LAVERDAD* : Un control casi total sobre todo el ladrillo que se mueve en la Región. Tal era, en opinión de la Fiscalía de Murcia, la pretensión «del entramado de intereses» que se habría forjado en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia: «controlar la actividad urbanística de la Región en beneficios de unas cuantas personas».
Al frente de dicho entramado, y como eje en torno al cual se habría articulado el citado «entramado de intereses», se situaría el jefe del Servicio de Planeamiento del Consistorio, el funcionario ahora en excedencia Joaquín Peñalver Motas.
Así se hace constar en la denuncia que la Fiscalía Superior presentó el 21 de marzo del 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia -el documento está en poder de La Verdad- y cuyo contenido se resume a continuación.
EL PRESUNTO CEREBRO
Joaquín Peñalver Motas, arquitecto, desempeñó desde el 1 de abril de 1996 el puesto de jefe de la Primera Sección Técnica del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia. El 15 de enero de 1999 se le adscribió al puesto de jefe del Servicio de Planeamiento.
El 9 de marzo del 2006, ocho días antes de que la Fiscalía incoara las diligencias informativas nº 76/06, «en averiguación de presuntas irregularidades en su gestión, el señor Peñalver pasa a la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de sus hijos menores de tres años».
El fiscal recuerda que «durante el tiempo que Peñalver desempeñó funciones de arquitecto municipal, estuvo sometido al régimen de incompatibilidades, no pudiendo por tanto ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estaba destinado». Pese a lo cual, «obviando esa prohibición, ha venido interviniendo, a través de su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir, e intervenía, el servicio del que era jefe; esto es, el Servicio de Planeamiento Urbanístico».
UN DESPACHO EN LA DIANA
«A tal fin -prosigue la denuncia-, Sandra de la Puente fundó en escritura, el 24 de diciembre del 2004, junto con su suegro Joaquín Peñalver Ruiz, y su cuñado, Francisco José Peñalver Motas (hermano del jefe de Urbanismo), ambos arquitectos, la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados S.L.».
«La finalidad de la participación de Sandra de la Puente en esta sociedad (no olvidemos que su profesión es economista) era servir de tapadera a la intervención de su esposo en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa. Ésta tenía como principal activo la presencia de aquél (Joaquín Peñalver) al frente del Servicio de Planeamiento Urbanístico, al que iban a ir, y fueron, una parte importante de sus proyectos urbanísticos para ser aprobados».
«Los tres socios -la mujer, el padre y el hermano de Peñalver-, convencidos de su impunidad, decidieron colgar en internet una página web en la que anunciaban sus servicios, los profesionales que formaban su plantilla, los despachos de arquitectos que colaboraban con la empresa (el fiscal ofrece una amplia relación), y sus principales clientes, entre los que se encuentran las empresas promotoras y constructoras más importantes de la Región».
EL 'SOCIO' LÓPEZ REJAS
«En los listados de visados facilitados por el Colegio de Arquitectos de Murcia, a solicitud de esta Fiscalía, se observa que un importante número de los proyectos urbanísticos desarrollados en el municipio de Murcia aparecen firmado por socios, empleados o despachos de arquitectos colaboradores de Peñalver Arquitectos S.L., y entre las empresas destaca, por su número, la mercantil José López Rejas S.L.».
A este respecto, el fiscal destaca que «el día 26 de enero de 1999, 11 días después de que el señor Peñalver fuera nombrado jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, José López Rejas le vende a la esposa de Peñalver, Sandra de la Puente, 125 participaciones de la mercantil Septiembre 97 Promociones S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria. El 27 de julio del 2004 también le vendió a Sandra de la Puente 1.472 participaciones de la mercantil Nou Vivienda Joven Murcia S.L., de la que López Rejas poseía 3.006 participaciones. ¿Por qué tendrá tanto interés López Rejas en ser socio de Sandra de la Puente?».
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
«El 14 de julio del 2003, (Sandra de la Puente) adquiere, por compra a José Sánchez Marín, 25 participaciones de la mercantil Urbasa Mediterránea S.L.. Con posterioridad se hace con el 50% de la sociedad».
«Urbasa se convertirá en la principal fuente de ingresos de Sandra de la Puente e, indirectamente, de Joaquín Peñalver, al estar casados en régimen de participación en ganancias. La sociedad es titular de una finca en El Esparragal, valorada en 1,1 millones de euros; de una finca rústica en Cabezo de Torres, de 52.082 m2; otra finca rústica en la Sierra de Carrascoy, con una superficie de 1,2 millones de m2, y el 55% de una finca de 2,6 millones de m2, llamada Columbares, en Cañadas de San Pedro (Murcia)».
UNA SOCIEDAD 'CONSEGUIDORA'
«Urbasa Mediterránea se constituye en una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver».
El fiscal señala, a tal respecto, que Urbasa vende al promotor Félix García Ripoll un trozo de terreno de secano, perteneciente a la hacienda Lo Espinosa, por 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas. En la escritura se hace constar que «la finca se adquiere por su condición esencial de estar inmersa en un proceso de gestión urbanística, por el cual se le reconocerá un aprovechamiento urbanístico futuro de 7.500 m2 de techo. Urbasa asume el compromiso y se obliga a que tales terrenos tengan esas características en el plazo improrrogable de 24 meses. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros».
En base a ello, el fiscal considera que «el negocio que se realiza no es realmente una compraventa de tierras, sino la gestión de un aprovechamiento urbanístico. Y ese aprovechamiento deberá otorgarse con el dictamen favorable del esposo de Sandra, Joaquín Peñalver, jefe del Departamento de Planeamiento Urbanístico. Si la gestión ante el Ayuntamiento prospera, el precio del servicio será de 1,2 millones. Si no prospera -cosa difícil, ya que todo queda en casa-, el precio de la gestión será de 450.000 euros».
«A través de Urbasa, Sandra de la Puente logrará tener participación oculta en otras sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria y urbanística como NF Desarrollos S.L. y Mursiya Golf S.L.».
«El 4 de mayo del 2006, conocedora por la prensa de la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía, Sandra de la Puente decide finalizar su participación en Urbasa y liquidar patrimonio».
EL PODER DE LOS 'NARANJITOS'
«Tal era el número de proyectos presentados al visado por Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban».
«Para evitar el control del Colegio de Arquitectos, que ya había recibido quejas por el monopolio en que se estaba erigiendo la citada mercantil y sus colaboradores, el despacho empezó a desviar el visado hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos».
FACTURANDO A SU FAMILIA
«Como indica la Agencia Tributaria, desde el año 2002 al 2005, periodo en que Joaquín Peñalver era jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, éste ha venido cobrando de distintas empresas, destacando los 513.863 euros (más de 80 millones de pesetas) que recibe en el 2005 de la empresa Peñalver Arquitectos». Esto es, el jefe de Planeamiento habría facturado sumas muy abultadas a su propia familia por servicios no especificados en la denuncia.
«LAS COSAS NO VAN MAL»
«Como las cosas no funcionaban mal, la familia Peñalver decide en enero del 2004 crear otra mercantil dedicada a la actividad urbanística y así constituye Titobio S.L.. Entre las operaciones que lleva a cabo la citada empresa familiar figura el proyecto Plan Parcial La Cerca de Arriba, firmado por el arquitecto Jesús Zafra, colaborador de Peñalver Arquitectos y socio de Sandra de la Puente. Ese proyecto deberá recibir el dictamen favorable de Joaquín Peñalver. Sandra de la Puente gana al menos 50.088 euros, más lo que gana Titobio y sus familiares, con una operación urbanística que ese mismo mes se presentará como proyecto al Servicio de Planeamiento que dirige Joaquín Peñalver».
«De todo lo antedicho -concluye el fiscal- se deduce, a nuestro criterio, la existencia de un entramado de intereses en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, para controlar la actividad urbanística de la Región en beneficio de unas cuantas personas».
El fiscal considera que de los hechos denunciados se deducen indicios de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 26.03.09
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
El «entramado» de la Gerencia de Murcia quería controlar todo el urbanismo regional
en
26.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Murcia
Valencia: 87 municipios ignoran a la Fiscalía y no declaran las casas ilegales
ELPAÍS* : 87 municipios valencianos no han respondido al requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia para que den cuenta de las construcciones ilegales que tienen en su territorio. Hace cinco meses que la sección de Medio Ambiente, con el auspicio de la fiscal jefe, solicitó por escrito a los secretarios de los ayuntamientos que dieran cuenta de los expedientes abiertos por irregularidades en la edificación de viviendas en terreno mo urbanizable.
El goteo de datos ha sido progresivo pero de los 268 municipios casi un 20% no ha respondido a esa petición de información.
La Fiscalía se propone que no se dejen a merced de la prescripción -y por tanto del archivo obligado- los expedientes que deben de abrir los consistorios cuando tengan conocimiento de la construcción de viviendas en terreno no urbanizable. En solo un mes, la campaña permitió conocer 775 expedientes por irregularidades urbanísticas. De ellos, no todos acabarán en denuncia penal. La mayoría, en sanción administrativa. Esa cifra ha superado con mucho los más de 1.300.
Un dato fue revelador para la Fiscalía de Valencia: en 2008, sólo hubo 51 denuncias procedentes de 11 ayuntamientos. Los expedientes sancionadores que se han ido conociendo desvelan una realidad de irregularidades extendida. Inicialmente, sólo 20 municipios reconocieron haber actuado contra las construcciones ilegales: Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L'Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.
Más significativos son los casos de quienes han referido a la Fiscalía numerosos casos ante los que no ha actuado entre 2005 y 2008: Benicull del Xúquer (73 expedientes), Bétera (194), Canals (103) o Godelleta (220).
Los datos remitidos sirven para que la Fiscalía tenga ahora conocimiento de irregularidades cometidas y no superadas en Cullera, en Gandia, en Zarra, en Llíria, en Massamagrell o en El Puig. Detrás del cúmulo de expedientes está sin duda el abandono de los concejales de urbanismo ante un hecho manifiestamente irregular que precisa de una acción directa por parte de los ayuntamientos. Son los consistorios quienes deben velar por el cumplimiento de la legalidad y por la sanción en el caso de incumplimiento.
* ELPAIS.com - L. G. G. - Valencia - 26/03/2009
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
en
26.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Abusos Urbanísticos ¡NO!
Los colectivos firmantes* ponen de manifiesto su total rechazo al boicot acordado entre los parlamentarios europeos del PP y el PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español que se vota hoy, 26 de Marzo, en el Parlamento Europeo. Más de 600 colectivos ciudadanos suscriben el comunicado.
- Porque el urbanismo español, por medio de las leyes que lo regulan en las distintas Autonomías, pone en situación de indefensión a los ciudadanos españoles que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rustico o urbano.
- Porque las leyes autonómicas que desarrollan el urbanismo en España no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción de viviendas, es el responsable de la destrucción del territorio, del paisaje y de una buena parte del patrimonio histórico cultural de España, sin ninguna razón que lo justifique.
- Porque en la mayor parte de las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, se institucionaliza la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción de viviendas de forma descontrolada y rampante, y de sus consecuencias, es el responsable de la crisis, recesión y depresión económica que vive España. Siendo responsable a su vez, directa o indirectamente, de la dramática evolución del paro laboral en nuestro país.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción, ha propiciado el desarrollo de la metástasis de la corrupción a niveles nunca conocidos en España. Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción de viviendas totalmente innecesarias, ha conseguido descapitalizar los sectores industriales productivos y la agricultura, base de la economía modesta pero equilibrada de nuestro país, acabando por hundirnos en la recesión-depresión en que estamos inmersos.
- Porque en medio de esa recesión-depresión económica que sufrimos todos los españoles, especialmente los que nada hemos hecho para desatarla, que somos los más, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Porque el derecho a la propiedad está conculcado en las leyes urbanísticas españolas, ya que lo supeditan al interés público, que nunca ha sido especificado objetivamente, de forma que favorece el expolio y la destrucción sistemática a voluntad y capricho de políticos corruptos y especuladores corruptores . Con una abstracción se conculca alegremente un derecho concreto e histórico, conseguido a lo largo de generaciones por los ciudadanos con grandes esfuerzos y padecimientos.
- Porque a pesar de las muchas leyes de nuestro panteón legal, quizás por eso mismo, la Justicia española es lenta, desesperadamente lenta , por lo tanto es cara, muy cara, y lo que es peor, esta contaminada por influencias políticas. Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Los ciudadanos no deseamos vivir en un estado de derecho, al menos con leyes tan poco fiables como las urbanísticas, ya que no ofrece garantías de equidad y justicia, por el contrario nos gustaría vivir en un estado de justicia.
- Porque no se puede jugar con los derechos de los españoles, como lo hace una ley, la de Costas, aprobada hace más de 20 años, dejada en el olvido durante ese tiempo y de pronto aplicarla con todo su rigor, sin analizar la casuística, con efectos de la fecha de su aprobación, cuando el propio Estado hizo dejación de su derecho a aplicarla durante ese largo periodo, sin que importen las razones que tuvo, dando lugar a que su pretensión de hacerlo ahora sin tener en cuenta el tiempo trascurrido es como si alguien quisiera resucitar el vergonzoso “derecho de pernada”, porque a nadie se le ocurrió derogarlo. Las leyes como los seres humanos y todo lo que estos producen se hacen viejas, sinónimo de obsoletas, por lo que una ley vieja, obsoleta y sin la garantía de haber sido respaldada por una aplicación sostenida en los tribunales, no puede ni debe utilizarse como un “kamikaze” para demoler propiedades privadas indiscriminadamente.
Con todas estas razones, los partidos mayoritarios PP y PSOE, se unen “contra natura” para boicotear el informe Auken, que pone al urbanismo español a caldo, alegando solo razones de prestigio nacional, algo así como el “Santiago y cierra España” de la Reconquista, en pleno siglo XXI, y si eso nos enfrenta a toda Europa, pues “ad majoren gloria”, o quizás debiéramos decir que su interés está en impedir que nadie se inmiscuya en su “corral”.
El Partido Popular-PP se ha negado a debatir el informe Auken en el pleno del Parlamento europeo, ya que eso le daría una publicidad que no desean, presentando además una alternativa a dicho informe, en el que se dicen cosas tan curiosas como , pedir “las máximas cautelas “ en la aplicación de la ley para evitar “los problemas que ha ocasionado el proceso urbanizador” y hace una llamada a facilitar a los afectados , en especial a los propietarios ubicados en una zona calificada como urbanizable , posibles alternativas a fin de compatibilizar el desarrollo urbanístico y las explotaciones agrarias o residencias existentes.
También pide que se garantice un ejercicio efectivo del derecho a la propiedad privada por los ciudadanos, cuyas quejas dieron pie a la elaboración del informe Auken.
Como diría un castizo, a buenas horas mangas verdes, esto lo dicen en una alternativa a un informe aprobado en el seno del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, único avalista de los derechos de esos ciudadanos que como españoles son indiscutiblemente europeos, y lo dicen después de 15 años de urbanismo depredador y de quejas ciudadanas ignoradas expresamente, ahora que pende sobre sus cabezas la posible aprobación del informe Auken que solo refleja la realidad del desolador paisaje dejado después de esos años de aplicación indiscriminada de unas leyes urbanísticas que todo hace pensar que se aprobaron con esa intención.
El camino pasa primero por aceptar y votar aceptando el informe Auken, luego hacer un acto de contrición público, asumiendo ambos partidos lo que se ha de corregir, que es mucho, solo les quedan unos pocos días hasta el 26 de Marzo, demuestren a los españoles que merecen seguir siendo los partidos mayoritarios de la política en nuestro país.
Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses.
* Suscrito en Marzo de 2.009.
Abusos Urbanísticos ¡NO!
Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)
Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio_CCDT (Coordinadora estatal integrada por más de 600 colectivos ciudadanos y ecologistas)
REDES Y GRUPOS INTEGRANTES:
Coordinadora Murcia No se Vende - Murcia - más de 50 asociaciones Coordinadora Aragón No se Vende - Aragón - más de 20 asociaciones Coordinadora Ciudadanos Contra la Especulación - Madrid - más de 40 asociaciones Coordinadora Salvemos La Sierra - Madrid - más de 15 asociaciones Salvemos Las Rozas - Madrid Madrid no se Vende - Madrid Red Andaluza en Defensa del Territorrio - Andalucía - cerca de 400 asociaciones Málaga no se Vende - Málaga Almería no se Vende / Red Almeriense en Defensa del Territorio - Almería - más de 20 asociaciones Coordinadora para la defensa de Litoral Almeriense - Almería - 8 asociaciones Salvemos Mojácar - Almería Asociación Nueva cultura del Territorio - Comunidad Valenciana ARCA - Cantábria ADENEX - Extremadura Outro Vigo - Galicia Plataforma por una Vivienda Digna - Castilla León Salvemos el Territorio - Nacional ATTACK España - Nacional Asociación de Vecinos Defensores Del Poblado El Borseral. Asociació De Veïns de La Ribera. Asociación de afectados por el PAI "dels Tarongers golf resort". Asociación de Vecinos Afectados "Camí Vell" de Peñíscola. Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA)
ASOCIACIONES INTEGRANTES:
Amigal, Las Caldas, Oviedo Agrupacion vecinos y amigos de Llanes, Avall A.V. El “tranqueru” de Xivares, Carreño. Cambio Siglo XXI -Muros del Nalón Asociación AVISU Sariego. Sueve Verde-Colunga Federacion Asociacion Vecinos de Valdes Union Vecinal de Lieres-Solvay Siero Asociacion Vecinos Otur - Valdes Colectivo de Vega en defensa del medio rural, Gijón. Asociación de Vecinos Rio Nalón d S. Juan d la Arna, Soto del Barco Asociación La Arquera, Valdesoto, Siero. Junta Vecinal Defensa del Medio Rural S. Martín del Mar Llams Liñro Villavciosa. Plataforma por la Defensa de los Valles del Nalón y Trubia, Oviedo. Asociación de Vecinos Pola Sur, Pola de Labiana. Asociación por la defensa del medio rural de Navia ADERNA Asociación de Vecinos y Amigos de Muros del Nalón. Avam Plataforma pro Santa María, Grao. S.O.S Cuideiru, Cudillero Asociación “Los Laureles”, Luanco. A. para la defensa de la Cordillera Cantabrica "Picos de la Liebre", Aller. Tapia de Casariego (contra la especulación en Serantes) AA.VV y Amigos de Castropol Plataforma Antitérmica La Pereda, Mieres Noada-Lande Oscos Plataforma urbanismo Gozón Asociación amigos y vecinos de Somiedo A.V. San Julián de Somió, Gijón A.V. de San Andrés de los Tacones, Gijón Plataforma afectados Polígono de Bobes, Siero Pando Poniente Gijón A V Parque Principado, Siero A.V. Cabueñes la Pontica, Gijón Plataforma Medioambiente Valle Nalón, Langreo A.V. Peñamea de Pelúgano, Aller A.V. de Verdicio, Candás A.V. San Cosme de Bobes, Siero A. Cultural Maliayu Natural, Villaviciosa A.V. "Fuente la Cueva" de Caces, Oviedo A.V. San Julián de Roces, Gijón Plataforma de Bobes, Siero. Plataforma Salvem el Cabanyal. Asociación Nacional Arca Ibérica. Unión Vecinal de Torrelavega (16 asociaciones) (Cantabria). AA.VV. Ara del Dobra de Sierrapando (Torrelavega-Cantabria).
* Rebelión - 26.03.09
en
26.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Seis nuevos imputados en el caso de corrupción urbanística de La Muela
ELMUNDO/Zaragoza* : El juez instructor del caso de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio zaragozano de La Muela ha imputado a seis nuevas personas. Se trata del asesor legal del Ayuntamiento, cuatro empresarios y de una policía local de otro pueblo que fue funcionaria en prácticas en el consistorio de La Muela.
El abogado Fernando Della-Casa Dulanto, asesor legal de La Muela y cooautor del plan general de ordenación urbana de dicho municipio, ha sido citado a declarar el próximo día 31 en los juzgados de La Almunia de Doña Godina.
A Della-Casa, secretario a su vez del Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Cuarte, próxima a la capital, se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias. Hoy acudió a trabajar con normalidad al consistorio de Cuarte, cuyo alcalde señaló que conocía que compatibilizaba ambas actividades.
También están imputados, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de información privilegiada, dos empresarios madrileños de la firma Brocover, cuyo dueño, José Carlos Fernández Delgado, está en prisión preventiva. Dicha empresa impulsa la construcción de unas 800 viviendas en La Muela.
Igualmente están citados a declarar ante el juez dos empresarios zaragozanos, socios de la empresa Hostelería Río Grío, que gestiona el zoológico de La Muela. Se les imputa un presunto delito de información privilegiada.
La alcaldesa, un concejal y un empresario, en la cárcel
La 'operación Molinos' suma ya un total de 26 imputados de los que tres están en prisión y el resto a la espera de declarar ante el juez o en libertad con cargos. Permanecen en la cárcel de Zuera, además del empresario madrileño citado, la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela. El Partido Aragonés (PAR) les ha pedido que entreguen el acta de edil y renuncien al cargo. Asimismo, ha abierto un expediente con petición de expulsión del partido a Pinilla y a su marido, Antonio Embarba Laborda.
El PAR gobierna en La Muela con mayoría absoluta y, en caso de que los dos mencionados no renuncien a sus cargos, no se descarta la presentación de una moción de censura.
* El Mundo - Javier Ortega - 25.03.09
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
en
26.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Aragón
Un urbanizador compra derechos de agua de regantes para construir
ELPAÍS/Alicante* : Un PAI de La Nucia garantiza recursos a 3.400 viviendas y un campo de golf. Los urbanizadores del PAI de la Serreta, el segundo proyecto urbanístico más grande de la provincia de Alicante, han comprado derechos de riego durante los años 2007 y 2008 para más de 7,7 millones de metros cuadrados de superficie.
Desde hace dos años aparece una aportación en la contabilidad de la Comunidad General de Regantes de 613.000 euros en concepto de nuevos usuarios, dinero que correspondería a 9.320 hanegadas (7.754.000 metros cuadrados) de regadío, aunque actualmente existen menos de 1.200.
El PAI de La Serreta, que prevé construir 3.400 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en 2,7 millones de metros cuadrados, no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El TSJ de la Comunidad Valenciana advirtió en la orden que lo paralizó 6 meses en 2007 que el informe del suministrador que aportó el Ayuntamiento estaba hecho ad hoc (a medida del solicitante) para justificar la existencia de recursos hídricos en la zona, pero con la compra de los derechos de riego con agua blanca procedente de los acuíferos de las comunidades se podría asegurar el desarrollo urbanístico de todos los proyectos de La Nucia. Sin embargo, la próxima aprobación del proyecto de reparcelación de La Serreta volvería a abrir la vía judicial y la posibilidad de reclamar de nuevo la paralización de su desarrollo por faltar el informe de la Confederación Hidrográfica.
La Comunidad General de Regantes de La Nucia está formada por las comunidades Planet, Sentenilla Dalt, Sentenilla Baix y Armaig, aunque en la práctica hace tres años que estas comunidades no reúnen a sus asociados y las 18 personas que dirigen la Comunidad General que las agrupa deciden por ellas. Vicente Ramón Cano, uno de los comuneros, asegura que "todo se maneja con un oscurantismo absoluto producto del miedo", porque "una gran parte de los familiares de quienes dirigen la Comunidad General dependen laboralmente del Ayuntamiento". Ante la falta de información, algunos regantes han tomado la decisión de ir por su cuenta de la mano de un abogado particular. Es el caso de Antonio Pérez, quien considera que "se está haciendo una ampliación encubierta del perímetro regable con la pretensión futura de proceder a un cambio de uso de regadío al de abastecimiento, saltándose los cauces legales". Ernest Armada, abogado especialista en las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas, afirma que "el cambio de uso del agua solo lo puede aprobar el titular de los derechos a través de una subrogación y mediante un expediente administrativo de modificación del uso". Los titulares de la concesión del uso actual en La Nucia son las cuatro comunidades, no la Comunidad General, que carece de títulos de concesión y no puede vincular con sus decisiones a las comunidades con entidad jurídica propia.
La Nucia está desarrollando la instalación del riego localizado en todo su término. Se trata de conseguir que los regantes utilicen con este sistema de riego el agua impulsada desde las depuradoras de Benidorm y Altea a una gran balsa de medio millón de metros cúbicos que se construirá en la partida de La Serreta. Cuando esté acabado todo el proyecto, quedará liberada el agua blanca y podrá cambiarse su uso. Esta operación ya se hizo con la Comunidad de Regantes del Canal Baix del Algar, que da servicio a todos los municipios costeros de La Marina Baixa, sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica. Ernest Armada asegura que la CHJ está haciendo una peligrosa dejación de sus funciones, porque "hace la vista gorda mientras los usuarios se las arreglen entre ellos". Así, dice este abogado, "se ahorra conflictos y problemas".
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 25/03/2009
Foto: Una vista de los terrenos de La Serreta- ROSA FUSTER, elpais.com
en
25.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Alianza de Paisajes aboga por poner límites al urbanismo
INFORMACIÓN* : Los problemas que el desarrollo urbanístico introduce en la gestión de los paisajes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la necesidad de establecer límites en la transformación del entorno de los mismos son cuestiones que preocupan a los miembros de la junta directiva de Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio de la Humanidad, a la que pertenece Elche y que ayer mantuvo una reunión en Elche.
La directora general del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, señalaba a este respecto que "los problemas de gestión no son los estrictamente turísticos".
Abundando en esta cuestión, Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez, indicó que "el paisaje tiene razón de ser cuando mantiene la actividad. En el momento en el que lo fosilizas, se convierte en una pieza de museo, pero es complicadísimo mantener actividades, algunas de las cuales surgieron hace varios siglos". Es por esto que, según Dionisio, "uno de los objetivos más importantes del grupo es el compromiso hacia nuevos desarrollos manteniendo los valores que nos han hecho excepcionales, como son el Palmeral, Aranjuez, la Alhambra o Ibiza".
La reunión de Elche sirvió para incorporar a la alianza a la zona fronteriza entre Austria y Hungría, según destacó el alcalde de Elche, Alejandro Soler, quien adelantó que "también hay contactos con Cuba, en relación con las plantaciones de tabaco, con lo que se consolida la clara vocación internacional de esta alianza".
* Información - M. SABUCO - 25.03.09
Foto: Elche - parque_municipal - wikipedia.org
en
25.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO
La ciudadanía denuncia el boicot de PP y PSOE al informe Auken sobre el ladrillazo español
ELCONFIDENCIAL* : “Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses”, firman los más de 600 colectivos que han unido sus fuerzas en un comunicado común hecho público a propósito del boicot entre los europarlamentarios de PP y PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español. El informe, demoledor para con el ladrillazo que ha sufrido este país, será votado en el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 26 de marzo.
Los colectivos firmantes critican que el urbanismo español pone en situación de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano y lo culpan de destruir el territorio y buena parte del patrimonio histórico y cultural de España. Asimismo, dudan de las leyes autonómicas, que no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
También critican que las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, institucionalizan la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas. Y no dudan en atribuir a este urbanismo depredador la responsabilidad de la crisis, recesión y depresión económica que vive España, así como de la dramática evolución del paro.
Críticas a la corrupción política y a la Justicia
La corrupción política asociada al urbanismo tampoco se escapa de las críticas. "Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa", aseguran. El escrito destaca que en medio de la recesión-depresión que sufrimos, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Del mismo modo que el Informe Auken, los ciudadanos claman contra la Justicia española, a la que tildan de lenta, cara y, lo que es peor, está contaminada por influencias políticas. "Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial", denuncian.
Los grupos denunciantes, entre los que se encuentran Abusos Urbanísticos No, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, critican especialmente la Ley de Costas, aprobada hace más de 20 años, que "juega con los derechos de los españoles".
* El Confidencial - Fátima Martín.- 25/03/2009
Foto: Acción de Greenpeace contra el Hotel Algarrobico. (Efe)
en
25.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Vecinos de O Pino denuncian al alcalde por delito urbanístico
ELPAÍS/A Coruña* : El condescendiente trato administrativo que el Ayuntamiento de O Pino, gobernado por el PP, ha dispensado durante estos últimos años a la promotora Fadesa ha vuelto a sentar a su alcalde, Manuel Taboada, ante los tribunales. La agrupación de propietarios de terrenos afectados por el polémico parque empresarial que la inmobiliaria proyecta en este ayuntamiento coruñés y paralizado por la Justicia, ha presentado dos denuncias más por la vía penal contra el regidor popular.
En la primera, los vecinos acusan a Taboada de hacer la vista gorda sobre la construcción en suelo rústico de unas oficinas de hormigón y cristal que Fadesa utilizaba para atender a sus clientes. Los hechos parten de 2007, cuando comenzaron los movimientos de tierras para obrar sobre un suelo clasificado como rústico. Los particulares sostienen ahora que, pese a sus denuncias de entonces, el gobierno local no hizo nada para frenar los trabajos y que, una vez concluidas las oficinas, tampoco acordó medida alguna a "restaurar la legalidad urbanística infringida". En la querella presentada en el Juzgado de Instrucción de Arzúa, los vecinos acusan al alcalde de un "delito urbanístico y de omisión del deber de perseguir el mismo".
La segunda de las denuncias también se centra en las relaciones de Fadesa y el regidor al que atribuye un doble "delito de prevaricación y falsedad documental". Esta querella, que ya está en poder del juez, se fija en la convalidación mediante decreto municipal de una serie de compraventas de tierras entre la inmobiliaria y un grupo de vecinos. El escrito llama la atención sobre las fechas de los actos administrativos de la alcaldía. Revela que, pese a que Fadesa empezó a comprar las fincas muchos meses antes de presentar el proyecto de expropiación, el alcalde ratificó los contratos en presencia de su secretaria, casi dos años y medio después. Los demandantes señalan a su vez que treinta de las compraventas de terrenos, documentadas en papel timbrado del Ayuntamiento de O Pino como "convenios de adquisición por mutuo acuerdo" se llevaron a cabo antes de que se firmase el contrato de adjudicación a Fadesa. Según la demanda, dos de las fincas, las de mayor extensión, que suman casi 40.000 metros cuadrados "están fuera del ámbito" del parque empresarial.
Las denuncias entre un grupo de propietarios de tierras y el alcalde de O Pino comenzaron poco después de que Manuel Taboada recomendase por carta a los dueños de las tierras vender a la promotora Fadesa a cinco euros el metro cuadrado, una cantidad tres veces menor a la que fijó después el Jurado de Expropiaciones que tasó las fincas en 17,95 euros, el metro cuadrado.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 25/03/2009
Foto: O Pino (A Coruña), obras polígono - elpais.es
en
25.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Madrid: A morcillazos con los obispos por la Cornisa
MADRIDIARIO* : A morcillazos. Los vecinos han creado un juego de ordenador para criticar la transformación de la Cornisa de San Francisco el Grande dando morcillazos a los obispos. Han creado un juego en formato Flash, titulado 'Morcillas y chorizos', en el que denuncian la construcción de varios edificios de la Iglesia en la única zona verde del centro.
La presentación reza: "La municipalidad capitalina abrirá un parque en el solar de San Francisco el Grande para disfrute de todos los vecinos". "Los vecinosnos hemos ido al Parke de la muy disputada Cornisa a hacer una barbacoa. Entre 'limonás' y morcillas vamos pasando el día. Cuando entre unos misteriosos agujeros apareciendo unos truculentos obispos dispuestos a llevarse el Parke y construir oficinas. Los vecinos tenemos que impedirlo a fuerza de morcillas, así que ya sabes, dale fuerte con una morcilla en cuanto asomen la cabeza. Pero cuidado que salen muchos", continúa el juego. “
El jugador golpea con una morcilla en las cabezas de los obispos según van saliendo de los agujeros que están haciendo las excavadoras en el parque de la Cornisa. Esta fórmula de protesta critica el Plan Parcial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de febrero, con los votos del grupo municipal Popular, para transformar la Cornisa y construir numerosos edificios y equipamientos para el Arzobispado y el Consistorio. Los vecinos recogen actualmente firmas en contra del proyecto y preparan una manifestación para el domingo 29 de marzo.
* Madridiario - 24-03-2009 - Enrique Villalba
Foto: Sindominio.net
en
24.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
Formentera del Segura: Un sector ya desarrollado con más de 300 casas no figura en el nuevo PGOU
INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Formentera del Segura recoge en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprobó en julio de 2005, que en el plan parcial Saur 1 estaba previsto construir únicamente 93 viviendas, en su mayoría unifamiliares y para casi 300 personas, aunque en realidad se han levantado bloques hasta contabilizar más de 300 casas.
Los datos que figuran en el PGOU, actualmente en uno de sus trámites finales ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (aunque ya se ha aprobado su concierto previo) no coincide con lo construido ni en el número de viviendas (se han triplicado) ni en su tipología, pues el suelo permitía para su desarrollo urbanístico "bungalows" (tipología aislada y cerrada) y en realidad hay bloques. Según la información que obra en poder de este periódico, el documento urbanístico tampoco prevé realizar modificación alguna en el Saur 1 para aumentar la edificabilidad. Como ya publicó este diario, la actuación urbanística debería estar en estos momentos en sus comienzos, pero está ya prácticamente ejecutada. El pasado 19 de enero la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y Vivienda publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la aprobación de manera definitiva de la homologación de este proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Formentera del Segura. Dicho trámite es obligatorio y previo antes del inicio de obras, lo que no se ha cumplido pues ya hay hasta gente viviendo. El sector tiene una superficie de 3,72 hectáreas y se sitúa al oeste el casco urbano.
En él, según la Conselleria de Urbanismo, se permite la edificación de "6,6 metros con planta baja y una altura" y una "densidad máxima de 25 viviendas por hectárea"; sin embargo, en el lugar han sido construidos bloques de pisos con sótano, que incluye planta baja y tres alturas. El secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Martínez, señaló al periódico en enero que las obras ejecutadas se han desarrollado de manera "correcta" y por ello "se han dado licencias de obras".
Un municipio que pasará de 10.740 a 33.269 residentes
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana prevé un aumento de los residentes de 22.529 con lo cual la población actual, que es de 10.740, pasará a ser de 33.269 según el documento urbanístico en tramitación para su aprobación definitiva.
El suelo urbano ocupa en estos momentos una superficie de 679.870 metros cuadrados, mientras que la superficie urbanizable prevista se eleva a 1.344.243 metros cuadrados. Un total de 2.363.680 metros cuadrados se incluirán en la figura de suelo no urbanizable.
La superficie total del término municipal es de casi 4,5 millones de metros cuadrados. El documento argumenta sus objetivos debidos a que no existen suelos urbanizables en la actualidad, por lo cual, se pretende ampliar la oferta como destino residencial, industrial y comercial, "posibilitando así la expansión y desarrolló económico y social del municipio".
El PGOU hace especial hincapié sobre el riego de inundación y prevé medidas correctoras, ya que la totalidad del suelo del municipio se incluye en una zona de riesgo 2-alto, según Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) por la cercanía del cauce del Segura, con niveles de calado alto.
* Información - E. DE GEA - 24.03.09
Foto: diarioinformacion.com
en
24.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Despachos y empresas deciden el crecimiento de muchos municipios
ELPERIÓDICO/Zaragoza* : El desenfreno del ladrillo vivido estos últimos años en los pequeños municipios del área metropolitana de Zaragoza ha modificado el modelo ordenado y de lento crecimiento que se desarrollaba en los mismos, y ha alentado la proliferación de sociedades y equipos de profesionales que, en paralelo a la gestión institucional, trabajan y redactan la mayoría de los planes y grandes proyectos urbanísticos de estos pueblos.
Unas gestoras que dibujan y deciden por dónde crecen estos núcleos urbanos, qué parcelas o terrenos se recalifican y, en definitiva, a quiénes se enriquece.
Es el caso de Aranade en La Muela. Una empresa implicada en todo el proceso de presunta corrupción urbanística y dedicada a "a facilitar a los propietarios de suelo la gestión para el desarrollo urbanístico del mismo, sin necesidad de realizar desembolso inicial alguno, y prestando un servicio integral que cubre todos los aspectos que se ven implicados en desarrollos inmobiliarios de cualquier tipo mediante equipos de trabajos multidisciplinares", tal y como en su día afirmó su presidente, Julián de Miguel, detenido en la operación Molino.
Y es que el trabajo que realizan actualmente muchos ayuntamientos no se parece en nada al de hace diez o quince años. Los municipios carecen casi siempre de los medios técnicos y humanos suficientes con los que hacer frente a determinadas necesidades. Una falta de recursos que se suple con la contratación de urbanistas, arquitectos, abogados y demás profesionales, encargados de dar respuesta a las nuevas demandas derivadas no solo del aumento demográfico, sino del urbanismo moderno y del incremento del precios de los pisos y los terrenos a urbanizar.
LOS EJEMPLOS Datos de este boom son, por ejemplo, los de María de Huerva, con 4.000 vecinos empadronados, cuatro veces más que hace diez años. Los de La Puebla de Alfindén, que ha pasado de los 1.649 habitantes de hace diez años a los 5.000 actuales. En El Burgo de Ebro, con 1.450 empadronados hace pocos años, hoy se superan los 2.300 y está previsto que en breve se llegue a 6.000. Y no digamos nada de Villanueva de Gállego, donde hace diez años vivían 3.100 personas y ahora son 4.300; y las previsiones del plan general estiman una cifra de 20.000.
San Mateo, El Burgo, Cadrete o Zuera son otros ejemplos de este exacerbado crecimiento en municipios de la comunidad, que prácticamente ha alcanzado a todo el anillo del extrarradio de Zaragoza.
Sin embargo, no existe un modelo o pauta que sigan todos estos municipios al unísono. Ya que cada uno parte de un volumen poblacional y de una estructura orgánica y de contratación totalmente diferente.
"Es cierto que aquellos que han crecido muy rápido en estos últimos años se han visto desbordados y la mayoría se ha dirigido al partido político del que depende el equipo de gobierno para asesorarse. Pero así como las asesorías jurídicas suelen estar dirigidas desde los partidos, en cuestiones técnicas funciona más el boca a boca y no existe tanta vinculación", explica un abogado relacionado con el sector del urbanismo en la comunidad.
Es el caso, por ejemplo, del también detenido arquitecto municipal de La Muela, Francisco Núñez Castillo, que ha intervenido en los planes de Villanueva de Gállego, Ricla y La Puebla de Alfindén.
EQUILIBRIO INEXISTENTE Por todo ello, muchas voces se preguntan ahora dónde está la línea del equilibrio, ya que en algunos casos son incluso los propios promotores de las nuevas urbanizaciones quienes se ofrecen para elaborar los planes parciales o incluso para llevar a cabo las revisiones de los planes generales de ordenación urbana de los municipios.
"Lo peligroso, a mi entender, es dejar el urbanismo en manos de un alcalde o de un ayuntamiento. Porque la línea está en ser o no honrado. Y los ayuntamientos lo son, porque de los 730 municipios de la comunidad aragonesa tan solo ha aparecido un caso de presunta corrupción urbanística", añade un responsable del Gobierno de Aragón.
* El Periódico de Aragón - 24/03/2009 M. NAVARCORENA
Foto: Villanueva de Gállego (Zaragoza) - portalvillanueva.com
en
24.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Aragón
Julián Muñoz y cinco ex concejales del GIL suman un año más de prisión
SUR/Marbella : El ex alcalde Julián Muñoz ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Juzgado de lo Penal nº6 de Málaga lo ha condenado junto a otros cinco ex concejales del GIL a un año de prisión y 10 de inhabilitación para cargo público por un nuevo delito urbanístico al conceder licencia para la construcción de un conjunto residencial en suelo no urbanizable.
Se trata de los apartamentos ubicados en la urbanización Playa Río Verde de Marbella, edificados en 1998 por la entidad Fink 2010 S.L. vinculada a dos procesados en el 'caso Malaya', el abogado y presunto testaferro de Roca, Juan Germán Hoffman y el ex teniente de alcalde y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se enmarca dentro del pacto acordado entre los acusados y la Fiscalía de Medio Ambiente por el que los ex ediles marbellíes reconocen su participación en la concesión de licencias ilegales y aceptan ingresar en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos en los que están acusados. El acuerdo plantea un máximo de tres años de cárcel para los acusados de delitos urbanísticos y ya han cumplido las tres cuartas partes de la condena máxima.
En este caso no ingresarán en la cárcel, ya que todos ellos cumplen condenas anteriores en tercer régimen penitenciario, incluido Muñoz, que adquirió el permiso el pasado mes de julio. El resto de los condenados son los ex concejales gilistas Manuel Calle, Marisa Alcalá, Rafael González, Mario Jiménez y Dolores Zurdo que formaron parte de la comisión de gobierno que aprobó la licencia urbanística. El caso se remonta a agosto de 1998 cuando los acusados acordaron por unanimidad conceder la licencia al proyecto básico así como el proyecto de ejecución cuatro meses más tarde.
Suelo no urbanizable
Según el fallo «las citadas licencias se concedieron pese a que las normas urbanísticas vigentes -PGOU de 1968- calificaban el suelo como rústico de control y más tarde, en el Plan del 86 como no urbanizable». «Este destino era incompatible con la autorización concedida lo que era conocido por los asistentes a la comisión, quienes no obstante acordaron conceder la licencia basándose en una revisión del planeamiento que no había sido aún aprobada por la entidad autonómica», añade.
Los acusados deberán aún enfrentarse a más sentencias de similares características adheridas al pacto con Fiscalía. Según el último listado actualizado de procedimientos en fase de instrucción al que ha tenido acceso SUR, los condenados tienen 56 causas abiertas entre procedimientos abreviados y diligencias previas repartidas por la mayoría de los juzgados marbellíes aunque no sólo por delitos urbanísticos. Sólo los de Primera Instancia 1, 3 y 6 no tienen en trámite ninguna causa.
* SUR - 23.03.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
en
24.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Valencia, Xàtiva y Gandia vulneran la ley al no declarar el suelo público obtenido con los PAI
LEVANTE* : Sólo 26 municipios de los 263 municipios que componen la provincia de Valencia han cumplido con la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo que poseen fruto de la actividad urbanística de los últimos años. Los ayuntamientos han de declarar cada año, a lo largo del primer trimestre, cuántos solares componen el patrimonio público de suelo que acumulan por las cesiones de suelo (el 10% de cada plan urbanístico), expropiaciones o permutas. Unos solares que, además, tienen un destino finalista por ley. Los terrenos que componen el patrimonio municipal de suelo sólo pueden destinarse a construir viviendas de protección oficial. A no ser que la oferta de VPO sea tan elevada que la Generalitat les pueda eximir de este destino.
El registro se creó con una modificación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2003. Y se concretó mediante un decreto aprobado en 2004 (aunque el concepto del patrimonio público de suelo es tan viejo como la primera ley del suelo franquista de 1956).
Por tanto, los ayuntamientos están obligados a declarar cuánto suelo atesoran como fruto de su actividad urbanística que, en muchos casos, ha sido frenética en la última década.
Sin embargo, municipios tan activos desde el punto de vista urbanístico como Valencia, Xàtiva o Gandia ni aparecen en el Registro Autonómico de Suelo de la Provincia de Valencia. Desde que se creó, directamente han ignorado esta obligación legal que se mantuvo en la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Esta misma legislación preveía, en el artículo 266.5, que si "un ayuntamiento no procede a enajenar en el plazo de dos años, a partir de la vigencia de la presente ley (fecha que se cumplió el 1 de febrero de 2008), al menos el 50% de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, la Generalitat a través del órgano competente, procederá a iniciar expediente de expropiación forzosa con carácter urgente para proceder a la construcción de manera directa o indirecta de viviendas de protección pública".
¿Cuántos metros cuadrados se han expropiado? Ni medio. La directora general de Vivienda, María Jesús Rodríguez, admitió que "expropiar es inviable" en noviembre de 2007, cuando ya llevaba casi medio año en el cargo. Entonces no dio más razones pero son obvias: se aumentaría la conflictividad con los municipios, haría falta un elevado volumen de dinero para afrontar la expropiación y, después, habría que cumplir con el mandato legal y construir VPO o vender las parcelas.
Sagunt es el más cumplidor
Así pues han pasado casi seis años desde que se creó el registro y cinco desde que se reguló pero 235 municipios de la provincia de Valencia se saltan a la torera la legislación, según pudo comprobar este periódico en el documento (que es público y gratuito pero sólo se puede consultar, en formato papel, un día a la semana).
Los cuatro municipios que se han incorporado al registro autonómico de suelo desde 2008 han sido Algimia de Alfara, Massamagrell, Picassent, Rafelbunyol. Algunos han aumentado sus parcelas, aunque municipios tan activos urbanísticamente como Cullera, Paterna o Requena apenas declaran un solar. El más cumplidor sigue siendo el Ayuntamiento de Sagunt, que declara 32 parcelas de sueño.
* Levante-emv.com - L. Ballester Beneyto, Valencia - 23.03.09
en
23.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Andalucía: El TSJA derriba pilares urbanísticos
ELCORREO* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en los últimos años en contra de algunos de los pilares básicos aprobados por la Junta para la ordenación urbanística y del territorio andaluz. Alegando defectos de forma o entrando en el fondo de leyes y planes básicos, el alto tribunal han derribado puntales del control del urbanismo.
Las reformas legales emprendidas por la Junta la pasada legislatura para endurecer el control urbanístico y poner coto a los desmanes del ladrillo se han dado ya en varias ocasiones de bruces con un juez. El Gobierno acumula varias sentencias en su contra falladas por varias salas del alto tribunal andaluz. Algunas cuestionan aspectos básicos como que la Junta pueda, a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), imponer restricciones al crecimiento de suelo urbano o la población de un municipio. Atacan el fondo de una norma duramente cuestionada, y recurrida, por los empresarios.
Otros fallos ponen el acento en los plazos de tiempo excesivamente largos empleados por el Ejecutivo al aprobar planes subregionales de ordenación territorial. Retrasos que, según el alto tribunal, puede crear inseguridad y contradicciones que perjudiquen a ciudadanos y empresarios.
Pero no siempre se cuestionan por exceso de intervencionismo las normas de la Junta, también hay fallos –como los emitidos por el hotel Algarrobico– que precisamente subrayan controles laxos y manga ancha al suelo urbanizable. Toda una marabunta de sentencias judiciales que responden a denuncias de alcaldes, empresarios y organizaciones ecologistas.
Burguillos. En una sentencia con fecha del pasado 26 de enero, la sala del TSJA de lo contencioso administrativo de Sevilla dio un sonado varapalo a la Junta al fallar a favor del Ayuntamiento de Burguillos. Este pueblo de la Sierra Norte sevillana, gobernado por el PSOE, denunció que el Gobierno andaluz amputara 2.300 viviendas de su PGOU. La Junta se amparó en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) –aprobado en el Parlamento en noviembre de 2006–, que impone un límite del crecimiento del suelo urbano del 40% y del 30% de la población en un periodo de ocho años. El alto tribunal cuestiona estas restricciones, asegura que sólo podrían aplicarse con razones muy fundadas y duda de que la Junta pueda controlar el crecimiento. En este punto señala una invasión de las competencias municipales. Además cuando la Junta bloqueó el PGOU aún no se había aprobado formalmente el POTA.
La patronal impugnó el POTA tras ser aprobado en la Cámara. Precisamente los empresarios arremetían contra esos límites impuestos a través del POTA, que endurecía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Ensanche Sur. Es uno de los contenciosos urbanísticos más largos que ha tenido la Junta con un Ayuntamiento, en esta ocasión el de Huelva, gobernado por el PP. Finalmente, y cuando ya ambas administraciones estaban negociando una salida con la construcción de 900 VPO y varios equipamientos públicos, el TSJA –en diciembre de 2008– falló como “factible” el desarrollo urbanístico previsto por el consistorio en esta zona de la capital onubense. Era la quinta sentencia en cinco años y la que puso el punto y final. La Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento y determinó que el desarrollo de esa zona correspondía al consistorio sin necesidad del visto bueno de la Junta.
Chiclana. El TSJA anuló el pasado enero el plan urbanístico de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por su tramitación errónea. El PGOU, diseñado por el ayuntamiento, tenía el visto bueno de la Junta. El futuro urbanístico de una ciudad donde proliferan las irregularidades volvió a quedar en el aire. Dos años después de que la Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz diera su visto bueno, en marzo de 2007, el TSJA se pronunció a favor de los recursos presentados por particulares alegando que el texto en ningún momento se sometió en su totalidad a información pública. El Ayuntamiento recurrió al Supremo.
Costa de Huelva. El TSJA dictó sentencia en julio de 2008 declarando nulo el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Litoral Occidental de Huelva. La previsión inicial, de 1999, es que el plan se formulará en un año y finalmente vio la luz en 2006, siete años más tarde. El alto tribunal alegó defectos de forma y no entró en el fondo. Consideró que los criterios que se tuvieron en cuenta al elaborarlo podrían haber cambiado por el propio dinamismo territorial. Fue el entonces alcalde de Punta Umbría, el popular Carlos Hernández Cansino, quien denunció el POT. La Junta recurrió al Supremo.
Bahía de Cádiz. El TSJA también suspendió por defectos de forma en 2006 el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz. También tardó años en elaborarse.
Las Aletas. El alto tribunal dio en marzo de 2008 un mazazo al Parque Industrial de Las Aletas, en Cádiz. Anuló el Plan Especial de la Consejería de Obras Públicas por el que se delimitó una zona de reserva de 527 hectáreas que se declaró de interés público, lo que permitía la expropiación de 120 hectáreas a medio centenar de propietarios. El TSJA aseguró que no había suficiente fundamento para esa expropiación forzosa.
El Algarrobico. La Justicia volvió a dar la semana pasada un varapalo a la Junta por el hotel de El Algarrobico. El alto tribunal suspendió la consideración urbanística fijada por la Junta en 2008 para las zonas de Níjar y Carboneras dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en 2008. El fallo, que responde a una denuncia de Salvemos Mojacar, asegura que el plan “legaliza obras ilegales” y amplía suelo urbanizable. Ya el TSJA tumbó en noviembre de 2008, y respondiendo a una demanda de Greenpeace, la protección del PORN en el sector de El Algarrobico al no impedir el hotel.
* El Correo de Andalucía - Isabel Morillo - 22.03.09
Foto: tribunaljusticia andalucía - junta
en
23.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Bruselas votará el jueves si congela los fondos a España si no se pone fin a los abusos urbanísticos
DIARIODIRECTO* : El Parlamento europeo votará el próximo jueves un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.
La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.
El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas.
La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles. También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.
La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español, se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos, y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola. Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.
En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
Acusaciones
Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.
Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.
Corrupción endémica
El informe Auken denuncia que "todas las administraciones -central, autonómica y locales- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.
Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero". Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".
* Diario Directo - T.León - 22.03.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
en
23.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO
La Comunidad Valenciana construyó un 10% de su costa en sólo seis años
ELPAÍS* : Málaga, Barcelona y Alicante tienen más de la mitad del litoral cementado, según un informe hecho con imágenes de satélite entre los años 2000 y 2005. Juan Antonio Ramírez recuerda cómo hace sólo tres años "las oficinas de los promotores inmobiliarios de Huelva eran como las churrerías. Había cola para comprar un piso en la costa", según evoca este agente inmobiliario afincado en la costa onubense, donde "aún se pueden comprar casas a 150 metros del mar", apunta.
La burbuja inmobiliaria se ha cebado con el litoral. Entre 2000 y 2005 la superficie urbanizada en los dos primeros kilómetros de costa creció un 22% en toda España (un ritmo que duplicó el del anterior periodo analizado, 1987-2000). Pero el detalle de los datos acumulados por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, organismo del Ministerio de Medio Ambiente y de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), revela que Valencia (53,5% de incremento), Huelva (48,1%) y Alicante (37,4%) son las provincias en las que más aumentó la urbanización. El ladrillo castigó mucho a la Comunidad Valenciana, que en sólo seis años cementó el 10,66% de sus dos primeros kilómetros de costa, por el 8,71% de Málaga y el 7,39% de Cataluña.
En Huelva aumentó mucho la urbanización porque mantiene uno de los litorales menos construidos de España: tiene urbanizado el 14% en los dos primeros kilómetros, y sólo en el periodo analizado urbanizó el 4,52% del litoral, menos que otras provincias. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Huelva, Alfredo Flores, señala: "Esto no es Benidorm. Se ha construido en la costa, pero los principales problemas urbanísticos los tenemos en el interior".
El informe, hecho con imágenes de satélite para el estudio Corine Land Cover, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, es comparable con datos de 1987 y 2000. No es el más preciso (cuando se hace con más detalle la superficie urbanizada suele ser aún mayor, por lo que no se le puede acusar de exagerar la realidad), pero sí resalta las tendencias. Pese a que la investigadora del estudio anunció públicamente que lo presentaría antes de enero, un portavoz del Observatorio de la Sostenibilidad aseguró el viernes que dicho estudio "no existe". Este organismo fue creado en 2004 con el objetivo principal de "producir y difundir" un informe anual sobre el medioambiente, lo que no hizo en 2008. El Gobierno acaba de prorrogar su subvención al Observatorio (180.000 euros anuales durante la pasada legislatura).
Además, el informe confirma la situación que se describe en el plan llamado Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, que anunció la ex ministra Cristina Narbona en 2007 y que sigue sin ser aprobado. "Asistimos al desbordamiento de la capacidad de carga de la costa. El 44% de la población vive en municipios costeros que apenas representan el 7% del territorio", se indica en el citado plan.
El catedrático de Gestión de Zonas Costeras de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, afirma: "La sociedad se ha emborrachado de cemento. Cuando dentro de unos años miremos atrás y veamos lo que hicimos con la costa durante la burbuja inmobiliaria nos daremos cuenta de que fue un disparate. Unos pocos han ganado muchísimo a costa de un patrimonio común", destaca, y añade: "El litoral ha perdido valor. El turismo de calidad no busca cemento, que eso ya lo tiene en Düsseldorf, sino playas cuidadas, y cada vez quedan menos".
En Málaga y Alicante, el 52% de sus dos primeros kilómetros de costa están ya construidos; en Barcelona, el 68%. En cambio, la ocupación en el Cantábrico y Galicia es muy inferior (entre el 24% de Pontevedra y el 6% de Lugo), si bien se aprecian tensiones alcistas. Es lo que Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, define como "mediterranización del Cantábrico". Entre las ocho provincias en las que más aumentó la urbanización están Asturias (un 38%) y Vizcaya (30,3%). "No puede ser que sólo en Cádiz haya 50.000 viviendas ilegales en 17 municipios costeros. Eso no ocurre en ningún país de Europa", denuncia Barragán.
Y es que la burbuja inmobiliaria ha generado un daño estructural al litoral, aunque la tendencia ahora se esté invirtiendo. Ramírez, el citado vendedor de Huelva, ya no vende tres casas a la semana, sino tres al mes. Aun así, los expertos temen un efecto rebote: el terreno sigue calificado como urbanizable, esperando tiempos mejores.
Y existe el riesgo de que, si alguien tiene dinero para construir, ninguna administración le va a poner pegas, dada la crisis. Medio Ambiente ya ha frenado el derribo de un hotel ilegal que bloquea el acceso a una de las grandes playas de Lanzarote.
El gran ladrillazo
- El 44% de la población española vive en los municipios costeros, el 7% del territorio.
- El 80% de los 60 millones de turistas que visitan España va al litoral.
- El ritmo de urbanización en la primera línea de playa se duplicó con la burbuja inmobiliaria (2000-2005) respecto al periodo 1987-2000.
- La superficie construida en los dos primeros kilómetros oscila entre el 68% de Barcelona y el 52% de Málaga. En Lugo es el 6%, mientras que en Almería o Huelva sube al 14%.
- La urbanización creció un 22,8% en el Atlántico.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 23/03/2009
Foto: Marina D'Or (Oropesa del Mar - Castellón), vista aérea - F. Garrido, elmundo.es
en
23.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO
Alerta roja: patrimonio en ruinas
ELNORTE* : Sólo Palencia -con diecinueve templos en amenaza de ruina- y León, con doce, superan a Segovia en la clasificación regional sonsacada del informe redactado por la asociación Hispania Nostra. Fuera de las fronteras autonómicas, Huesca, con trece edificios en peligro de desaparición, también rebasa a la provincia a la hora de cuantificar el azote del abandono patrimonial. La llamada Lista Roja que elabora la entidad recopila, capta y difunde de manera periódica el deterioro y el olvido al que se ve sometido el patrimonio histórico, artístico y cultural de España.
Con tantas provincias en las posiciones delanteras del 'ranking', Castilla y León ostenta el dudoso honor de encabezar la relación de Hispania Nostra. La última radiografía revela que el escenario ha empeorado en los últimos meses, ya que la región ha pasado de contabilizar 43 conjuntos históricos y espacios naturales amenazados hace un año a registrar ahora 97.
El diagnóstico sobre la salud de este activo cultural y turístico segoviano no es muy halagüeño. Hace un año la Lista Roja recogía cinco monumentos amenazados de ruina. Unos meses más tarde, la nómina engordó hasta diez inmuebles con la espada de la desaparición pendiendo sobre sus cimientos. Ahora, la lista sigue en aumento. Ya son once los templos, ermitas, iglesias, entornos naturales o palacios que corren el riesgo de destrucción o de expolio.
De momento, sólo se atisba esperanza para el monasterio de Nuestra Señora de la Sierra, en Collado Hermoso. Una iniciativa particular, aprobada el pasado octubre por la Comisión Territorial de Patrimonio, respetará y conservará las ruinas del vestigio.
Preocupa ver cómo muchos de los inmuebles amenazados están protegidos bajo diferentes catalogaciones, como la de Monumento Histórico Artístico o Bien de Interés de Cultural (BIC). Estas etiquetas no avalan la conservación y en la actualidad, unos veinte monumentos de Segovia aguardan la declaración, que se puede alargar hasta dos décadas, estima el procurador socialista en las Cortes regionales, José Ignacio Martín Benito. Uno de los casos más sangrantes es el de la ermita de San Miguel, en Sacramenia. Este ejemplar del románico sufre numerosos desperfectos en la portada. El templo es Monumento Histórico Artístico desde 1983, pero de nada le ha servido.
Dos en Sepúlveda
Dos de los monumentos que la Lista Roja localiza en Segovia están en Sepúlveda. Por un lado, el informe alerta del deterioro progresivo del castillo de Fernán González, inmueble testigo directo de la vida de la villa segoviana. La propiedad es municipal, según la agrupación defensora del patrimonio. Su avanzado deterioro se ve agravado al estar deshabitado y desocupado.
También en Sepúlveda está la iglesia de San Millán. Hispania Nostra avisa de los usos indebidos que se llevan a cabo en este entorno y que perjudican la conservación del templo, cuya torre ha sufrido varios desprendimientos.
El ahora ruinoso monasterio de San Martín del Casuar, en Montejo de la Vega. es otro botón de muestra que se mantiene en la nómina de monumentos amenazados. Este priorato benedictino situado en el entorno de las Hoces del Riaza es Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento por un decreto de 1997.
El convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, en pleno Cañón del río Duratón, en Sebúlcor, fue reconstruido por Isabel la Católica, quien se alojó allí varias veces. En 1680 se fundó en sus estancias el primer colegio de misioneros de España. La Lista Roja contempla el riesgo de hundimiento y pérdida de escudos, piedras grabadas y pinturas.
Otro inmueble en peligro es la ermita románica de San Isidro, en Domingo García. El cerro en el que se levanta lo que queda de este templo está declarado BIC por su valor arqueológico. En la zona se hallan también unos yacimientos de arte paleolítico y postpaleolítico que a menudo son objetivo los vándalos. Ruinas es lo que queda de las tres ermitas de San Miguel de Bernuy. Los restos delatan el abandono de los templos románicos conocidos como 'los San Pedros', 'los San Martines' y 'las Ermitonas'.
En Navares de las Cuevas se levanta el Palacio del Marqués de Revilla, de propiedad municipal. Patrimonio Artístico de Interés Provincial desde junio de 1977, presenta un estado de abandono que el Ayuntamiento trata de paliar. Para ello, busca financiación que permita la rehabilitación de esta construcción del siglo XVII. A pesar de estar en ruinas, conserva su fachada y paredes herrerianas.
Una incorporación
La ruina se cierne también sobre Palacio de los Marqueses de Aguilafuente, al que el olvido le ha llevado a un estado lamentable, aunque parte del edificio se ha convertido en casa rural.
La última incorporación a la Lista Roja de Hispania Nostra es la ermita de San Benito, perteneciente al término municipal de Adrados, cuya imagen presenta una techumbre hundida y con el peligro de un desplome completo, además del expolio que ya han padecido sus fábricas.
* El Norte de Castilla - CÉSAR BLANCO| SEGOVIA
Foto: Humedades y desconchados en la iglesia de San Millán./ A. DE TORRE , nortecastilla.es
en
22.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
2
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Manifestación por una Vivienda Digna - 14 de marzo
* YouTube - Manifestación en Madrid por una vivienda digna - 14 de Marzo
Más info: http://www.vdevivienda.net
en
22.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: VÍDEOS
El juez imputa a otros dos ex concejales de Baena por presuntos delitos urbanísticos
ABC/Córdoba* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena ha citado a declarar, en calidad de imputados y en el marco del caso por presuntas irregularidades urbanísticas, cometidas al conceder obras sin licencia, a otros dos ex concejales socialistas del Ayuntamiento baenense, con lo que se elevan ya a seis el número de encausados en este procedimiento.
En concreto, según fuentes cercanas al caso, los nuevos imputados son Alberto Sánchez y Fernando Mora, que fueron tenientes de alcalde delegados de Urbanismo entre 1999 y 2003 y entre ese año y 2007, respectivamente.
En ambos casos están imputados en relación con la presunta comisión de los delitos de prevaricación y ordenación del territorio. Sánchez y Mora deberán acudir al juzgado baenense el próximo 7 de abril, al igual que dos vigilantes de obras, aunque estos últimos están citados para prestar declaración en calidad de testigos.
En este caso ya estaban imputados el concejal del gobierno municipal del PSOE en Baena José Calvo, y otros dos ex concejales del mismo partido, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías, además de una funcionaria municipal, jefa de Negociado del Area de Urbanismo.
Todos ellos negaron ya ante el juez, con el apoyo de documentación, que hubiesen dado el visto bueno a la ejecución de obras sin licencia en al menos una docena de parcelas e inmuebles entre 2002 y 2004, lo cual fue denunciado en 2007, entre otros, por el promotor y ex alcalde de Baena, Carlos Arenas.
Este proceso está vinculado al de las supuestas facturas falsas emitidas, presuntamente, por dos funcionarios del Ayuntamiento baenense, y en el que también se encuentran imputados el empresarios J.G., que destapó toda la trama, denunciándola ante la Guardia Civil (aunque después de desdijo), y el presidente de una asociación de cazadores del municipio.
* ABC - EP - 21.03.09
Foto: Baena (Córdoba) - abc.es
en
22.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Baleares: Pandemia de imputados
DIARIODEMALLORCA* : Una pandemia de imputaciones judiciales asola las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma. La enfermedad muestra su cara más visible en presuntas corrupciones de nombre variopinto: Peaje, Ibiza Centro, Can Domenge... Los afectados suelen contagiarse a causa de una intensa exposición a los proyectos urbanísticos o a los planes de carreteras, como ha sucedido esta semana en el Consell de Mallorca.
Otra variante menos común de la infección se manifiesta en supuestas malversaciones de fondos públicos sin que intervengan patógenos urbanísticos; los casos Ayudas y Scala son los ejemplos más elocuentes.
La epidemia estalló hace un par de años con virulencia en torno al municipio de Andratx y su ex alcalde Eugenio Hidalgo. La situación ha derivado en pandemia cuando la contaminación ha saltado de los ayuntamientos al resto de instituciones políticas. El último colectivo que quedaba a salvo de la propagación, el Govern autonómico, ha sucumbido esta misma semana a través del conseller de Turismo y presidente de UM, Miquel Nadal, encausado por la venta del solar de Can Domenge.
Las tres principales instituciones -Parlament, Govern y Consell- acogen imputados en su seno. La investigación a todos ellos deriva de las decisiones que adoptaron en la pasada legislatura. Se podría decir que Francesc Antich y Francina Armengol sufren los síntomas incubados durante el pacto de gobernabilidad sellado por Matas (PP) y Munar (UM), salvo en el asunto de Eivissa, donde el proceso vírico se ha desatado en el seno socialista. A día de hoy, el único cuerpo exento de encausados se circunscribe al Bloc, una formación política con baja exposición a los departamentos con presupuestos millonarios o ligados al movimiento de tierras.
Los ocho políticos salpicados por la pandemia son: Miquel Nadal, Antoni Pascual, Miquel Àngel Flaquer, Dolça Mulet y Bartomeu Vicens, todos ellos de Unió Mallorquina; Josep Juan Cardona y Jaume Font, del Partido Popular; y el presidente del Consell de Eivissa, Xico Tarrés (PSOE). La consellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, está pendiente de la vistilla que celebrará en mayo la Audiencia de Palma. Este tribunal decidirá sobre su implicación en el caso Ayudas, un presunto entramado de corrupción en torno a las subvenciones concedidas por el Consell a las asociaciones culturales y deportivas próximas a Unió Mallorquina. El magistrado Pedro Barceló ordenó el archivo parcial de este asunto y ahora será la Audiencia quien determine su reactivación.
La institución más aquejada es el Consell de Mallorca. Cada vez que se produzca un pleno, su presidenta, Francina Armengol, se sentará junto a su vicepresidente, Antoni Pascual, sobre quien pende una querella de la fiscalía anticorrupción por el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor. Si gira su cabeza hacia la derecha se topará con la bancada del PP y su portavoz, Jaume Font, quien tuvo que declarar en mayo del año pasado sobre la inclusión de la finca de es Crevers, propiedad del promotor Mateu Sastre, en el Plan Territorial de Mallorca. Un vistazo hacia la izquierda y cruzará la mirada con Dolça Mulet y Miquel Ángel Flaquer, portavoz de UM en la institución insular que expuso a la magistrada de instrucción 12 su versión sobre el proceso de adjudicación de los terrenos de Can Domente. Hasta ahora, nadie ha encontrado un remedio para la pandemia de imputados. Por tanto, su expansión no es improbable.
* Diario de Mallorca - M. M. B. PALMA - 21.03.09
Foto: Imagen de un pleno del Consell, con hasta cuatro imputados por presunta corrupción. - B. Ramón, diariodemallorca.es
en
21.3.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares