La Guardia Civil desmantela una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Librilla

LAVERDAD/Murcia* : Otro ayuntamiento murciano tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro consistorio de la Región en la primera página de todos los periódicos y en lugar preferente de los informativos de televisiones y radios de todo el país. Y van...

Fue la localidad de Librilla la que ayer se despertó con la desagradable sorpresa de encontrarse con las dependencias municipales bloqueadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una nueva operación dirigida a desmantelar una presunta trama de corrupción urbanística. En esta ocasión, sin embargo, y al contrario que en anteriores ocasiones, las sospechas no se ciernen sobre el alcalde de la localidad ni sobre alguno de sus concejales, sino sobre altos funcionarios.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmó que la intervención policial fue ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, quien mantiene abierto un procedimiento por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En el marco de esta operación fueron detenidas ayer cinco personas, entre las que destaca un alto funcionario de la Comunidad Autónoma, que se encuentra en excedencia desde hace algo más de un año. Se trata del ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde. Junto a éste han sido arrestados su esposa, cuya identidad parece responder a las iniciales J.B.B., y un empresario y presunto socio de Cano, Domingo Peñalver Rojo.
Otro de los detenidos más relevantes para la investigación es el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L. (IDL S.L.), José Andrés Cortés, junto a quien también ha sido arrestada su esposa, cuya identidad no ha trascendido.
La operación, que se completó con exhaustivos registros en el Ayuntamiento de Librilla, en dependencias de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en sedes de varias empresas y en domicilios particulares, tiene su origen en la denuncia presentada meses atrás por la Fiscalía del TSJ. Las investigaciones de los fiscales anticorrupción, así como las dirigidas a posteriori desde el juzgado, apuntan a que los tres varones arrestados, Cano, Peñalver y Cortés, constituyen las bases del supuesto triángulo de corrupción.
Todo quedaba en casa
José Luis Cano jugaría, según fuentes próximas a la investigación, el supuesto papel de cerebro y organizador de la trama. Así, como responsable durante años del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios -esta oficina ofrece apoyo a los ayuntamientos con menos recursos-, Cano maniobraba para conseguir supuestamente que fuera la empresa ACADI (Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería S.L.), administrada por su socio y amigo Domingo Peñalver, ingeniero de 27 años, la que se adjudicara diversos contratos municipales.
Entre éstos figuran, además de labores de asesoramiento técnico y la elaboración de diversos informes urbanísticos y sobre obra pública, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, que le fue adjudicado por 110.400 euros (más de 18 millones de pesetas).
Según fuentes del PSOE murciano, que investigó esta trama el año pasado y que ha colaborado con la Fiscalía, a raíz de la redacción del PGOU por ACADI se negociaron 30 ordenaciones del suelo con sus propietarios, y a todos los firmantes de los convenios se les habría exigido que encargaran la transformación del suelo a la firma municipal IDL. La gestión consistiría en elaborar y tramitar el plan parcial, el proyecto de reparcelación, el proyecto técnico de urbanización y en llevar la dirección técnica de las obras.
Al margen de ello se habrían llevado al Pleno otros contratos por importe de más de seis millones de euros, que no habrían respetado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el PSOE.
Del mismo modo, se investiga si Cano también influyó para conseguir que la construcción de obra pública de Librilla le fuera adjudicada a la constructora Urvisán S.L. de Los Alcázares, cuyas instalaciones también fueron registradas ayer por la UCO.
La supuesta trama de corrupción se completaría con el gerente de la sociedad pública IDL S.L., José Andrés Cortés, de quien se sospecha que estaría en connivencia con Cano para obtener beneficio personal a través de una particular gestión de los intereses públicos.
Los cinco detenidos estaban siendo ayer interrogados, por lo que no se conoce si hoy serán puestos a disposición judicial o los agentes agotarán las 72 horas de margen máximo de que disponen.


Esta noticia ha sido elaborada con información facilitada por Julián Mollejo y Fuensanta Carreres.





* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 19.11.2008
Foto: Librilla (Murcia) - librilla.es

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La técnica de Urbanismo aconsejó parar las licencias al gobierno de Gondomar

FARODEVIGO* : El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, actual portavoz del grupo municipal del PP y su junta de gobierno continuaron la concesión de licencias pese a las advertencias de la secretaria municipal, Ana Begoña Merino, y de la técnica de Urbanismo, Elena Ares Salgado, que realizó un informe en el que aconsejaba suspender el Plan Xeral de 1997 y, por lo tanto, dejar de dar permisos de obra.

Ambas funcionarias declararon ayer como testigos en el juicio oral por supuesta prevaricación urbanística contra Silva y los cinco ediles que integraban la comisión de gobierno, un delito por el que el Ministerio fiscal solicita para ellos un año y medio de prisión y diez de inhabilitación. Ares recordó su informe de febrero de 2006, en el que avisaba de la necesidad de paralizar la expedición de licencias y de suspender el plan.
La profesional llegó a esta conclusión tras consultar el expediente del plan urbanístico de 1997 cuando el alcalde popular le solicitó un análisis sobre los asuntos de su departamento en relación a la situación jurídica del documento, cuya nulidad había declarado el Tribunal Supremo un año antes. Fue entonces cuando Elena Ares tuvo conocimiento de la existencia de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideraba nulo el acuerdo plenario de mayo de 2005, que corregía el plan para adaptarlo a la sentencia del Supremo. "Yo emití el informe y, a partir de ahí, ellos actuaron conforme a su criterio y su responsabilidad", manifestó la técnica respecto a la persistencia del gobierno de Silva en la concesión de licencias.
Hasta entonces, Ares había dado su visto bueno a los permisos porque desconocía el citado auto del TSXG. Precisamente, según sus respuestas a la fiscal, le llamó la atención el hecho de que la resolución judicial tuviese fecha de noviembre y llegase al concello dos meses más tarde
Antes del testimonio de la técnica de Urbanismo, fue Ana Begoña Merino la que respondió a las preguntas de los letrados. La fiscal incidió en el informe que esta técnica realizó respecto a las posibilidades de corregir el plan para mantener su vigencia. A su juicio, dicho documento presenta contradicciones al asegurar que la sentencia de febrero de 2005 en la que el Tribunal Supremo es "inequívoca" y, al mismo tiempo, aportar las medidas que evitarían la suspensión del plan.
La ex secretaria insistió en los informes favorables de las licencias, pero también reconoció que ella misma realizó un estudio ten el que advertía al gobierno municipal de los riesgos de continuar con la vigencia del plan tras un requerimiento de la Xunta para que anulasen las licencias. Asimismo, Merino reconoció que fue ella quien sugirió al alcalde la contratación del bufete Garrigues Walker para defender la validez del Plan Xeral de Ordenación Municipal.
La vista quedó pospuesta para el día 1 de diciembre, fecha en que declarará la actual secretaria municipal, Nuria Lobato.





* Faro de Vigo - N. PILLADO - 19.11.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org

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Cinco años de cárcel para el ex director de Urbanismo de Baleares

LAVANGUARDIA/Palma* : La Audiencia de Baleares ha condenado a cinco años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación urbanística al ex director de Ordenación del Territorio de Baleares, Jaume Massot, y siete años de inhabilitación para cargo público al ex alcalde popular de Andratx Eugenio Hidalgo por prevaricación.

La sentencia corresponde al juicio celebrado en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, entre el 27 y el 30 de octubre, de la segunda pieza de las 68 que componen el llamado 'caso Andratx', por la construcción de un restaurante en una zona protegida por parte del hermano del ex alcalde, Juan Carlos Hidalgo.

La Audiencia ha condenado a Juan Carlos Hidalgo a un año y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial, así como a otros tres meses de cárcel por prevaricación urbanística, pena que puede ser sustituida por una multa de 3.600 euros.

Massot, director general de Ordenación del Territorio en la pasada legislatura, ha sido condenado también a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos anteriormente citados y deberá pagar una multa de 12.000 euros.

Eugenio Hidalgo ha sido absuelto de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación y el hermano del ex alcalde del delito contra la ordenación del territorio. Además, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia han sentenciado a Massot y a Juan Carlos Hidalgo a pagar las dos octavas partes de las costas del proceso, y a Eugenio Hidalgo a una octava parte, y han declarado de oficio las cinco partes restantes.

La pena es inferior a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de prisión para Eugenio Hidalgo y Massot, y cinco años y medio para Juan Carlos Hidalgo.

En concreto, el Ministerio Público había pedido cinco años para Massot y el ex alcalde por el delito de falsedad, y dos años para ambos por prevaricación urbanística. En el caso de Juan Carlos Hidalgo pedía tres años y seis meses por los delitos de falsedad y prevaricación, respectivamente, y dos por el delito contra la ordenación territorial.

La sentencia considera probado que a Juan Carlos Hidalgo "le constaba fehacientemente la calificación de suelo rústico y su categoría de protegido" como Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero aún así procedió "a efectuar las obras, construcciones y reformas necesarias para cambiar el uso de la vivienda existente y convertirla en un restaurante".

El auto señala que Juan Carlos Hidalgo y su hermano, entonces concejal de Urbanismo, convencieron a Jaume Massot, que era Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, "para que realizase cuantos actos administrativos fueran necesarios o convenientes, aunque fuesen ilegales, para obtener dicho fin".

La sentencia considera probado que Massot emitió certificaciones así como licencias de obras y de actividad, para hacer posible la construcción del restaurante, sabiendo que se encontraba en un área protegida; y que posteriormente evitó una multa del Consell de Mallorca, alegando que el Ayuntamiento ya tramitaba un expediente sancionador por esa edificación y legalizó la obra.

El proceso judicial comenzó el 5 de noviembre de 2007, por la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ante el juzgado de instrucción número 12 de Palma, contra Eugenio Hidalgo, Jaume Massot y Juan Carlos Hidalgo.

La Fiscalía Anticorrupción les acusó de falsedad continuada en documento oficial cometida por funcionario, prevaricación urbanística y de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de un restaurante italiano en una finca calificada como suelo rústico protegido con la categoría de ANEI.





* La Vanguardia - EFE - 19.11.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es

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Los vecinos llevarán el PGOU de Marbella al Parlamento Europeo

LAOPINIÓN* : El PGOU de Marbella incumple la directiva europea contra el blanqueo de capitales. Esta es la principal razón por la que la plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de la localidad que poseen viviendas legales y se consideran, por ello, los auténticos "compradores de buena fe" afectados por las irregularidades urbanísticas, tiene decidido llevar el documento ante el Parlamento Europeo para que lo estudie.

Aunque más bien será el Parlamento con sede en Bruselas el que se traslade. La abogada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 vecinos en esta situación, adelantó ayer que el eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein instalará en el municipio una oficina parlamentaria para recoger las quejas de los residentes en materia urbanística. En su opinión, además, también en materia de agua, al no garantizar el suministro.
Castigo. "Europa castigará a España", dijo Gálvez, quien está convencida de que el Parlamento, tras estudiar las denuncias de la plataforma, emitirá un informe en el que se evidenciará que el Plan General no cumple las "mínimas" normas sobre blanqueo, la irregularidad más grave en la que incurre el nuevo documento urbanístico, aprobado provisionalmente por PP y PSOE en pleno municipal, pero no la única.
"El Plan quiere ningunear 40 sentencias firmes en su ejecución", aseguró la letrada, en relación a los procedimientos judiciales abiertos a raíz de las irregularidades urbanísticas cometidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL).
De ahí, que la plataforma 29-M tenga previsto reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con el Instituto Andaluz Universitario de Criminología. "Vamos a instar a que nos ayuden porque creemos que el PGOU es una amnistía y no profundiza sobre las responsabilidades de los responsables de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella".
Tanto Gálvez como el presidente del colectivo, Rafael Ávila, enumeraron ayer las innumerables razones que poseen en contra de un documento "irresponsable", en palabras de Ávila, y que lo único que hace es "tapar las vergüenzas de todos los poderes públicos del estado de derecho español", según la abogada.
Con estos argumentos, la impugnación del PGOU de Marbella, que podría suponer su paralización, parece estar servida una vez se apruebe definitivamente por lo que correría la misma suerte que el PGOU de 1998 elaborado por el GIL, que "se asume en el nuevo plan" denuncian.





* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 19.11.2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es

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Vecinos de Alcorcón se oponen a la construcción de un colegio religioso en terrenos públicos

ELECONOMISTA/Madrid* : La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón criticó hoy que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya renunciado a la construcción de un colegio público en este enclave urbanístico y, en su lugar, haya adjudicado más de 10.000 metros cuadrados de terreno público para la construcción de un colegio privado-concertado de marcado carácter tradicional y religioso.

En un comunicado difundido hoy, la citada asociación vecinal insta a la Comunidad de Madrid para que garantice el derecho de los padres a optar por la educación que consideren más apropiada para sus hijos, construyendo un colegio público en la zona, en la que se ubicarán más de 9.000 viviendas.

Por ello, desde la asociación estudian tomar "las acciones que consideren oportunas, en aras a reclamar y conseguir del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Construccion también de un colegio público y laico, más acorde con la realidad social del Ensanche Sur, en donde la mayoría serán viviendas protegidas y, en el que todo el mundo tenga cabida".
El colegio se llamará Juan Pablo II

Según esta organización vecinal, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre detallaba que los terrenos han sido cedidos a la Fundación Educatio Servanda para la construcción de un colegio que se llamará Juan Pablo II, en el que se impartirá educación de marcado carácter católico y tradicional.

De acuerdo con la propia fundación, se tratará de un "centro católico de espiritualidad mariana e ignaciana, asistido por los Discípulos de Jesús y María" que, además, según los vecinos, impartirá sus clases en aulas diferenciadas por sexos argumentando que "varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica dignidad personal" y que "en los niveles de primaria y secundaria los ritmos de crecimiento, maduración, centros de interés y desarrollo cognitivo son diferentes en chicos y chicas".
Ya hay otros tres colegios privados

La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón llama la atención, además, sobre el hecho de que en las proximidades de este barrio ya existen tres colegios privados/concertados, mientras que el único colegio público relativamente cercano que hay, "Fuente del Palomar", no podrá ofertar nuevas plazas para el próximo curso debido a la gran demanda existente.

Según esta asociación, están recibiendo multitud de quejas de futuros vecinos que están preocupados por la orientación religiosa del nuevo colegio. Los vecinos acusan a Aguirre de "obstaculizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos", y exigen que se respete, priorice y fomente la educación pública y de calidad, "máxime en un estado aconfesional y laico como es el nuestro".





* El Economista - Ecodiario - 17.11.2008
Foto: Aspecto del Ensanche Sur de Alcorcón - A. A., elmundo.es

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Una sentencia pionera castiga con prisión el acoso inmobiliario

ELPERIÓDICO* : Les cortaron el agua y la luz, les arrancaron la instalación eléctrica y llegaron a colocar pegamento en la cerradura de la puerta de la vivienda. Una sentencia pionera a Barcelona ha castigado a un año de prisión a dos propietarios de un piso de la calle de Servet por coacciones, al haber sometido durante tres meses a acoso inmobiliario a sus inquilinos.

El Juzgado de lo Penal número 13 de Barcelona condena a un año de prisión a los hermanos Alfonso y Pere Janer, que deberán de indemnizar a la pareja de inquilinos con 3.300 euros por las "molestias" que padecieron durante los meses que fueron víctimas de mobbing y los perjuicios que les ocasionaron. Este caso rompe el estereotipo de acoso inmobiliario, en el sentido de que los afectados suelen ser personas de avanzada edad y, en este proceso, los denunciantes son una pareja de 28 años que pagaban un alquiler mensual de 600 euros. Según fuentes judiciales, esta sería una sentencia pionera al condenar a un año de prisión, aunque esta pena normalmente no supone el ingreso en una cárcel.

SIN RESPETO
Los condenados son copropietarios de una planta baja del número 55 de la calle de Servet. En noviembre del 2003 la tenía arrendada por 600 euros a una sobrina que la compartía con la pareja ahora denunciante, con la que se había acordado que podían seguir en la casa si ella la dejaba al ser el contrato de cinco años. En abril del 2004, la sobrina, al quedarse embarazada, dejó la vivienda, pero sus dos compañeros siguieron allí, pagando el alquiler. A finales del año, los propietarios propusieron una subida, pero la pareja se opuso al considerarla excesiva. A partir de ahí, los acusados "de común acuerdo, tanto en la acción como en el pro-
pósito" de que los arrendatarios dejaran la casa y "sin respetar los cauces legales", realizaron una serie de acciones para impedir a la pareja denunciante el "normal uso y disfrute de la vivienda", según la sentencia.
A partir de marzo del 2005, los dueños del piso dejaron de cobrar a los inquilinos que empezaron a consignar judicialmente el dinero. Y las acciones se agravaron. Los acusados dieron de baja el suministro de agua y de electricidad y, para impedir que se volviera a contratar, arrancaron en tres ocasiones la instalación eléctrica para dejarlos sin luz, cerraron el acceso a la llave de paso, forzaron la cerradura de la casa y la inutilizaron con pegamento y sellaron con silicona el armario de los contadores. La sentencia detalla que los arrendatarios sufrieron "graves transtornos de higiene y salubridad", al tener que ir a una fuente a por agua, al alumbrarse con velas y a adquirir víveres a diario por la imposibilidad de disponer de frigorífico. Las víctimas se vieron obligados a abandonar la vivienda a finales del 2005.





* El Periódico - J. G. ALBALAT - BARCELONA - 18.11.2008
Foto: Una puerta forzada en un piso de BCN. - DANNY CAMINAL, elperiodico.com

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Soria: El patrimonio de Numancia agoniza por el poder del ladrillo

SOITU* : A pesar de la cacareada crisis de la construcción, los desmanes de la especulación inmobiliaria en España avanzan y ni siquiera parecen detenerse ante el patrimonio histórico nacional. El proyecto inminente de levantar diversos desarrollos urbanísticos en el entorno de Numancia progresa, aunque desde hace más de un año instituciones y expertos nacionales y extranjeros no han dejado de unir sus voces contra un plan que, según dicen, distorsionaría "de manera irreversible", el paraje y el yacimiento arqueológico que acogió a la ciudad celtíbera sitiada por el general romano Escipión.

La lista de organizaciones que han hecho saltar las alarmas y que han presentado estudios denunciando los daños históricos y medioambientales que provocarían las construcciones es voluminosa: desde las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, a la Universidad de la Sorbona, Icomos-UNESCO, el Instituto Arqueológico Alemán, la Asociación Hispania Nostra, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, o las Universidades de Bristol y Exeter, y la CEU San Pablo, entre otras.

"Es difícil pensar en una zona que necesite más protección que ésta. Además de su valor arqueológico, Numancia es un importante símbolo cultural y espiritual de la civilización europea", señalan en un documento presentado ante las autoridades regionales Art Watch UK y The Classical City.

En el texto, se recuerda también que el lugar cautivó a Miguel de Cervantes, autor de El cerco de Numancia. Y su legado literario se extiende a otros escritores que se inspiraron en los paisajes numantinos, desde Gustavo Adolfo Bécquer a Antonio Machado.

Pero, hasta la fecha, las denuncias han caído en saco roto. El Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León —que acogen a las autoridades responsables de decidir sobre el futuro del proyecto— guardan silencio absoluto. "No hemos recibido respuesta a ninguna de las cartas y los estudios que les hemos enviado", se lamenta Maria Jesús Peréx, directora del Departamento de Historia Antigua de la UNED, una de las instituciones que ha manifestado su oposición al plan urbanístico. "Sólo me ha llegado una breve nota de Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta, diciendo que agradecía nuestros desvelos. En realidad no tienen argumentos, por eso callan".

"En el consistorio soriano el PP, el PSOE e Izquierda Unida están unánimemente de acuerdo con el proyecto", agrega Peréx. "No hay que olvidar que la Junta se ha comprometido a dar al Ayuntamiento 30 millones de euros para el plan, siempre que se levante en el entorno de Numancia. Cuentan además con el apoyo de la prensa local que lo respalda, aunque sorprende poco por las conexiones de los dos principales diarios de Soria con las constructoras".

En efecto, el presidente del Consejo de Administración de El Diario de Soria, Francisco Rubio Garcés, también lo es de la empresa de obras y promociones inmobiliarias Hermanos Rubio Cimentaciones y Estructuras (Herce). Y Pedro Soto Orte, presidente de El Heraldo de Soria es también constructor y cabeza de la Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria (AECOP).
Techos de uralita y chimeneas

El plan urbanístico cuenta con tres ejes importantes: un polígono industrial (Soria II) en la zona conocida como El Cabezo, adyacente al campamento romano de La Rasa; la denominada Ciudad del Medioambiente que incluiría más de 700 viviendas, 300 plazas hoteleras y un campus deportivo, y, en tercer lugar, un cementerio privado en el Monte de las Ánimas, con su correspondiente tanatorio, al que se ha bautizado como Los jardines de Bécquer. Además está previsto levantar una urbanización de más de 250 viviendas unifamiliares en torno a otro de los antiguos campamentos romanos, el del Alto Real.

"El campamento romano de La Rasa se podría reconstruir ya que se conserva toda la planta, pero ¿qué sentido tendría hacerlo si a pocos metros se levanta un complejo de techos de uralita y chimeneas?", señala Peréx. Según esta profesora, quien se apoya en informes de Icomos, el polígono industrial, que ocupará más de 117 hectáreas, "no se justifica ni siquiera desde un punto de vista del desarrollo económico ya que los propios políticos sorianos admitieron que las necesidades industriales de Soria quedaban cubiertas para el próximo siglo y medio con el polígono de Valcorba, de reciente creación y que ocupa 270 hectáreas en una zona muy próxima a la capital y a menos de un kilómetro del futuro Soria II". Por último, Peréx subraya que el cementerio "podría construirse perfectamente en otro sitio".

Las autoridades se apoyan en un informe arqueológico realizado por la firma Arquetipo para Gesturcal, una empresa semipública de la Junta de Castilla y León que impulsa, junto con el ayuntamiento soriano, el polémico plan. Pero, tras examinarlo a fondo, Icomos ya descalificó ese estudio por considerar que "es inconsistente, no atestigua una minuciosa y exhaustiva prospección del terreno y no presenta una clara fuerza probatoria sobre la no incidencia del proyecto Soria II en los distintos bienes patrimoniales".

Una de las últimas voces en criticar el estudio ha sido el eurodiputado británico David Hammerstein, que tras visitar Numancia, denunció en Bruselas "la ausencia de la necesaria evaluación ambiental" en el proyecto del polígono y cuestionó la adjudicación directa de las obras a Gesturcal, "sin la publicidad y la concurrencia exigidas", lo que según el europarlamentario, " vulnera el derecho comunitario en materia de contratación pública".

El lunes se celebró en Madrid la Segunda Conferencia en defensa de Numancia y su entorno. organizada por la Universidad CEU San Pablo y el Departamento de Historia Antigua de la UNED, que, entre otras organizaciones, suscribieron el siguiente manifiesto. Para más información: http://www.salvemosnumancia.org/portada.htm.







* SOITU.es - MARIAN HENS - 17.11.2008
Foto: Soria, plano urbanizaciones Numancia - soitu.es

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Murcia: Nueva operación policial contra la corrupción

VEGAMEDIA* : La Guardia Civil, siguiendo órdenes judiciales, ha practicado hoy, hasta el momento, cinco detenciones en relación con una investigación contra la corrupción urbanística en el municipio de Librilla. A tal fin se están practicando registros en la sede de la Consejería de Presidencia del Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Librilla, gobernado por el Partido Popular.

Fuentes cercanas a la investigación han puesto de manifiesto que entre los detenidos se encuentra un ex_alto cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia.

La misma fuente ha informado que se están produciendo registros en sedes de empresas y domicilios de la ciudad de Murcia, Librilla y Los Alcázares.

Más de una decena de agentes de la Guardia Civil registran la sede de Administración Local de la Consejería de Presidencia desde la diez de la mañana, por mandato del juzgado número Seis de Murcia. Los agentes no están permitiendo el acceso al edificio público ni tan siquiera a funcionarios de este departamento del Gobierno Regional. Simultaneamente se han producido registros en el consistorio citado, así como en una empresa municipal. Hasta el momento se sabe que ha sido detenido un técnico municipal, además del ex_responsable de la Consejería de Presidencia que trabajaba en el ámbito de los servicios técnicos regionales de apoyo a los Ayuntamientos.

Las investigaciones están orientadas a esclarecer delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Los delitos estarían vinculados con la aprobación del Plan General del citado municipio.

Las fuentes cercanas a la investigación no descartan que se produzcan más detenciones y no han podido precisar cuántas horas se van a invertir en los registros que en el momento de redactar esta información (12 de la mañana) continuaban en las dependencias públicas.





* Vegamedia Press - José del Cabezo - 18.11.2008
Foto: Murcia, consejería de Presidencia - laverdad.es

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Icomos adelanta que su informe sobre la Torre Cajasol será negativo

DIARIODESEVILLA* : Aunque era un secreto a voces, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, según sus siglas en inglés) reconoció ayer oficialmente por primera vez que el informe que elevará a la Unesco sobre la Torre Cajasol va a ser negativo.

Así lo dijo el vicesecretario del Comité Español de Icomos (organismo que informa y asesora a la Unesco sobre temas relacionados con el patrimonio histórico), Víctor Fernández Salinas, tras salir de una reunión con el delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para tratar el proyecto de Cajasol de levantar un rascacielos de 178 metros en la isla de la Cartuja para acoger sus oficinas centrales, lo que cuenta con la firme oposición de los colectivos de defensa del patrimonio histórico-artístico sevillano.

Según Fernández Salinas, en la reunión (convocada seis meses después de ser solicitada por Icomos y cuando está a punto de remitirse el informe a la Unesco), Celis afirmó que, aunque "apoya políticamente" la construcción de la Torre Cajasol, será "sensible" con el informe que Icomos envíe a la Unesco, algo que sucederá aproximadamente en diez días.

En esta cierta ambigüedad se movió ayer también el alcalde de Sevilla, quien aseguró que la decisión de construir el rascacielos "ya está tomada y la torre se incorporará sin ninguna duda al paisaje de la ciudad", pero también indicó que "matizaremos todo lo que haya que matizar" para que el proyecto se realice "con todas las garantías".

Eso sí, en una nota, el Ayuntamiento recordó que el informe de Icomos ("una ONG que emite, por iniciativa propia, recomendaciones e informes que eleva a la Unesco") "no es vinculante", pero que lo tendrá en cuenta "al igual que las opiniones de cualquier entidad, asociación o particular de carácter privado, sin menoscabo del éxito del proyecto".

Aunque es cierto que los informes de Icomos no son vinculantes, también lo es que éstos suelen tener muy buena acogida en la Unesco y que, en ocasiones, han supuesto el que a una ciudad determinada se la incluya en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro o, incluso, la anulación de este título honorífico que concede el organismo de la ONU. Sobre el fondo de la cuestión, sobrevuela el fantasma de la posibilidad de que el eje formado por la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar dejen de disfrutar del título Patrimonio de la Humanidad, ya que, para Icomos, la construcción de un rascacielos a sólo 1,7 kilómetros de este conjunto es un claro atentado para una ciudad que, tradicionalmente, ha optado por un modelo mediterráneo y europeo de construcción baja.

De hecho, debido a los informes de Icomos, la ciudad alemana de Colonia fue incluida en 2004 en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro -la temida antesala de la pérdida de la categoría- por la construcción de unos rascacielos en el barrio de Deutz. Otras ciudades como Oviedo tuvieron que retirar proyectos similares ante la inminencia de un informe negativo de Icomos.






* Diario de Sevilla - Luis Sánchez-Moliní - 18.11.2008
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es

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Gata legaliza una urbanización en suelo protegido y construida hace dos décadas

INFORMACIÓN/Alicante* : La Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo anunció ayer, a través del BOP, la aprobación definitiva de la modificación puntual nº3 de las Normas Subsidiarias de Gata, cuyo expediente se inició en 1994 por parte del pleno de la corporación. Este acuerdo se traduce en "delimitar como suelo urbano una urbanización histórica que comprende 15 parcelas con extensión entre 2.000 y 3.500 metros cuadrados de las cuales se hallan edificadas nueve".

Estas parcelas, donde se han construido chalés desde hace dos décadas aproximadamente, "se edificaron incumpliendo la normativa urbanística y carecen de licencia. El suelo está hoy clasificado como suelo no urbanizable agrícola y forestal y se pretende pasarlo directamente a suelo urbano".
En este sentido, la conselleria ofrece ahora cobertura legal a una urbanización que creció sin permiso de ningún tipo y en suelo protegido. Sin embargo, fue el Ayuntamiento de Gata el que en 1994 inició los trámites para modificar las NN SS e incluir una parte de la partida Planises en suelo urbano. Catorce años más tarde, la conselleria da luz verde a la petición del consistorio.
El anuncio en el BOP especifica que la modificación afecta a 37.161 metros cuadrados, cuya distribución de usos también se especifica.





* Información - AM. J. MASCARELL - 18.11.2008
Foto: Gata de Gorgos (Alicante), vista - wikimedia.org

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La Audiencia condena a cuatro ex ediles de Marbella

ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga ha revocado una sentencia del Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga que absolvió a los ex ediles de Marbella Mario Jiménez, Rafael González, Manuel Calle y Dolores Zurdo de un delito contra la ordenación del territorio por el que fueron condenados los también ex concejales Julián Muñoz y Marisa Alcalá.

En el juicio inicial se estudiaban las licencias de obra, otorgadas en 1995, y el plan de ejecución, de marzo de 1998, para un edificio de 108 viviendas en la avenida Príncipe de Asturias, en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara. Los dos ediles condenados participaron en ambos actos jurídicos, mientras que los cuatro absueltos en primera instancia únicamente dieron su voto favorable a la licencia de ejecución de 1998.

De acuerdo con el juzgado de lo Penal, la licencia al proyecto de ejecución otorgada en 1998 era legal. La licencia "no era antijurídica, porque únicamente incidía sobre la adecuación de las características técnicas del edificio proyectado en la licencia de obras otorgada sobre el proyecto básico en el año 1995", se lee en la sentencia anulada,que condenaba sólo a los ex ediles que estuvieron en esta última comisión y no al resto.

El fiscal presentó un recurso, al entender que el permiso al proyecto de ejecución "tiene contenido urbanístico", por lo que resulta ilegal. En su fallo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial da la razón al Ministerio Público al estimar que "todos y cada uno de los acusados son responsables en concepto de autores ya que votaron a favor de la aprobación de la licencia [de marzo de 1998] que permitió la ilegal construcción". Por ello les condena a todos a un año de prisión y nueve de inhabilitación para cargo público.

La Audiencia desmonta del todo la sentencia del juzgado penal al reprocharle que "no se ha tenido en cuenta" que el delito contra la ordenación del territorio por el que fueron condenados en primera instancia Julián Muñoz y Marisa Alcalá "no existía en mayo de 1995", cuando se concedió la licencia al proyecto básico. Y en el caso de que entonces estuviera vigente el actual Código Penal este delito "habría prescrito".

Sin embargo, es válida la condena para los seis ex ediles por haber estado presentes en la comisión que aprobó el proyecto de ejecución en 1998. La Audiencia manifiesta finalmente que los acusados "actuaron sin escrúpulos en éste y otros casos ya juzgados". Julián Muñoz acumula seis condenas de prisión firmes por conceder licencias de obra ilegal.





* ELPAIS.com - EP / EL PAÍS - Marbella - 17/11/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba

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Urbanismo salvaje

JUDIT PITARG BUTILLÉ* : Tras la lectura del interesante artículo de José Luis Barbería sobre el urbanismo salvaje, he sonreído con tristeza e impotencia. La risa amarga ha llegado cuando el alcalde de Carboneras (Almería) dice que el problema se reduce a una cuestión estética. "Yo no veo ese impacto, a mí el hotel me gusta", añade. Y se queda tan ancho. Unos 75.000 metros cúbicos de hormigón, un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, como una colmena en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata.

Un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos por corrupción municipal en nuestro país. ¿Hay justicia? ¿o sólo hay justicia para unos pocos? Como siempre, la justicia llega tarde y mal.

Es grande el descontento al ver las mentes pensantes (en teoría) que gestionan proyectos esperpénticos como éste, que están al mando de ayuntamientos, que compiten en un mercado marcado por el lucro personal, gozando de un poder que les viene grande, y a los que la brújula se les extravió por el camino hace mucho.

Y sobre todo es triste ver cómo se evita el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro, alias ladrillo.

Espero que la creación de las fiscalías de Medio Ambiente y de Anticorrupción y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil acaben de una vez por todas con toda esta sensación del todo vale, de impunidad, en la que vivimos.

Tal vez entonces algunos empecemos a creer que el criterio y la justicia existen y que se predica con el ejemplo.






* ELPAIS.com - Opinión - JUDIT PITARG BUTILLÉ - Vila-seca, Tarragona - 18/11/2008

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Un plan urbanístico de L'Hospitalet suprimirá su última zona agrícola

ELPERIÓDICO/Barcelona* : A L'Hospitalet le quedan poco menos de 30 hectáreas de campos de cultivo como último vestigio de un fértil pasado agrícola que entró en declive hace medio siglo. El último reducto rural (la Marina) se ubica en una finca de unas 43 hectáreas, arrinconada entre Bellvitge, la Gran Via y la Ronda Litoral, en la que resisten tres masías: Ca l'Esquerrer, Cal Trabal y Cal Masover Nou.

El espacio está afectado por el proyecto municipal de prolongación de la cobertura de la Gran Via y de reordenación del entorno. El ayuntamiento plantea crear allí el parque de la Marina pero también edificar un hotel, oficinas y una zona industrial. Pero vecinos, ecologistas e incluso el Consell Municipal de la Sostenibilitat se oponen al proyecto. Quieren que se preserve el 100% del suelo agrícola.
El primer esbozo de reordenación urbanística del sector de la Marina --delimitado por la carretera del Mig, la Feixa Llarga y el nudo del Llobregat-- ha caído como un jarro de agua fría a los vecinos, que soñaban con que los actuales cultivos se preservarían e incluso se integrarían en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Los terrenos están actualmente calificados como zona verde metropolitana.

MODIFICAR EL PGM
El proyecto, elaborado por la Agencia de Desarrollo Urbanístico de L'Hospitalet (ADU), requiere una modificación del Plan general Metropolitano (PGM) y ubica en los aledaños de Cal Masover Nou tres edificios destinados a concesionarios de coches y un cuarto con usos por determinar. Además, sitúa una zona industrial en el entorno de Ca l'Esquerrer y una retahíla de nueve torres de oficinas (de 14 plantas de altura) en la fachada de la Feixa Llarga. Para parque se reservan 21 hectáreas.
En cuanto la propuesta se ha hecho llegar al tejido asociativo local se han encendido todas las luces de alarma y ha empezado a fraguarse una sólida oposición ciudadana. El último paso se dará hoy con la constitución de la plataforma por la conservación de la última zona agrícola de L'Hospitalet, a la que ya se han adherido la Asociación de Vecinos de Bellvitge, la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet (FAVLH), la entidad ecologista La Saboga, ERC y EUiA (socio de gobierno del PSC en la alcaldía). Esta última formación no esconde sus "reticencias" a la propuesta.

PRIMER REVÉS
Pero el proyecto se llevó su primer revés en la sesión del Consell Municipal de la Sostenibilitat celebrada hace unos días, que rechazó de plano la propuesta. El organismo solicitó que se paralice su aprobación inicial para que pueda revisarse a fondo (con la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental) y que se abra un proceso participativo. "No se puede perder la oportunidad de preservar la última zona agrícola de la ciudad", explica Ricard Gutiérrez, miembro de la Comissió del Riu Llobregat.
Antoni Nogués, gerente de la ADU, defiende la propuesta municipal porque es la única forma de garantizar la viabilidad del parque de la Marina. "A los terrenos no se les puede dar la protección que requiere una zona agrícola y debe actuarse para que no acaben teniendo otros usos, como el actual aparcamiento de camiones de Ca l'Esquerrer", recalca Nogués. El gerente del ADU insiste en que con esta fórmula se ganará un parque "que será 2,5 veces mayor que el de Les Planes", etiquetado hasta ahora como el más grande de la ciudad.
Fernando Martínez, miembro de la Plataforma por la conservación de la última zona agrícola de L'Hospitalet y de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, recuerda que en la Marina pervive "el 80% de la flora y la fauna de L'Hospitalet", que incluye dos especies de aves amenazadas. "No podemos permitir que no quede ni un palmo de lo que fue L'Hospitalet", advierte Martínez.

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES
El vecino insiste en que la plataforma no se rendirá hasta que se consiga "que todo sea una zona verde con usos agrícolas y que se preserven las masías para usos pedagógicos", y que se vincule con el Llobregat, que discurre a pocos metros. Es decir, lo mismo que se proponía hace una década. La plataforma tiene previsto iniciar pronto movilizaciones.






* El Periódico - XAVIER ADELL - 17.11.2008
Foto: L'Hospitalet (Barcelona), plan urbanístico - elperiodico.com

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El juez certifica que el puerto vigués de A Guía carece de licencia

ELPAÍS* : El puerto deportivo de A Lagoa, en A Guía (Vigo), también carece de licencia de actividad. La marina del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencia de obras y entre órdenes de derribo.

El Ayuntamiento de Vigo desestimó en mayo de 2006, con el puerto ya construido y en funcionamiento, los permisos de actividad que solicitaban los promotores del proyecto. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad acaba de refrendar la denegación de la licencia.

La asociación Voces polo Litoral de Teis, donde se encuentra el puerto, ha presentado en el Ayuntamiento de Vigo una copia de la sentencia y un escrito en el que solicita su ejecución al alcalde, Abel Caballero. Los vecinos reclaman al regidor que "curse las órdenes oportunas e impida ejercer las actividades descritas en el fallo". Éstas son las de servicios de embarcaciones deportivas y de recreo -"puerto deportivo, atraque, fondeo y estacionamiento de embarcaciones"- y de "invernaje y guardería" de los yates.

La sentencia del juzgado vigués desmonta los argumentos de la promotora del puerto contra la denegación de licencia. Según el juez, el proyecto no se puede beneficiar de la condición de interés general del que goza el puerto de Vigo, ya que su carácter es "lúdico y recreativo". Por lo tanto, está "sometido a la obtención de licencia urbanística municipal". También rechaza la sentencia, por "absoluta falta de fundamento", la supuesta carencia de motivación de la resolución impugnada.

La denegación de licencia de actividad se basó en un informe jurídico que concluye que el puerto se construyó sin licencia de obras, y que éstas "no pueden ser legalizadas" al no existir un planeamiento específico en la zona. "La falta de autorización de la actividad principal impide la autorización de la actividad complementaria", añade el informe, refrendado por el juez.

Pese a las reiteradas sentencias que declaran la ilegalidad del puerto, de 355 plazas, y el uso irregular que sus responsables realizan de un cortafuegos municipal, el puerto mantiene la actividad y el tráfico pesado sigue circulando por el mismo paso. Es la única alternativa a la angosta calle que da acceso a las instalaciones, demasiado estrecha para los camiones de gran tonelaje que utilizan las instalaciones portuarias. El pasado abril, Caballero anunció que cortaba el camino. Siete meses después, el tráfico portuario sigue transitando por el cortafuegos.

El Ministerio de Medio Ambiente, mientras, permanece a la espera de que el ayuntamiento le transfiera ese camino para poder ejecutar el paseo marítimo de A Guía, para el que año tras año consigna una partida presupuestaria de tres millones de euros que no ejecuta.

El conflicto del puerto de A Lagoa surge con la autorización por la Autoridad Portuaria de Vigo, en 1999, del pliego de condiciones para una dársena deportiva en la zona. Desde un primer momento, el Ayuntamiento se opuso a ese proyecto, entre otras razones por la ausencia de los accesos necesarios. Pero durante el mandato del PP en el Ayuntamiento de Vigo, el proyecto de Fernández de Sousa utilizó el cortafuegos municipal para ejecutar las obras.

La ilegalidad del uso que Astilleros y Construcciones A Lagoa hace del cortafuegos está avalada por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), que a principios de año respaldó un acuerdo plenario de enero de 2005 que instaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por ese camino. Aunque aquel acuerdo sólo se hizo efectivo durante unas pocas semanas, los promotores del puerto lo recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y después ante el TSXG. No es la única sentencia contra la marina de Fernández de Sousa sin ejecutar. Dos grandes naves levantadas en las instalaciones portuarias cuentan con fallos judiciales que avalan su demolición.






* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/11/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es

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Castelló: El ayuntamiento privatiza los servicios de planeamiento urbanístico

LEVANTE* : El equipo de Gobierno de Castelló sigue con su proceso de privatización de servicios públicos. Fuentes municipales informaron ayer en un comunicado que el ayuntamiento, del Partido Popular, ha externalizado los servicios de planeamientos urbanísticos.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, afirmó en la nota que con esta medida se pretende "dar una mayor agilidad y rapidez a la realización de proyectos en beneficio de toda la ciudadanía y, de esta forma, aminorar las tiempos en pro de las y los castellonenses".
Concretamente, el Ejecutivo local externaliza los trabajos de redacción de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización y gestión urbanística del consistorio.
Así, el objetivo de esta nueva iniciativa municipal, que sale a concurso y que cuenta con un presupuesto de 172.413,79 euros para dos años, es dotar a los servicios urbanísticos de la documentación técnica necesaria para la tramitación formal de expedientes y, de esta manera, "dotar de una mayor celeridad a la gestión municipal", según apuntó Moliner.
Así, el vicealcalde comentó que la privatización de estos servicios permitirá acelerarlos, "lo que beneficiará de forma considerable al ciudadano".
Además, Moliner recordó que, "con el fin de acelerar estos trámites en beneficio de los ciudadanos, el consistorio ya ha adjudicado, en este sentido, los proyectos de estudio de impacto ambiental, el de estudio de paisaje, el de integración paisajística de la ciudad, el de riesgos ambientales y la redacción de proyectos paisajísticos o de jardinería".
Los planes urbanísticos auspiciados por el ayuntamiento van con un importante retraso. Por ejemplo, las obras del Plan Especial de la Marjaleria aún no se han iniciado pese a estar aprobado desde hace dos años. El ayuntamiento contempla partidas presupuestarias desde hace dos años sin que al final llegue a ejecutarlas. En este caso ya encomendó además a una firma privada la realización de unos estudios previos. Ahora de parte de la planificación urbanística que le correspondía hasta ahora a firmas privadas.





* Levante-EMV - 17.11.2008
Foto: Castellón, vista - google.es

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No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje

ELPAÍS/Reportaje* : Jueces, fiscales y empresarios ya son conscientes de que la construcción descontrolada matará la gallina de los huevos de oro. ¿Quiere usted descubrir por sí mismo el sentido de la expresión "impacto visual"? Véngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata, colóquese de espaldas al mar y recibirá la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros cúbicos de hormigón que ha tomado posesión de las entrañas mismas de la montaña.

Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es solución, porque le resultará imposible sustraerse a la abrumadora presión del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.

El engendro habría pasado más desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urbanísticos que pueblan el litoral español, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones públicas que hicieron posible su construcción.

A estas alturas, buen número de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusión de que sólo la demolición de las obras ilegales pondrá coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural público. "La demolición de la obra contraria al ordenamiento jurídico no debe ser la excepción, sino la regla", subraya la Audiencia de Cádiz en sintonía con otros tribunales y fiscalías. "Lo que está en juego es la propia vigencia del orden jurídico y, en definitiva, la restauración del orden legal (...) De lo contrario, habría que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendiciéndose absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de Córdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Porque el juego en estas últimas décadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer oídos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. "En la mayoría de los supuestos de delito urbanístico, el autor continúa construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no será derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscalía.

La situación ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria turística han manifestado su inquietud por la pérdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, año tras año, regresan horrorizados de sus visitas al litoral español.

España ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupción política a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urbanísticos perpetrados a lo largo de las últimas décadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fenómeno, el de la corrupción municipal, y de una industria, la de la especulación inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y autonómicas y de los partidos que las dirigen. Todavía hoy, los fiscales siguen quejándose amargamente del silencio y de la escasa colaboración que les prestan las autoridades en la mayoría de las comunidades autónomas.

En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administración autonómica presentó durante el pasado ejercicio una única denuncia por este delito, según la Fiscalía de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscalía, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en "maniobras normativas" dirigidas a "desproteger parte de su espacio natural". ¿No es inquietante para la salud democrática de un país que los políticos procesados por corrupción obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo público de sus dirigentes? ¿Cabe luego extrañarse del escaso reproche social a los munícipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del beneplácito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideración, en suma, de que la corrupción está firmemente enraizada en los partidos?

"El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en última instancia, por una oligarquía económico-política. Y la política se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupción más descarnada". Quien se expresa así no es un radical alternativo del movimiento antiglobalización, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), catedrático emérito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.

"La justicia llega muy tarde, cuando los daños causados al paisaje son irreversibles y están asentadas las urbanizaciones ilegales", admite Antonio Morales, fiscal jefe de Málaga. "Tenemos un sistema de garantías procesales que permite recurrir sistemáticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolición del inmueble ilegal resulta una decisión comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe". El fiscal malagueño reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: "Una cosa es que haya políticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el interés general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales".

Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse aún más. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturación. "El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivarán en cuanto la situación lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aquí hay mucho en juego", comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

A pesar de este panorama sombrío, la creación de las fiscalías de Medio Ambiente y de Anticorrupción y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está acabando con la sensación de impunidad. "El miedo empieza a guardar la viña", apunta el general José Antonio Ramos, máximo responsable del Seprona. A los éxitos de la Fiscalía Anticorrupción, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscalías de Medio Ambiente en los últimos dos años.

Después de la intervención de Greenpeace -en julio del año pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democrático contra las tropelías medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almería constituye una durísima descalificación del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía. Tras escandalizarse por que una construcción a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-Níjar haya podido obtener permisos y ayudas públicas, el magistrado Jesús Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la "abulia" y la "desidia" en la defensa del interés general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, "conocía hace ya 20 años" la prohibición de edificar a menos de cien metros de la zona marítimo-terrestre y que la Junta adoptó una actitud "pasiva y condescendiente con las infracciones". Aún más: el fallo establece que la Junta modificó la planimetría del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque, en "una burda maniobra" para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricación y contra la administración del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que actúe.

Podría pensarse que cualquier responsable político desautorizado de manera tan contundente por la justicia optaría por replantearse su postura, pero no es el caso de Cristóbal Fernández, el alcalde de Carboneras (Almería). "Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andalucía destinado a crear puestos de trabajo". A su juicio, el problema se reduce a una cuestión estética: "Yo no veo ese impacto, a mí el hotel me gusta". El alcalde añade: "Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urbanístico en 20 años y eso que tenemos 17 kilómetros de costa", aunque no niega el desastre. "Nos hemos cargado el país entre todos. Ha sido entre todos, ¿eh?", señala, con ese énfasis especial que ponen los políticos a la hora de lanzarse al "y tú más".

Como se apunta en la memoria de la Fiscalía, la discusión pública sobre la corrupción política está resultando estéril "debido al empleo de las tácticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fructífero y acrecienta el cinismo político de los ciudadanos ante su clase política". Solo que es el erario público quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es pequeña. La tasación del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo último con vistas a una hipotética expropiación, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).

"Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel sería tirar la montaña", asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. "Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversión) y la exención del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de interés general para el desarrollo económico de la zona", indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos serán compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almería, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no respaldará la sentencia del juzgado almeriense.

Si como establece el experto en corrupción Robert Klitgaard, ésta es la resultante de sumar el monopolio de la decisión, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas, nuestro país parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendición de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos años de proceso.

Añade Klitgaard: "Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la corrupción empieza con la mejora de los sistemas". Precisamente, son las peculiaridades del modelo español -y no la mayor o menor predisposición moral de nuestros políticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupción. De acuerdo con los expertos, la configuración del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder económico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.

A su vez, la autonomía municipal ha eliminado en la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos españoles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación, la omisión de un trámite, una modificación mínima en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más por su futuro económico.

"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayoría de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicción de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo", indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de España en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanzó el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposición al proyecto del Algarrobico: "Esto le va a costar a Narbona el sillón".





* ELPAIS.com - JOSÉ LUIS BARBERÍA 16/11/2008
Foto: La justicia determinó la demolición del Algarrobico- FRANCISCO BONILLA, elpais.com

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El urbanismo valenciano, en jaque

LEVANTE* : Nunca un mapa será lo suficientemente exhaustivo ni tampoco una cifra será lo suficientemente exacta para establecer la geografía y la medida de la corrupción. En la Comunitat Valenciana, cada año se abren alrededor de un centenar de diligencias , sólo en la Fiscalía, para investigar a políticos corruptos y empresas fraudulentas.

El recorrido es largo, como la Comunitat Valenciana. Sin pretender abarcar todos los casos abiertos, ofrecemos un ejemplo de los más significativos que jueces y fiscales siguen investigando en los últimos años.
Un buen ejemplo es la Fiscalía de Castelló, que tiene abiertos varios frentes en la provincia por temas urbanísticos, algunos de ellos remitidos ya a los juzgados.
- orpesa
El juzgado ha imputado al alcalde, Rafael Albert, a cinco ediles, a la secretaria y al empresario Jesús Ger por prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación definitiva del PAI de Les Amplaries. La Fiscalía acusa al alcalde, Rafael Albert, y a otros siete concejales de prevaricación urbanística por vender 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà. También ha remitido al juzgado la denuncia de la concejala del PSPV, Rosa Sabater, por la contratación irregular del servicio de prensa.
- moncofa
Se investiga la venta de suelo municipal por debajo del precio de mercado en el PAI Belcaire Sur y el del sector Camí de Cabres, por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio al dar licencia de obras en un PAI anulado por el TSJ.
- AlcalÀ del xivert
La Fiscalía investiga al ayuntamiento por permitir la construcción de un edificio de cuatro alturas en la playa de Alcossebre que no se ajusta a las licencias. También investiga la aprobación del presupuesto de 2008 y la inexistencia de una depuradora de aguas residuales que debe dar servicio a Alcossebre.
- cabanes
La Fiscalía ya ha remitido al juzgado la investigación de presuntos aterramientos y vertidos en el entorno del parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Además, ha abierto diligencias contra el alcalde por conceder licencias en el PAI Torre la Sal y por retirar la gestión del agua potable a la empresa Facsa para concedérsela a Marina D´Or.
- burriana
La Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia contra el concejal Francisco Isach (PP) por perdonar las tasas de la grúa a familiares y amigos.
- almassora
La Fiscalía de Castelló ha remitido al juzgado la primera denuncia contra un particular por construir de forma ilegal en la desembocadura del Millars. El grupo conservacionista Gecen denunció hasta 120 edificaciones.
- nules
Siguen las diligencias contra el presidente de la Diputación de Castelló por fraude fiscal y prevaricación. Además, el fiscal jefe, Javier Carceller, denuncia al anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, al secretario y al ex concejal de Urbanismo por movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal. Y acusa a más de 100 propietarios.
- l´alcora
Unos vecinos denunciaron al alcalde por vender el PAI Santa a un precio muy inferior al valor de mercado.
- sagunt
Denuncia en la Fiscalía contra la anterior alcaldesa, la socialista Gloria Calero, por prevaricación al tramitar la solicitud de la empresa Fertiberia para ampliar sus instalaciones. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado.
- zarra
La Fiscalía investiga la concesión de 87 licencias para casas de aperos, que acabaron convirtiéndose en chalés con piscina construidos en suelo rústico. el alcalde y su hijo fueron detenidos hace dos semanas.
- paiporta
Denuncia en el juzgado contra el ex alcalde socialista Bertomeu Bas por malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. El Ayuntamiento de Paiporta se ha personado.
- pobla de farnals
El ex alcalde José Manuel Peralta llevó a la Fiscalía la auditoría urbanística que inició a los pocos meses de ganar las elecciones municipales tras 20 años de gobierno socialista. No se ha abierto expediente alguno.
- benimodo
El fiscal denunció en el juzgado al alcalde de Benimodo, José Luis Sanchis (PSOE), por un delito contra el patrimonio histórico y la ordenación del territorio por haber autorizado una obra en el centro histórico.
- montserrat
La Fiscalía denunció en el juzgado al ex alcalde de Montserrat, Josep María Mas, por prevaricación en la modificación de un Plan de Reforma Interior (PRI) de una urbanización. También se investiga a la actual alcaldesa, la popular Laura Sanjuán, y el concejal de Urbanismo, Joan García Perales, por un delito contra la ordenación del territorio al permitir construir el colegio provisional Evarist Calatayud en suelo no urbanizable.
- alberic
La Fiscalía denuncia al arquitecto municipal en relación a las obras de rehabilitación del convento capuchino por un delito contra el patrimonio histórico.
- tous
El juzgado investiga si el alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), cometió un delito de prevaricación al denegar al PSOE un local municipal para una asamblea informativa.
- algemesí
La Fiscalía investiga irregularidades en el concurso-oposición para una plaza de intendente principal de la Policía Local.
- ontinyent
La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Ontinyent por el PP, Lina Insa, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por caducar los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en el diseminado.
- benicolet
EL juzgado investiga al ex alcalde del PP y a siete concejales por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación entre 2003 y 2007, al aprobar licencias de obra en contra de los informes técnicos.
- beniatjar
La Fiscalía denunció al ex alcalde José Cortell Cortell (PP) por utilizar información privilegiada para comprar unos terrenos rústicos en los que una promotora pretendía urbanizar.
- dénia
La Fiscalía de Alacant investiga, tras una denuncia del PP, a la ex alcaldesa socialista Paqui Viciano por prevaricación administrativa en la venta por el ayuntamiento de 240 metros cuadrados de un antiguo camino catastral.
- xàbia
El juez investiga al actual alcalde, Eduardo Monfort, del Bloc, y a su antecesor, Juan Moragues, del PP, junto a otros ocho ex ediles, por prevaricación en la concesión de una licencia para ampliar el apartahotel El Rodat..
- benitatxell
La Guardia Civil detuvo en julio al alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, y a su edil, Hannelore Rheindorf, ambos independientes, por pedir 50.000 euros a un vecino para que su terreno siguiera siendo urbanizable en la revisión del PGOU..
- calp
El equipo de gobierno del ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía y a la Sindicatura de Comptes los 14 millones de facturas del gobierno del PP, incluida la documentación del «caso aguas de Calp».
- l´atzúvia
La asociación ecologista Gelibre, Agró y el Bloc de l´Atzúvia denunciaron la proliferación de casas de lujo en suelo no urbanizable. La Guardia Civil detuvo al promotor, Klaus Dieter May, y a su esposa a principios de año por un presunto delito urbanístico. La conselleria alertó de la concesión irregular de licencias por parte del Ayuntamiento de l´Atzúvia.
- san fulgencio
Otro soborno por favores urbanísticos está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, tras la difusión de un vídeo en el que se ofrecía dinero. La alcaldesa y cuatro concejales han sido detenidos y puestos en libertad.
- bigastro
El alcalde socialista, José Joaquín Moya, acaba de dimitir desde la cárcel, donde se encuentra por el famoso «permutazo» de suelo y por varias irregularidades urbanísticas.





* Levante-EMV - 16.11.2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es

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Los cargos públicos y los funcionarios que silencien los delitos urbanísticos serán castigados penalmente

ABC* : La corrupción urbanística tiene un capítulo propio en la reforma del Código Penal. A partir de su aprobación, incurrirán en delito los cargos públicos y los funcionarios que conozcan la comisión de alguna infracción urbanística y no la denuncien. Además, la persecución penal de la realización de obras ilegales se extenderá al momento de la urbanización, y no sólo al de la edificación, que es posterior.

Delito serán también el acoso laboral, tanto en el ámbito privado como entre funcionarios; los daños efectuados en bases de datos o sistemas informáticos, así como el acceso sin autorización a los mismos; la estafa a los inversores falseando balances, actividades o negocios.
La reforma pretende también regular más claramente en qué momento queda interrumpida la prescripción del delito. A partir de ahora, interrumpirá el cómputo del plazo la mera presentación de denuncia o querella, cuando se dirija a una persona determinada (no hay que esperar a la admisión a trámite); la práctica de diligencias orientadas a la detención de una persona concreta; y también cualquier actuación del juez que se considere sustancial para la incriminación de una persona. Además, se ampliará a 10 años el plazo de prescripción de los delitos contra el fisco o la Seguridad Social.
Por primera vez, se regulará la responsabilidad penal de las personas jurídicas (garantizará una mayor eficacia de la lucha contra las mafias internacionales dedicadas a blanquear dinero procedente de la droga o la trata de seres humanos).





* ABC - N. C. - 15.11.2008

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El cámping del piso barato hace de su promotor un héroe inmobiliario

ELPERIÓDICO* : José Moreno culminó ayer su ascenso al casi desierto Olimpo de los héroes inmobiliarios mediante un acto tan sencillo como la entrega de unos papeles. Tras varios días acampados en Fuenlabrada (Madrid), en las inmediaciones de la asociación de vecinos de este promotor de pisos a un precio cercano al de coste, más de 2.000 jóvenes entraron por orden en el local, le entregaron 120 euros, firmaron un papel que les acreditaba como futuros cooperativistas y salieron coreando su nombre, sonriendo, abrazándose entre sí y, en algunos casos, incluso llorando de alegría.

Todo por la promesa de ser propietarios en un futuro indeterminado de una vivienda barata que no existe. Aunque ha anunciado que espera comenzar a construir a comienzos del próximo año las primeras 200 viviendas de las 2.100 totales, Moreno carece de suelo por el momento.
El fenómeno dice tanto sobre la capacidad de atracción de este hombre como sobre la situación inmobiliaria en España, que tras una década de crecimiento se encuentra ahora bordeando el colapso debido a los recortes globales a los créditos y el frenesí constructivo. El precio de la vivienda empieza a descender debido a la crisis financiera, pero se dobló entre el 2001 y el 2007. Con los salarios subiendo apenas por encima de la inflación, los jóvenes se enfrentan a enormes dificultades para hacerse con un piso que puedan pagar. Lo que Moreno les ofrece es precisamente eso: una vivienda al alcance de su bolsillo para que vuelen de una vez del nido familiar.

600 EUROS AL MES
De acuerdo con lo anunciado por el promotor inmobiliario --conocido como el Robin Hood del ladrillo porque su margen de beneficio, de solo un 3%, es sensiblemente inferior al del resto-- las viviendas para personas de 18 a 35 años, en el sur de Madrid y el norte de Toledo, serán de entre dos y tres habitaciones, contarán con los mejores materiales y su precio oscilará entre los 120.000 y los 168.000 euros según sean de protección oficial o de renta libre, de los cuales el cooperativista pagará una entrada de 9.000 y mensualidades de un máximo de 600. Solo hay que creer en él. Y los jóvenes le creen, aunque la única garantía que ofrezca resida en el hecho de que en las otras ocasiones que ha construido en régimen de cooperativa --72 viviendas hace una década, 170 pocos años después y otras 402 en el 2007-- todo haya salido estupendamente.

LA ASOCIACIÓN
Por eso llegaron a Fuenlabrada en cuanto supieron que el 15 de noviembre, ayer, iba a inscribir en la futura cooperativa a las primeras 2.000 personas que se presentaran, pues los 100 inmuebles restantes hasta llegar a 2.100 irán a parar a miembros de su asociación de vecinos, llamada La Avanzada por el barrio en el que reside Moreno. La primera en llegar, el pasado domingo junto a su marido y su bebé, fue Deyaniry Feliz, ama de casa de 24 años. Al instalarse, Feliz provocó un efecto dominó: los interesados en el proyecto de Moreno, temerosos de no poder formar parte de él si se retrasaban, comenzaron a llegar sin pausa. El lunes sumaban 1.500, cifra que el viernes llegaba a los 2.500, convirtiendo así el barrio en un improvisado campamento de jóvenes sedientos de piso sobre el que también se dejaron caer muchas promotoras inmobiliarias que los tentaban, sin éxito, con sus ofertas en estos tiempos de crisis.
"¡Moreno, campeón, saluda a la afición!", exclamaban los jóvenes tras pagar los 120 euros que les convierten en miembros de la futura cooperativa y que, según los folletos informativos del héroe inmobiliario, les serán devueltos si esta no comienza a andar "en un año por motivos achacables a la gestora". Cuando posaban para las decenas de medios que se congregaron en el local vecinal, algunos también sustituían el tradicional grito de "¡patata!" por otro más adecuado para la ocasión: "¡Hipoteca!".





* El Periódico - JUAN RUIZ SIERRA, FUENLABRADA - 16.11.2008
Foto: La larga cola de los aspirantes a un piso de bajo coste, antes de formalizar la inscripción, ayer. - JUAN MANUEL PRATS, elperiodico.com

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Manifestación en defensa del patrimonio alcarreño

LATRIBUNA/Guadalajara* : Los representantes de Ecologistas en Acción, Tierra Comunera, el Grupo para la Defensa del Patrimonio Histórico- Artístico de Guadalajara, (Dalma) y la asociación La Camada se concentraron ayer en la plaza del Concejo contra la escasez de políticas de conservación y «el abandono de las autoridades».

La manifestación comenzó entorno a las 11,00 horas en la plaza del Concejo para continuar hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se leyó un manifiesto. Durante el desarrollo de la misma, la decena de concentrados se equiparon con pancartas en las que se podía leer ‘Urbanismo imparable’, ‘Patrimonio cultural, patrimonio mundial’ o ‘ ¿Quién es el responsable? ¡Intereses políticos y económicos!’. Además de corear diferentes lemas como «¿Qué van a ver de Guadalajara los turistas, sino dejamos nada?».

Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción, denunció que «no hay conservación de ningún tipo». Como ejemplo puso el ábside de la iglesia de San Gil, en la plaza del Concejo, quejándose del lamentable estado en el que se encuentran estos restos y su entorno.

En su manifiesto los convocantes llamaron a los alcarreños a salir a la calle, para evitar «el deterioro del casco antiguo» y «el desmantelamiento del patrimonio artístico, cultural y natural». En este documento destacaron que el detonante de la concentración del sábado fue la «destrucción» de un yacimiento de la Edad de Bronce de las Terreras del Henares y la «ocultación de información» en este caso. Además los manifestantes denunciaron «la descoordinación entre las administraciones públicas: Cultura, Medio ambiente y Ayuntamiento». Al respecto, constataron «el escaso control en las obras públicas y la falta de parcialidad en los casos en que se ejecuta». Recordaron también que es la misma Administración quien controla los restos arqueológicos e impone las sanciones pertinentes.

malas prácticas. Luego procedieron a leer un listado de las malas actuaciones, que han destruido «gran parte del patrimonio histórico de Guadalajara» desde los años 50: la desaparición del Convento de Santa Clara (hoy sede de Ibercaja y del Hotel España) en los sesenta, del antiguo recinto amurallado medieval (ocupado en la actualidad por las viviendas de la calle Ramón y Cajal) o en 2001 la reconstrucción total del Palacio de Dávalos y la demolición, sin autorización, del edificio de Guardahermosa de la Plaza de los Caídos, entre otros muchos casos. A juicio de las asociaciones convocantes la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla La-Mancha tiene por objetivo «inventariar y tirar» la mayoría de los restos hallados en las obras. La concentración finalizó entre aplausos de los presentes y gritos de «¡Basta ya de destrucción!». Marta Arias, una de las manifestantes, constató que Guadalajara es una «ciudad escasa en edificios de interés turístico».





* La Tribuna de Guadalajara - carlos manso - 16.11.2008
Foto: Guadalajara, ayuntamiento - wikipedia.org

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