IDEAL/Jaén* : Setenta y dos personas figuran en la lista de imputados en una operación contra delitos urbanísticos desarrollada por el equipo de investigación del Seprona en Pozo Alcón. La más importante, por el volumen de implicados, desarrollada en la provincia en los últimos años.
En la lista figuran medio centenar de propietarios de casas de campo que no deberían estar donde se levantan actualmente, la ex alcaldesa Carmen Escudero (PSOE), tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra. Se les ha puesto a disposición de la Justicia en calidad de imputados por construir sobre suelo no urbanizable viviendas unifamiliares. A la ex alcaldesa, por permitir que se vulnere la legalidad urbanística en el municipio.
Parte de las construcciones supuestamente irregulares detectadas tienen una licencia urbanística municipal. Pero no para una vivienda unifamiliar, sino para una nave de aperos agrícolas que en algunos casos podría ser autorizable porque lo permiten las normas urbanísticas actualmente en vigor en el municipio. Pero asociar alguna de esas construcciones -chalés de grandes dimensiones con piscina, y en algunos casos incluso pistas deportivas- con usos agrícolas será una tarea difícil en los tribunales.
Los encargados de visar los proyectos, hacerlos realidad y vigilar la legalidad tendrán que explicar cómo construcciones que sobre el papel son naves de aperos son en realidad grandes chalés y por qué nadie hizo cumplir las licencias.
Por experiencias en casos similares llevados a la Justicia anteriormente en la provincia, en la fase de instrucción en el juzgado muchos consiguen demostrar que sus casas tienen más de tres años de antigüedad, con lo que el posible delito está prescrito. Es la principal tabla de salvación- En una zona de chalés entre Jaén y la Guardia conocida como los Bermejales, el Seprona llegó a imputar en 2007 a 64 personas. En el caso Megatín se comenzó con 47. Sin embargo, en ambos casos apenas una decena de personas llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados. Nunca, sin embargo, se había llegado a poner a disposición del juzgado a 72 personas por este tipo de delitos.
Las fuentes consultadas indican además que no se han detectado urbanizaciones masivas, sino la proliferación de construcciones ilegales a las mismas puertas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Los investigadores del Seprona llevan meses sobre este tema. Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas», explicó hace meses la alcaldesa. «Ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente», continuó la regidora. Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
En febrero pasado Salazar indicaba que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado. La Guardia Civil ha ido más deprisa.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA - 14.03.09
Foto: Vista panorámica del municipio de Pozo Alcón, junto al Parque Natural de Cazorla , Segura y Las Villas. /IDEAL
72 imputados por casas ilegales en Pozo Alcón
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14.3.09
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Tenerife: Unas 35.000 personas salen a la calle para protestar por el puerto de Granadilla
LAPROVINCIA* : Unas 50.000 personas, según los organizadores y 15.000 según la Policía Local, participaron hoy en la manifestación convocada por un grupo de científicos de La Universidad de La Laguna contra el Puerto de Granadilla.
La marcha, que comenzó a las 12,00 horas en la plaza Militar de la capital tinerfeña, concluyó dos horas y media después junto a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, donde el catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret leyó un manifiesto.
Wildpret se mostró satisfecho por la masiva asistencia a la manifestación convocada, dijo, para salvar "el grandísimo" patrimonio natural de Tenerife.
El catedrático afirmó que el compromiso de los científicos es que no se siga destruyendo "lo que la naturaleza colocó en Tenerife" y que ha convertido en la isla en un referente.
Wildpret indicó que lleva más de diez años realizando informes en los que se advierte de las graves consecuencias ambientales que tendrá la construcción del puerto de Granadilla, como la desaparición de unos de los sebadales más importantes de las islas.
Asimismo se refirió a los perjuicios que para fondo marino tendrá la extracción de arena y la contaminación de las aguas por los vertidos de fuel.
Wildpret también destacó que 53 especies protegidas se verán afectadas por esta infraestructura y alertó de se perderá parte de la biodiversidad canaria, pérdida, dijo el experto, que afectará a todos porque se trata de un bien común.
El portavoz de la comunidad científica aludió a la oposición de las administraciones europeas, estatales y regionales a aceptar los informes contrarios al puerto, lo que, dijo, les ha llevado a tomar una decisión que pone en riesgo la vida marina.
Wildpret expresó su rechazo a la descatalogación de los sebadales y apostó por un si a la vida marina, al cumplimiento de ley y a la defensa de los recursos naturales.
A la convocatoria de la comunidad científica se adhirieron numerosas organizaciones sociales y sindicales, ecologistas y movimientos vecinales como Asamblea por Tenerife, Ben Magec, Si se puede o Intersindical Canaria.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía "Menos puertos y más reservas marinas" y "No al puerto de Granadilla, si al Puerto de Santa Cruz" y lanzaron gritos como "si a los sebadales, no a los vivales", "menos puertos industriales más escuelas y hospitales" y "Berriel dimite, el pueblo no te admite" en referencia al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
Entre los asistentes se encontraba la alcaldesa de Granadilla, Carmen Nieves Gaspar, de CC, quién señaló que nunca una infraestructura estuvo tan contestada y estimó que los políticos con responsabilidad deberían tomar nota, actuar en consecuencia y parar el puerto.
Un portavoz de Asamblea por Tenerife, que leyó un manifiesto al finalizar la manifestación, felicitó a la federación ecologista Ben Magec por ser los promotores de la denuncia que ha conseguido paralizar las obras del puerto al quedar suspendida de forma cautelar la orden que descataloga como especie protegida a los sebadales afectados por las obras de Puerto de Granadilla.
El representante de Asamblea por Tenerife, que recordó que esta es la quinta manifestación que se realiza en contra de este puerto, acusó a CC, PP y PSOE de engañar a la población con falsos argumentos para avalar la construcción del puerto y pidió la dimisión del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, al que atribuyó la responsabilidad "de este desaguisado".
* La Provincia - EFE - 14.03.09
Foto: Algunos de los asistentes a la manifestación que recorre las calles de Santa Cruz de Tenerife, convocada por organizaciones ecologistas y sociales. efe
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Córdoba: El juez encuentra motivos para que la multa de Colecor haya caducado
ELDÍA* : El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Córdoba, que ha de dilucidar si la supermulta impuesta por la construcción de las naves de Colecor por parte de Rafael Gómez se atiene a la legalidad, ha detectado que el expediente que se ha estado tramitando durante los cuatro últimos años en el Ayuntamiento por parte de los servicios de Disciplina Urbanística (Gerencia de Urbanismo) y Recaudación (Concejalía de Hacienda) podría estar viciado y, en su caso, ser nulo de pleno derecho.
El juzgado, en una providencia dictada el pasado 26 de febrero, ha detectado la "existencia de motivos susceptibles" de que la multa, cuyo principal supera los 24,5 millones de euros, se encuentre en situación de "caducidad o perención", que es la extinción de la facultad de una acción por el transcurso del plazo recogido en la legislación.
El juzgado que lleva el caso otorgó un trámite de diez días, según las fuentes consultadas en el Poder Judicial, para que las partes den su opinión -técnicamente, presenten alegaciones- sobre este hecho. La realidad es que ha sido el propio juez, en el proceso de estudio del caso antes de escribir la sentencia, quien ha estimado que el Ayuntamiento puede haber dejado demasiado tiempo inactivo el expediente sancionador sin motivo aparente que lo justifique, lo que obligaría a archivar la multa. Si el juez ha actuado de oficio, explican las fuentes conocedoras del proceso, es porque ninguna de las partes aludió al asunto de la caducidad en sus respectivos escritos.
Las hipótesis que en estos momentos se abren son dos. La primera, que se produzcan alegaciones de las partes en las que expongan argumentos a favor o en contra y que impliquen una sentencia en signo favorable o adverso a las tesis de cada una de las partes. La segunda, puramente teórica, que sea el propio Ayuntamiento quien en el marco de sus competencias y sin esperar a dictamen alguno opte por caducar el expediente e iniciar uno nuevo, en el caso de que sea posible porque los hechos -la construcción de 40.000 metros cuadrados de naves industriales en suelo no urbanizable- no hayan prescrito cuando eso suceda.
La asesoría jurídica municipal, dependiente orgánicamente de la Delegación de Presidencia, ha optado por presentar alegaciones en las que defiende la vigencia de la sanción impuesta, lo que implicaría esperar a que llegue la sentencia para conocer el criterio finalmente decidido por el juzgado. El gobierno municipal, después de negar durante varios días consecutivos la veracidad de la información de este periódico, acabó reconociendo ayer la existencia de la providencia. El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, aseguró que se trata de "una consulta" del tribunal "que ha sido aclarada". "Tiene el valor que tiene", dijo el portavoz de IU, que apostó por esperar a que llegue la sentencia.
La multa a Rafael Gómez lleva tramitándose desde junio del año 2005, a raíz de detectarse las primeras actuaciones. Inicialmente, la Gerencia de Urbanismo paralizó las obras -que se culminaron pese a la prohibición dictada- y empezó a instruir un expediente sancionador cuya primera valoración, acorde con el desarrollo de las obras, ascendió a 6,8 millones.
La multa fue avanzando hasta quedar fijada en 24,6 millones, en función de la tasación realizada de las construcciones. Desde entonces, se han llevado a cabo dos procesos paralelos, uno judicial y otro tributario. En el judicial, Arenal 2000 intentó revocar la multa o, en todo caso, paralizar su pago hasta que existiese sentencia firme. El TSJA acabó revocando esas pretensiones. Ningún tribunal aprobó la paralización cautelar del proceso.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 12.03.09
Foto: Naves industriales construidas por Arenal 2000 en los terrenos de la antigua cooperativa lechera de Córdoba, en la carretera de Palma del Río. - eldiadecordoba.es
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Chiclana asiste al primer derribo de una vivienda ilegal
DIARIODECÁDIZ* : Chiclana, localidad en la que se estima que puedan existir alrededor de 15.000 casas en situación irregular (gran parte de ellas pendientes de un macroproceso de regularización), asistió ayer al primer derribo de una vivienda ilegal.
El hecho, que abre un camino que en los próximos días y meses podría contar con nuevos capítulos, tuvo lugar a primera hora de la mañana en la Majada de los Chivos, en la zona de El Marquesado, con la demolición, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y atendiendo a una sentencia judicial, de una vivienda de unos 90 metros cuadrados ubicada en una parcela (en suelo urbanizable sectorizado) de 500 y propiedad de Juan Utrera, vecino de Medina Sidonia afincado en Cádiz.
Según señalaron fuentes municipales, "tras la petición de permiso al Juzgado para poder entrar en la vivienda (segunda residencia) y derruirla, éste lo concedió el 12 de enero de este año, dando un plazo de dos meses que concluía hoy jueves". Un tiempo que ha dejado transcurrir la Gerencia Municipal de Urbanismo para que fuesen los propios propietarios los que, con vistas a reducir la cuantía de la sanción, procediesen a la demolición, algo que solicitaron pero que finalmente no hicieron.
Cabe destacar que Urbanismo inició el expediente de esta construcción ilegal en enero de 2006, "cuando aún se encontraba en su proceso de cimentación", señaló Cándida Verdier, delegada municipal de Urbanismo.
No obstante y según manifestó el Ayuntamiento, los promotores, los mismos propietarios, "no paralizaron la construcción, terminando de levantar una vivienda de 90 metros cuadrados en una parcela de 500".
Con posterioridad, en octubre de 2007, Urbanismo, a cuyo frente se encontraba el ya exdelegado José Pedro Butrón, "propuso el derribo, que un mes más tarde tuvo el visto bueno del entonces alcalde", Ernesto Marín.
"Es evidente que detrás de una actuación de este tipo siempre existe un drama familiar que no es agradable para nadie y mucho menos para nosotros". "No obstante", manifestó Cándida Verdier, "a nadie se le escapa que el Ayuntamiento está obligado a dar el correspondiente cumplimiento a una sentencia judicial".
"Nosotros", añadió, "hemos esperado hasta el último momento para que fuesen los mismos propietarios los que ejecutasen el derribo y el coste fuese menor, pero esto no ha sido así, por lo que hoy (por ayer), último día para la ejecución del derribo, hemos procedido a realizarlo".
Por otra parte, la delegada municipal de Urbanismo reconoció que "en los próximos días tendrá lugar un nuevo derribo de una vivienda ilegal" y apuntó la existencia de otras órdenes judiciales de demolición, cuyo número no llegó a concretar y que podrían estar pendiente de la correspondiente notificación a sus respectivos propietarios.
* Diario de Cádiz - J.M.Reina/ Chiclana - 13.03.09
Foto: El propietario, con los brazos cruzados, y su hermana, indignados. - diariodecadiz.es
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13.3.09
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El defensor del pueblo admite a trámite la queja por supuestas infracciones urbanísticas en Celorio
ELCOMERCIO/Asturias* : El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite el dossier presentado por la Asociación de Vecinos de Celorio 'La Hoguera' en la que se enumeran supuestas irregularidades urbanísticas en 90 viviendas cuyas licencias de construcción fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Llanes desde 2002.
El organismo entiende que la queja presentada por el colectivo vecinal «reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica que regula nuestra institución», por lo que el Defensor del Pueblo iniciará las acciones oportunas con los organismos administrativos competentes.
No obstante, el ente también recuerda al colectivo vecinal que «si consideran que se han producido hechos que pudieran ser constitutivos de un delito o falta sujeta a responsabilidad penal, estarían plenamente legitimados para denunciar esos hechos directamente ante los Tribunales». Esta misma propuesta fue realizada por la propia alcaldesa del municipio, Dolores Álvarez Campillo, después de que los vecinos de Celorio hicieran públicas las supuestas irregularidades urbanísticas. «Las denuncias urbanísticas o del tipo que sean se hacen en los juzgados, y yo animo a la asociación a que si tiene alguna denuncia la defienda ante un juez», se limitó a contestar la regidora.
La Asociación de Vecinos de Celorio 'La Hoguera' calcula que en los últimos seis años el Ayuntamiento de Llanes ha autorizado la construcción de un total de 90 viviendas en la localidad llanisca que «a nuestro juicio infringen e infringirán la ley» por ser, presuntamente, «casos constitutivos de infracciones administrativas y otras situaciones ilegales». Además, entienden que el Ayuntamiento de Llanes tenía conocimiento de estas irregularidades por lo que, opinan, «han incurrido en un delito del código penal» que podría castigarse incluso con pena de cárcel. Según los cálculos de la agrupación vecinal, las infracciones urbanísticas desarrolladas en los últimos años en Celorio suponen unos ingresos por precio de venta «en torno a 21 millones de euros».
La agrupación que preside Alberto Álvarez detalla que, de esas 90 viviendas, 57 «ya están construidas o en construcción» y repartidas en seis promociones diferentes. Algunas de ellas, como la Urbanización Los Castros levantada por la empresa Balsan, con «un exceso de 32 viviendas sobre las 146 proyectadas al ocupar como ático retranqueado la última planta de los tres edificios» que conforman la urbanización, en contra de lo que permite la normativa urbanística de Llanes y pese a que la asociación notificó esta irregularidad al equipo de gobierno.
* El Comercio Digital - 13.03.09 -ANA MORIYÓN
Foto: Para la Asociación 'La Hoguera', en la Urbanización Los Castros se excedió en el número de viviendas. / NEL ACEBAL, elcomerciodigital.com
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Tema: NOTICIAS Asturias
Cae la primera obra ilegal en Marbella
SUR/Málaga* : Sin hacer mucho ruido. Sólo el de una solitaria máquina que a última hora de la tarde se afanaba en hacer añicos las paredes. Marbella dio ayer así un paso más hacia la legalidad con el inicio de la primera demolición de una obra sin licencia construida en la llamada 'era GIL'. Casi dos décadas después de que el desaparecido Jesús Gil se hiciera con la Alcaldía de la ciudad e impusiera su voraz gestión urbanística, la esperada piqueta apareció por la mañana en el horizonte para derribar 34 viviendas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, levantadas en zona verde.
Detrás de esta construcción está además el nombre del promotor granadino José Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya', y de una de sus empresas: Naviro Inmobiliaria.
Siete meses han pasado desde que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo de ésta y otra promoción de viviendas en cumplimiento de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución anticipada del Plan General de Aprobación Urbana (PGOU) de la ciudad. Será el primer planeamiento en 23 años, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo.
Las términos de este singular pacto aprobado en julio del año pasado para desatascar el urbanismo estaban claros: el Consistorio podía empezar a conceder licencias en precario en base al futuro PGOU -que no entrará en vigor hasta fin de año- para no paralizar la ciudad pero a cambio debía ejecutar demoliciones de estructuras construidas ilegalmente y desocupadas -la Junta llegó a darle por escrito un listado ocho edificios que debían desaparecer al no haber terceros de buena fe afectados ni ser regularizables en el Plan General-. También la revisión de las licencias irregulares, a lo que el equipo de gobierno se resiste.
Pero el Ayuntamiento añadió unilateralmente otro requisito que restringió aún más el escenario de las posibles demoliciones: que la obra no tuviera licencia, ni siquiera una de las que los alcaldes del GIL concedían contra la ordenación y posteriormente eran anuladas por los tribunales. Con estas credenciales, en Marbella sólo habría dos promociones: la que comenzó a derribarse ayer y una segunda de seis viviendas adosadas en San Pedro Alcántara, en la urbanización Linda Vista y a cargo de la promotora Prosavi, pendiente también de que comience su reducción a escombros.
Zonas verdes
Ambas, además de ocupar zonas verdes según el PGOU vigente, no cuentan con licencia municipal, no se regularizan en el futuro planeamiento y están deshabitadas. La lista, por ahora, se quedará aquí. La alcaldesa, responsable en última instancia de aplicar la disciplina urbanística, ya ha advertido de que no habrá más demoliciones al margen de la de Las Chapas y la de San Pedro, que además fueron acordadas con los promotores, a los que se le dio licencia el pasado enero.
Defiende esta postura en evitar reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Alerta de que podría darse este caso en viviendas edificadas con licencia, aunque los tribunales las hubiesen anulado posteriormente. Mientras, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, aunque valoró positivamente que se ejecute el derribo de una obra ilegal, la consideró «insuficiente y tardía». Recordó que dentro del acuerdo entre ambas administraciones la Junta informó de al menos ocho construcciones ilegales, desocupadas y cuya regularización no contempla el nuevo planeamiento urbanístico «que se ajustarían a los criterios consensuados para su demolición».
No se anduvo con rodeos e instó a la regidora en un comunicado a que promueva los derribos de estructuras ilegales, sin terceros afectados ni regularizables en el futuro planeamiento, que fueron señalados por el Gobierno andaluz. De paso, le reclamó que revise las licencias irregulares, otro de los puntos del acuerdo bilateral y que la alcaldesa prefiere dejar para cuando el Plan General entre en vigor, algo que el equipo de gobierno espera para finales de año una vez la Junta le dé el visto bueno.
En esta aprobación final jugará un papel crucial el entendimiento entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz, que deben ponerse de acuerdo sobre las compensaciones para la regularización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo o sobre el medio millar que tras la primera aprobación no tienen visos de legalizarse.
* SUR - 13.03.09 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Una máquina trabajaba ayer en al derribo de un bloque de 34 viviendas construidas sin licencia en Las Chapas. / J-LANZA, diariosur.es
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Bétera aprobó el PAI de 1.380 casas con un informe en contra por no garantizar el agua
LEVANTE/Valencia* : El equipo de gobierno -formado por PP, UV y UPIB- aprobó provisionalmente en diciembre, con el apoyo de parte del grupo municipal socialista, un PAI para construir 1.380 viviendas y un campo de golf pese a que el proyecto no cuenta con el informe previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) garantizando los recursos hídricos suficientes para la urbanización.
Así lo advirtió en su día la secretaria municipal de Bétera en un informe en el que señalaba que el expediente de la empresa Onofre de Miguel "carece de elementos esenciales para su aprobación provisional como el informe previo de la confederación Hidrográfica exigido en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas".
Destaca la secretaria en su escrito contrario a la aprobación del PAI que el informe previo de la CHJ es "esencial y, por lo tanto, más aún el de la solicitud del mismo que ni tan siquiera se ha producido". Y no será por falta de tiempo ya que, aunque el PAI del Manisero se aprobó provisionalmente a finales de diciembre de 2008, la constructora presentó la Alternativa Técnica del Programa en junio de 2005.
Pero, para el alcalde de Bétera, José Manuel Aloy, a estas alturas del proyecto la existencia o no del informe obligatorio de la CHJ no es importante. "El PAI se ha aprobado de forma provisional y será ahora la Generalitat quien diga si está todo correcto o falta algún informe como el del suministro de agua", aseguró el primer edil a Levante-EMV.
Sin duda, a la hora de dar el visto bueno al PAI pesó mucho más que la existencia o no de agua suficientes la compensación económica que Onofre de Miguel ofrece por la puesta en marcha del proyecto: un total de seis millones de euros de los cuales, al parecer, el consistorio ya ha ingresado uno sólo por la aprobación provisional.
Zona protegida y caos circulatorio
De aprobarse definitivamente, la urbanización del Manisero se ubicará con su campo de golf de 18 hoyos frente a la urbanización Cumbres de San Antonio y a 500 metros del campo de golf Escorpión. El sector tiene alrededor de 1 millón de metros en un suelo no urbanizable calificado por el PGOU de Bétera como de Especial Protección Agrícola. Esta zona, según el estudio de impacto ambiental del PGOU, es de las más sensibles del término a la contaminación del suelo.
Además de esto y del informe contrario de la secretaria municipal, el Bloc de Bétera asegura que una empresa contratada por el consistorio ha advertido que la promotora no especifica en su proyecto la capacidad de tratamiento de la depuradora que se instalará en la urbanización. También señalan que tampoco está garantizado el suministro de energía ni el centro de transformación se adapta a la normativa actual. Pero sobre todo destacan el caos circulatorio que puede provocar la nueva urbanización en la estrecha carretera CV-336 ya que la promotora sólo se encarga de desdoblar la vía desde el acceso a la CV-35 hasta su complejo residencial.
* Levante-EMV - V. Contreras - 12.03.09
Foto: ubicación. La nueva urbanización con campo de golf se levantará en una zona agrícola junto a la CV-336. v. c. m, levante-emv.com
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Granadilla: Exigen parar un puerto "devastador, innecesario y que oculta el pelotazo del siglo"
CANARIAS7* : La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife pidió hoy a las instituciones que "en un ejercicio de sabiduría política" paralicen el puerto de Granadilla, a su juicio "un proyecto devastador, innecesario, técnicamente injustificable y que esconde el pelotazo del siglo".
Así lo manifestaron en rueda de prensa los miembros de la plataforma Pedro Anatael Meneses, Juan Jesús Bermúdez, Odalys Padrón, Justo Fernández y Cándido Quintana, y este último animó a participar en la manifestación convocada el sábado por la comunidad científica para protestar contra esta infraestructura.
Cándido Quintana, que es el presidente de la plataforma, pidió "a unas autoridades que actúan de forma tan alocada" que recapaciten antes de convertir a Granadilla de Abona "en un basurero que va a espantar el turismo" y exigió "que quiten el puerto de circulación".
A su juicio, se ha fomentado el abandono "deliberado" del puerto de Santa Cruz de Tenerife para justificar "una obra innecesaria" y las instituciones han promovido una actitud "deplorable de matar" este recinto portuario para cometer "una barbaridad" en Granadilla de Abona.
Afirmó Quintana que hoy ha dirigido una carta al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que le advierte de que el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "no puede prosperar" y le pide "que deje de gastar el dinero público".
En su opinión, con la construcción del puerto no sólo morirán los sebadales afectados por la obra "sino todos" los del área, como ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife.
Añadió que "alguien" ha "mutilado" el informe que avaló la descatalogación del sebadal, lo que supone "un delito tipificado", por lo que exigió a la Consejería de Medio Ambiente "que no siga jugando con fuego".
Pedro Anatael Meneses, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dijo que el colectivo que se opone a este proyecto "no somos los del no, sino los del sí" al puerto de la capital tinerfeña ya que el de Granadilla "no es necesario".
A su juicio, las instituciones han intentado justificar que no era posible ampliar el puerto de Santa Cruz "con falsedades y mentiras" y se preguntó "cómo en una isla con 330 kilómetros de costa sólo es posible construir un puerto en Granadilla, *es que nos toman por tontos?".
Para Meneses, el daño medioambiental en el puerto de Santa Cruz "ya está hecho" y tras las obras de ampliación el recinto "tiene largo recorrido", aunque actualmente la terminal de contenedores está al 35 por ciento de su capacidad y la línea de atraque no llega al 16 por ciento, en su opinión.
Si se ampliase este recinto en su dársena norte, habría un millón de metros cuadrados disponibles para albergar entre seis y siete millones de contenedores, añadió.
También aseguró que según las previsiones para Granadilla, el puerto en esta localidad del sur de Tenerife facturaría unos 18 millones de euros, "lo que no da ni para pagar el personal".
"El puerto de Granadilla ni va a ser un negocio ni va a ser para el mundo, y otra falacia es la de tocar la sensibilidad de los que están en paro, porque no va a generar puestos de trabajo", opinó.
A su juicio, tampoco es justificable este proyecto para el transporte del gas natural, puesto que este tipo de energía, al igual que el petróleo, "tiene los días contados".
Justo Fernández opinó que este proyecto supone "un pelotazo mucho mayor que Las Teresitas y que vamos a pagar entre todos", porque a su juicio, edificar este puerto supone "un gran negocio para los apellidos de siempre".
En su opinión se ha ideado intencionadamente someter al puerto de Santa Cruz "al desorden y al caos absoluto" para después comprar terrenos en Granadilla de Abona a poco más de un euro el metro cuadrado que ahora se vende a más de 180.
Además Fernández aludió a las afirmaciones realizadas ayer en el Parlamento por el consejero Domingo Berriel, y comentó que "a mí el PSOE no me fundamentaliza en nada, sólo me fundamentaliza toda clase de corrupción".
Asimismo Juan Jesús Bermúdez consideró "un error" para la isla el planificar una segunda infraestructura portuaria que además perjudicará los empleos ya creados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y consideró que además en Granadilla sería "inviable" desde el punto de vista técnico porque el viento hace inoperativa la maniobra de los barcos.
Odalys Padrón recordó que el puerto de Santa Cruz "es de interés general" y aseguró que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es "la mayor alegría" de este año "para quienes quieren que la isla siga siendo un paraíso natural, y donde ya no caben más heridas".
* Canarias 7 - EFE - 12.03.09
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es
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Cádiz: Facua da una distinción negativa al Área de Urbanismo
DIARIODECÁDIZ* : La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía Facua concederá una de sus tres distinciones negativas de este año a la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz por su "actitud pasiva" ante los conocidos como asustaviejas y su postura ante los derrumbes, especialmente los ocurridos en fincas que lindan con obras, ya que la medidas de control que se adoptan son "insuficientes" y los siniestros no le han hecho variar "la política de concesión de licencia de obras".
El Ayuntamiento está invitado al acto, que se celebrara el 15 de marzo en el Hotel Macarena, donde podrá exponer su postura. Ayer, se defendía.
Urbanismo defiende que no hay "ni una sola denuncia en papel" acerca de los asustaviejas, que esta asociación en concreto "no ha aportado ninguna" y reprocha a Facua no haber colaborado con ellos en tres ocasiones. Muestra una carta en la que la entidad rechaza el código ético elaborado por el municipio y también se niega a participar en un estudio sobre este tipo de especulación, en el que se refleja la discrepancia de Facua sobre el proceder municipal en este asunto.
También dice Romaní que "roza el absurdo" lo dicho sobre a disciplina urbanística, puesto que, junto a Madrid, "fuimos pioneros en inspecciones técnicas" (ya se han presentado 1.800), hay casi cien fincas expropiadas, 3.400 expedientes de obras de seguridad desde 2002 y 1.600 de ornato.
Las otras tres entidades que recibirán dentro de tres días un premio negativo de Facua Andalucía son Radio Taxi de Córdoba por la supuesta utilización de "listas negras" de usuarios a los que niega elservicio, y Jardines de Genera, promotora inmobiliaria sevillana, por "irregularidades".
* Diario de Cádiz - 12.03.09
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
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Somió: Unidos contra la expansión urbanística
LANUEVAESPAÑA/Gijón* : «Las necesidades de la parroquia somionesa son muchas e ignoradas sistemáticamente por las autoridades municipales, quienes parecen haber decidido que los vecinos de Somió somos unos privilegiados por el solo hecho de habitar en la parroquia». Son palabras de Soledad Lafuente, presidenta de la Asociación de Vecinos «San Julián».
Esta líder del movimiento vecinal se lamenta, al igual que muchos habitantes del barrio residencial por excelencia de Gijón, de la falta de atención que recibe por parte del Ayuntamiento. Son problemas, asegura, puntuales, pero que han conducido a la parroquia a una situación de deterioro y carencias básicas de infraestructuras que afectan a colectores generales, aceras, accesos a internet, limpieza viaria o asfaltado de caminos.
Y es que muchas son las amenazas que se ciernen sobre Somió, según sus vecinos: el Plan de Ordenación del Litoral (POLA), la depuradora del Este, el catálogo urbanístico, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la «Semana negra», los nuevos viales que se proyectan, el impacto visual, la contaminación, el transporte municipal, las fiestas en lugares públicos, la pinza urbanística que constriñe a Somió... «Siempre hemos aspirado, y así seguimos, a ser escuchados con propuestas y opiniones relacionadas con los problemas expropiatorios, medioambientales y urbanísticos que en la actualidad continúan preocupando a nuestros asociados», insiste la presidenta de «San Julián».
El colectivo también denuncia que la asociación carece de un local social acorde con las necesidades de jóvenes y mayores, un colectivo este último, según aseguran, cada vez más numeroso y necesitado de actividades específicas. «Las parroquias rurales de Gijón son todas una delicia para los ojos de los ciudadanos, y siendo Somió una perla bellísima, asistimos con rabia e impotencia a la pérdida del modelo de ciudad jardín en donde la tradición y la modernidad se dan la mano», advierte Soledad Lafuente.
El equipo directivo asegura que siempre ha tenido una vocación de servicio voluntario, abierto a cualquier tipo de colaboración. Muestra de ello son las reuniones que mantienen semanalmente y que, según los responsables de la asociación, sirven para exponer la problemática del barrio, «que es mucha», y para trazar la línea estratégica a seguir.
Somió, según su colectivo vecinal, es una parroquia más de Gijón, sin privilegios, que merece el mismo trato que el resto. La fama de privilegiado, en este caso, juega en contra de los intereses del barrio.
* La Nueva España - Alejandro ÁLVAREZ - 12.03.09
Foto: lne.es
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Tema: NOTICIAS Asturias
14 de marzo: Manifestación por una Vivienda Digna
Después de tres años saliendo a la calle para reivindicar nuestros derechos, este sábado 14 de Marzo a las 18:00 en la Puerta del Sol, convocamos una nueva manifestación por la vivienda digna. El Alquiler Social Universal es una propuesta abierta, que por medio de unas reivindicaciones concretas pretende hacer real el grito que saltó a la calle. ¡la vivienda es un derecho, no un negocio!
Desde que en Mayo de 2006 miles de personas, en un mensaje anónimo por sms e internet, salieran a la calle para exigir su derecho a una vivienda digna la situación ha cambiado mucho. Hemos pasado de una década de subida imparable del precio de la vivienda a una situación donde no se vende nada. A los que ya estaban excluidos del derecho a la vivienda se le suman ahora los que creían que tenían una casa pero tenían una hipoteca con el banco. Al tiempo, saltan las alarmas en el gobierno, no para garantizar los derechos de los excluidos sino para perpetuar los privilegios de los ricos que han amasado fortunas especulando con la vivienda. La máquina de beneficios no puede parar y a las desgravaciones a la compra de una casa se suman ahora formas de socialización de pérdidas como el dinero público (créditos ICO) para promotoras y constructoras, junto con las inyecciones del Banco Central Europeo a la banca y las garantías sobre préstamos que no pueden cobrar.
Todo el proceso previo a la crisis ha supuesto un ritmo de construcción absurdo, con una media de 500.000 viviendas anuales desde 2001, y donde la especulación ha hecho más que rentable dejar una casa abandonada. Por eso no es casual que en 1995 se penalizara el uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales, ya que el mercado de la vivienda no solo exige que quien quiera pasar por el aro se hipoteque de por vida, o acepte unos precios abusivos y la incertidumbre de unas leyes de alquiler que solo garantizan derecho a los propietarios, o se resigne a vivir con sus padres toda la vida. Exige penalizar la pobreza y que nadie ejerza su derecho a la vivienda sin generar beneficio. Miles de personas en la calle en un país donde existen millones de casas vacías son un ejemplo claro. La criminalización de todos los espacios okupados donde se da vida a edificios abandonados, para cerrarlos por la fuerza y devolverlos a su situación de abandono son otra muestra.
Por todo esto, la Asamblea VdeVivienda de Madrid ha estado desarrollando durante este año la campaña por el Alquiler Social Universal, un intento de presentar una respuesta que ponga codo con codo al joven excluido del derecho a la vivienda, con el que tiene el agua al cuello con la hipoteca, al ciudadano que le cabrea ver que el mismo dinero público que no se destina al paro ni a mejorar la preparación profesional de los obreros se le dé a los bancos, con los que usan las casas vacías para vivir o crear centros sociales. Para mostrarnos que tenemos los mismos intereses y recordarnos que los que viven a nuestra costa son también las mismas personas.
El Alquiler Social Universal es una propuesta abierta, que por medio de unas reivindicaciones concretas pretende hacer real el grito que saltó a la calle. ¡la vivienda es un derecho, no un negocio!
Estos son los cuatro puntos del Alquiler Social Universal:
1- Expropiación de uso de viviendas vacías que se encuentran en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país: los bancos y cajas de ahorro, las promotoras inmobiliarias, las grandes fortunas, los especuladores a gran escala. Estas viviendas se destinarán a la constitución de un parque público de vivienda en alquiler, por la que habrá que pagar una renta mínima que garantice el mantenimiento del inmueble.
2- · Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que la familia o la persona que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa, liberándose de la deuda pendiente que asumirá la entidad prestataria.
3· Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio de los bancos centrales.
4· Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
Por todo esto, desde la Asamblea VdeVivienda hacemos un llamamiento a todos los afectados por el problema de la vivienda para salir a la calle el próximo 14 de Marzo y exigir el derecho a la vivienda digna creando un Parque Público de Vivienda como pedimos con el Alquiler Social Universal.
AÚN NO SE HAN ENTERADO, ¡LA VIVIENDA FUERA DEL MERCADO!
Contacto
www.madrid.vdevivienda.net
info@asambleaporunaviviendadigna.org
* VdeVivienda - marzo 2009
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La Fiscalía de Almería aprecia delito en una trama urbanística en Vera
IDEAL* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha remitido al Juzgado Decano de Vera (Almería) las diligencias abiertas para investigar una presunta trama urbanística en el municipio, cuyo Ayuntamiento habría recalificado terrenos a cambio de comisiones, al apreciar la existencia de indicios de delito.
Así consta en una escueta providencia remitida hoy por el ministerio público, que abrió estas diligencias de investigación después de que se las remitiera en diciembre de 2008 la Fiscalía Anticorrupción al declararse incompetente para estudiar los hechos que puso en su conocimiento Manos Limpias, sindicato al que le planteó la denuncia el ex directivo del Grupo Dico David Merino.
Este acusó al Ayuntamiento de Vera (Almería), gobernado por el Partido Andalucista (PA), de recalificar 300.000 metros cuadrados de terrenos ubicados en el paraje del Gnomo a cambio de 600.000 euros.
Además, el ex directivo facilitó al sindicato diversas actas notariales que supuestamente avalaban este tipo de operaciones y en una de las cuales figuraba el Ayuntamiento de esta localidad del levante almeriense, según han detallado a Efe fuentes del caso.
Testigo protegido
Tras la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que no ha tomado declaración al denunciante, el Juzgado Decano repartirá las diligencias, tras lo que Merino tendrá que comparecer ante el Juzgado Instructor de Vera, donde acudirá como testigo protegido.
Después de que trascendiese la apertura de esta investigación, el alcalde de Vera, Félix López, defendió que en su municipio no se ha recalificado "ni un solo metro cuadrado" de terreno, ni se ha aceptado "jamás nada que no fuese legal".
Achacó además las acusaciones vertidas al "despecho" del ex directivo de la empresa que ha desarrollado dos promociones urbanísticas en Vera, antes de avanzar que su gabinete jurídico prepara una querella criminal contra él ante las "graves acusaciones" vertidas que, según dijo, han "empañado" el nombre de una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.
* Ideal - 11.03.09
Foto: Vera (Almería) - ual.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Marqués adquirió dos pisos en Valencia de la compañía que promueve el 'resort' Novo Carthago
LAVERDAD/Murcia* : Ya no se trata sólo de saber cómo pagó Francisco Marqués sus numerosas propiedades inmobiliarias, sino también a qué sociedades fueron adquiridas. Cualquier dato, piensan los investigadores, puede ser relevante para conocer si el amplio patrimonio del ex consejero del Gobierno de Valcárcel tiene un origen legal, como él mantiene, aunque también haya admitido que una parte significativa la abonó con dinero negro, o si en algún caso puede corresponderse con pagos o recompensas de empresarios que tenían proyectos pendientes de tramitación en la Consejería de Medio Ambiente.
En este sentido, uno de los datos que han llamado la atención de los investigadores es que las dos viviendas que Marqués posee en la localidad de Valencia, y que el pasado jueves fueron registradas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía, le fueron vendidas por la promotora Hansa Urbana.
Esta sociedad impulsa uno de los mayores resort de la Región y del sur de Europa: Novo Carthago, un proyecto urbanístico consistente en levantar junto a la laguna del Mar Menor, en unos terrenos que ocupan 580 hectáreas, entre 2.000 y 3.000 viviendas, 1.500 plazas hoteleras (tendrá dos hoteles de cinco estrellas) y un centro de congresos. Una inversión que en el año 2003, cuando el proyecto fue presentado, se estimaba en casi 1.000 millones de euros (unos 160.000 millones de pesetas).
Dos pisos en dos años
Según las declaraciones realizadas por el ex alto cargo de la Comunidad Autónoma el pasado sábado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, la primera de esas viviendas en Valencia la habría adquirido en el año 2003. Esa adquisición -cuya venta Marqués atribuyó en un principio a Realia, aunque luego señaló que había sido a Hansa Urbana- no ofrecería motivos para ser investigada, a priori, por cuanto en ese año 2003 el imputado era todavía consejero de Sanidad -un departamento sin competencias sobre la tramitación de Novo Carthago-, o bien ya había sido nombrado delegado del Gobierno en Murcia.
Es, sin embargo, en la segunda adquisición en la que los investigadores se están centrando ahora. Según ha admitido el ex alto cargo, esta segunda compra a Hansa Urbana la hizo en el año 2004 y la vivienda no fue escriturada hasta el año 2006. Fue en ese periodo cuando el departamento presidido por Marqués -nombrado consejero de Medio Ambiente en julio del 2004 y hasta abril del 2006- tuvo que tomar algunas importantes decisiones sobre ese complejo urbanístico. La principal de ellas, tramitar la declaración de impacto ambiental de la urbanización. Ese informe favorable fue emitido en noviembre del 2005.
Todas estas fechas no pasaron desapercibidas para el juez Alcázar ni para el fiscal superior, Manuel López Bernal, que instaron a Marqués a dar explicaciones sobre ese aspecto. «Es cierto -admitió el imputado en delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales- que la promotora de Novo Carthago es Hansa Urbana, a la que el declarante compró las dos viviendas de Valencia. Que las adquirió antes de conocer la existencia de Novo Carthago».
Marqués también fue interrogado acerca del precio que pagó por este inmueble, y se le preguntó en concreto cómo explicaba que el apartamento hubiera sido tasado, a efectos inmobiliarios, en el doble de lo que él asegura haber pagado. «No lo sé -dijo-; es posible que en esos dos años (desde el 2004 en que lo apalabró, hasta el 2006 en que lo escrituró) se produjera un aumento de valor». Y añadió que el piso adquirido en el 2003 «costó prácticamente lo mismo y es más grande».
La Policía Judicial trata ahora de confirmar si las explicaciones se corresponden fielmente con la realidad.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 11.03.09
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Tema: NOTICIAS Murcia
Imputados el alcalde de Gerena, su yerno y un promotor por destruir un yacimiento arqueológico
ABC/Sevilla* : El alcalde de Gerena, el socialista Jacinto Pereira, el encargado de obra de la constructora Corsán-Corviam S. A. Julio Jaraba Mora, el promotor Vicente Moreno y el yerno del primer edil, Lucas Amores, han sido imputados por supuestos delitos contra el patrimonio histórico, daños y receptación a cuenta de la destrucción de un "gran yacimiento arqueológico" formado por "cientos" de inhumaciones romanas y musulmanas, mosaicos, monolitos y arranques de muro para construir la urbanización 'Jardines de Gerena'.
El concejal de Independientes por Gerena Gregrio González informó de que todo parte de unos hechos "puestos en conocimiento" en mayo de 2008 por este grupo de concejales a la Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Sevilla, que a cuenta del contenido de las actuaciones resolvió elevar denuncia a la citada instancia judicial. Todos los imputados, a excepción del promotor, prestaron ayer declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan Jesús García Vélez.
En concreto, los hechos descubiertos en mayo de 2008 por los dos concejales de Independientes por Gerena corresponden a la construcción de la "macrourbanización" 'Jardines de Gerena', aproximadamente 900 viviendas de renta libre impulsadas por el promotor Vicente Moreno y edificadas por Corsán Corviam S. A.
Según este concejal que depositó el caso en manos de la Fiscalía, en los movimientos de tierra previos a la construcción de las viviendas el yerno del alcalde, Lucas Amores, habría topado con unos vestigios históricos mientras manejaba una maquina excavadora, hecho del que habrían tenido conocimiento el encargado de obra de Corsán-Corviam S. A. Julio Jaraba Mora, el promotor de la urbanización y el propio alcalde.
Los movimientos de tierra, según Gregrio González, sacaron a la luz "cientos de inhumaciones" de origen romano y musulmán, así como ajuares funerarios, monolitos, mosaicos, arranques de muro de antiguas construcciones y otros vestigios arqueológicos de los que Independientes por Gerena incluso conserva fotografías. "Era todo un gran yacimiento", dijo.
Sin embargo, y pese al descubrimiento, las obras habrían seguido su curso y los restos habrían sido destruidos para permitir la construcción de esta urbanización, dándose el caso de que los imputados incluso podrían haberse apropiado de alguno de los vestigios históricos descubiertos durante los movimientos de tierra.
"Son hechos muy graves", dijo el portavoz de Independientes por Gerena antes de advertir de que el yacimiento ha sido parcialmente destruido "por el poder del ladrillo". En ese sentido, anunció que su organización espera presentarse en breve como acusación particular en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número nueve.
* ABC - 11.03.09
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Villalba reclasifica suelo público protegido para un nuevo hospital privado
ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : El Ayuntamiento de Collado Villalba, gobernado por el partido socialista, pretende reclasificar suelo protegido para permitir a Esperanza Aguirre construir un hospital de gestión privada. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la modificación del Plan General por la que se pretende autorizar la reclasificación de 55.510 metros cuadrados de suelo y ha planteado alternativas de ubicación.
Ecologistas en Acción lamenta que el gobierno socialista del Ayuntamiento de Collado Villalba colabore con el Gobierno regional en la privatización de la sanidad pública. Esta actitud no coincide con la postura oficial del Partido Socialista de Madrid que ha criticado el anteproyecto de explotación de especialidades sanitarias para la zona sanitaria de ColladoVillalba.
En marzo de 2007, se firmó un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Collado Villalba y la Consejería de Sanidad para construir un nuevo hospital en el municipio. Desde ese momento el Consistorio ha hecho todo lo posible porque el nuevo equipamiento se construya en suelo protegido. Existen otras ubicaciones con mejores accesos y próximos a la estación de tren y de autobuses de Villalba que darían mejor servicio a los futuros usuarios del hospital. En concreto en un sector de suelo urbanizable existente junto a la autovía A-6, el llamado sector Caño de la Fragua. Sin embargo el Ayuntamiento, se opone por lo que parecen intereses puramente especulativos.
Los terrenos elegidos por el Ayuntamiento se sitúan en La Chopera, un terreno forestal que alberga, al menos, ocho especies protegidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (cigüeña blanca, pito real, golondrina común, chochín, petirrojo, curruca capirotada, mito y herrerillo común). Además, La Chopera se ubica en el entorno de espacios protegidos y de la Red Natura 2000, y funciona como corredor ecológico de conexión entre los espacios protegidos limítrofes o cercanos.
Estas cuestiones no son valoradas por el Ayuntamiento de Collado Villalba que se limita a firmar que los terrenos están degradados y que carecen de valor ambiental porque hay árboles en mal estado.
Por otra parte en la memoria de la Modificación Puntual se afirma que el Plan General vigente ya contempla la construcción de equipamientos en estos terrenos, algo que no es cierto. Ecologistas en Acción lamenta que sea la segunda vez que el consistorio tergiversa el contenido del Plan General para justificar una actuación no contemplada en el mismo (el caso anterior se denunció en el Plan Parcial del Caño de la Fragua el pasado mes de septiembre).
Ecologistas en Acción considera que el Ayuntamiento de Collado Villalba sólo debería aceptar la construcción de un hospital de gestión pública y no doblegarse a la política de privatización del gobierno regional. Por otra parte, en caso de que se construyera el nuevo hospital público debería hacerse en los suelos urbanizables existentes junto a la A-6.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 10.03.09
Foto: ayuntamiento - madriddigital.info
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
Imputan al alcalde de Huércal-Overa y a cinco ediles por prevaricación
IDEAL/Almería* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Huércal-Overa amplió las diligencias previas incoadas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias contra el alcalde del municipio almeriense, Luis García Collado, a quien citó por segunda vez a declarar junto a cinco ediles de su equipo de gobierno, dos de los cuales, Dolores Martínez y Tomás Benítez, ya prestaron testimonio junto al regidor en noviembre de 2007.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que la Fiscalía Provincial dio traslado al juzgado instructor para que se practiquen nuevas pruebas, que en el caso de García Collado y los principales presuntos implicados en la trama de corrupción urbanística ya se ejecutaron con su personación ante el juez en el transcurso de los últimos días.
No obstante, las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia interpuesta por el portavoz del grupo municipal del PP en Huércal-Overa, Diego Ortega, continúan con la toma de declaración de los, hasta el momento, 23 imputados en la causa y entre los que se encuentran técnicos municipales, arquitectos, empresarios y promotores inmobiliarios como Tomás Zurano, propietario de la constructora 'Dizu' y detenido por la Guardia Civil en abril de 2008 durante la operación 'Costurero'. Zurano, junto al alcalde y el concejal de Urbanismo del municipio de Zurgena, Cándido Trabalón y Manuel Tijeras (PA), están implicados en otra trama en la que se apuntan delitos de presunta prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio ante la sospecha de irregularidades en la construcción de un millar de viviendas en la localidad del Valle del Almanzora. García Collado declaró por primera vez el 16 de noviembre de 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 2 del municipio, entonces encargado de la instrucción del caso. La Fiscalía apreció indicios de ilícito penal en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana tras la denuncia que señalaba posibles irregularidades que habrían derivado en plusvalías millonarias gracias a la recalificación de suelo.
En concreto, y según constaba a priori en la investigación iniciada, el equipo de gobierno huercalense habría incluido en el documento aprobado inicialmente en julio de 2005 terrenos rústicos que, tras ser vendidos por sus propietarios, habrían pasado a ser urbanos y multiplicar, por tanto, su valor. El PP de Huércal Overa cifró en hasta 800 millones las citadas plusvalías de un planeamiento urbanística que fue el primero en ser aprobado en 2007 por la Comisión Provincial de Urbanismo tras adaptar su contenido a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El regidor aseguró tras salir de los juzgados que se había «desmontado» la trama de «manipulación» de los 'populares', y alegó no tener «nada que ocultar».
* Ideal - 11.03.09 -EUROPA PRESS
Foto: Huercal-Overa (Almería), Plaza_Mayor - JJ.Rodríguez (wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El feísmo
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Hace unos años se celebró en Galicia el primer congreso sobre el feísmo. Era tan clamorosa la devastación estética del litoral y del medio rural, que un grupo de arquitectos le puso ese nombre a un nuevo fenómeno urbanístico que habían detectado, esas construcciones y edificaciones que provocan un estrepitoso deterioro del entorno. El escritor Manuel Rivas lo describió así: "Después de años de lo que los modernos paisajistas denominan violencia catastral, hay un consenso general para denominar el efecto final de la dejación urbanística y medioambiental: el feísmo".
El campo se había llenado de edificaciones que humillaban el paisaje, de casas sin revestimiento ni acabados ni remates, de viviendas donde se podía ver el bloque de hormigón, o de chalés en medio del campo con ornamentaciones exageradas y de dudoso gusto.
El feísmo es un término urbanístico tan asumido en Galicia que del sarcasmo de sus impulsores pasó a los documentos oficiales. Los expertos dicen que se trata de un fenómeno que se circunscribe a esta comunidad y que termina en la frontera con Asturias, León y Portugal, pero creo que se equivocan. El feísmo avanza que es una barbaridad. Y el efecto final de la dejación urbanística y medioambiental que ha traído el boom de la construcción inundó primero el litoral de feísmo y luego los campos y el casco urbano de muchos pueblos de Andalucía.
Entre los elementos presentes en la arquitectura del feísmo figura la coexistencia no armoniosa de órdenes y estilos arquitectónicos. Sólo hay que pasear por los pueblos andaluces para ver que las tradicionales casas encaladas conviven con edificaciones de varias plantas en ladrillo sin recubrir y donde se mezclan todo tipo de materiales de construcción. Muchas de estas nuevas viviendas en los cascos urbanos no mantienen tan siquiera la línea de la acera, ni tampoco respetan un mínimo alineamiento en altura. En ellos, el blanco de la cal ha sido sustituido por los zócalos alicatados y las fachadas se rematan de colores ocres o burdeos.
El campo en los pueblos andaluces se ha llenado de chalés con piscina y de estructuras de hormigón. Estas últimas pueden permanecer sin terminar durante décadas, o directamente no concluir nunca. Muchos chalés se han levantado con una licencia de aperos de labranza y no son la vivienda habitual de nadie. Se utilizan para pasar el fin de semana, y ahora, sobre todo, para venderlas a jubilados ingleses. Al escritor Suso de Toro -los escritores gallegos han descrito muy bien este fenómeno- no le gusta el término feísmo. Lo considera estúpido, ya que, a su juicio, "oculta la necesidad y el sufrimiento de la gente de pueblo, también su esfuerzo y su capacidad para salir adelante. La valentía de quienes no esperaban a que les pusiera el Estado una vivienda, sino que se la construyeron a pulso". Por eso no le gusta que se diga feísmo cuando se quiere decir especulación y desastre urbanístico.
A esto último me estoy refiriendo. El feísmo no es la detención de un alcalde por trincar. Eso se llama corrupción. Ni levantar una segunda planta para el hijo que se casa, eso es supervivencia. El feísmo es la consecuencia de que haya alcaldes que entienden que el desarrollo urbanístico es la única salida para su pueblo, y por ello renuncian a imponer una disciplina que comprometa su futuro electoral. Un fenómeno asociado a la falta de control, a la especulación, a la ambigüedad legal o a la ausencia de ella. Las conclusiones del congreso del feísmo iban precedida de una frase del arquitecto Cesar Portela: "Los edificios no son feos, son malos. Son fruto de una sociedad desnortada, atrapada por la especulación y el mal gusto". El feísmo lleva tiempo instalado en el litoral y el campo andaluz. Y aunque no hemos celebrado todavía un congreso como en Galicia, tenemos ya en Andalucía el emblema del feísmo: el hotel de El Algarrobico.
* ELPAIS.com - Opinión - 10/03/2009
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Declaran ilegal el puerto de lujo de Tarragona
ELMUNDO* : El Ayuntamiento de Tarragona vuelve a estar en la cresta de una gigantesca ola de irregularidades urbanísticas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya le obliga a la demolición de los edificios de la Marina Tarragona, el puerto para yates de lujo, por no haber exigido la licencia de obras previa a la construcción.
En una sentencia de 35 páginas a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el TSJC ha ratificado la que ya emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Tarragona hace más de un año con respecto a la ilegalidad del complejo urbanístico del puerto de lujo de Tarragona, denominado Marina de Invierno, para embarcaciones de Recreo del Puerto de Tarragona.
El TSJC va ahora más allá y declara que el conjunto de seis edificios afectado no puede ser legalizado salvo que entre en vigor una nueva figura de planeamiento urbanístico. Con todo, el complejo está en un callejón sin salida, ya que esta última posibilidad parece remota si se tiene en cuenta que la Administración, ya sea municipal, portuaria o autonómica sólo dispone de dos meses para actuar antes de que se ejecute el derribo y, aún así, sería cuestionable su validez si su único objetivo es subsanar el desaguisado.
El magistrado Manuel Taboas indica en su resolución que el Ayuntamiento, cuyas alegaciones tilda de "especialmente farragosas e históricas", renunció a ejercer el control urbanístico que deben observar los municipios. Para ello, el Consistorio se basó en que no era competente porque las citadas obras eran estrictamente portuarias.Sin embargo, la jurisprudencia y las pruebas periciales practicadas - consistentes en ir a echar un simple vistazo al lugar - confirmaron que la zona es lúdica y abierta al uso ciudadano, por lo que el TSJC desbarata esa justificación y concluye que el Ayuntamiento tenía que haber exigido la licencia municipal.
Eximir a los promotores, International Marina Tarragona S.L., de la preceptiva licencia de obras sólo benefició a éstos y perjudicó enormemente a las arcas municipales, ya que se dejaron de ingresar los impuestos correspondientes -cientos de miles de euros-, un dudoso lujo para un Ayuntamiento de Tarragona, que sufre sobrecostes de más de 20 millones de euros en obras municipales que promueve, como la construcción del polémico aparcamiento Jaume I. A pesar de que el Ayuntamiento rechazó, al asegurar que no era de su competencia, la exigencia de la licencia, el entonces equipo de gobierno -CiU y PP- aprobó una Modificación Puntual del Plan General que justificaba la construcción del complejo.
El embrollo legal se remonta al Consistorio liderado por Joan Miquel Nadal (CiU), aunque el actual (PSC-ERC) recurrió la sentencia emitida desde los juzgados de Tarragona que, en lo esencial, recogía los mismos argumentos que la que ahora ha dictado el TSJC.
La sentencia obliga ahora a las administraciones municipal y autonómica a restaurar la realidad física alterada y el orden jurídico vulnerado, a imponer sanciones y a determinar los daños y perjuicios causados. Intentar legalizar las obras que realizó International Marina Tarragona S.L. en terreno de dominio público del Puerto de Tarragona será un trámite de una complejidad extraordinaria, ya que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat disponen de ninguna herramienta jurídica que lo permita.
* El Mundo - Salud Muñoz | Tarragona - 9.03.09
Foto: El edificio del puerto tarraconense.| J. Antonio, elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Cantabria: El Parlamento Europeo debatirá en abril la propuesta de AMA sobre los derribos
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Parlamento Europeo no ha tardado en dar respuesta a la propuesta registrada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos en el proceso de adquisición de sus viviendas. Ayer mismo, la mesa de la Comisión de Peticiones se reunió en Bruselas y admitió a trámite la iniciativa. Y ayer mismo, también, se procedió a fijar para el 16 de abril la fecha del debate parlamentario.
La iniciativa en curso ha sido promovida por la asociación que agrupa a los damnificados por sentencias de derribo en Cantabria -más de un millar de personas- y quedó registrada en el Parlamento Europeo el pasado 2 de abril. El documento fue acompañado por 17.000 firmas, recogidas en los meses y semanas previas.
El propio Marcin Libicki, eurodiputado polaco y presidente de la Comisión de Peticiones, fue el encargado de recoger la propuesta y tramitarla. Libicki recibió a una comisión de integrantes de AMA, encabezada por su presidente, Antonio Vilela. A la reunión también asistieron Carlos Iturgaiz, europarlamentario vasco del PP, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP).
Cambio de normativa
La tramitación de esta propuesta ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es una más de las iniciativas de AMA, pero una iniciativa que reviste de un especial calado.
Con ella se pretende instar a las instituciones comunitarias a promover un cambio en la normativa con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los compradores de viviendas y evitar situaciones de «injusticia» como las que se han padecido en Cantabria en el curso de los últimos años.
Las resoluciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tienen carácter vinculante para los 27 estados integrantes de la Unión. Sin embargo, a menudo son atendidas, de una u otra manera.
El propio presidente de la Comisión explicó que «nuestra experiencia nos dice que , si tomamos alguna decisión en nuestro comité, normalmente se ejerce sobre los estados una presión política satisfactoria». «Tenemos muchos casos que nos han traido y generalmente la gente ha quedado satisfecha con los resultados», aseguró Marcin Libicki ante los integrantes de la junta directiva de AMA, cuando estos tramitaron su petición en el Parlamento Europeo.
Medidas concretas
Las propuestas de AMA pasarían por la creación de un registro público en el que aparecieran todas las sentencias de derribo y procedimientos en curso; la introducción de una nueva obligación para los notarios, que deberían comunicar a los compradores la situación jurídica en que se encuentran las viviendas; y la nueva obligación para las administraciones, que habrían de comunicar tales situaciones a los compradores, también.
Asimismo, la propuesta contempla que las viviendas con sentencias de demolición no se derribarán hasta tanto se hayan abonado las indemnizaciones a los compradores, cuando aquellos hubieran adquirido las viviendas «de buena fe, y con todos los permisos pertinentes».
Por último, el colectivo propone incorporar un protocolo de actuación para estos supuestos, que pasaría por regularizar las viviendas cuando fuera posible, permutar viviendas legales por aquellas otras que fueran ilegales y, en última instancia, llegar a acuerdos con las víctimas cuando fuera posible.
Ahora, es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y los grupos parlamentarios, quienes tienen la última palabra.
LOS AFECTADOS
Datos sobre sentencias
Número de viviendas afectadas: 1.114 viviendas.
Número de urbanizaciones afectadas: 23 urbanizaciones.
Municipios: Argoños (16), Piélagos (5), Arnuero (1) y Miengo (1).
Coste económico aproximado: 234 millones de euros.
* El Diario Montañés - 10.03.09 -
ÍÑIGO FERNÁNDEZ| SANTANDER
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Tema: NOTICIAS Cantabria
Collserola será verde o gris cemento
ELPAÍS/Barcelona* : Tras un camino trazado en medio de un bosque que ahora parece encantado, con árboles de formas torturadas y con las raíces al aire por efecto del vendaval, se yergue la espléndida masía de la Torre Negra, del siglo XII. Solitaria y misteriosa, la finca, de propiedad privada, se muestra ajena al intenso debate desatado en Sant Cugat para preservar los terrenos que la rodean.
Tras 10 años de litigio, el Tribunal Superior de Justicia ha denegado la decisión de la Generalitat de calificar ese bosque de especial protección, por lo que vuelve a ser urbanizable. Pero el Ayuntamiento, gobernado por CiU, ha decidido por unanimidad reanudar los pasos para que la Torre Negra sea declarada zona verde frente a la oposición de los propietarios, encabezados por José Luis Núñez, que aseguran que la justicia les ampara.
Pero el fallo es complejo y es sólo un capítulo más de la larga batalla legal alrededor de este pedazo de montaña tan querido en Sant Cugat por ser la única entrada a Collserola sin edificar. El fallo deniega la protección, pero avisa que eso no implica que deba "prosperar" la tesis urbanizable. El Ayuntamiento, en cualquier caso, recurrirá ante el Supremo. El área abarca 166 hectáreas: la mitad son de Núñez, y la otra, de un grupo de pequeños propietarios. Su plan es construir 2.800 casas en un municipio que ha crecido enormemente y en el que hay pisos sin vender en Can Matas y Vulpalleres.
"Queremos proteger Torre Negra. Si miramos Collserola desde el Tibidabo, las casas llegan arriba y eso no pasa en el lado del Vallès. Nos hemos sentido muy solos, pero las máquinas no han entrado ni entrarán", dice el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, que insta a la Generalitat a que declare ya la sierra parque natural. "Con ese blindaje, el fallo habría sido diferente". El Departamento de Medio Ambiente, del ecosocialista Francesc Baltasar, anunció en 2005 que Collserola sería parque natural. Ahora dice que iniciará el proceso dentro de 15 días. Los ecologistas creen que ha tardado tanto que se ha permitido maniobrar a los ayuntamientos. Y ahora preparan para el día 22 una manifestación contra la política global de los departamentos de Medio Ambiente y de Política Territorial.
Medio Ambiente dice que incluirá Torre Negra en los límites de protección del parque. Los abogados de Núñez, Rafael Jiménez y Lluís Saura, son escépticos. "Me extrañaría mucho que una Administración lo declare parque natural cuando un juez acaba de decir que no lo es. Y si es así, recurriremos", avisa Jiménez. "Todo el argumento municipal de que Torre Negra era de interés público ha desaparecido. Con este fallo, ya no hay parque rural en Sant Cugat. El Ayuntamiento no está legitimado para expropiar e intervenir".
Considerada un lugar emblemático, próxima al Pi d'en Xandri, el Ayuntamiento decidió tras las elecciones de 1999 cambiar la Torre Negra de zona urbanizable a verde. Lluís Llerena, de la Plataforma de Defensa de Torre Negra, cree que los partidos se vieron presionados por el clamor popular porque el Ayuntamiento no fue tan sensible cuando quiso urbanizar Can Busquets, en La Floresta. "Eran 60 casas y no es una zona con tanto valor ecológico. Es incomparable", alega Recoder. "Nadie quiere pasar a la historia como el primero que urbaniza Torre Negra", explica Manel Cunill, de Depana.
El acuerdo es total y sin fisuras, salvo cuando lo rompió el año pasado el Partido Popular. "Sólo decimos que hay propietarios a los que se deben compensar", dice Berta Rodríguez, del PP. "La Generalitat y la Diputación deberían ayudar a pagar". Pere Feliu, presidente de los propietarios, abunda: "Estamos abiertos a negociar. Si no podemos construir, que se nos compense con una permuta. No hay dinero para pagarnos y ofrecemos algo cómodo: urbanizamos 20 hectáreas y cedemos el resto. Collserola es propiedad privada. Hay familias que tienen fincas desde hace generaciones".
Cunill dice que la gente confunde el derecho a la propiedad con el de edificar, y Daniel Jiménez Schlegl, abogado experto en urbanismo, sostiene que los dueños sólo pueden ser indemnizados si el plan ya estaba aprobado, y como no es el caso, sólo podrían recurrir a la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración por los gastos del proyecto. Los abogados de Núñez admiten que la cuestión de la indemnización queda lejos. "Es otra discusión", dice Jiménez, que añade que Sant Cugat puede modificar su planeamiento urbanístico, pero quedará en nada si la justicia da la razón en otro asunto: anular la desestimación provisional del Plan de Actuación Urbanística de 1998.
Mientras, los vecinos de Finestrelles, en Esplugues, al otro lado de Collserola, miran con melancolía la zona arbolada que ha desaparecido de la falda de Sant Pere Màrtir, cuya parte superior está integrada en la Red Natura 2000. "Aquí había jabalíes, zorros, perdices... no queda nada. Sentimos impotencia", dice desolado Paco Felipe, presidente de los vecinos de Finestrelles, tras una lucha que empezó en 1991. "Han árboles y cimentado la montaña", añade Eulàlia, de la asociación. La operación urbanística Caufec, ahora Porta-Barcelona, consiste en la desaparición de 30 gigantescas torres de alta tensión, que desaparecerán en junio, el soterramiento de las líneas y la construcción de dos torres gemelas, bloques de pisos y un centro comercial.
Las obras comportan que se haya ajardinado la falda de Sant Pere Màrtir, donde se ha habilitado un ancho camino asfaltado. Pilar Díaz, la alcaldesa, del PSC, afirma que la parte baja de la avenida era un antiguo circuito de motocross abandonado donde nunca hubo bosque. "Eso no era Collserola y los caminos de la falda son para mejorar la accesibilidad y para que se pueda pasear, ir en bici o patinete. Era una zona impracticable. La mayoría de la gente está encantada. Entiendo que un grupo se queje, pero no que se otorguen la representación de todos. Esto nos va a comportar 6.000 puestos de trabajo". Pero la lucha sigue: Enric, de 28 años, uno de los jóvenes que se colgaron de una de las torres de Esplugues en 2007 contra el Caufec, puede desde hoy pasar 10 días en prisión porque se niega a pagar 60 euros de multa por desobediencia. Será una protesta más contra el ataque a Collserola.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 09/03/2009
Foto: La zona de Esplugues de Llobregat, antes y después del proceso de urbanización- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
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10.3.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Cataluña