapagar.com.

El documento está en exposición pública en el Centro Cívico Reina Sofía de diez de la mañana a dos de la tarde. Precisamente el PSOE ha criticado que este horario impide que esta fase sea totalmente abierta y participativa porque los vecinos sólo pueden consultar el Plan de lunes a viernes y por la mañana, algo que muchos no podrán hacer por coincidir con su jornada laboral.

El concejal de Urbanismo y portavoz de la Plataforma de Vecinos, Luis Remacha, asegura que existe total transparencia en el proceso. Ha recordado que el documento, que se expondrá durante dos meses y no 30 días como marca la ley, está también colgado en la web del Ayuntamiento, http://www.ayuntamientodegalapagar.com/, y se ponen a disposición de los ciudadanos técnicos del equipo redactor para una atención más personalizada. "Tenemos a uno de los arquitectos que está todos los días y a todas las horas en que está abierta la exposición pública, con lo que puede solucionar cualquier duda que le planteen los vecinos con planos y documentos sobre la mesa. Los jueves vendrán dos técnicos más y se puede pedir cita para las personas que estén interesadas en puntos más específicos del Plan, y además habrá conferencias explicativas y reuniones con comerciantes, presidentes de comunidades de propietarios, estudiantes o asociaciones vecinales, a los que se dará un CD con toda la documentación para poder analizarla con tranquilidad. Si eso no es facilitar la participación... Creemos que es el Plan al que más repercusión pública se le está dando y va a llegar a los ciudadanos mucho más de lo que lo han hecho los anteriores", apunta Remacha.







* COPE.es - Pilar Nuero - 14-10-09
Foto: La Plataforma se echa a la calle para explicar el PGOU a los vecinos - cope.es

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La Ley del Suelo es insuficiente para lograr la total coordinación entre el Registro y la Administración

ELECONOMISTA* : La legislación actual sobre el Suelo "es insuficiente para lograr una total coordinación entre el Registro de la Propiedad y la acción administrativa urbanística". Así lo denuncia una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia en la que señala que "esta total coordinación entre el Registro y la acción urbanística es del todo imprescindible para garantizar la protección de terceros adquirentes de buena fe, que pueden ver cómo después de adquirir una vivienda con el elevadísimo esfuerzo económico que hoy supone, pueden verse privados de manera total o parcial de su vivienda, y ello porque la acción dirigida para restaurar la legalidad ha de entenderse con el propietario o poseedor actual, aun cuando no haya sido el responsable de las obras materializadas sin licencia, por cuanto sólo él tiene la posibilidad de proceder a la restauración del orden urbanístico infringido.

De esta forma, resulta que, incluso en los supuestos de transmisión de la finca en la que se han realizado obras contrarias a la legalidad urbanística, "será el nuevo propietario el que venga obligado a realizar las actividades necesarias para legalizar dichas obras" o, en el supuesto de que sean ilegalizables, o que no se haya procedido a su legalización, "será el propietario actual de la finca en cuestión el obligado a la demolición" de las obras.

Según explica la ponente, la magistrada González de Lara Mingo, "todo lo dicho anteriormente, ha de entenderse sin perjuicio de las acciones civiles que para reclamar el valor de las obras de demolición puedan tener los interesados. Se constituyen así las acciones de protección de la legalidad a modo de obligaciones propter rem, que han de ser cumplidas por aquél que tiene la titularidad efectiva de la finca al momento de ejercitarse por la entidad pública las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para la protección de la legalidad. Y ello en virtud de operar en esta materia el principio de subrogación, en el que el particularismo individual resulta indiferente, sin perjuicio, como hemos dicho, de las acciones civiles que pudieran ejercitarse".

Para evitar estas situaciones, continúa la sentencia, "sería deseable que las comunidades autónomas que son las que actualmente tienen competencia en materia de urbanismo, establecieran la obligatoriedad para los ayuntamientos de proceder a la anotación preventiva de incoación de expedientes de disciplina urbanística, y que el legislador estatal efectuara igualmente las reformas necesarias para que en los supuestos de ejercerse la acción pública en materia urbanística se procediera de manera obligatoria a la anotación preventiva de la demanda, efectuando las modificaciones necesarias para armonizar los principios hipotecarios con la protección de los terceros adquirentes de buena fe".

En este sentido, la Sala pone de ejemplo la normativa gallega. El Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística, para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo de Galicia, dispone en su artículo 7.1 que, "con la finalidad de reforzar la eficacia de los actos en materia de disciplina urbanística, las administraciones competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con el Registro de la Propiedad , mediante la utilización de los mecanismos establecidos en la legislación hipotecaria para la inscripción y anotación preventiva de actos de naturaleza urbanística". Y el artículo 65.1 de la misma normativa dice que "anulada la licencia u orden de ejecución realizada a su amparo no quedará incorporada al patrimonio del propietario del terreno". El alcalde ordenará su demolición.







* El Economista - Almudena Vigil - 13.10.09
Foto: eleconomista.es

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La plaza de la corrupción

CONFIDENCIALBA* : Abonados a la corrupción, tituló este medio su crónica de apertura del pasado viernes. El mismo día, El Digital de Castilla-La Mancha optó por un formato bien similar: Trama contra trama. Gürtel versus CCM, o si se prefiere Gürtel versus (indicios de) Malaya. Un total de tres (supuestas) tramas que además presentan en algunos puntos coincidencias. Nada para señalar a nadie como culpable, pero sí para ser investigadas. Gobierne quien gobierne. La semana recién terminada nos deja así un retrogusto amargo: además de la imparable crispación, hay que lamentar el asentamiento de la cultura de la corrupción.

Porque cuando dos partidos políticos mayoritarios se echan en cara el uno al otro estar inmersos en casos de corrupción, es porque se está dando por válida la tesis de que la corrupción es una realidad en el día a día de las altas esferas de la política y la economía. Por tanto, la crispación, siendo muy grave para la salud de la convivencia democrática, no es nada comparado con la verdadera enfermedad de la que el rifirrafe político es sólo un síntoma: se acepta como mal necesario las corruptelas, las corrupciones, el bandidaje y el gangsterismo, de guante más o menos blanco, de perfil más o menos amable, de bolsillo más o menos generoso.

¿Por qué gusta tanto la corrupción en España? ¿Se puede decir que hay corrupción por unos trajes de más, o unas anchoas cántabras, o unos miles de euros en gastos de representación? El verbo corromper está definido por la Real Academia Española como "sobornar a alguien con dádivas o de otra manera" (tercera acepción). La RAE incide en cierta tautología al definir el verbo sobornar como "corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo". Así que hay que buscar otra palabra para salir del atolladero. Por ejemplo, cohecho: "delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos".

Estas definiciones nos sirven para trascender la óptica limitada de los trajes, las anchoas o los (miles de) euros. Se trata, en cualquier caso, de "conseguir algo" de alguien, y en la búsqueda activa o la aceptación pasiva de lo que se entrega con la expectativa razonable de que la dádiva modificará una conducta legislativa, ejecutiva o juidicial que de otro modo sería casi imposible obtener. El peligro, por tanto, de la corrupción, no estriba en qué es lo que se regala, sino en qué es lo que se obtiene a cambio del regalo, sea o no proporcional a la valía de lo regalado: influencia, contratos o poder de decisión.

De eso tan grave es de lo que se acusan mutuamente socialistas y populares en Castilla-La Mancha. Acusaciones que, como veremos, están relacionadas con la crisis económica, como compendio de una nula politica financiera a escala global, y la suma de elementos perniciosos en España: el modelo de gratificación política, el crecimiento basado en el ladrillo, la escasa efectividad de la legislación específica, la impudicia e impunidad de los representantes públicos, los niveles nauseabundos de clientelismo en los medios de comunicación y, por si fuera poco y de remate, la actitud contemplativa, adormecida y autocomplaciente de una ciudadanía, la española, incapaz de rebelarse ante semejante escenario.

En el artículo ¿Por qué hay tanta corrupción en España?, publicado en El País por Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de Gotemburgo (Suecia), su autor niega que las tradiciones culturales o los vacíos legales sean causa de la corrupción. Antes bien, son su consecuencia, junto a otras tan indeseables o más como la pérdida de espacios públicos, la desmotivación ciudadana y la inversión del esquema de político al servicio del ciudadano. La causa ha de ser buscada, según Lapuente, en una práctica intencionada: estructuras de poder vinculadas a los partidos políticos, verdaderos mecenas de cientos, miles, de puestos de trabajo cuya pervivencia depende de sus servicios a la causa electoral.

Para evitar que la necesaria fluidez entre los cargos de confianza y la maquinaria legislativa se contamine, existe en España una exhaustiva legislación al respecto. Sólo a modo de cita, y tomando como fuente el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España, editado por Transparency International España, valga nombrar el Código de Buen Gobierno aprobado en febrero de 2005, la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos, o La Ley del Suelo de 2007, que amplía las exigencias sobre declaraciones de bienes y patrimonio a quienes tengan o hayan tenido relación con las instituciones.

Sin embargo, la lectura de algunos preceptos contemplados en dichos documentos es, cuando menos, sonrojante. Código de Buen Gobierno: se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones. Ley del suelo: los representantes locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, y también los directivos locales (...) durante los dos años siguientes a su cese no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

Además, y ya que hablamos de Ley del Suelo, la política de protección, amparo o impulso a la especulación inmobiliaria ha estado enfocada no a dimensionar el bienestar público, sino el privado, a cambio de ciertas prebendas. Así lo establece el informe de Transparency International, que cifra en un 150% el incremento de los precios de la vivienda entre 1998 y 2008. Por otro lado, el artículo de la enciclopedia abierta de Internet, Wikipedia, sobre la Corrupción en España, es sólo un apartado del título general, relativo a Corrupción Urbanística en España. Lo que rompe todas las reglas de la jerarquización lógica de la información. Por algo será.

En todo caso, la legislación no parece estar para los líderes de la cosa política. A cualquier ciudadano, a cualquier empresa (a este mismo Confidencial, sin ir más lejos), que se le ocurriera acusar a diestro y siniestro, en público y mediante la legítima imitación de sus representantes públicos, sería conducido directo a los tribunales, y puesto en la picota por una temporada. Sobran los ejemplos: la acusación de la presidenta regional y secretaria general del PP, sobre el doble rasero en la Fiscalía Genral y en el Cuerpo Nacional de Policía; o la elevación a sospechosos por parte del PSOE de una categoría legislativa inferior, cual es la de imputado, si a lo que nos referimos es a la supuesta trama Gürtel.

En la cima del despropósito, cuando un líder acusa, lo hace con total impudicia y práctica impunidad. Pero cuando es acusado, califica la operación de "cortina de humo". El secretario de organización del PSOE, José Manuel caballero, entre muchos otros, es experto en estas lides. Nadie da pruebas. Ni siquiera los medios de comunicación: los grandes, al servicio de la facción de turno; los más modestos, y la mayoría de los provinciales, pendientes de que no se pase ninguna nota de prensa de ningún cliente publicitario, y de que el cacique local de turno no "ladre" sobre quién debe o no debe salir en la foto. Crea el lector que en Albacete sobran ejemplos de estas dos últimas prácticas tan perniciosas para ese artículo por el que todos se rasgan las vestiduras: el 20 de la Constitución Española, el de la libertad de expresión.

No es de extrañar que, de vuelta al informe de Transparency International, los españoles consideren que los partidos son las instituciones más corruptas, con un 3,8 sobre 5, seguida de los medios, con un 3,6. Y en una fenomenal vuelta de tuerca, hasta se entiende que ante tamaño ejercicio de desinformación, los españoles sean los europeos más "ingenuos": el 18% considera que su gobierno es "muy eficaz" en la lucha contra la corrupción, frente a un 5% del total de la muestra, que queda en un 4% si se atiende sólo a la UE y el resto de Europa occidental.

Así nos va. Impasibles ante el espectáculo. Pero deseando que haya sangre para comentar la jugada con el vecino. Quedan pocos taurófilos: la mayoría va a la plaza por si hay cornada. El resto es una de pipas y, si puede ser, el tendido de sombra.







* SOITU - 13.10.09

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