ELPAÍS/Girona* : El hotel que la empresa Baden Grup tiene a más de 700 metros de altura, junto al parque natural del Montseny, frente al macizo de Les Agudes, tendrá que ser derruido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la demolición de los cuatro edificios de casi 3.400 metros cuadrados porque se han levantado sobre suelo no urbanizable de especial protección.
La sentencia es firme y ordena "el íntegro derribo de lo construido", "la restauración de la realidad física anterior" y "el cierre, clausura y precinto". El hotel rural, en Arbúcies (La Selva), está casi acabado.
El tribunal critica, además, la actuación del Ayuntamiento, que ordenó en junio de 2000 la demolición y 37 días después cambió de opinión. El entonces alcalde, Joan Soler, que gobernó hasta 2003, se ha mostrado "sorprendido" al conocer el fallo. "Todo el proceso se hizo de común acuerdo con la Diputación. No esperaba que acabara así", ha dicho. El administrador de la compañía Baden Grup, Francisco Badia, ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional. "Todo se ha hecho con los permisos y las licencias oportunas". asegura. En el caso de que el tribunal no les de la razón, exigiran "la restitución patrimonial y los perjuicios a quien toque", en referencia al Ayuntamiento, la Generalitat e incluso el Estado.
El problema tiene más de 10 años y surge a raíz de una demanda de los vecinos de la urbanización de Fogueres de Montsoriu, que temían que los camiones de la basura y el abastecimiento del hotel pasaran por su urbanización. Hasta 1998, la finca se conocía como Sant Climent. Era una típica masía en estado ruinoso. El 7 de agosto de ese año Baden Grup presentó ante la Comisión de Urbanismo de la Generalitat un proyecto de reforma para dedicar la casa a la cría de faisanes. Tras unas modificaciones, la comisión emitió un informe favorable.
En junio de 1999 el Ayuntamiento autorizó a la empresa a rehabilitar la masía, pero manteniendo las estructuras originales y sin hacer nada nuevo. Baden Grup empezó a trabajar y el Consistorio tardó un año en darse cuenta de que no estaba cumpliendo la ley: la vieja masía se había derribado por completo y levantado en su lugar cuatro edificaciones. El 28 de julio un decreto municipal suspendió la licencia, obligó al derribo de lo construido y abrió un expediente sancionador a la compañía. Las obras, decía el Ayuntamiento, son "ilegales e ilegalizables con arreglo al plan general". Pero 37 días después, y sin que nadie recurriera, cambió de opinión y emitió un informe que permitía legalizar las obras que antes no tenían solución con una serie de reformas.
Cuatro años después (abril de 2004), la compañía pidió un cambio de uso: en lugar de criar faisanes, quería construir un hotel. Urbanismo hizo un informe favorable y en 2005, el Ayuntamiento, ya con Zamorano en el poder, le dio el permiso. La sentencia es implacable. "Resulta a estas alturas de una evidencia abrumadora que no nos encontramos en forma alguna en presencia de unas obras de conservación, mejora y rehabilitación de una masía, sino ante unas construcciones de obra completamente nueva", dice la juez, que tilda el informe en que el Consistorio cambió de opinión de "inasumible" y hecho "de forma inaudita". El fallo condena al Ayuntamiento a cerrar el hotel y asumir su derribo si Baden Grup no lo hace. Además, exige que incoe un expediente sancionador "contra quien corresponda".
La comunidad de propietarios está exultante. Pero la lucha no acaba aquí. Mantiene un litigio con la Generalitat por los informes favorables que dio a los proyectos de Baden Grup. El ex alcalde Soler insiste en que la firma no tuvo ninguna vinculación con el Ayuntamiento que él dirigió, bajo las siglas CUPA (Candidatura Unitaria y Popular). Pero la inmobiliaria ha patrocinado al menos las fiestas municipales de 2007 y 2008 y el concurso de alfombras de flores naturales de 2008.
* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Girona - 11/10/2009
Foto: Parque - montseny.org
El Tribunal Superior ordena demoler un hotel junto al parque del Montseny
Salamanca: La Red Iberoamericana se pronuncia contra el derribo del Bretón
LAVOZ* : Los representantes de las entidades que conforman la “Red Iberoamericana para la protección del patrimonio cultural": SOS-Monuments de Barcelona, Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Ben Basso de Sevilla, Asociación Histórica del Retiro Obrero de Sevilla, Asociación Septem Nostra de Ceuta y Asociación Cultural Abamia de Asturias ante el Teatro Bretón de Salamanca, exponen públicamente...
Que el cierre de cualquier teatro, de cualquier cine, de cualquier biblioteca, de cualquier lugar dedicado a la cultura, es una pérdida difícilmente reparable. Más si cabe, cuando, como en este caso, se trata del espacio escénico más antiguo de Europa, puesto que así consta, ya en 1556, la existencia del primitivo Corral de Comedias. Que los lugares en los que el pueblo se reconoce e identifica son un patrimonio intangible e histórico que está en la memoria de los habitantes. Las vivencias, los acontecimientos y el propio lugar, dedicado a la cultura, son bienes intransferibles de la comunidad. Que el valor arquitectónico de un edificio no reside únicamente en su ornamentación, en su estilo o en su ubicación. También reside en su singularidad, en el sentido de continuidad de las diversas construcciones superpuestas, en el uso tradicional del lugar, en la configuración urbanística conferida a su entorno y su valor como referente en el espacio urbano. Que la participación ciudadanía en defensa de los edificios que guardan la memoria de todos, más si son culturales, merece el apoyo y el respeto de toda la ciudadanía. Que la intervención de las instituciones públicas no debe demorarse. Ésta ha de ser rápida, eficaz, compartida y atenderá, con prioridad, la conservación del patrimonio cultural. La implicación debe ser activa aún tratándose de propiedades privadas o de inmuebles no Por todo lo anteriormente expuesto, manifestamos nuestro más rotundo rechazo a la desaparición del histórico Teatro Bretón de Salamanca y el apoyo expreso, e incondicional, a las acciones emprendidas por la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” y la Plataforma Cultural “Salvemos el Teatro Bretón”.
+ La Voz de Salamanca - 11.10.09
Foto: lavozdesalamanca.com
El Tribunal Superior frena el intento de legalizar 1.500 viviendas en Vigo
LAVOZDEGALICIA* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de echar un jarro de agua fría sobre las expectativas del Concello de Vigo de resolver el conflicto jurídico-urbanístico que mantiene al borde del abismo varios edificios y urbanizaciones que totalizan unas 1.500 viviendas. En todos los casos los instrumentos de planeamiento y las correspondientes licencias han sido anuladas, por lo que la Justicia exige su demolición desde hace más de un decenio.
A lo largo de este tiempo los sucesivos gobiernos locales han tratado de dilatar el momento de tomar decisiones con constantes recursos, a la vez que con trabajo elaboraban un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. Este documento entró en vigor en agosto del año pasado y entonces se puso en marcha el proceso para legalizarlos conforme a la nueva normativa.
Sentido inverso
Lo que no esperaba el Concello es el rechazo del Tribunal Superior y la contundencia con la que se ha producido. Hace unos días daba el primer toque de atención con la demanda de demolición de tres edificios de la urbanización A Pastora. En la sentencia recordaba un fallo anterior donde textualmente precisaba que «el Ayuntamiento aduce que la ejecución de la sentencia requiere como primera actuación la aprobación de un nuevo planeamiento que sustituya al anulado por la sentencia; contrariamente, la aprobación de un nuevo planeamiento no es una forma de dar cumplimiento a la sentencia sino justamente lo contrario».
Por si existían dudas, ayer se conocía una resolución instando el derribo del edificio de la calle Jacinto Benavente. Los propietarios de sus 180 viviendas creían estar a salvo desde julio, cuando el Concello les concedió una licencia amparada por el vigente Plan Xeral. Era el primer caso de una larga lista y se daba por supuesto que detrás vendrían otros muchos. Por el contrario, el Tribunal Superior de Xustiza considera que el recurso municipal para frenar la demolición «carece de toda base» y aborta la vía en la que confiaban cientos de afectados y el Concello vigués.
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 10.10.09
Foto: La segunda licencia otorgada al edificio de la calle Jacinto Benavente no ha servido para nada - lavozdegalicia.es
Valencia: Los vecinos llevan la permuta del nuevo estadio a Anticorrupción
LASPROVINCIAS* : Se trata de un nuevo paso en la oposición de parte de los vecinos a que el coliseo valencianista se sitúe en el acceso a la ciudad por la autovía de Llíria. Las obras están paralizadas por falta de dinero, aunque las actuaciones judiciales en su contra no paran.
El escrito que sustancia la denuncia se basa en el incumplimiento del convenio firmado entre el club y el gobierno municipal el 20 de diciembre de 2005, según la versión de la plataforma.
En un principio se estableció la calificación del suelo como terciario, aunque luego paso a dotacional de uso privado-deportivo con usos compatibles comercial y de oficinas. Con este último criterio se realizó la permuta del antiguo solar municipal, lo que a juicio de los residentes le restó valor en la tasación encargada.
Finalmente, la junta de gobierno aprobó el 27 de julio de 2007 la valoración y permuta de propiedades. El Valencia debía ceder 19 parcelas y 17,4 millones de euros, que equivalían al valor decidido por los 70.763 metros cuadrados de parcela en Benicalap.
Uso hotelero
Después, el 29 de febrero de 2008, el pleno volvió a modificar la calificación del solar a petición del club, esta vez para incluir el uso hotelero. «Entiendo que ha podido existir una maquinación para alterar el precio de las cosas pues resulta extraño que en un principio se renuncie al uso terciario solicitando un uso privado-deportivo compatibles comercial y de oficinas, y con posterioridad, tras la permuta, se vuelva a modificar para permitir el uso hotelero».
El escrito también añade la posible responsabilidad penal en el retraso en concretar la permuta, con la cesión definitiva de las 19 parcelas al Consistorio y la entrega del dinero por parte del club. Las últimas noticias es que los solares, destinados a un uso deportivo, todavía no eran municipales a falta de subsanar algunas deficiencias en las escrituras.
La decisión de la plataforma vecinal de acudir a la Fiscalía Anticorrupción se produce después del archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Valencia sobre el mismo asunto. Este organismo avaló la actuación del gobierno municipal, aunque los residentes consideran que sí hubo irregularidades en el proceso.
Con la permuta de parcelas, el Ayuntamiento compensó la pérdida de suelo deportivo público. No obstante, en la parcela de Cortes Valencianas se reservan 15.000 metros cuadrados para un polideportivo municipal, que en teoría debe financiar el club. El reinicio de las obras carece de fecha, a la espera de un probable cambio en el proyecto original para abaratar los costes de su construcción.
* Las Provincias - 09.10.09 - PACO MORENO
Foto: Obrasnuevomestalla - google
Un proyecto urbanístico decidido a acabar con el único complejo dunar de la Costa del Sol
ECOLOGISTASENACCIÓN* : A pesar de los numerosos estudios realizados por científicos de las universidades de Granada y Málaga que demuestran los profusos valores naturales y advierten de la fragilidad del ecosistema y las necesidades de protección, las dunas litorales del Saladillo-Matas Verdes (Estepona) van a ser dilapidadas por un proyecto urbanístico presentado en el Ayuntamiento de dicha localidad.
Las prisas de sus promotores por que se apruebe in extremis un Plan Parcial para construir un complejo hotelero más se explican por el avance del nuevo PGOU, donde las dunas son reconocidas y catalogadas como zona verde. Igualmente, la premura responde a la necesidad de adelantarse a la última propuesta de delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre realizada por Demarcación de Costas donde el complejo dunar queda incluido dentro del Deslinde Público Marítimo-Terrestre en su totalidad.
La finca en cuestión, situada en la playa de Casasola, alberga el último ecosistema dunar completo de la provincia de Málaga. Este y otros muchos valores naturales como la presencia de diversas especies en peligro de extinción –caso del camaleón-, son más que suficiente para su protección inmediata, tal y como se asegura en el libro recientemente publicado por la Universidad de Málaga “Dunas litorales y fondos marinos del Saladillo-Matas Verdes. Estudio integrado para su protección como reserva marítimo-terrestre” dirigido por José Gómez Zotano, Profesor de Geografía de la Universidad de Granada, y realizado en colaboración con los biólogos Felipe Román y María Teresa Vizoso, y el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Estepona Ildefonso Navarro.
Una vez más, la sombra de la especulación urbanística se cierne sobre el municipio costasoleño, donde se siguen sacrificando los intereses del pueblo para satisfacer las demandas particulares. En este sentido, los actuales propietarios de la parcela en disputa, la adinerada y conocida familia Opel, con su proyecto de urbanización disfrazado de “ecológico” y “sostenible”, no hacen sino mancillar la memoria del difunto Jorge Van Opel, responsable último de que este patrimonio natural haya llegado intacto hasta nuestros días, ya que fue él quien en 1945 adquirió la finca y la preservó de las distintas pulsaciones urbanizadoras que ha sufrido el litoral malagueño en general y esteponero en particular. Resulta, cuanto menos paradójico, que sea ahora, tras sobrevivir a todos y cada uno de los feroces booms inmobiliarios de las décadas de los 60, 70, 80 y 90 del siglo XX, cuando se plantee construir sobre este santuario de la vegetación y la fauna costera, máxime cuando en nuestros días asistimos a un desarrollo importante de la legislación y la práctica referente a la protección del frente marítimo. Como ha sucedido en otros casos similares (Hotel El Algarrobico, finca el Arraijanal, Cabopino, etc.), las dunas todavía pueden salvarse si se aplica la Ley de Costas y en concreto la Expropiación Forzosa a través del Programa de Adquisición de Fincas del Ministerio de Medio Ambiente para reforzar la protección de la costa, si se declara espacio protegido con alguna de las figuras de la RENPA como podría ser Monumento Natural, o sencillamente si hay voluntad política por parte de los gobernantes y se limitan a realizar una verdadera Ordenación del Territorio.
Si se produjera lo indeseable, asistiríamos al mayor delito ambiental consentido y producido en Andalucía en los últimos 40 años, muy por encima del sonado caso del hotel ilegal El Algarrobico en Cabo de Gata.
Existe, además, la paradoja de que varias Delegaciones del ayuntamiento esteponero han venido apostando decididamente por la protección y puesta en valor de sus recursos naturales e históricos. Tanto es así que colaboraron con el Grupo de Trabajo Valle del Genal y la Universidad de Granada en el proyecto de investigación financiado por la Obra Social de la Fundación La Caixa que, durante los años 2007 y 2008, estudió las dunas y fondos marinos del Saladillo-Matas Verdes y dio origen al anteriormente citado libro y a los carteles informativos que actualmente pueden disfrutarse en las playas. A ello cabe sumar la reciente declaración de los fondos marinos como Lugar de Interés Comunitario (LIC) gracias a la solicitud que en su momento realizó Ecologistas en Acción.
La clave del asunto se encuentra, por el momento, en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona. De sus responsables y técnicos depende que un proyecto hotelero más acabe con el último reducto dunar virgen del litoral malagueño o, por el contrario, que se conserve y pueda llegar a convertirse en uno de los atractivos turísticos más importantes de la Costa del Sol.
Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja viene solicitando la protección de este sistema litoral desde que alegase en 2005 a la revisión Plan General de Ordenación Urbana de Estepona y en 2006 al Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de Málaga, donde figura como Suelo Urbanizable. También en 2006, los ecologistas solicitamos la designación de Zona de Protección de Costas en el expediente de nuevo deslinde de costas de este tramo litoral. Por fin, , en el plazo abierto para solicitar la ampliación de la Red Natura 2000, en 2007, Ecologistas en Acción solicitó la creación de un nuevo LIC marítimo – terrestre en este espacio natural. La respuesta nos llegó de la mano de la Unión Europa a finales de 2008, cuando se nombró Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 a los fondos de El Saladillo – Punta de Baños, o lo que es lo mismo, a la zona sumergida de nuestra propuesta, dejando fuera del LIC toda la zona terrestre. Ahora toca seguir insistiendo en la demanda de protección para El Saladillo – Matas Verdes a todos los niveles posibles.
Y es que, como se ha dicho, este espacio litoral es uno de los pocos reductos de cordón dunar que quedan en la costa mediterránea andaluza y es fundamental salvarlo.
* Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja - 9.10.09
Foto: ecologistasenaccion.org
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca
ELPAÍS/Málaga* : Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del caso Malaya, blanqueó no menos de 671,4 millones de euros desde 1994 hasta su detención en marzo de 2006. La Agencia Tributaria y la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía han despejado, por indicación del juez Óscar Pérez, una de las principales incógnitas de la causa sobre la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella.
El ex asesor urbanístico, que en la actualidad cumple condena en la prisión granadina de Albolote, se sirvió presuntamente de 26 testaferros para ocultar e introducir en el circuito legal los bienes detraídos del patrimonio urbanístico municipal desde que llegó al ayuntamiento en 1991 de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil y Gil.
La cifra de la riqueza amasada ilegalmente por Roca, adelantada ayer por el diario La Opinión de Málaga, equivale a la inversión en Justicia del Gobierno para los próximos tres años o al déficit de la sanidad catalana, por poner dos ejemplos. La cantidad es la suma de los blanqueos individuales que la policía imputa a cada uno de los hombres de paja en una serie de informes remitidos al juez instructor el pasado julio.
El principal centro de blanqueo era el despacho de abogados madrileño Sánchez Zubizarreta, que supuestamente ocultó bienes por valor de 213,4 millones de euros. Este bufete no sólo proporcionaba a Roca sociedades instrumentales para que pudiera disfrutar de bienes como mansiones, fincas, vehículos de lujo o incluso un helicóptero, sin ponerlos a su nombre. Los Sánchez Zubizarreta, además, llevaba la contabilidad y las formalidades mercantiles y fiscales de estas empresas pantalla del "jefe", como llamaban a Roca. Según los agentes, la relación entre el ex asesor urbanístico y el gabinete jurídico "se basa exclusivamente en la confianza".
Los seis letrados del bufete supuestamente establecían relaciones entre las sociedades, como contratos de compraventa o préstamos intersocietarios. Con ello, buscaban generar "capas de cebolla" o "anillos concéntricos" para "proporcionar el anonimato" a Roca. En la mayoría de los casos, las sociedades eran "propietarias de fincas e inmuebles, generalmente en Marbella", cuyos vendedores solían ser promotores que habían recibido un trato favorable de Roca cuando mandaba sobre el urbanismo de la localidad. "En no pocos casos", según los agentes, "los bienes que le son transmitidos a Roca provenían del propio Ayuntamiento de Marbella y habían sido enajenados, adjudicados o entregados de forma irregular".
Otra piedra angular del blanqueo, con 111,3 millones de euros es Salvador Gardoqui, a cuyo nombre se encontraba la sociedad Maras Asesores, desde la que Roca gestionaba sus negocios y su patrimonio. Este testaferro, según la policía, llevaba la contabilidad de Roca bajo la forma de caja única. Desde Maras se repartían los supuestos sobornos a ediles, funcionarios municipales e incluso jueces necesarios para mantener engrasada la gigantesca maquinaria corrupta que obligó a disolver el Ayuntamiento de Marbella tras el estallido de la Operación Malaya, en marzo de 2006.
La cifra total del blanqueo facilitada por los investigadores es la más conservadora posible. En el caso de Julio Blasco, de quien se documenta el lavado de 74,4 millones de "procedencia ilícita". Sin embargo, los agentes consideran que "el importe estimatorio" de las cantidades blanqueadas "supera ampliamente" los 100 millones de euros, cantidad que impuso como fianza el juez Pérez al supuesto testaferro como responsabilidad civil.
Exactamente la misma apreciación hacen los agentes sobre Montserrat Corulla, aunque sólo consiguen acreditar un blanqueo de 44 millones. Esta abogada madrileña administraba, a través de varias sociedades, varios inmuebles de Roca en la capital, como los palacios de Saldaña, Tepa y Villagonzalo, que Roca quería convertir en hoteles de lujo.
Aunque las inversiones de Roca eran principalmente inmobiliarias, el ex asesor no le hacía ascos a los muebles de lujo y las obras de arte. Los dos marchantes identificados por la policía, el uruguayo Beto Pedronzo y el francés Alfred Fournets, suman 26 millones de euros en blanqueo. Roca adquirió obras de Joan Miró, Jorge Oteiza o Manolo Valdés.
Los informes de los investigadores sólo hacen referencia al llamado tronco principal del caso Malaya. Por eso, no tienen en cuenta, por ejemplo, el papel del abogado Juan Hoffmann, considerado "testaferro internacional", cuyo papel se investiga en una pieza separada del caso.
* ELPAIS.com- FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 10/10/2009
Foto: Marbella- turismoandaluz.files.wordpress.com
El juez retira al alcalde de Castro la competencia de Urbanismo
ELCORREO/Cantabria* : El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha retirado como medida cautelar las competencias en materia de Urbanismo y Contratación al alcalde de la ciudad, Fernando Muguruza. Según han confirmado fuentes jurídicas y el propio Muguruza, el juez de Castro Urdiales adoptó esta decisión a última hora de ayer, viernes, después de que el regidor acudiera a declarar como imputado por el edificio promovido por la empresa Urdicam en la unidad de ejecución 1.34, de Santa Catalina.
El juez decidió suspender las competencias de Urbanismo y Contratación al alcalde tras oír su declaración del pasado jueves, referente a la tramitación del residencial de La Loma, en Santullán. Las representaciones legales de la Junta de Santullán y de los vecinos de La Loma -personadas como acusación- pidieron al instructor que acordara prisión provisional para Muguruza, sin fianza en el primer caso y con fianza en el segundo.
La Fiscalía, por su parte, solicitó que se paralizara de forma inmediata el expediente administrativo de La Loma y la adopción de las medidas necesarias para evitar que se sigan concediendo licencias en esa zona. Tras escuchar a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro decidió no estimar la solicitud de ingreso en prisión, pero sí acordó que se paralice toda la tramitación del expediente de La Loma y suspender al alcalde de sus competencias en materia de Urbanismo y Contratación.
No hay precedentes en Cantabria de que se haya adoptado una actuación de este tipo contra un edil. Tras esta suspensión Muguruza puede continuar al frente de la Alcaldía, ya que se mantienen el resto de competencias que tiene en otros ámbitos diferentes del urbanístico y de contratación.
El expediente de La Loma comprende cuatro áreas de desarrollo: la 3, la 4, la 7 y la 12. En la primera y en la última ya se han concedido licencias, doce en el caso de la 3 para cien chalés, y una en el de la 12 para 46 viviendas. Las áreas 4 y 7 están en proceso de desarrollo y, ahora, la decisión judicial paraliza el expediente de forma que no se pueden conceder licencias.
"Un favor" para Muguruza
Muguruza ha afirmado que la decisión de retirarle las competencias de Urbanismo supone "un favor" hacia su persona. "No saben el favor qué me han hecho", ha subrayado el alcalde, que cree que, tras estos acontecimientos, los vecinos de La Loma se acaban "de sepultar".
En este sentido, ha asegurado que "si hay alguien que ha luchado por arreglar" lo que sucede "urbanísticamente" en ese área es él y ha considerado que, de haberse producido allí algún error, en todo caso sería de la Administración, pero no de su persona. Ha considerado que, en caso de haberse habido un error en la tramitación administrativa del edificio de Urdicam, éste debería resolverse en un juzgado contencioso-administrativo, y no por la vía penal.
* El Correo Digital - 10.10.09 - 13:13 - EFE
Foto: Castro Urdiales - wikimedia.org
El Puerto: EA destaca que Rancho Linares es ilegal
ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción destaca que la urbanización de Rancho Linares es manifiestamente ilegal, informando de que “es totalmente falso que la Junta de Andalucía haya dado autorización para la urbanización. Esta modificación puntual del PGOU tiene que pasar aún por el proceso de evaluación de impacto ambiental, y el Ayuntamiento siquiera le ha remitido el expediente a la Consejería de Medio Ambiente.
El supuesto informe favorable de la comisión interdepartamental de valoración territorial urbanística, que Ybarra no ha hecho público, en todo caso carecería de valor, ya que el Consistorio ha remitido a Vivienda sólo el proyecto de modificación del PGOU, pero no las alegaciones de Ecologistas en Acción, lo que supone una gravísima ocultación de información”.
Confirman que en las 25 alegaciones presentadas el pasado mes de mayo por EA se demostraba fehacientemente la ilegalidad de este proyecto de urbanización promovido por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, su innecesariedad social y su inviabilidad medioambiental.
Por un lado, este proyecto incumple claramente el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (Potbc), aseguran. Además, el estudio de impacto ambiental (eia) no cumple con los requisitos de la nueva legislación ambiental, que obliga a realizar informes de sostenibilidad y consultas al público interesado, cosa que no se ha hecho. Apuntan que se destruirán importantes masas forestales, aunque la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, “sigue en el equívoco intencionado de hablar de terrenos arbolados, cuando la ley forestal incluye a los matorrales y dehesas”, lo que supone afectar a amplias poblaciones de camaleones. Además, se omite la existencia de un importante elemento del patrimonio histórico, el acueducto de la Piedad. De aprobarse el proyecto, lo llevarán ante los tribunales, indican.
* Andalucía Información - 8.10.09
Foto: El Puerto, ayuntamiento - wikipedia.org
Una fundación privada de referencia en patrimonio rechaza la Torre Cajasol
DIARIODESEVILLA* : El Observatorio de Monumentos del Mundo 2010, presentado ayer en la ciudad de Nueva York por la World Monuments Fund, ha incluido a la capital de Andalucía en su lista de patrimonio en peligro, al considerar que el proyecto de construcción de la Torre Cajasol "amenaza a uno de sus mejores bienes: la sublime vista de su casco histórico y la ribera del río".
En el 2010 World Monuments Watch, consultado por Europa Press, la citada fundación internacional destaca los perjuicios de "las presiones del desarrollo" y precisa que "la controversia sobre el proyecto de una torre de oficinas en el horizonte de Sevilla representa las crecientes tensiones entre la densidad urbana y la preservación del paisaje".
Asimismo, tras hacer un recorrido por el patrimonio y la historia de la capital andaluza, señala que la situación generada a raíz del proyecto de construcción del rascacielos diseñado por el arquitecto argentino César Pelli "ofrece una importante oportunidad para el diálogo y el planeamiento integral".
"Su creciente población urbana se ha beneficiado tanto de la modernización de sus infraestructuras como de la mejora en la administración de su herencia, pero las presiones del desarrollo amenazan ahora a uno de sus mejores bienes", agrega.
Los expertos de World Monuments Fund trabajan desde 1965 en la preservación de la arquitectura y la herencia cultural de más de 90 países. Cerca del 85% de sus ingresos se destina a proyectos de preservación y defensa, trabajo de campo y programas educacionales.
De España, además de Sevilla, se incluyen otros cinco lugares emblemáticos: las Vegas Alta y Baja del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo, la Ciudad Vieja de Ávila, el Camino de Santiago, Numancia y la Sagrada Familia de Barcelona.
Ante tal informe, el vicepresidente del Comité Español del Icomos, Víctor Fernández Salinas, explicó que World Monuments Fund es "una institución de relieve en el mundo del patrimonio, una entidad con mucho renombre".
Así, destacó la importancia de que una entidad así "llame la atención sobre uno de los más grandes atentados contra el patrimonio de la historia reciente de la ciudad" y se preguntó "qué va a decir ahora la Consejería de Cultura", ya que "están acumulándose los aspectos negativos y Sevilla está en entredicho".
La Plataforma Ciudadana Túmbala contra la construcción del rascacielos emitió ayer un comunicado en el que, una vez más, pidió tanto a Cajasol como a las administraciones públicas la paralización de las obras. Por su parte, Cajasol no quiso comentar la noticia.
* Diario de SEvilla - R.S. - 9.10.09
Foto: Recreación de la Torre Cajasol. - diariodesevilla.es
Millet y varias empresas constructoras sustentaban la fundación de Convergència
ELPAÍS/Barcelona* : ¿Quién financia las fundaciones de los partidos políticos? Las donaciones opacas de Fèlix Millet, principal imputado por el saqueo del Palau de la Música, a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han puesto de relieve que el propio Millet, a través del Orfeó Català, fue el principal protector privado de la fundación nacionalista. Pero no estaba solo. Varias de las grandes constructoras y promotoras catalanas y españolas figuran entre los grandes valedores de la fundación del partido que gobernó Cataluña durante 23 años.
Según la documentación aportada por la propia entidad al registro catalán de fundaciones, el Orfeó de Millet y una decena de constructores aportaron el 90% de las donaciones privadas que recibió la fundación nacionalista en 2005. Este ejercicio es uno de los pocos en los que la fundación de CDC detalla en su memoria el origen de las aportaciones. El Orfeó presidido por Millet donó aquel año 120.000 euros y las aportaciones de los constructores, plenamente legales, ascendieron a 350.000 euros.
Entre los donantes figuran las grandes empresas que lideran la contratación de obra pública. La constructora Comsa, de la familia Miarnau, en 2005 aportó 120.000 euros a través de sus filiales Tamisa y Gestor de Maquinaria Ferroviaria. Copisa, presidida por Josep Cornadó, aportó 60.000 euros y Fomento de Construcciones y Contratas, controlada por Esther Koplowitz, inyectó otros 60.000 euros.
El año anterior, la fundación de CDC se llevó una suma importante (90.000 euros) procedente de Dragados Obras. La empresa ese año ya pertenecía al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que absorbió el grupo Dragados en diciembre de 2003. Todos estos grupos son adjudicatarios de grandes obras públicas y aparecen cada año entre los 10 principales grupos a los que GISA contrata. Por ejemplo, participan en la ampliación de la línea 5 del metro y la construcción de la línea 9.
Consultadas por EL PAÍS, fuentes de CDC subrayaron la legalidad de las donaciones y recordaron que éstas se produjeron tras abandonar CiU el Gobierno. Las memorias de la fundación durante los años de CiU en la Generalitat no especifican quién aportó unas sumas que oscilaban entre 500.000 y 600.000 euros anuales. El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, se mostró ayer sorprendido por el hecho de que en las cuentas de la fundación depositadas en el registro de Justicia no se detalle el origen de los 630.000 euros que el Orfeó de Millet dio a la Trias Fargas.
La Fundación Rafael Campalans, del PSC, se desmarcó ayer de la de CDC y convocó a la prensa para explicar con todo lujo de detalles sus números. Su director, Albert Aixalà, explicó, a partir de la memoria económica de 2008, que la fundación se financia en un 80% con subvenciones y el 20% restante procede de ingresos propios (por publicaciones o servicios de formación) y de donaciones. En el capítulo de presupuesto de procedencia privada, destaca un convenio con la Obra Social de Caixa Catalunya por valor de 50.000 euros que se destinan, aseguró Aixalà, al archivo histórico del socialismo catalán.
El juez Juli Solaz acordó que se pinchara el teléfono de Félix Millet tal y como le solicitó la fiscalía cuando presentó la querella por el caso del Palau de la Música el pasado 10 de julio. En contra de lo que publica hoy este periódico en la edición impresa, los Mossos d'Esquadra pincharon el teléfono de Millet del 22, víspera del registro del Palau, al 30 de julio. La medida había sido solicitada por la Fiscalía en el escrito de querella. Los mossos no encontraron nada relevante en el contenido de las conversaciones y así consta en un escrito dirigido al juez. Con todo, la policía entregó un CD con las conversaciones al juez.
En el auto de citación como imputados de Millet y Montull, el juez explica que no cita al resto de los querellados -Gemma Montull, Enric Álvarez y Pau Duran- "a la vista de que ninguno de ellos ha confesado su participación" en los hechos que se están investigando.
* ELPAIS.com - MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER 09/10/2009
Foto: Palau Música Barcelona - static.guim.co.uk
Europa denuncia a España por anomalías en el IVVSA
ELPAÍS/Valencia* : La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia comunitario por irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos por parte del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), órgano creado por la Generalitat. El comisario de Mercado Interior, Charlie Mc Creevy, ya anticipó en 2008 que el instituto que ejecuta la política de vivienda de la Generalitat, creó con accionistas privados sociedades mixtas a las que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público, vulnerando así las directivas europeas sobre contratos públicos.
La CE considera que el IVVSA adjudicó contratos de obra sin publicidad y sin garantizar la igualdad de trato entre las empresas privadas.
La Comisión llegará hasta el TUE -última fase del habitual procedimiento de infracción- al no dar por buenas las alegaciones presentadas por el IVVSA a través del Gobierno español, único interlocutor válido ante la CE. Si el Ejecutivo comunitario ganase la batalla legal podrá solicitar que se multe a España si el instituto no corrige el problema. El entonces eurodiputado verde David Hammerstein fue el que denunció a la CE las supuestas irregularidades.
Ya en 2005, un dictamen jurídico cuestionó la legalidad de estas sociedades mixtas creadas a medias por el instituto y empresas privadas porque participaban en proyectos urbanísticos donde la Generalitat tiene al final la última palabra. El derecho comunitario y español permite este tipo de empresas siempre que se persiga un fin público, pero la selección de socios privados no puede realizarse primando a unas empresas sobre otras.
En la sede del IVVSA, la decisión de la CE no sorprendió. La Generalitat defendió a través de un comunicado esta fórmula. "Las críticas sistemáticas vertidas contra las empresas mixtas no han conseguido poner en duda su completa legalidad hasta este momento", recogía la nota.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La diputada de Iniciativa y síndica del Grupo Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, aseguró que la decisión de la Comisión Europea es "una prueba más de la nefasta política urbanística" que lleva a cabo el Consell.
Oltra insistió en que se trata de "una buena muestra del poco respeto que desde el Gobierno del PP se tiene a la igualdad de las empresas para concurrir a concursos públicos" y añadió que el IVVSA "ha creado empresas mixtas con accionistas privados para llevar a cabo actividades urbanísticas", algo que su formación ya había "denunciado que era una argucia con la que se privatizaba la planificación urbanítica para huir del control de la oposición".
"Lo más grave del asunto es que la CE ya había pedido a la Generalitat en septiembre de 2008 una modificación legislativa porque se estaba incumpliendo la normativa europea y desde el Gobierno del PP no se hizo el menor caso a esta advertencia", agregó la diputada.
* ELPAIS.com - C. V. / EFE - Valencia / Bruselas - 09/10/2009
Foto: Palau Generalitat Valencia - wikimedia.org
Atarfe: La Fiscalía denuncia al alcalde por ´favorecer el lucro de los promotores´
LAOPINIÓN/Granada* : La Fiscalía de Granada ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), y al arquitecto municipal en el Ayuntamiento por la posible comisión de los delitos de atentado a la calidad de vida de los ciudadanos por infracción de los estándares urbanísticos y prevaricación por el supuesto cambio irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf, con la finalidad de "aumentar el lucro de los promotores".
La resolución de la Fiscalía se produce después de que el PP denunciara los hechos, que se remontan a abril de 2004, cuando el Ayuntamiento firmó con la empresa Grupo Gestión y Dotación del Suelo S.L. un convenio por el que se establecía que los terrenos, de un mínimo de 400 metros cuadrados, tendrían una densidad edificatoria de 18 viviendas por hectárea. Sin embargo, según la denuncia de los populares, recogida en el decreto fiscal, dos años más tarde, un nuevo convenio incluyó una modificación "tipológica" de vivienda aislada a vivienda pareada, por la que el Ayuntamiento percibió "como contraprestación 1,2 millones de euros y la cesión de 1.000 metros cuadrados", y que supuso la construcción de 430 viviendas por hectárea, pese a que la Ley Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establece un máximo de 75.
El proyecto de reparcelación, en el que se modifican las parcelas originarias y se pasa a 32 parcelas de 200 metros cuadrados, se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento el 11 de abril de 2005, que después dio el visto bueno a un estudio detalle que provocó "un espectacular aumento de la edificabilidad de los terrenos", de 3.841 metros cuadrados a 11.346. De acuerdo a esta última modificación, según los denunciantes, la promotora obtuvo en diciembre de 2006 licencia para construir 96 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros.
A partir del análisis de estos hechos, y con el apoyo de los informes de Seprona y de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, el Ministerio Público señala que los responsables del Ayuntamiento cometieron un posible delito de prevaricación por esta operación "fraudulenta" que tuvo la "manifiesta finalidad" de alterar los parámetros urbanísticos vinculantes "y alcanzar así un sustancioso aumento del lucro de los promotores, con el consecuente detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos", según el decreto.
Esta actuación "delictiva", que el fiscal apunta que ya se ha producido en otras ocasiones, consiste en "la selección de un procedimiento que garantiza la obtención de un resultado urbanístico ilícito prescindiendo de todos los controles de legalidad externos al propio Ayuntamiento de Atarfe". Asimismo, le atribuye al alcalde y al arquitecto la prevaricación por elusión de trámites esenciales, que puede incardinarse "por la utilización interesada" de un simple estudio de detalle "para lograr un lucrativo aumento de la edificabilidad".
Otra versión. El alcalde señaló, a través de un portavoz del Ayuntamiento, que no tiene "nada que esconder" y manifestó su "total confianza" en la justicia. Asimismo, aseguró que cuenta con los informes favorables del arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento y los técnicos, y añadió que para adoptar estas decisiones –"que contaron con el voto favorable del PP en su día"– se acogió a la norma número 41, "que permite a los ayuntamientos asumir determinados procedimientos urbanísticos con el asesoramiento y el apoyo de los técnicos municipales".
Para el regidor, las acusaciones responden al "afán de hacer daño" del PP "por los propios problemas que tiene el partido". En este sentido, declaró que los populares en Atarfe se han dedicado "a judicializar la vida política" y aseguró estar "deseando" que los tribunales reconozcan su inocencia.
* La Opinión de Granada - EUROPA PRESS / R. S. N. - 9.10.09
Foto: Atarfe - geocities.com
Parcent gana el pulso contra tres planes urbanísticos de 1.800 casas
ELPAÍS/Alicante* : La población de Parcent vivió ayer un día histórico. Casi cuatro años después de que los vecinos se manifestaran por primera vez contra tres programas de actuación integrada (PAI) que suponían la construcción de 1.800 viviendas, el Ayuntamiento recibió la decisión de la Generalitat de desestimarlos.
La Consejería de Medio Ambiente se apoya en un informe negativo de sus propios técnicos, que rechazan los PAI porque ocuparían terreno forestal valioso y afectarían a especies protegidas, y otro de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la insuficiente reserva hídrica.
Con esta decisión, la consejería entierra (a falta de un plazo de alegaciones de 15 días) tres de los PAI más polémicos del urbanismo desaforado de la última década. Tres proyectos aprobados por el anterior gobierno local del PP que inauguraron la llamada doctrina Parcent al lograr en noviembre de 2006 que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una decisión sin precedentes, los paralizara cautelarmente porque pretendían ordenar 1,4 millones de metros cuadrados y quintuplicar la población al margen de un plan general urbano.
Los PAI continuaron luego su tramitación -el TSJ levantó la suspensión porque aún no había aprobación definitiva-, pero la doctrina Parcent se convirtió en la bandera de los críticos con los crecimientos desmedidos y desordenados que propició la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Los vecinos de Parcent llevaron su denuncia al Parlamento Europeo, donde consiguieron que el presidente del Comité de Peticiones enviara una carta al Consell quejándose de tanta pasión por el hormigón. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno local, de Coalició Democràtica, intentaba recuperar los expedientes para revisarlos. La consejería rechazó su solicitud y continuó una tramitación envuelta en la polémica hasta emitir, el pasado 29 de septiembre, los informes desfavorables.
"Los PAI se van definitivamente a la basura", señaló ayer exultante la presidenta de Veïns de Parcent, Beatriz Riera. "Ha sido una lucha desigual en la que David se enfrentaba a Goliat, pero aquí se ha vencido a Goliat y este pueblo ha podido plantarle cara a intereses especulativos muy poderosos que sólo iban a beneficiar a unos pocos", añadió. Durante los últimos cuatro años, Veïns de Parcent ha aglutinado con numerosas manifestaciones la oposición a los PAI de El Replà, La Solana y El Cantalar, impulsados por las promotoras Terres de l'Horta, SL -del Grupo Ballester-, Arenal Parcent, SL, e Inmobiliaria Costa Villas, que ayer no se pronunciaron sobre los informes negativos.
Ante el dictamen, el gobierno de Parcent se mostró prudente. "Como una Administración neutral, nos hemos limitado a comunicar a las promotoras aquellas deficiencias que nos indicaban los técnicos de la consejería, aunque está claro que algunas eran insubsanables", señaló el portavoz y concejal de Urbanismo Joan Carles Poquet. No obstante, Poquet mostró su confianza en que ahora se abra una nueva página en el urbanismo de Parcent y que también se dé carpetazo a la querella que interpuso contra los concejales la empresa Terres de l'Horta, que los acusa de obstaculizar la tramitación de los PAI.
El dictamen de la consejería provocó ayer euforia entre los habitantes de Parcent. "Sólo nosotros sabemos todos los kilómetros que hemos andado en manifestaciones para que llegara este día y librar a nuestros hijos de una barbaridad como esa" señalaba Joan N. También había quien exhortaba a la contención: "Nos estamos enfrentando a gente muy poderosa, que ha llevado a los tribunales a todo un Ayuntamiento y además no me fío de la consejería", señaló otra vecina.
Con nocturnidad y sin plan general
La Consejería de Medio Ambiente ha dado carpetazo provisional (hay un plazo de alegaciones) a tres planes aprobados casi con nocturnidad. A sólo dos días de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que sustituyó a la denostada LRAU, el Ayuntamiento de Parcent, en manos del PP, dio vía libre a toda prisa a los proyectos con una manifestación de vecinos a las puertas. Además, como destacó después el Tribunal Superior de Justicia en una resolución sobre los PAI, el consistorio los aprobó al amparo de unas normas urbanísticas subsidiarias obsoletas. Parcent no tenía en aquellas fechas un plan general, el instrumento que el tribunal consideraba el adecuado para "ponderar" las necesidades del municipio "y su sostenible desarrollo".
La consejería ha mantenido abiertos los expedientes durante casi cuatro años. Según Medio Ambiente, se ha seguido la tramitación habitual" y hay dos informes "de gran importancia" desfavorables. Uno de ellos es el de la CHJ sobre la falta de agua. La consejería ha rechazado en muchos casos los informes negativos del organismo y se ha acogido a los de entidades municipales que eran favorables. En este caso, sin embargo, no existe ese otro dictamen. Una asociación vecinal de Parcent cercana al PP acusa al consistorio de renunciar a posibles recursos para hacer inviables los PAI, lo que éste rechaza.
La consejería ha aprobado otros PAI con miles de viviendas a pesar de que debían subsanar deficiencias en un plazo determinado. En el caso de Parcent, tras años de tormenta urbanística, no lo ha hecho. Han bastado los informes negativos "de gran importancia".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ / SARA VELERT - Dénia / Valencia - 08/10/2009
Foto: Parcent - aestas.es
El urbanismo salvaje lastrará la salida de la crisis de la Comunitat Valenciana
20MINUTOS* : “Con la ocupación y alicatado de la costa han ganado unos pocos en poco tiempo, pero la hipoteca que han dejado está comprometiendo la salida de la crisis económica, que además es una crisis ambiental y territorial”. Este demoledor análisis de Rafael Mata, catedrático y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), es una de las líneas básicas de un seminario sobre gestión costera que se desarrolla estos días en la Universitat de València.
El coordinador y profesor titular de la Universitat, Joaquín Farinós, asegura que los daños causados por la gota fría en forma de inundaciones debieron ser previstos cuando se construyó mucho y rápido en el litoral y las riberas de los ríos. “Que cada palo aguante su vela: a todos nos gusta vivir en un unifamiliar con piscina, pero si está en zona inundable no podemos pretender que todos tengamos que pagar los daños”, añade.
Sin diques naturales
El “urbanismo depredador” ha eliminado humedales y dunas, “unos servicios en forma de regulación que retienen el agua y la van soltando poco a poco”, explica Juan Barragán, catedrático de la Universidad de Cádiz. Este fenómeno hace mucho más devastadores los efectos de la gota fría, habitual el otoño en la Comunitat Valenciana.
Otro efecto inmediato de la construcción desaforada en el litoral es la desaparición de playas, como está sucediendo en la comarca de La Safor. Los expertos lanzan la idea de “recuperar espacios naturales”, es decir, retroceder unos kilómetros, ante la alternativa de construir espigones y trasvasar arena desde el fondo del mar, que es “muy caro”.
190.900 viviendas en nueve años
La ocupación urbanística a gran escala que ha experimentado la costa mediterránea tiene como claro ejemplo el caso valenciano. Entre los años 2000 y 2008, según los datos del Ministerio de Fomento, se han levantado 190.900 edificios residenciales en las tres provincias de la Comunitat. El gran boom se produjo en los años 2005 y 2006, con un ritmo anual superior a las 25.000 viviendas, con un ligero descenso en 2007, cuando se empezaron a registrar menos inicios de obras, y el gran bacatazo inmobiliario de 2008. Los primeros meses del presente año se mueven en niveles desconocidos, con entre 200 y 300 viviendas construidas al mes, según consta en la estadística oficial.
* 20Minutos - J. L. OBRADOR. 06.10.2009
Foto: Ampliar fotoLa playa de Bellreguard (Valencia) es una de las más afectadas por los temporales en la Comunitat Valenciana. (Imagen: 20MINUTOS.ES)
Las operaciones urbanísticas de la trama 'Gürtel
ELMUNDO* : El Informe inicial de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central, incluida en el sumario del caso Gürtel, al que tuvo acceso Europa Press tras el levantamiento parcial del secreto, señala algunas de las principales tramas urbanísticas en las que se vio implicada la trama, que presuntamente encabeza Francisco Correa.
Boadilla del Monte
> En 2006, Correa logró que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte adjudicara a UFC, S.A., del empresario José Luis Ulibarri, unos terrenos pese a que la oferta de la constructora era la más baja y no aportaba ninguna ventaja frente a sus competidoras en el concurso público.
Según el informe, Correa recibió una cantidad de dinero sin determinar de la empresa, que no pagó a ninguno de los responsables municipales que hicieron posible la adjudicación. Según las grabaciones que recoge el sumario, Correa habría admitido en una conversación que vendió un barco al empresario y que en la parcela de Boadilla, el empresario le dio "unas pesetas".
Además, sobre esta transacción podría existir una grabación en vídeo donde el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero; Francisco Correa, Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor se reparten una gran cantidad de dinero, supuestamente como pago por concesiones y adjudicaciones. Todos menos Correa figuran en la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de la localidad.
Gracias a ese vídeo, Correa habría conseguido que Tomás Martín Morales, un hombre de su confianza, fuera nombrado director general del Ayuntamiento de Boadilla y consejero delegado de la EMSV.
> En 2005, la sociedad UFC S.A. compra un terreno al Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros, actuando como apoderado González Panero. La empresa construyó la promoción de viviendas Boadilla Park, con 139 viviendas de alto standing, tres plazas de garaje y trastero incluidas para cada vivienda.
Según la información de la promotora, los precios de las viviendas oscila entre 472.302 y 739.566 euros más IVA. Tomando como referencia únicamente el precio más bajo, la venta habría sido de 65,65 millones de euros.
Majadahonda
En 2006, Correa habría realizado una operación urbanística dudosa en el Monte El Pinar de Majadahonda, donde construyó 16 viviendas de lujo con precios desde 482.000 euros a través de la promotora Twain Jones S.L., cuyo administrador es Jacobo Gordon Levenfeld y que fue constituida por Real State Equity Portfolio S.L., otra de las empresas de Correa administrada por el mismo testaferro.
En las grabaciones aportadas, Correa asegura que las viviendas son suyas y que tiene intención de quedarse con una si sobran. Las de dos dormitorios valen 120 millones de euros y, según el líder del Gürtel, todas salvo dos estaban ya vendidas.
> Por otra parte, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso tendría una propiedad en la Isla Tortuga de la Marina de Sotogrande, en Cádiz, resultado de una presunta contraprestación (la policía reconoce que habría que comprobar los datos) de la trama Correa. La propiedad fue adquirida por la empresa Sundryce Advice, cuyo administrador es Luis de Miguel pero que está vinculada a Correa.
Según los documentos del sumario, de Miguel habría hecho negocios con Ortega, al que "colocó" diez millones de pesetas en una promoción de viviendas en Majadahonda a través de Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela S.L.
Arganda del Rey
A través del entonces teniente de alcalde de Arganda Benjamín Martín Vasco, quien amenazó con hablar si no le daban su dinero, Correa consiguió la adjudicación de varios proyectos urbanísticos en la localidad a la empresa Martinsa, por lo que recibe comisiones. Dado que Martinsa realizó varias operaciones en el municipio, la Policía no pudo determinar la promoción o negocio exacto motivador del pago del dinero que se menciona en la denuncia.
La Nucía (Alicante)
En 2006, Correa consiguió, a través de Castaño Corporate S.A., la adquisición de unos terrenos no urbanizables en La Nucía, en Alicante, comprados a un particular por 456.240 euros. Su objetivo era que el Ayuntamiento recalificara este suelo a urbanizable posteriormente mediante un Programa de Actuación Urbanizadora (PAI), procedimiento para el que sólo existían obstáculos medioambientales.
Según el informe, el Grupo Begar, de Ulibarri, adquiriría los terrenos a un precio barato, con el fin de venderlos por más del doble tras la recalificación. Correa estaba encargado de desbloquear el tema medioambiental mediante un contacto con un "cargo público valenciano", en concreto, "el hijo de puta de Esteban Pons, nombrado Conselleiro de Obras Públicas", según las conversaciones grabadas.
Así, en una de las citas Correa explica que el empresario "pone la pasta, vamos al 50%, y de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro (Pérez 'El Bigotes'), Pablo Crespo y el alcalde de La Nucía (Bernabé Blanco)". En total, la operación es de 8.000 millones de pesetas, y los implicados en la trama ganaron unos 12.000 millones. Según la policía, es necesario comprobar si finalmente se cerró la compra-venta de los terrenos y si se logró la recalificación.
Marbella
En 2003, Luis de Miguel, testaferro de Correa, compró cinco fincas en Marbella (Málaga) en representación de la empresa Inversiones Kintamani S.L por 324.546 euros. Las fincas pertenecían al conjunto urbanístico 'El Embrujo Playa', propiedad de Construcciones Salamanca S.L., cuyo administrador era Emilio Rodríguez Bugallo, el suegro de Correa e imputado en el 'caso Malaya', quien habría recibido de su yerno 500.000 euros para pagar la fianza por esta trama y eludir la prisión.
Para saldar su cuenta, Rodríguez Bugallo le vende a Correa varios inmuebles de El Embrujo Playa, logrando además así deshacerse de patrimonio que le podría ser intervenido.
Esta operación se repitió en 2007 con siete fincas y una vivienda por 387.000 euros, así como de otras cuatro por valor de 385.650 euros. En ambos casos, el comprador es José Ramón Blanco Balín, otro hombre de confianza de Correa, aunque en la primera promoción lo hace en representación de Inversiones Kintamani. La segunda de las operaciones se pagó mediante dos cheques a nombre de Construcciones Salamanca.
En 2008, Pablo Crespo, compró cuatro fincas más de Construcciones Salamanca en el mismo conjunto urbanístico marbellí en representación de Cresva S.L. por 387.000 euros.
Según el informe, el valor catastral de las cinco fincas y los 16 aparcamientos adquiridos, muy por debajo del real, superaría los 554.000 euros. Sin embargo, una oferta de venta de un apartamento en dicha urbanización encontrada en Internet apuntaba que el precio de 125 metros cuadrados construidos y trastero era de 1,3 millones de euros. En total, la trama adquirió todos los inmuebles por 1,48 millones por estas operaciones.
* El Mundo - E.P. - 7.10.09
Foto: Boadilla del Monte, ayuntamiento - cope.es
Seis incorporaciones españolas a la lista de monumentos en peligro
ELPAÍS* : El proyecto actual de ampliación del AVE que atraviesa Barcelona supone una amenaza física para la Sagrada Familia de Gaudí. Y la presión urbanística amenaza estéticamente los paisajes históricos de Ávila, Sevilla, Toledo y Numancia. Además, una nueva autopista puede arruinar la belleza del Camino de Santiago. Son los puntos calientes españoles que figuran en la lista anual elaborada por el Fondo Mundial de Monumentos (WMF por sus siglas en inglés), en la que se alerta de los peligros que sufre el patrimonio cultural de cada país y que fue presentada ayer en Nueva York.
Este año España tiene el dudoso honor de figurar en el tercer puesto de la lista, después de Estados Unidos y Perú, por el número de lugares amenazados. Y, aunque en muchos de los 93 lugares pertenecientes a 47 países incluidos este año la advertencia se centra en casos concretos de deterioro físico, como le ocurre al Convento-Museo de Cochabamba en Bolivia o a las construcciones de Frank Lloyd Wright, Taliesin y Taliesin West en Estados Unidos. En España, la principal amenaza es el desarrollo urbanístico. "En el caso de Sevilla hay un proyecto para construir un rascacielos -una sucursal bancaria-, que estropeará el horizonte sevillano". La polémica que ha generado la propuesta ha llegado incluso al International Council of Monuments and Sites (el brazo técnico de la Unesco). "Ellos son quienes nos propusieron incluirlo en nuestra lista. Al hacerlo lo que intentamos es contribuir al diálogo para que el proyecto se replantee".
"Ocurrió lo mismo hace dos años en San Petersburgo, un rascacielos amenazaba las extraordinarias vistas de la ciudad aunque en aquel caso, fue la crisis y no nosotros lo que acabó frenando el proyecto", explicó a este diario Norma Barbacci, directora de programas para Latinoamérica, España y Portugal del World Monuments Fund. Respecto a Ávila, el fondo subraya que "la necesidad para cuidar e integrar planificación urbana y preservación arquitectónica nunca ha sido más crítica". En ese sentido, Barbacci explica que en la mayoría de los paises el reto principal está en manos de gobiernos regionales y locales. "Las inmobiliarias quieren construir todo lo que pueden, es inherente a ellas. Pero los que tienen que tener conciencia y sentido común son los gobiernos regionales y locales, que han de buscar un balance entre desarrollo económico y patrimonio artístico y cultural. A veces hay conflictos de jurisdicciones y en otros casos es incluso necesario reforzar las leyes o aprender a interpretarlas. En Ávila todo lo que se ha construido cerca de la muralla cumple con la legislación, pero está claro que se ha urbanizado sin medida y el resultado es que sus vistas han sufrido mucho". En Numancia y Toledo, dos proyectos residenciales amenazan el paisaje de ambas áreas y en el Camino de Santiago, una nueva autopista que ya ha empezado a construirse "y que ya ha destruido cinco kilómetros del Camino cerca de Santo Domingo de la Calzada causará daños físicos, ecológicos y estéticos irreparables", señala el WMF.
Respecto a la línea de AVE que bordeará la Sagrada Familia, el fondo solicita que se realicen análisis más rigurosos del impacto físico que tendrá sobre la histórica construcción y que se propongan rutas alternativas más alejadas del edificio. Negligencia, guerras, vandalismo o desastres naturales son los motivos que llevan a un lugar o monumento a entrar en la lista de una institución que también ofrece asesoramiento técnico e incluso ayuda económica para enmendar los daños señalados.
* ELPAIS.com- BARBARA CELIS - Nueva York - 07/10/2009
Foto: Una turista fotografía la Sagrada Familia desde un autobús en Barcelona.- CARLES RIBAS, elpais.com
Vigo: El Supremo advierte al Concello que no puede eludir derribos a través del PXOM
FARODEVIGO*: La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo advierte al Concello de que no puede escudarse en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para eludir la ejecución de algunas sentencias de demolición de edificaciones declaradas ilegales. En la actualidad, el Concello tiene sobre la mesa orden de ejecución de varias edificaciones ilegales entre las que se encuentran las de Finca do Conde, Chano Piñeiro o la Colina de Castrelos, entre otras.
En uno de los fundamentos de la sentencia donde se desestima el recurso de casación presentado a la orden de ejecución que afecta a la "UE III Pastora" señala que "se equivoca el Concello cuando aduce que la ejecución de la sentencia requiere como primera actuación de un nuevo planeamiento detallado que sustituya al anulado por la sentencia". "Contrariamente a lo que sostiene –razona el Tribunal– la aprobación de un nuevo planeamiento no es una forma de dar cumplimiento a la sentencia sino todo lo contrario".
Actos nulos
También hace constar el Supremo que "cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento, la nueva ordenación no deja sin efecto aquella, sino que acaso pudiera constituir un supuesto de imposibilidad de ejecución" y advierte que serán nulos de pleno derecho "los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento", añadiendo a continuación que el órgano jurisdiccional a quien corresponde la ejecución de la sentencia declarará a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones adoptadas.
En el mismo escrito se hace constar también que "si bien la administración municipal sigue disponiendo de sus facultades de ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de las determinaciones aplicables, debe, si ello incide sobre actuaciones ya declaradas ilegales en sentencia firme, demostrar que la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal sino de atender racionalmente al interés público urbanístico".
Reprocha también al Concello que no procediera a cumplimentar el mandato, tendente a la legalización de las obras, requiriendo a la promotora para que en el plazo de dos meses solicitara, con proyecto que incluyera la subsanación de los desajustes, la correspondiente licencia".
Daños a propietarios
El auto también da respuesta a uno de los motivos alegados por el Concello para la no ejecución de la sentencia, al considerar que de hacerlo se producía indefensión a los propietarios de edificios construidos al amparo de licencias anuladas.
En ese sentido, el Supremo argumenta que "frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe aducir la condición de tercer adquirente de buena fe, puesto que la demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa sobre quien realizó la construcción ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad que en que aquél hubiese podido incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos".
* Faro de Vigo - J. MOSQUERA - 7.10.09
Foto: Vigo- masmar.net
Citan a declarar como imputado el alcalde de Atarfe por la venta de una finca
EUROPAPRESS/Granada*: El Juzgado de Instrucción nº4 de Granada ha citado a declarar como imputado al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), como presidente de la empresa Proyecto Atarfe S.A., por la supuesta venta irregular de una finca de titularidad municipal a Vladigolf por un importe "inferior" a su valor de tasación.
Asimismo, tendrán que comparecer el próximo día 13 ante el juzgado el arquitecto municipal que fijó el precio de los terrenos, de 960.000 metros cuadrados, el 23 el representante de Vladigolf, y, aún sin fecha fijada, el consejero delegado de Proyecto Atarfe, que es además el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Antonio Ibáñez.
El fiscal los acusa de los delitos de prevaricación urbanística y administrativa, contra la ordenación del territorio, falsedad, malversación de caudales públicos y cohecho, según consta en el escrito remitido por el Ministerio Público al juez, al que tuvo acceso Europa Press.
En el documento, que recoge los hechos que en su día hizo constar en su denuncia la Fiscalía, tras la interpuesta por el PP, se señala que el arquitecto tasó la finca el 16 de noviembre de 2004 por 3,6 millones de euros, de los que sólo se han recibido hasta hoy 120.000 euros. Sin embargo, unos días después de la venta, la finca es valorada a efectos de subasta en 8,4 millones en garantía de un préstamo concedido a Vladigolf.
Para el fiscal, que incide en que el suelo se vendió por un importe inferior a su valor en tasación en caso de ejecución, es "sorprendente" que el arquitecto municipal clasificara la finca en su tasación como "urbana no consolidada" y "residencial unifamiliar", cuando "meses antes" se había firmado el primer convenio por el que se acordaba cambiar la tipología y la edificabilidad de los terrenos.
Así, considera que "se tasa a la baja" de acuerdo con unas condiciones "que el propio Ayuntamiento se ha comprometido a modificar", modificación que "hay que suponer" que es la razón de la adquisición del suelo por la promotora dado que, en caso contrario, la hubiera adquirido con las condiciones urbanísticas ya fijadas.
UN "PLAN PRECONCEBIDO"
El Ministerio Público cree de este modo que con esta venta "se han perjudicado de forma deliberada y consciente, con arreglo a un plan preconcebido, los intereses del municipio en beneficio de una empresa inmobiliaria" y, de otro lado, apunta que el cambio de tipología llevado a cabo a través de estudios detalle, "aparte de conculcar los establecido en la LOUA, puede producir un incremento del aprovechamiento urbanístico".
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, José Manuel Aranda, que dio hoy a conocer en rueda de prensa la nueva resolución judicial, afirmó que las continuas denuncias de la Fiscalía contra el alcalde de Atarfe demuestran que éste está "malbaratando" el suelo municipal y dejan entrever "de dónde salen tantos recursos económicos".
Según sostuvo, en este caso, la diferencia "abismal" entre la tasación del arquitecto y el valor de la finca, unos 4,8 millones de euros, podrían haberse utilizado para el asfaltado de todas las calles del pueblo, la creación de un nuevo corredor verde, la financiación de la mitad de la plaza de toros o la construcción de un nuevo pabellón deportivo.
En opinión del diputado provincial del PP Antonio Granados, el PSOE y la Junta de Andalucía son "cómplices" de las supuestas irregularidades que envuelven la gestión del alcalde Atarfe, por su "silencio", que otorga "impunidad absoluta" al regidor. En ese sentido, Granados instó, una vez más, a la Junta de Andalucía y a la dirección socialista en Granada a que actúen, y soliciten la dimisión del alcalde o lo cesen.
"No estamos judicializando la vida política, estamos defendiendo los intereses de los atarfeños, que ya el fiscal cree que han sido conculcados", mantuvo el diputado provincial, que calificó a Atarfe, y también a Armilla, como "las Marbellas granadinas".
* Europa Press - 6.10.09
Foto: Atarfe - imagenes.foro-ciudad.com
El affaire Millet: ¿corrupción a la catalana?
ALBERT RECIO*: I. Las aguas andan convulsas entre las élites barcelonesas. Ya andábamos bien servidos de affaires económicos y trazas de corrupción con el caso del banquero De la Rosa, los diversos escándalos relacionados con los departamentos de la Generalitat gestionados por Unió Democràtica de Catalunya (caso Turismo, caso Treball...) y otra retahíla de casos menores, sin perder de vista la conexión barcelonesa del asunto Filesa. Pero la novedad es que ahora el problema ha surgido en una de las instituciones señeras de la cultura catalana: el Palau de la Música y el Orfeó Català, y el inculpado forma parte de esta élite social que se autoconsidera a sí misma la “sociedad civil”.
Prueba de ello es que Fèlix Millet, el principal inculpado, figuraba como miembro de un sinfín de instituciones culturales, fundaciones y empresas locales (en una elocuente portada titulada “Un señor de Barcelona” el Periódico de Catalunya incluía 59 cargos ocupados por la susodicha persona). Era uno de los integrantes del G-16 barcelonés, un grupo de 16 entidades locales que celebran encuentros periódicos y cuya opinión juega un papel fundamental en la definición de prioridades políticas. En ella participan los principales clubs deportivos de la ciudad (FC Barcelona, RCD Español, Natación Barcelona, RC Polo, RC Tenis Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya), los exponentes de la cultura de élite (Ateneu Barcelonés, Cercle del Liceu, Orfeó Català, Cercle Artístic), un centro social de la alta burguesía (Círculo Ecuestre), el inclasificable Real Automóvil Club de Catalunya (una empresa más que otra cosa y, sobre todo, una importante organización en defensa de los intereses del sector automovilístico), así como las grandes organizaciones empresariales (Cambra de Comerç, Foment del Treball, Cercle d’Economía, Institut Català de Sant Isidre). Curiosamente, la existencia de este grupo de opiniones compartidas había pasado desapercibido a los medios de comunicación local (supimos de su existencia por una noticia del periódico económico Expansión), por más que su presencia era bien palpable. El affaire Millet afecta por tanto al corazón de la élite social barcelonesa. Quizás gran parte de la enorme respuesta periodística y la culpabilización social de Millet se explica por la necesidad de aislar su figura de una élite temerosa de ver cuestionados sus privilegios.
II. Que Félix Millet ha usado a su antojo los recursos que le han permitido la triple presidencia del Patronato del Palau de la Música, de la Fundación Palau de la Música y del Orfeó Català parece fuera de toda duda. Las noticias de su patrimonio acumulado, de su salario autoconcedido o su propia autoinculpación (diseñada como una calculada estrategia para eludir la cárcel y frenar la investigación) así lo demuestran. Lo realmente inaudito es que se le hubiera dado tanto poder a alguien que en el pasado ya había estado inculpado por un oscuro proceso de estafa colectiva (el affaire Renta Catalana). Porque lo grave es que el conjunto de estos organismos está fundamentalmente financiado con fondos públicos y en su junta participan representantes de la alta burguesía catalana y de las élites políticas (incluidas personal claramente ligado al Partit dels Socialistes de Catalunya, como la ex diputada Anna Balletbó, o una de las hijas de Pasqual Maragall). Personas que en bastantes casos, como el mismo Fèlix Millet, aparecen también vinculadas a otras entidades del G-16. Se trata de recursos especialmente cuantiosos porque durante el mandato de Millet se han emprendido dos grandes obras de remodelación del edificio que han absorbido una enorme cantidad de recursos (sólo la segunda empleó 24 millones de Euros), que dan fe de la enorme capacidad de drenaje ejercida por este sr. y sus secuaces. Y ello a pesar que ya en 2002 la Sindicatura de Comptes (el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas) detectó anormalidades, las cuales no impidieron que tanto las administraciones correspondientes como los propios patronos miraran para otro lado. Sin duda la personalidad de Millet, su capacidad de relaciones públicas, su origen y posición familiar (su tío fue el histórico fundador del Orfeó, una figura histórica de la ciudad) ayudaban a ello. Pero también han jugado a su favor otros factores que obligan a considerar que el caso va más allá de la mera historia del saqueador incansable.
Hay dos cuestiones que resultan especialmente notorias. De una parte, las relaciones políticas del propio Millet, bien conectado tanto con la derecha nacionalista catalana como con el Partido Popular, lo que explica la participación en el patronato de la delegación catalana de la Fundación FAES. Lo que empieza a aflorar es que desde la Fundación del Palau, básicamente orientada a obtener fondos para el propio Palau, financiaba a otras instituciones relacionadas con la derecha nacionalista catalana. En el momento de escribir estas líneas ya hay evidencia que ello ha tenido lugar con la Fundació Trias Fargas (de Convergència Democràtica de Catalunya) y con una no nata Fundació Espais que sirvió para tapar la quiebra del fallido proyecto del Partit per la Independència promovido por Àngel Colom y Pilar Rahola (y del que también participó el presidente del FC Barcelona Joan Laporta). Colom, al ser descubierta su implicación, alegó en su defensa que alguien le había recomendado acudir a Millet en busca de ayuda (y colgó intempestivamente la entrevista que le realizaba Manel Fuentes en Catalunya Radio cuando éste le preguntó si quien se lo había aconsejado era Artur Mas). Quizás tampoco sea casualidad que el abogado defensor de Millet sea Pau Molins, hijo de otro ex conceller convergente y miembro de una familia enriquecida con la producción de cemento (introductora exclusiva en España del cemento aluminoso causante de muertes y un gravísimo problema de vivienda en los barrios más humildes de Catalunya). Hay por tanto más que indicios de que parte de los fondos desviados han servido para engrasar una serie de instituciones del espacio de los partidos conservadores. Queda por ver si la financiación también llegaba a otras partes o si la complicidad del Partido Socialista se limitaba a mirar para otra parte lo que hacían sus rivales políticos, como muestra de esta especial omertá educada que tan a menudo practican las élites catalanas.
De otra parte, resalta una cuestión que va más allá del saqueo y la corrupción. Y es el tratamiento público que reciben algunos grandes operadores culturales y deportivos. En el actual modelo de competencia entre ciudades que genera la globalización, las élites políticas no dudan en dedicar ingentes recursos a promover iconos “culturales” y “deportivos” que actúen como marcas de la ciudad. Y es ahí donde las élites al estilo del G-16 barcelonés tienen una enorme capacidad de influencia y de orientación de las políticas públicas. De obtención de recursos sea por la vía directa de la financiación o por la indirecta de la recalificación urbanística. El problema de la aluminosis (que afectó a 35.000 viviendas en Catalunya, en muchos casos implicando el derribo y la reconstrucción) tuvo lugar en el mismo período del incendio del Liceo. Mientras este último se reconstruyó y amplió en cuatro años, los barrios afectados por la aluminosis aún tienen pendientes la solución de cerca de 1.000 viviendas tras 19 años de espera. Hoy alguno de los procesos urbanos más conflictivos que vive la ciudad de Barcelona tiene que ver con estos mismos intereses, como la cuestionada recalificación de terrenos del FC Barcelona en el barrio de Les Corts (para construir vivienda). O el mismo proyecto de hotel que impulsaba el propio Millet y que había conseguido una recalificación del espacio público “regalado” por el Ayuntamiento y la Generalitat. Un proyecto altamente cuestionado por el movimiento vecinal y que incluía a dosis variables especulación pura y dura del propio Millet, chapuza urbanística y cesión de interés público por parte de la administración. A tener en cuenta que en todas estas operaciones, junto a los promotores-especuladores y la Administración, juega un papel fundamental el arquitecto-estrella que “avala” la calidad e interés del proyecto. Los Tusquets, Bofill, Foster etc. son ellos mismos agentes activos de estas operaciones (Oscar Tusquets, que figuraba como “vedette” del proyecto de hotel y que fue quien remodeló el Palau de la Música, no ha dudado en salir corriendo cuando se ha destapado el caso y ha tenido la desfachatez de denunciar, con bastantes años de retraso, que las obras costaron la mitad de lo que se dijo).
III. Uno puede pensar que estamos ante un caso singular. Distinto al de la tradicional corrupción con la obra pública o las recalificaciones urbanísticas. Que Fèlix Millet es un caso especial de delincuente social. Pero es posible identificar con facilidad los parecidos o conexiones del caso con lo que ocurre en otros (empezando por el “Gurtel”) de nuestro entrono e incluso de otras latitudes.
Quizás Barcelona es una ciudad que ha explotado al máximo la creación de iconos con pretensión de universalidad. Pero el modelo es de aplicación más general y tiene variantes por doquier. Las recalificaciones fraudulentas a grandes clubs deportivos, e incluso la intervención pública ante la quiebra de proyectos privados es habitual en toda la geografía española (con los casos más evidentes del Real Madrid y el Valencia CF), como lo es asimismo la querencia por construir grandes “templos culturales” al tiempo que se dedica poco esfuerzo y recursos al fomento de la cultura de base (a mi entender uno de los elementos explicativos del problema del fracaso escolar, la ausencia de motivaciones y referencias cultas en las que vive una gran parte de nuestra sociedad). En los enormes dispendios en “fastos” y “proyectos vistosos” se cuelan enormes sumas. No es casualidad que toda la red tejida por Correa y sus adláteres esté relacionada con estas actividades: se trata de un espacio donde los costes reales resultan bastante opacos y donde es posible filtrar recursos sin que se note demasiado.
Está también la cuestión judicial. Si algo caracteriza a este país no es sólo la proliferación de casos de corrupción, sino también la enorme exquisitez con que sus señorías tratan a este tipo de delincuentes. En pocas semanas hemos presenciado cómo un manifiesto especulador por la vía de la información privilegiada (César Alierta, presidente de Telefónica, era exonerado gracias a la prescripción del delito), cómo el caso de un Presidente de comunidad autónoma que había recibido cuantiosos regalos de un presunto (y preso) delincuente era sobreseído gracias a la ignorancia de la información relevante. Y ahora estamos asistiendo a un proceso, el de Millet, en el que el juez demora intervenciones en detrimento de las posibles pruebas inculpatorias. Podríamos encontrar muchas más ilustraciones de un sistema judicial con inequívocas características de clasismo que engrasa nuestro modelo de capitalismo depredatorio.
Millet, en fin, forma parte de la clase de delincuentes de guante blanco que en los últimos años tanto han proliferado, llámense De la Rosa o Madoff. Cada uno de ellos constituye una historia particular, pero sus acciones, su largo tiempo de impunidad, sólo pueden entenderse si los situamos en el contexto de hábitos y comportamiento de la clase social que los cobija y del marco institucional y cultural que les deja espacios de actuación.
*Fuente: Mientras tanto electrónico. Número 73, octubre de 2009.
* Rebelión - Opinión - 7.10.09
Territorio aprueba 30 planes sin informe de la CHJ de inundabilidad en Castelló
LEVANTE* : Hace justo una semana un temporal de gota fría inundaba por completo bajos y calles de municipios de las Plana Baixa y Alta. El alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, responsabilizó de forma inmediata a la Confederación Hidrográfica del Júcar del desbordamiento del río Seco por no limpiar, dijo, las cañas del cauce y, ayer, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, le recordó que la "ordenación del territorio es competencia exclusiva de la Generalitat", y reprochó al Consell que haya aprobado en los últimos años un sinfín de proyectos urbanísticos con informes de inundabilidad negativos.
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló, que está controlada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha dado luz verde en los últimos tres años a 30 planes que carecen del informe de inundabilidad de la CHJ, según datos de la Confederación a los que ha tenido acceso Levante de Castelló. Este documento no es vinculante pero sí es preceptivo.
Cuatro de dichos 30 desarrollos han salido adelante con el voto contrario de la CHJ; es decir, el Consell les ha dado luz verde pese a proyectarse en zonas con riesgo de inundación. Se tratan del Plan General de Bejís, de dos planes parciales (ambos con campo de golf) en Sant Rafael del Río y de uno en Cabanes.
En otros 9 casos, la Comisión Territorial ha aprobado planes urbanísticos en los que la CHJ había pedido una ampliación de la documentación presentada y no había tenido tiempo de valorarla. Moragues explicó que en estos planes se presume afección a terceros por un previsto cambio en las corrientes o porque con la "escasa documentación aportada" ni siquiera se puede saber con exactitud "dónde está" la actuación.
Asimismo, hay otros 17 desarrollos en la provincia en los que la CHJ ha tenido conocimiento por distintas vías que no han sido enviados a este organismo para que los analice, mientras hay otros 16 proyectos que han sido informados desfavorablemente por motivos de inundabilidad y que todavía no han sido aprobados por la Comisión de Urbanismo.
El presidente de la CHJ instó a reflexionar sobre la política urbanística, "ya que las lluvias están siendo, cada vez más, agresivas". A su juicio, "tenemos que acostumbrarnos al territorio en el que vivimos y si agredimos al territorio, que no nos extrañe que se defienda". El diputado nacional del PP, Miguel Barrachina, acusó hace un año a la CHJ de "asfixiar" a la Comunitat con sus informes negativos.
Por su parte, un portavoz autorizado de la Conselleria de Medio Ambiente negó que las comisiones territoriales aprueben proyectos con informe negativo de inundabilidad, y mostró su extrañeza por las palabras de Moragues.
Patricova
El responsable de la CHJ añadió además que el plan de acción territorial sobre prevención de inundaciones (Patricova) "habría que actualizarlo", e indicó que el Gobierno trabaja junto con la Generalitat en la cartografía de riesgo porque "se inundan sitios que el Patricova no los califica como de riesgo".
* Levante-EMV - JOAN MESTRE/J.S. - 6.10.09
Foto: La gota fría inundó las calles de Burriana entre otros municipios. levante-emv
