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ABC/Valencia* : La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº6 de la localidad imputada por un presunto delito contra el medio ambiente. La comparecencia de Bastidas, también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se produjo a petición del fiscal en el marco de unas diligencias abiertas en 2006 como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La edil de Alzira está siendo investigada por vertidos de aguas sin depurar en el río Júcar entre 2004 y 2006. Los hechos supuestamente delictivos se concretan en el colector que daba servicio al polígono industrial del Tulell y que vertía directamente en el citado río sin que antes mediara ningún proceso de depuración de las aguas residuales. «No existía sistema de tratamiento de residuos y todo llegaba directamente al cauce del Júcar», explican fuentes del Ministerio Público.
La Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de los hechos al Ayuntamiento, pero éste delegó la responsabilidad de solucionar el problema en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue entonces cuando la CHJ acudió al juzgado ante la persistencia del problema. El instructor ordenó que se tomaran muestras y requirió un informe al Instituto de Medicina Legal para determinar la toxicidad de los vertidos. El forense ecotoxicólogo confirmó que los vertidos «podían causar grave daño al medio ambiente».
Ayer, en su declaración, que se prolongó durante una hora, la alcaldesa dijo conocer la existencia de esos vertidos. En su descargo, volvió a esgrimir la tesis que ya había utilizado para responder a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que adoptara medidas: insistió en que las competencias para sanear las aguas y evitar los vertidos en el caude del río eran del Ministerio de Medio Ambiente. La normativa es clara al determinar las competencias municipales en el tratamiento de las aguas residuales, señalan desde la Fiscalía, en alusión a la Ley de Bases de Régimen Local, de ámbito estatal, y la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales, aprobada por la Cortes Valencianas.
Medidas correctoras
La alcaldesa de Alzira, la primera persona que declara como imputada en este procedimiento pese a que las diligencias se incoaron en 2006, explicó ayer al juez instructor y al fiscal que el Consistorio llegó incluso a excederse en sus atribuciones adoptando algunas medidas, como la aprobación de unas ordenanzas sobre vertidos, para resolver el problema. Estas medidas, con todo, serían posteriores a la comisión del presunto delito.
* ABC - SABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 16.01.2009
Foto: Río Júcar a su paso por la comarca de la Ribera, en Valencia - abc.es
La alcaldesa de Alzira declara ante el juez imputada por vertidos de aguas residuales
El Tribunal Supremo anula la licencia de construcción de 6 hoteles en Fuerteventura
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CANARIAS7* : El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la empresa Oliva Oceánidas SL contra la anulación de seis licencias municipales para la construcción de otros tantos establecimientos hoteleros en El Cotillo, en el municipio majorero de La Oliva.
Según se señala en un pronunciamiento de la Sala quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal, la anulación de las licencias fue procedente, al no haberse obtenido la autorización previa para el proyecto de actividad turística de estos seis hoteles dentro del Plan Parcial Costa del Faro SAU-1.
También se especifica en su sentencia, contra la que no cabe recurso, que la forma de proceder del Ayuntamiento de La Oliva, entonces presidido por Domingo González Arroyo, al otorgar estas licencias de edificación supeditándolas a la obtención de las autorizaciones que debieran conceder otras administraciones "es un subterfugio".
Con él se buscaba eludir el precepto legal que "categóricamente" establece que dicha autorización es previa a la concesión de la licencia de edificación, se establece en ella.
El acuerdo municipal que autorizaba estos hoteles fue recurrido por el Gobierno Autónomo y anulado en 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por no ser conforme a derecho.
Esta resolución motivó que la empresa promotora presentase un recurso de casación ante el Supremo, que ahora ha dictado sentencia dando la razón al Ejecutivo canario y condena al recurrente al pago de las costas procesales.
* Canarias 7 - EFE - 16.01.2009
Foto: La Oliva (Fuerteventura), ayuntamiento - flickr.com
La UE plantea una moratoria de los planes urbanísticos insostenibles
ELPAÍS* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera imprescindible una moratoria para los nuevos planes urbanísticos que no respeten los criterios "rigurosos" de sostenibilidad ambiental y no garanticen el derecho de la propiedad y, además, plantea frenar aquellos otros programas que no tengan asegurada el agua.
Estas son las principales conclusiones del borrador del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación del derecho comunitario, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes.
La eurodiputada expondrá el próximo martes el documento a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En esa sesión, el documento se someterá a un nuevo debate para su aprobación. Aparte, de los eurodiputados de los distintos grupos, en el acto intervendrán un representante de la Generalitat Valenciana y un portavoz del colectivo Abusos Urbanísticos No.
Si finalmente el informe recibe el visto bueno, se fijará un calendario (incluye plazo para la presentación de enmiendas e informes de opinión de otras tres comisiones de la Eurocámara) antes de ser debatido en el pleno del Parlamento Europeo. Este extremo no se producirá antes del próximo mes de marzo, según distintas fuentes oficiales consultadas por este periódico.
La propuesta de resolución al Parlamento Europeo que recoge el borrador de la eurodiputa Auken incluye 19 peticiones. La ponente del informe expone hasta un total de 23 consideraciones para justificarlas. Las más destacadas hacen referencias al choque de la normativa urbanística estatal y regional en materia ambiental con las directivas europeas y los supuestos abusos cometidos sobre el "legítimo" derecho a la propiedad. Sobre este último punto remarca que el Tribunal Constitucional "no ha proporcionado una interpretación exhaustiva del artículo 33 de la Constitución española que alude al derecho a la propiedad".
El informe destaca que en el curso de la actual legislatura, la Comisión de Peticiones, "ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos contra los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España". La ponente alude a la inquietud de la Comisión "respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales de España".
Auken señala la lentitud de los tribunales ante el reto de "la urbanización excesiva", y precisa: "El Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". La eurodiputada advierte de que esta actividad, respaldada por autoridades locales y regionales "irresponsables" a través de una inadecuada legislación, ha dañado la imagen de España en Europa.
El informe de Margrete Auken resalta que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados han acarreado la reclasificación de suelo rural "para provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor". La europarlamentaria asegura que España, y en especial la costa del Mediterráneo, ha sufrido una destrucción masiva en la última década, a consecuencia del urbanismo salvaje, "y todo por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción".
Los pilares del documento de la eurodiputada danesa (tres años después del primer informe de Bruselas sobre los efectos del urbanismo salvaje) han sido las tres visitas que miembros de la Comisión de Peticiones han realizado sobre el terreno a España, las 186 peticiones recibidas sobre supuestos abusos urbanísticos planteadas y avaladas por unas 15.000 firmas, y la denuncia de Los Verdes sobre 250 proyectos urbanísticos que no tienen garantizada el agua.
En los tres apartados, el protagonismo del urbanismo valenciano ha sido estelar. Miembros de la Comisión de Peticiones han inspeccionado sobre el terreno en tres ocasiones los municipios valencianos que incluyen programas urbanísticos rayanos en el urbanismo salvaje. En la última visita, en febrero de 2007, los representantes de la Comisión pasaron, entre otras, por las poblaciones de Orihuela, Catral, Torrevieja, Oropesa, Parcent, Cullera y Oropesa.
El grueso de las 186 peticiones ha sido formulado por residentes en la Comunidad Valenciana. Éstos han planteado supuestas vulneraciones del derecho a la propiedad en los procesos de urbanización o reparcelación de programas de actuación urbanística (PAI) que afectaban a edificaciones ya consolidadas.
Y también en el tercer bloque (la denuncia de Los Verdes sobre planes urbanísticos tramitados sin tener garantiza el agua ni con el informe favorable de los organismos hidrológicos competentes) la Comunidad Valenciana se ha llevado la palma. Los grandes PAI que se proyectan en el territorio valenciano (entre ellos el plan Rabassa, Nou Mil·leni o el Manhattan de Cullera) se encuentran en la lista objeto de una investigación por parte de la Comisión.
Los eurodiputados valencianos mantienen una opinión disímil respecto al informe Auken. Así, José Manuel García Margallo, del Grupo Popular, califica de "grueso calibre los considerandos del informe referidos a la hipotética vulneración del derecho a la propiedad". El eurodiputado del PP reclamó la presencia de un representante del Gobierno español para explicar a la Comisión "todas esas acusaciones". Mientras, el eurodiputado del PSOE Vicent Garcés subraya que el sentido final del voto de su grupo al informe en el pleno del Parlamento está supeditado a "la resolución de la denuncia sobre la Ley Valenciana de Urbanismo que instruye el Tribunal de Estrasburgo, el informe oral de la ponente ante la Comisión de Peticiones el martes y la evolución de la crisis que atenaza al sector inmobiliario y de la construcción".
El colectivo Abusos Urbanísticos No (la entidad que surgió en 2005 en La Marina ante el aluvión de denuncias de afectados) expresó su conformidad con la argumentación y propuestas del informe y reiteró su crítica al urbanismo valenciano, "que no ha resuelto una situación insostenible".
Urbanismo salvaje
- 186 peticiones: En la actual legislatura la Comisión de Peticiones ha recibido 186 denuncias sobre otros tantos casos de abusos urbanísticos, avaladas por 15.000 firmas. El grueso de las peticiones partió de la Comunidad Valenciana.
- Tres visitas: El aluvión de denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos acarreó hasta tres visitas de los eurodiputados a la Comunidad Valenciana para verificar el alcance del urbanismo salvaje
- Planes sin agua: La denuncia sobre el caótico urbanismo valenciano alcanzó su mayor dimensión con el dato revelado por Los Verdes: de casi 260 urbanizaciones autorizadas en España sin agua, 129 se proyectan en el territorio valenciano.
- Informe demoledor. Tras varios años de recabar datos, la eurodiputada Margrete Auken ha redactado un informe demoledor para la gestión urbanística del Gobierno valenciano. El documento está a expensas de su debate y aprobación en la Eurocámara.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/01/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Andalucía: La Fiscalía investiga a otros dos alcaldes por corrupción urbanística
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz ha abierto diligencias contra el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), para determinar si financió de manera irregular la pasada campaña electoral. El empresario Manuel Lores, ex presidente del equipo de fútbol Racing Portuense, sostuvo el pasado diciembre que Juan José Fortes que, según él, decía hablar en nombre de Moresco, le había pedido una aportación económica de 20.000 euros destinada a la campaña del Partido Popular en las pasadas elecciones locales.
A cambio, Lores esperaba que si el PP conseguía la alcaldía, desde el Ayuntamiento se le allanara el camino para desarrollar un gran proyecto inmobiliario vinculado a un nuevo campo de futbol.
Meses después, una vez que el PP obtuvo el gobierno local, el empresario y la concejal de Urbanismo, Patricia Ibarra, firmaron un convenio que fijaba los criterios para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Hasta el momento, el PP ha negado la veracidad del contenido de la denuncia y ha precisado que el documento firmado con Lores establecía que la adjudicación de las obras quedaría establecida por un concurso público. El mes pasado, Izquierda Unida plasmó las acusaciones públicas de Lores en la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias.
Moresco rehusó ayer opinar sobre la actuación de la Fiscalía, aunque sí lo hizo un portavoz del Ayuntamiento portuense, que calificó como "un trámite menor" y precisó que el propio Moresco ha presentado, a su vez, una denuncia contra Manuel Lores. El alcalde recibió el pasado diciembre el apoyo del presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, quien se comprometió a estar al lado de Moresco "hasta las últimas consecuencias".
La Fiscalía de Almería también trabaja en un caso de supuesta corrupción urbanística a escala municipal. El Ministerio Público acusa al ex alcalde socialista de Ohanes -dimitió del cargo y se dio de baja del partido el lunes pasado- Juan Francisco Sierra de haber recibido dinero de manos de un constructor y promotor a cambio de la firma de las licencias de primera ocupación de unas viviendas. La Fiscalía le imputa los delitos de coacción y cohecho.
El empresario presentó la denuncia ante la Fiscalía hace dos semanas. Según fuentes de la investigación, el denunciante de Sierra aportó entonces documentación y pruebas relacionadas con alguno de los pagos que presuntamente recibió el alcalde y cuya cantidad es "menor" de 80.000 euros. Las mismas fuentes precisaron que la cantidad total del dinero que Sierra pudo haber recibido tendrá que "acreditarse" durante el proceso judicial. "Pedía dinero para que él actuara en algo que aparentemente él tenía obligación de hacer. Algo como dar una licencia de primera ocupación", detallaron fuentes del caso. Las mismas fuentes precisaron que, según consta en la denuncia presentada, las presuntas coacciones realizadas por Sierra sólo se hicieron contra un empresario, el mismo promotor y constructor que ha denunciado el caso ante la Fiscalía.
En un primer momento, el PSOE de Almería envió un comunicado en el que anunciaba la dimisión de Sierra, de 31 años, "por motivos de salud". El mismo comunicado precisaba que Sierra había renunciado "satisfecho por la gestión realizada". Sin embargo, 48 horas después, un segundo comunicado con declaraciones del secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE, Juan Antonio Segura Vizcaíno, aseguraba que todos los alcaldes y concejales del partido socialista "Son personas dignas y honradas" y que aquellos que se han desviado de esa línea de comportamiento habían sido apartados "inmediatamente" del partido.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN / M. J. LÓPEZ DÍAZ - El Puerto / Almería - 16/01/2009
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Zaragoza: Protesta para exigir más control urbanístico
ELPERIÓDICO* : Los vecinos de La Paz volverán a salir mañana a la calle para exigir al Ayuntamiento de Zaragoza que dé respuesta a dos problemas arrastrados desde hace años: el estudio del impacto de las antenas de telefonía móvil y la altura de los edificios que se construyen.
Por un lado, se reclamará que realice un estudio epidemiológico que mida el impacto que la concentración de aparatos de telefonía móvil en la plaza Gallur tiene en la salud de los ciudadanos. Pero por otro lado, los ciudadanos solicitarán también que la Gerencia de Urbanismo controle la altura de los edificios que se construyen en el barrio, puesto que algunos de ellos sobrepasan en varios metros lo exigido en el Plan General de Ordenación Urbana.
En el caso de las antenas de telefonía móvil, los colectivos sociales de La Paz exigen que se cumpla un mandato de pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se acordó realizar mediciones del impacto de estos aparatos en los ciudadanos (para intentar comprobar si existe relación entre sus emisiones y la aparición de enfermedades). De momento, después de varios años de protestas y reclamaciones, se ha logrado la retirada de una de las antenas, pero siguen existiendo dos.
También se consiguió que desde la Dirección General de Salud realizasen un pequeño estudio, pero sin datos cruzados y, según los vecinos, "sin rigor científico".
En lo que respeta al control de la altura de los edificios, el problema se centra en la calle Fray Elías del Limonar, donde los vecinos han denunciado que al menos tres edificios superan lo estipulado en el PGOU. "No han construido una planta entera más, pero sí han levantado varios metros que reducen las vistas y rompen el equilibrio urbanístico del barrio", explicaron desde uno de los colectivos vecinales.
Los residentes en La Paz no entienden cómo el desacato de los promotores de esos tres edificios ha podido pasar desapercibido en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. "No tiene ningún sentido que tengamos que ser los vecinos quienes nos preocupemos de hacer cumplir la normativa urbanística. ¿Es que no hay un servicio de inspección para comprobar si los edificios se adaptan a lo que marca el PGOU?", expusieron las citadas fuentes.
La Asociación de Vecinos de La Paz ha solicitado una reunión con el máximo responsable de Urbanismo, el socialista Carlos Pérez Anadón, pero hasta la fecha no han sido recibidos. La concentración de protesta de mañana comenzará a las seis en la calle Fray Elías del Limonar.
* El Periódico de Aragón - 15/01/2009
Foto: Los vecinos de La Paz, en una protesta anterior - elperiodicodearagon.com
Un juez tumba un convenio urbanístico de Getafe
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MADRIDIARIO* : El Juzgado de lo Contencioso - administrativo nº22 de Madrid anuló este jueves el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Getafe y la Junta de Compensación del Rosón para el desarrollo de esa zona donde se pretenden construir 2.700 viviendas libres.
El Partido Popular pidió este jueves la creación de una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas que podrían afectar al ex concejal de Urbanismo Santos Vázquez y al alcalde de Getafe, Pedro Castro, apuntó el concejal del PP José Luis Vicente.
El convenio, aprobado por el pleno municipal, establecía la venta de 22.184 metros cuadrados edificables en propiedad del Ayuntamiento de Getafe a los propietarios de la Junta de Compensación del Rosón al precio de 1.140 euros el metro cuadrado, por un total de 26.321.460 euros, según el PP.
La sentencia señala que "el acuerdo de sustitución económica del aprovechamiento urbanístico que corresponde al municipio de Getafe ha vulnerado el procedimiento debido, al no darse el requisito de no ser posible la cesión".
Y añade: "La monetarización solo es posible cuando no lo sea la cesión de terrenos, de tal suerte, que el convenio podrá establecer la compensación económica únicamente cuando concurra dicha condición".
Según Vicente, la justicia ha declarado nulo el acuerdo de julio de 2006 al considerar que "no es posible esta venta" y lo que se tendría que haber hecho "es la cesión gratuita de los terrenos del Ayuntamiento en parcelas edificables".
La tasación fue encargada por la Concejalía del Área de Desarrollo Económico y establecía en ella un precio de 1.140 euros el metro cuadrado, frente a los 1.800 metros cuadrados en los que se estaban realizando las compras-ventas de suelo entre particulares en el desarrollo urbanístico de El Rosón.
Para el PP, con esta operación las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar 15 millones de euros y sería un "posible caso de corrupción urbanística".
El concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, indicó que la sentencia ha sido recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para defender la "coherencia" de la operación que el Ayuntamiento hizo en su momento y lo demás, a su juicio, "es especular".
El Juzgado número 22 de Madrid estimó el recurso interpuesto por un particular ante el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Getafe y los propietarios de los terrenos de El Rosón que ha desembocado en esta sentencia.
* Madridiario - 15-01-2009 - MDO / EFE
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
Alhaurín: Un soborno grabado en directo
LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero señala en su escrito que José Gregorio Guerra, edil de Urbanismo (PP), exigió, sin éxito, "a un empresario la suma de 122.000 euros como contrapartida a la licencia de obras concedida, con infracción de la normativa urbanística de aplicación".
Pretendía que el empresario pagase esa cantidad si quería más edificabilidad en una parcela. Sin embargo, este testigo protegido, clave en el transcurso de los hechos, grabó la conversación con la ayuda de la policía y la autorización de la autoridad judicial.
En concreto, la empresa quería promover un edificio de 14 viviendas y locales comerciales en una parcela de 253 metros cuadrados en la calle Azucena de Alhaurín el Grande. "Los hechos imputados están acreditados, indiciariamente, por las declaraciones prestadas por dicho empresario así como por las grabaciones judicialmente autorizadas de las conversaciones mantenidas entre el recurrente y dicho señor, que corroboran esa solicitud de dinero por parte del imputado", refleja el responsable de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga.
El edil de Urbanismo concedió esa licencia de obras el 21 de abril de 2006, a pesar de que en el expediente administrativo consta un informe negativo por parte del arquitecto municipal, al superar las obras proyectadas la edificabilidad permitida.
A pesar de ello, el asesor jurídico municipal J. B. G. hizo un informe favorable y aseguró, en el mismo, que el estudio efectuado por el arquitecto era positivo, "lo que es radicalmente falso", apunta el acusador público.
Registros. El fiscal recuerda además que con motivo de la entrada y registro llevada a cabo el 18 de enero de 2007 en uno de los domicilios del alcalde en Alhaurín el Grande, los policías pudieron hallar 64.780 euros en efectivo.
También incide en que durante la intervención de su despacho en el mismo Consistorio de la localidad pudieron incautarse de 7.000 euros en líquido, motivo apuntado por el fiscal, quien muestra su extrañeza por este importante hallazgo.
* La Opinión de Málaga - J. A. SAU - 15.01.2009
Foto: alhaurinelgrande - iupizarra.org
El PGOU de Alicante está "preso del ladrillo", dice la plataforma cívica
ELPAÍS* : El desorbitado suelo urbanizable programado y la desprotección de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad centran las alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) y el PSPV.
Para la plataforma, entidad cívica que surgió en contestación al plan Rabassa, "el PGOU es un documento preso de la lógica del ladrillo". En su avance de alegaciones, el PSPV también resalta este aspecto: "El proyecto de plan general sigue abundando en el modelo insostenible de ciudad difusa por el consumo indiscriminado de suelo".
Las alegaciones de la PIC fueron presentadas ayer por el presidente del colectivo, Manuel Alcaraz. En el apartado de valoración global del documento, Alcaraz subrayó que el nuevo PGOU es un "documento político bajo sospecha". "El proyecto está siendo difundido, vendido propagandísticamente, pero se ha elaborado sin participación, incluso vulnerando algunas de las normas en el proceso de redacción", explicó. Alcaraz también abundó en los errores incluidos en la documentación y la ausencia de informes preceptivos, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental y la Memoria de Sostenibilidad Económica. "No sabemos cuánto costará ni cómo se pagará el nuevo PGOU", precisó Alcaraz.
El presidente de la PIC subrayó, además, la "desorbitada" reclasificación de suelo no urbanizable, más de 13 millones de metros cuadrados de manera directa, sin incluir el Plan Rabasa. La PIC criticó el proyecto del sector del estadio Rico Pérez, "una reclasificación a la medida del dueño del Hércules, el contratista Enrique Ortiz".
Mientras, el portavoz del Grupo Socialista municipal, Roque Moreno, tildó de "estafa y chapuza que favorece a unos cuantos y perjudica a la mayoría" la propuesta de nuevo planeamiento impulsada por el gobierno del PP. Moreno, aparte de criticar los errores del documento, rechazó el excesivo nuevo parque de viviendas (40.000 nuevas casas) y también se opuso al proyecto comercial del Rico Pérez y el soterramiento de la avenida del Conde de Vallellano. El portavoz socialista aseguró que su grupo presentará el viernes un total de 150 alegaciones. "Todo con el fin de articular un verdadero modelo de ciudad sostenible, con un crecimiento ordenado y multifuncional", explicó.
Más protección para el saladar de Agua Amarga
En el apartado del medio ambiente, las alegaciones de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) hacen hincapié en la necesidad de reforzar la protección de la primera zona húmeda del término de la capital alicantina, el saladar de Agua Amarga, al sur de la ciudad. La entidad cívica señala que la propuesta del nuevo PGOU reduce de forma significativa (casi un 30%) la protección que preveía el primer equipo redactor del planeamiento, que dirigió el arquitecto Lluís Cantallops.
De esta forma, la PIC rechaza que el nuevo PGOU reclasifique como urbanizable un sector de aproximadamente 590.000 metros cuadrados del perímetro de protección del humedal. Ello supone rebajar de dos a 1,4 los millones de metros protegidos. En su alegación, la PIC resalta, además, que la reclasificación de este sector choca con la clasificación como suelo no urbanizable protegido o común que el vigente planeamiento de la ciudad de Elche otorga a los terrenos colindantes.
También en el ámbito de Agua Amarga, la plataforma rechaza el nuevo vial que desde la N-322 bordeará por el sur el humedal. "Proponemos que se desmantele la actual N-332 en el marco de una amplia reordenación viaria del entorno del saladar", recoge el documento de alegaciones. Además de esta alegación concreta para elevar el grado de protección del humedal, las alegaciones de la PIC abundan en las deficiencias que recoge el estudio de sostenibilidad ambiental. Entre otras carencias, según el colectivo, ni en la memoria justificativa ni en el documento de informe de sostenibilidad ambiental hay mención alguna a los posibles efectos del cambio climático y también "es muy deficiente" el capítulo dedicado al análisis de riesgos naturales, entre otros, de contaminación de las aguas subterráneas, de inundaciones o erosión.
En el apartado de recursos hídricos, tanto las alegaciones de la PIC como el avance presentado por los socialistas alicantinos critican las deficiencias del estudio que debe recoger las necesidades de agua de la ciudad a medio plazo. Y el PSPV pone el énfasis en la ausencia de una previsión del consumo de agua para el futuro crecimiento, inmobiliario e industrial, que prevé el PGOU.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 15/01/2009
Foto: Alicante, zona de Agua Amarga - mma.es
La Fiscalía pide que se enjuicie al alcalde de Alhaurín el Grande y a otras 24 personas por la supuesta trama de corrupción urbanística
SUR/Málaga* : La Fiscalía ha solicitado que se inculpe al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y a otras veinticuatro personas en el denominado "caso Troya", que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en esta localidad. Según el escrito, "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito".
El ministerio público mantiene que estas personas ofrecían a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad que la legalmente permitida en la norma de planeamiento municipal a cambio de una retribución económica.
Estos pagos están acreditados por anotaciones manuscritas y constan en archivos informáticos que fueron intervenidos en su día con motivo de las diligencias de entrada y registro que se llevaron a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el ámbito de este procedimiento judicial.
De acuerdo con las mencionadas anotaciones, en la Corporación municipal "incluso estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido para esos parámetros".
De este modo, el metro cuadrado de techo de más se cifraba en la cantidad de 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se le aplicaba la suma de 6.000 euros.
De ahí se obtenía el lucro "que se aseguraban aquellos empresarios y promotores que se prestaban a efectuar dichos pagos a las autoridades municipales", según la Fiscalía.
Además, en su escrito indica que la trama descubierta estaba dirigida por el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, respectivamente.
El cometido del edil de Urbanismo era, según el ministerio público, controlar y contabilizar "adecuadamente" tanto los pagos efectuados como los que debían realizar los promotores y empresarios a cambio de las licencias de obras ilegales.
Ingresos
En cuanto al asesor jurídico de la oficina técnica del Ayuntamiento, el fiscal entiende que "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal" y que contaban con informes negativos del arquitecto municipal, informaba "siempre a favor" del otorgamiento de los permisos.
Para el alcalde, el fiscal pide que se le impute los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística, y para su mujer, el de blanqueo de capitales.
Respecto a ambos, el escrito de la Fiscalía señala que trataron de ocultar las "ilícitas ganancias" obtenidas por el alcalde, "producto de la actividad delictiva desplegada desde su cargo".
El informe alude a "numerosos ingresos" efectuados por el alcalde de Alhaurín el Grande en sus cuentas bancarias de procedencia desconocida por importe de más de 50.000 euros.
Además, en las cuentas de su esposa figuran en el año 2006 ingresos en efectivo por un importe superior a 30.000 euros, que se produjeron en "sólo seis operaciones".
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que este informe constituye la petición formal de imputación, tras la cual el juez instructor del caso dictará un auto de procedimiento abreviado y, posteriormente, la apertura de juicio oral.
* SUR - MONTSE MARTÍN / AGENCIAS - 14.01.2009
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
300 viviendas serán derribadas para recuperar el parque de los Tres Turons
ELPAÍS/Barcelona* : Unir los parques de la Creueta del Coll, Guinardó, Turó de la Rovira, Carmel y el parque Güell de Barcelona -122 hectáreas de verde urbano que configurarán el gran parque de los Tres Turons- supone el derribo de 300 casas y una inversión de cerca de 300 millones de euros.
Ésa es la última propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona para un controvertido proyecto que se ha visto cortocircuitado en más de una ocasión por la oposición de los afectados, que veían que se quedaban sin sus casas. La mayor parte de ellas son casitas que se encaraman por Can Baró y el Turó de la Rovira, entre otras zonas de los parques. Allí hay actualmente 764 viviendas que se encontraban fuera de normativa, algunas desde el plan comarcal de 1953.
El plan, que ayer fue presentado a los vecinos, supone consolidar 464 de esas viviendas y la piqueta para las restantes 300. Se consolidan las que están en las zonas más perimetrales y se derribarán, de acuerdo con esa propuesta, las que están más hacia el interior y las cotas más altas. El compromiso del Consistorio es construir las viviendas de realojamiento junto a las que han quedado consolidadas.
"Es una planificación que requiere tiempo", apuntó el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. No menos de unos 16 años para expropiar, obtener el suelo para las nuevas viviendas y construirlas. Y una inversión que se calcula en casi 300 millones, exactamente 298, precisó el concejal de Urbanismo, Ramón García Bragado. De ahí la necesidad de realizarlo por fases. No sólo se trata de pisos. La planificación también supone la ampliación de equipamientos y la construcción de nuevos: guarderías, escuelas y polideportivos.
De momento, la propuesta de modificación del Plan General Metropolitano para la creación del gran parque de los Tres Turons dará su primer paso en la comisión de urbanismo del Consistorio. PSC e ICV cuentan con el apoyo -todavía no explicitado completamente- de Esquerra Republicana, que el año pasado condicionó su voto positivo a la reforma del Carmel a afrontar, a continuación, el parque de los Tres Turons. También puso otra condición: que no se construyera más viviendas de las necesarias para realojar a los afectados que quieran quedarse en el barrio.
Ése ha sido uno de los temores de los vecinos; que se aprovechara la reforma para construir más. En cualquier caso, las asociaciones de vecinos de Can Baró y la de los Tres Turons mantienen su oposición a la afectación de las viviendas. "Nosotros consideramos que es posible un parque mixto", explicaban desde la asociación de vecinos de Can Baró.
Otra representante vecinal, Conchita Lozano, insistía ayer en que la propuesta municipal supone la piqueta para viviendas "que están perfectamente" y que pueden convivir en zona de parque: "si es posible en el parque Güell, ¿por qué no en el resto?", se preguntaba. En cualquier caso, la planificación será muy larga y acaba de empezar.
* ELPAIS.com - BLANCA CIA - Barcelona - 14/01/2009
Foto: Viviendas que serán afectadas por el derribo- GIANLUCCA BATTISTA, elpais.com
El TSJCV suspende el PAI de Portaceli porque "los perjuicios serían irreparables"
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LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos Torre de Portaceli, ubicada junto a los terrenos del Plan de Actuación Integrada (PAI) donde el Ayuntamiento de Serra pretende urbanizar 155 hectáreas en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cartuja, ha salido al paso del anuncio realizado el fin de semana pasado por el equipo de gobierno en relación al desbloqueo del proyecto.
El primer edil apeló a una segunda versión del plan especial de protección que incluye las exigencias de la Conselleria de Cultura (eliminar del PAI 8.000 metros cuadrados del entorno de la masía de la Torre para no quedar afectado por el BIC) como el último obstáculo que faltaba para la ejecución del proyecto.
En este sentido, fuentes de la asociación señalaron ayer que "después de que la Conselleria de Medio Ambiente aprobó el PAI en agosto de 2007, los vecinos presentamos un contencioso administrativo por el que finalmente el juez, tras recurrir una primera decisión en contra de nuestros intereses, dictó un auto el pasado mes de octubre de 2008 en el que suspendía cautelarmente el PAI".
El documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV entiende que "se trata de un PAI enclavado en una zona de influencia del PORN Sierra Calderona, por lo que, de ejecutarse el PAI los perjuicios serían irreparables" y apela a la existencia de dos informes desfavorables en algunos aspectos del proyecto, como el emitido por el Jefe de Área de Planificación y Ordenación del Territorio de 19 y 23 de mayo de 2006 y el redactado por la Sección de Espacios Naturales del Servicio Territorial de Medio Ambiente, para justificar la suspensión cautelar del proyecto.
Respecto al BIC, los vecinos de la urbanización Torre de Portaceli, no entienden "por qué el ayuntamiento en vez de incrementar la protección del paraje en el plan especial, ha aprovechado para desprotegerlo". En este sentido, recuerdan que "incluso nuestra urbanización estaba en la zona protegida de la Cartuja de Portaceli, sólo que se excluyó porque ya estaba consolidada". El ayuntamiento pedirá el levantamiento de la suspensión.
* Levante-EMV - Óscar Delgado, Serra - 14.01.2009
Foto: Serra (Valencia) - lasprovincias.es
665.000 madrileños no duermen por el tráfico
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MADRIDIARIO* : El tráfico causa en la capital muchas más molestias a sus habitantes por la noche que por el día. El Mapa Estratégico del Ruido, que será aprobado definitivamente este jueves, refleja que hasta un 20 por ciento de los madrileños sufren por la noche niveles de ruido superiores a lo permitido por la ley, mientras que durante el día son el 6 por ciento.
El trabajo de 25 técnicos durante dos años ha permitido cartografiar el ruido provocado por el tráfico en la ciudad de Madrid en el Mapa Estratégico del Ruido. De él se desprende que los lugares más afectados son las grandes vías de distribución interior, como el eje Castellana-Atocha y los nudos viarios de la M-40 con la M-23 en O'Donnell o con la autovía del Sur.
Esta herramienta permite saber el número de personas privadas del "derecho constitucional" del silencio, según lo denominó este martes el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. En Madrid, hay 665.400 personas afectadas por la noche (soportan más de 55 decibelios) y 182.200 por el día (más de 65), solo teniendo en cuenta el tráfico rodado, ya que el cálculo de la huella sonora de Barajas o de las estaciones de Cercanías corresponde a AENA y ADIF respectivamente.
Con estas cifras, el alcalde afirmó que Madrid presenta unos niveles de ruido similares al de otras ciudades europeas de dimensiones parecidas y que en sus calles hay menos personas expuestas a niveles sonoros altos que en otras capitales españolas como Valencia, Málaga o Bilbao.
Medidas contra la contaminación acústica
Según explicó Gallardón, con el Mapa Estratégico del Ruido y la calificación de zonas según su sensibilidad acústica, es decir, el establecimiento de los máximos permitidos de ruido en cada zona según su uso, el Ayuntamiento podrá declarar los lugares donde se superen esos límites como zonas de protección acústica.
Con el fin de reducir el ruido que sufren los habitantes de las futuras zonas de protección se adoptaran medidas como la utilización de pavimento poroso, instalación de pantalla acústicas, reducción de los límites de velocidad o aislamiento acústico de fachadas.
Pero las medidas tardarán en llegar algún tiempo más. Fuentes municipales aseguraron que faltan al menos seis meses para que Madrid disponga de un plan conjunto de lucha contra el ruido, como anunció Gallardón este martes, ya que primero las áreas de sensibilidad acústica tendrán que salir a información pública, lo que se producirá este jueves.
No obstante, el regidor recordó que Madrid ya ha tomado medidas para mitigar el ruido, como las brigadas conjuntas de policías y técnicos, la mejora de un millón de metros cuadrados de asfalto, la restricción del tráfico en ciertas áreas o el soterramiento de la M-30, que redujo la contaminación acústica de 270.000 vecinos.
Ocio nocturno
El conocimiento y el control del ruido provocado por el ocio nocturno es otra de las tareas del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. La delegada Ana Botella recordó que, aunque la ley no obliga, su departamento ha comenzado a realizar un mapa del ruido producido por el ocio nocturno, como ya sucede en Aurerrá, donde cinco monitores recogen datos.
En este sentido, Gallardón adelantó que se tomarán medidas correctoras una vez que se conozcan las zonas más afectadas por el ruido, como la prohibición de apertura de nuevos locales nocturnos en algunas zonas.
* Madridiario - 13-01-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Atasco en Madrid - C.Manuel (El País)
Miles de chalés de Camp de Túria carecen de alcantarillas
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LASPROVINCIAS/Valencia* : El trabajo se acumula cuando está a punto de cumplirse la primera década del siglo XXI. Miles de chalés de Camp de Túria continúan vertiendo sus aguas fecales en pozos ciegos cuando acaba de cumplirse el plazo marcado por la Unión Europea para que todas las viviendas del continente estuviesen comunicadas con una red de saneamiento.
En Llíria son unas 9.000 viviendas, en La Pobla de Vallbona unas 2.000, en Olocau alrededor de la mitad pero todas las que hay en las urbanizaciones... En toda la comarca la suma da una cifra nada despreciable. Ante esta situación, asociaciones de vecinos, equipos de gobierno y grupos de la oposición en los Ayuntamientos buscan y exigen soluciones no sin conflictos.
La comarca sufre las consecuencias del urbanismo del siglo pasado. Durante muchos años, la ley no exigía una red de alcantarillado para aprobar una promoción de chalés. Además, miles de estas viviendas se edificaron sin permiso.
Ahora los ayuntamientos intentan regularizar esos miles de viviendas, o al menos así lo anuncian. Por ejemplo, el PSPV de La Pobla de Vallbona denunció ayer la existencia de 17 urbanizaciones en el término municipal donde, en total, 2.000 viviendas carecen de la red de alcantarillado.
El Ayuntamiento, mientras tanto, acaba de anunciar que proyecta la instalación de los colectores de aguas residuales y de pluviales en la zona norte del término, donde se hallan la mayoría de los chalés que todavía vierten en fosas sépticas.
Los equipos de gobierno municipales se escudan en la falta de recursos económicos. Las redes generales de colectores cuestan mucho dinero y se ejecutan cuando la Generalitat o el Gobierno los subvencionan. Los entramados de las urbanizaciones, que recogen los residuos de cada casa, deben ser costeados por los propietarios.
La fórmula que menos conflictos genera es la del Ayuntamiento que saca a concurso las obras, las paga y luego pasa el recibo a los vecinos por medio de aportaciones especiales. Este procedimiento supone adelantar el dinero de las arcas municipales y, como consecuencia, que no haya recursos para ejecutar otros proyectos más vistosos y también reclamados por los ciudadanos.
El municipio donde primero se intentó coger el toro por los cuernos fue el de Llíria al iniciar el proceso de regularización de las urbanizaciones del entorno del parque de Sant Vicent. El equipo de gobierno no lo ha tenido nada fácil.
Representados en el Consejo de Urbanizaciones, algunos vecinos acusan al Ayuntamiento de Llíria de obligarles a pagar costosos proyectos mientras ellos abogan por una obra más barata por la que se instalaría el alcantarillado y se asfaltarían las calles. Además, el Consistorio pretende adjudicar las obras y los vecinos exigen que sea la institución municipal la que las ejecute y luego las cobre a los propietarios.
Las actuaciones en el entorno del parque de Sant Vicent empezaron la pasada legislatura. La instalación de la red general está en su recta final e incluso ya se han realizado las obras en algunas urbanizaciones.
* Las Provincias - 13.01.09 -M. RODRÍGUEZ
Foto: Una urbanización de La Pobla de Vallbona que actualmente carece de red de alcantarillado - lasprovincias.es
Amenazan con 'rajar' a un periodista de Tenerife por informar sobre un presunto caso de corrupción urbanística
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EUROPAPRESS* : El abogado tinerfeño Felipe Campos ha denunciado este martes que el periodista del rotativo 'El Día' ha recibido amenazas de muerte por informar sobre el presunto caso de corrupción urbanístico denominado 'Arona', hecho que calificó de "gravísimo" por lo que solicitó a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que suspenda la tramitación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) del municipio sureño.
Campos relató en rueda de prensa que el redactor Juan Antonio Medina --que no estaba hoy en la convocatoria-- había recibido "amenazas de muerte" el pasado 19 de diciembre "cuando se disponía a abandonar su puesto de trabajo". El letrado detalló que el hombre que profirió las amenazas tenía acento argentino y le dijo al periodista "que no siguiera escribiendo sobre el 'caso Arona' o le rajarían".
El abogado señaló que desde el minuto que se enteró de los hechos --en Nochebuena-- se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz donde el subdelegado, Juan Antonio Batista, le mostró su preocupación por lo narrado y lo comunicó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Campos también informó personalmente a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, según dijo.
Para el letrado el origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor del PGOE, Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma "irregular" ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
"Este es un hecho gravísimo", insistió el abogado que recordó que él mismo sufrió un intento de calcinar su despacho en Santa Cruz, aunque finalmente los delincuentes quemasen las oficinas de una abogada suya, la también diputada regional del PSOE, Gloria Gutiérrez.
En esta línea, Campos añadió que la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que "el plan general es un delito en sí de prevaricación". "No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho", indicó.
SUSPENSIÓN ANTE LA COTMAC
Campos también afirmó que no entiende a qué espera la Cotmac para "paralizar la aprobación" del planeamiento de Arona y denunció que lleva más de un mes a la espera de que lo reciba algún representante de la Consejería de Ordenación Territorial.
El abogado también recordó que el denominado 'caso Arona' investiga una presunta trama de corrupción por prevaricación por la concesión de licencias ilegales "con conocimiento de los concejales". También se investigan "adjudicaciones de contratos a dedo" y expuso que dos arquitectos municipales han estado en prisión preventiva y un guardia civil también está imputado.
Aquí adelantó Campos que cuenta con más información relativa al caso, pero que la hará pública a la mayor brevedad posible. Ésta tiene que ver con el redactor del plan y el alcalde, José Alberto González Reverón (CC). "Me parece éste es un tema que hay que denunciar y creo que es por seguridad práctico", apostilló.
"En Arona existe un entramado de intereses económicos muy poderoso que confluyen en el Plan General. Queremos que el mismo se vaya a la basura. La Cotmac no puede plantearse reconocerlo por sus irregularidades", detalló el abogado que aseguró que aunque no puede dar nombres se han concedido "cientos y cientos de licencias ilegales y se beneficia a unas personas concretas".
"LA PRÓXIMA VEZ TE RAJAMOS"
En su edición de este martes el periódico 'El Día' informa sobre lo sucedido el pasado 19 de diciembre. Así expone que la denuncia presentada ante la Guardia Civil del redactor relata como una persona le dice: "No te vuelvas. Deja de escribir de Arona. Esto es un aviso, la próxima vez te rajamos".
Además se informa de que "desde el verano de 2008 han sido varios los artículos elaborados por el citado redactor en los que se han hecho públicos algunos aspectos relativos al PGO que han sido objeto de denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Arona, encargado del caso mencionado, para su incorporación al mismo".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene 2009
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Dos urbanizaciones de Lloret de Mar acumulan 600 irregularidades
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ELPAÍS/Girona* : El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Selva) está decidido a poner orden en la cuarentena de urbanizaciones que rodean el núcleo original del municipio. En colaboración con el Consell Comarcal de la Selva y a través de una empresa especializada, el Consistorio ha comenzado a supervisar el estado de los barrios y las zonas residenciales alejadas del centro. En una inspección a fondo realizada en los últimos meses se han detectado 600 irregularidades.
De éstas, 400 están en la urbanización Lloret Residencial y 200 en la de Serra Brava. La cifra podría aumentar, ya que está previsto que las inspecciones se extiendan de forma progresiva al resto de las urbanizaciones.
Tanto Lloret Residencial como Serra Brava son edificaciones construidas en zonas boscosas de difícil acceso, en medio de la sierra prelitoral, rodeadas de pinares y surcadas por rieras y torrentes que buscan la salida al mar. La mayoría de las infracciones documentadas hasta el momento se refieren a la realización de obras sin licencia. Por ejemplo, construir una piscina en la finca sin declararla o levantar un chalet -o una casa unifamiliar, tanto da- en un terreno donde sólo consta una barraca en el catastro municipal. Los inspectores también se han encontrado con zonas donde las rieras y torrenteras, cauce natural del agua que baja de la montaña después de las lluvias, están tapadas o rellenadas para poder edificar, con el peligro de desbordamientos e inundaciones en caso de temporal.
Una vez registradas las infracciones, el proyecto municipal estudiará cada caso antes de decidir qué medidas tomará. Para el Ayuntamiento, es una oportunidad de conseguir que los vecinos infractores paguen los tributos correspondientes a las construcciones "reales" que existen en su parcela, teniendo en cuenta que hay propietarios que sólo pagan 40 euros anuales por una finca en la que se alza un chalet. Pero también hay previstas sanciones para estas construcciones irregulares, que pueden llegar a los 30.000 euros de multa o terminar con la supresión de la piscina o el derribo de la casa ilegal. Por el momento no se ha ejecutado ninguna demolición, pero el Ayuntamiento no descarta aplicar el máximo rigor en los casos más graves.
La actuación municipal se enmarca en al anteproyecto de ley de mejora de urbanizaciones con déficit urbanísticos, que se está tramitando en el Parlament. Y es que en muchos casos el origen de las irregularidades ya viene de lejos. Gran parte de las urbanizaciones construidas en Lloret de Mar y en el resto de Cataluña fueron promovidas durante el boom turístico y el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970.
Durante este periodo se erigieron decenas de urbanizaciones promovidas y comercializadas sin contar con un proyecto de parcelación, planeamiento urbanístico, previsiones de servicios ni dotaciones básicas de energía. Los principales problemas son de alumbrado, pavimentación, abastecimiento de agua y saneamiento. Se calcula que en Cataluña existen unas 2.300 urbanizaciones, 400 de ellas situadas en suelo no urbanizable, donde residen unas 625.000 personas.
* ELPAIS.com - NATALIA IGLESIAS - Girona - 12/01/2009
Foto: Lloret de Mar (Girona) - J.Sánchez (El País)
Castilblanco: El fiscal quiere inhabilitar 12 años al ex alcalde por los chalés ilegales
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido 12 años de inhabilitación para cargo público y multa de 14.400 euros para el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) por permitir la construcción, presuntamente, de cientos de chalés ilegales y cobrarles impuestos municipales.
Fuentes judiciales informaron a Efe de que la Fiscalía especial para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo le imputa un delito continuado de prevaricación por omisión y otro de exacciones ilegales, por los que pide dos y diez años, respectivamente, de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público.
La Fiscalía se querelló contra el edil por no haber perseguido varios centenares de construcciones ilegales en la urbanización Las Minas, pues las "funciones inherentes" al cargo de alcalde incluyen ser "garante de la legalidad urbanística". Según la Fiscalía, Ruiz Lucas no hizo "actividad alguna obstructiva o sancionadora, ni siquiera informativa", no dictó decretos de paralización de las obras y "ni siquiera la Policía Local realizó visitas de inspección a las parcelas". Además, la Fiscalía le imputa haber cobrado el IBI y otros servicios municipales, como la recogida de basuras y el suministro eléctrico, según han testificado varios de los propietarios imputados.
Manuel Ruiz Lucas fue alcalde en siete mandatos, entre 1979 y 2007, y su abogado ha defendido que sus funciones eran administrativas y no era una autoridad capacitada para perseguir delitos, y además la propia querella de la Fiscalía citaba a otras autoridades de la Junta y de la Diputación que tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades. La supuesta "permisividad municipal" ante las construcciones ilegales ha dado lugar a numerosas sentencias absolutorias contra los dueños de los chalés, que según los jueces creían estar actuando legalmente, pues el alcalde mantuvo diversas reuniones con ellos "para mejorar el suministro eléctrico" e informó en esas reuniones y en los periódicos locales "de que se iba a proceder a la legalización urbanística ".
Las Minas es una finca de la Sierra Norte que ha sido parcelada y en la que los propietarios construyeron desde los años 60 naves, viviendas, calles y piscinas, pese a tratarse en buena parte de un suelo forestal de protección especial según la Ley de Montes, y no urbanizable según las Normas Subsidiarias. La urbanización ocupa tres veces más extensión que el casco urbano histórico.
Junto a la condena de 12 años de inhabilitación, el fiscal reclama dos multas de 7.200 euros por cada delito y otros cuatro años de suspensión de cargo o empleo público, figura que, a diferencia de la inhabilitación, supone la privación temporal del ejercicio del cargo público, en este caso la condición de edil que Ruiz Lucas posee, después de haber sido el más votado en las últimas elecciones, aunque un pacto PP-PSOE le impidió seguir ostentando la vara de mando.
El ex alcalde defendió ayer su "total inocencia" y aseguró que la Fiscalía ha obviado puntos esenciales en este caso, como el hecho de que la urbanización ya estaba construida, con más de 500 chalés, cuando accedió a la Alcaldía y que desde 1985 el Ayuntamiento ha intentado legalizar estas construcciones con la Junta y la Diputación, o que la Policía Local ha realizado inspecciones para evitar nuevas construcciones. De hecho, asegura que existen más de 200 órdenes de paralización. Ruiz Lucas también negó que la urbanización se levante sobre suelo forestal y explicó que si el Ayuntamiento ha cobrado impuestos municipales ha sido porque así se lo fijaba el catastro.
* Diario de Sevilla - R. P., castilblanco de los arroyos - 13.01.2009
Foto: Un panel con una relación de calles de Las Minas, que ocupa más extensión que el núcleo histórico - diariodesevilla.es
Recorrido de segregación inmobiliaria
JUNE FERNÁNDEZ* : El acceso a la vivienda es probablemente el derecho básico más conculcado en el Estado español y también el más pervertido, después de décadas de especulación. La vivienda libre está por las nubes, la de protección oficial es escasa e impone unas estrictas condiciones. Si para cualquier persona un techo es una necesidad esencial para desarrollar una vida plena, tener un espacio de intimidad y seguridad, para las personas inmigradas supone una ventana a buena parte del resto de sus derechos que limita la Ley de Extranjería.
El empadronamiento permite acceder al sistema público de sanidad, educación y otras prestaciones, y demostrar el arraigo social: la principal vía por la que se regularizan las personas inmigradas sin papeles. Para reagrupar familiares la normativa también exige unas duras condiciones respecto a la vivienda.
Además de ese racismo institucional, las imágenes en los medios de comunicación de conflictos en barrios y escuelas identificados como guetos o de los llamados “pisos patera” estigmatizan aún más al colectivo y aumentan las actitudes de exclusión por parte de inmobiliarias y arrendadores. SOS Racismo Bizkaia organizó unas jornadas en Bilbao para abordar las diferentes caras de la discriminación en el acceso a la vivienda.
La organización antirracista presentó una investigación realizada a partir del análisis de anuncios de particulares e inmobiliarias, entrevistas en profundidad y una simulación: personas con acento autóctono y otras con acento extranjero llamaban para interesarse por anuncios de habitaciones en alquiler y contrastaban el trato recibido. Las conclusiones son contundentes: el 50% de inmobiliarias no oferta pisos a población extranjera; el 64% no los alquilan a inmigrantes, y en el 30% de las llamadas a anuncios la persona inmigrante recibía un trato diferenciado. Además, la mitad de arrendadoras imponía unas condiciones más duras a inmigrantes y el 45% les preguntaba por su país de origen. Entre otras dificultades, el estudio destaca el requisito del empadronamiento para solicitar una vivienda social, la exigencia de aval bancario y pago de fianza para alquilar un piso, y que las inmobiliarias sólo les ofrecen a las personas extranjeras una parte de su oferta. De fondo, el racismo estructural que provoca una Ley de Extranjería que “establece una dicotomía de ciudadanos de primera y de segunda, impide un acceso normalizado al mercado laboral e influye en el racismo social”, recalcó Miguel Navarro, uno de los autores del estudio. Navarro enumeró algunas de las conclusiones de esa dinámica: crece la exclusión social y el ‘sinhogarismo’; la concentración en determinadas zonas de las ciudades y la figura estigmatizada del subarriendo. “Esa vulnerabilidad fomenta los abusos y refuerza la resignación el fatalismo”, concluyó el integrante de SOS Racismo.
La segregación residencial fue uno de los temas más analizados en las ponencias. Al igual que Irene Molina, que se centró en el caso de Suecia, Juan Carlos Checa, profesor de Sociología de la Universidad de Almería, demostró con su análisis que, frente a la opinión mayoritaria, el racismo y las discriminaciones sutiles resultan más determinantes a la hora de formar guetos que los factores económicos y la preferencia de vivir junto a sus compatriotas.
Pedro Cabrera, sociólogo de la Universidad de Comillas, explicó las variables de exclusión residencial que exponen a las personas extranjeras a convertirse en sin techo. Además, criticó que en la intervención con personas en exclusión social severa se antepongan las políticas represivas a la asistencia social. El resultado, afirmó, es que la cárcel se convierte en el mayor proveedor de techo y comida para las personas con menos recursos.
* Diagonal - June Fernández, Bilbao - Del 8 al 21 de enero de 2009
La falta de debates y los errores, eje de las críticas al PGOU de Alicante
ELPAÍS* : La propuesta de nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) para el primer tercio del siglo que impulsa el equipo de gobierno local del PP sigue concitando críticas y dudas entre los colectivos cívicos de la capital, especialmente en lo que atañe al proceso de participación ciudadana, la ausencia de informes, los errores y el desorden del documento.
El nuevo PGOU fue aprobado provisionalmente por la Corporación el pasado 15 de octubre. El período de exposición al público finaliza el próximo día 17. El grueso de las alegaciones, según han adelantado diversos grupos, apuntan a recortar la previsión de suelo urbanizable (unos 22 millones de metros cuadrados) y futuro parque de viviendas (44.000 nuevas casas).
La vulneración del apartado de la participación ciudadana es la constante mencionada por todos los colectivos a la hora evaluar esta fase de exposición pública del PGOU. Este extremo motivó, al inicio del proceso, una queja del grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano ante el Síndic de Greuges. Los conservacionistas denunciaron que el PP "se saltó a la torera" las primeras seis fases de participación, recogidas en la normativa vigente, previas a la aprobación inicial del documento en el pleno. Además, trasladaron a la Sindicatura que los documentos expuestos en Internet "eran ilegibles".
El Síndic se hizo eco de la denuncia, y días después el equipo de gobierno expuso todos los documentos de manera clara y sistematizada. Carlos Arribas, portavoz de la organización ecologista en Alicante, señala que "los debates en el período de exposición al público han sido nulos". "Y a ello tenemos que sumar que tampoco hubo participación en la fase de redacción del documento" añade. En la misma línea, el coordinador de la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L'Alacantí, Javier Cobela, lamenta la "precipitación" en la redacción final del plan, tras ocho años desde que se inició la revisión. El ecologista apunta que el grueso de las alegaciones que presentará el grupo hará hincapié en el "desproporcionado" suelo urbanizable programado.
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), colectivo que con más ahínco ha cuestionado el nuevo PGOU, considera en primer término, en palabras de su presidente, Manuel Alcaraz, que el "documento es una chapuza técnica y política". "Todo ello consecuencia del escaso tiempo con el que ha contado el redactor para elaborarlo, ya que los plazos estaban al borde de la ilegalidad", razona Alcaraz. El también profesor de la Universidad de Alicante subraya que "sí ha habido información, aunque en algunos casos difusa, pero lo que no ha habido ha sido participación mediante debates sectoriales". Alcaraz también abunda en la falta de documentos preceptivos, entre ellos, el informe de sostenibilidad económica. "En suma, es un documento que no profundiza en el modelo de ciudad, que se ha elaborado al margen de la actual situación de crisis e incluye trampas como cuando afirma que el plan Rabassa está en ejecución", explica el presidente del PIC.
El presidente de la PIC asegura que el hilo conductor del nuevo PGOU es el mismo que el del anterior, "es decir, un urbanismo para los promotores". Las alegaciones de este grupo pondrán el énfasis en el suelo urbanizable programado y en el "excesivo" plazo de vigencia del documento.
Más allá del calendario que ha marcado el Ayuntamiento para explicar a los distintos colectivos, desde octubre, el contenido del plan, las entidades se han ido organizando por su cuenta. Los colectivos consultados apuran el tiempo para analizar con profundidad el plan y, eventualmente, alegar. CC OO, por ejemplo, analiza especialmente los aspectos relacionados con suelo industrial, equipamientos educativos o sanitarios y la zona norte, según su secretaria general en L'Alacantí, Consuelo Navarro.
La Plataforma por la Movilidad pone el acento en el transporte. Sobre el transporte público considera que el plan no planifica el futuro Tram, ni "tiene en cuenta el transporte público". La plataforma tampoco está de acuerdo con aspectos relacionados con el vehículo privado y, entre ellos, considera que la propuesta de soterramiento de la fachada litoral es inviable.
* ELPAIS.com - S. NAVARRO / R. BIOT - Alicante - 12/01/2009
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
Ceuta: El problema del ‘autourbanismo’
ELFARO* : El colapso que Ceuta vive en la actualidad está provocando un auge de las ‘infraviviendas’ y un deterioro de las condiciones de vida. Las autoridades intentan arreglarlo y los ecologistas avisan sobre sus consecuencias. Un documental emitido por una cadena nacional, TVE, la semana pasada ponía de relieve uno de los mayores problemas de Ceuta: el ‘autourbanismo’.
La premisa que utilizaron fue que la ciudad se encuentra sitiada: por un lado el mar y por el otro una frontera que la separa de África. Este hecho supone un grave problema de vivienda e infraestructuras para un lugar donde se apiñan 75.000 habitantes y que literalmente no puede crecer más.
La realidad dicta que no se puede construir ni un centímetro más, que no se dan más licencias para urbanizar y que en algunos barrios se sigue construyendo al margen de la legalidad y en terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa. Esta situación ha provocado un incremento de la ‘infravivienda’, casas que están bajo mínimos y que no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, y del ‘autourbanismo’, la ley del “sírvase usted mismo” en materia de construcción y ordenación urbanística. Grandes ejemplos de ellos son las zonas de Cortijo Moreno, Recreo Alto, Loma Larga o el Príncipe, donde mucha gente vive donde y como puede.
Las autoridades de la ciudad son conscientes de este problema. Juan Manuel Doncel, consejero de Fomento, afirmó a este periódico que el Gobierno estaba aprobando ya algunos planes para reordenar el caos urbanístico y que se estaban creando viviendas de VPO para ir “realojando” a las personas que habitan en esas casas. Igualmente dijo que la realidad ceutí tenía otros matices y que ellos estaban “firmando acuerdos con Defensa” para que les cedieran suelo urbanizable. Sobre las zonas verdes, las grandes olvidadas en este asunto, explicó que actualmente son “las que hay” y que se ceñirán al Plan General de Ordenación Urbana, en el que se recoge un apartado para la dotación de zonas verdes. Desde la asociación ecologista Septem Nostra afirmaron que Ceuta se encuentra bastante lejos del estándar del Reglamento de Planeamiento, que establece una media de cinco metros cuadrados por habitantes, situándose en 1,8 por habitante. Esto a pesar de que en su estudio contabilizaron como superficie total de zonas verdes todos los parterres y arriates dispersos por la ciudad, así como espacios que han perdido, desde su punto de vida, la condición de zona verde, como es el caso de la Plaza de los Reyes tras su remodelación. Todo ello hace difícil apuntar a soluciones tempranas para mejorar la calidad de vida de los 'caballas' más desfavorecidos.
Desde Septem Nostra matizaron que Ceuta, debido a su escasa superficie, presenta una densidad de población del hecho urbano realmente extrema. Esto se traduciría en unos valores de huella ecológica absolutamente desmesurados, así como en la amplia superación de la biocapacidad o capacidad de carga del sistema ecológico del territorio. Esto conlleva una serie de consecuencias medioambientales y sociales que están presentes en la realidad cotidiana: congestión urbana, colapso del tráfico, altos niveles de contaminación acústica, segregación y conflictividad social, paro, enfermedades y la total destrucción de una serie de parajes naturales y culturales de extraordinario valor, como el Monte Hacho.
José Manuel Perez Rivera, presidente de Septem Nostra, manifestó que ellos apostaban por que los esfuerzos de las administraciones se centraran en la mejora de la estructura urbana y en la dotación de servicios y equipamientos que mejoren la calidad de vida de los ceutíes. Del mismo modo matizó la necesidad de que se adoptaran medidas urgentes, dada la insostenibilidad del modelo de crecimiento urbano y poblacional actual.
* El Faro Digital - N.G. - 12.01.2009
Foto: Ceuta, vista - wikipedia.org
La oposición vecinal rebrota en Barcelona
ELPAÍS* : Cuando se cumple año y medio del actual mandato municipal, el alcalde Jordi Hereu se enfrenta a problemas vecinales, en su mayoría relacionados con el reordenamiento urbano, en muchos de los distritos de la ciudad. Por ejemplo, la recalificación propuesta por el Barça en Les Corts, el plan de mejora del Carmel y la montaña rusa del Tibidabo, puesta en marcha la pasada Navidad.
Fuentes del equipo de gobierno consideran que son cuestiones baladíes, pero no todo el mundo lo ve igual. Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, estima que son problemas que rebrotan cíclicamente porque el Consistorio no los acaba de cerrar. "La crisis ha puesto en duda un modelo de ciudad megalómano y de crecimiento urbanístico sin límite. Ahora hay que dar solución a los problemas de las personas afectadas por la crisis", sostiene Fernández.
El alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, mantuvieron el jueves pasado una larga reunión con Fernández para repasar problemas de la ciudad. Joaquim Forn, de CiU, avisa que muchos de los casos están "enquistados" y reflejan la incapacidad del bipartito para dialogar: "Su modelo de ciudad está agotado. Ahora van a nombrar secretarios técnicos (uno por cada uno de los 73 barrios) en los distritos, que serán comisarios políticos". Éstos son algunos de los conflictos.
- Les Corts y el Barça. La futura recalificación del Miniestadi es uno de los problemas de mayor calado. El Consistorio y el Barça alcanzaron en septiembre un acuerdo que preveía la construcción de 1.600 pisos. La decisión fue acogida con ira por la coordinadora vecinal, que tacha el plan de especulativo. La concejal Montse Sánchez dice que la recalificación no está decidida y ha impulsado una mesa de participación ciudadana. El día de su constitución fue un fiasco: cuatro de seis asociaciones de vecinos se retiraron y sólo se quedaron las de Sant Ramon y Fígols, y cuatro entidades más, entre ellas la plataforma de disminuidos y de invidentes de Les Corts. La coordinadora rechaza la mesa porque, según Adela Argelet, la portavoz, la recalificación está pactada y sólo queda la movilización. La federación de vecinos sostiene que desde el primer proyecto, Barça 2000, hasta ahora no ha habido ninguna planificación en Les Corts sobre las necesidades del distrito y que el problema sigue intacto.
- La montaña rusa. El Ayuntamiento ha inaugurado la montaña rusa más polémica de todos los tiempos. Resignados a su suerte, los vecinos han acogido desolados la tala de encinas, que se elevan a más de un centenar, aunque el Ayuntamiento reduce la cifra a 36. Fuentes municipales atribuyen la oposición a una simple postura elitista de quienes viven en Collserola, que, añaden, creen que la montaña es suya y no quieren que se popularice. La insinuación incendia a SOS Tibidabo y revela que el Ayuntamiento no entiende que alguien quiera preservar la naturaleza y defienda el ecologismo por encima de intereses privados. Grupos de vecinos se han manifestado en Vallvidrera, por otra parte, por incidentes causados por menores en los centros El Bosc y Vilana.
- La nueva plaza de Lesseps. La nueva plaza de Lesseps ha generado tal impacto que ha dividido a los vecinos de la plaza. La plataforma Una altra plaça és possible ha quedado tan satisfecha que se ha disuelto, pero se ha creado otra muy crítica con la reforma. Los vecinos lamentan la falta de áreas verdes, que no se haya recuperado la pendiente natural, y el exceso de hierro de un monumento para muchos incomprensible. El Ayuntamiento cree que el proceso participativo fue "impecable", pone como ejemplo la disolución de la plataforma inicial y quiere dialogar con el nuevo colectivo que aspira a mejorar la plaza. "La participación vecinal la hizo Itziar González [edil de Ciutat Vella] y la hizo bien", dice Forn. "El problema es que luego el tema pasó a Urbanismo y la solución fue otra", añade.
- El hotel del Palau. Ciutat Vella se enfrenta a problemas endémicos como la especulación en la Barceloneta y el Raval, donde hay un repunte de los casos derivados del tráfico de drogas y la prostitución. Las mismas mujeres se quejan del acoso policial tras la apertura de un hotel de lujo en la Rambla del Raval. Y está el espinoso tema del futuro hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó y el propio Palau. La Generalitat ha obligado al arquitecto Óscar Tusquets a reformar el proyecto que preveía derribar fincas modernistas. Los vecinos lamentan que se les invite a debatir el asunto cuando la decisión de instalar el hotel ya era irreversible. Tras el proceso participativo, muy crítico con el hotel, el distrito de Ciutat Vella ha pedido a Urbanismo que pare el proyecto y lo limite a criterios de "sostenibilidad" para conseguir "la confluencia y voluntad de las partes". Urbanismo tendrá la palabra.
- La paciencia de Sants. Si eternas fueron las obras del AVE, aún lo serán más las del recubrimiento del cajón de las vías que ha alterado de arriba abajo la vida de Sants. No son buenos tiempos para el distrito de Sants-Montjuïc. A las quejas por la falta de aparcamientos se sumaron las del barrio de La Satalia, en la falda de la montaña. El Consistorio ha querido convertir en peatonal la calle de Margarit, la única que da acceso al pintoresco barrio, y se empeñó en dejarla en cuatro metros de ancho. "Al final será de cinco, pero nos ha costado un esfuerzo desproporcionado", dice Ana Menéndez, portavoz vecinal, criticando el poco diálogo de la edil Inma Moraleda, defensora del proyecto para ganar espacio, también en este caso extremo, para el peatón a costa de los coches.
- Los afectados del Carmel. El Ayuntamiento aprobó en julio el Plan del Carmel, que afecta a 1.300 personas que se verán expropiadas. Más de 500 familias perderán su vivienda y acabarán en un piso puente hasta que se les dé uno definitivo. "Soy uno de los afectados y tengo claro que en el Carmel no se ha hecho nada en 50 años y que necesitaba una reforma, pero no a ese precio", afirma Pere Ferrer, portavoz de la coordinadora, que agrupa a nueve plataformas. El 65% de los afectados han presentado alegaciones. Los vecinos temen tener que poner dinero tras la expropiación. El Ayuntamiento ha calculado la indemnización a 1.600 euros por metro cuadrado, cuando el precio en el mercado es de 3.200. A esa cantidad, hay que sumar que los afectados tendrán que costear una plusvalía y que, además, se les descontarán 900 euros de alquiler por el piso puente. "Tenía un piso pagado y sin cargas, y quiero otro igual", dice Ferrer. Algunas entidades comerciales, sin embargo, defienden el plan.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOLLES CORTS Y EL BARÇA - Barcelona - 11/01/2009
Foto: Manifestación de vecinos en Les Corts contra el proyecto del Barça- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
