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ELPAÍS/Vizcaya* : Santurtzi asiste desde hace tres años a la batalla judicial por derribar un céntrico colegio centenario para construir en su lugar cien pisos de lujo. ¿Puede un colegio ya centenario competir con la recalificación de su céntrico solar para construir viviendas de lujo? Desde hace tres años, Santurtzi vive pendiente de una batalla que, en el marco de una economía de cemento y ladrillo, parece desequilibrada a priori. Pero el humilde centro educativo resiste, soportado en un unánime respaldo vecinal que incluso lo ha convertido en icono.
Hasta el punto de que la incertidumbre sobre su futuro ha traspasado las barreras municipales. El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, anunció ayer en la localidad vizcaína que presentará una iniciativa urgente ante el Parlamento para "comprometer" al Ejecutivo autónomo "en defensa de la escuela".
No se refería a un asunto menor. La incertidumbre en torno al futuro de Hijas de la Cruz es poco menos que una cuestión de Estado en la octava localidad más poblada de Euskadi. Ha mantenido en vilo a los vecinos de Santurtzi, muchos de los cuales han llegado incluso a lucir enseñas moradas en sus ventanas y balcones como muestra de solidaridad con el colegio, en el que estudian unos 500 alumnos.
Todo se remonta al mes de agosto de 2006, cuando el entonces alcalde, el socialista Javier Cruz, firmó un decreto para modificar el uso educativo de la parcela y permitir la construcción de un centenar de pisos. Fue el punto de partida de una intensa batalla judicial que está en pleno apogeo.
El origen del conflicto radica en la lucha por la titularidad de la fundación propietaria de la escuela. El heredero del fundador, Juan Manuel Mitjans, la asumió por su cuenta hace tres años y vendió el colegio, con sus 6.000 metros cuadrados, a una promotora por sólo nueve millones de euros. Todo apuntaba entonces a la inmediata entrada de la piqueta, pero, instigado por la oposición, el regidor rectificó y se comprometió a garantizar la continuidad del centro. El Ayuntamiento inició entonces la protección del solar frente a operaciones urbanísticas a través de su planeamiento y, con el apoyo del Gobierno vasco, reclamó también ante los tribunales el patronazgo de la institución.
La casualidad ha querido que tanto el gobierno local, como el autonómico, hayan cambiado de manos con el tiempo y la cuestión de la titularidad del colegio, clave para determinar si su venta se ajustó a derecho, aún no se ha dilucidado. El fallo del Tribunal Superior estaba previsto para el próximo día 22, pero se ha retrasado. El nuevo Ejecutivo de Vitoria, eso sí, ha modificado la postura del anterior y, aunque obligado legalmente por "silencio administrativo", ha reconocido como patrón a Mitjans. "No podemos permitir que la especulación se anteponga a un proyecto educativo centenario", recalcó ayer Oyarzabal.
* ELPAIS.com - UNAI MORÁN - Bilbao - 16/09/2009
Foto: Santurtzi (Vizcaya) - usuarios.lycos.es
Enseñanza frente a la especulación
Medio Ambiente sigue con los PAI de Parcent pese a sus deficiencias
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LEVANTE/Alicante* : La Conselleria de Medio Ambiente ha confirmado al Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, que los expedientes de los tres planes urbanísticos aprobados en Parcent (Alicante) continúan su trámite "a efectos de aprobación", pese a contar con "deficiencias urbanísticas". Con un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Conselleria ha respondido así al Síndic, quien solicitó un informe relativo a los Programas de Actuación Integrada (PAI) de El Replà, El Cantalar y La Solana, al investigar la queja presentada a esta institución por parte de la asociación Veïns de Parcent.
Los tres planes urbanísticos, aprobados por el Ayuntamiento de Parcent en enero de 2006, prevén urbanizar 1.300.000 metros cuadrados con cerca de 1.800 nuevas viviendas y una previsión de más de 5.000 nuevos habitantes para un pueblo de cerca de 1.000 habitantes.
Así pues, el informe, remitido a Cholbi el pasado 18 de agosto, recoge que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emitió para cada uno de los planes urbanísticos, dos informes desfavorables que recomiendan clasificar "como suelo no urbanizable de especial protección" el terreno a construir y, además, recoge "una relación de especies que se verán amenazadas por el desarrollo urbanístico".
Asimismo, la Conselleria indica que "no ha recaído resolución definitiva" sobre los PAI, puesto que se encuentran a la espera de que desde el consistorio de Parcent "se subsanen las deficiencias indicadas" en las tres advertencias de caducidad enviadas desde el 17 de diciembre de 2008.
Estas advertencias indicaban que de no subsanarse las deficiencias por parte del ayuntamiento, los expedientes caducarían en tres meses.
No obstante, según el informe de Conselleria, la última de ellas tuvo lugar el 18 de marzo de 2009, por lo que el plazo de tres meses ya ha expirado, si bien la Administración, a fecha de 16 de agosto, mantiene el trámite de los expedientes y continúa a la espera de la subsanación de las deficiencias de éstos por parte del Ayuntamiento.
Respecto a los recursos hídricos, el escrito confirma que el plan urbanístico cuenta con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"Los tres PAI deberían haber ya caducado pues el plazo ha vencido sobradamente" han indicado desde Veïns de Parcent, para quienes estos planes urbanísticos "cuentan con deficiencias de carácter urbanístico, de afección forestal y un informe desfavorable de la CHJ".
Para este colectivo resulta "sorprendente" que Medio Ambiente "siga pidiendo al Ayuntamiento, fuera de plazo, que se subsanen las deficiencias cuando ya habían advertido de la caducidad", por lo que no entienden el "porqué todavía no se ha declarado la caducidad de los PAI".
* Levante-EMV - EFE - 16.09.09
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com
Piden 9 años de inhabilitación para el alcalde de Melón por prevaricar
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LAVOZ/Ourense* : El alcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), podría verse obligado a abandonar el cargo por haber promovido la construcción de un pabellón de deportes sin las preceptivas licencias de obra y sin las correspondientes autorizaciones de Patrimonio y Urbanismo, junto al monasterio de Melón.
El regidor municipal fue denunciado ante el Juzgado de Ribadavia por dos vecinos -Luis Chao, arquitecto y ex senador del mismo partido en el que milita Pardellas, y Esther Pérez Álvarez- tras una serie de denuncias anteriores ante Urbanismo y Patrimonio por parte de otros vecinos que no surtieron el más mínimo efecto.
Tras la instrucción realizada en el Juzgado número 1 de Ribadavia, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal solicita que Alberto Pardellas sea juzgado «por un delito de prevaricación urbanística» y pide que «se le imponga la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 18 meses a razón de 20 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del Art. 52 del Código Penal, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años». El alcalde de Melón tendrá que comparecer ante uno de los juzgados de lo penal de Ourense, aunque todavía no está fijada la fecha para el juicio.
El conjunto monumental de origen cisterciense de Melón tiene la consideración de monumento histórico artístico desde 1931 y, además, cuenta con la consideración de bien de interés cultural (BIC), figuras de protección que, entre otras cuestiones, incluyen la obligación de contar con un informe preceptivo y vinculante de la Consellería de Cultura para realizar cualquier actuación en un radio de 100 metros lineales desde la parte más exterior del monumento. A escasos 70 metros del monasterio se iniciaron, en enero del 2005, los trabajos para la construcción del pabellón de deportes. Primero en su condición de alcalde en funciones y con posterioridad como alcalde electo de Melón, Alberto Pardellas fue en todo momento el promotor del proyecto y, según consta en la documentación presentada por la denuncia vecinal, contra los informes del propio secretario municipal.
Las obras, sin finalizar
A pesar de los sucesivos requerimientos de la Xunta, desde Urbanismo y Patrimonio, y de las órdenes de paralización y demolición de lo construido, el proyecto del pabellón de deportes se ha retomado en diferentes etapas, aunque no están finalizadas las obras.
Pardellas presentó recurso contencioso-administrativo contra la orden de derribo de Política Territorial. En sentencia de 20 de mayo del 2008, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso e impuso las costas al Concello de Melón, «pues sostener sus pretensiones con total carencia de fundamento tiene que ser calificado de temerario».
* La Voz de Galicia - Xosé Manoel Rodríguez - 16.09.09
Foto: Pardellas promovió sin licencia el pabellón a 70 metros del monasterio pese a que la ley establece que debía contar con un informe de Cultura - SANTI M. AMIL - lavozdegalicia.es
Pamplona: La licencia de obras de la Ciudad de la Música caduca antes de comenzarlas
DIARIODENAVARRA* : Debería escucharse el fragor de las excavadoras, las voces de los operarios o el rumor de la tierra y los escombros que se agolpan. En definitiva, el trajín que precederá a los futuros ecos de música e instrumentos en el solar en el que se edificará la Ciudad de la Música de Pamplona, ubicada junto a la nueva Biblioteca y Filmoteca en Mendebaldea.
Pero el paisaje es muy diferente, y muestra una quietud insospechada. En la segunda semana de febrero se firmó la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Pamplona, con un plazo de seis meses para comenzar a ejecutar las obras. Pero las cuentas no salen. Han pasado casi siete meses y el terreno sigue igual que al principio. "No nos habíamos fijado que había caducado el plazo para comenzar las obras, por lo que vamos a proceder a pedir una prórroga de la licencia", admitió José Ramón Lasanta Montes, jefe de la Sección de Obras del Departamento de Educación.
Las vicisitudes de un proyecto
El Gobierno de Navarra autorizó el 4 de mayo el contrato de las obras de construcción de la parte dependiente del Departamento de Educación, es decir, las sedes del Conservatorio Superior y Profesional de Música de Navarra. Para ellas se destinó una partida de 28.364.887 euros, una cantidad notablemente superior a los 15 millones de euros anunciados para el complejo musical en septiembre de 2005.
En principio, las solicitudes de participación u ofertas debían presentarse entre el 21 de mayo y el 4 de julio.
Pero el Servicio de Obras y Mantenimiento del Departamento de Educación modificó en junio algunos contenidos del pliego de cláusulas administrativas, porque se dieron cuenta "de que podían tener problemas en la adjudicación", apunta Lasanta.
En estas correcciones se aumentó el valor de la propuesta técnica o se introdujo la obligación de depositar una garantía complementaria para la formalización del contrato, entre otras cuestiones.Por ello, el proceso volvió a retrasar la presentación de ofertas hasta el 10 de agosto.
"Por el momento, hemos recibido propuestas de 19 empresas. Se está realizando la valoración técnica de los constructores y esperamos que la apertura de previsión económica se realice el 21 de septiembre", prosigue Lasanta. Desde el Departamento de Educación aseguran que "las obras comenzarán con seguridad este año".
Por otra parte, la secretaria técnica del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Muñoz, asegura que no tiene constancia oficial de que hayan comenzado las obras de la futura Ciudad de la Música.
De modo paralelo, el pasado viernes 11 de septiembre se abrió el plazo que concluye este domingo para presentar las ofertas a la dirección de ingeniería, dirección técnica de arquitectura y de aparejador-arquitecto técnico de las obras.
Una demanda antigua
La arraigada cultura musical de Pamplona exige desde hace años unas instalaciones acordes a esta sensibilidad. Las aulas de la calle Aoiz (conservatorio superior) y Teresianas (profesional) no cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica de Educación, por lo que en 2005 comenzó a plasmarse sobre el papel la futura Ciudad de la Música. Las expectativas iniciales eran muy halagüeñas y preveían que el complejo estuviese concluido en 2007. Han pasado dos años y ni siquiera se ve cercana la fecha en la que comiencen las obras.
El proyecto del Conservatorio Profesional y Superior de Música de Navarra incluyó inicialmente la sede de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que finalmente se alojará en el Auditorio Barañáin.
El Gobierno estimó que el complejo, obra de los arquitectos Fernández Militino y Tellechea (TYM), estaría concluido en el año 2011. El dinero presupuestado se repartirá a lo largo de tres ejercicios: 2,6 millones en 2009; 11,1 en la partida presupuestaria de 2010, y finalmente 13 millones para 2011.
El Conservatorio Profesional, con una superficie útil de 6.038, 26 metros cuadrados, se edificará en la calle Ermitagaña, frente a la ikastola Jaso. Albergará seis aulas colectivas, 25 aulas de música, 35 salas de instrumental, 25 cabinas de estudio, biblioteca y sala informática, entre otras estancias.
Por su parte, el Conservatorio Superior contará con una superficie útil mayor, en concreto 7.433,04 metros cuadrados, y se ubicará detrás del Profesional. Contará con un auditorio y seis aulas colectivas, mediateca, biblioteca, 25 cabinas de estudio o 25 aulas de música de cámara, entre otras dependencias.
* Diario de Navarra - MICHELLE UNZUÉ - 16.09.09
Foto: Frente a la futura Biblioteca y Filmoteca de Navarra, cuyas obras avanza a buen ritmo, se ubica el solar de la Ciudad de la Música, vacío y sin actividad. - diariodenavarra.es
El TS ratifica la anulación del Plan Especial del Parque Temático Al-Mansur
EUROPAPRESS/Córdoba* : El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tomó hoy conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica la anulación del Plan Especial del Parque Temático Al-Mansur que la empresa Antrax TDL pretendía levantar cerca del yacimiento arqueológico Medina Azahara.
Según informó hoy en rueda de prensa el presidente de la GMU, Francisco Tejada (IU), esta sentencia confirma una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el acuerdo plenario de febrero del año 2000 en el que se denegaba la aprobación provisional del plan especial.
Tejada recordó que la empresa interpuso un recurso diciendo que el Ayuntamiento había cometido una infracción por ello y el TSJA confirmó el acuerdo municipal.
Por otro lado, el consejo rector abordó también el expediente de expropiación forzosa de los terrenos por donde discurrirá la futura travesía de Villarrubia, por lo que calculó que el inicio de las obras se llevarán a cabo el año que viene.
La actuación permitirá adaptar la actual carretera A-431 a las necesidades actuales y futuras de la circulación y de la población, dando un carácter más urbano a la vía y dotándola de mayor seguridad vial y accesibilidad en el entramado urbano
El responsable de urbanismo recordó que la Junta de Andalucía asume el cien por cien de la ejecución de la obra, que supone un ahorro de dos millones de euros para el Ayuntamiento de Córdoba. Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de las expropiaciones.
* Europa Press - 14.09.09
Foto: Córdoba, vista Medina_Azahara - wikanda.cordobapedia.es
La Coordinadora Ecologista denuncia la falta de planificación del Principado
LNE* : La Coordinadora Ecologista de Asturias ha sido la primera en responder a la adjudicación de parques eólicos efectuada por la Consejería de Industria este fin de semana. En un comunicado hecho público ayer acusa al Gobierno regional de efectuar un proceso energético «sin planificación ni lógica que nos lleva a aumentar los problemas ambientales que ya tenemos».
Los ecologistas consideran que los cuarenta parques autorizados para el Occidente suponen «un disparate ambiental» e indican que el Principado no ha tenido en cuenta el impacto conjunto de las instalaciones, lo que «precisaría un estudio de impacto estructural que no se ha realizado». El estudio de impacto estructural está recogido en el decreto 1/2004 de 22 abril y se refiere a los proyectos de ordenación del territorio y urbanismo que afectan a numerosos núcleos de población de forma conjunta, según los datos que expone la Coordinadora.
Además, explica, todos esos parques precisarán líneas de evacuación energética, además de subestaciones eléctricas con sus consiguientes impactos en el territorio. Este aumento de la producción energética motivará, según los ecologistas, que «de hacerse todo lo que consiente el Principado, van a ser insuficientes las tres líneas de 400 Kv proyectadas, las 15 nuevas subestaciones de alta tensión y sus 30 líneas de alta».
La Coordinadora dice que los proyectos del sector empresarial energético que ha aprobado el Principado «suponen una muestra de su ceguera, que persiste en convertirnos en monocultivo energético primario». Además, los ecologistas dicen que la postura del Gobierno asturiano desdice al Gobierno central, que apuesta por instalar las centrales lo más cerca posible del punto de consumo, para evitar el transporte de energía y las pérdidas energéticas durante su evacuación.
* La Nueva España - T. CASCUDO - 15.09.09
Foto: parque_eolico - ecologismo.com
Daños colaterales de la corrupción urbanística
MANUEL PARDO CASTILLO* : Es difícil abrir las páginas de un periódico, escuchar la radio o hacer "zapping" en la televisión sin que nos encontremos con uno o más casos de corrupción urbanística en España. "Transparencia internacional" es un organismo que hace anualmente el ranking de la corrupción de los diferentes paises del mundo. En el año 2.007 España ocupaba el poco honroso lugar vigésimo tercero y hoy ha descendido al puesto trigésimo sexto.
En una encuesta publicada por el DIARIO MONTAÑES el 30 de enero de 2.007 se decía que el 82,4% de los preguntados pensaban que la corrupción era preocupante en Cantabria, responsabilizando a políticos y funcionarios, aunque, añadían, que creían que no se había llegado al nivel de otras partes.
El ciudadano normal cuando oye hablar de corrupción urbanística piensa que alguna autoridad o funcionario ha dictado una resolución injusta a sabiendas (prevaricación) a cambio de la percepción de una determinada cantidad de dinero (cohecho). Es decir, que se ha dado un 'pelotazo urbanístico'. Mediante este censurable y delictivo proceder se han amasado grandes fortunas en España.
Pero decir que alguién se ha beneficiado a título personal prevaliéndose de su cargo público es decir poco. Y es que con ser grave el enriquecimiento injusto que conlleva la corrupción urbanística ésta tiene numerosos efectos colaterales que, creo, interesa resaltar porque suelen pasar desapercibidos.
España, al constituirse en un Estado social y democrático está consagrando el carácter servicial de la Administración y, por tanto, su carácter instrumental puesta al servicio de los ciudadanos. El artículo 103 de la Constitución dice que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales ... con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
La ética pública y la preparación deben ser señales identificadoras de la función pública que se caracteriza por el servicio público. De entre los informes y documentos más conocidos e importantes sobre esta materia en el mundo occidental está el informe Nolan, denominado así por el apellido del Presidente de la Comisión que elaboró en 1.994, a petición del Primer Ministro británico, un documento sobre 'Normas de conducta para la vida pública' y cuyos principios más relevantes son: 1. Desinterés privado. Sólo deben tomarse decisiones con arreglo al interés público. 2. Integridad. Los que ocupan cargos públicos no debieran tener relación financiera o de otra índole con personas o empresas que puedan influir en sus decisiones. 3. Responsabilidad. Deben ser responsables de sus decisiones. 4. Transparencia. Tienen obligación de declarar sus intereses privados y 5. Liderazgo. Los que ocupan cargos públicos deben fomentar estos principios con su liderazgo y ejemplo.
Llegados a este punto podemos decir que la corrupción supone un grave atentado a la misma esencia del servicio público al convertirse el interés público en interés personal. Lo que se produce cuando hay corrupción es una falta de confianza en la democracia ya que los intereses de los ciudadanos son postergados en beneficio privado de quienes les gobiernan.
Se falsea el sistema de mercado y se socavan los principios de publicidad y concurrencia, porque ¿de qué le vale a una empresa hacer inversiones en mejorar su funcionamiento y eficacia si otras de menos entidad gozan del favor de las autoridades o funcionarios de turno?
Las prácticas corruptas rompen el principio de igualdad ya que aquellos que no las practican se ven en clara desigualdad a la hora de ejercer su actividad mercantil. Y no nos olvidemos de que desde el punto de vista económico, se elevan los precios de los bienes y servicios porque en el presupuesto hay que repercutir el precio de la 'mordida' y que muchos adquirentes de buena fe resultan seriamente perjudicados.
En definitiva, lo que prevalece es un clima social de engaño y mentira en el que todo se mide en función del dinero y del poder y en el que se pierde, poco a poco, la referencia humana que es fundamental en el sistema democrático.
Armas hay para frenar la corrupción (véanse en el ámbito municipal el art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local y su modificación por la nueva legislación urbanística nacional). Echamos en falta más periodismo de investigación y una justicia más ágil porque como dicen los ingleses 'Justice delayed, justice denied' (Justicia demorada, justicia denegada) y, desde luego, acabar con la tolerancia ante los corruptos como cuando oimos frases como 'roba pero es de los nuestros'.
Instrumentos no faltan pero ¿hay voluntad?
*Manuel Pardo Castillo es abogado
* El Diario Montañés - Opinión - 15.09.09
El Atrium está parado a los 6 años de detectarse sus 88.576 metros de más
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ELPAÍS/Alicante* : ESta semana se cumplen seis años de la muerte de tres trabajadores en las obras del complejo Gran Magic Atrium Beach, y de su paralización. A raíz de los accidentes, se reveló que la obra tenía un exceso de volumetría no permitido equivalente a once plantas de altura (88.576 metros cuadrados), que motivaron el anuncio de Rafael Blasco, entonces consejero de Territorio, de una "sanción ejemplar" que quedó en nada. Las obras, a día de hoy, siguen paradas por problemas legales y falta de financiación.
La primera licencia de obras que recibió el hotel en 1999 estaba condicionada al otorgamiento de la licencia de actividad y a la entrada en vigor de la revisión del PGOU y del estudio de detalle en tramitación. Aunque los informes municipales confirman que la empresa no subsanó las deficiencias notificadas, el empresario dio por concedida la licencia por silencio administrativo e inició la obra en 2002.
Las obras recibieron siete decretos de paralización entre el 21 de marzo de 2002 y el 17 de ese mes de 2003. A principios de 2003 un informe de la arquitecta municipal daba cuenta de un exceso de edificabilidad de 88.576 metros cuadrados cuando ya estaba acabándose la estructura del complejo, que tasó en 102 millones. Pero estos dos expedientes sancionadores se archivaron porque, como los decretos de paralización, se notificaron a Atrium Beach SL, del mismo dueño, pero no a Hotel Luna SA, responsable del Atrium.
El 11 de septiembre de 2003 falleció un trabajador en accidente y seis días más tarde otros dos. El Consell concluyó que las obras no se ajustaban a la normativa urbanística municipal. Y un año después impuso una sanción de 12 millones de euros que no se pagó al aducir la empresa que había recibido la resolución fuera del plazo legal de seis meses. Y ganó. El fallo judicial llegó en 2007, cuando la infracción había prescrito.
El 20 de octubre de 2005 el Pleno aprobó definitivamente el Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) que debía legalizar la situación. Y acabó en el juzgado.
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 2008 habrían modificado sustancialmente la situación legal de la obra. Una desestimó la idea de Hotel Luna SA de elevar la edificabilidad del PRIM y la otra anuló su aprobación al no ser conforme a derecho. Las licencias de obra del 18 de diciembre de 2006 y del 21 de mayo de 2007 quedaron sin cobertura legal.
Mientras el PRIM espera la sentencia definitiva del recurso presentado por el promotor al Tribunal Supremo, la empresa Garocala presentó otro Plan de Reforma para reordenar toda la zona donde está el Atrium. Ese nuevo PRIM ha sido aprobado por la Consejería y nadie ha recurrido, según Javier García, vicepresidente de la promotora del Atrium. Por ello pase lo que pase con el primero, García cree que disponen de una licencia de obras en vigor ratificada por una cédula urbanística. El Consistorio guarda un absoluto hermetismo. "El tema del Atrium está aparcado", repite.
Hotel Luna ha gastado ya 70 millones en la obra, que rebautizará como La Vila Resort y tendrá 1.404 habitaciones. La inversión total superará los 250 millones. El promotor espera encontrar financiación y retomar la obra antes de final de año.
La historia del Atrium Beach
- Licencia. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa otorga licencia en junio de 1999, condicionada a una serie de requisitos
- Proyecto. La empresa presenta un proyecto de ejecución en julio de 2001 con la solicitud de concesión de licencia
- Exceso de construcción. Un informe detecta en febrero de 2003 la construcción de 88.576 metros de más.
- Expediente. Primer expediente sancionador del Ayuntamiento en marzo de 2003 por obras sin licencia
- Tres muertos. Dos accidentes, el 11 y el 17 de septiembre de 2003, causan la muerte a tres obreros. La obra se paraliza el 18.
- Sanción fallida. En octubre de 2004, Territorio comunica la sanción de 12 millones fuera del plazo legal.
- Legalización. La Vila aprueba el PRIM en julio de 2004.
- Permiso de obras. Decreto municipal en mayo de 2007 para retomar las obras
- Demolición incumplida. Un informe municipal revela que no se demolió el exceso de obra y que la licencia superaba la volumetría autorizada
- Anulación. El TSJ anula el PRIM en julio de 2008
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 14/09/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), hotel Atrium Beach (archivo) - laverdad.es
Los monjes huidos de León por protestas vecinales regresan hoy a su monasterio
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ABC* : A las once y media de la mañana de ayer llegaron al aeropuerto de Barajas los benedictinos que en agosto tuvieron que abandonar, escoltados por la Guardia Civil, su monasterio de San Salvador del Monte Irago, en Rabanal del Camino (León), ante la ira vecinal desatada a cuenta de la restauración de la iglesia románica del pueblo, de la que es párroco uno de los cenobitas, y de «la falta de respeto a nuestras costumbres y tradiciones», según denunció la junta de vecinos.
El superior de la comunidad religiosa, Juan Antonio Torres, declaró a ABC nada más pisar Madrid, procedente de Alemania -donde se había refugiado-, que «sólo espero que en España se respete el derecho a la libertad religiosa y a la propiedad privada y, con el obispo de Astorga a la cabeza, mañana -por hoy- podamos volver a nuestra casa».
La marcha de los monjes se produjo el pasado día 18 de agosto, precisamente cuando mayor es la afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que dan cobijo físico y espiritual, y cuando se dispara la presencia de vecinos, con la llegada de los veraneantes, en las siete parroquias que tienen encomendadas en la zona.
Actitudes violentas
Desde el Monasterio se emitió entonces un comunicado relatando cómo «durante la celebración de la Eucaristía no sólo se habían proferido insultos contra los monjes sino que, debido a las actitudes violentas, fue precisa la intervención de los guardias civiles para proteger nuestra integridad física». En este mismo comunicado manifestaban su rechazo «al empleo de la violencia física o moral como medio de solución de cualquier conflicto», y dejaban claro que el objeto de la trifulca, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, «es monumento declarado Bien Interés de Cultural por la Junta de Castilla y León y, en cuanto tal, corresponde únicamente a la Dirección General de Patrimonio la responsabilidad sobre cuantas obras se lleven a cabo en él».
Después de despachar en otros puntos las acusaciones de desaparición de obras de arte y hasta de querer modificar la configuración urbanística de la localidad, la comunidad benedictina subrayaba que «Nuestro Señor, venerado en Rabanal como el Bendito Cristo, nos manda amarnos y perdonarnos. En ese espíritu pedimos disculpas a cuantos se puedan haber sentido ofendidos por nuestras acciones, al mismo tiempo que perdonamos cuantas ofensas hemos podido recibir a los largo de estos días».
Exactamente lo mismo que el padre Torres repitió a este periódico hace una semana desde la Archiabadía de Santa Otilia, en el estado alemán de Baviera, de la que depende su comunidad, y desde donde se lamentaba de la situación de desatención que se estaba produciendo no sólo en sus parroquias sino hacia los cientos de caminantes que se dirigen a la tumba del Apóstol y que cada día esperan encontrar en ellos alimento para el espíritu y para el cuerpo, tanto en su convento como en su hospedería y en su hospital de peregrinos. Entonces, cuando aún no se sabía la fecha del regreso, el superior de los cuatro monjes que habitan este cenobio leonés rechazó hacer más declaraciones públicas justificando la decisión por la orden de su archiabad de que vivieran estos acontecimientos «con el mismo silencio y la misma voluntad de sacrificio con que Cristo vivió el calvario».
Almuerzo en un convento
Ayer, tras almorzar en un convento de monjas benedictinas próximo al aeropuerto, los monjes huidos emprendieron camino hacia León con la intención de pasar noche en Astorga y recuperar hoy el monasterio.
«Ya ha tenido que ir la fuerza pública a desbloquear la puerta -explicó- y confiemos en que al menos cuando lleguemos se nos respete el derecho a la vida. Ya veremos si se atreven, con el obispo a la cabeza, a impedir que entremos en nuestra casa», asegura Torres. Hoy sabremos cómo acaba la gesta de reconquista de los benedictinos de San Salvador del Monte Irago.
* ABC - VIRGINIA RÓDENAS - 14.09.09
Foto: Rabanal del Camino (León) - abc.es
Cárcel para los dueños de un chalé por incumplir la orden judicial de derribo
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DIARIODESEVILLA* : Un juez ha ordenado el encarcelamiento de dos personas para cumplir una condena de seis meses de cárcel, dado que aún no han cumplido la orden judicial de demolición de una vivienda declarada ilegal en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos .
Fuentes judiciales informaron ayer de que el Juzgado Penal 9 ha ordenado el ingreso en prisión de los dos condenados, miembros de la misma familia, por no haber demolido una vivienda y una piscina en la llamada Zona M de esa urbanización, situada en una zona forestal protegida, según sentencia firme de la Audiencia Provincial. El juez ha ordenado que la Policía y la Guardia Civil los detengan para su posterior ingreso en prisión, medida que sólo podrán eludir provisionalmente si recurren la decisión judicial.
Estas dos personas fueron inicialmente absueltas, en julio de 2007, por el Juzgado Penal porque levantaron las construcciones en medio de la "tolerancia municipal", que llegó a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 500 vecinos de la misma urbanización.
La Audiencia Provincial de Sevilla revocó en enero pasado la sentencia y condenó a los propietarios a seis meses de prisión, el pago de una multa y a derribar a su costa las construcciones como única manera de reparar el daño.
La sala tuvo en cuenta que los procesados no habían pedido licencia al Ayuntamiento y que no era posible darla ni legalizar lo construido, pues hasta que no se apruebe el avance de PGOU de Castilblanco, que prevé legalizar algunas construcciones de la zona, no tiene ningún valor en el procedimiento penal porque el suelo sigue siendo no urbanizable.
Tras la sentencia firme de la Audiencia, el Juzgado Penal 9 requirió a los condenados el pasado 17 de febrero para que ejecutaran el derribo y hasta ahora no lo han hecho, a pesar de que fueron apercibidos personalmente de que podían incurrir en un delito de quebrantamiento de condena si no obedecían.
Ahora, el Juzgado les ha denegado la suspensión del derribo y también la propia suspensión del ingreso en prisión -que se acuerda en condenas de menos de dos años de cárcel si el interesado carece de antecedentes- dado que no han cumplido los requisitos legales, que incluyen la reparación del daño causado.
La primera orden de ingreso en prisión por un delito contra la ordenación del territorio en la provincia de Sevilla se produjo el pasado mes de enero, cuando el Juzgado Penal 10 ordenó el encarcelamiento de un vecino condenado a seis meses de cárcel por construir un chalé contrario al ordenamiento en el paraje Las Perreras y Mesa Carrasco de Gerena. El interesado eludió finalmente la cárcel al demoler de inmediato la construcción, han informado a Efe las citadas fuentes.
La Fiscalía para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha emprendido numerosas acciones contra chalés levantados en zonas protegida de la provincia, en especial en Las Minas de Castilblanco de los Arroyos.
* Diario de Sevilla - EFE - 14.09.09
Foto: Parcelas en construcción en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. - diariodesevilla.es
El ladrillo agota el beneficio del 'boom'
PÚBLICO* : Cinco años de explosión de beneficios para las inmobiliarias que aprovecharon la expansión urbanística desaforada están a punto de desaparecer. Las promotoras han necesitado sólo año y medio para perder el 89% de las ganancias acumuladas entre 2003 y 2007, los ejercicios dorados del boom inmobiliario. Desde enero de 2008 hasta junio pasado, estas empresas suman ya 7.217 millones de pérdidas, frente a los 8.114 millones atesorados en los citados cinco años.
De momento, las compañías del sector del ladrillo ya se han comido todo el beneficio de los tres últimos años de bonanza, de 2005 a 2007. Y si siguen a este ritmo, al cierre de este ejercicio pulverizarían todo lo cosechado en el boom.
Es cierto que una parte importante de esos beneficios en algunos casos, hasta la mitad ya han sido devorados por los propios accionistas de las promotoras, que se repartieron pingües dividendos en época de bonanza.
Pero las ganancias que no van a dividendos pasan a engordar los fondos propios de las empresas, que son el verdadero colchón de dinero en caso de problemas financieros, con lo que si los números rojos continúan, empeorará aún más su solvencia.
Sin embargo, hay ya una señal positiva que alegra un poco el sombrío panorama de un sector que entró en barrena en septiembre de 2007. En el primer semestre de este año, las principales inmobiliarias que cotizan en bolsa han logrado reducir sus pérdidas un 75%, hasta 1.217 millones.
Arañar liquidez
No obstante, la mejora no tiene nada que ver con el negocio, sino con que estas empresas han luchado con uñas y dientes por lograr liquidez vendiendo edificios y suelos in extremis. Y, por otro lado, las promotoras han tenido que hacer menos provisiones por la depreciación de sus activos que hace un año, es decir, han tenido que aportar menos dinero como colchón para compensar este menor valor.
Mientras tanto, el descalabro en la venta de viviendas sigue mermando los ingresos de las inmobiliarias, que bajaron un 21%, hasta 2.038 millones entre enero y junio. A eso se une que la venta de terrenos, otra destacada vía de negocio para muchas inmobiliarias, también está casi parada: las transacciones cayeron un 37% en el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Vivienda.
Más preocupante es aún el dato de la deuda de las principales inmobiliarias cotizadas con la banca. Este agujero alcanza ya los 31.851 millones, mucho más que todos los beneficios de las empresas del Ibex 35 en el primer semestre, que superaron los 21.500 millones.
Las perspectivas de recuperación son lentas, pero se dan leves signos, como el hecho de que esta deuda financiera haya bajado un 17%.
Stock que se vende
En ventas, "estamos detectando que las promotoras que primero optaron por bajar precios para vender viviendas ya están logrando reducir su stock", afirma Javier García Mateo, director de análisis e investigación de mercados de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. A juicio de García Mateo, la recuperación sigue dependiendo de estas rebajas.
La crisis inmobiliaria ya se ha cobrado una decena de suspensiones de pagos de grandes promotoras y centenares de otras pymes del sector. Por el camino han caído Martinsa Fadesa, Habitat, Aifos, Tremón y, el viernes pasado, Nozar.
* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 14/09/2009
Foto: Crisis inmobiliaria - publico.es
El TSJ mantiene la anulación del PAI Mestrets pese a la sentencia que perdieron los vecinos
LEVANTE/Castelló* : El fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia que anuló el PAI Mestrets mantiene su vigencia y no se ve influenciado por la sentencia posterior con la que el mismo tribunal rechazó el recurso contencioso paralelo de otro grupo de vecinos agraviados, según confirmaron esta semana fuentes del TSJ.
Las mismas fuentes precisaron que la última resolución no invalida la primera porque se trata de argumentos y de recurrentes distintos. Es por ello que el fallo judicial sigue en vigor a menos que el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana opten por interponer un recurso ante el Tribunal Supremo esgrimiendo que las dos sentencias del TSJ son contradictorias.
Esta aclaración matiza la postura del gobierno del ayuntamiento (PP), el cual había presentado a la opinión pública la segunda sentencia del TSJ como una prueba de la "legalidad" de uno de los desarrollos urbanísticos que han suscitado mayor polémicos y contestación vecinal en Castelló durante la última década.
Mientras tanto, el Consell y el ayuntamiento siguen a la espera de que el Tribunal Supremo admite a trámite su recurso contra la sentencia del TSJ que invalidó la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana -y con ella el PAI Mestrets que preveía desalojar a 40 familias de sus viviendas-.
El PP ya ha manifestado que, en el caso de que el Supremo admita a trámite sus recursos, se acogerá a la posibilidad legal de proseguir el PAI a la espera de una sentencia del Supremo y pagará con fondos públicos la correspondiente indemnización si se ratifica la anulación del TSJ.
Grandes proyectos en el aire
El TSJ considera que el ayuntamiento pretendía cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Esta circunstancia condiciona la obtención de terrenos para los grandes proyectos que simbolizan el modelo y el diseño de futuro que ha programado el Partido Popular para la ciudad.
Sin embargo, el alcalde, Alberto Fabra, asegura que las obras se llevarán igualmente a cabo porque siempre cabe la posibilidad de la expropiación directa.
El litigio de los vecinos contra la conselleria y el ayuntamiento se ha prolongado durante más de 5 años en los que se han sucedido las protestas públicas, el enfrentamiento dialéctico, los actos simbólicos y las pancartas en todos y cada uno de los plenos
A pesar de la incertidumbre jurídica, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) no ha rectificado en absoluto su intención de ejecutar el PAI y el pasado mes de enero notificó la cuarta reparcelación forzosa a unos vecinos que siguen luchando por sus viviendas.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 13.09.09
Foto: Vecinos, en una manifestación ante el consistorio. levante-emv
Arzúa: La plataforma exige la dimisión del alcalde y del número dos de su gobierno, Leonardo Bermúdez
LAVOZ/A Coruña* : La plataforma vecinal que se constituyó en Arzúa cuando el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se encontraba en plena tramitación se ha subido al carro de críticas en contra del gobierno local por su actuación ante las obras promovidas en una vivienda por familiares del edil de Urbanismo, Leonardo Bermúdez.
Una vez trascendió que la Dirección Xeral de Patrimonio ordenó la paralización cautelar de los trabajos en el inmueble, el colectivo exige la inmediata dimisión «por tráfico de influencias» del alcalde, Xaquín García, y de Bermúdez, número dos del ejecutivo municipal.
Desde la plataforma entienden que la medida adoptada por Patrimonio «viene a demostrar la existencia de irregularidades», además de que «la documentación que el grupo de gobierno de Arzúa y el BNG presentaban como licencia para justificarse no era más que una simple liquidación con la que intentaron desviar la atención de los arzuanos para defenderse sin pudor de esta situación utilizando la mentira y la falsedad».
Desde el colectivo aseguran que las obras en el inmueble continuaban «a última hora de la tarde» de anteayer pese a que «el alcalde ya fuera informado de la paralización cautelar entre jueves y viernes». Así, en el seno de la plataforma se preguntan: «¿Qué interés esconde el grupo de gobierno detrás de esta polémica obra para que se impida por todos los medios su paralización actuando al margen de la ley?».
* La Voz de Galicia - 13.09.09
Foto: Arzúa (A Coruña) - terra.es
«La revisión del Plan General de Logroño persiste en la estupidez del anterior»
LARIOJA/Entrevista* : El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) se muestra tan contundente como la estadística. Sin embargo, existe algo peor que un pésimo presente: un futuro incierto.
- ¿Qué reflexión hace de los últimos datos de visado de vivienda?
- Que La Rioja ostente el triste récord de ser la comunidad donde más ha caído merece una doble lectura. Una alude al descenso del trabajo profesional y empresarial y, en definitiva, a la pérdida de empleo y volumen económico que ello comporta. La otra constata lamentablemente lo que el COAR viene denunciando desde hace años y por lo que hemos sido duramente criticados por algunos políticos y promotores: que la avaricia rompe el saco y existía un círculo vicioso basado en la especulación y la irrealidad.
-¿Cómo observa el colectivo de arquitectos la coyuntura?
- Con gran preocupación. Muchos habían vinculado gran parte de su actividad a la construcción de viviendas y ahora han debido reducir sus estudios cuando no cerrarlos.
-¿Atisba algún brote verde?
- Ninguno. Los datos son indiscutibles y la estadística aplastante. Sobre todo observando cómo en comunidades cercanas los descensos han sido mucho menores e incluso en provincias como Guipúzcoa ha habido un aumento importante. Si hasta en zonas donde la burbuja inmobiliaria ha sido brutal como Murcia, Alicante o Valencia las cifras no son tan negativas como en La Rioja. Es evidente que algo se está haciendo mal aquí, empezando por la revisión del Plan General de Logroño.
-¿En qué sentido?
- En que persiste en la estupidez del anterior y en antiguos errores que ahora estamos pagando todos. Se sigue planeando un crecimiento urbanístico desmedido, desordenado y nada acorde a las dimensiones reales de Logroño que lo único que favorece es la especulación.
- ¿Por dónde deben venir las soluciones?
- Nosotros, como arquitectos, podemos presentar las oportunas alegaciones o hacer oír nuestra voz, pero la solución debe empezar por el urbanismo que propone cada partido. Si los políticos no ponen un poco de orden será imposible acercarnos a la racionalidad urbanística.
* La Rioja - 13.09.09 -E. SÁENZ
Formentor. 80 años de construcción
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : Los ecologistas exigen que se proteja la península, mientras que los propietarios de fincas ultiman un plan para completar la urbanización. Es una de las urbanizaciones más emblemáticas de Mallorca. Despegó con la construcción del hotel Formentor en 1929 y, poco a poco, la península de Formentor se fue poblando de grandes mansiones ocupadas por magnates de la época, diplomáticos, empresarios, millonarios, llegados de todos los países del mundo para disfrutar de unas vistas privilegiadas.
La reciente construcción con licencia de obra municipal del chalet del conocido empresario Alfonso Cortina y el proyecto de ampliación y reforma del hotel, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de disponer de un instrumento de ordenación que pueda frenar el impacto urbanístico en Formentor. Los expertos advierten que una vez el Ajuntament dé el visto bueno al proyecto de urbanización que ultiman ahora los vecinos se abre la vía, no solo a la edificación de las parcelas que aún permanecen vírgenes, sino también a posibles derribos y la sustitución de las edificaciones más antiguas por otras más modernas, podría ser que con mayor impacto.
Mientras los grupos ecologistas solicitan la desclasificación de este entorno declarado Paisaje Pintoresco, el Ajuntament analiza con lupa el proceso de constitución de la junta de compensación que permitirá (si se logra el acuerdo del 90 por ciento de los propietarios) desarrollar el resto de la urbanización clasificada como suelo urbano desde 1990. De no hacerlo tendría que hacer frente a indemnizaciones millonarias.
Desde que en 1929, Adam Diehl impulsara la construcción del hotel Formentor mucho ha cambiado la fisonomía de un paisaje que atrajo hasta la zona a conocidos actores y actrices de Hollywood como Gary Cooper, Grace Kelly, Lawrence Oliver... Ahora, los inquilinos son empresarios como Fuxa o Cortina o diplomáticos. Fueron los propietarios del hotel los que en 1930 abrieron el proceso de parcelación de la península, vendiendo las primeras fincas.
Hasta el año 1991 no existía un plan de ordenación de la península de Formentor y, no obstante, el Plan General de Ordenación Urbana de Pollença califica por primera vez en esa fecha el suelo de Formentor como urbano, basándose en criterios de consolidación al tener edificada un 60 por ciento de su superficie, aunque sigue careciendo de servicios básicos. No fijaba limitación máxima del volumen de las construcciones ni aplicaba de criterios ambientales.
En mayo del 94, una modificación puntual de la normativa propuesta por el arquitecto municipal, Jaume Carbonero (hoy conseller d'Obres Públiques del Govern) permite, pese a la normativa del 91, conceder licencias de obra a partir de esa fecha sin proyecto de compensación ni de urbanización aprobado. Nunca se cedieron al Ajuntament los viales y zonas verdes que había incorporado a la urbanización el PGOU. Desde entonces hasta la fecha se han construido aproximadamente 8 viviendas más.
La última modificación de la normativa urbanística vigente desde mayo de 2008 condiciona la ampliación del hotel a la previa dotación de servicios de la urbanización. Introduce por primera vez criterios medioambientales, suprime la vivienda de servicio permitida hasta entonces y limita el volumen máximo edificable por parcela a 2.100 metros cúbicos.
El Ajuntament de Pollença trabaja ahora en la aprobación de una nueva modificación puntual del planeamiento, aún por definir, que pueda preservar la fisonomía tradicional de esta urbanización.
* Última Hora Digital - ELENA BALLESTERO - 13.09.09
Foto: La ampliación del hotel Formentor, construido en 1929, depende de que se complete la dotación de servicios de la urbanización Formentor. - MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS, ultimahora.es
La ciudad de los 20.000 pisos vacíos
LAVOZ/A Coruña* : En números redondos, por cada 15 habitantes de A Coruña existe una vivienda sin ocupar. Esta relación se establece atendiendo al censo de pisos vacíos del años 2007. Si se tomasen en cuenta los datos presentados por un informe del BNG del 2005, que indicaba que el número llegaba a los 22.000, la proporción sería de un piso vacío por cada 11 habitantes. Y, si se tratasen de las 24.000 que indicó el PP en el 2006, la relación estaría en torno a los 10 habitantes.
Sea como sea, la evolución del parque de viviendas sin uso es alarmante. Entre 1997, donde se estimaba en 2.000, y 2007 se multiplican por ocho tomando como cierta la cifra de 17.000. En esa evolución espectacular se refleja el bum inmobiliario de los últimos años, en los que la inversión en inmuebles se convirtió en el modo más usual de rentabilizar el dinero.
Toda esta serie de números chocan con las previsiones de crecimiento de la ciudad que ponga el nuevo Plan General de Ordenación Municipal. En él se prevén 33.900 nuevas viviendas. Sobre la adecuación entre lo proyectado y la realidad de la ciudad, el creador del nuevo PGOM, el urbanista Joan Busquets, le restó importancia. «El parque de viviendas vacías es un tema que tenemos en todas las ciudades -dijo a La Voz la semana pasada-. Los mecanismos de mercado generan que siempre exista en las ciudades una cantidad disponible».
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la facultades municipales no permiten adoptar medidas efectivas para neutralizar esta realidad. Ponen como ejemplo subir el Impuesto de los Bienes Inmuebles (IBI) a las casas desocupadas. En el 2003 se estableció un recargo del 25% sobre la cuota líquida del impuesto. Pero a la vista de las cifras está el resultado: la medida no surtió apenas efecto.
Los especialistas en urbanismo consultados por La Voz coinciden en señalar las facultades que tienen los gobiernos locales no sirven para atajar estos problemas. Sin embargo, muchos de ellos coinciden en destacar que una serie de medidas periféricas ayudarían a minimizar las cifras. Estas son algunas de ellas:
En algunas ciudades como Santiago las promociones impulsadas por este tipo de empresa obligaban a que una buena parte de los pisos vendidos fueran de primera residencia. Con ello se evita la compra de segundas y terceras viviendas que se pueden quedar vacías.
Facilitar los diferentes destinos de los pisos de un inmueble, permitiendo que la primera y segunda planta puedan destinarse a usos terciarios. De este modo, se podrían alquilar muchos pisos como oficinas.
Existen inmuebles en el centro de la ciudad con una amplio número de metros cuadrados, en algunos casos superiores a 200. Tanta superficie hoy en día, permite su división creando viviendas más adecuadas a las necesidades actuales.
Dotarla de más personal y presupuesto. Que la rehabilitación urbanística se entienda como una recualificación de la ciudad, ya que esta permite que se equilibren los barrios.
El propietario tiene la obligación de cuidar y sanear el edificio. Si se aplica con celo la presión sobre él, este preferirá conservar en condiciones el inmueble, ya que el Ayuntamiento puede efectuar las obras de cuidado y luego cargarle los gastos.
El Ayuntamiento podría contar una bolsa inmobiliaria, que facilitaría a los propietarios la posibilidad de alquilar sus pisos.
* La Voz de Galicia - J.?B. /A.?M. - 13/9/2009
Foto: Vista de la ciudad, con el polígono de Elviña en primer término, las torres de los Marineros, el parque de Oza y, al fondo, la medusa del puerto - JANET GONZÁLEZ, lavozdegalicia.es
La policía descubre una 'macroestafa' inmobiliaria a unas 200 personas en Jaén
ELPAÍS* : El Cuerpo Nacional de Policía ha descubierto una macroestafa inmobiliaria a unas 200 personas que pagaron 1.500 euros por reservar una parcela en terreno no urbanizable. Dos hombres han resultado imputados en un delito de estafa en el marco de la operación Yedra.
Fuentes policiales han explicado que la investigación surgió cuando uno de los afectados interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía después de no haber podido recuperar los 1.500 euros que entregó a los supuestos estafadores. A partir de entonces, se iniciaron las pesquisas, que llevaron a la detención el pasado miércoles de Manuel Jesús C.C, en la localidad jienense de Alcaudete, y el jueves de Pablo R.E., en Úbeda. Hoy han sido puestos en libertad
Los detenidos reservaban por 1.500 euros parcelas ubicadas en el término municipal de Jaén, donde presuntamente se iba a construir la Urbanización La Yedra, conformada por viviendas unifamiliares valoradas en unos 210.000 euros. Los terrenos, cuyos verdaderos propietarios "ignoraban lo que se estaba urdiendo", no eran urbanizables y estaban protegidos, por lo que "jamás se hubieran podido construir" las viviendas.
Hasta ahora, se han presentado 97 denuncias de afectados por ese pago de 1.500 euros, aunque los investigadores policiales calculan que el número de personas podría superar las 200. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.
* ELPAIS.com - EFE - 11.09.09
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
¿Y qué hay de lo mío?
DANIEL MILLET/ Tenerife* : Llamadas al alcalde para enchufar a un familiar, quitar una multa, conseguir una rebajita en un hotel o hacer la vista gorda con un local comercial irregular; llamadas al Gobierno para acelerar la aprobación de un proyecto urbanístico; llamadas a un agente al que se le había regalado hasta una yegua a cambio de favores; llamadas entre consejeros en las que se pide discreción; llamadas a un concejal para comprar su voluntad por un kilillo... Llamadas, muchas llamadas. Los pinchazos de teléfono en el marco de los numerosos procesos judiciales contra la corrupción en Canarias han destapado todo un intenso submundo de trapiches y compadreos, de los que muchos ni siquiera tenían directamente que ver con la materia investigada y no han merecido sanciones penales.
Y eso que las escuchas que han trascendido a los medios representan un mínimo porcentaje de las que se han producido y eso que tantísimas otras conversaciones comprometedoras se han perdido en la niebla de la impunidad. Eso sí, la variedad de chanchullos descubiertos llama la atención, tanto como la cantidad de expresiones chabacanas empleadas en esta jerga de los bajos fondos de la política canaria en la que abundan los "coño", "joder" o "me cago en la puta".
Pero hay mucho más: la actitud de determinados responsables públicos hacia el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –"Me imagino que habrá algún cabrón oyendo", espetó el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al consejero imputado Félix Sierra en una de las llamadas interceptadas del sumario Arona–, la postura de cargos de relevancia hacia las normas que rigen las oposiciones para plazas públicas –el mismo presidente del Gobierno pidió al alcalde de Arona que intercediera para meter a una sobrina en la Policía– o la sensibilidad con la que determinados responsables políticos pinchados se refieren a sus técnicos o a los marcos legales que sostienen el sistema democrático.
"Ahí las dificultades están más en Turismo con los informes y las puñetas...", le dijo Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al empresario y constructor Santiago Santana Cazorla en 2007 en una conversación interceptada en el marco del caso Góndola. El mismo Berriel añadía en esa llamada: "Joder, siempre con, con la ley del embudo, tú sabes cómo son los juristas estos del servicio jurídico y los técnicos y leches...".
Las escuchas han cobrado ahora un gran protagonismo no sólo por la proliferación de macrocausas judiciales en el Archipiélago, sino porque lo mismo está ocurriendo a nivel nacional después de que los socialistas cumplieran desde la pasada legislatura con su compromiso de reforzar los medios para plantar cara a la corrupción. El resultado es que, por un lado, ningún partido se salva y, por otro, los más afectados (sobre todo el PP) han reaccionado agarrándose a la conspiranoia.
Canarias es un buen botón de muestra. Ahí están, por ejemplo, los innumerables tejemanejes en la Marbella tinerfeña. Por lo menos, durante 10 meses de pinchazos en Arona, por el móvil del alcalde, José Alberto González Reverón, y de otros imputados (34 en total) han pasado, aparte de alcaldes, concejales, empresarios, funcionarios, periodistas, agentes y particulares; Paulino Rivero (presidente del Gobierno de Canarias), José Manuel Soria (vicepresidente del Gobierno y máximo responsable del PP regional), Ricardo Melchior (presidente del Cabildo de Tenerife), Cristina Tavío (presidenta del PP de Tenerife) o José Segura, diputado socialista en el Congreso.
"Hay muchos detalles que están todavía por aparecer" de los 26 volúmenes que componen un sumario cuya apertura va arrojando datos a cuentagotas, según una fuente relacionada con la investigación. ¿Se refería a estas escuchas Tavío cuando hace unas semanas revelaba que fue espiada? Tavío ha dicho que no, pero su partido echa balones fuera denunciando la ilegalidad de las intervenciones (como ha dicho el mismo Soria sobre Arona), cuando las que se han conocido fueron autorizadas por un juez.
Todos estos trapicheos telefónicos están relacionados además con la gestión pública de sus protagonistas y las de Arona no son ni mucho menos las primeras en aparecer. Éstas y las demás (caso Góndola, Eólico, Antigua...) han servido para saber por ejemplo que un voto se puede comprar por tan solo 20 o 30 euros, que para sobornar a un concejal se puede ofrecer un solar y un kilillo (de pesetas o euros, no se aclara), que hay que insistir mucho con los mandamases para acelerar un proyecto urbanístico por la dichosa ley o que si quieres que un alcalde enchufe a una sobrina, ésta por lo menos debe hacer un examen decente.
Entre la privacidad y el interés público
La polémica sobre las escuchas telefónicas se centra en la línea que separa el derecho a la privacidad de la potestad de la justicia para intervenir las conversaciones de todas aquellas personas investigadas por la posible relación con actividades irregulares. El derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad y el honor está perfectamente garantizado por diferentes convenios internacionales y el marco legal y constitucional español.
La misma Constitución garantiza en su art. 18.3 el secreto de las comunicaciones, pero deja expresa constancia de que la excepción será siempre en virtud de una resolución judicial. La ley 4/1988 modificó el Código Procesal Penal y su artículo 579 establece: "(...) El juez podrá acordar la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa". Pero, ¿que los medios hagan públicas las escuchas legales es deontológicamente aceptable? Teóricamente sí, siempre que éstas tengan un interés público, como ocurre con las actividades de los responsables o funcionarios de las administraciones.
a href="http://www.laprovincia.es/canarias/2009/09/09/canarias/256247.html">* La Provincia - DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.09.09
Condenado a siete años de inhabilitación el ex edil de Urbanismo de Vitoria
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ELPAÍS* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Vitoria ha condenado al ex edil de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, a siete años de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal y una multa de 9000 euros por un delito de prevaricación urbanística por haber permitido que una constructora levantase siete chalés en un solar vitoriano en el que legalmente sólo se podían edificar seis.
La pena de inhabilitación no tendrá consecuencias prácticas, ya que Ibarrondo ha abandonado la política tras haber sido edil de la corporación vitoriana entre 1999 y 2007, bajo el mandato del popular Alfonso Alonso como alcalde. Contra la sentencia cabe recurso cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alava.
La sentencia decreta además la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras que se otorgó a la empresa Construcciones Salgado SA en junio de 2005, aunque no ordena el derribo del chalé cuestionado.
El fallo considera probado que Ibarrondo concedió la licencia de obra en dicho mes "conociendo que no podía hacerlo por ser contraria a la normativa urbanística" y sin que constase "ningún otro informe de técnicos del Ayuntamiento, o de técnicos externos al mismo de forma previa a la emisión de la licencia, y sin que se hubiera producido ninguna circunstancia nueva ni motivo conocido, todo ello "a salvo de su sola voluntad de otorgar la licencia".
El fallo considera veraz el testimonio prestado por los técnicos del Ayuntamiento de que no tuvieron conocimiento de la licencia hasta finales del año 2006. Los técnicos municipales emitieron reiterados informes en sentido contrario a la concesión de la licencia para edificar siete viviendas, ya que la parcela en que se iban a levantar no alcanzaba el mínimo exigido por la normativa urbanística para ello. Existen incluso dos resoluciones denegatorias previas a la licencia emitidas antes por el propio Ibarrondo, y no consta informe alguno favorable a la concesión hasta diciembre de 2006, más de un año después de que la licencia hubiese sido otorgada.
El fallo recuerda que "en modo alguno ha sido objeto del juicio el análisis de la existencia de alguna posible contraprestación a cambio del dictado de la resolución". Ibarrondo no había sido acusado de ello por ninguna de las acusaciones personadas en la causa.
El PP recurrirá la condena
El PP de Álava ha afirmado hoy que confía en que finalmente se probará la "inocencia" de Jorge Ibarrondo cuando se resuelva el recurso que éste va a presentar a su condena por prevaricación urbanística, informa Efe.
En un breve comunicado, el PP alavés ha mostrado su "sorpresa" por la sentencia de condena del Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria. Para el PP, la actuación de Ibarrondo "se atuvo a la ley", por lo que este partido ha asegurado que "sigue confiando en la legalidad de las decisiones adoptadas en este sentido".
* ELPAIS.com - JAVIER RIVAS 11/09/2009
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
El Tribunal Supremo de Madrid paraliza la construcción de 8.800 viviendas en El Molar
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ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un desarrollo urbanístico en El Molar en el que se pretendía construir 8.800 viviendas bajo la huella acústica del aeropuerto madrileño de Barajas y superar los niveles de ruido permitidos.
Así, el Tribunal de Madrid revoca la aprobación definitiva de un nuevo sector residencial, denominado SAU 21, al estimar el recurso interpuesto por los ecologistas contra dicho acuerdo adoptado en 2005 por la Comunidad de Madrid en 2005. Los magistrados entienden que el Decreto regional de protección acústica es de aplicación.
Ecologistas en Acción mostró su satisfacción ante el fallo judicial. No obstante, alertó de "las graves irregularidades" que se vienen cometiendo en la Dirección General de Urbanismo donde, a su juicio, "sin escrúpulos, se aprueban actuaciones urbanísticas que no sólo afectan al medio ambiente sino también a la salud de las personas".
En la resolución, el TSJM argumenta que la Comunidad de Madrid se ha apartado "sin justificación ni cobertura legal" de los criterios defendidos con anterioridad determinando que se tuvieran por subsanadas las deficiencias de que adolecía el SAU 21.
Exceso de ruido
Según la organización, la autorización para construir las viviendas se aplazó hasta en dos ocasiones. Este sector se sitúa en una zona donde se superan los niveles de ruido permitidos, para uso residencial, en el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.
Este Decreto es más restrictivo que la Ley del Ruido estatal. Mientras que la Ley del Ruido establece máximos de 65 decibelios diurnos y 55 decibelios nocturnos, el Decreto de la Comunidad de Madrid restringe el uso residencial a zonas donde no se superen los 55 decibelios diurnos y los 45 nocturnos. Todo ello para garantizar la salud de los ciudadanos.
Ecolistas en Acción explicó que, en 2005, poco después de llegar al gobierno Esperanza Aguirre y ocupar la Dirección General de Urbanismo Enrique Porto Rey, el sector, se aprobó definitivamente. Para ello se argumentó que el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid no era de aplicación, siéndolo sólo la Ley de Ruido estatal. Así la nueva Dirección General de Urbanismo daba por subsanadas las deficiencias manifestadas en los informes emitidos, en años anteriores.
De esta forma, según la organización, se pretendía dar vía libre a la urbanización de 233 hectáreas y a la construcción de 8.800 viviendas que podrían llegar a albergar a 28.160 habitantes a sabiendas que la calidad de vida de los futuros residentes se vería mermada por el ruido producido por el sobrevuelo de los aviones del aeropuerto de Barajas.
Reyal, Realia y Fadesa, afectadas
Se da la circunstancia que los promotores son Reyal, Realia y Fadesa. Enrique Porto Rey había trabajado para esta última empresa antes de ser nombrado Director General. Además, el plan parcial del sector lo había redactado Plarquin Consultores, la consultora de la que Porto Rey era propietario y a la que siguió vinculado tras su nombramiento.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que los terrenos del SAU 21 tienen importantes valores ambientales, Ecologistas en Acción, recurrió la aprobación definitiva, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2009, notificada el 4 de septiembre, se anula la aprobación definitiva del ámbito del SAU 21.
* El Mundo - Europa Press - 10.09.09
Foto: Panorámica de El Molar (al Norte de Madrid) | elmundo.es
