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ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de 2 años de cárcel para el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por el delito continuado de coacciones al ordenar el cierre del aparcamiento público, propiedad de la madre de la regidora de UM Isabel Alemany en Sant Telm, al parecer, como «venganza» por las «profundas» diferencias que mantenía con su entonces adversaria política, según el escrito de acusación del fiscal.
Asimismo, la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación especial para Hidalgo por el delito continuado de prevaricación. Ambas peticiones coinciden, prácticamente, con las presentas por la acusación particular -ejercida por Isabel Alemany-, que solicita 3 años de cárcel para el ex alcalde por el delito continuado de coacciones y 9 años de inhabilitación especial.
Hidalgo ya ha sido condenado a 4 años de prisión en el primer juicio del 'caso Andratx' -la supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio- celebrado en la Audiencia de Palma por la casa que se construyó sin licencia. No ha ingresado en la cárcel debido a que su abogado, Rafael Perera, recurrió el fallo en casación ante el Tribunal Supremo.
La vista por el cierre del párking de Sant Telm se celebrará en un juzgado de lo Penal, después de que la juez instructora de esa causa, Piedad Marín, de Instrucción 4, hubiese decretado la apertura de juicio oral.
En su resolución, la juez decreta la libertad provisional de Hidalgo, con la obligación de comparecer ante ese juzgado cuando sea llamado, y le requiere para que en 24 horas aporte una fianza de 600 euros.
El fiscal señala en su escrito que Hidalgo, entonces alcalde de Andratx, actuó «en represalia» contra Isabel Alemany (defendida por el abogado Miquel Borràs), hacia la cual sentía «una gran animadversión», ya que había promovido acciones judiciales contra él, al ordenar el cierre del aparcamiento.
El representante del Ministerio Público añade que Hidalgo quiso hacer coincidir el cierre con la época estival «para así provocar mayores perjuicios económicos a la madre de la señora Alemany, que sabía que venía explotándolo desde hacía años». Señala que intentó darle una apariencia de legalidad al cierre y encomendó a la Policía Local la confección de un informe sobre el párking, en el que constaba problemas de atascos circulatorios en el referido aparcamiento.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 26.05.09
Foto: El aparcamiento de la madre de Isabel Alemany en Sant Elm fue cerrado por Hidalgo en julio de 2006. - ultimahora.es
Andratx: El fiscal pide dos años de cárcel para Hidalgo por cerrar el párking de Isabel Alemany
Vecinos de Valdecarros dicen que la operación urbanística que el Ayuntamiento planea "es un escándalo igual al de Marbella"
EUROPAPRESS/Madrid* : La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) denunció hoy que la operación urbanística que el Ayuntamiento de Madrid pretende llevar a cabo en el barrio de Valdecarros es "un escándalo similar en tamaño al destapado por la operación 'Malaya' en Marbella". En este sentido, AVIB recalcó está prevista la construcción de 50.000 viviendas en la zona y recordó que la reclasificación de suelo en la zona "está anulada por una Sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2007".
Así, explicó que el Consistorio ha rechazado las alegaciones presentadas en las que solicitaron la retirada del proyecto.
Por ello, la Asociación vecinal advirtió que las viviendas previstas en Valdecarros "podrían ser declaradas ilegales y, en caso de llegarse a construir, ser demolidas por orden judicial", en cuyo caso "se verían gravemente perjudicados las 150.000 personas que se prevé podrían llegar a residir en dicho desarrollo, y los madrileños se verían obligados a afrontar las multimillonarias indemnizaciones que correspondiesen a los afectados".
Además, la asociación vecinal defendió la protección de espacios de gran valor medioambiental, cultural e histórico que hay en la zona y alertó que el desarrollo "pone en peligro los cantiles y riberas del Manzanares".
Por último, los vecinos subrayaron que la respuesta del Ayuntamiento "no es más que una excusa para no entrar a valorar el grave fondo de la cuestión", por lo que indicaron que están estudiando la puesta en marcha de iniciativas legales ante los tribunales españoles y las instituciones europeas.
* Europa Press - Madrid 26.05.09
Foto: Madrid, fuente Valdecarros - flickr.com
Marbella: El TSJA declara ilegal una urbanización ya ocupada y en vías de legalización
MÁLAGAHOY* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha declarado ahora ilegal la licencia de obras de la urbanización Fuentealoha impugnada por la Junta de Andalucía hace siete años, que no sólo ha sido edificada y ocupada, sino que, además, se encuentra en vías de legalización.
El Ayuntamiento de Marbella autorizó en 2002, siendo alcalde Julián Muñoz, la construcción de las 76 viviendas de lujo de esta urbanización enclavada en la zona de Nueva Andalucía, a pesar de que excedía el volumen de edificación permitido. Este hecho motivó que la Junta de Andalucía recurriera el permiso y demandara al Ayuntamiento y a la promotora Fuentealoha.
No obstante, el Ayuntamiento de Marbella, una vez superado el gilismo y sus secuelas, se allanó, es decir, se mostró conforme con la impugnación formulada por la Junta, circunstancia que, según el criterio del tribunal, "trae aparejado el expreso reconocimiento de la ilegalidad de la licencia impugnada". En estas circunstancias la sala estima nulo el acto administrativo de concesión del permiso municipal "sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento" por haber autorizado indebidamente unas obras.
Sin embargo, no parece que la sangre vaya a llegar al río, puesto que la urbanización Fuentealoha se encuentra en la actualidad en vías de legalización. La promoción forma parte del 90% de viviendas ilegales de Marbella que serán regularizadas en el futuro plan general de ordenación urbana (PGOU). Este documento, que se encuentra en este momento pendiente de aprobación definitiva, plantea compensaciones para la abrumadora mayoría de las edificaciones ilegales para incorporarlas a la legalidad urbanística del municipio. Se calcula que apenas quedarán sin regularizar medio millar de casas.
En este sentido, el letrado Antonio Belón, que defiende los intereses de Fuentealoha, precisó ayer tarde que la promotora ya compensó al Ayuntamiento por el exceso de edificación y el municipio aceptó las alegaciones al plan general de ordenación urbana planteadas por la empresa para que se incluyera entre las promociones a regularizar.
El abogado se quejó de la "alarma social" que desencadena el conocimiento público de una sentencia que tiene lugar cuando todo está en "vías de solución" y Fuentealoha "ya no tiene nada que ver con la urbanización. Todos los pisos fueron vendidos y sus actuales propietarios desconocían cualquier conflicto previo. Ahora lo que están es preocupados por la aparición de este tipo de noticias".
El retraso de esta resolución judicial es expresivo de la saturación y sobrecarga de asuntos que padece la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga. Los nueve magistrados de plantilla soportan casi más de un 40% de procedimientos de los que el Consejo General del Poder Judicial considera recomendables y, de acuerdo con la memoria del alto tribunal andaluz correspondiente a 2008, a finales del año pasado arrastraba en torno a 10.000 asuntos pendientes en primera y segunda instancia.
* Málaga Hoy - E. M. · H. S. / Málaga · Marbella - 27.05.09
Foto: Vista general de la urbanización Fuentealoha que aparece en la página web de la promotora.- malagahoy.es
Fiscalía reabre la investigación sobre comisiones ilegales en Terra Mítica
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ELPAÍS/Alicante* : La fiscalía quiere recuperar para la causa sobre fraude fiscal de una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, toda la información judicial que se derivó de la querella del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por supuestas comisiones ilegales durante la construcción del parque. El juez, de permiso según consta en un escrito firmado por el secretario del juzgado, aún no ha contestado.
Eduardo Zaplana se querelló contra los empresarios imputados en el caso Terra Mítica José Herrero y Antonio Moreno Carpio, y contra los diputados socialistas autonómicos José Camarasa y Antoni Such. Lo hizo porque se hicieron públicas unas grabaciones realizadas por los diputados de dos reuniones mantenidas con los empresarios en las que Herrero y Moreno Carpio explicaban que el también empresario e imputado en el caso Vicente Conesa entregaba supuestamente dinero que presumían era para Eduardo Zaplana y que provenía del cobro de comisiones ilegales de las empresas que participaban en la construcción del parque.
La querella fue inicialmente archivada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en lo que a los diputados se refería, pero continuó viva para los dos empresarios. El Juzgado de Lo Penal número dos archivó la causa porque un día antes del juicio Eduardo Zaplana aceptó un supuesto perdón pedido por los empresarios acusados.
Ahora, la fiscalía, en el marco de las diligencias por fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático de Benidorm reclama toda la documentación del caso. Un escrito firmado el pasado día 12 y con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia de seis días después pide al magistrado que reclame toda la documentación.
En concreto, la fiscalía reclama que se pida la querella interpuesta por Eduardo Zaplana, la información que generó en prensa, la ampliación de la querella, el sobreseimiento de la querella por parte del TSJ para los parlamentarios autonómicos, la declaración del empresario imputado Vicente Conesa, la de José Herrero, el informe pericial de procesado de las dos cintas de conversación, el informe fiscal, el escrito de conclusiones del fiscal, el escrito de defensa del empresario acusado y también imputado en el caso Terra Mítica José Herrero, el auto de señalamiento de juicio oral, el escrito de renuncia del querellante y la sentencia dictada. Y, además, la fiscalía pide al juez del caso Terra Mítica que se dirija a la Dirección General de la Policía, a la sección de acústica, y que le solicite una copia del disco compacto que se grabó con el contenido de las grabaciones y que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el que se encargó de la investigación de la querella cuando quedó reducida a los dos empresarios.
Por último, la fiscalía de Valencia pide que el instructor del caso Terra Mítica cite a los peritos que firman el informe para que lo ratifiquen. Según fuentes de la causa, a pesar de que el grueso de la investigación se centra en el delito fiscal, el pago de comisiones ilegales no está ni mucho menos descartado, por difícil que pueda resultar acreditarlo con pruebas.
Precisamente, para encontrar esas pruebas están aún pendientes de respuesta las comisiones rogatorias instadas por el juez a entidades bancarias en el extranjero, en Andorra y Suiza entre otros destinos, para despejar si el presunto principal cerebro de la red, Vicente Conesa, directamente o a través de su mujer o alguno de sus dos hijos, imputados también, depositaron dinero en el extranjero, con qué objeto y con qué origen. La causa Terra Mítica está abierta por delito fiscal, falsificación, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, alteración contable y estafa. Hay casi 30 imputados.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 26/05/2009
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
Madrid: Precisiones sobre la querella contra Lamela por prevaricación
Ante las informaciones incorrectas y confusas, cuando no falsas, que han venido divulgando diversos portavoces de la Comunidad de Madrid sobre la noticia hecha pública ayer acerca de la querella de la Fiscalía de Madrid contra el ex-Consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, Ecologistas en Acción* quiere hacer las siguientes precisiones...
Plan de Carreteras 2007-2011
La querella se refiere al Plan de Carreteras 2007-2011. Algunas fuentes de la Comunidad de Madrid dicen ahora que dicho plan no existe, pero Ecologistas en Acción dispone de la trascripción de las comparecencias parlamentarias del propio Manuel Lamela en la que presenta dicho Plan y desgrana los diversos proyectos que incluye: cierre norte de la M-50, desdoblamiento de la M-600, ampliación de carriles de la M-607, desdoblamiento de la M-501…
¿Partidismo de la Fiscalía?
Los portavoces del Gobierno regional han hablado de la “utilización partidista y sectaria de los poderes del Estado contra los adversarios políticos de ZP”, o del “partidismo de la Fiscalía”. Pero los incumplimientos de la ley son flagrantes:
- Si no existía el Plan de Carreteras, como dice ahora el Gobierno regional, se incumple la Ley 3/1991 de carreteras de la Comunidad de Madrid, que impide actuaciones en carreteras si no están incluidas dentro de un Plan de Carreteras. La mejor prueba de este incumplimiento es que la Comunidad de Madrid modificó justo el artículo que establecía esta obligación en la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos aprobada en diciembre de 2008. Pero hasta esa fecha, la normativa previa era de obligado cumplimiento.
- Y si por el contrario sí existía el Plan de Carreteras, entonces se incumple la Ley estatal 9/2006, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, que obliga a evaluarlo ambientalmente en su conjunto. Nuevamente, la mejor prueba del incumplimiento es el siguiente movimiento de la Comunidad de Madrid, que ha encargado la redacción del Plan de Carreteras 2009-2020 para, esta vez sí, someterlo a evaluación ambiental en su conjunto. ¿Qué sentido tiene presentar primero un Plan 2007-2011 y luego un 2009-2020, si no es por que se quiere subsanar una actuación “irregular”?
No está de más recordar que hasta la redacción de este nuevo Plan de Carreteras 2009-2020 se le ha encargado a una empresa privada (la mercantil Equipo Técnico en Transporte y Territorio, S.A.). El ansia privatizadora de la administración regional llega hasta el punto de renunciar hasta a lo más básico, la planificación, y dejarla en manos de intereses privados.
“La Comunidad de Madrid evalúa ambientalmente todos los proyectos de carreteras”
Tampoco se han ruborizado los diversos portavoces al afirmar que el Gobierno regional cumple siempre la ley en materia de evaluación ambiental. Ahí están los casos del desdoblamiento de la M-501, o de la ampliación de la M-30, ambos con sentencias en contra. Aunque esta última obra fue ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid, la autorización para realizarla sin evaluación ambiental vino de la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción confía en que a partir de ahora los administradores públicos de la Comunidad de Madrid pongan tanto empeño en el cumplimiento de la ley como están poniendo desde ayer en disfrazar de ataque injustificado algo que no es sino una evidencia: que la Comunidad de Madrid lleva tiempo funcionando como una auténtica insumisa de buena parte de la legislación ambiental.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 26.05.09
Foto: Madrid, carretera pantanos - publico.es
Salamanca: Ahora lo derribo, ahora no
ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Salamanca ha paralizado de forma cautelar el derribo del Teatro Bretón, después de que la empresa propietaria empezará a tirarlo abajo con las primeras luces del día. La causa de la paralización no tiene que ver con el valor artístico del inmueble, sino con una sentencia sobre la construcción de una piscina ilegal en una zona verde que construyó la empresa Santher, propietaria del Teatro, en Villamayor de la Armuña y que le impide realizar trabajos en Salamanca durante un año.
La juez titular de dicho juzgado ha convocado el próximo jueves a la empresa y los denunciantes a una vista oral, en la que se decidirá si se autoriza continuar con el derribo o lo paraliza hasta que se cumpla el plazo de la sentencia anterior.
Las asociaciones vecinales, Izquierda Unida y Los Verdes Foro de Izquierdas pusieron el recurso a las 9 de la mañana de este martes al ver cómo avanzaban los trabajos de demolición.
A las 11 del a mañana, la jueza emitió el auto. Después, y según denuncia el PSOE, la Policía Local tardó más de una hora en hacerlo cumplir.
En ese tiempo, diversos miembros de las asociaciones denunciantes intentaron detener la acción de las máquinas, que continuaban trabajando, provocando momentos de fuerte tensión.
El recurso también se basa en que existe un expediente presentado por Ciudadanos en Defensa del Patrimonio ante la Junta de Castilla y León para que el Teatro Bretón sea declarado BIC, que ha provocado que el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León solicitara un informe justificativo de los valores y singularidad que concurren en el inmueble, por si reúne las características y relevancia necesaria para alcanzar la categoría de Bien de Interés Cultural, según lo previsto en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León
Las obras de derribo han comenzado por la fachada de la Plaza de San Román y las retroexcavadoras han derribado un importante porcentaje del Teatro Bretón.
El Ayuntamiento de Salamanca concedió permiso a la empresa Santher a mediados de mayo para derribar el edificio, después de que fracasaran las negociaciones que los propietarios mantuvieron con Caja Duero y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para comprar el edificio y darle un destino cultural. Sin embargo, el futuro de esos terreros será acoger una residencia de ancianos y un parking privado.
* El Mundo - José Manuel Blanco - 26.05.09
Foto: Imagen de parte del Teatro Bretón recién derribado. | E. Carrascal, elmundo.es
Declaran ante el juez 35 cargos del Gobierno valenciano que autorizaron contratos a Orange Market
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Valencia retoma las declaraciones en la investigación del caso Gürtel. Un total de 35 cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la administración y la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez, El Bigotes, testifican hoy ante el juez. La directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, ha sido la primera en comparecer, tras llegar al tribunal minutos antes de las nueve y media de la mañana. A la entrada, no ha querido responder a las preguntas de los medios.
El Bigotes, quien mantiene una íntima amistad con el presidente valenciano, Francisco Camps, obtuvo contratos de la Generalitat vinculados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo. La mayor parte de las adjudicaciones estaban relacionadas con la Consejería de Turismo, si bien, el Bigotes también hizo negocios muy ligados a la esfera del presidente valenciano.
Entre los 35 altos cargos citados hoy por el magistrado instructor de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho, no hay ningún consejero valenciano. Las declaraciones de los imputados en la rama valenciana del caso Gürtel se iniciaron la semana pasada con la comparecencia del ex vicepresidente y ex consejero de la Generalitat valenciana Víctor Campos, el portavoz popular en las Cortes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente Camps, y del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez.
Tras ser interrogado durante casi una hora por el juez, el tribunal mantuvo la imputación sobre el presidente Camps, quien declaró estar "contento y satisfecho" de haber podido contar lo que había ocurrido en los últimos meses. El presidente valenciano no aportó ninguna prueba en su comparecencia y se presentó sin las facturas de los trajes por valor de más de 12.000 euros, que supuestamente recibió de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.
Personación del Estado
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que la Abogacía de Estado está a la espera del informe que prepara la Agencia Tributaria para comprobar si se han puesto "en juego" intereses "importantes" para la Hacienda Pública en el caso Gürtel. "Si hubiese en juego intereses importantes para la Hacienda Pública de todos los españoles por supuesto. No lo dudo", ha respondido Caamaño en declaraciones a RNE, al ser preguntado si el Estado se personará en la presunta trama de corrupción.
Por otra parte, el presidente del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha pedido disculpas "a los periodistas que hayan podido sentirse aludidos" por sus palabras sobre la investigación de la trama corrupta, y ha subrayado que cuando dijo que "alguien debería estar en la cárcel" se refería "a quien de forma interesada" está "filtrando el sumario del caso". Ayer por la tarde, Ripoll ya se disculpó con el mismo argumento.
* ELPAIS.com - 26/05/2009
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
"Las medidas llegan tarde"
ELPAÍS/Entrevista* : Ángel Núñez dejará pronto su puesto de fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, desde el que coordina al resto de compañeros de Andalucía, para dedicarse temporalmente al asesoramiento para la reforma del Código Penal. Durante años ha sido el azote de administraciones, jueces y particulares contra el urbanismo ilegal.
Pregunta. ¿Cómo se encuentra la Fiscalía que abandona?
Respuesta. Esta Fiscalía sufre una pertinaz falta de medios, sobre todo, de personal. La de Cádiz es una Fiscalía tremendamente compleja con cuatro unidades, Ceuta, Cádiz, Algeciras y Jerez, cada una de las cuales es más grande incluso que la de otras capitales. Y eso resulta complicado de trasladar a los que tienen que hacer las dotaciones de medios. Se suple con una enorme dedicación y horas y horas de trabajo.
P. La Junta ha puesto en marcha un plan de inspección con la colaboración de los ayuntamientos. ¿Es el camino correcto?
R. Sí. La necesidad de imponer la disciplina urbanística es absolutamente perentoria y para imponerla lo primero que hay que saber es cuál es la situación y trazar un mapa de la ilegalidad. Hasta ahora se avanzaban cifras muy dispares pero no se ha realizado el inventario que se está realizando ahora.
P. ¿Se llega a tiempo?
R. No. Se ha llegado tarde por una conjunción de factores: ha habido desidia municipal para aplicar las competencias que contiene la ley; han faltado órdenes judiciales de demolición; se han antepuesto intereses electorales, incluso con momentos de corrupción. Las medidas llegan tarde pero había que hacer algo. Es una situación irreversible pero hay que ponerle coto y decir de ahora en adelante no va a volver a suceder.
P. ¿Y cuál ha sido el papel de la Fiscalía?
R. Hemos conseguido un doble objetivo: que los tribunales hayan ido atendiendo nuestros planteamientos y que la sociedad tome conciencia de que las víctimas de los delitos urbanísticos somos todos. Es la sociedad la que se debe movilizar para ir en contra de estos comportamientos, frente a los grupos de presión que tratan de influir en los ayuntamientos.
P. Ahora va a participar en la reforma del Código Penal. Casos como el de Marta del Castillo han avivado el debate sobre el endurecimiento de las penas, incluso el de la cadena perpetua. ¿Esa presión influirá?
R. Me aventuro a decir que no. Cuando se producen hechos de esa magnitud y cuando se les da mucho relieve, no exento de amarillismo, la reacción popular es lógica. Pero considero que el agravamiento de las penas no conduce a una mayor eficacia del derecho penal. Lo que hay que hacer es dotar de medios a la justicia para que responda de una manera más rápida y eficiente.
* ELPAIS.com - 25.05.09
Diez detenidos en el Ayuntamiento de Arrecife por cobrar comisiones ilegales a empresarios
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RTVE/Lanzarote* : Diez personas han sido detenidas este lunes tras un registro en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, en una operación anticorrupción contra concejales, funcionarios y empresarios del consistorio lanzaroteño, entre ellos varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote). Según la Guardia Civil, la trama de corrupción municipal y urbanística se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no facilita ningún nombre, entre los detenidos se encuentra un ex presidente del Cabildo de Lanzarote, dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios del consistorio y varios empresarios.
Aunque el TSJC informó esta mañana de la detención de diez personas implicadas en esta trama, la Guardia Civil asegura que los detenidos en la denominada 'Operación Unión' son nueve, aunque no se descartan más arrestos.
El líder del PIL, Dimas Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 8 años, es uno de los diez detenidos en la trama de corrupción de Lanzarote, junto a su hija Elena Martín, jefa del Servicio de Contratación, y dos concejales del Partido de Independientes de Lanzarote.
Según han informado fuentes de la investigación, otro de los detenidos en la operación es el empresario Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y que fue secretario general del PSC-PSOE de Lanzarote durante mucho años.
A los detenidos se les imputa delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
Algunos testigos han dado otros nombres no confirmados
Según testigos presenciales, en el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, que se encuentra acordonado por la Guardia Civil, han sido detenidos el primer teniente, Ubaldo Becerra (PIL); el concejal de Urbanisno y Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL) y el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha, y la jefa del servicio de contratación del ayuntamiento, la abogada Elena Martín (PIL).
Las detenciones han sido ordenadas por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, quien ha declarado secretas las actuaciones, cuyo operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplazados desde Madrid.
Investigación a raíz de una comisión de 100.000 euros
La operación policial, bautizada con el nombre de Unión y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de las presuntas comisiones ilegales, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
En esta operación, dirigida por el juez de instrucción número 5 de Arrecife, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que ocupa Dimas Martín en la prisión de Tahiche.
Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".
Así, la Guardia Civil cita "el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos y concesión de licencias". Además, también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
Cortada la comunicación con el exterior
Pasadas las 09.00 horas, el ayuntamiento de la capital fue rodeado por efectivos de la Guardia Civil, que impidieron la salida de los funcionarios y la entrada de público en las dependencias, al tiempo que cortaron los teléfonos para evitar que algunos implicados que iban a ser detenidos se comunicaran con el exterior.
Mientras se producían las detenciones en el interior del ayuntamiento, fue registrado el domicilio familiar de Dimas Martín en Guatiza, en el municipio de Teguise.
Además del ayuntamiento y la casa de Dimas Martín, la Guardia Civil también procedió a los registros de empresas y domicilios de los principales imputados en esta operación.
Los detenidos fueron trasladados a los Juzgados de Arrecife de Lanzarote para ponerlos a disposición del juez encargado del caso. Desde las últimas elecciones municipales, el ayuntamiento de la capital lanzaroteña es gobernado por un pacto entre el PSC-PSOE y el PIL.
* RYVE.es - EFE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25.05.2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
Pasaia: 15 años de proyectos urbanísticos para nada
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ELPAÍS/Guipúzcoa* : El paisaje sigue siendo el mismo que hace 20 años: siniestro, ruinoso y desolador. Nada se mueve en Pasaia. Los vecinos de Trintxerpe están cansados de escuchar promesas y ver proyectos y maquetas que nunca se han hecho realidad. Los partidos políticos no han ahorrado compromisos cada vez que se acercaba una cita electoral, fuese ésta local, autonómica o europea. Sin embargo, la zona de La Herrera, donde la degradación no tiene parecido en ningún otro lugar del País Vasco, continúa a la espera de su regeneración urbana.
Las asociaciones vecinales sospechan de que las instituciones están ahora "poniendo precio" a la parcela de La Herrera: "Construirán viviendas para sacar el rendimiento económico que exige el puerto exterior", sostienen.
La regeneración de Pasaia "no tiene vuelta atrás", "será una realidad en breve", "se pone en marcha"... han sido expresiones repetidas estos años por los mandatarios guipuzcoanos. Desde 1995 se han puesto sobre la mesa más de una docena de proyectos y propuestas de planificación que no han llegado a sustanciarse en ningún caso. Estos que se describen a continuación son algunos de los más significativos planes nonatos sobre La Herrera.
1995: Instituto Juan de Herrera
El primer esbozo de la ordenación urbana del área de La Herrera fue planteada por la Autoridad Portuaria de Pasajes en 1995. El Instituto Juan de Herrera proponía para esta zona la creación de un puerto deportivo, la desaparición de barreras urbanísticas para los ciudadanos y la creación de zonas que permitirían compatibilizar los usos portuarios y sociales, siempre con el propósito de lograr una "absoluta mejora urbanística". La maqueta incluía una lámina de agua que bañaba parte de la zona de edificios.
1997: Programa Erasmus
San Sebastián acogió en abril de 1997 el encuentro Sinergia Universitaria Internacional, enmarcado en el Programa Erasmus, que reunió a instituciones, ciudadanos, expertos y profesores y alumnos de seis universidades europeas. Respecto a La Herrera, se concluyó que la alta densidad de población y el déficit de servicios públicos requerían la creación de un "espacio urbano central, fuertemente vinculado a los barrios de su entorno". "La dotación de equipamientos de uso ciudadano resulta estratégica", se apunta en el voluminoso documento publicado, donde se recoge por primera vez la posibilidad de ubicar un museo naval.
1999: Memoria histórica y perspectivas de futuro
El estudio apuesta por instalar el Museo Naval y crear un "parque temático del mar". Para la parte más cercana a Trintxerpe, se propone crear zonas verdes y de esparcimiento, equipamientos sociales y culturales, así como oficinas, usos hoteleros y también actividades industriales de bajo impacto.
2001: Plan Urban
La UE concedió ese año 20,6 millones para el periodo 2001-2006, de los cuales seis millones iban destinados para la rehabilitación de la zona de La Herrera, que fue denominada por primera vez como un "área de nueva centralidad". Se redactó un libro blanco que recogía las 20 actuaciones más urgentes en el ámbito de la bahía. Para entonces, el Puerto de Pasajes ya había anunciado su deseo de construir una dársena exterior y condicionaba la liberación de los terrenos de La Herrera a la ejecución del macroproyecto. Una pésima gestión de los fondos europeos obligó a destinar estos recursos en otros proyectos menos ambiciosos de Pasaia, para evitar que se perdieran las ayudas de la UE.
2002: Estudio de ordenación general
A raíz de la consecución de los fondos Urban, el Puerto de Pasajes acepta la concesión de 35.000 metros cuadrados de La Herrera Norte y encarga al estudio Chávarri y Asociados un estudio de planificación específico para esta parcela. Se proyectaron nueve torres de 10-12 plantas para oficinas, espacios ajardinados y el Museo Naval. Se mantendrían la Tenencia de Alcaldía y el mercado. No se contemplaron viviendas. El coste se cifró en 22,5 millones de euros.
2003: Espacio Rabanne
El diseñador Paco Rabanne visitó su localidad natal y se pro
puso la construcción de "un espacio interactivo de cultura-arte-economía" basado en el ecodiseño, las nuevas tecnologías y el aprendizaje aplicado a la moda. No se concretaron los contenidos ni la financiación del proyecto.
2004: 'Libro Blanco Bahía Pasaia 21'
La sociedad institucional Badia Berri, creada en marzo de 2002 para gestionar la revitalización del entorno con los fondos Urban, lanzó el Proyecto Asmoa, que incluía unos "cubos de innovación" con una espectacular cubierta (fotovoltaica) en forma de ola como elemento arquitectónico singular. Este ambicioso plan incorporaba una estación multimodal de cercanías, un palacio de congresos y convenciones, denominado palacio de la bahía, y el museo del mar y las energías, entre otros equipamientos.
En julio de este año, el consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno, Sabin Intxaurraga, y la alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, asistieron al derribo de dos pabellones industriales de La Herrera, un gesto que no ha tenido continuidad hasta cinco años después.
2005: La ciudad futurista
El arquitecto cubano Julián Argilagos, encargado en esas fechas del proyecto del Museo Balenciaga, presentó a mediados de julio de 2005 un proyecto futurista para La Herrera que bautizó como Fashion Art City. Tenía como icono el Museo Paco Rabanne, con forma de asteroide, y edificios de lujo (seis torres de viviendas de 36 plantas y otras dos de 52 alturas para albergar un hotel). La propuesta de Argilagos fue rechazada de plano a los pocos días por el Ayuntamiento.
2005: Atlantia
La Dirección de Cultura de la Diputación encargó a la empresa THR International Tourism Consultans, radicada en Barcelona, una reflexión para definir "un marco conceptual y estratégico para el relanzamiento de la bahía de Pasaia como eje lúdico-marítimo de la costa vasca". THR propuso bajo el título Atlantia. Ciudad mágica del mar transformar Pasaia en "un nuevo destino turístico de cuarta generación". Planteó ubicar en La Herrera un mamisferio, el actual Instituto Marítimo-Pesquero, el centro científico Itsasiker y el astillero naval Ontziola de Pasai San Juan. Sólo el diseño del plan iba a costar 880.000 euros. Ante las acusaciones de inoperancia, la Diputación dio a conocer este estudio, aunque no detalló lo que pagó a THR por él.
2006: Reflexiones de ordenación para Pasaialdea
Profesores de la Universidad de Granada, la Politécnica de Barcelona y la UPV, a petición de la Diputación, elaboraron un documento teórico sobre la ordenación territorial de la comarca, en el que abogaban por la reconversión de La Herrera y Trintxerpe, y el "enriquecimiento" de las cualidades urbanas de esta zona. En el informe, titulado Documento de reflexiones sobre el esquema de ordenación territorial de Pasialdea y el corredor intermodal de Jaizkibel, sostenían que las actuaciones de mejora urbana son las que con mayor verosimilitud se pueden iniciar a corto plazo, aunque no apuntaban ninguna intervención concreta.
2008: Plan Especial de Ordenación del puerto
Las instituciones pusieron en marcha en junio de 2007 la sociedad Jaizkibia, de capital público, encargada de gestionar la regeneración de la bahía. Las autoridades saludaron su creación como "el pistoletazo de salida" de la reforma de La Herrera. Pocos meses después, en febrero de 2008, la Diputación aprobó el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Pasajes, sin el visto bueno de los ayuntamientos de Pasaia y Lezo. La ordenación prevé intervenir profundamente en La Herrera, donde en una primera fase se crearían nuevos equipamientos para los vecinos, pisos protegidos y libres, y actividades económicas. Para ello, hay que demoler una decena de pabellones ruinosos de La Herrera, la mayoría de los cuales aún sigue en pie porque antes es obligado el traslado de esos negocios a Navalaldea (San Juan), única infraestructura culminada de entre todos los proyectos barajados para la bahía.
2008: Plan de trabajo para la regeneración urbana
En noviembre pasado, el Puerto de Pasajes anunció a bombo y platillo el "comienzo de la regeneración urbana y portuaria de Pasaia". Junto con la Diputación, expuso un "plan de trabajo" para derribar los pabellones industriales y transformar el norte de La Herrera (cinco hectáreas) en una zona de equipamientos públicos, actividades económicas y usos residenciales, repartidos en tres tercios de terreno. El Puerto se reservaba la parte sur para "una moderna área de actividades logístico-portuarias", separada de la zona norte por una lámina de agua.
Concurso de ideas
- La última iniciativa para revitalizar la bahía partió en febrero pasado de la Diputación guipuzcoana y la Cámara de Comercio, que decidieron convocar un Concurso Internacional de Ideas para definir la reordenación de los espacios portuarios. Se elegirán cinco equipos de arquitectos y urbanistas, que recibirán 50.000 euros cada uno para elaborar sus propuestas. Un jurado decidirá el ganador del concurso, que dispondrá de 150.000 euros para redactar el masterplan definitivo. Se espera que la maqueta final esté disponible en el verano de 2010. Esta decisión fue adoptada en el seno del lobby Gipuzkoa Aurrera.
* ELPAIS.com - MIKEL ORMAZABAL - San Sebastián - 25/05/2009
Foto: Pasaia (Guipúzcoa) - wikipedia.org
La Eurocámara acusa a todas las administraciones españolas
DIARIODEMALLORCA* : El Parlamento Europeo, tras la aprobación del informe Auken por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, responsabilizó a todos los niveles de la Administración española por impulsar un modelo de "desarrollo insostenible". Pero no son los únicos responsables de la actual situación. Bruselas también cargó las tintas contra las autoridades judiciales, de quien aseguró que "han demostrado que no están debidamente preparadas" para responder a los abusos urbanísticos.
El Europarlamento reclamó la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado el derecho comunitario, así como que se suspendan o se revisen "todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
El Parlamento Europeo llamó también la atención sobre el "desastroso impacto ambiental de muchos desarrollos urbanísticos masivos, en especial en las costas e islas".
Una de las enmiendas aprobadas durante la tramitación del informe de la eurodiputada danesa que lo endureció afecta especialmente al archipiélago balear al destacar que el actual modelo de crecimiento urbanístico "tiene consecuencias negativas sobre el sector turístico ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, dado que destruye los valores del territorio –yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, entorno natural y paisajístico– y fomenta la masificación".
Por último, la instancia comunitaria también se mostró muy crítica con la nueva Ley de Costas e instó a que se revise para impedir que un acto administrativo que obligue a ceder una propiedad esté basado en leyes promulgadas después de la construcción de ese inmueble. Buscaba proteger así los legítimos derechos de los propietarios de viviendas costeras "que no tienen un impacto negativo" sobre ella.
* Diario de Mallorca - I.O. PALMA - 22.05.09
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
El Puerto: Contra la recalificación de un retamar desmontado ilegalmente
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Ecologistas en Acción* ha presentado un total de 20 alegaciones contra la propuesta que tramita el Ayuntamiento de modificación puntual del PGOU para la delimitación de un nuevo sector del suelo urbanizable denominado “Casino”, y contra su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Entre las alegaciones presentadas se pueden destacar:
· Estando en periodo de revisión el PGOU del municipio, no se entiende que se sigan realizando modificaciones sobre el anterior PGOU. La evaluación de impacto ambiental de los planes urbanísticos debe ser global.
· Ni las propuestas de modificación del PGOU ni en sus correspondientes Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se tienen en cuenta los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
· No se ha tenido en cuenta para realizar el EIA la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, ni la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Estas normas legales introducen modificaciones de alcance de aplicación en el proceso de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, recogiendo la obligatoriedad de realizar informes de sostenibilidad y consultas al público interesado, cosa que no se ha hecho. Tampoco se han evaluado alternativas a la urbanización de estos terrenos, alternativas que sí presenta Ecologistas en Acción. El EIA es, por tanto, manifiestamente insuficiente, no reuniendo los requisitos mínimo exigidos por la legislación vigente.
· Estos terrenos son no urbanizables de carácter forestal, a tenor de lo dispuesto en La Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, por lo que hay que conservarlos y regenerarlos, ya que fueron desmontados en buena parte de forma ilegal en octubre de 2007, hecho que se oculta en el EIA. A raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción, la CMA ha impuesto a la empresa O.V.S.L. una sanción de 6.000 € y, esto es lo más importante, “la restitución de los terrenos a su estado original”. Por tanto es ilegal cualquier cambio de uso del suelo cuando existe una sanción legal que obliga a restituir los terrenos forestales ilegalmente destruidos a su estado original”.
Tanto esta zona como el colindante Rancho Linares –también en trámite e recalificación- son hábitat de alta importancia del camaleón. Esta especie ha sufrido fuerte una regresión en El Puerto debido a los desarrollos urbanísticos, que han dejado su área de distribución muy reducida y fragmentada. El camaleón común es una especie protegida. La nueva Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye al camaleón entre las especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. La declaración como urbanizables de zonas donde existen poblaciones de camaleones y la destrucción de pinares y retamares es una flagrante violación de esta ley.
· Estos terrenos deben integrarse en la red de zonas verdes y SGEL interconectados de todo el término municipal.
· La excusa esgrimida para recalificar estos terrenos es la perentoria necesidad de construir VPOs. En los 285.539 m2 de esta zona se pretenden construir 1.340 viviendas de las que 820 serían VPO. Ecologistas en Acción propone como alternativa la gran operación urbanística de La Florida, donde se prevén construir un total de 3.400 viviendas, de las que 2.409 serán protegidas. Además proponemos el desarrollo de otras bolsas de suelo que carecen de valores ambientales, paisajísticos o culturales. Junto al Rancho Linares está el Suelo Urbanizable Programado PP-CN-5 (antigua alcoholera), con 271.000 m2, donde se podrían construir un total de 1.235 viviendas, de las que 864 serían VPO. Colindante al Rancho Linares, también se modificó el PGOU para recalificar las Bodegas de San José del Pino a residencial, para 999 viviendas. Ante la crisis del ladrillo, y la más que probable inviabilidad de esta promoción de viviendas de lujo, sería también posible renegociar los cambios necesarios para poder desarrollar en esta zona VPOs. Es decir, se pueden construir sin problemas legales ni ambientales 5.595 viviendas, de las que 3.801 serían VPO, cifra más que suficiente para cubrir la actual demanda de VPO de nuestro municipio.
Por todo lo expuesto, hemos solicitado:
1.- Se proceda a desestimar la modificación del PGOU en el ámbito del sector denominado “Casino”.
2.- Se garantice la conservación y regeneración de la totalidad de los terrenos forestales en el sector “Casino”, con la protección del retamar existente y la ejecución del expediente sancionador que obliga a la “restitución de los terrenos a su estado original” de la zona desmontada ilegalmente.
3.- Se garantice la conservación de las especies protegidas en dicha zona forestal, con la estricta protección de sus hábitats.
4.- Se rechace el EIA por no incluir los mínimos contenidos ni haberse respetado los trámites para su realización previstos en la legislación vigente.
5.- Se integren esos terrenos, el Rancho Linares y las vías pecuarias colindantes en la red de SGEL y corredores ecológicos del término municipal.
* Ecologistas en Acción del Puerto de Santa María - 23.05.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Canarias: El 83% de municipios no ha adaptado sus planes a las Directrices
CANARIASALDÍA* : Sólo 15 de los 88 municipios del Archipiélago, es decir el 17%, han logrado culminar el proceso de adaptación de sus planes generales a las llamadas Directrices (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias).
El proceso de adaptación debería culminar en 2010, "ya que ese es compromiso del Gobierno de Canarias", según explicó en una entrevista a Europa Press el director general de Urbanismo del Ejecutivo autonómico, Jesús Romero, quien se mostró confiado en conseguir ese objetivo.
"No existe una parálisis del sistema de adaptación", aseguró Romero, que recordó que desde 2005 el Ejecutivo ha invertido unos 9,3 millones de euros para que los municipios de las Islas logren la adaptación a la normativa vigente con el impulso de las oficinas municipales.
Romero explicó además que en este proceso hay varios estadios, y que si bien hay algunos municipios que no han logrado superar ningún escalón hay otros que se encuentran en fases intermedias.
Según los datos facilitados, adaptados a las Directrices se encuentran seis municipios tinerfeños (Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, El Rosario, La Guancha e Icod de Los Vinos), tres de La Gomera (Agulo, Hermigua y Vallehermoso), dos de Gran Canaria (Gáldar y Valsequillo), dos de Lanzarote (Haría y Tinajo) y otros dos de La Palma (Puntallana y Tazacorte). En cambio, ninguno de los seis municipios de Fuerteventura se ha adaptado a la nueva legislación.
* Canarias al Día - Europa Press. Santa Cruz de Tenerife - 23.05.09
Foto: Vista aérea de una zona urbanizada. / Canariasaldia.com
La Nucia fraccionó permutas de suelo por el que se interesó Correa para burlar el permiso del Consell
LEVANTE/Alicante* : El Consell fraccionó contratos para otorgar adjudicaciones a dedo a firmas de la trama Gürtel, pero este recurso no fue exclusivo del Ejecutivo. El Ayuntamiento de La Nucia, que preside el popular Bernabé Cano, también recurrió a trocear en varias permutas suelo del municipio para eludir la exigencia legal de obtener el permiso de la Generalitat, según denunció ayer en las Corts el diputado del PSPV Francesc Signes, quien inquirió sobre esta cuestión al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. Una de las parcelas, sobre la que se aprobó el PAI de Pie de Monte, es la misma por la que, según reveló la investigación de Garzón, se interesó el cabecilla de la trama, Francisco Correa, agregó Signes.
Rambla reconoció que la Generalitat «desconocía» el fraccionamiento de varias permutas por el Ayuntamiento de la Nucia y que por eso no pudo actuar. Según explicó el parlamentario del PSPV, la ley de Contratos obliga a pedir autorización cuando la permuta excede del 25% de los recursos ordinarios del consistorio. Signes recriminó que el Consell es informado de todos los acuerdos municipales y la ley de Régimen Local le obliga a recurrir todos aquellos que sean ilegales.
Pero Rambla insistió en que, en la medida en que la Administración autonómica no fue informada de estos hechos, «difícilmente» pudo actuar, y deslizó que, por el mismo motivo, tampoco lo hizo la Delegación del Gobierno, «que también tiene responsabilidad en el control de los ayuntamientos». «La Generalitat no ha tenido conocimiento de ninguna solicitud del Ayuntamiento de la Nucia sobre autorización de permuta de bienes», aseveró, para señalar que este fraccionamiento de permutas tampoco fue detectada por los órganos de control interno locales. Las permutas, dijo, se hicieron «por concurso público y los conciertos contaron con la aprobación de todos», incluidos los ediles del PSPV.
«Intereses privados beneficiados»
Según el relato de Signes, el Ayuntamiento de la Nucia «fraccionó» los expedientes de la permuta de terrenos urbanizables que formaban parte de los PAI de La Serreta y Pie de Monte. Las permutas se hicieron con Dragados por 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de la Cultura, el edificio de Urbanismo y la plaza pública con auditorio. El mismo día en que se formalizó la permuta (8 de junio de 2005), Dragados vendió los terrenos a Gestrumar 2001 por la misma cantidad. Menos de un año más tarde, esta empresa revendió casi todas estas parcelas a diferentes sociedades obteniendo una plusvalía de 17,2 millones, afirmó.
La única de las 9 parcelas que no revendió, la de Pie de Monte, es la que Correa intentó comprar a los promotores del PAI de esta finca (la sociedad Montemar La Nucia), agregó Signes, para resaltar que dos de los consejeros de esta firma son a la vez accionistas de Gestrumar y de la empresa que impulsa el PAI de la Serreta (Cases del Pinar). Estos acuerdos «beneficiaron unos determinados intereses privados, renunciando el ayuntamiento a unos ingresos que se duplicaron en menos de un año».
* Levante-EMV - J. G. G./Efe, Valencia - 21.05.09
Foto: La Nucia - tagarinet
¿Y esto es la sostenibilidad?
CARLOS TAIBO* : En los últimos meses han pasado por los estudios de televisión y de radio, y se han pronunciado en las páginas de los periódicos, decenas de dirigentes políticos, de economistas, de sindicalistas y de periodistas, próximos al Gobierno o cercanos a la oposición. Aunque a menudo disientan en lo que respecta a las medidas precisas que conviene arbitrar, todos parecen estar de acuerdo en algo importante: para dejar atrás la crisis en curso hay que recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que despierte de una vez por todas el consumo. En un planeta en el que sobran los argumentos para afirmar que el crecimiento no genera cohesión social, provoca agresiones medioambientales muchas veces irreversibles y propicia el agotamiento de recursos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, cada vez es más urgente que busquemos, por ello, otros horizontes.
orprende, sin embargo, que muchos de quienes han hecho de la sostenibilidad su bandera de enganche prefieran esquivar la conclusión de que en los países ricos tenemos que asumir cuanto antes reducciones drásticas en la producción y en el consumo, de la misma suerte que tenemos que repartir el trabajo en provecho de modelos que hagan de la redistribución de la riqueza, de la vida social, del ámbito local y del ocio creativo sus cimientos.
Nada de esto último se aprecia, ni de lejos, en las posiciones que abrazan hoy nuestros gobernantes, empeñados en sacar adelante diagnósticos de lo que sucede tan errados como interesados. Recuérdese que hace algo más de un año el presidente Rodríguez Zapatero eludía mencionar, en sus discursos, la palabra crisis. Después se inclinó por arrojar todas las culpas de lo que ocurría sobre los desmanes que ha dado en exportar la economía norteamericana –ninguna correspondía, en cambio, a un modelo, el español, al parecer en modo alguno lastrado por flujos especulativos de diversa índole–, para, en los últimos tiempos, descargar sus iras contra una burbuja inmobiliaria que, según una singularísima visión, nada habría tenido que ver con las políticas alentadas por el Partido Socialista desde las más diversas instancias. ¿Cuánto tiempo tardará Rodríguez Zapatero en percatarse de las contradicciones flagrantes de lo que defiende ahora?
No hay manera de casar el omnipresente discurso de la sostenibilidad con medidas como las que el Gobierno español ha decidido alentar en respuesta a la crisis. Una de ellas es esa enloquecida apuesta por la alta velocidad ferroviaria que tanto gusta –dicen– al presidente norteamericano de estas horas. A su amparo está claro qué es lo que se nos viene encima: una forma de transporte que reclama salvajes agresiones contra el medio, propicia la desertización ferroviaria del grueso del territorio, es extremadamente onerosa en términos energéticos y se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.
Otra de esas medidas la aporta la frenética construcción de nuevas autovías sin que nadie explique convincentemente quién las va a poder utilizar en el futuro, cuando se disparen los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Qué no decir, en fin, de la impresentable, y discriminatoria, decisión de subvencionar con recursos públicos la compra de automóviles. ¿No sería más razonable que, lejos de pensar en los intereses de las grandes empresas, nuestros gobernantes ayudasen, antes bien, a quienes han decidido prescindir de un instrumento, el coche, que retrata cabalmente muchos de los elementos de insostenibilidad que atenazan a nuestras sociedades? Mientras se apoyan con descaro olímpicas parafernalias, por momentos despunta, en fin, la lamentable retahíla que da cuenta del liderazgo español en tecnologías verdes, casi siempre adobada, por añadidura, con la triste defensa, también en este ámbito, de la competición más feroz.
Bien es cierto que los desafueros transcienden el terreno de la sostenibilidad. Para cerrar el círculo, nuestros gobernantes repiten incansables que no van a aceptar rebajas, en provecho de los empresarios, en lo que atañe a las reglas del juego del mercado laboral. Empiezan a menudear las noticias, sin embargo, que sugieren que el Partido Socialista sopesa introducir algunas de esas rebajas en un escenario en el que los empresarios a los que acabo de referirme no tienen mucho de qué quejarse: al amparo de una precariedad que se impone por doquier, las normas imperantes han permitido –no se olvide– un crecimiento espectacular de la cifra de desempleados, en muchos casos sin cobertura alguna.
Para que nada falte, entre nosotros se ha optado por importar un modelo, el norteamericano, que defiende medidas de socorro tan generosas como urgentes cuando las entidades financieras están al borde de la quiebra, pero no actúa con la misma benevolencia y energía cuando son las economías de los trabajadores –recuérdese a las decenas de miles de inmigrantes que contrajeron hipotecas en condiciones próximas a la usura– las que se hallan con el agua al cuello.
Y es que quienes nos dirigen, de siempre remisos a poner el dedo en la llaga de lo que supone un capitalismo depredador e injusto –hoy, por cierto, a la deriva–, defienden, sí, el bien común… siempre y cuando no choque con los intereses particulares de las grandes empresas. Que se lo digan, si no, a Microsoft, que a buen seguro se apresta a sacar tajada de ese ambicioso programa que, de hacerse realidad, pondrá en manos de nuestros niños un magnífico ordenador llamado a resolver mágicamente las carencias del sistema educativo que arrastramos.
* Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1298/%C2%BFy-esto-es-la-sostenibilidad/
* Rebelión - Público - 24.05.09
Denuncian los intentos de urbanizar la Vega de Antequera con el nuevo PGOU
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ADN/Málaga* : La coordinadora malagueña del colectivo Nueva Cultura del Territorio ha denunciado los intentos de urbanizar la Vega de Antequera, el mayor espacio agrario que queda en la provincia de Málaga, con el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por el PP y PSOE de Antequera (Málaga).
A través de un comunicado ha denunciado que ambos partidos se han aliado para dar un "enorme pelotazo urbanístico" con la recalificación de más de ocho millones de metros cuadrados de suelo para montar la Ciudad de la Innovación y la Tecnología Agroalimentaria.
Nueva Cultura ha recordado que el nuevo PGOU ha recibido tres informes negativos de la Junta de Andalucía.
Asimismo, ha incidido que la agricultura es la principal fuente de empleo y riqueza de la comarca malagueña, además de ser uno de los sectores mejor posicionados para crecer e innovar.
* ADN- EFE - 23.05.09
Foto: Vega Antequera - picasaweb.google.com
El juez anula un ´pelotazo´ millonario que dio Ramonell con ayuda de Grande
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DIARIODEMALLORCA* : El magistrado Víctor Fernández, juez de lo mercantil 1 de Palma, ha anulado en una sentencia un auténtico pelotazo dado por el ex alcalde de Montuïri por el Partido Popular e intermediario inmobiliario Joan Antoni Ramonell con ayuda del promotor Vicenç Grande, ex propietario del Real Club Deportivo Mallorca. El juez ha condenado a una empresa vinculada a Ramonell y a la antigua propietaria de una finca en Son Bibiloni a devolver a la masa de acreedores de las empresas de Grande 3,3 millones de euros.
La sentencia da la razón plenamente a los administradores concursales del holding de Vicenç Grande, también llamado Grupo Drac, que desde junio del año pasado se halla en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de unos 935 millones de euros.
Los administradores judiciales Jorge Sáinz de Baranda, Raimundo Zaforteza y Salvador Fornés pidieron que se declarara la ineficacia de una serie de operaciones que desembocaron en enero del 2007 en la compraventa por el buque insignia de Grande, la sociedad Binipuntiró S.L., de la finca Son Bibiloni, situada en la carretera de Sóller, declarada de interés social por el Consell y con licencia para un geriátrico.
Grande pagó 6 millones de euros, más el IVA, por aquellos terrenos, de los que casi 2,4 eran para la empresa de Ramonell, Assessoría Montlliri S.L., y otros 3,6 correspondían a la anterior propietaria de la finca, la empresa Balear de Alquiler de Grúas S.A. El comprador aplazó el pago y cuando presentó su concurso había abonado ya 3,3 millones.
El pelotazo abortado lo dio Ramonell, que en esa época trabajaba de ojeador de solares para Grande, puesto que seis meses antes había firmado una opción de compra con Balear de Alquiler de Grúas por un precio sobre los terrenos de tan sólo 4,2 millones de euros.
Según la sentencia, Ramonell cedió su opción de compra a Grande cuando faltaba un día para su caducidad y pretendía embolsarse los 2,4 millones de euros por un negocio en el que no había invertido ni un euro.
El fallo judicial destaca que las comisiones de los intermediarios en el mercado inmobiliario suelen ser del 5 por ciento, o, en casos muy específicos llegan al 7 por ciento, pero resulta insólito y perjudicial para los ahora acreedores del Grupo Grande una comisión del 69 por ciento como quería llevarse el ex alto cargo en un Govern.
El magistrado también censura el hecho de que Grande no hubiera prescindido del intermediario y tilda de sorprendente el que, en apenas seis meses y sin ninguna modificación en el estado de la finca, el promotor pagara dos millones de euros más que los 4 de la opción de compra de Ramonell.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 23.05.09
Foto: Montuiri (Mallorca) - mallorcaweb.com
Dénia: Los vecinos alertan del drástico impacto paisajístico y medioambiental que supondrán los nuevos bloques
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INFORMACIÓN/Alicante* : El primer kilómetro de la costa de les Deveses de Dénia, justo al norte de la playa de l'Almadrava, ha empezado a transformarse y parece que en lo sucesivo lo hará bastante más. Este tramo del litoral norte de la ciudad, caracterizado íntegramente por una tipología de vivienda unifamiliar, de una planta o dos como máximo, se convertirá en una prolongación de lo que ya es generalizado en todo el litoral de les Marines desde el casco urbano de Dénia hasta el río Girona: bloques de apartamentos de entre 4 y 5 alturas.
Tres proyectos para unos 250 apartamentos se gestan a pocos metros de las obras iniciadas para hacer la primera urbanización de la zona, que ha comenzado con polémica junto a la calle Riu Bolulla. Allí se ejecuta ya un proyecto en primera línea de playa, que contempla la edificación de un bloque de 4 alturas para 31 apartamentos, la primera gran pantalla entre el mar y las viviendas de este tramo de les Deveses. Unas obras que siguen adelante, pero que suscitan la oposición de los vecinos, que denuncian que la licencia está caducada, que parte del proyecto se ejecuta en las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, y que además los primeros trabajos de excavación han llenado de grietas sus casas e incluso han ocasionado el derrumbe del muro de una de las viviendas.
Pero el caso de esta urbanización parece ser sólo el primero de estas características en la zona. Otros tres complejos residenciales más, aún de mayores dimensiones, se fraguan en los terrenos de las inmediaciones y sumarían otros 249 apartamentos.
La mayor de esas urbanizaciones en trámites se ejecutaría sobre los terrenos de la vieja urbanización Costa la Calma, para la construcción de un nuevo complejo con 100 apartamentos.
Otros dos proyectos se anuncian apenas a unos 50 metros de la polémica excavación de la calle Riu Bolulla. Uno de ellos contempla la edificación de 81 apartamentos junto a la calle Riu Algar. En los terrenos se puede apreciar cómo se han derribado ya las antiguas viviendas para dejar expedito el solar. El Consell de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, en reunión del 26 de julio de 2007, acordó denegar la licencia para la ejecución del proyecto.
* Información - SERGI GARCÍA - 23.05.09
Foto: El tramo de costa donde se fraguan las urbanizaciones está caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares - ernest weber, diarioinformacion.com
Más viviendas contra la crisis inmobiliaria
JOSÉ MANUEL NAREDO* : Cuando el aquelarre constructivo del último decenio ha acabado provocando en el país un notorio exceso de edificios y viviendas que la población no alcanza a comprar ni a alquilar, el reciente paquete de medidas reafirma la decisión de que el Estado compre suelo a las empresas inmobiliarias para promover la construcción de 200.000 viviendas, esta vez de precio protegido. Es como si al obeso enfermo de indigestión se le da como remedio una buena fabada.
Semejante despropósito, soslayado en el debate sobre el estado de la nación, obliga a recordar que diagnosticar bien los males del organismo económico es el primer paso para aliviarlos, en vez de agravarlos gastando en ello el escaso dinero público disponible.
El problema estriba en que los intereses inmobiliarios imperantes pesan tanto que a veces prohíben ver lo evidente: que el pasado boom inmobiliaro ha desplazado el problema desde la escasez de viviendas y locales hacia el exceso y
desocupación de los mismos, haciendo que España tenga ya más viviendas y más kilómetros de autopistas e infraestructuras per cápita que todos los países de la UE.
Cualquiera que recorra la geografía hispana se ha de topar por fuerza, no sólo con multitud de viviendas y oficinas en venta o en alquiler, sino con verdaderas ciudades o urbanizaciones fantasmas que, ya terminadas o todavía en construcción, esperan la llegada de las personas que algún día puedan habitarlas. Pero, junto a este exceso, han crecido el chabolismo, la infravivienda y el hacinamiento, solapándose así viviendas deshabitadas con habitantes sin vivienda. La aglomeración madrileña ejemplifica tal estado de cosas, al disponer de abundante patrimonio inmobiliario desocupado en el centro, en los PAU y en los municipios circundantes que han multiplicado su parque de viviendas, albergando megaproyectos como los realizados en Arroyomolinos (Xanadú), en Seseña (residencial El Quiñón) o en Yebes (Ciudad
Valdeluz).
En Madrid siguen adelante operaciones como la de Campamento y se activan otras nuevas como la de Chamartín. En Sevilla se inicia la construcción de una megatorre para añadir más millones de metros cuadrados edificados a un stock inmobiliario cuyo excesivo tamaño lastra la crisis. Cuando esto ocurre a lo largo y a lo ancho del territorio peninsular, parece claro que la parquedad de la demografía y de los bolsillos de la población retrasará durante lustros la digestión de tan desmesurado stock inmobiliario, dejando el territorio plagado de esqueletos y despojos de inmuebles fruto de tan sonado e irrepetible festín constructivo.
¿Para qué sirve el nuevo Ministerio de Vivienda si no aborda con firmeza los dos principales problemas de la crisis inmobiliaria actual? Esos problemas son: dar uso a un patrimonio inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad que, paradójicamente, no ha resuelto las necesidades de vivienda de la población, y aligerar el excesivo endeudamiento de compradores y promotores, que ha traído el aumento de la morosidad y las suspensiones de pagos.
* José Manuel Naredo es Economista y estadístico
* Público - Del consejo editorial - 22.05.09
