Pasaia: 15 años de proyectos urbanísticos para nada

ELPAÍS/Guipúzcoa* : El paisaje sigue siendo el mismo que hace 20 años: siniestro, ruinoso y desolador. Nada se mueve en Pasaia. Los vecinos de Trintxerpe están cansados de escuchar promesas y ver proyectos y maquetas que nunca se han hecho realidad. Los partidos políticos no han ahorrado compromisos cada vez que se acercaba una cita electoral, fuese ésta local, autonómica o europea. Sin embargo, la zona de La Herrera, donde la degradación no tiene parecido en ningún otro lugar del País Vasco, continúa a la espera de su regeneración urbana.

Las asociaciones vecinales sospechan de que las instituciones están ahora "poniendo precio" a la parcela de La Herrera: "Construirán viviendas para sacar el rendimiento económico que exige el puerto exterior", sostienen.

La regeneración de Pasaia "no tiene vuelta atrás", "será una realidad en breve", "se pone en marcha"... han sido expresiones repetidas estos años por los mandatarios guipuzcoanos. Desde 1995 se han puesto sobre la mesa más de una docena de proyectos y propuestas de planificación que no han llegado a sustanciarse en ningún caso. Estos que se describen a continuación son algunos de los más significativos planes nonatos sobre La Herrera.
1995: Instituto Juan de Herrera

El primer esbozo de la ordenación urbana del área de La Herrera fue planteada por la Autoridad Portuaria de Pasajes en 1995. El Instituto Juan de Herrera proponía para esta zona la creación de un puerto deportivo, la desaparición de barreras urbanísticas para los ciudadanos y la creación de zonas que permitirían compatibilizar los usos portuarios y sociales, siempre con el propósito de lograr una "absoluta mejora urbanística". La maqueta incluía una lámina de agua que bañaba parte de la zona de edificios.
1997: Programa Erasmus

San Sebastián acogió en abril de 1997 el encuentro Sinergia Universitaria Internacional, enmarcado en el Programa Erasmus, que reunió a instituciones, ciudadanos, expertos y profesores y alumnos de seis universidades europeas. Respecto a La Herrera, se concluyó que la alta densidad de población y el déficit de servicios públicos requerían la creación de un "espacio urbano central, fuertemente vinculado a los barrios de su entorno". "La dotación de equipamientos de uso ciudadano resulta estratégica", se apunta en el voluminoso documento publicado, donde se recoge por primera vez la posibilidad de ubicar un museo naval.
1999: Memoria histórica y perspectivas de futuro

El estudio apuesta por instalar el Museo Naval y crear un "parque temático del mar". Para la parte más cercana a Trintxerpe, se propone crear zonas verdes y de esparcimiento, equipamientos sociales y culturales, así como oficinas, usos hoteleros y también actividades industriales de bajo impacto.
2001: Plan Urban

La UE concedió ese año 20,6 millones para el periodo 2001-2006, de los cuales seis millones iban destinados para la rehabilitación de la zona de La Herrera, que fue denominada por primera vez como un "área de nueva centralidad". Se redactó un libro blanco que recogía las 20 actuaciones más urgentes en el ámbito de la bahía. Para entonces, el Puerto de Pasajes ya había anunciado su deseo de construir una dársena exterior y condicionaba la liberación de los terrenos de La Herrera a la ejecución del macroproyecto. Una pésima gestión de los fondos europeos obligó a destinar estos recursos en otros proyectos menos ambiciosos de Pasaia, para evitar que se perdieran las ayudas de la UE.
2002: Estudio de ordenación general

A raíz de la consecución de los fondos Urban, el Puerto de Pasajes acepta la concesión de 35.000 metros cuadrados de La Herrera Norte y encarga al estudio Chávarri y Asociados un estudio de planificación específico para esta parcela. Se proyectaron nueve torres de 10-12 plantas para oficinas, espacios ajardinados y el Museo Naval. Se mantendrían la Tenencia de Alcaldía y el mercado. No se contemplaron viviendas. El coste se cifró en 22,5 millones de euros.
2003: Espacio Rabanne

El diseñador Paco Rabanne visitó su localidad natal y se pro

puso la construcción de "un espacio interactivo de cultura-arte-economía" basado en el ecodiseño, las nuevas tecnologías y el aprendizaje aplicado a la moda. No se concretaron los contenidos ni la financiación del proyecto.
2004: 'Libro Blanco Bahía Pasaia 21'

La sociedad institucional Badia Berri, creada en marzo de 2002 para gestionar la revitalización del entorno con los fondos Urban, lanzó el Proyecto Asmoa, que incluía unos "cubos de innovación" con una espectacular cubierta (fotovoltaica) en forma de ola como elemento arquitectónico singular. Este ambicioso plan incorporaba una estación multimodal de cercanías, un palacio de congresos y convenciones, denominado palacio de la bahía, y el museo del mar y las energías, entre otros equipamientos.

En julio de este año, el consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno, Sabin Intxaurraga, y la alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, asistieron al derribo de dos pabellones industriales de La Herrera, un gesto que no ha tenido continuidad hasta cinco años después.
2005: La ciudad futurista

El arquitecto cubano Julián Argilagos, encargado en esas fechas del proyecto del Museo Balenciaga, presentó a mediados de julio de 2005 un proyecto futurista para La Herrera que bautizó como Fashion Art City. Tenía como icono el Museo Paco Rabanne, con forma de asteroide, y edificios de lujo (seis torres de viviendas de 36 plantas y otras dos de 52 alturas para albergar un hotel). La propuesta de Argilagos fue rechazada de plano a los pocos días por el Ayuntamiento.
2005: Atlantia

La Dirección de Cultura de la Diputación encargó a la empresa THR International Tourism Consultans, radicada en Barcelona, una reflexión para definir "un marco conceptual y estratégico para el relanzamiento de la bahía de Pasaia como eje lúdico-marítimo de la costa vasca". THR propuso bajo el título Atlantia. Ciudad mágica del mar transformar Pasaia en "un nuevo destino turístico de cuarta generación". Planteó ubicar en La Herrera un mamisferio, el actual Instituto Marítimo-Pesquero, el centro científico Itsasiker y el astillero naval Ontziola de Pasai San Juan. Sólo el diseño del plan iba a costar 880.000 euros. Ante las acusaciones de inoperancia, la Diputación dio a conocer este estudio, aunque no detalló lo que pagó a THR por él.
2006: Reflexiones de ordenación para Pasaialdea

Profesores de la Universidad de Granada, la Politécnica de Barcelona y la UPV, a petición de la Diputación, elaboraron un documento teórico sobre la ordenación territorial de la comarca, en el que abogaban por la reconversión de La Herrera y Trintxerpe, y el "enriquecimiento" de las cualidades urbanas de esta zona. En el informe, titulado Documento de reflexiones sobre el esquema de ordenación territorial de Pasialdea y el corredor intermodal de Jaizkibel, sostenían que las actuaciones de mejora urbana son las que con mayor verosimilitud se pueden iniciar a corto plazo, aunque no apuntaban ninguna intervención concreta.
2008: Plan Especial de Ordenación del puerto

Las instituciones pusieron en marcha en junio de 2007 la sociedad Jaizkibia, de capital público, encargada de gestionar la regeneración de la bahía. Las autoridades saludaron su creación como "el pistoletazo de salida" de la reforma de La Herrera. Pocos meses después, en febrero de 2008, la Diputación aprobó el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Pasajes, sin el visto bueno de los ayuntamientos de Pasaia y Lezo. La ordenación prevé intervenir profundamente en La Herrera, donde en una primera fase se crearían nuevos equipamientos para los vecinos, pisos protegidos y libres, y actividades económicas. Para ello, hay que demoler una decena de pabellones ruinosos de La Herrera, la mayoría de los cuales aún sigue en pie porque antes es obligado el traslado de esos negocios a Navalaldea (San Juan), única infraestructura culminada de entre todos los proyectos barajados para la bahía.
2008: Plan de trabajo para la regeneración urbana

En noviembre pasado, el Puerto de Pasajes anunció a bombo y platillo el "comienzo de la regeneración urbana y portuaria de Pasaia". Junto con la Diputación, expuso un "plan de trabajo" para derribar los pabellones industriales y transformar el norte de La Herrera (cinco hectáreas) en una zona de equipamientos públicos, actividades económicas y usos residenciales, repartidos en tres tercios de terreno. El Puerto se reservaba la parte sur para "una moderna área de actividades logístico-portuarias", separada de la zona norte por una lámina de agua.
Concurso de ideas

- La última iniciativa para revitalizar la bahía partió en febrero pasado de la Diputación guipuzcoana y la Cámara de Comercio, que decidieron convocar un Concurso Internacional de Ideas para definir la reordenación de los espacios portuarios. Se elegirán cinco equipos de arquitectos y urbanistas, que recibirán 50.000 euros cada uno para elaborar sus propuestas. Un jurado decidirá el ganador del concurso, que dispondrá de 150.000 euros para redactar el masterplan definitivo. Se espera que la maqueta final esté disponible en el verano de 2010. Esta decisión fue adoptada en el seno del lobby Gipuzkoa Aurrera.





* ELPAIS.com - MIKEL ORMAZABAL - San Sebastián - 25/05/2009
Foto: Pasaia (Guipúzcoa) - wikipedia.org

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La Eurocámara acusa a todas las administraciones españolas

DIARIODEMALLORCA* : El Parlamento Europeo, tras la aprobación del informe Auken por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, responsabilizó a todos los niveles de la Administración española por impulsar un modelo de "desarrollo insostenible". Pero no son los únicos responsables de la actual situación. Bruselas también cargó las tintas contra las autoridades judiciales, de quien aseguró que "han demostrado que no están debidamente preparadas" para responder a los abusos urbanísticos.

El Europarlamento reclamó la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado el derecho comunitario, así como que se suspendan o se revisen "todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
El Parlamento Europeo llamó también la atención sobre el "desastroso impacto ambiental de muchos desarrollos urbanísticos masivos, en especial en las costas e islas".
Una de las enmiendas aprobadas durante la tramitación del informe de la eurodiputada danesa que lo endureció afecta especialmente al archipiélago balear al destacar que el actual modelo de crecimiento urbanístico "tiene consecuencias negativas sobre el sector turístico ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, dado que destruye los valores del territorio –yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, entorno natural y paisajístico– y fomenta la masificación".
Por último, la instancia comunitaria también se mostró muy crítica con la nueva Ley de Costas e instó a que se revise para impedir que un acto administrativo que obligue a ceder una propiedad esté basado en leyes promulgadas después de la construcción de ese inmueble. Buscaba proteger así los legítimos derechos de los propietarios de viviendas costeras "que no tienen un impacto negativo" sobre ella.







* Diario de Mallorca - I.O. PALMA - 22.05.09
Foto: parlamento europeo - junta andalucia

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El Puerto: Contra la recalificación de un retamar desmontado ilegalmente

Ecologistas en Acción* ha presentado un total de 20 alegaciones contra la propuesta que tramita el Ayuntamiento de modificación puntual del PGOU para la delimitación de un nuevo sector del suelo urbanizable denominado “Casino”, y contra su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Entre las alegaciones presentadas se pueden destacar:
· Estando en periodo de revisión el PGOU del municipio, no se entiende que se sigan realizando modificaciones sobre el anterior PGOU. La evaluación de impacto ambiental de los planes urbanísticos debe ser global.

· Ni las propuestas de modificación del PGOU ni en sus correspondientes Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se tienen en cuenta los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.

· No se ha tenido en cuenta para realizar el EIA la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, ni la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Estas normas legales introducen modificaciones de alcance de aplicación en el proceso de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, recogiendo la obligatoriedad de realizar informes de sostenibilidad y consultas al público interesado, cosa que no se ha hecho. Tampoco se han evaluado alternativas a la urbanización de estos terrenos, alternativas que sí presenta Ecologistas en Acción. El EIA es, por tanto, manifiestamente insuficiente, no reuniendo los requisitos mínimo exigidos por la legislación vigente.

· Estos terrenos son no urbanizables de carácter forestal, a tenor de lo dispuesto en La Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, por lo que hay que conservarlos y regenerarlos, ya que fueron desmontados en buena parte de forma ilegal en octubre de 2007, hecho que se oculta en el EIA. A raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción, la CMA ha impuesto a la empresa O.V.S.L. una sanción de 6.000 € y, esto es lo más importante, “la restitución de los terrenos a su estado original”. Por tanto es ilegal cualquier cambio de uso del suelo cuando existe una sanción legal que obliga a restituir los terrenos forestales ilegalmente destruidos a su estado original”.

Tanto esta zona como el colindante Rancho Linares –también en trámite e recalificación- son hábitat de alta importancia del camaleón. Esta especie ha sufrido fuerte una regresión en El Puerto debido a los desarrollos urbanísticos, que han dejado su área de distribución muy reducida y fragmentada. El camaleón común es una especie protegida. La nueva Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye al camaleón entre las especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. La declaración como urbanizables de zonas donde existen poblaciones de camaleones y la destrucción de pinares y retamares es una flagrante violación de esta ley.

· Estos terrenos deben integrarse en la red de zonas verdes y SGEL interconectados de todo el término municipal.

· La excusa esgrimida para recalificar estos terrenos es la perentoria necesidad de construir VPOs. En los 285.539 m2 de esta zona se pretenden construir 1.340 viviendas de las que 820 serían VPO. Ecologistas en Acción propone como alternativa la gran operación urbanística de La Florida, donde se prevén construir un total de 3.400 viviendas, de las que 2.409 serán protegidas. Además proponemos el desarrollo de otras bolsas de suelo que carecen de valores ambientales, paisajísticos o culturales. Junto al Rancho Linares está el Suelo Urbanizable Programado PP-CN-5 (antigua alcoholera), con 271.000 m2, donde se podrían construir un total de 1.235 viviendas, de las que 864 serían VPO. Colindante al Rancho Linares, también se modificó el PGOU para recalificar las Bodegas de San José del Pino a residencial, para 999 viviendas. Ante la crisis del ladrillo, y la más que probable inviabilidad de esta promoción de viviendas de lujo, sería también posible renegociar los cambios necesarios para poder desarrollar en esta zona VPOs. Es decir, se pueden construir sin problemas legales ni ambientales 5.595 viviendas, de las que 3.801 serían VPO, cifra más que suficiente para cubrir la actual demanda de VPO de nuestro municipio.

Por todo lo expuesto, hemos solicitado:

1.- Se proceda a desestimar la modificación del PGOU en el ámbito del sector denominado “Casino”.

2.- Se garantice la conservación y regeneración de la totalidad de los terrenos forestales en el sector “Casino”, con la protección del retamar existente y la ejecución del expediente sancionador que obliga a la “restitución de los terrenos a su estado original” de la zona desmontada ilegalmente.

3.- Se garantice la conservación de las especies protegidas en dicha zona forestal, con la estricta protección de sus hábitats.

4.- Se rechace el EIA por no incluir los mínimos contenidos ni haberse respetado los trámites para su realización previstos en la legislación vigente.

5.- Se integren esos terrenos, el Rancho Linares y las vías pecuarias colindantes en la red de SGEL y corredores ecológicos del término municipal.







* Ecologistas en Acción del Puerto de Santa María - 23.05.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Canarias: El 83% de municipios no ha adaptado sus planes a las Directrices

CANARIASALDÍA* : Sólo 15 de los 88 municipios del Archipiélago, es decir el 17%, han logrado culminar el proceso de adaptación de sus planes generales a las llamadas Directrices (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias).

El proceso de adaptación debería culminar en 2010, "ya que ese es compromiso del Gobierno de Canarias", según explicó en una entrevista a Europa Press el director general de Urbanismo del Ejecutivo autonómico, Jesús Romero, quien se mostró confiado en conseguir ese objetivo.

"No existe una parálisis del sistema de adaptación", aseguró Romero, que recordó que desde 2005 el Ejecutivo ha invertido unos 9,3 millones de euros para que los municipios de las Islas logren la adaptación a la normativa vigente con el impulso de las oficinas municipales.

Romero explicó además que en este proceso hay varios estadios, y que si bien hay algunos municipios que no han logrado superar ningún escalón hay otros que se encuentran en fases intermedias.

Según los datos facilitados, adaptados a las Directrices se encuentran seis municipios tinerfeños (Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, El Rosario, La Guancha e Icod de Los Vinos), tres de La Gomera (Agulo, Hermigua y Vallehermoso), dos de Gran Canaria (Gáldar y Valsequillo), dos de Lanzarote (Haría y Tinajo) y otros dos de La Palma (Puntallana y Tazacorte). En cambio, ninguno de los seis municipios de Fuerteventura se ha adaptado a la nueva legislación.







* Canarias al Día - Europa Press. Santa Cruz de Tenerife - 23.05.09
Foto: Vista aérea de una zona urbanizada. / Canariasaldia.com

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La Nucia fraccionó permutas de suelo por el que se interesó Correa para burlar el permiso del Consell

LEVANTE/Alicante* : El Consell fraccionó contratos para otorgar adjudicaciones a dedo a firmas de la trama Gürtel, pero este recurso no fue exclusivo del Ejecutivo. El Ayuntamiento de La Nucia, que preside el popular Bernabé Cano, también recurrió a trocear en varias permutas suelo del municipio para eludir la exigencia legal de obtener el permiso de la Generalitat, según denunció ayer en las Corts el diputado del PSPV Francesc Signes, quien inquirió sobre esta cuestión al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. Una de las parcelas, sobre la que se aprobó el PAI de Pie de Monte, es la misma por la que, según reveló la investigación de Garzón, se interesó el cabecilla de la trama, Francisco Correa, agregó Signes.

Rambla reconoció que la Generalitat «desconocía» el fraccionamiento de varias permutas por el Ayuntamiento de la Nucia y que por eso no pudo actuar. Según explicó el parlamentario del PSPV, la ley de Contratos obliga a pedir autorización cuando la permuta excede del 25% de los recursos ordinarios del consistorio. Signes recriminó que el Consell es informado de todos los acuerdos municipales y la ley de Régimen Local le obliga a recurrir todos aquellos que sean ilegales.
Pero Rambla insistió en que, en la medida en que la Administración autonómica no fue informada de estos hechos, «difícilmente» pudo actuar, y deslizó que, por el mismo motivo, tampoco lo hizo la Delegación del Gobierno, «que también tiene responsabilidad en el control de los ayuntamientos». «La Generalitat no ha tenido conocimiento de ninguna solicitud del Ayuntamiento de la Nucia sobre autorización de permuta de bienes», aseveró, para señalar que este fraccionamiento de permutas tampoco fue detectada por los órganos de control interno locales. Las permutas, dijo, se hicieron «por concurso público y los conciertos contaron con la aprobación de todos», incluidos los ediles del PSPV.
«Intereses privados beneficiados»
Según el relato de Signes, el Ayuntamiento de la Nucia «fraccionó» los expedientes de la permuta de terrenos urbanizables que formaban parte de los PAI de La Serreta y Pie de Monte. Las permutas se hicieron con Dragados por 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de la Cultura, el edificio de Urbanismo y la plaza pública con auditorio. El mismo día en que se formalizó la permuta (8 de junio de 2005), Dragados vendió los terrenos a Gestrumar 2001 por la misma cantidad. Menos de un año más tarde, esta empresa revendió casi todas estas parcelas a diferentes sociedades obteniendo una plusvalía de 17,2 millones, afirmó.
La única de las 9 parcelas que no revendió, la de Pie de Monte, es la que Correa intentó comprar a los promotores del PAI de esta finca (la sociedad Montemar La Nucia), agregó Signes, para resaltar que dos de los consejeros de esta firma son a la vez accionistas de Gestrumar y de la empresa que impulsa el PAI de la Serreta (Cases del Pinar). Estos acuerdos «beneficiaron unos determinados intereses privados, renunciando el ayuntamiento a unos ingresos que se duplicaron en menos de un año».






* Levante-EMV - J. G. G./Efe, Valencia - 21.05.09
Foto: La Nucia - tagarinet

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¿Y esto es la sostenibilidad?

CARLOS TAIBO* : En los últimos meses han pasado por los estudios de televisión y de radio, y se han pronunciado en las páginas de los periódicos, decenas de dirigentes políticos, de economistas, de sindicalistas y de periodistas, próximos al Gobierno o cercanos a la oposición. Aunque a menudo disientan en lo que respecta a las medidas precisas que conviene arbitrar, todos parecen estar de acuerdo en algo importante: para dejar atrás la crisis en curso hay que recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que despierte de una vez por todas el consumo. En un planeta en el que sobran los argumentos para afirmar que el crecimiento no genera cohesión social, provoca agresiones medioambientales muchas veces irreversibles y propicia el agotamiento de recursos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, cada vez es más urgente que busquemos, por ello, otros horizontes.

orprende, sin embargo, que muchos de quienes han hecho de la sostenibilidad su bandera de enganche prefieran esquivar la conclusión de que en los países ricos tenemos que asumir cuanto antes reducciones drásticas en la producción y en el consumo, de la misma suerte que tenemos que repartir el trabajo en provecho de modelos que hagan de la redistribución de la riqueza, de la vida social, del ámbito local y del ocio creativo sus cimientos.

Nada de esto último se aprecia, ni de lejos, en las posiciones que abrazan hoy nuestros gobernantes, empeñados en sacar adelante diagnósticos de lo que sucede tan errados como interesados. Recuérdese que hace algo más de un año el presidente Rodríguez Zapatero eludía mencionar, en sus discursos, la palabra crisis. Después se inclinó por arrojar todas las culpas de lo que ocurría sobre los desmanes que ha dado en exportar la economía norteamericana –ninguna correspondía, en cambio, a un modelo, el español, al parecer en modo alguno lastrado por flujos especulativos de diversa índole–, para, en los últimos tiempos, descargar sus iras contra una burbuja inmobiliaria que, según una singularísima visión, nada habría tenido que ver con las políticas alentadas por el Partido Socialista desde las más diversas instancias. ¿Cuánto tiempo tardará Rodríguez Zapatero en percatarse de las contradicciones flagrantes de lo que defiende ahora?

No hay manera de casar el omnipresente discurso de la sostenibilidad con medidas como las que el Gobierno español ha decidido alentar en respuesta a la crisis. Una de ellas es esa enloquecida apuesta por la alta velocidad ferroviaria que tanto gusta –dicen– al presidente norteamericano de estas horas. A su amparo está claro qué es lo que se nos viene encima: una forma de transporte que reclama salvajes agresiones contra el medio, propicia la desertización ferroviaria del grueso del territorio, es extremadamente onerosa en términos energéticos y se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

Otra de esas medidas la aporta la frenética construcción de nuevas autovías sin que nadie explique convincentemente quién las va a poder utilizar en el futuro, cuando se disparen los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Qué no decir, en fin, de la impresentable, y discriminatoria, decisión de subvencionar con recursos públicos la compra de automóviles. ¿No sería más razonable que, lejos de pensar en los intereses de las grandes empresas, nuestros gobernantes ayudasen, antes bien, a quienes han decidido prescindir de un instrumento, el coche, que retrata cabalmente muchos de los elementos de insostenibilidad que atenazan a nuestras sociedades? Mientras se apoyan con descaro olímpicas parafernalias, por momentos despunta, en fin, la lamentable retahíla que da cuenta del liderazgo español en tecnologías verdes, casi siempre adobada, por añadidura, con la triste defensa, también en este ámbito, de la competición más feroz.

Bien es cierto que los desafueros transcienden el terreno de la sostenibilidad. Para cerrar el círculo, nuestros gobernantes repiten incansables que no van a aceptar rebajas, en provecho de los empresarios, en lo que atañe a las reglas del juego del mercado laboral. Empiezan a menudear las noticias, sin embargo, que sugieren que el Partido Socialista sopesa introducir algunas de esas rebajas en un escenario en el que los empresarios a los que acabo de referirme no tienen mucho de qué quejarse: al amparo de una precariedad que se impone por doquier, las normas imperantes han permitido –no se olvide– un crecimiento espectacular de la cifra de desempleados, en muchos casos sin cobertura alguna.

Para que nada falte, entre nosotros se ha optado por importar un modelo, el norteamericano, que defiende medidas de socorro tan generosas como urgentes cuando las entidades financieras están al borde de la quiebra, pero no actúa con la misma benevolencia y energía cuando son las economías de los trabajadores –recuérdese a las decenas de miles de inmigrantes que contrajeron hipotecas en condiciones próximas a la usura– las que se hallan con el agua al cuello.

Y es que quienes nos dirigen, de siempre remisos a poner el dedo en la llaga de lo que supone un capitalismo depredador e injusto –hoy, por cierto, a la deriva–, defienden, sí, el bien común… siempre y cuando no choque con los intereses particulares de las grandes empresas. Que se lo digan, si no, a Microsoft, que a buen seguro se apresta a sacar tajada de ese ambicioso programa que, de hacerse realidad, pondrá en manos de nuestros niños un magnífico ordenador llamado a resolver mágicamente las carencias del sistema educativo que arrastramos.


* Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.


http://blogs.publico.es/dominiopublico/1298/%C2%BFy-esto-es-la-sostenibilidad/





* Rebelión - Público - 24.05.09

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Denuncian los intentos de urbanizar la Vega de Antequera con el nuevo PGOU

ADN/Málaga* : La coordinadora malagueña del colectivo Nueva Cultura del Territorio ha denunciado los intentos de urbanizar la Vega de Antequera, el mayor espacio agrario que queda en la provincia de Málaga, con el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por el PP y PSOE de Antequera (Málaga).

A través de un comunicado ha denunciado que ambos partidos se han aliado para dar un "enorme pelotazo urbanístico" con la recalificación de más de ocho millones de metros cuadrados de suelo para montar la Ciudad de la Innovación y la Tecnología Agroalimentaria.

Nueva Cultura ha recordado que el nuevo PGOU ha recibido tres informes negativos de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha incidido que la agricultura es la principal fuente de empleo y riqueza de la comarca malagueña, además de ser uno de los sectores mejor posicionados para crecer e innovar.






* ADN- EFE - 23.05.09
Foto: Vega Antequera - picasaweb.google.com

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El juez anula un ´pelotazo´ millonario que dio Ramonell con ayuda de Grande

DIARIODEMALLORCA* : El magistrado Víctor Fernández, juez de lo mercantil 1 de Palma, ha anulado en una sentencia un auténtico pelotazo dado por el ex alcalde de Montuïri por el Partido Popular e intermediario inmobiliario Joan Antoni Ramonell con ayuda del promotor Vicenç Grande, ex propietario del Real Club Deportivo Mallorca. El juez ha condenado a una empresa vinculada a Ramonell y a la antigua propietaria de una finca en Son Bibiloni a devolver a la masa de acreedores de las empresas de Grande 3,3 millones de euros.

La sentencia da la razón plenamente a los administradores concursales del holding de Vicenç Grande, también llamado Grupo Drac, que desde junio del año pasado se halla en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de unos 935 millones de euros.
Los administradores judiciales Jorge Sáinz de Baranda, Raimundo Zaforteza y Salvador Fornés pidieron que se declarara la ineficacia de una serie de operaciones que desembocaron en enero del 2007 en la compraventa por el buque insignia de Grande, la sociedad Binipuntiró S.L., de la finca Son Bibiloni, situada en la carretera de Sóller, declarada de interés social por el Consell y con licencia para un geriátrico.
Grande pagó 6 millones de euros, más el IVA, por aquellos terrenos, de los que casi 2,4 eran para la empresa de Ramonell, Assessoría Montlliri S.L., y otros 3,6 correspondían a la anterior propietaria de la finca, la empresa Balear de Alquiler de Grúas S.A. El comprador aplazó el pago y cuando presentó su concurso había abonado ya 3,3 millones.
El pelotazo abortado lo dio Ramonell, que en esa época trabajaba de ojeador de solares para Grande, puesto que seis meses antes había firmado una opción de compra con Balear de Alquiler de Grúas por un precio sobre los terrenos de tan sólo 4,2 millones de euros.
Según la sentencia, Ramonell cedió su opción de compra a Grande cuando faltaba un día para su caducidad y pretendía embolsarse los 2,4 millones de euros por un negocio en el que no había invertido ni un euro.
El fallo judicial destaca que las comisiones de los intermediarios en el mercado inmobiliario suelen ser del 5 por ciento, o, en casos muy específicos llegan al 7 por ciento, pero resulta insólito y perjudicial para los ahora acreedores del Grupo Grande una comisión del 69 por ciento como quería llevarse el ex alto cargo en un Govern.
El magistrado también censura el hecho de que Grande no hubiera prescindido del intermediario y tilda de sorprendente el que, en apenas seis meses y sin ninguna modificación en el estado de la finca, el promotor pagara dos millones de euros más que los 4 de la opción de compra de Ramonell.






* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 23.05.09
Foto: Montuiri (Mallorca) - mallorcaweb.com

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Dénia: Los vecinos alertan del drástico impacto paisajístico y medioambiental que supondrán los nuevos bloques

INFORMACIÓN/Alicante* : El primer kilómetro de la costa de les Deveses de Dénia, justo al norte de la playa de l'Almadrava, ha empezado a transformarse y parece que en lo sucesivo lo hará bastante más. Este tramo del litoral norte de la ciudad, caracterizado íntegramente por una tipología de vivienda unifamiliar, de una planta o dos como máximo, se convertirá en una prolongación de lo que ya es generalizado en todo el litoral de les Marines desde el casco urbano de Dénia hasta el río Girona: bloques de apartamentos de entre 4 y 5 alturas.

Tres proyectos para unos 250 apartamentos se gestan a pocos metros de las obras iniciadas para hacer la primera urbanización de la zona, que ha comenzado con polémica junto a la calle Riu Bolulla. Allí se ejecuta ya un proyecto en primera línea de playa, que contempla la edificación de un bloque de 4 alturas para 31 apartamentos, la primera gran pantalla entre el mar y las viviendas de este tramo de les Deveses. Unas obras que siguen adelante, pero que suscitan la oposición de los vecinos, que denuncian que la licencia está caducada, que parte del proyecto se ejecuta en las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, y que además los primeros trabajos de excavación han llenado de grietas sus casas e incluso han ocasionado el derrumbe del muro de una de las viviendas.
Pero el caso de esta urbanización parece ser sólo el primero de estas características en la zona. Otros tres complejos residenciales más, aún de mayores dimensiones, se fraguan en los terrenos de las inmediaciones y sumarían otros 249 apartamentos.
La mayor de esas urbanizaciones en trámites se ejecutaría sobre los terrenos de la vieja urbanización Costa la Calma, para la construcción de un nuevo complejo con 100 apartamentos.
Otros dos proyectos se anuncian apenas a unos 50 metros de la polémica excavación de la calle Riu Bolulla. Uno de ellos contempla la edificación de 81 apartamentos junto a la calle Riu Algar. En los terrenos se puede apreciar cómo se han derribado ya las antiguas viviendas para dejar expedito el solar. El Consell de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, en reunión del 26 de julio de 2007, acordó denegar la licencia para la ejecución del proyecto.






* Información - SERGI GARCÍA - 23.05.09
Foto: El tramo de costa donde se fraguan las urbanizaciones está caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares - ernest weber, diarioinformacion.com

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Más viviendas contra la crisis inmobiliaria

JOSÉ MANUEL NAREDO* : Cuando el aquelarre constructivo del último decenio ha acabado provocando en el país un notorio exceso de edificios y viviendas que la población no alcanza a comprar ni a alquilar, el reciente paquete de medidas reafirma la decisión de que el Estado compre suelo a las empresas inmobiliarias para promover la construcción de 200.000 viviendas, esta vez de precio protegido. Es como si al obeso enfermo de indigestión se le da como remedio una buena fabada.

Semejante despropósito, soslayado en el debate sobre el estado de la nación, obliga a recordar que diagnosticar bien los males del organismo económico es el primer paso para aliviarlos, en vez de agravarlos gastando en ello el escaso dinero público disponible.
El problema estriba en que los intereses inmobiliarios imperantes pesan tanto que a veces prohíben ver lo evidente: que el pasado boom inmobiliaro ha desplazado el problema desde la escasez de viviendas y locales hacia el exceso y
desocupación de los mismos, haciendo que España tenga ya más viviendas y más kilómetros de autopistas e infraestructuras per cápita que todos los países de la UE.

Cualquiera que recorra la geografía hispana se ha de topar por fuerza, no sólo con multitud de viviendas y oficinas en venta o en alquiler, sino con verdaderas ciudades o urbanizaciones fantasmas que, ya terminadas o todavía en construcción, esperan la llegada de las personas que algún día puedan habitarlas. Pero, junto a este exceso, han crecido el chabolismo, la infravivienda y el hacinamiento, solapándose así viviendas deshabitadas con habitantes sin vivienda. La aglomeración madrileña ejemplifica tal estado de cosas, al disponer de abundante patrimonio inmobiliario desocupado en el centro, en los PAU y en los municipios circundantes que han multiplicado su parque de viviendas, albergando megaproyectos como los realizados en Arroyomolinos (Xanadú), en Seseña (residencial El Quiñón) o en Yebes (Ciudad
Valdeluz).

En Madrid siguen adelante operaciones como la de Campamento y se activan otras nuevas como la de Chamartín. En Sevilla se inicia la construcción de una megatorre para añadir más millones de metros cuadrados edificados a un stock inmobiliario cuyo excesivo tamaño lastra la crisis. Cuando esto ocurre a lo largo y a lo ancho del territorio peninsular, parece claro que la parquedad de la demografía y de los bolsillos de la población retrasará durante lustros la digestión de tan desmesurado stock inmobiliario, dejando el territorio plagado de esqueletos y despojos de inmuebles fruto de tan sonado e irrepetible festín constructivo.
¿Para qué sirve el nuevo Ministerio de Vivienda si no aborda con firmeza los dos principales problemas de la crisis inmobiliaria actual? Esos problemas son: dar uso a un patrimonio inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad que, paradójicamente, no ha resuelto las necesidades de vivienda de la población, y aligerar el excesivo endeudamiento de compradores y promotores, que ha traído el aumento de la morosidad y las suspensiones de pagos.


* José Manuel Naredo es Economista y estadístico







* Público - Del consejo editorial - 22.05.09

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Una década esperando una casa

ELPAÍS/Madrid* : Más de 300 familias llevan una década pagando el suelo de unas viviendas en el PAU de Arroyo del Fresno que sólo existen sobre plano. Es el único de los desarrollos del norte de Madrid sin edificar y con la gestión paralizada. Las familias denuncian pasividad por parte del Ayuntamiento, que no ejecutó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ni la recurrió y que ha esperado tres años para solicitar que se considere imposible de ejecutar.

De estos cooperativistas, unos 200 aspiran a una vivienda protegida. Cada mes tienen que afrontar el pago de un alquiler o de la compra de otra vivienda, y además pagan los intereses por la compra del suelo. Les resulta imposible simultanear estos pagos con los adelantos de su futura vivienda en el PAU.

P. L. y su esposa se apuntaron a la cooperativa Terrazas del Golf en diciembre de 2000, con la idea de mudarse a su nueva casa en Arroyo del Fresno, cuatro años después.

Ahora tiene tres hijas, de dos, seis y ocho años y ni rastro de la vivienda. "Llevamos pagados 230.000 euros. Nos dicen que hemos hecho una inversión muy buena, pero no queremos invertir, sino vivir con espacio suficiente para nuestras hijas". Emilio Agón es profesor y se enfrenta al desafío de pagar tres casas a la vez: la que habita con sus hijos, la de su esposa, destinada fuera de Madrid y la del PAU. Sólo por ésta, inexistente, paga mensualmente 815 euros en concepto de intereses por el dinero pedido al banco para comprar el suelo. Ha desembolsado ya 100.000 euros.

Los cooperativistas han pagado una media de entre 66.000 y 180.000 euros. Y afrontan desembolsos mensuales, en algún caso de 900 euros, sólo en concepto de intereses por el crédito obtenido para comprar el suelo.

Aunque les fueran reintegrados esos pagos adelantados, no podrían acceder a otra vivienda en un enclave similar. El PAU engloba el campo de la Real Federación Española de Golf, abierto desde 2005 y cuenta ya con estación de metro acabada. El futuro barrio está completamente urbanizado, (como puede verse en la foto) con farolas, papeleras, bancos, aceras y viarios incluyendo un carril bici en perfecto estado. De los ladrillos, ni sombra.

El desarrollo tiene previsto la construcción de más de 2.754 viviendas, de las que más de 1.500 serán protegidas. ¿De qué depende que se pueda empezar a edificar? El primer paso es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie en unas semanas sobre la ejecución de una sentencia de 2005.

En su fallo tiene que pronunciarse entre obligar al Ayuntamiento a ejecutar una sentencia de 2005 (reelaboración de los coeficientes de edificabilidad) o basta con indemnizar a los reclamantes. Aquel veredicto respondía a la impugnación presentada en 1999 por varios propietarios contra el plan parcial y el convenio urbanístico que habían acordado Cleón (participada por Telefónica y cuyo suelo fue a parar a FCC y ACS) y el Ayuntamiento.

La citada sentencia obligaba a que se sustituyan los coeficientes de homogeneización (redistribuyen cargas y beneficios de manera que ningún propietario salga perjudicado) por otros que cumplieran con la legalidad, además de apercibir sobre las consecuencias de la desobediencia, con lo que ningún funcionario municipal mueve ficha.

Pasividad municipal

Varios cooperativistas denuncian "la especulación feroz de los grandes propietarios FCC y ACS con esos terrenos, apoyados por el Ayuntamiento de Madrid, en los años iniciales mientras se llevaba a cabo la tramitación del resto de los PAU del Norte". Y ponen en evidencia "la total y continuada inactividad del Consistorio ya que, a pesar de que los propietarios de suelo incumplieron los plazos legales, no actuó y favoreció así intereses especulativos". Posteriormente, y ante la sentencia que anulaba los coeficientes, explican los cooperativistas, el Ayuntamiento no recurrió en forma y plazo ante el Tribunal Supremo. En 2006 le fue notificada la sentencia firme y no sólo no dio ningún paso para ejecutarla, sino que ha esperado tres años para dirigirse al juez pidiendo su inejecución. "La inactividad total del Ayuntamiento es clamorosa".

Desde enero vienen solicitando ser recibidos por Pilar Martínez, Delegada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, sin éxito.

En caso de que el TSJM acepte la postura del Ayuntamiento de indemnizar a los reclamantes, en lugar de calcular nuevos coeficientes de edificación -lo que llevaría a más reclamaciones- el siguiente paso es aprobar la modificación del plan parcial ya muy adelantado. En segundo lugar, los propietarios tendrían que presentar los proyectos de reparcelación que son los que asignan las parcelas a cada propietario. Estos podrían tramitarse simultáneamente a la modificación. Una vez aprobado, podrían comenzar a pedir licencias de edificación. Cinco años es un plazo optimista pero posible para que, al fin, puedan hacerse con las viviendas.

"El peor enemigo del gobierno municipal para construir vivienda pública es él mismo", ha afirmado Pedro Sánchez, portavoz del PSOE municipal en referencia al suelo que el Ayuntamiento vendió a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, con capacidad para 1.225 pisos protegidos, también paralizados. Isabel Pinilla, de la EMVS preside una de las dos juntas de compensación. Espera poder adjudicar los pisos antes de que acabe esta legislatura.







* ELPAIS.com - INMACULADA DE LA VEGA - Madrid - 22/05/2009
Foto: Arroyo del Fresno, con la urbanización acabada y la tramitación urbanística paralizada.- SANTI BURGOS, elpais.com

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Piden que el Consistorio anule el suelo urbanizable de Agua Amarga

IDEAL/Almería* : Los integrantes de la Plataforma en Defensa de Agua Amarga piden al Ayuntamiento de Níjar que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la clasificación como urbanizable de los terrenos donde se proyectó la macrourbanización 'Marinas de Agua Amarga', dentro del ámbito del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Esta macrourbanización preveía la construcción de 350 viviendas en parcela de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones. La sentencia del citado tribunal cierra las puertas a la posible ejecución de esta actuación, que se proyectó en tiempos de bonanza económica y que la crisis puede contribuir a que sus promotores se replanteen seriamente llevarla a cabo.
Los miembros de este colectivo aseguran que los actuales responsables municipales podrían haber incurrido en un «ilícito penal» al no proceder a archivar el expediente que se inició para autorizar dicha urbanización.
Según la información difundida al respecto por la agencia Europa Press, aseguran que en el Ayuntamiento alegan que dicho expediente no se ha archivado al no haber solicitado la Junta de Andalucía, que recurrió el mismo, la ejecución de la sentencia dictada por el Supremo.
Así se lo hicieron saber al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras la denuncia presentada por los miembros de este colectivo que aseguran que los argumentos esgrimidos por los responsables municipales «no se ajustan a la verdad».
Recuerdan que los miembros de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, entre los que se encuentran responsables de la Junta, acordaron en mayo de 2008 cumplir el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo y denegar la aprobación definitiva de la urbanización SAU AA 5 al ser desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental.
No obstante, recientemente, el alcalde de Níjar Antonio Jesús Rodríguez manifestó públicamente que esta actuación, como otras de carácter urbanístico que se iban a ejecutar en la costa, estaban paralizadas, admitiendo de este modo la existencia de un mandato judicial que impide su desarrollo.
Nulos pleno derecho
Los denunciantes entienden que todos los instrumentos de planeamiento aprobados por el Consistorio con posterioridad a la citada Declaración de Impacto Ambiental «serían nulos de pleno derecho» al haberse tramitado en Parque Natural, según la información difundida por la agencia EP. Desde la citada plataforma se recuerda que el Tribunal Supremo tuvo en cuenta a la hora de dictar su sentencia la citada Declaración de Impacto Ambiental desfavorable que emitieron en su día los responsables de Medio Ambiente de la Junta.
Por este motivo, el Alto Tribunal no da por buena la reclasificación del suelo como urbanizable en una extensión de 48 hectáreas que se incluyó en las Normas Subsidiarias de planeamiento.
La ejecución de este proyecto ha levantado ampollas entre los ecologistas y se ha llevado a instancias europeas.






* Ideal - 21.05.09 -ROGER DÍAZ| NÍJAR
Foto: Aguamarga - Níjar (Almería) - teleprensa.net

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Greenpeace avisa que la UE será más dura con las denuncias urbanísticas

DIARIODEMALLORCA* : La aprobación del informe Auken en la Eurocámara a finales de marzo, un documento muy crítico con la "laxitud" de las normas urbanísticas españolas que "ha generado una forma de corrupción endémica" de la que no se sustraen sectores políticos y judiciales, marcará un antes y un después a la hora de tratar las denuncias por infracciones urbanísticas que lleguen a Bruselas. "Los proyectos urbanísticos o de grandes infraestructuras que afecten a espacios medioambientales protegidos serán analizados con lupa por la Comisión Europea antes de ser aprobados", opina Pilar Marcos, experta en Costas de la organización ecologista Greenpeace.

"Gracias al informe Auken, una reclamación presentada por ecologistas o entidades vecinales contra un proyecto insostenible que llegue a instancias europeas tendrá ahora muchas más posibilidades de prosperar", sostiene Marcos.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría un informe muy crítico de la eurodiputada danesa Magrete Auken con los "abusos" en que ha incurrido el desarrollo urbanístico español, con especial incidencia en el Levante peninsular e insular, que solicitaba además la congelación de los fondos comunitarios destinados a España si no se resuelven los malos usos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de la UE.
Los promotores de esta declaración, que piden además la modificación de la Ley de Costas para proteger los derechos de propietarios de inmuebles costeros sin impacto negativo sobre el litoral, esperan que la Comisión atienda la opinión mayoritaria de la Cámara y actúe con más rigor contra España por los desmanes urbanísticos que denuncian.
La responsable de Costas de Greenpeace denuncia que aunque desde Madrid se ha intentando minimizar la repercusión de la aprobación de este informe –que contó con los votos en contra de los eurodiputados populares españoles y la abstención de los socialistas– con el argumento de que no era estricto y que se refería a irregularidades detectadas fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, "el Gobierno no puede lavarse las manos diciendo que no son asuntos de su competencia porque él es nuestro único interlocutor ante Bruselas".
Marcos concluye que "la crisis económica es la mejor defensa del medio ambiente aunque el suelo recalificado hoy puede dormir el sueño de los justos hasta la próxima época de bonanza".







* Diario de Mallorca - I. OLAIZOLA. PALMA - 22.05.09
Foto: Aspecto de una zona en construcción en las montañas que rodean Andratx. -Diario de Mallorca

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El TSJCM declara nulas las directrices urbanísticas del Ayuntamiento de Ciudad Real

LANZA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nulas las directrices urbanísticas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, con el voto en contra del PSOE, en julio de 2005. El concejal responsable del área de Urbanismo del Grupo Socialista, Agustín Espinosa, indicó que en el texto de la sentencia se recoge que la Corporación local “ha creado una figura con un contenido habilitador que por principios de legalidad, y su derivada reserva legal, debería haber estado articulada en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), con desarrollo reglamentario sin que la administración local tenga competencias para su creación y regulación”.

El edil del PSOE recordó que en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento el 6 de julio de 1995 el PP aprobó en solitario unas directrices urbanísticas que pretendían definir aspectos regulatorios del suelo rústico de reserva ante el agotamiento del Plan de Ordenación Municipal.
“En aquel momento el PSOE ya consideró un invento las citadas directrices para saltarse la norma vigente y pedimos que se realizara un nuevo Plan de Ordenación Municipal, una solicitud a la que no hicieron caso y prefirieron inventarse esa normativa”, añadió Espinosa quien consideró que el PP aprobó una norma que pretendía regular cosas para las que el Ayuntamiento no era competente, para escapar del control normativo de otras administraciones, “una norma que ahora ha sido anulada y que trataba de saltarse la normativa vigente”, incidió.
Además, añadió el edil socialista, en la sentencia del TSJCM se recoge también que esas directrices vulneran también la Constitución y han causado indefensión a los ciudadanos porque se aprobaron sin darles ningún tipo de publicidad y, por tanto, sin abrir un plazo de alegaciones.

“Ahora están iniciando los trabajos para redactar un nuevo POM que, a la vista de los acontecimientos, llega con retraso y del que nada sabemos en el Grupo Municipal Socialista, explicó Espinosa.
Por último, y a preguntas de los periodistas, indicó que su grupo político va a estudiar detenidamente la sentencia “y llegaremos al fondo del asunto para ver que consecuencias se pueden derivar de la misma”.

Dimisión de los ediles que aprobaron las directrices

El concejal responsable del área de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, Agustín Espinosa, ha exigido hoy la dimisión de todos los concejales del PP que aprobaron las directrices urbanísticas en el Pleno de julio de 2005.
“El PP ha sido capaz de inventarse normas con tal de no dar cuenta a los ciudadanos de sus actuaciones urbanísticas, y ha quedado demostrado que el PP es muy capaz de inventarse normas por interés propio”, añadió el concejal.

Insistió en exigir las responsabilidades políticas que de esta sentencia se deriven y recordó que el actual concejal de Urbanismo aprobó las directrices ahora anuladas.
Por último instó a la alcaldesa, Rosa Romero, a que haga dimitir de sus cargos a todos aquellos concejales que aprobaron la normativa ahora anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.






* Lanza Digital - A. Galisteo - 21.05.09

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Valladolid: El TSJ confirma la orden de demolición del bloque de viviendas de Niña Guapa

NORTECASTILLA* : «Ni el promotor de la obra -Construcciones Castrodeza- presentó un proyecto técnico para legalizarla ni el Ayuntamiento acordó su ejecución subsidiaria ordenando su elaboración a costa del obligado», recoge la sentencia dictada ayer por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la que confirma punto por punto el fallo anterior, dictado el 2 de enero, que ordenaba la demolición completa del bloque del nº23 de la calle Niña Guapa.

La resolución supone un punto y seguido a un proceso iniciado hace más de ocho años y cierra la última intentona municipal -aún puede haber otras vías legales- de parchear un error cometido por sus propios técnicos.
Los magistrados recogen en su sentencia los sucesivos fallos de la Concejalía de Urbanismo en sus distintas tramitaciones para intentar frenar el derribo del edificio y recuerdan que «debieron concretar de qué modo se reducía el exceso de edificabilidad en el edificio existente teniendo en cuenta que no basta para ello con cambiar los nombres de las superficies porque las cosas son las que son». Alude así el fallo al acuerdo municipal del 17 de octubre del 2008 por el que otorgaba una nueva licencia de obras a la promotora que, sin embargo, no legalizaba el edificio ya existente sino que autorizaba a construir uno nuevo.
Fuera de plazo
Aquel acuerdo llegó mal y tarde al alcanzarse cuatro años después de que una primera sentencia anulara la licencia de obras y de primera ocupación del inmueble y año y medio después de que otro fallo acordara la demolición. «Dicha licencia -la del 2008- no ampara la demolición de lo ilegalmente construido y la conservación de lo que pudiera mantenerse si es que algo podía conservarse», justifica la sentencia antes de añadir que esto último «se acreditó en ningún momento mediante el correspondiente procedimiento de legalización realizado en plazo».
La sentencia viene a decir que sí existían fórmulas legales para paralizar la demolición y salvar así el 90% del inmueble que es legal. Pero no se encontraron o se hicieron fuera de plazo y los 107 metros cuadrados de más con los que cuenta el edificio -tiene una superficie de 950,53 metros cuando debía ser de 843,32- supondrán, en principio, su derribo completo.
Mutismo vecinal
Y todo a cuenta de un error inicial cometido por un arquitecto municipal al sumar mal la edificabilidad del solar. Los metros de más llevaron a los vecinos del número 32 de la calle Nicolás Salmerón, que coincide con el bloque de Niña Guapa por el patio interior, a denunciar los hechos por la invasión su propiedad y a lograr un primer fallo favorable en febrero del 2004.
Después llegarían infinidad de recursos hasta desembocar en el fallo del 20 de abril del 2007 que ordenó la demolición. Aún entonces, el Ayuntamiento pudo alegar la «imposibilidad legal de ejecutar la sentencia porque podía legalizarse una parte de lo construido», pero no lo hicieron y las posteriores resoluciones volvieron a dar la razón a los residentes en el edificio del 32 de Nicolás Salmerón.
Y entre medias, los inquilinos de las nueve viviendas del 23 de Niña Guapa continúan desalojados de sus casas desde el 5 de julio del 2007 sin que ellos ni su representante legal, que planteó una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, hayan dicho está boca es mía.
Ninguna de las parte implicadas, ni denunciantes ni denunciados, quiso confirmar ayer la existencia de plazos para el derribo.
Silencio en Urbanismo. La concejala Cristina Vidal no contesta a las llamadas y desde el equipo de Gobierno aseguran que «no hay comentarios». Nada que decir. Al menos ayer. Pero un día antes de conocerse la sentencia, el alcalde, Javier León de la Riva, aseguraba que «cuando se produzca una resolución definitiva sobre el tema de Niña Guapa, y sólo entonces, me sentaré delante de los medios con el expediente completo, paso por paso, y ahí veremos quién ha tenido que ver con que se aumentara o se autorizara una edificabilidad que no tenía», aseguró el regidor, quien añadió que el anterior «concejal de Urbanismo entendía que esas cosas se podían hacer con el estudio de detalle y la sala que nos toca nos dice que no». «A mí me parece desproporcionado que si hay un exceso de cien metros se obligue a tirar todo el edificio, pero respetaré lo que diga la sala sin perjuicio de que, después, como digo, con el expediente en la mano, convocaré a los medios». Eso aún no ha sucedido. Ayer, silencio sobre Niña Guapa en los despachos del PP. No así en los de la oposición. Óscar Puente (PSOE) lamentó que «en vez de buscar soluciones se iniciara una huida hacia adelante». «Nos preocupa la situación de la gente afectada por la sentencia y que esa huida repercutirá en las arcas municipales». Puente entiende que la solución pasa por acatar la sentencia, derruir el inmueble «y llegar a un acuerdo con los propietarios para reconstruir el edificio de acuerdo con la normativa». «El Ayuntamiento -concluyó Puente- debe tomar conciencia de que las ilegalidades urbanísticas al final se pagan. Ésta es la primera, pero no será la última». Alfonso Sánchez de Castro (IU) criticó la «nueva vulneración en la legalidad urbanística. Basta ya de recursos que luego nos toca pagar», dijo.

2001: La comunidad de propietarios del número 32 de Nicolás Salmerón presenta una primera denuncia por exceso de edificabilidad -invadía parte de su patio interior- del inmueble del 23 de Niña Guapa.
2004: Un Juzgado anula tanto la licencia de obras como la de primera ocupación al constatar que un error de un arquitecto municipal había permitido construir 107 metros cuadrados de más en el bloque.
2007: Un nuevo fallo acuerda la demolición completa del edificio -el proyecto ya está realizado-. Los vecinos desalojaron el inmueble el 5 de julio de ese mismo año y desde entonces siguen desahuciados.
2009: El TSJCyL desestima el último recurso municipal y confirma la resolución anterior que ordenaba el derribo completo del edificio.






* El Norte de Castilla - J. SANZ V. M. V. - 21.05.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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Tazacorte: Berriel y Pulido, entre 35 imputados por una urbanización ilegal en El Puerto

ELDÍA/La Palma: El Juzgado de Instrucción nº2 de Los Llanos de Aridane ha incrementado hasta 35 el número de políticos y técnicos imputados por el caso de la supuesta urbanización ilegal de una parcela situada en Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, para la edificación de un complejo residencial de lujo de 24 viviendas.El nivel de presunta vinculación marcado por la jueza instructora del procedimiento, María Teresa Luerca Gómez, llega hasta la misma cabeza de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, citando como imputados al consejero, Domingo Berriel, y al viceconsejero, Miguel Ángel Pulido.

A los primeros siete acusados correspondientes al Ayuntamiento de Tazacorte, cinco miembros de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura (tres de ellos siguen en el actual mandato) y dos técnicos municipales, se suman ahora otros 28 posibles responsables de haber permitido que se edificara un suelo que se recogió en las Normas subsidiarias (1999) y en el PGO (1984) como urbano pese a contar con una sentencia del Tribunal Supremo que no lo consideraba como tal, lo que desembocó en la edificación de un inmueble, construido con licencia municipal de noviembre de 2005, que hoy se encuentra a la espera de obtener los permisos de primera ocupación para ser habitado.

Los nuevos inculpados se corresponden con los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que aprobaron las viejas NNSS de Tazacorte en el año 1999 (por entonces bajo la denominación de Cumac) y el Plan General de Ordenación de este mismo municipio en el año 2004, desde la Presidencia y vicepresidencia del organismo público, hasta los vocales técnicos y políticos de diversas administraciones. En ese sentido, entre otros, se cita también como imputado al que fuera Consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo hace 10 años, Tomás Van de Walle.

Investigación.- La providencia judicial, con fecha de 6 de mayo, forma parte de las diligencias previas abiertas por el juzgado llanense (los primeros pasos de la investigación se dieron en la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife) tras la remisión de un informe hace más de un año, por parte del CCN, uno de los grupos políticos opositores en Tazacorte, a fin de que se investigara la posible existencia de delitos urbanísticos en esta actuación, a raíz de la aprobación de la licencia de obras a la promotora del edificio, la empresa Diursa.

Esta investigación llegó a motivar hace varios meses una intervención de la Policía Judicial en las dependencias administrativas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en busca de documentación.

Citaciones.- Según recoge la notificación judicial, dada cuenta del estado de las actuaciones realizadas, se llama a declarar como imputados a los 28 miembros que conformaban la Comisión de Urbanismo, que deberán pasar por las dependencias judiciales los días 2 y 3 de junio, en una primera tanda, y 16 y 17 del mismo mes.

Además, en la jornada de hoy se tomará declaración al arquitecto y el jurista del Ayuntamiento de Tazacorte para completar la lista de los 7 inculpados en esta Administración local, entre ellos cinco miembros del grupo de gobierno local (Unión Bagañeta) que el pasado 28 de octubre fueron interrogados por la delegada de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés, en el mismo juzgado.

Aforado.- En el caso de los indicios de ilegalidad que se imputan a Domingo Berriel, éstos deberán ser resueltos en otro foro. El consejero, al igual que el resto de diputados de la Comunidad Autónoma, goza de un fuero especial para ser juzgado, por lo que el órgano competente se corresponde con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si bien en algunos casos los estatutos de autonomía pueden atribuir esa competencia al Supremo.

Según recoge la legislación, al carecer de competencia para investigar a un aforado, el Juzgado de Los Llanos de Aridane tendría que remitir los indicios que tenga contra el consejero al TSJC, por lo que el resto de la causa, al completo, debe también ser juzgada por el mismo tribunal por la imposibilidad de dividir las actuaciones.







* El Día - M. CHACÓN - 21.05.09
Foto: Tazacorte (La Palma) - wikipedia.org

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Alicante aprobará el plan especial para Tabarca con 16 años de retraso

ELPAÍS* : Si en la ciudad de Alicante los grandes proyectos avanzan despacio, en la isla de Tabarca los pasos son muchas veces imperceptibles. La única isla habitada de la Comunidad Valenciana, espacio declarado además Bien de Interés Cultural (BIC) y reserva marina, espera desde hace 16 años su Plan Especial de Protección.

Plan que se aprobará finalmente el próximo lunes en la junta de gobierno local, después por la Comisión de Urbanismo y que pasará por pleno en junio, según anunció ayer la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. La propia Castedo usó la expresión "por fin" cuando anunció esta aprobación, tras "años trabajando" e interminables polémicas entre el Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno que han frenado el avance del documento que debe regir la ordenación futura de la isla.

El documento es una síntesis, según la Gerencia de Urbanismo, de las distintas sugerencias y alegaciones de todas las administraciones implicadas en la conservación de Tabarca. Redactado al margen del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el proyecto no incluye ninguna referencia a la ordenación de las edificaciones ilegales, algunas de ellas sin licencia de obra, como el grupo de chalés que construyó el ex alcalde de Santa Pola, el popular Pascual Orts. El ex regidor levantó los bungalós dentro de la zona de servidumbre pública. Y pese a que los tribunales decretaron la ilegalidad de la obra, el conjunto sigue en pie y no hay sobre ella ninguna orden de demolición. El Plan Especial de Protección de Tabarca, además de definir los usos, inmuebles protegidos y espacios urbanos, hace especial hincapié en el potencial turístico de la isla.

El plan especial comenzó a redactarse en 1993 y fue aprobado provisionalmente por todas las fuerzas políticas presentes en aquel momento en el Ayuntamiento de Alicante en julio de 2000. A partir de ese momento ha habido que introducir las alegaciones de las distintas administraciones, que definirán el contenido definitivo de la hoja de ruta para la isla. El plan, entre otras cuestiones, protege 30 edificios y zonas de la isla, incluidos el puerto antiguo de Tabarca, el faro o el castillo de San José, según el documento provisional que se manejaba en el año 2006.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante lamentó los "años perdidos" por el PP "para hacer de la isla de Tabarca una joya del turismo en el Mediterráneo". La edil socialista María José Adsuar recordó que "el abandono que sufre la isla y sus servicios es desolador". Adsuar criticó, igualmente, los reiterados anuncios del Consell de mejoras "que nunca llegan". El Grupo Socialista municipal propuso el pasado mes de marzo un pacto por Tabarca entre las distintas administraciones competentes, empresarios, vecinos y agentes sociales y económicos "para potenciar la imagen de la isla". La propuesta fue desestimada, recordó ayer Adsuar.







* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 21/05/2009
Foto: Tabarca (Alicante) - terra.es

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El Supremo anula el Plan de Urbanismo de Zamora por un defecto administrativo

NORTECASTILLA* : Zamora regresa desde hoy a la normativa urbanística de 1986 y así será por tiempo indefinido si el equipo de Gobierno del Partido Popular no consigue sacar adelante este verano la última revisión del PGOU de enero del 2007. Si se aplica literalmente la sentencia del Tribunal Supremo, hecha pública ayer, que anula el Plan General de Ordenación Urbana del 2001, todo lo construido fuera del casco histórico en los últimos ocho años, principalmente los nuevos barrios de la periferia, sería ilegal.

En sentido estricto, también la tramitación del actual documento que está en período de alegaciones tendría que ser paralizada de inmediato porque es «una revisión de la revisión del 2001, que está anulada, y no un plan nuevo para el que se precisan otros requisitos», indican algunos urbanistas consultados.
Esta interpretación, sin embargo, es rechazada de plano por el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, quien señaló que «la anulación del plan del 2001 se produce por un defecto administrativo y no porque el contenido del plan sea malo, ha funcionado bien todos estos años, y el actual es un plan distinto en el que se han tenido en cuenta miles de alegaciones que han modificado sustancialmente el anterior».
Bloqueo
Para el PP, utilizar esta sentencia inapelable del Supremo para tratar de bloquear el actual plan «es una filosofía que intenta utilizar el portavoz del PSOE», Carlos Hernández, a quien responsabilizó directamente de la sentencia como técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, ahora en excedencia como jefe del grupo municipal socialista. El portavoz del equipo de Gobierno insistió en que aunque «el que aprueba el documento es un órgano político», en este caso, Antonio Vázquez y su mayoría absoluta, «el órgano político se guía de informes técnicos».
El de la capital zamorana es el primer PGOU de Castilla y León que anulan los tribunales de Justicia y ha sido porque el Ayuntamiento de Zamora no respetó la propia Ley de Urbanismo autonómica que establecía la obligación de una segunda exposición pública del documento al haberse introducido en el plan modificaciones sustanciales, con el fin de garantizar la mayor participación.







* EL Norte de Castilla - 21.05.09 -
M. J. PASCUAL

Foto: Zamora - wikipedia.org

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El magistrado del caso Son Oms imputa a Damià Nicolau y cita a Vicens

DIARIODEMALLORCA/Palma* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears Antoni Capó ha citado, en calidad de imputado y dentro del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno a la gestación y explotación de dicho polígono industrial, a Damià Nicolau Ferrà, ex director insular de Ordenación del Territorio en el anterior Consell de Mallorca.

Nicolau comparecerá el próximo martes junto al diputado en el grupo mixto del Parlament Bartomeu Vicens, el empresario Jaime Montis y el contable de Vicens, Tomás Martín.
Damià Nicolau fue secretario general de UM y ex alto cargo de la conselleria de Medio Ambiente del actual Govern. Retirado hoy de la política activa, justificó la necesidad de un informe externo encargado sobre el valor del suelo en 2007, en los prolegómenos de la futura ley del Suelo, y según fuentes del caso podría estar acusado de malversación de caudales públicos por esta acción. Nicolau también asistió –en calidad de suplente de Antoni Pascual– a la sesión de la Comisión Insular de Urbanismo donde se aprobaron las llamadas zonas ´M´, una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana de Palma (PGOU) que permitió aumentar la edificabilidad en áreas industriales. Esta reforma inicialmente afectaba a Son Castelló y Can Valero, pero luego se extendió a Son Oms.
Nicolau trabajaba en la conselleria de Territorio a las órdenes de Vicens. Los investigadores del caso Son Oms sospechan que este cambio urbanístico pudo ser impulsado por Vicens para obtener mayor beneficio del polígono de Son Oms que había impulsado.
El juez Capó ha citado para el mismo día, pero en calidad de testigos, a Apolònia Serra, secretaria general técnica de la conselleria de Deportes, una persona próxima a Miquel Nadal y a Vicens y secretaria de la Comisión Insular de Urbanismo cuando se aprobó la reforma del PGOU de Palma; y a dos personas más, una de ellas al parecer vinculada al PSOE de Andratx.






* Diario de Mallorca - F. ARMENDÁRIZ/ M. FERRER - 20-05.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es

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155.000 vecinos de los PAU de Madrid viven olvidados por la Administración

20MINUTOS* : Imagina que quieres una barra de pan y tienes que andar media hora hasta la tienda. O que necesitas ir al médico y tu centro de salud está a 20 minutos en coche. O que tu hijo no puede ir al colegio más cercano porque no hay plazas suficientes. O, simplemente, que sales a la calle y no hay ni un alma. Pues los 155.000 vecinos de los PAU de Madrid no tienen que echar mucha imaginación: su día a día es así.

Hace cinco años comenzaron a construirse y habitarse los grandes desarrollos urbanísticos de la periferia de la capital: en el norte, Montecarmelo (30.000 vecinos), Las Tablas (30.000) y Sanchinarro (40.000); y en el sur, los ensanches de Vallecas (25.000) y Carabanchel (30.000).

Los equipamientos que nunca llegan

Desde que se mudaron están esperando equipamientos básicos, pero éstos nunca llegan. "Somos un barrio olvidado por la Administración. Todos los PAU están mal planificados, con una imprevisión que roza el ridículo", se queja Lorenzo Álvarez, presidente de los vecinos de Las Tablas.

"Les corresponde al Ayuntamiento y a la Comunidad resolverlo. Gallardón es algo más receptivo a nuestras peticiones, pero Aguirre ni siquiera se sienta a hablar", protesta Alberto Navazo, de la asociación de Montecarmelo.

La odisea de ir al médico

Ir al médico es una odisea. Los residentes de Montecarmelo y Las Tablas no tienen centro de salud y tienen que ir al de Fuencarral, a casi 10 kilómetros de su casa. "Ir andando es imposible", dice Navazo.


En Carabanchel tampoco hay ambulatorio: "Hay que coger el coche o hacer trasbordos en autobús; y cuando por fin llegas, está saturado", según Juan Fernández, representante de los vecinos.

Quienes tienen niños también echan en falta centros educativos. Todos los PAU tienen su colegio público y varios concertados, "pero están hasta arriba y algunos tienen que llevar a sus hijos fuera del barrio", explica Pedro Romero, de la asociación del PAU de Vallecas. En Secundaria es aún más difícil: ninguno de los desarrollos tiene instituto.

Barrios desiertos

Las amplias avenidas, sumadas a la falta de comercio, convierten estas zonas en barrios desiertos. "Es un urbanismo fantasma, está todo diseñado para el automóvil, no para las personas", según Carlos Sanz, de la asociación de Sanchinarro.

El elevado precio de los locales comerciales impide abrir tiendas tradicionales, lo que obliga a los vecinos a desplazarse hasta las grandes superficies para hacer cualquier compra.

Los que no tienen coche se sienten incomunicados. En Sanchinarro se quejan de que "el metro ligero es lento", en Las Tablas tienen "paradas muy alejadas" y en Carabanchel tienen "mala combinación para llegar al centro".

Sin embargo, pese a las carencias, ningún vecino cambiaría de barrio: "Aquí se vive tranquilo; cuando nos equipen bien, seremos unos privilegiados", dice un joven en Sanchinarro.

Policía y búhos, los únicos logros

En los últimos meses, los robos en garajes y los alunizajes en comercios se han convertido en el principal problema de los PAU. La reivindicación de una comisaría de Policía Nacional ha surtido efecto: la Delegación del Gobierno se ha comprometido a instalar una para Las Tablas y Sanchinarro.

Sin embargo, siguen echando en falta más patrullas por las calles. En transportes también han tenido un avance: el Ayuntamiento anunció el lunes que ampliará diez líneas de autobús nocturno (búhos) para dar servicio a los PAU periféricos.

Luis y Luz, matrimonio de 68 y 56 años, se autodefinen como "los pioneros de Las Tablas". "Cuando inauguramos el barrio, aquí no había nada; ahora, cinco años después, sigue igual. Llevamos todo este tiempo escuchando promesas", dice Luis.

"Estoy hasta las narices de escuchar al consejero Güemes decir que nos van a poner un centro de salud, pero todavía estamos esperando", se queja Luz. "Si te pones malo, es un jaleo, no puedes ir andando y tardas 20 minutos hasta llegar a Fuencarral; puede ser hasta peligroso", añade. "Pero todo tiene su lado bueno: aquí la tranquilidad es una delicia".

Alicia y Joaquín, vecinos de Sanchinarro: "Esto es como un pueblo desierto".

Esta pareja, de 35 y 37 años, cree que "lo peor de vivir en el PAU es que no hay comercio tradicional, para comprar cualquier cosa tienes que ir a los hipermercados. Aquí sólo hay sucursales de bancos y algún bar", lamenta Joaquín.

Sin embargo, no se cambiarían a otra zona: "Sanchinarro es como un pueblo desierto. Lo malo es que no hay tiendas, pero lo bueno es el silencio y la tranquilidad", dice Joaquín, que lleva tres años allí. "Tenemos la suerte de que vivimos cerca del único centro de salud que hay aquí, pero si queremos ir al especialista, hay que coger el coche... Aquí sin coche no haces nada", dice Alicia.







* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 20.05.2009
Foto: Calle semidesierta en uno de los nuevos PAU de Madrid. (Imagen: ANTONIO NAVIA)

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