El informe de la UE sobre las viviendas ilegales de Almería ya reconocía la implicación de los compradores en la trama

TELEPRENSA/Almería* : La investigación del conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, los eurodiputados que informaron por delegación del parlamento europeo sobre la corrupción urbanística en Almería, Madrid y Valencia, defendieron el pasado once de abril un informe en el que se recogen todas las quejas de los ciudadanos británicos afectados, pero también su consentimiento en algunas prácticas.

El Valle del Almanzora queda seriamente dañado y más en concreto la imagen de Albox, localidad de la que se dijo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que su ex alcalde, Francisco Granero, está siendo investigado y que una trama entre administración local, promotores y abogados, ha llevado al engaño a los ciudadanos extranjeros afincados en esa zona. En el informe también se recogen apreciaciones hechas en las entrevista mantenidas en Almería y que forman parte de ese informe en el afirman que “parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido”, suscriben Libicki y Cashman.
La Comunidad Británica no ha aceptado de buen grado que se ponga en duda su papel de víctimas como única versión de lo ocurrido en El Almanzora, pero los constantes ataques en medios de comunicación de habla inglesa también han colmado la paciencia de los nativos de la zona, que no entienden por qué las actividades de unos pocos empiezan a poner en peligro su futuro como zona de expansión reglada y con todas las garantías.
El chollo, las mansiones a precios irrisorios y llave en mano escondían ilegalidades que fueron aceptadas de una y de otra parte. Pese a que nadie pone en duda que algunos fueron compradores de buena fe, también se apunta que los corredores de fincas, los comisionistas que actuaban en suelo británico como primer enlace con los futuros clientes, son parte de una trama que se escapa de la justicia española, pero no por ello dejan de ser el primer eslabón de una cadena que terminará con el derribo de aquellas villas que sean insalvables.
Según la traducción no oficial realizada para teleprensa.es, en el apartado dedicado a Andalucía y en concreto a Almería, los eurodiputados exponen que: “Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en las distintas provincias.

Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura, reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa de tales prácticas ilegales.

Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo, (desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la planificación de uso de tierra).

Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno, en lugar de hacerlo individualmente.

Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era necesario para el público en general, se contrató al constructor que hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, según la ley andaluza.

La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.

La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una proporción del coste de los nuevos servicios.

Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés público debe ser definido según las necesidades específicas de cada desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y sociales de cada comunidad implicada.

Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de desarrollo sostenible.

Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por actividades urbanísticas ilegales.

Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo investigación.

La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido.

Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera de los tribunales, para resolver el problema.

Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.

Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.

Conclusiones.

La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas actividades.

Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo, principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.

La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales. El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia procesal.

No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia, cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya que se las consideró las responsables de los problemas causados a las víctimas.

El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es de interés general que esto suceda lo antes posible.







* Teleprensa - 4.09.09
Foto: Zurgena (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.es

.................................... Leer más...

El edil infractor del gobierno de Nigrán acaba su obra con la licencia caducada

LAVOZ/Pontevedra* : El edil del gobierno de Nigrán, Cándido Costas, ha conseguido salirse con la suya y ha terminado de edificar una vivienda ilegal en el barrio de A Cruz de Camos después de no darse por enterado de una orden de paralización de las obras que el alcalde, Efrén Juanes, le notificó por correo postal a mediados de agosto.

El caso ha retumbado en el juzgado número 4 de Vigo que, de una manera insólita en Nigrán, ha requerido al Seprona que desplace una patrulla a la polémica parcela del camiño do Seixo para precintar la obra, que podría interpretarse como en una muestra de desconfianza hacia la labor municipal.

Los agentes acudirán a primera hora de la mañana de hoy para cumplir la orden y se encontrarán con una edificación ya terminada, pero quien vaya a ocuparla se expondrá a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Los trabajos experimentaron un notable avance desde el pasado 12 de agosto, precisamente cuando el alcalde, Efrén Juanes, ordenó la paralización de los mismos como medida cautelar para iniciar un expediente de caducidad de la licencia, tal y como le había requerido la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Juanes ordenó la paralización y se marchó de vacaciones creyendo haber resuelto el problema, pero el pasado 25 de agosto entró en el registro del Ayuntamiento el anuncio del juzgado sobre el precinto de la obra previsto para hoy. Sorprendido por esta comunicación, el alcalde en funciones, David Giráldez, acudió al expediente y comprobó que el edil Cándido Costas no había recogido en la oficina postal la notificación de la alcaldía para parar las obras.

Un informe del policía de Urbanismo ha comprobado el avance que han experimentado las obras durante todo ese tiempo. «Apreciase que rematou ca formación da cuberta da edificación, o instalar tella curva e rematado e pintado dos aleiros, e se instalou toda a carpintería exterior da obra consistentes en fiestras de aluminio, porta e persianas de cor branco», hace constar el funcionario.

David Giráldez hizo entonces que a Costas le llegara la notificación en mano, que recibió el día 27 a la entrada de una comisión de gobierno, aunque también consta que por fin fue ese día a recogerla a la oficina de correos. Para entonces, ya había terminado el trabajo.

Escándalo

La Fiscalía presentó en junio una querella contra el edil socialista por ejecutar la obra fuera de plazo. La maquinaria administrativa y judicial no ha logrado impedir el desarrollo de los trabajos. Es otro ejemplo de la conocida política de «hechos consumados», que ha sembrado el paisaje gallego de ladrillos donde no debía de haber más que árboles o, a lo sumo, explotaciones agrícolas. Pero este caso adquiere tintes de escándalo público porque su responsable es un miembro del gobierno, perteneciente al grupo del PSOE, un partido que enarboló la defensa de la legalidad urbanística para derrocar al PP del poder local en las anteriores municipales. Cándido Costas es ahora una piedra en el zapato de Efrén Juanes y ha abierto un debate muy serio en la militancia socialista de Nigrán.








* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 2.09.09
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es

.................................... Leer más...

Aborto urbanístico

ELDIARIOVASCO/Gipuzkoa* : Asier Basterretxea dice «No al aborto... urbanístico. Últimamente contemplo con estupor y cierta preocupación la funesta deriva urbanística acometida por el consistorio de Hondarribia. Carente no sólo de una coherencia estética que cualquiera debería exigir en un entorno tan privilegiado y equilibrado como ha sido siempre Hondarribia, las últimas tropelías -bien acometidas, bien permitidas por el Ayuntamiento- dan muestra de lo preocupante que empieza a ser la situación.

a) Las nuevas escaleras mecánicas de acceso a Soroeta desde el muy histórico arrabal de la Magdalena: ¿pretenden hacernos creer que, con la tecnología existente hoy en día, la única solución viable para una obra, por otra parte necesaria, pasaba por semejante esperpento, máxime teniendo en cuenta el presupuesto manejado?
b) El nuevo edificio de viviendas de Kofradia: ¿de qué ilustre arquitecto fue el super-ego que pensó que esta construcción neo-decepcionante engarzaría bellamente con el estilo tradicional circundante? ¿Quién permitió, en última instancia, que esta obra siguiera adelante?
c) La nueva casa/centro de interpretación en pleno centro de la Plaza de Armas: ¿qué confuso cerebro permitió semejante aborto gris en la plaza más emblemática de Hondarribia, verdadero museo viviente que debería ser respetado como tal?
Trágico. Afortunadamente, este aborto puede todavía sobrevivir en quirófano: píntenlo en los colores tradicionales de Hondarribia, y ahórrennos el sonrojo de asistir al triste espectáculo de un edifico que atenta flagrantemente contra el deseo de muchos hondarribitarras por mantener con vida la belleza de su pueblo».
Plataneros

Nicasio envía un email en el que dice que «los árboles de Harresilanda son más altos que la casa. Es un verdadero problema, pues aparte de la suciedad que genera, también la limpieza y mantenimiento del tejado, el rugir y caída de ramajes en los vehículos con los fuertes temporales que padecemos. Los vecinos de la citada calle llevamos años pidiendo una solución, que los corten y no que se retiren.
En la reunión informativa en febrero sobre el proyecto del Arco de Santa María y calle Harresilanda, se le hizo mención al alcalde de la situación. Nos prometió una reunión explicando el transcurso de la obra, pues todavía le estamos esperando. En junio, los administradores de los inmuebles afectados estuvimos con el responsable de obra Andrés Erice transmitiéndole nuestro malestar por el arbolado. ¿Hasta cuándo una solución al problema que llevamos padeciendo la vecindad de Harresilanda? El otoño-invierno pronto nos visitará, con las consiguientes molestias y perjuicios».
Concurso de puzzles

Maite se teme que «el sábado, en el concurso de puzzles, pasará lo mismo que el año pasado, cuando mucha gente se quedó sin poder participar. Sólo veinte parejas pueden hacerlo en cada categoría y mucha gente se queda fuera, por lo que pido al Ayuntamiento que aumente la dotación económica para que así este concurso que tanto éxito tiene sea accesible para más gente».







* El Diario Vasco - Opinión - 4.09.09
Foto: Hondarribia (Gipuzkoa) - wikipedia.org

.................................... Leer más...

Gata paraliza 19 meses un expediente de infracción urbanística

ELPAÍS/Alicante* : La Sindicatura de Greuges reclamó ayer al Ayuntamiento de Gata de Gorgos, en manos del PP, que concluya un expediente de infracción urbanística en el Parque Natural del Montgó tras 19 meses paralizado. La institución recordó que el Consistorio ha incumplido su resolución dictada ya a finales de 2007.

La Sindicatura explica que un ciudadano se ha dirigido a ella por segunda vez para denunciar una infracción urbanística, consistente en la realización de obras sin licencia en suelo no urbanizable, dentro de las áreas agrícolas de la zona de amortiguación de impacto del Parque Natural del Montgó. Ante esta situación, el Ayuntamiento aún no ha finalizado los preceptivos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador (paralización de las obras, requerimiento de legalización y, en su caso, orden de demolición e imposición de multa). El Síndic lamenta que desde que el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística se paralizó el 24 de enero de 2008 por haberse solicitado licencia de obras han transcurrido 19 meses sin haber dictado resolución.

La institución critica con dureza esta actitud y recuerda que los "poderes locales" deben respetar la normativa urbanística que han probado y ejercer control "preventivo y represivo". El Síndic insiste en que el urbanismo encierra el equilibrio de las ciudades y el territorio y considera un acto "muy grave" que las normas se incumplan. "Generalizando el incumplimiento, es difícil saber a dónde se puede llegar", apostilla.







* ELPAIS.com - 4.09.09
Foto: Gata de Gorgos (Alicante), vista - wikimedia.org

.................................... Leer más...

Canarias no es para honestos

DIEGO TALAVERA* : José Saramago afirmó que "la corrupción está en el aire que respiramos". No sé si el Nobel y autor de Memorial del convento se refería a los alisios que soplan sobre el Archipiélago canario, pero mucho me temo que sí. Saramago, como buen portugués de Azinhaga, sabe también que en su país la palabra dimisión está en el diccionario para ser utilizada. En España, y por supuesto en Canarias, sencillamente se ignora.

Recuerdo que hace años se desplomó en Portugal un puente con más de un siglo de antigüedad al paso de una guagua. En el accidente perdieron la vida siete personas y una veintena quedaron heridas. En cuestión de horas, el ministro de Fomento y el director general de carreteras presentaron la dimisión

Recientemente el ministro de Economía le llamó cornudo a un diputado de izquierdas utilizando los dedos índices de sus manos durante un debate parlamentario. Al día siguiente se disculpó y presentó la dimisión irrevocable. Estos dos gestos serían impensables en España y en nuestras islas. Ahí van dos ejemplos.


El primero es el 'caso Tebeto', posiblemente el mayor escándalo, y también el mayor sablazo, que se ha dado en Canarias a lo largo de su historia. Y todo porque un empresario, Rafael Bittini, armado de paciencia y de habilidad para obtener dinero fácil por la vía judicial, logra en julio de 2008 que el Tribunal Superior de Justicia dicte una sentencia que condena al Gobierno autonómico a pagar algo más de 92 millones de euros (unos 15.300 millones de las antiguas pesetas) más los intereses, que suman cerca de nueve millones de euros cada año.


Cinco presidentes, con sus correspondientes consejeros de Industria y directores generales, han pasado desde que Bittini iniciara hace 16 años el proceso administrativo. Sin embargo, por desidia o dejadez los responsables políticos han sido incapaces de defender los intereses autonómicos; es decir, el dinero de todos los canarios. Que yo sepa, ninguno de esos administradores públicos que a lo largo de estos años han sido corresponsables de tal desaguisado han reconocido su error y pedido disculpas. Y los que siguen ocupando otro cargo político en la actualidad no han presentado la dimisión.


El segundo ejemplo es más kitsch, como su protagonista. Me refiero a José Alberto González Reverón, flamante alcalde del municipio de Arona, al que medio Tenerife le ha solicitado a través del teléfono móvil algún tipo de favor, desde la retirada de una multa de tráfico a la contratación de una recomendada en la guardería municipal. Las peticiones de empresarios, funcionarios, políticos o ciudadanos de a pie fueron grabadas hace un año por la Guardia Civil en el marco de la Operación Edén que investigaba irregularidades urbanísticas en Arona. Entre los peticionarios figuraba hasta el mismísimo presidente canario, Paulino Rivero, que le pedía a González Reverón que se ocupara de una sobrina que se iba a presentar a unas oposiciones para ingresar en la Policía Local. ¿Es esto normal? Que uno sepa, nadie ha pedido disculpas o presentado la dimisión.


Son dos ejemplos, pero hay muchos más. Como las estrafalarias permutas en Telde o las sentencias judiciales que afectan a las arcas de Las Palmas de Gran Canaria por convenios urbanísticos de los años del pelotazo. Pero nadie dimite ni reconoce sus errores. De todo este espectáculo es testigo una sociedad civil que cada vez está más desmotivada y desmoralizada. Y esta desmoralización ciudadana es lo preocupante porque lo otro, la corrupción, ya es tan normal como el aire que respiramos.








* La Provincia - Opinión - 1.09.09

.................................... Leer más...

Más de 2.000 viviendas ilegales de Chiclana se enfrentan a la demolición

ELPAÍS/Cádiz* : El futuro del urbanismo ilegal se va despejando en Chiclana (Cádiz), pero sobre algunas casas siguen pesando oscuros nubarrones. Según los datos de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento (PSOE), en Chiclana existen 2.292 viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable. Muchas de ellas están en terrenos especialmente protegidos.

La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, reconoce que la demolición será la vía casi segura para casi todas ellas. Otras 12.715 casas sin licencia podrán ser regularizadas en los próximos años.

Es la primera vez que Chiclana cuenta con datos oficiales para hablar del urbanismo descontrolado desarrollado en las últimas tres décadas en el municipio. Dependiendo del momento y del interlocutor, el número de casas ilegales había bailado entre las 10.000 y las 40.000. Ahora, según el inventario presentado el martes en el Parlamento andaluz por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, el total se ha concretado en 15.007 edificaciones irregulares.

De ese total, 10.632 ya han entrado en el proceso de regularización iniciado hace unos meses por el Consistorio. Han sido divididas en nueve áreas de gestión básica y se espera que cuenten a corto plazo con los papeles necesarios para dotarlas de servicios como alcantarillado, luz pública, agua potable o viales asfaltados. La principal dificultad en estos casos es el coste de la regularización. Cada vecino tendrá que pagar un 0,84% de la tasación de su propiedad. El precio final dependerá del lugar donde su ubique y de las dimensiones de la vivienda y la parcela, aunque no se prevén casos de más de 50.000 euros, pero, ya algunos vecinos, con el apoyo de la oposición, han expresado que el precio es excesivo. "El que tiene que pagar es el que ha construido", señala Verdier. El Ayuntamiento dará facilidades de pago.

Las siguientes en ser regularizadas son las 2.082 detectadas en suelo susceptible de ser urbanizable en el nuevo plan general, aunque este documento está recurrido en los tribunales. Tardarán más pero el Consistorio no cree que vayan a existir problemas con ellas. Sí los habrá con las 2.292 restantes, ubicadas en suelo no urbanizable. "Es lo más complicado. La Fiscalía de Medio Ambiente se ha empeñado en estos casos y lo tendremos muy difícil para legalizarlo, sobre todo, si es suelo especialmente protegido", explica la delegada de Urbanismo, quien reconoce que el destino seguro de muchas de estas casas será el derribo. El Consistorio no descarta tratar de recalificar algunas zonas mediante modificaciones puntuales del plan general pero sabe que no será posible en todos los casos.

Marbella: 500 casas habitadas fuera de la ley

- Chiclana (76.171 habitantes) tiene un censo de viviendas ilegales similar al de Marbella, con el doble de población. En la localidad gaditana se levantaron 15.007 viviendas irregulares y en la malagueña unas 18.000.

- De las 18.000 casas fuera de ordenación que había en Marbella, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) normalizará 16.500. De las 1.500 restantes, imposibles de regularizar y expuestas al derribo, 500 están habitadas, según el nuevo documento urbanístico. En Chiclana hay más de 2.000 casas habitadas ilegales, cuatro veces más.

- En Marbella, el Ayuntamiento se ha comprometido a que sean los promotres de las viviendas los que paguen las compensaciones. No se ha fijado una cuota general para la regularización. En Marbella hasta ahora no se ha demolido más que una estructura de viviendas sin terminar, ni ocupar.







* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 03/09/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos


.................................... Leer más...

La ex alcaldesa de Tarazona será juzgada este mes acusada de un delito de prevaricación

HERALDO/Aragón* : La ex alcaldesa de Tarazona y actual diputada en las Cortes de Aragón, la socialista Ana Cristina Vera Lainez, será juzgada este mes como presunta autora de un delito de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio. El fiscal pide para ella siete años de inhabilitación especial y una multa de 3.600 euros (doce meses con una cuota diaria de 10 euros) por su intervención urbanística en el conjunto residencial "Torres del Moncayo", en el barrio turiasonense de La Faceda.

Por su parte, la acusación particular, en representación de la Asociación para la Defensa en la Adquisición de la Vivienda (Adavi), solicita diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público o responsabilidad política. Sin embargo, su abogado defensor, Jesús García Huici, pide la absolución.


El juicio será celebrado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la condición de aforada de la diputada socialista y tendrá lugar los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre.


La polémica por la promoción residencial en el barrio turiasonense de La Faceda comenzó hace años.


El fiscal considera que, en octubre de 2004, cuando Ana Cristina Vera ocupaba la Alcaldía de Tarazona, otorgó la licencia de primera ocupación para veintidós viviendas "irregularmente construidas" pese a conocer, en su opinión, que el proyecto ejecutado no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.


El escrito del representante del ministerio público recoge que el informe del arquitecto municipal, que se elaboró con carácter previo al acuerdo, recogía que estas edificaciones no habían obtenido "la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) definitiva", y que, por este motivo, el proyecto ejecutado no se ajustaba a lo prescrito en el vigente PGOU. Además añadía que estos inmuebles serían la "única excepción" a los parámetros que se venían aplicando en todo el sector.


Aunque se hacía referencia a las condiciones urbanísticas de los pisos como si fueran VPO (con una parcela mínima de 137 metros cuadrados y una ocupación máxima del 45%), el fiscal apunta que ni siquiera se solicitó la declaración inicial de los pisos como protegidos. Además, la mayoría de las parcelas individuales de la urbanización tenían una superficie inferior a 225 metros cuadrados (la mínima exigida por ley a las viviendas libres).


En cuanto a la concesión de la licencia urbanística en noviembre de 2002 , el ministerio público entiende que no se ha acreditado que la comisión de gobierno que la otorgó llegara a tener conocimiento de la irregularidad, ya que ésta venía informada favorablemente por el arquitecto municipal.







* Heraldo Aragón - M. G. C. Zaragoza - 3.09.09
Foto: Tarazona (Zaragoza), ayuntamiento - lawebmunicipal.com

.................................... Leer más...

Un tribunal popular juzgará el 'caso Guateque'

ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque, el mayor caso de corrupción conocido en el Ayuntamiento de Madrid relacionado con el tráfico ilegal de licencias urbanísticas, será juzgado por un tribunal popular, según explicó ayer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El juez que instruye el caso, Santiago Torres, ha decidido modificar la instrucción y acogerse a la Ley del Jurado Popular. El juez se basa en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo para instruir la causa "con la interpretación más actual" de la doctrina. El pasado 26 de junio el alto tribunal revocó una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba a un hombre de 83 años acusado de violar y asesinar a dos Guardias Civiles en Bellvitge. El Supremo consideró que el delito más importante juzgado entonces, el de asesinato, obligaba a resolver el resto de imputaciones también con jurado. Esta decisión del alto tribunal ha supuesto una novedad y ha provocado un aumento de los casos vistos por jurados populares.

En vista de esta decisión, el magistrado del caso Guateque precisa en un auto dictado el pasado 27 de agosto que todos los delitos que se investigan en la causa -infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios- están entre los delitos que puede juzgar el jurado. La excepción son los delitos de falsedad documental y el delito contra el urbanismo. Pero éstos mantienen "la unidad con los anteriores".

El juez Torres acordó mantener las diligencias de investigación previstas. Para seguir el procedimiento de la Ley del Jurado Popular el magistrado ha establecido la celebración de una audiencia donde las acusaciones, fundamentalmente la fiscalía, deberán concretar la identidad de las personas contra las que pretendan dirigir la causa y los delitos que se le imputan a cada uno de ellos.

El caso Guateque comenzó en noviembre de 2007 cuando la policía se presentó en la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales de distrito después de investigar durante más de seis meses a varios funcionarios. La operación se saldó inicialmente con 16 detenidos, pero el caso se convirtió en una avalancha de implicados. Fuentes judiciales elevan el número de imputados a "más de 120 funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid".







* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 03/09/2009
Foto: Madrid, caso Guateque - madridiario.es

.................................... Leer más...

El Procurador del Común denuncia el deterioro del patrimonio cultural en León

LEONOTICIAS* : El informe del Procurador del Común, que se debatirá este mes de septiembre en las Cortes de Castilla y León, destaca las actuaciones que desde aquella institución se han llevado a cabo en relación con el patrimonio cultural. La institución que dirige Amohedo, señala que "la protección de elementos concretos, con un mayor o menor valor patrimonial, ha seguido siendo el motivo del mayor número de quejas relacionadas con la protección del Patrimonio Cultural de nuestra Comunidad".


Buena parte de las actuaciones de oficio estuvieron relacionadas con la protección de bienes concretos de la provincia de León, como los monumentos histórico-artísticos de Grajal de Campos; la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún de Campos y de la Capilla de Jesús anexa a la misma y el yacimiento arqueológico denominado 'Castrum Coviacense', en Valencia de don Juan.

Con relación al Palacio de los Condes de Grajal de Campos y al Castillo-Fortaleza de la misma Villa, el Procurador del Común, formuló una resolución, para recomendar tanto a la Junta como al ayuntamiento "que la conservación del Castillo y del Palacio del Conde de Grajal de Campos, como monumentos especialmente representativos del patrimonio cultural de Castilla y León, siga siendo un objetivo prioritario en los planes de actuación, tanto de la Administración autonómica como del Ayuntamiento de Grajal de Campos".

La oficina que dirige Javier Amoedo, inició un expediente de oficio sobre el 'Castrum Coviacense', en Valencia de don Juan, a raíz de la construcción de un edificio de viviendas que podría provocar la destrucción del yacimiento arqueológico.

Sobre este asunto, se formuló una resolución para recordar al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que, en lo sucesivo, "el otorgamiento de licencias de obras no se lleve a cabo en tanto no se realicen las actuaciones procedentes, para la protección y vigilancia arqueológica de las zonas de protección contempladas en la propia normativa urbanística y en la normativa sectorial sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León".

El procurador del Común se interesó también por el derrumbe ocurrido en el mes de agosto de 2008 en la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún de Campos y la Capilla de Jesús anexa a la misma, ejemplos del románico mudéjar leonés.

Bienes de Interés Cultural pendientes de declaración

El Procurador del Común se interesó también por los expedientes BIC en tramitación, algunos de los cuales llevan abiertos dos y tres décadas esperando una resolución.

"De un total de 169 expedientes incoados para la declaración de Bienes de Interés Cultural permanecían en tramitación, incluyéndose los correspondientes a bienes con la categoría de Conjuntos Históricos (12 de los bienes se encuentran en la provincia de Ávila, 15 en la de Burgos, otros 15 en la de León, 8 en la de Palencia, 5 en la de Salamanca, 19 en la de Segovia, 41 en la de Soria, 21 en la de Valladolid y 33 en la de Zamora)". El procurador emitió resoluciones instando a la Junta a resolver los expedientes BIC, "acorde con el principio de eficacia al que está sometida la actuación de la Administración (art. 3-1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)".

Derrumbes en monumentos

Desde el grupo de procuradores socialistas, el portavoz de Cultura y Turismo, José Ignacio Martín Benito, recuerda que el Partido Popular rechazó una enmienda presentada por el PSOE a los Presupuestos Generales para 2009 destinada a la restauración del palacio de Grajal de Campos.

“El grupo socialista volverá a insistir en las Cortes para que en los presupuestos de 2010, la Junta de Castilla y León reserve una partida específica destinada a la restauración y puesta en valor del patrimonio de Grajal de Campos”, señala Martín Benito.

Respecto a los derrumbes y desprendimientos producidos en varios monumentos de Castilla y León, Martín Benito indica que, a pesar de los informes técnicos que alertaban sobre ello, la Junta se cruza de brazos y sólo comienza a actuar cuando se produce el derrumbe. Mientras tanto, sigue avanzando “el paisaje de la ruina” en nuestra Comunidad.

La muralla de León

En el último año se han producido derrumbes en las murallas de León y Zamora, de la colegiata de Covarrubias (Burgos), en el minarete de la iglesia de Santa María de Alaejos (Valladolid), de la fachada de la iglesia de Santo Tomé (Zamora), de parte de la iglesia de San Lorenzo en Sahagún de Campos (León), de la iglesia de Rágama (Salamanca). Martín Benito recuerda también los desprendimientos de hace dos años de las gárgolas de la Catedral de León, de una columna en la iglesia de Santiago en Peñalba, de un ara en San Miguel de Escalada…

En relación con la resolución de expedientes, el PSOE, según ha recordado Martín Benito ha presentado varias iniciativas en las Cortes en forma de interpelaciones, mociones y proposiciones no de Ley, instando a la Junta a resolver los expedientes BIC paralizados de la provincia de León, siendo siempre rechazadas por el grupo del Partido Popular.








* Leonoticias.com - 1.09.09
Foto: León - wikipedia.org

.................................... Leer más...

Una infracción urbanística provocó el reventón en la red de agua de Xàbia

ELPAÍS/Alicante* : Cerca de 2.000 viviendas de la zona turística del cabo de la Nau de Xàbia sumaron ayer un nuevo día sin agua potable después del reventón en la red sufrido en la tarde del jueves y que ha tenido mucho que ver con la presión urbanística que sufre el entorno. De hecho, el Ayuntamiento estudia denunciar al propietario de la zona que se aprovechó de una licencia de ampliación de su chalé para construir sin permiso un garaje que acabó por aplastar la conducción, que era ya demasiado antigua.

No es un caso aislado: en la zona, repleta de urbanizaciones e inmuebles de lujo, se ha construido de forma masiva aprovechando unas infraestructuras hídricas instaladas hace treinta años.

Esta circunstancia complica la reparación de la avería mientras los vecinos siguen abasteciéndose con garrafas de camiones-cubas en puntos estratégicos de las cinco partidas afectadas. Los técnicos que reparan el tramo de conducción dañada, de 360 metros, se han visto con la dificultad añadida de tener que realizar un by-pass que esquive la construcción ilegal. Es muy probable que no haya agua hasta el fin de semana a menos que funcione una tubería provisional que tenía previsto instalar ayer Amjasa, concesionaria del servicio. El Ayuntamiento llamó a la solidaridad para que las urbanizaciones aún con agua dejen de regar jardines y abastecer sus piscinas, para no perder más caudales.

La desesperación cundía entre los afectados, que ayer buscaban los camiones cisterna para ducharse "porque ya estamos hartos de utilizar el agua salada del mar", denunciaba una vecina. La avería ha lastrado la imagen de una población que llevaba años sin problemas de abastecimiento y ha acarreado pérdidas económicas para la boyante hostelería de la zona.









* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 02/09/2009
Foto: xabia (Alicante) - visitarvalencia.com

.................................... Leer más...

Vivir despacio para vivir mejor

ELPAÍS* : Hace ya una década, Paolo Saturnini, entonces alcalde del pueblo toscano de Greve in Chianti, a 30 kilómetros de Florencia, puso en marcha un movimiento que reclamaba un desarrollo basado en la calidad de vida de los ciudadanos. Para su filosofía resultaba más importante cocinar las hortalizas de las huertas del pueblo como lo hacía su abuela que comer una hamburguesa doble con queso, y un rato de charla en la plaza del pueblo, que un desarrollo acelerado que castigue el medio ambiente o impida pasear por las calles del centro urbano.

Así nació Cittaslow una red de ciudades lentas, que tomaron prestado el nombre de la corriente Slow Food, una asociación que nació en 1986 como respuesta a la invasión de la fast food y a la globalización de la oferta alimentaria. Entre las seis ciudades lentas que la organización reconoce en España se hallan Mungia y Lekeitio.

La red conecta un total de 116 ciudades que comparten la filosofía fundacional. Más de la mitad se encuentran en Italia, pero ya se han extendido hasta Corea del Sur o Nueva Zelanda. Para empezar, deben tener menos de 50.000 habitantes y cumplir una serie de requisitos relacionados con la conservación del medio ambiente y el respeto al patrimonio. Junto a las dos localidades vizcaínas forman la red española los municipios gerundenses de Begur y Pals, Rubielos de Mora (Teruel) y Bigastro (Alicante).

Ni Mungia ni Lekeitio presumen de su caracter de ciudad lenta. El símbolo de la red es un caracol con casas de colores sobre su concha, inspirado en el que distingue a Slow Food, que no se encuentra en los espacios públicos de ambas localidades vascos. Ni siquiera figuran referencias a la vida slow en sus respectivos sitios de Internet, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las webs de Begur o Bigastro.

¿En que se nota que son ciudades lentas? El alcalde de Lekeitio, el peneuvista José María Cazalis, resalta que sus conciudadanos "viven de forma lenta" sin caer en la cuenta de las etiquetas. "La gente compra el pescado recién descargado en el puerto, los niños pueden ir en bicicleta a la playa, se potencia el comercio de los productos locales y la gastronomía tradicional, se intenta mantener un urbanismo sostenible", enumera Cazalis. En pocas palabras resume que la vida lenta sigue aprovechando lo bueno de la vida tradicional, atenta a los pequeños detalles, pero sin renunciar a las ventajas de lo nuevo, como las tecnologías.

Fomentar los productos locales supone un aspecto fundamental en la filosofía Cittaslow, por sus beneficios para los productores, que mejoran la rentabilidad de las explotaciones en un mercado cercano, y para los consumidores, que tienen a su alcance las mercancías de temporada en el momento que marca el calendario. Cada viernes, el mercado de Mungia lo pone en práctica. En pleno verano, los tomates bien maduros destacan entre las cestas de pimientos, lechugas y vainas. También se venden embutidos y dulces artesanos. Los huevos se presentan acompañados de la fotografía de las gallinas que los pusieron, picoteando el grano en libertad.

Los baserritarras que venden en el mercado de Mungia ofrecen buen género y tienen una clientela fiel. Vendedores y consumidores siguen con sus costumbres ajenos a que el pueblo forma parte de la red de ciudades lentas. La familia de Ainhoa Olazar lleva más de 30 años vendiendo en la plaza las hortalizas de su caserío y nunca había oído hablar de que fuese una actividad acorde con esa filosofía de la lentitud urbana ni de que Mungia estuviese integrada en la red internacional. "Suena bien; miraré en Internet", anuncia Ainhoa. En Lekeitio tampoco es popular.






* ELPAIS.com - EVA LARRAURI - Bilbao - 30/08/2009
Foto: Varias clientas compran en el mercado municipal de Mungia, una de las dos localidades vascas integradas en la red de ciudades lentas.- F. DOMINGO-ALDAMA, elpais.com

.................................... Leer más...

Verano, crisis...




Viñeta de Forges - ELPAIS.com - 26.08.09

.................................... Leer más...

Derechos humanos frente a la corrupción

JESÚS LÓPEZ-MEDEL* : España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.

Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".

En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.

Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.

Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.

Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.

Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".

Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.

No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...



*Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.






* ELPAIS.com - Tribuna - 23.08.09


.................................... Leer más...

Urbanismo de penalti

XOSÉ MANUEL PEREIRO/ Galicia* : ¿A algún deportivista se le ocurriría ahora encargarle a Djukic la ejecución de un penalti decisivo, o un celtista a Alejo? Pues eso es lo que pretende el Gobierno gallego con el urbanismo: dejarlo -todavía más- en manos de los Ayuntamientos. Con una diferencia a favor de Djukic y de Alejo: que sus errores, aunque de grandes consecuencias, fueron puntuales, y desde luego, involuntarios. Sin embargo, lo de los municipios y la ordenación urbana, sin entrar en la involuntariedad, es, salvo contadas y conocidas excepciones, la historia de un fracaso contumaz y en todos los órdenes posibles.

En lo que se refiere a la ordenación urbanística, tenemos ciudades con atascos crecientes pese a la población decreciente, densidades de población de metrópolis y servicios como el transporte público con menores prestaciones que hace décadas. Tenemos zonas teóricamente rurales con una planificación con resultados semejantes a arrojar un kilo de arroz sobre el tapete de una mesa de billar. Desde el punto de vista de la arquitectura, la destrucción y el desprecio del patrimonio y la escasez de medidas para paliar el llamado feísmo llaman la atención incluso a ciudadanos de países que quedaron arrasados en las guerras mundiales. La construccionorrea que es el asombro de Europa no ha servido, en contraste con la ley de la oferta y la demanda, para hacer la vivienda más accesible a los ciudadanos. Y lo que es todavía más sorprendente, aquellos que ya la tienen y necesitan hacer cualquier reforma descubren que es mucho más lento tramitar el permiso para remozar una cocina que levantar un conjunto residencial. En resumen, instituciones tan devotas de las obras han cosechado un fracaso cuádruple: urbanístico, arquitectónico, social y burocrático.

Vamos ahora con los matices. Es cierto que el desastre hunde sus raíces en el franquismo y en la combinación letal de ignorancia, codicia e impunidad que imperaba en aquel tiempo. Pero ya entonces los mayores desafueros no se cometieron al abrigo de las leyes del sector, sino gracias a que saltárselas salía gratis a quien tenía el amparo de las autoridades locales. Y no parece que el establecimiento de la democracia haya minado la influencia de aquellos tres factores. También es verdad que la legislación urbanística es abstrusa, compleja y muchas veces poco adecuada a los tiempos. Y no lo es menos que los intentos de modernizarla, desde la Lei do Solo que promovió en su día Xosé Cuiña hasta las recientes Normas do Hábitat tuvieron la oposición de los ayuntamientos. En el primer caso incluso después de haber participado en su elaboración; en el segundo, protestando hasta contra la mejora de la calidad de las viviendas. Tampoco es que el caos urbanístico sea específico de Galicia, pero en toda la fachada atlántica, desde Tromsø (Noruega) a Sagres (Portugal), no hay nada comparable a nuestra desfeita.

Por último y quizá más importante, es evidente que este panorama es posible gracias a la permisividad -y la complicidad electoral- de buena parte de la ciudadanía, que ve la ineficacia, o incluso la corrupción, con fatalismo o con la coherencia de quien no critica que se cometan irregularidades porque espera poderse acoger a ellas, si llegase el caso. Posiblemente se deba a la herencia combinada de ser un país descabezado políticamente y con una exhaustiva ocupación del territorio, lo que originó el sentimiento de que "o que é de cada un é de cada un, e o que é de todos é de ninguén". Desgraciadamente, el presente institucional no es un catálogo de ejemplos a seguir. Decisiones como la de la Diputación de Pontevedra de adjudicarle sueldo de vicepresidente al ex alcalde popular de Gondomar, condenado por prevaricación urbanística y jefe de dos concejales sorprendidos cuando regateaban la extorsión a un constructor, son de un alto valor pedagógico para la ciudadanía: las leyes están para no cumplirlas, empezando por las autoridades, y en el infrecuente caso de que el asunto acabe en sentencia, aquí están las instituciones para poner a cada uno en el lugar que se merece. A los pirómanos, en el cuerpo de bomberos, como acredita, cambiando de siglas pero sin salir de Gondomar, la circunstancia de que el nuevo responsable de urbanismo, un concejal parasocialista, contruyó ilegalmente una nave.

Y finalicemos con las excusas. La primera, la de que los Ayuntamientos no tienen otros ingresos que los derivados de las licencias de obra, suena a aquello de que más vale pedir que robar. La segunda es que hay que respetar la autonomía municipal. Si fuese cierto el pragmatismo desideologizado del que hace bandera la Xunta, los Ayuntamientos podrían tener competencias en política exterior, defensa o acuñación de moneda. En cualquier cosa propia o ajena a lo municipal, excepto en urbanismo. Por aquello que dijo Mark Twain de que era mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda.






* ELPAIS.com - Opinión - 27.08.09

.................................... Leer más...

Murcia: Denuncian que la ciudad se queda sin identidad al derruir edificios históricos

LAOPINIÓN* : La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur) y las asociaciones pro-patrimonio han expresado su indignación ante la reciente demolición del Palacete Ponce, ya que "Murcia se está convirtiendo en un municipio sin señas de identidad". Junto a este edificio se encontraba uno de los fielatos de Murcia, establecimiento similar a una aduana donde los huertanos que querían adentrarse en la ciudad con sus mercancías tenían que pagar unas tasas. Por ello, desde las asociaciones señalan que "era fundamental para comprender el funcionamiento y la historia de la huerta de Murcia".

El edificio estaba considerado desde 1996 Bien de Interés Cultural, por lo que se debían conservar las fachadas Norte y Este, la torre central y otros elementos estructurales del edificio, así como recuperar la cuarta fachada. "No comprendemos cómo se permite derribar un edificio como este", dicen las asociaciones pro-patrimonio, "sin que antes de declarar la situación de ruina se hayan llevado a cabo medidas correctivas o de prevención".
También comparan el caso con el derribo del Molino de Oliver, en Aljucer, para el que advierten que "aún no se ha sancionado a ninguno de los responsables de esta demolición, que fue un acto ilegal y con ánimo de lucro".
Esta semana, Huermur y las entidades pro-patrimonio han presentando sendas denuncias ante la gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia y la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma "para que aclaren en qué situación se encuentran los expedientes sancionadores que se supone que tendrían que haber iniciado con la demolición". Además, se iniciarán acciones para impedir que el restaurado escudo del Molino sea reubicado en otro lugar que el que ocupó durante siglos.
Las asociaciones pro-patrimonio afirman que "si se continua por esta senda irracional, dentro de poco tiempo solo nos quedarán los escritos de nuestros ilustres antepasados, el Castillo de Monteagudo y la Catedral para demostrar que no somos un pueblo de parias y que el fértil valle de Murcia ya fue poblado por romanos e islámicos antes de ser un protectorado de Castilla".
Por todo ello, Huermur y las entidades pro-patrimonio están investigando la autorización administrativa que permitió el derribo del Palacete Ponce, para detectar posibles irregularidades en el proceso, además de afirmar que "vigilaremos que la edificación que ocupe el lugar del Palacete cumpla con la normativa".






* La Opinión Murcia - 1.09.09
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org

.................................... Leer más...

Vecinos del Prado exponen hoy en Bruselas la "falta de respeto medioambiental" de la biblioteca de la US

EUROPAPRESS/Sevilla* : Una representación de la asociación de vecinos 'Huerta de la Salud', de la barriada sevillana del mismo nombre, en las inmediaciones del Prado de San Sebastián, expondrá hoy ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo la "falta de respeto medioambiental" que, a su juicio, el Ayuntamiento de Sevilla ha promovido con la construcción de la biblioteca de la Universidad Hispalense en los Jardines del Prado.

Según expuso a Europa Press el presidente de la asociación, José Miguel González Cruz, la comisión --a la que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede presentar una demanda-- dilucidará si en la exposición, a raíz de una petición realizada en octubre de 2008, "hay contenido para pasar a otro organismo, en este caso sancionador".

"El mero hecho de llegar ya es un éxito", subrayó González Cruz, que indicó que, por motivos laborales, ningún miembro de la Junta Directiva de la asociación puede asistir, por lo que se ha designado a la jurista bilingüe y referente vecinal sevillano Emilia de la Serna para que asista en representación del colectivo.

En la intervención --que será traducida a 20 idiomas, durará unos 15 minutos y estará soportada por una proyección de diapositivas-- se pondrán de manifiesto, entre otros aspectos, las seis sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) --quedan 3 pendientes de fallo-- y el auto de suspensión de las obras, dictado el pasado mes de julio.

Según los vecinos, las sentencias ponen de manifiesto que los residentes perseguían la defensa de un bien general --la integridad de un parque--, frente al Ayuntamiento y Universidad, "que perseguían un bien privado". Y es que, para 'Huerta de la Salud', "en vez de un fin educativo se pretende uno urbanístico, pues la propia sentencia establece que la calificación de equipamiento de uso educativo, en determinados terrenos calificados anteriormente como parque, atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico"

LA DESAPARICIÓN DE ÁRBOLES "ANULA" EL PROYECTO

Según consta en el documento entregado por la Gerencia de Urbanismo a los vecinos sobre la ayuda Feder, en el proyecto del Prado de San Sebastián han sido ejecutados los objetivos marcados en la propuesta de actuación presentada al Ministerio, que responden a la recuperación de la esencia de este vacío urbano como espacio libre; el tratamiento de esta superficie para la creación de microclimas con especies vegetales y láminas de ayuda; la sustitución de los árboles con patologías graves e introducción de nuevas especies vegetales; y la disminución de la intensidad del tráfico en el mismo, mejorando con ello las condiciones medioambientales.

"Por tanto, la desaparición de los 229 árboles no es que modifique los objetivos de esta ayuda, es que anula los objetivos del proyecto del Prado de San Sebastián para lo que fue construido", remarcó el líder vecinal, que también recordó que la construcción en el parque "va en contra de los criterios de sostenibilidad".

Para el colectivo vecinal, en Sevilla hay otras alternativas para ubicar un edificio emblemático "que no ocasionarían ningún impacto medioambiental", subrayando asimismo que el convenio de Aarhus y dos directivas comunitarias establecen la importancia de la participación ciudadana. En este sentido, recordaron que contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se formularon 30 alegaciones respaldadas por más de 40 asociaciones que representan a miles de sevillanos, "y a pesar de ello tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía no permitieron el diálogo".







* Europa Press - 1.09.09
Foto: Sevilla, nueva biblioteca - sevillaactualidad.com

.................................... Leer más...

Destrucción estética de Xixón

CARLOS X. BLANCO* : El modelo de lo que quieren hacer con Asturies se puede encontrar en cualquier pueblucho de la costa mediterránea infestado de torres, de hoteles y apartamentos a pie de playa. Turismo, sol (¿en Asturies?) y playa. El modelo del pescadito frito, trabajo precario, aniquilación cultural… La obsesión de los gobernantes del “Principado” no es otra que la de la realidad tozuda del país asturiano en el siglo XXI. Pero no hablemos solo del turismo, importante sector complementario (subrayemos lo de complementario) si se cultiva un turismo no masivo y de calidad que respete la identidad del anfitrión. Este sector hay que cuidarlo y adaptarlo a Asturies, y nunca puede ser cosa masiva.

Hablemos también del afán socialista por rellenar los praos con cemento, el afán por asfaltar hasta las cumbres más elevadas, la obsesión por “estar bien comunicados. Todo ello obedece a una mentalidad obtusa.

Como no son capaces de ver la propia potencialidad de lo asturiano, y solamente han tenido ojos (en su militancia analfabeta, de tipo sindical y político) para las cosas del mediterráneo, se creen los socialistas de hoy en la obligación de convertir el verde y el azul propios del país, en un zócalo de cemento, hierro y vidrio.

Como lo mejor es hablar de lo que se conoce más de cerca, hablemos de Xixón, mi ciudad. La construcción cúbica, de un negro funerario, por ejemplo, aparecida tras el Puente del Piles: ¿qué representa? No hace mucho se alzaba allí un chalet de la familia Rato, según se cuenta. Rodrigo Rato, expresidente del FMI (Fondo Monetario Internacional), una de las instituciones que más se oponen a la vida y a la dignidad de la mayor parte de la humanidad. Bien, pues ahora hay allí un hotel, y pocos pasos detrás, a la orilla del Piles, otro de color verde.

Muy “monetaria” y muy “internacional” debió ser la operación especulativa que permitió alzar este armatoste de vidrio oscuro frente al mar, desatendiendo a cualquier criterio estético nacional, a cualquier mínimo ajuste arquitectónico al estilo de la región, a cualquier relación con su entorno más inmediato. Esto, claro está, a las cadenas internacionales hoteleras les da lo mismo. Que se lo digan a los hoteleros del Caribe o del Sudeste Asiático: gracias al FMI ellos pueden edificar sus mazacotes para turistas cerca de los centros de esclavitud sexual de menores más prestigiosos del orbe. Para el turista globalizado, hoteles estándar plantados en cualquier punto indiferente del globo. Para el indígena, la identidad rota, las enfermedades venéreas y VIH, la esclavitud laboral y sexual. Socialistas o populares urbanizan y planifican con los mismos criterios “monetarios” e “internacionales”.

En Xixón la cosa no da para tanto, pero el color negro de ese hotel, y las demás construcciones horribles que, a modo de réplicas, van surgiendo tras él, dan cuenta de lo que significa expoliar una costa. Tengo unos familiares en les Mariñes a los que les niegan una ampliación de su garaje, mínima pero vital, todo por una “ley de costas” exigente y estricta con ellos, la gente del pueblo. Pero cuando hay intereses “monetarios” e “internacionales” a pocos metros del río Piles, la cosa cambia. Se hacen mamotretos a pie de playa y aquí no pasa nada. Si el Muro de Xixón ya está estropeado, sigamos con la tradición de estropicios ¡Ay, don Rodrigo! Tu nombre me evoca al último rey godo, que “perdió España” en Guadalete. Tras de ti, vendrán los moros. Pero con hoteles, en vez de cimitarras.

Podríamos hacer un suma y sigue. Los “edificios-barco” de la playa de Poniente, esa hermosa mímesis de Torremolinos, Benidorm, monumentos al mal gusto, fielmente inspirados en la españolada de Esteso y Pajares. Ni un solo palmo de verde en el Fomento, y una estética urbana “dura” basada en el cemento y hormigón al lado de la arena. Podríamos pensar también en las conejeras del Rinconín, apenas construidas sobre las peñas del acantilado. Y también en los “monumentos metálicos al óxido”, con que nos prodigan estos postindustriales gobernantes locales, esos fans de la Semana Negra y agentes armados de la Reconversión.

Por suerte “La madre del emigrante”, el célebre monumento del Muro, quedó en zona pública y no fue absorbido por la urbanización de las Conejeras del Rinconín. Xixón está, desde luego, muy post-industrial y muy globalizado con el cemento, el óxido, los hoteles y las conejeras. El paro, la pre-jubilación y los proyectos negreros de la CEOE harán el resto.


www.asturbulla.org





* Rebelión - Carlos X. Blanco - 1.09.09

.................................... Leer más...

Málaga: La recuperación del Guadalmedina sigue en dique seco y sin proyecto

SUR* : Veinticinco años después de que se construyera la presa de El Limonero, el río Guadalmedina sigue aún esperando un proyecto que culmine su integración en la ciudad y cicatrice la herida del cauce que la divide en dos mitades. Las diferentes vicisitudes por las que ha pasado esta actuación y, sobre todo, el uso partidista que del problema han hecho los responsables de las diferentes formaciones políticas en los comicios electorales de la última década, evidencian que la búsqueda de una solución urbanística eficaz para el Guadalmedina es todavía una de las principales asignaturas pendientes de las administraciones públicas para Málaga.

Entre tanto, con el paso de los meses de verano, el río vuelve a ofrecer una de las peores postales para los que visitan la capital. La maleza ha crecido considerablemente, si bien el Ayuntamiento la elimina periódicamente, y la basura -bolsas de plástico, neumáticos usados y excrementos- se acumula en numerosas zonas, lo que constituye un imagen de abandono que critican los vecinos con frecuencia. A esto, se suma el aspecto cada vez más deteriorado de las pérgolas y fuentes que a principios de la década de los noventa se realizaron en el tramo más próximo al Centro con el fin de adecentar la zona. Cristales rotos, hierros oxidados, pintadas y humedades conforman la estampa que presencian cuantos se asoman a los puentes.
Las últimas novedades para avanzar en el estudio de las diferentes alternativas que pueden plantearse para este cauce urbano fueron los encuentros que mantuvieron hace dos años responsables del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) coincidiendo con el año en que se conmemoró el centenario de la inundación de 1907. Entonces, se acordó que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, hiciera un estudio sobre las posibles afecciones que puede tener en el río cualquier intervención de carácter urbano, para poder acometerla con garantías.
Prioritario
Según los plazos ofrecidos inicialmente, el estudio debería haber concluido a finales de 2008, pero aún no está listo. Así lo confirmó el presidente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, quien, no obstante, señaló que el Guadalmedina es una de las prioridades que se ha marcado para su gestión desde que tomó posesión de su cargo a mediados de este año. Así, detalló que en junio se retomaron los contactos con el Cedex para la elaboración de su informe. Además, la Agencia Andaluza del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente, ha enviado al citado organismo una serie de datos requeridos sobre la situación hidrológica del río. «Esperamos tener el estudio lo más pronto posible, ya que nos ofrecerá información sobre cuál podría ser el tratamiento para el Guadalmedina», señaló Paniagua.
Este responsable autonómico reconoció que se trata de un proyecto de una gran importancia para Málaga y aseguró que se mantendrá la coordinación con el resto de administraciones públicas a la hora de analizar los resultados del análisis del Cedex, que se marcó como paso previo a la convocatoria de un concurso internacional de ideas sobre la actuación para el río.







* SUR - JESÚS HINOJOSA ÁLEX LOBERA - 31.08.09
Foto: Málaga, el Guadalmedina seco - diariosur.es

.................................... Leer más...

100 ideas para salvar el Mar Menor

LAVERDAD/Murcia* : Los miembros de una comisión creada en el 2007 para frenar la degradación de laguna salada exponen sus propuestas. El Mar Menor es un enclave expuesto a graves problemas que hacen peligrar su subsistencia, entre ellos: el turismo, el urbanismo y la contaminación del agua y de los acuíferos existentes en su cuenca, como consecuencia en parte de la intensificación de los usos que se dan es este territorio de la agricultura.

Con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible en el conjunto de este territorio, la laguna del Mar Menor y su entorno, el Ministerio de Medio Ambiente creó la Comisión Mar Menor, un grupo de trabajo constituido por más de 50 representantes de las administraciones públicas, en sus diferentes niveles estatal regional y local; las universidades y los centros de investigación; organizaciones empresariales, turísticas, agrarias, pesqueras; las asociaciones de vecinos; organizaciones ecologistas a nivel internacional, nacional y regional, y los representantes de la Unión Europea, entre otros, para encontrar soluciones y acordar compromisos de acción.
Para llevar a cabo una gestión integral del Mar Menor y su entorno las instituciones elaboraron un dossier poniendo en común una serie de propuestas, encaminadas a buscar una solución consensuada. Y se redactó un informe en el que todas quedaran reflejadas.
Entre ellas destacan las de limitar el uso de embarcaciones, recuperar los espacios naturales, crear un Centro de Interpretación, la no creación de más puertos deportivos, o la construcción de más depuradoras y limpiar las ramblas que vierten a la laguna. Las restantes, este diario las ha resumido en cien propuestas. Son las siguientes.
FEDERACIÓN DE VECINOS
01. Conseguir el vertido cero a la laguna.
02. Moratoria urbanística en el área de influencia.
03. Recuperar el dominio público par uso y disfrute de los ciudadanos. Seguir derribando edificios y regenerar zonas afectadas por las edificaciones.
04. Potenciar el uso de la vela y otros deportes náuticos pero con la limitación de las embarcaciones.
05. Que no se amplíen los puertos deportivos ya existentes con más puntos de amarre.
06. Construcción de un FEVE desde Cabo de Palos hasta San Pedro del Pinatar.
07. Regeneración de las zonas de playa degradadas con su dragado y aportación de arena nueva.
08. Desechar por completo la idea de abrir el acceso norte a La Manga del Mar Menor.
ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE, ADENA Y GREEN PEACE
09. Potenciar la compra de terrenos en la ribera del Mar Menor.
10. Fomentar la coordinación entre las administraciones Estatal, Autonómica y Local en la gestión del espacio natural y la solución de los problemas.
11. Dejar de utilizar los espacios naturales para la localización de infraestructuras como depuradoras, desaladoras, estaciones e bombeo, puertos deportivos,
etc.
12. Recuperar paisajes y ecosistemas fuera de los espacios naturales: molinos de viento, salinas o pesquerías artesanales de menor impacto sobre las aves...
13. Implantación de más zonas protegidas limítrofes con el suelo urbano.
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES
14. Delimitación de las zonas de fondeo para embarcaciones lejos de la costa.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
15. Crear un Centro de Interpretación del Mar Menor.
16. Adoptar medidas en los cauces de las ramblas, especialmente en la ribera Sur del Mar Menor, para evitar los aportes de la Sierra Minera.
17. Trabajar con la agricultura y ganadería de la zona para implementar sistema de producción más sostenibles.
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
18. La creación de un cinturón verde alrededor de toda la laguna implantando la agricultura ecológica básica.
19. El control de embarcaciones a motor a través patrullas marítimas durante todo el año.
20. Creación de zonas balizadas para el fondeo publico controlado desde los Ayuntamientos locales.
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO
21. Identificar las afecciones e impactos adversos así como los órganos competentes para su solución.
22. Realizar una valoración económica de las actuaciones a realizar con un esquema financiero.
23. Formalización de acciones administrativas en las áreas donde se va a trabajar.
24. Recoger metodologías europeas para poder implantarlas en el Mar Menor.
25. Identificar organismos que deben actuar en cada zona.
26. Establecer un listados de objetivos y las administraciones que deben participar.
COMISIONES OBRERAS (CC OO)
27. Desarrollar políticas económicas para que no se rompan los asentamiento poblacionales.
28. Frenar la creación de resort y potenciar urbanizaciones respetuosos con el ambiente.
29. Invertir en aumentar el transporte público.
30. Crear planes de formación para los jóvenes en agricultura y hostelería.
31. Desarrollar planes de ayuda para favorecer la implantación de agricultura extensiva y ecológica.
32. Potenciar el asociacionismo de agricultores ecológicos para mejorar la comercialización de sus productos.
33. Aumentar las ayudas a los propietarios con zonas protegidas para que ayuden a su mantenimiento.
34. Campañas de información a los agricultores sobre el manejo de desechos.
35. Garantizar la permanencia del Trasvase Tajo-Segura.
36. Crear nuevas infraestructuras a raíz del aeropuerto de Corvera hasta la costa.
37. La no creación de puertos deportivos.
38. Anteponer la conservación de los espacios naturales a cualquier proyecto urbanístico en el Mar Menor.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (UGT)
39. Apoyar la creación de una red de seguimiento, constituyendo un equipo de trabajo adecuado para tal fin.
40. Tomar medidas de gestión y control de la pesquería del Mar Menor.
41. Mejora el sistema de regadío existente evitando con ello las aportaciones al Mar Menor.
42. Que la red de seguimiento, incluya una vigilancia, para poder acometer el problema de especies invasoras (por ejemplo, Caulerma Racenoca, en la Isla de
Grosa).
43. La creación de una figura de protección Marítimo-Terrestre para la Isla de Grosa.
COAG-IR REGIÓN DE MURCIA
44. No perder superficie de regadío y potenciar el riego localizado.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
45. Moratoria de nuevas urbanizaciones en los espacios abiertos que aún quedan: Novo Cartago o Lo Poyo.
46. Plan de saneamiento Integral, con un programa de medidas urgentes que incluya todos los déficit de la recogida de aguas residuales.
47. Medidas de control de los perímetros de regadío del Campo de Cartagena, auditando las superficies existentes.
48. Aplicación y puesta en práctica de un Código de Buenas Prácticas Agrarias.
49. Medidas de apoyo explícito al cultivo del almendro y algarrobo.
50. Aprobación sin servidumbres urbanísticas de los Planes de Ordenación de los Espacios Protegidos del Mar Menor y del Plan de Gestión de las zonas protegidas
del Mar Menor.
51. Potenciación de los humedales y espacios periféricos para filtrar los vertidos.
52. Sustitución de los espigones por pantalanes.
53. Ceación de un consejo asesor y de participación pública.
54. Realización de unas jornadas técnicas y sociales sobre el futuro del Mar Menor para vecinos, ecologistas, universidades, ayuntamientos, comunidades
autónomas, demarcación de costas, CHS, etc...
55. Desarrollar, publicar y difundir manuales de buenas prácticas para la pesca, industria y turismo.
56. Diseñar planes de concienciación ambiental.
57. Impulsar el desarrollo y aplicación efectiva de las Agendas 21.
58. Regeneración del conjunto de la Rambla de la Carrasquilla.
59. Adquisición de los terrenos del Camping Mar Menor, en la playa de la Hita.
60. Adhesión al dominio público de la finca Casablanca en la Escuela Militar del Aire
61. Adhesión y regeneración de la Cala del Pino.
62. Regeneración del saladar Charca de la Vaca.
63. Creación de una Red de Corredores Verdes en el entorno del Mar Menor.
64. Creación de la Reserva Marina en Isla Grosa.
65. Adquisición de Marina del Carmolí.
66. Adquisición de Cabezo Mingote, Punta de la Lomas y playa del Arsenal.
67. Protección y conservación de los lugares de interés geológico.
68. Creación una ventana de suelo no urbanizable entre Punta Galera y Playa La Hita.
69. Regeneración del sabinar de Dunas.
70. Restauración de espacios ambientales de la red de carreteras.
71. Campaña contra el uso de cebos envenenados.
72. Medidas de prevención para evitar el atropello de animales en las carreteras de las Salinas de San Pedro.
73. Diseño de un plan de gestión del tráfico porcarretera.
74. Actuación para mejorar la eficiencia energética y fomentar de las renovables
75. Prevención de la contaminación lumínica
ESTACIONES NÁUTICAS DEL MAR MENOR
76. Construcción de más depuradoras en los municipios ribereños
77. Eliminación de barcos que dificultan el baño.
78. Construcción de paseos marítimos.
79. Realizar estudios para evaluar la necesidad de recuperar la salinidad y temperatura del Mar Menor de hace treinta años.
80. Suspensión de la pesca agresiva (la de arrastre), a la que hay que buscar otras alternativas.
EXPERTOS LOCALES EN FAUNA
81. La regeneración e integración paisajísticas y ambientales de las áreas ribereñas más degradadas.
82. El desarrollo de una zonificación interna de protección y uso de la laguna, con delimitaciones físicas
83. Limpieza y adecuación de las ramblas que vierten al Mar Menor, procedentes de la Sierra Minera.
FUNDACIÓN SIERRA MINERA
84. Reforestación y recuperación de los suelos afectados por la minería.
85. Restauración o eliminación de balsas de estériles y escombreras.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
86. Creación de un Observatorio del Mar Menor para la recogida de información y gestión.
EQUIPO INVESTIGADOR PARA SALVAR EL MAR MENOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
87. Recuperación de la superficie de humedales para su uso como filtro verde.
88. Crear micro reservas litorales en zonas de dominio público.
89. Monitorización ornitológica para el estudio de todo el ecosistema ribereño.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
90. Modelización hidrogeoquímica del transporte reactivo de solutos mediante
isótopos estables.
91. Estudio de la proliferación de fitoplacton tóxico y nocivo en la laguna.
92. Evaluación del impacto medioambiental del sector de la náutica sobre la laguna.
EXPERTOS LOCALES EN EDUCACIÓN DEL MAR MENOR. AULA DE LA NATURALEZA DEL MAR MENOR
93. Fomentar el turismo de naturaleza, el llamado Ecoturismo.
RAMSAR (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES)
94. Asegurar los cambios hidrológicos entre la laguna y el Mar Mediterráneos.
EXTINTA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
95. Conservación y restauración de los ecosistemas en el Mar Menor y su área de influencia.
96. Vigilancia y control del litoral del Mar Menor.
97. Gestión de residuos y suelos contaminados en plantas de tratamiento
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
98. Poner en marcha medidas para evitar la artificialización del suelo y desertificación.
EUROPARC (FORO PARA LA MEJORA DE ESPACIOS NATURALES)
99.Promover la recuperación de bosques de ribera.
100. Mejorar en el control del regadío en la zona con el fomento de contadores y guarderías fluviales.







* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 31.08.09
Foto: El Mar Menor (Murcia), vista - elconfidencial.com

.................................... Leer más...

El Síndic veta un PAI en Orihuela por falta de agua

ELPAÍS/Alicante* : El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha emitido una resolución en la que sugiere al Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, que no autorice un PAI previsto en el prelitoral del municipio sin haber acreditado la garantía de los recursos hídricos exigibles. El programa urbanístico, denominado Tierras Nuevas I y II, en la actualidad en fase de estudio, prevé levantar 1.650 casas en una zona de alto valor paisajístico.

El dictamen del Síndic se produce a raíz de una queja planteada por la presidenta de una comunidad de vecinos de la zona. Antes de acudir al Síndic, la denunciante también llevó el PAI ante el consulado británico y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La iniciativa urbanística fue aprobada provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de Orihuela en septiembre de 2005.

En aquella ocasión la oposición votó en contra por considerar que el PAI (800.000 metros cuadrados) se integra en suelo agrícola de especial protección.

En su resolución, el Síndic amonesta al Consistorio oriolano por haber autorizado provisionalmente el PAI sin que el expediente incluyera el informe del organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura, ni el estudio favorable de impacto ambiental. Estos dos extremos, resalta el Síndic, implican que se autorizó sin evaluar "las consecuencias ambientales" ni, por ende, acordar las oportunas medidas correctoras.

"Efectos ambientales que en virtud de su relevancia e incidencia en el medio pudieran incluso determinar que la Administración optase o se viera en la obligación de optar, por la alternativa cero; esto es, por no acometer la actuación urbanística aprobada provisionalmente", recoge la resolución del Síndic.

En último término, Cholbi esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia que considera ilegales programas urbanísticos aprobados sin el estudio de la existencia de recursos hídricos.

Y, además, recuerda que los informes relativos a la acreditación de agua suficiente para el abastecimiento de la futura población han de ser previos a la aprobación por parte de la Administración de los mencionados PAI.

Por tanto, Cholbi recalca al Ayuntamiento que no autorice definitivamente el PAI hasta contar con el informe de la Confederación del Segura, y si éste es contrario pide que se revise la aprobación provisional.







* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 31/08/2009
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com

.................................... Leer más...