Viñeta El Roto, crisis y corrupción - 12.07.2008, elpais.com
Crísis y corrupción / El Roto
Greenpeace sale a la calle en varias ciudades contra la destrucción de costas
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ELMUNDO* : Activistas de Greenpeace han salido a la calle en varias ciudades españolas, para denunciar "la alarmante" destrucción de costas que se esta produciendo a causa del excesivo urbanismo y contaminación en el litoral, siendo el caso "más flagrante" el Hotel Algarrobico (Almería) "que sigue sin demolerse".
Este sábado Greenpeace ha colocado mesas informativas por todo el país para advertir a la población de "la preocupante" situación que atraviesa el litoral español, como queda de manifiesto en el reciente informe "Destrucción a toda costa" del año 2008, presentado por la organización, y en donde se confirma que el hotel El Algarrobico continúa siendo el "símbolo" principal de este problema, explicó la responsable de Océanos en España de Greenpeace, Carmen Solla.
Las ciudades en donde se desarrollan acciones informativas por parte de Greenpeace son Alicante, Asturias, Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Tenerife, Vizcaya, Valencia y Zaragoza.
En Madrid, una decena de voluntarios de Greenpeace facilitarán a lo largo del día folletos a los ciudadanos que pasen por la Plaza de Felipe II y que estén interesados en la iniciativa, y les darán a conocer "los cien puntos negros más degradados" el litoral, como consecuencia del "urbanismo, las infraestructuras y la contaminación", siendo los territorios más afectados, según el citado informe, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Ceuta y Melilla, añadió Solla.
En cabeza de ese listado de puntos negros en las costas, continuó la activista de Greenpeace, se sitúa el hotel El Algarrobico, que es el claro "símbolo de la mala gestión costera", tanto por parte del Gobierno andaluz como del central, y aparte de ese caso, se recogen en el documento otros muchos también alarmantes, como el Puerto de Granadilla, en Tenerife, o el de Calvià en Mallorca, en donde también "se quiere construir en zona virgen".
Asimismo, Solla se refirió a la Marina de Cope, en Águilas (Murcia), un proyecto sobre el que dijo que es "el paradigma de la destrucción del litoral", con una macro-urbanización con puertos y campos de golf.
Solla lamentó la falta de medidas por parte del Gobierno para solucionar el problema, y en ese sentido, acusó a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, de tener "bastante decepcionados" a los miembros de Greenpeace, por su política de protección ambiental "básicamente nula".
Los ciudadanos convocados por Greenpeace, aparte de disponer de información sobre la situación del litoral en varias mesas repartidas por todo el país, podrán reclamar una mejor gestión del espacio costero, haciéndose una foto frente a una imagen de 'El Algarrobico', ataviados con el tradicional traje blanco de capucha de los activistas de Greenpeace.
Con ese gesto de protesta, se exigirá la demolición del recinto hotelero levantado junto al mar en Almería; las imágenes realizadas las podrán ver los ciudadanos en la página de Internet: www.destruccionatodacosta.com.
En el caso de Madrid, sólo en la primera hora de campaña se habían acercado ya a la mesa informativa un centenar de personas a interesarse por la situación del litoral; los activistas de Greenpeace confían en que a lo largo del día puedan presentarse alrededor de medio millar.
En el informe 'Destrucción a toda Costa' del año 2008 se pone de relieve que durante el último ejercicio los casos de corrupción urbanística en el litoral ascendieron a 67, con la implicación en ellos de medio millar de personas, siendo cargos públicos el 37 por ciento de los mismos.
Se destaca además en el documento que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 y ya aprobadas por los correspondientes ayuntamientos, se sumaron este año 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras en el litoral, principalmente puertos deportivos e industriales, que van ganando terreno al mar.
* El Mundo - EFE - 12/07/2008
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace
El Grupo Ecologista Cóndor exige el cumplimiento extricto de la Ley en los casos de construcciones ilegales
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ANIA* : El Grupo Ecologista Cóndor, de Almería, se ha dirigido a nuestras Autoridades con competencias en Urbanismo solicitándoles la aplicación estricta de la Ley ante todas las construcciones ilegales de nuestra Provincia y se muestra contrario a los “arreglos” que se están preparando entre los partidos políticos para hacer “legalizaciones masivas”.
La situación actual de muchos políticos encausados por corrupciones urbanísticas colapsa los juzgados. Son muchos años de denuncias ecologistas que caían en saco roto, pero el tiempo les ha dado la razón cuando la situación era ya insostenible y las corrupciones se desbordaban.
Pero ante la evidencia de una aparente “flojera” en la aplicación de la Ley por parte de la Junta de Andalucía, desde este Grupo Ecologista se han dirigido al organismo competente, o sea a la Consejería de Obras Públicas exigiendo que ya que es más que evidente la situación insostenible de corrupción total en todo lo relacionado con el urbanismo y ante los hechos y pruebas tan evidentes, lo único que cabe es la aplicación estricta y rigurosa de la Ley, “caiga quien caiga” apostillan con énfasis los ecologistas.
Desde el Grupo Ecologista Cóndor se señala que no están de acuerdo en seguir con la legalización de lo ilegal por la vía de los hechos consumados ya que consideran esta vía fruto de la connivencia de las propias administraciones con el fraude sumado a la incapacidad evidente y manifiesta para hacer cumplir la Ley, tanto por los propios ayuntamientos como por la propia Consejería de Obras Públicas.
Desde este Grupo Ecologista se dirigen, asimismo, a los perjudicados por la corrupción. Por un lado están los que tienen un permiso del Ayuntamiento, que es al que corresponde darlos, pero si este no lo ha hecho dentro de la Ley está obligado a pagar los prejuicios causados a los afectados, sobre esto hay que señalar que la Ley obliga al político o políticos, de una forma personal, a que sean ellos de su bolsillo los que paguen estas indemnizaciones, no de las arcas municipales, por lo que en estos casos se aconseja a los afectados la denuncia judicial directamente ya que los causantes van a dar todos los rodeos posibles para pagar sus equivocaciones. Por otro lado están los que han realizado las obras ilegales sabiendo perfectamente lo que hacían, aquí no cabe otra cosa que el derribo sin indemnización además de las multas correspondientes por infringir la Ley.
Desde el Grupo Ecologista Cóndor se añade que si de todos estos hechos no salen políticos encarcelados y miles de viviendas derribadas se evidenciará una total dejación en la aplicación de la Ley que derivará en situaciones de una grave alteración del Estado de Derecho.
* ANIA - 09/07/2008
Foto: Algarrobico ILEGAL por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)
El Parque Regional del Sureste se convertirá en el gran vertedero de las obras del cierre de la M-50
REBELIÓN* : La mayor parte de los más de 7 millones de metros cúbicos de tierras sobrantes de las obras del cierre norte de la M-50 ( la M-61) serán vertidas en el Parque del Sureste. Este espacio se ha convertido en la mayor escombrera regional. Al proceder de suelos con características muy diferentes, se verán alteradas las condiciones físico-químicas del subsuelo de la zona. Entre los destinos barajados por la Comunidad de Madrid se encuentran varias explotaciones con un largo historial de denuncias e infracciones a la normativa ambiental.
Unos 7.700.000 metros cúbicos de tierras serán necesarios eliminar como sobrantes de las obras de construcción de los túneles de la M-61 (cierre de la M-50 por el monte de El Pardo). A falta de lugares idóneos en la zona norte de la Región, la Comunidad de Madrid baraja 42 puntos de vertido, la mayor parte ubicados en el sur y el sureste, pese a las largas distancias que tendrán que recorrer diariamente decenas de camiones. Localidades como Getafe, San Fernando, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Campo Real, Arganda, Velilla, Valdilecha, Orusco, Perales de Tajuña..., serán algunos de los términos municipales elegidos para acoger las tierras que supuestamente servirán para restaurar zonas degradadas.
Detrás del eufemismo de zonas degradadas a restaurar no se esconde otra cosa que convertir en escombreras los huecos dejados por la actividad minera (graveras y canteras). Una restauración en condiciones debería tener en cuenta las condiciones físico-químicas de las tierras a utilizar. Las tierras de la zona de El Pardo, graníticas, tienen unas características totalmente diferentes e incompatibles a las de los suelos del sur y del sureste: zonas de vegas de los ríos y suelos calizos. Estas supuestas restauraciones alterarán de forma significativa las condiciones de los suelos.
De las 42 zonas de vertido, 17 se ubican en el interior del Parque Regional del Sureste. Este parque se convierte una vez más en territorio especializado en albergar los restos, los vertidos, los escombros, las basuras, los humos... de toda la región. No es de recibo que la Comunidad de Madrid pretenda utilizar la comarca del sureste como el espacio especializado para albergar los sobrantes de la actividad humana en la Región y, mucho menos, que se pretenda utilizar como escombrera un espacio natural al servicio del negocio de la construcción.
En un desprecio absoluto a la normativa ambiental de la Comunidad, el Estudio de Impacto Ambiental de la M-61 en ningún momento tiene presente las condiciones de vertido y restauración establecidas en la Ley del Parque (Ley 6/94) o en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Sencillamente el Parque del Sureste no existe para los gobernantes regionales.
Los Cantillos, gravera situada entre Arganda y Velilla de San Antonio, es el lugar que prevé acoger una mayor cantidad de tierras. Esta gravera dice contar con una capacidad para 4 millones de metros cúbicos. No obstante, tiene condicionantes de la Junta Rectora del Parque por los que no pueden ser vertidos materiales procedentes de tuneladoras.
Significativo de la escasa sensibilidad ambiental del Gobierno de Esperanza Aguirre, es que, entre las 17 explotaciones ubicadas en el Parque del Sureste, algunas mantienen parte de su actividad en una situación de irregularidad respecto a los condicionantes sobre uso del suelo establecidos en la Ley 6/94 y el PORN. Otras, además, tienen un largo historial cargado de incumplimientos sistemáticos de la normativa ambiental del Parque. Resulta inconcebible que la Comunidad de Madrid pretenda que empresas que se han caracterizado por una total desconsideración de las normativas y decisiones ambientales, se les conceda la posibilidad de gestionar un vertido de tanto volumen y tan problemático. Así, entre el listado de las 17 explotaciones en el Parque del Sureste aparecen:
- El Bombo y la Alameda. Ciempozuelos. Plan de Restauración de 2 años y dicen que tienen capacidad suficiente (sin dar más datos). La gravera posee Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. Pero un proyecto de ampliación de El Bombo se le dio una DIA desfavorable de 3/6/96, aunque la empresa extrajo material en esa finca
- Los Tranzones. Ciempozuelos. Plan de Restauración a 8 meses de completar. Empresa con una ristra de irregularidades: sancionada en 2005 con 2,5 millones de euros por daños en el patrimonio arqueológico y natural. Una de sus ampliaciones estuvo extrayendo sin DIA aprobada; incumple la legislación del Parque en cuanto a invasión de la zona B, estacionamiento de camiones en zona B y franja de protección de 50 metros.
- PRERESA. Getafe. 1 millón de m3. Gravera con múltiples denuncias en el pasado: vertidos de basuras y lodos, relleno de lagunas naturalizadas, incumplimiento de autorización de la Junta Rectora...
- Maresa (San Martín de la Vega). Ocupa suelos en zona B y no respeta franja de protección respecto a la ribera del Jarama
- Menorca. Explotación ya restaurada y sin informe de la Junta Rectora en 2005. Se desconoce si contó con DIA.
- Valdocarros (Tramsa) Arganda. Ocupa suelos en zona B y no respeta franja de protección respecto a la ribera del río.
Al margen de estos casos, la utilización del Sureste como zona de vertido preferente es incompatible con los objetivos de conservación establecidos en la Ley 6/94. Llevar la mayor parte de los 7 millones de m3 a la comarca puede representar un golpe definitivo a las posibilidades de recuperación del Parque. En cualquier caso, teniendo en cuenta que está pendiente de publicarse próximamente el Plan Rector de Uso y Gestión de la zona (con 9 años de retraso), sería lógico que no se autorizara ningún vertido extraordinario a ninguna gravera o hueco de excavación más.
Más información: Raúl Urquiaga (675 569 118) y Antonio Martínez (616 179 442)
* Rebelión - 09-07-2008
El ex alcalde de Granadilla, ante el juez por prevaricación
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CANARIAS7* : Más de dos horas estuvo declarando ayer ante la juez ex alcalde y actual portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Granadilla, Jaime González Cejas, acusado de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La juez le mantiene las tres imputaciones.
Jaime González Cejas llegó a los Juzgados de Granadilla tranquilo y defendiendo su gestión al frente del Ayuntamiento. A las doce de la mañana estaba citado para prestar declaración como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
Los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias tienen que ver con la aprobación del Plan Parcial Médano Park, promovido por la sociedad Médano Beach Sur SA, en la que González Cejas tiene el 2% de las acciones. El de prevaricación está relacionado con la concesión de licencias urbanísticas con informes negativos.
González Cejas dijo tras prestar declaración que está «tranquilo» y que confía en la Justicia. El ex alcalde socialista, que mantiene las imputaciones, recordó que ya se archivó una denuncia presentada, como esta, contra el anterior grupo de gobierno en la que se le acusaba de destruir documentación comprometida y relacionada con el caso que ahora se investiga y que, por tanto, espera que en esta ocasión también se demuestre que todo son «maquinaciones».
El anterior gobierno fue denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por la ahora alcaldesa de CC, Carmen Nieves Gaspar, y fue la fiscal quien llevó el caso a los juzgados.
* Canarias 7 - R.R.
Santa Cruz de Tenerife - 12 julio 2008
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es
Piden multa para el ex alcalde de Cómpeta acusado de autorizar construcciones sin informes
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SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha solicitado pena de multa e inhabilitación para el ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López, al que acusa de conceder licencias de obra "careciendo del procedimiento establecido", sin los informes técnicos y jurídicos necesarios sobre la clase de suelo en el que se iba a construir.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en julio de 2002 y en enero de 2003 el acusado, como alcalde del municipio, acordó por decreto dar licencias para la construcción de un almacén y para la construcción de una planta más destinada a vivienda en el Paraje Loma de Sarja.
Estas autorizaciones se concedieron, según el escrito inicial de la acusación pública "con ausencia absoluta de cualquier procedimiento administrativo ni informe técnico ni jurídico sobre la condiciones, clase y protección del suelo".
De esta forma, se llegó a construir una vivienda de unos 250 metros cuadrados en suelo no urbanizable, con protección cautelar. Así, la Unidad de Cuerpo Nacional de Policía Autonómica inspeccionó la zona el 10 de febrero de 2004 y requirió al Ayuntamiento los expedientes de obra.
El ministerio fiscal señala que sólo en ese momento la Secretaría del Consistorio "hizo constar que la licencia fue concedida careciendo del procedimiento legalmente establecido, al carecer de los oportunos informes tanto técnicos como jurídicos", ambos de fecha de 16 de febrero de 2004.
Asimismo, según las conclusiones provisionales, el arquitecto municipal informó de la apertura de expediente sancionador, con fecha del 19 del mismo mes; y del decreto de suspensión de las obras del alcalde, de fecha de 25 de febrero de ese mismo año.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación urbanística, solicitando una pena de multa de 10.800 euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de nueve años. Además, se propone acordar la nulidad de ambas licencias.
* SUR - Europa Press - 12.07.08
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
'Mobbing' inmobiliario en 12 metros cuadrados
ELMUNDO/Madrid* : Pilar vive en una casa donde quieren construir un bloque de 40 pisos. 'Espantaviejas', acoso inmobiliario, 'mobbing'... Muchos son los términos que, nacidos de la mano del 'boom' del ladrillo, se han utilizado para definir el fenómeno por el que el propietario de una vivienda 'invita' a abandonarla a sus inquilinos por las buenas, al principio, y si es necesario, por las malas.
Pilar Díaz padece este acoso en una casa de 12 metros cuadrados franqueada por una grúa lista para construir. Contrato de alquiler indefinido en mano, ella está dispuesta a resistir. No tiene dónde ir más allá de este humilde hogar que amenaza a ruina. En el polo opuesto, la propiedad lo niega todo y dice que sí se han hecho reformas en el inmueble.
Pilar, que convive con su perro Pizca, lleva 24 años residiendo en este inmueble con aspecto de chabola en el barrio de Tetuán de Madrid, entre Valdeacederas y la Avenida de Asturias. Curiosamente, muy cerca de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Hace ya casi un cuarto de siglo firmó un contrato indefinido con un particular que posteriormente vendió la casa, y por lo tanto el terreno, a una promotora inmobiliaria.
Desde hace siete años está pidiendo que le arreglen su hogar a la Junta Municipal sin obtener respuesta positiva. Hoy, la vivienda cumple los requisitos básicos de habitabilidad y está repleta de grietas. Un hogar tercermundista en pleno Madrid. Ante nuestros ojos, Pilar llama al teléfono de ayuda al afectado por 'mobbing' (900 900 707) y la única solución que le dan es acercarse a la oficina del IVIMA para informarse.
"En la Junta Municipal me han dicho que están esperando que se caiga algo y echarme a la calle. Yo no puedo tocar nada. Cuando la casa se declare en ruina, la derribarán y me tendré que ir a vivir debajo de un puente o a una tienda de campaña", indica desesperada Pilar, que paga de alquiler 48,69 euros al mes más otros tres euros de tasas bancarias. Dinero que desembolsa religiosamente mes a mes por 12 metros distribuidos en un baño, cocina, 'salón' y dormitorio. Imagínense, o mejor vean en el vídeo, las superficies minis de estas estancias. En los últimos años la casa ha crecido merced al añadido de la parte del patio que le correspondía, otros 15 metros más que están al aire libre.
Su pequeña casa se ha quedado atrapada entre dos de los inmuebles de sus antiguos vecinos. Sus anteriores cinco vecinos de 'corrala', todos ellos propietarios, vendieron en su día el suelo de sus hogares por grandes cantidades económicas para que ahí se levantara un bloque de unos 40 pisos nuevos.
A Pilar le ofrecieron, al ser inquilina, 10 millones de las antiguas pesetas. "Me quisieron comprar con 10 millones de pesetas, pero con la edad que tengo, dónde voy con ese dinero. No tengo ni para dar la entrada en un pueblo", afirma. Pilar nos enseña donde la grúa, asentada en el solar liberado, golpeó un tabique colindante con su hogar e hizo temblar los cimientos y agrietarse un poco más Ladera, 12, dirección antigua del inmueble.
Otra de las propuestas que le han hecho llegar, a través de su abogada, fue la de proporcionarle un piso en el edificio que se construiría de las mismas características a su actual hogar por 300 euros mensuales de arrendamiento.
"Díganme ustedes de qué vivo yo entonces. Si cobro 600 euros y la mitad me lo gasto en el alquiler. ¿Con qué pago el agua, la luz, el teléfono, la comida, etc.?", declara acongojada la afectada. Pilar también nos confiesa que hace unos meses contactó personalmente por teléfono con Juan Van-Halen, director de Vivienda de la CAM. "Me dio muy buenas palabras y se mostró muy interesado por mi problema. Me animó a apuntarme al sorteo de una vivienda protegida del IVIMA diciendo que a principios de año habría un sorteo. Así lo hice, pero aún no he tenido noticias de mi petición", señala Pilar. No duda en confesarnos que le da vergüenza invitar a sus familiares y amigos a casa. Y no nos extraña.
'La propiedad está esperando que se declare en ruina'
"En el caso de Pilar, falta que las autoridades tomen medidas urgentes. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad han acordado que la propiedad realice las obras, pero ésta desoye el mandato porque les sale más barato pagar las denuncias. Nosotros pedimos que estos órganos oficiales hagan las reformas en ejecución sustitutoria porque las pueden hacer, está dentro de sus competencias. A esta petición ya no nos han dado respuesta", dice Isabel Torralba, abogada de Pilar y presidenta de la Cámara Oficial de Inquilinos de Madrid.
Torralba se muestra en total acuerdo con las medidas que se están tomando desde el Gobierno central para erradicar el 'mobbing' inmobiliario. "La idea del fiscal especializado me parece estupenda. Yo lo extendería a nivel nacional, pero también impulsaría juzgados especializados en este fenómeno igual que hay de familia, de lo social, hipotecarios, etc.", apunta la abogada. Torralba recuerda que la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y el Código Civil obligan a la propiedad a tener la vivienda en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. "Tienen que hacer la obra por activa o por pasiva".
En cuanto a las ofertas realizadas a Pilar, las califica como un 'bluff', "globos que después se pinchan". "Estas proposiciones se hacen para ver si en un momento determinado firma algo y se va por aburrimiento". Pilar y su abogada piden que se le deje una vivienda con un contrato en similares condiciones al que tiene, "incluso Pilar está dispuesta a una subida de renta", dicen. Torralba siempre nos habla de 'mobbing' solapado para que las víctimas sepan distinguirlo de cualquier otra presión. "Éste no se hace por escrito ni a cara descubierta.
Se suele hacer mediante llamadas de teléfono o terceros. Lo mejor es no hacer caso de esto y pedir que todo se haga por escrito", indica Torralba. Si usted sufre estos síntomas, puede estar siendo víctima de 'mobbing' inmobiliario.
La promotora tira balones fuera y niega esta situación
"No la queremos echar. En absoluto. Está muy de moda esto del acoso a la inquilina y en este caso no es así. Antes había otros cinco inquilinos y a todos se les ha indemnizado y reubicado pacíficamente. En este caso, ella pide por una casa de 20 metros como si fuera de 200. Ella pide un apartamento en propiedad de 50 metros. Le ofrecemos lo que ofrece la ley e incluso un poco más: apartamento equivalente en alquiler. Ella pide cinco veces más de lo que corresponde", afirman desde la empresa implicada que va más allá e indica que "se han hecho las reformas hace un año y medio dos veces, de tejado y tapia". Algo, esto último, que resulta difícil de creer viendo el estado del inmueble. La empresa nos ofrece todo tipo de documentos que demuestran estas afirmaciones.
* El Mundo - JORGE SALIDO COBO | ITXASO GONZÁLEZ - 11.07.2008
Foto: Pilar ve como su vivienda se deteriora sin recibir ayuda. ELMUNDO.ES
El PP de Altea cambió suelo por mobiliario para el área de urbanismo
ELPAÍS/Alicante* : "Nuestro suelo urbanizable vale mucho. No se puede cambiar por unas cortinas y unos muebles". La portavoz del equipo de Gobierno de Altea y concejal de Urbanismo, Verónica López, sintetiza así lo que a su juicio estaba haciendo la anterior administración popular.
Los socialistas, con el apoyo del Bloc e independientes, han anulado un convenio adoptado por la comisión de gobierno el 23 de diciembre de 2004, por el que el Consistorio entregaba el 10% de aprovechamiento municipal del plan parcial de Bellas Artes, adjunto al casco urbano, al urbanizador, Promociones y Finanzas SL a cambio de que éste pagara facturas por un importe total de 991.880 euros, cantidad en la que fueron valorados los terrenos. "Se han pagado ya 868.771 euros en las cortinas del departamento de urbanismo, equipos informáticos, aire acondicionado, mobiliario... También se han hecho obras. Todo de forma irregular, sin el control de Intervención ni registro por parte del Ayuntamiento", explica López.
El equipo de gobierno dice que el PP se saltó la ley de contratación para adjudicar las compras de mobiliario y obras a empresas que "les apetecían a ellos", sin controles administrativos. "Nadie ha controlado que las cortinas en cuestión valen lo que dice la empresa", afirma la edil. López añade además que la ley obliga a destinar ese 10% de aprovechamiento a viviendas de protección oficial.
No fue la primera que el anterior gobierno del PP de Altea utilizó este sistema. En julio de 2003, el Bloc ganó en el TSJ un recurso sobre un convenio similar. El Ayuntamiento acordó con el entonces agente urbanizador, Edificaciones Calpe, una permuta de una parcela de 22.560 metros cuadrados de titularidad pública por obras valoradas en más de dos millones de euros. A cambio del suelo, la empresa hizo reformas en varios colegios, en la ciudad deportiva y en el lavadero.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 12/07/2008
Foto: altea - eldiamenospensado
La Fiscalía solicita la demolición de diecinueve viviendas en Cantoria
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ELALMERÍA* : El fiscal de Medio Ambiente ha formulado escrito de acusación ante el juzgado nº2 de Huércal-Overa, contra los propietarios de la empresa Southern Spain Consultants, Karim Smit y Julio Piñero Pedrosa, acusados de un posible delito Contra la Ordenación del Territorio al promover y construir diecinueve viviendas unifamiliares en el paraje conocido como El Fas, en el término municipal de Cantoria.
En su solicitud, el fiscal, interesa se acuerde la demolición de lo construido con indemnización a cargo de los acusados a las personas que hayan celebrado contrato de compra en la cuantía de la cantidad pagada e, igualmente, pide que los acusados paguen el coste de la demolición, por lo que les solicita fianza de responsabilidad civil. El procedimiento penal se remonta, al menos, a comienzos del año 2006, fecha en que una patrulla del Seprona, con base en el municipio de Albox pone en conocimiento del juzgado número 2 de Huércal-Overa un atestado instruido por supuesto delito Contra la Ordenación del Territorio. Según se explica, "al detectar la existencia de 19 edificaciones, tipo viviendas unifamiliares, mientras presta servicio en el paraje denominado El Fas, término municipal de Cantoria.
En dicho atestado, el Seprona pone de relieve que, "los promotores y vendedores ahora acusados, manifiestan que las citadas edificaciones carecen de Licencia Urbanística Municipal, así como de dirección de obra, si bien las mismas han sido realizadas según un proyecto presentado en el Ayuntamiento para la realización de un plan parcial que pretende desarrollar en la zona". Desde el Seprona se indica en su atestado que los acusados manifiestan "que los inmuebles se encuentran vendidos, que disponen de conexión a la red de agua a través de la empresa Galasa, que en breve dispondrán de conexión a red de energía eléctrica a través de la empresa Endesa-Sevillana, y que la evacuación de las aguas residuales se realiza mediante depuradora individualizada para cada inmueble".
Así, cuentan con buena parte de los servicios urbanos propias de las promociones de viviendas que cuentan con licencia legal por parte de los Consistorios, aunque sin los procedimientos normales.
Ante estos hechos, el juzgado número 2 de Huércal-Overa ordena el día 26 de junio de 2006 la inmediata paralización de las obras, a la par que libra un oficio a Sevilla-Endesa y a Galasa, como adjudicataria del suministro de agua del levante de la provincia, "para que en las referidas edificaciones, a las cuales aún no haya llevado a cabo el suministro, se abstengan de realizarlo en el futuro, ante la ilegalidad de las construcciones", a diferencia de lo que ha ocurrido en El Fas.
Los compradores de las diecinueve viviendas con elevadas probabilidades de demolición, son en su mayoría ciudadanos británicos, algunos de los cuales solicitaron el asesoramiento de una abogada que, a su vez, usó en alguna ocasión un poder del vendedor de la vivienda supuestamente ilegal.
Del mismo modo, los compradores manifiestan que en todo momento los promotores y la mencionada abogada les indicaron que todo era legal.
El Ayuntamiento de Cantoria, empadrona a los propietarios en las viviendas ilegales, a pesar de que la Junta de Andalucía advierte al Consistorio de que "aún teniendo licencia municipal no se habrían seguido los trámites administrativos correctos al no haber solicitado, tramitado y aprobado el proyecto de actuación correspondiente".
Como consecuencia de esta situación enmarañada, varios de los propietarios afectados por la situación de ilegalidad de sus casas y el inicio de los procesos judiciales que pueden llevar al derribo de las mismas, se han dirigido al juzgado para solicitar la inclusión del delito de estafa en la causa seguida contra los propietarios de la empresa Southern Spain Consultants.
* El Almería - Ricardo Alba - 09.07.2008
Foto: Cantoria (Almería) - andaluciarustica.com
El Consell mantiene Nou Mil·lenni pese a la crisis de Llanera y a la investigación europea
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LEVANTE/Valencia* : La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial Nou Mil·lenni de Catarroja abre la puerta a nuevos recursos judiciales contra esta actuación urbanística que está siendo revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una supuesta violación de la normativa sobre contratación.
Cabe recordar que la promoción urbanística surgió de la propia Generalitat Valenciana a través de la empresa pública IVVSA, que "eligió" como socio para esta actuación a la firma Llanera, actualmente en suspensión de pagos por la crisis de la construcción.
El Plan Parcial está recurrido también por la Abogacía del Estado al no contar con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre disponibilidad de recursos hídricos.
Respecto a la falta de acreditación de recursos hídricos, la resolución firmada por la directora general de Ordenación del Territorio, Soledad Martínez, concluye que la "aplicación rigurosa" de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "conduce a reconocer" que no es necesario acreditar la existencia de concesión de agua, basta con que se acredite la existencia física de agua y su disponibilidad.
El anuncio de aprobación definitiva es el último obstáculo para la construcción de 12.000 viviendas sobre una superficie de algo más de un millón y medio de metros cuadrados de territorio que hasta ahora está calificado como No urbanizable de Protección Agrícola y situado dentro de la zona de afección del Parque Natural de La Albufera.
Rechazo socialista
El diputado socialista, portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Francesc Signes aseguró ayer que "la aprobación de este PAI viola todos los principios en los que se basa el Plan de Protección de la Huerta de Valencia, que está tramitando el Consell". A este respecto, Signes manifestó que "Nou Mil.lenni supondrá la desaparición de uno de los pocos espacios de la huerta de Valencia que conserva todavía características agrológicas y paisajísticas dignas de protección".
Según el diputado, "la aprobación de Nou Mil.lenni es una muestra de arrogancia por parte del Consell, que puede costar caro a los valencianos". Y lo justifica en la investigación del Tribunal Superior de Justicia Europea.
Recuerda Signes que no se justificó que la la incorporación de Llanera "obedezca a los necesarios criterios de objetividad y legalidad que se requieren cuando se manejan fondos públicos".
Añade que "una condena europea supondría la disolución de esta empresa mixta y la paralización del proyecto urbanístico", y declara que "el Consell está arriesgando el dinero de todos los valencianos en negocios turbios, en lugar de dedicarse a construir la vivienda pública que necesitan los ciudadanos".
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 11.07.2008
Foto: arrasado.La urbanización de Nou Mil·lenni supondrá la desaparición de un paisaje propio de la huerta valenciana.
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Los vecinos de Madrid piden más alquiler, el fin del chabolismo y combatir la especulación
ELMUNDO* : Los vecinos de Madrid tienen su propia versión sobre cuáles son los principales problemas asociados a la vivienda en la Comunidad. Y la solución a esos problemas: más información, mano dura con la corrupción, "atención específica" a la necesidad de vivienda de los inmigrantes, acabar con el chabolismo... Entre otras propuestas.
En un informe -Propuestas en Política de Vivienda- elaborado este mes, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha encarado el problema de la vivienda y formula una serie de propuestas para solventar la precaria situación del parque inmobiliario madrileño.
Uno de los puntos sobre los que incide la Federación es la necesidad de reducir drásticamente el número de casas no principales, "un lujo socialmente reprobable", explica, cuando "no está satisfecho para un gran número de personas el derecho constitucional a una vivienda digna". Mientras que en la Unión Europea la proporción de inmuebles vacíos y de residencia secundaria representan una media de 70 por 1.000 habitantes, en España esta cifra se dispara hasta l60.
En el actual contexto de crisis económica, la FRAVM denuncia "el calentamiento de los precios", que desde 1995 han aumentado casi en un 180%. El informe señala dos culpables: el imparable ascenso del coste del suelo y los abultados bolsillos de constructores e inmobiliarias a base de aumentar cada vez más los márgenes de beneficios.
Estas son las principales propuestas de los vecinos:
* 1. Mano dura con los especuladores. La FRAVM apoya la solicitud de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para incluir penas de prisión de hasta tres años e inhabilitación de hasta 6 para funcionarios que usen parcelas destinadas a fines de primera necesidad para otros fines.
* 2. Apuesta decidida por la vivienda de protección oficial. En el periodo entre 2001 y 2007 la media nacional alcanzada por las viviendas protegidas apenas llega al 11%, y el número de las que se inician anualmente es la mitad de lo que la FRAVM considera adecuado (no llegan a 9.000 cuando deberían, según el informe, ser 17.000).
Para la federación, las claves para desarrollar esta propuesta pasan por clarificar el concepto de protección y fomentar el alquiler con la creación de un parque público de viviendas protegidas destinadas a arrendarse durante periodos superiores a 35 años.
* 3. Informar al ciudadano. La federación propone la creación de una oficina de atención al público en la Comunidad de Madrid que asesore a los promotores y adjudicatarios de vivienda protegida sobre sus derechos y deberes.
* 4. Gravar las viviendas vacías. Para reducir el número de estos inmuebles, la FRAVM considera necesario crear un registro de casas desocupadas y establecer un impuesto sobre las mismas. Eso sí, con excepciones: quedarían exentas, por ejemplo, viviendas de recreo o inmuebles propiedad de la Administración.
* 5. Inmigrantes: discriminación positiva. Favorecer el acceso a vivienda protegida (especialmente en régimen de alquiler) a grupos sociales "de riesgo", como divorciados, familias monoparentales, jóvenes o inmigrantes.
* 6. Impulsar la rehabilitación. Renovar la actual -y poco efectiva- Ley de 2001, para potenciar la efectividad de la respuesta administrativa: sanciones e incluso expropiación temporal a quienes incumplan su deber de conservación del patrimonio inmobiliario.
* 7. Acabar con el chabolismo. Para este fin, la FRAVM fija como meta el año 2011, y hace hincapié en la necesidad de realojar a la población movilizada respetando íntegramente sus derechos fundamentales. No obstante, contempla aplicar sanciones o reubicar a aquellas familias que causen conflictos en sus nuevas localizaciones.
* 8. "Hacer ciudad". Los PAU de Madrid son el ejemplo perfecto de lo que debe evitarse en las nuevas edificaciones. La provisión de los servicios públicos básicos (colegios, centros de salud, transportes) ha de ir pareja a la construcción de las viviendas. Para ello, la FRAVM considera necesario modificar la Ley del Suelo.
* El Mundo - LAURA CASO - 10.07.2008
Foto: Madrid, caso Guateque - madridiario.es
El hijo del ex alcalde de Seseña trabaja para El Pocero
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ELPAÍS/Toledo* : Uno de los hijos de José Luis Martín, el ex alcalde socialista de Seseña (Toledo) al que la fiscalía anticorrupción acusa de prevaricación, cohecho y delito fiscal por haber aumentado injustificadamente su patrimonio al tiempo que avanzaba la macrourbanización de Francisco Hernando, El Pocero, conduce ahora los camiones de Onde 2000, la empresa del constructor.
También los ex concejales socialistas Catalina Murillo y Tomás García Félix han terminado trabajando para El Pocero. El ex concejal de Hacienda Felipe Sancho preside la Asociación de Vecinos del Residencial Francisco Hernando, y su hija es empleada de Onde 2000. Los ex ediles dieron con su voto luz verde a la macrourbanización 17 días antes de las elecciones. Seseña es un pueblo pequeño.
O por lo menos lo era antes de que El Pocero comprara casi dos millones de metros cuadrados para levantar 13.508 viviendas multiplicando por cuatro la población del municipio (9.000 habitantes), sin que Martín Jiménez, que asegura que su enriquecimiento se debe a un cupón de la ONCE, le pusiera un solo obstáculo. La fiscalía estima el incremento patrimonial de Martín en 672.000 euros. Izquierda Unida cree que pudo ascender a 12 millones de euros.
Hernando no sólo acogió en su empresa a los ex concejales suspendidos de militancia por la Comisión Ejecutiva del PSOE en 2004. Ahora también habla en su nombre. El miércoles por la noche, horas después de que la Fiscalía Anticorrupción depositara la denuncia en los juzgados de Illescas, Hernando telefoneaba a Mario Hernández, actual concejal de obras del Ayuntamiento de Seseña (IU): "Os van a caer cinco querellas más por denuncia falsa. Una mía, una de Felipe Sancho, una de Tomás García, una de Catalina Murillo y otra de Asunción Fructuoso [ex portavoz del PP en el Ayuntamiento]".
Ni la llamada ni la noticia sorprendieron a Hernández, el interlocutor designado por IU para tratar con El Pocero: "Antes ya nos había puesto otras seis. Hace poco la juez nos ha pidió que depositemos una fianza de 133.331 euros por una de las querellas que nos ha puesto y que va a pasar a la Audiencia Provincial, por un artículo en el boletín del partido titulado El mago del ladrillo", explicó.
El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, respondió ayer a la amenaza de nuevas querellas con otra: "El grupo municipal de Izquierda Unida está meditando presentarse en la causa contra Martín como acusación particular por el perjuicio que ha causado a los vecinos. Esta macrourbanización es un monstruo imposible de alimentar. Sus habitantes [hay 1.100 personas censadas para unas 5.000 viviendas con licencia de edificación] reclaman servicios de transporte, un centro de salud, un instituto... Hemos tenido que subir los impuestos".
Además de las múltiples querellas, El Pocero reclama al Ayuntamiento 46 millones de euros. Hernando está convencido de que la culpa de que no haya vendido todas las casas de su complejo residencial es de la mala campaña que le ha hecho el alcalde y estima en 46 millones las pérdidas.
Gente que le conoce, y que prefirió no dar su nombre, asegura que El Pocero está preocupado por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que no consigue dormir y que ha preguntado si creen que le pillarán en esta. Esas mismas personas aseguran también que el empresario se ha cubierto bien las espaldas y tiene "una habitación repleta de cintas de audio y vídeo que comprometerían a personajes conocidos".
La denuncia que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción tras dos años investigando otra de IU no incluye más imputados que el ex alcalde, pero de las diligencias debe salir quién le entregó el dinero, si se demuestra, como sospecha la fiscalía, que el fulminante enriquecimiento de Martín no fue cuestión de suerte.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Seseña - 11/07/2008
Foto: Vecinos de Seseña- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
Benitatxell, un modelo urbano basado en la ocupación del litoral
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ELPAÍS/Alicante* : Benitatxell (5.000 habitantes de derecho) es un buen exponente del modelo de crecimiento urbano basado en el turismo inmobiliario residencial, que ha reportado pingües beneficios al municipio a cambio del deterioro de su entorno natural. La postal urbana más representativa de la localidad son los miles de chalés de la urbanización Cumbres del Sol, levantada sobre la cima de una montaña, al borde del acantilado.
La postal urbana más representativa de la localidad son los miles de chalés de la urbanización Cumbres del Sol, levantada sobre la cima de una montaña, al borde del acantilado. El enclave de nuevo cuño ocupa 3,6 millones de metros cuadrados, prácticamente diez veces más que el casco urbano tradicional de la localidad. El proyecto comenzó a gestarse a principios de los setenta, y 30 años más tarde cuenta ya con unas 5.000 viviendas unifamiliares. En total, el complejo aporta unos 20.000 vecinos de hecho al municipio, la mayoría extranjeros procedentes de Reino Unido y Alemania.
El Ayuntamiento vendió la montaña pública a la mercantil VAPF, SA, por unos 30 millones de pesetas (unos 180.000 euros). El plan parcial de Cumbres del Sol se redactó en 1973 y fue aprobado dos años más tarde, es decir, con anterioridad a las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes desde 1987. Según recoge un informe de la profesora de la Universidad de Alicante Cristina Montiel Molina, "Cumbres del Sol constituye la mayor actuación urbanística desarrollada en Benitatxell, y es al mismo tiempo la responsable de la alteración paisajística de la unidad de relieve más importante del término, el Puig Llorença".
Con el enclave de Cumbres de Sol ejecutado al 70%, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, encaró en 2003 la elaboración del primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento ha sido terminado en el primer año del mandato del actual alcalde, Juan Cardona, e incluye una previsión de suelo urbano de casi un millón más de metros cuadrados, en el ensanche del casco histórico de la población. Ello supondría triplicar el actual censo del municipio.
Nieves García, alcaldesa en funciones hasta la puesta en libertad del titular del cargo, aseguró ayer a este periódico que toda la documentación del nuevo PGOU, cuya exposición al público concluyó el pasado 28 de abril, ha sido remitida ya a la Consejería de Urbanismo. Un portavoz oficial de este departamento señaló, en cambio, que a la consejería no "ha llegado ninguna documentación relativa al nuevo PGOU de Benitatxell".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/07/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com
Urbanizaciones 'inurbanas'
RAMÓN FOLCH* : Este hombre urbano se ve fácilmente embaucado por cualquier promotor sin escrúpulos que le vende una parcela empinada, mal orientada y sin agua donde, no por nada, el hombre rural nunca levantó edificación alguna. Por eso crecía en ella el bosque, y es por ese conjunto de desgraciadas circunstancias por lo que ahora el hombre urbano, codiciando el bosque, contribuye a destruirlo levantando una mala casita en un lugar bello para ver, pero incómodo para vivir".
Hice estas expeditivas consideraciones en un montaje audiovisual con guión conjunto de Manuel Cervera y Rafael Balada. Se llamaba L'home i la natura. Hoy tal vez se llamaría Les dones i els homes i la natura, aunque el nombre sensato seguramente debería haber sido Els humans a la natura. A la vista está, pues, que tiene años. Muchos, más de 30: es de 1977. Era uno de los materiales generados por la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana. Lo cito ahora porque, a pesar de su tono encendido, propio de la época y de mi edad de entonces, describe una realidad que bien poco ha cambiado tres décadas después.
TAN POCO, que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya acaba de aprobar --ya era hora-- un anteproyecto de ley de mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos. Más claro, imposible. Si una urbanización tiene tantos déficits urbanísticos que precisa una ley correctora es que no es una urbanización. Pues en tales condiciones tenemos algunos centenares de ellas. Centenares de urbanizaciones inurbanas con 30, 40 y hasta 50 años de impávida trayectoria. Una vergüenza.
El anteproyecto de ley parte de la constatación de que en Catalunya hay unas 2.300 urbanizaciones, de las que 400 ocupan suelo legalmente no urbanizable. Digo legalmente, porque gran parte de las 1.900 legales ocupan suelo lógicamente no apto, tampoco, para la urbanización. Solo un par o tres de centenares, a lo sumo cuatro, están donde pueden estar, si aplicamos una buena lógica territorial y urbanística, atendiendo criterios de pendiente, cubierta vegetal, conectividad, orientación cardinal, etcétera. Baste pensar que hay unos 900 municipios en Catalunya: tocan a casi tres urbanizaciones por municipio, un despropósito.
Los promotores de la época compraban suelo rústico por hectáreas, le metían cuatro viales mal asfaltados y lo vendían a tanto el palmo cuadrado. Vendiendo a 50 tan solo la mitad del suelo que habían comprado a uno, los promotores se enriquecían, claro está. Un negocio redondo. Las acometidas de agua y electricidad, el alcantarillado, la depuración de aguas residuales, la recogida y tratamiento de residuos y otros componentes básicos del proceso urbanizador eran elementales, insuficientes o sencillamente inexistentes. Eso amén de lagunas oceánicas en la fisiología urbana básica: densidad mínima deseable, transporte público, accesibilidad, equipamientos comunitarios, etcétera. Por eso buena parte de esos espacios urbanizados permanecen sin edificar.
Llamamos intensidad energética a la relación entre la energía consumida por un sistema económico y el PIB generado. De igual modo, podríamos hablar de intensidad territorial. ¿Cuánto territorio urbanizado tenemos para generar el PIB que generamos? Nuestra intensidad energética es inquietantemente alta (demasiada energía para tan modesta producción) y aumenta, en tanto que la media europea es menor y sigue bajando. Con la intensidad territorial, más de lo mismo. En los 900 núcleos municipales compactos (en la práctica, en los 400 mínimamente grandes) viven 6,5 millones de personas; en las 2.300 urbanizaciones, solo 625.000. Una intensidad territorial demasiado alta.
Los conflictos territoriales que de ello se derivan son considerables porque, más aún que las clamorosas deficiencias en los servicios, las urbanizaciones adolecen de un grave problema de concepto. Su baja densidad y su alta dispersión distorsionan la movilidad: alta demanda viaria, muchos coches llevando poca gente y grandes consumos de gasolina (que inciden sobre la alta intensidad energética...). También generan serias dificultades de gestión municipal sobre un espacio urbanizado demasiado extenso (alumbrado público, recogida de residuos, etcétera). Podríamos seguir con la baja cohesión social, con la falta de identificación de los parcelistas con su municipio o con la problemática de los fuegos forestales, pues muchas de las parcelas, inadecuadamente inmersas en pleno espacio forestal, son un quebradero de cabeza cuando se declara un incendio.
POR TODO ELLO pienso que el aspecto más interesante del anteproyecto de ley es la puerta que abre a una reducción del espacio urbanizado, al menos a costa de las parcelas aún no construidas. Creo que deberían plantearse reagrupamientos y compactaciones. La esencia del urbanismo, al fin y al cabo, es concebir y financiar mecanismos para hacer posible este tipo de cosas. Son las que lleva a cabo cualquier plan parcial reagrupando tenencias y repercutiendo costes y beneficios marginales. Me parece muy bien que los poderes públicos traten de ayudar a los parcelistas para que vean superadas las deficiencias en sus falsas urbanizaciones, pero más necesario todavía me parece reducir nuestra exagerada intensidad territorial. De lo contrario, no pasaremos de legitimar el despropósito y de subvencionar su mantenimiento.
* Socioecólogo. Director general de ERF, miembro de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
* El Periódico - Opinión - 10/7/2008
Marbella: El desvío a las sociedades municipales creó un agujero de 250 millones en cuatro años
SUR/Málaga* : Son 209 folios y 15 anexos, pero salvo la aportación de cifras que siguen quitando el hipo, no cuentan nada que no se supiera ya. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el periodo 2000-2006 es sí una detallada denuncia de las innumerables irregularidades cometidas durante el último periodo del gilismo hasta la disolución del Ayuntamiento.
El informe, aprobado por el pleno del órgano de control el pasado 26 de junio y dado a conocer ayer, pone cifras al agujero económico que la gestión de los tres alcaldes del GIL -el propio Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe- dejó de recuerdo en el Ayuntamiento de Marbella: 253 millones gastados sin control y un desequilibrio presupuestario de 335 millones.
La utilización de las entidades municipales creadas durante el gilismo para eludir controles y disponer de esa manera de los fondos municipales es uno de los aspectos sobre los que más incide el informe. En ese sentido, destaca que durante el citado periodo «no se ejerció la función de control financiero sobre las sociedades mercantiles ni se exigió la justificación del empleo dado a las tranferencias ni la procedencia de las deudas asumidas». Estas operaciones según el Tribunal de Cuentas, dejaron un agujero en las arcas municipales de 253,5 millones de euros sólo en cuatro años.
El descontrol en la gestión de estas entidades era generalizado. Según el informe, sus responsables no ponían reparos en abonar cantiades, «con talones al portador o en metálico importes elevados» sin que constara la contraprestación por esos pagos .
El informe agrega que se realizaron pagos con anterioridad a la expedición de las correspondientes órdenes, se atendieron obligaciones no reconocidas presupuestariamente y se aceptaron facturas de proveedores por obras en la que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos. «Se han realizado pagos con talones al portador o en metálico por importes elevados sin que existieran procedimientos de control», detalla.
El informe enumera de forma exhaustiva todas las irregularidades detectadas relativas a la organización y el control interno en el Ayuntamiento, como la concesión de subvenciones sin tramitarse expedientes o la no información al pleno de la actividad de estas sociedades.
Uno de los apartados del informe que mejor retrata la situación que se vivía en el Ayuntamiento es el relativo a los llamados «pagos a justificar», coletilla bajo la que se ampararon innumerables retiradas de dinero de las arcas municipales hasta completar un total de 20,9 millones de euros.
Toda ello produjo un desequilibrio presupuestario que al 31 de diciembre de 2005 era de 335 millones de euros, lo que representaba un 181% del presupuesto inicial y 2.669 euros por habitante.
En relación al personal, el informe recuerda que el Ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva, así como que «se ha producido una duplicidad de prestaciones al haberse contratado una póliza de seguro asistencial para determinado personal municipal».
CIFRAS
253,5 millones de euros: Desaparecidos de las arcas municipales entre enero de 2002 y abril de 2006 a través de las sociedades mercantiles del consistorio que operaban sin control administrativo.
64 millones: Deuda vencida acumulada del ayuntamiento hasta 2006.
73,3 millones: Obligaciones de pago del ayuntamiento vencidas y que no figuran en presupuestos.
92,1 millones: Deuda del consistorio con la Agencia Tributaria a finales de 2006.
126,3 millones: Pérdidas de las sociedades mercantiles gestionadas por el Ayuntamiento.
193,3 millones: Déficit no declarado del consistorio en 2005.
335 millones: Desequilibrio financiero del ayuntamiento y sus empresas participadas. Una deuda media de 2.669 euros por vecino de Marbella .
20,9 millones: Dinero que salió del consistorio entre 2002 y 2006 gracias a la simple anotación de «a justificar».
14,8 millones: Pagos a 125 supuestos asesores del equipo de gobierno.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA - 10 julio 2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Finestrat: Ultimátum a una obra ilegal
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ELPAÍS/Alicante* : El bloqueo de los trámites de expropiación de un edificio de 1978 en Finestrat por parte de sus propietarios permite ahora su demolición por estado de ruina, con coste cero para el Ministerio de Medio Ambiente, y a cargo de quienes han dilatado el proceso.
El edificio Ánfora, de 11 alturas en primera línea de la Cala de Finestrat, se construyó en 1978 sobre dominio público marítimo terrestre con una licencia municipal que denegó la Comisión Territorial de Urbanismo cuando ya estaba construido. Tres décadas después el edificio sigue en desuso y en avanzado estado de deterioro. La ex ministra Cristina Narbona promovió su expropiación, que se dilató por las continuas peticiones económicas de los 16 propietarios. Al final lograron alcanzar un acuerdo para pagarles dos millones de euros y Gobierno acordó la declaración de utilidad pública de la parcela el 9 de marzo de 2007. Pese al acuerdo, una de las dueñas cambió de postura y presentó en noviembre un recurso con el que pedía una nueva valoración. Lejos de provocar un nuevo receso en el proyecto de expropiación, la actitud de esta propietaria ha provocado que tanto el Gobierno como el consistorio finestratense, del PP, hayan cerrado filas y emplazado a su abogado a aceptar las condiciones o tener que correr con los gastos de la demolición. "No hay vuelta atrás. El edificio está muy deteriorado y supone peligro para la zona. Si no aceptan el Ayuntamiento lo declarará en ruina y lo demolerá a cuenta de los dueños", sentenció el primer edil Honorato Algado, en presencia de la subdelegada de Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/07/2008
Foto: Edificio en obras en la cala de Finestrat- ROSA FUSTER, elpais.com
La Justicia anula la construcción de 1.800 casas y 4.500 plazas residenciales en Playa Blanca
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria emitió una sentencia estimatoria del recurso interpuesto por la Fundación César Manrique por el que se anula en primera instancia el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, que prevé la construcción de 1.800 viviendas y la habilitación de unas 4.500 plazas residenciales, según acaba de hacer público la citada organización.
El proyecto, dentro del procedimiento urbanístico, permite la transformación del suelo y la urbanización de viales, aceras y equipamientos, previos a la concesión de licencias y la construcción de viviendas en el ámbito del Plan Parcial, explica la Fundación, que concluye que, "por lo tanto, resulta la base del posterior desarrollo urbanístico".
La Fundación considera "trascendental" la sentencia del Juzgado, que anula el proyecto de urbanización por una razón formal, "ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del Plan Parcial; y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, [el planeamiento] quedó extinguido por la aplicación de la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, e implícitamente al citar la Disposición Adicional cuarta, por la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes".
Así, precisa la Fundación, el Juzgado ha aceptado las razones esgrimidas por esa organización, "que entendía que la aplicación tanto la Ley de Medidas Urgentes como la Ley de Directrices del Gobierno de Canarias conllevan la extinción del Plan Parcial, al no haberse adaptado al Plan Insular de Ordenación del Territorio".
Además, recuerda la Fundación que en la propia sentencia se establece que “hay que añadir la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se reclasifican como urbanizables no sectorizados los terrenos clasificados como urbanizables o aptos para urbanizar con destino total o parcialmente turístico, con Plan Parcial aprobado definitivamente, que no ha iniciado su ejecución a la fecha de su entrada en vigor, quedando por ello sin efectos”.
Por lo tanto, agrega la organización que defiende el interés ambiental de Lanzarote, "como confirman ahora los tribunales, la nueva Ley convertía el suelo del Plan Parcial Playa Blanca en suelo urbanizable no sectorizado, una categoría muy restrictiva, que precisa de la intervención del Cabildo, mediante el Plan Insular, a la hora de decidir el uso que se pueda dar a ese suelo, al considerarse de valor estratégico".
CARACTERÍSTICAS. El Plan Parcial Playa Blanca ocupa un área de 1.155.280 metros cuadrados, y en él estaba previsto construirse 1.800 viviendas, hasta un total de 4.451 plazas residenciales, de las cuales ya se han ejecutado unas 400, mientras que algo más de 200 se encuentran paralizadas cautelarmente a instancias del Cabildo, y alrededor de 1.000 están congeladas a la espera de lo que suceda, explica la Fundación en un comunicado.
"Cabe recordar", explica la organización, que la Fundación César Manrique "se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004, antes de emprender acciones legales, a través de la presentación de un recurso de reposición a la aprobación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, advirtiéndole de las presuntas irregularidades en que incurría dicho proyecto, por lo que desde un primer momento tanto el consistorio como los promotores tuvieron conocimiento del riesgo que asumían al seguir adelante con la ejecución".
Ese riesgo, según la Fundación, "podrá afectar en el futuro a aquellos terceros que hayan adquirido viviendas incluidas en el Plan Parcial, que no fueron advertidos en su día por los promotores de que existía un proceso legal en marcha que podía conllevar la anulación de las promociones.
El Plan Parcial Playa Blanca, recuerda la organización fundada por el más insigne artista lanzaroteño, es "un viejo caballo de batalla en la lucha mantenida por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote para que las leyes regionales se ejecutaran en lo referente a la extinción de los planes parciales no adaptados al Plan Insular, por lo que nos encontramos ante una de las sentencias más importantes de los últimos años, que abre las puertas a la anulación definitiva" del planeamiento.
VARIAS DENUNCIAS. Concluye la Fundación que "se trata de un Plan Parcial polémico, sobre el que han recaído diversas denuncias en los últimos años". Precisamente, recuerda la entidad, el Gobierno de Canarias ganó hace unos meses el recurso presentado contra la constitución inicial de la Junta de Compensación del Plan Parcial, en cuya sentencia se dejaba constancia de que el Plan Parcial se encontraba afectado por lo dispuesto en la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes.
Junto al Ejecutivo regional, agrega la Fundación, el Cabildo de Lanzarote recurrió no sólo el proyecto de urbanización, sino también las Ordenanzas del Plan Parcial y las licencias concedidas posteriormente a cada una de las promociones urbanísticas del Plan, algunos de cuyos argumentos jurídicos han sido estimados recientemente por los tribunales y otros se encuentran en espera de pronunciamiento.
* La Provincia - ACN PRESS - 10 de julio de 2008
Foto: Viviendas en construcción en Playa Blanca, Lanzarote. LP / DLP
Detienen al alcalde de Benitachell acusado de corrupción urbanística
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ELMUNDO/Alicante* : Un dispositivo preparado desde varios cuarteles de la Guardia Cilvil en la comarca de la Marina Alta alicantina arrestó en la tarde del pasado martes al alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB).
Al parecer, en la operación también se detuvo a un empresario con intereses urbanísticos en la zona. Supuestamente, según han explicado fuentes de la investigación, en el momento de la detención los dos políticos estaban recibiendo alrededor de 50.000 euros, como presunto pago de favores urbanísticos.
El primer paso de las fuerzas de seguridad tras la detención consistió, siempre según las mismas fuentes, en incomunicar a los detenidos. Los arrestados se encuentran en los calabozos de los cuarteles del instituto armado de Jávea y Calpe.
Cardona se hizo con al Alcaldía el pasado 27 de marzo de 2007 gracias al voto de los residentes extranjeros. Lo hizo con un 41,99% del censo obteniendo con ello 6 ediles. Atrás quedaban años de gobiernos de coalición.
Cardona procede del PP, partido del que se salió antes de las elecciones por diferencias de las sensibilidades del partido en la provincia de Alicante. Y es que el ahora alcalde fue el concejal de Urbanismo durantedos pasadas legislatura.
Después de cuatro años al margen de la política local trató de hacerse con el número uno de la candidatura pero desde la cúpula del partido prefirieron situar en esa posición a María Josefa Ronda. Entonces, creó un partido independiente. El PP sacó dos concejales y el PSOE uno, al igual que el Bloc Nacionalista Valencià y otra formación independiente (CIBEN).
En la actualidad, el PGOU presentado en la Conselleria de Territorio prevé duplicar la población desde los alrededor de 5.500 habitantes a los 13.000.
Exigen una explicación
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento han afirmado desconocer el motivo de las detenciones del alcalde y la primer teniente de alcalde, y han pedido al equipo de gobierno "una explicación" sobre lo ocurrido.
El concejal del Bloc, Josep Femenia, ha comentado sentirse "muy triste" por la imagen que se está ofreciendo de la localidad y, a falta de conocer lo sucedido, ha pedido que se respete la presunción de inocencia.
Por su parte, el socialista Josep Buiges ha explicado que el resto de la corporación "no tenía sospechas" sobre que hubiera una investigación judicial abierta contra Cardona y Rheindorf.
Ha indicado que en los últimos meses se han dado los últimos pasos antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual estuvo en periodo de exposición pública y que, posteriormente, fue aprobado provisionalmente con los únicos votos del PIDEB, ya que contó con el rechazo del resto de grupos.
El concejal del CIBEN, Vicente Soler, también ha expresado su "sorpresa" por lo sucedido y ha manifestado que no comparte las "formas" del equipo de gobierno desde que hizo con el poder en Benitatxell.
Varios de estos concejales han recordado que la primer teniente de alcalde ya tuvo un primer incidente poco después de las pasadas elecciones municipales cuando, acompañada por la policía local, ordenó el desalojo de una de las salas del edificio del consistorio a los cinco concejales de la oposición, que se habían reunido allí para analizar la política del equipo de gobierno.
* El Mundo - M. GONZÁLEZ | H. FERNÁNDEZ | AGENCIAS - 09.07.2008
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
Andalucía: Las dimisiones de delegados y concejales por corrupción crecen en La Comunidad
GAS* : Los casos de corrupción en la política andaluza llegan por goteo a la población. Los casos, casi siempre silenciados, sólo se pueden conocer por los medios de información de masas o gracias a ciertas tramas conocidas, como el “Caso Malaya” o el “Caso Astapa”, o bien gracias a denuncias de colectivos ecologistas, especialmente, Ecologistas en Acción.
En esta noticia, nos nutrimos de estos diversos medios que tenemos a nuestra disposición, dividiendo los casos por provincias.
Sevilla
El delegado de Urbanismo de la localidad sevillana de Gines (Patricio Jiménez Ortiz) presentó su dimisión el pasado 23 de mayo tras ser condenado a tres años y once meses de cárcel por apropiarse indebidamente de parte de los emolumentos (utilidad o sueldo que corresponde a un cargo o empleo) de sus compañeros de la Asociación Española de Peritos Judiciales, al ser el delegado de dicha asociación en Sevilla. El PSOE utilizó esta dimisión como muestra del buen talante de su partido.
Por su parte, Ecologistas en Acción pidió el 23 de mayo el cese del nuevo Director General de prevención y Calidad Ambiental de Sevilla (Jesús Nieto) el mismo día de su posesión, por su falta capacidad de reacción ante problemas tan graves como el caso de Boliden, en 1996, o Mina Las Cruces, desde el año 2003. La prevención que debería profesar, no la ha demostrado, según este colectivo ecologista, ni en el caso de Aznalcóllar, hace diez años, ni ahora, con la nueva empresa minera sueca.
Málaga
Ese mismo día la delegada de Vivienda de Málaga renunció a su cargo, aunque no había tomado posesión oficial. María José Mata, funcionaria de la Junta, vio como salió a la luz en los medios que había montado, con un abogado investigado en el caso Malaya, una empresa dedicada a la promoción y construcción de terrenos e inmuebles, servicios inmobiliarios y asesoramiento jurídico, entre otros asuntos, a la vez que ejercía como inspectora provincial de Urbanismo del Gobierno andaluz, puesto que desempeña desde hace años. Además, en la investigación de dicho proceso judicial, había grabaciones telefónicas donde la ex-delegada acordaba la construcción de unas viviendas por deseo de su socio.
Esta dimisión de una política (en este caso) debido a su relación con imputados en tramas de delitos urbanísticos, como el caso malaya, o ahora el destapado en Estepona, no es la primera, ni será la última, ya que estos fraudes se perpetúan con la complicidad, más directa que indirecta de los políticos.
Precisamente, en Estepona, distintos ediles del PsoE, incluido el alcalde, se ha visto involucrado en la investigación policial –Astapa- de la corrupción urbanística por medio de recalificación de terrenos. Ante este caso, en el que el Ayuntamiento no se ha disuelto, la oposición pide a la Junta que se nombren nuevos cargos públicos, ya que, consideran, la trama es como la de Marbella, y estaría relacionada gran parte de la política del municipio malagueño. Por su parte, el presidente de la Junta, Chaves, ha declarado que no se conocía nada del delito y ha aplaudido la actuación del PsoE por destapar la trama, sin tratar el tema de la disolución del Ayuntamiento en su totalidad.
Cádiz
Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que políticos del PsoE de la provincia de Cádiz sigan en cargos públicos, con su política de tolerancia cero con la corrupción urbanística, cuando han sido imputados en asuntos de corrupción. Estos casos de imputación, unidos a las denuncias de los ecologistas, se suman por decenas. El grupo ecologista da algunos ejemplos: El caso del director del Parque Natural Sierra de Grazalema que participó en una trama de corrupción, por lo que tuvo que dimitir, pero fue recolocado en puestos públicos de la provincia de Cádiz. En Grazalema, el político Antonio Mateos fue imputado por un caso de corrupción, lo que fue respondido por el PsoE con su apoyo a Antonio y su recolocación como coordinador de la Consejería de Agricultura, en la Sierra de Cádiz, puesto inventado. En Prado del Rey, el ayuntamiento, como el de Estepota, recibió dinero de una empresa propietaria de terrenos rústicos protegidos, lo que hizo que se recalificaran los terrenos para un campo de golf y urbanización, falseando los datos sobre la disponibilidad del agua. En el Puerto de Santa María, el PsoE se ha aliado con políticos implicados en delitos de corrupción urbanística, a pesar de las denuncias de los ecologistas.
Almería
En Lubrín, provincia de Almería, un concejal ha dimitido al imputársele un delito de prevaricación de cuando era alcalde de dicho pueblo. Ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente la que lo ha acusado de un delito de prevaricación urbanística, junto con una promotora de vivienda y una técnica directora de la obra ilegal.
Continuando con la ilegalidad que vive el PsoE, cabe destacar la imputación de cinco ediles del PsoE –entre ellos el teniente alcalde- de la localidad almeriense de Carboneras por fraude electoral. Han sido acusados, junto con un empresario de un fraude en el voto por correo en las pasadas elecciones municipales del año 2007; el actual teniente alcalde, Ruíz Aguado, habría sido sorprendido cuatro días antes de las elecciones tirando a la basura una bolsa que contenía la documentación relativa al voto por correo de 40 vecinos del municipio, entre la que estaban las papeletas de todos los partidos salvo el PsoE. Precisamente, el anterior alcalde de Carboneras, también del PsoE, tuvo que dimitir al ser imputado en otro delito electoral en las elecciones del año 1999.
En Almería, otra provincia que, como se ve, cuenta con multitud de casos de corrupción y escándalos políticos, el 7 de julio se llevará a cabo un juicio que los ecologistas viven muy de cerca. Han esperado ocho años de tramitación de la presunta destrucción de una especie protegida que sólo existe en la provincia andaluza: el Androcymbium europaeum. Los acusados son el ex delegado provincial de Medio Ambiente, el Secretario General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, la Directora del Parque Natural de Cabo de Gata y el anterior Director del Parque y Marcos Eguizábal. El primer juicio se celebró en el 2006, donde el titular del juzgado echó a los abogados ecologistas por haber presentado documentos fuera de plazo, con lo que el juicio se repitió en el año 2007, ya que los documentos eran correctos. Tras no celebrarse el juicio por enfermedad, se pospuso a enero del 2008, que fue retrasado por los acusados hasta esta fecha.
Huelva
Dentro de esta espiral de corrupción y delitos, cabe destacar como casi todos los altos cargos de la Junta de Andalucía de la provincia de Huelva basan sus rentas en inversiones inmobiliarias, fincas de distinto orden así como inmuebles. Un ejemplo de ello es la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien es propietaria de cuatro fincas urbanas en Huelva y otros inmuebles con un valor de más de 130.000 euros. Otros políticos destacados, son el delegado del Gobierno en Huelva, con cuatro viviendas, y tres coches, el delegado onubense de medio ambiente, con dos pisos, una casa y dos locales; el titular de Economía y Hacienda, el titular de Hacienda, etc. Todos estos políticos, tienen abultadas cuentas bancarias de hasta 50.000 euros, planes de pensiones de grandes cantidades, hasta 83.000 euros, así como fincas rústicas en distintas provincias, tanto andaluzas, como del resto del estado, así como diversos préstamos por cantidades de decenas de miles de euros.
* Grupo de Acción Social - GAS - 05/07/2008
Viñeta de Forges - elpais.com - 20061221
El litoral norte de España «imita el modelo devastador del Mediterráneo»
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ABC* : Las costas de País Vasco, Cantabria y Asturias han comenzado a imitar «el modelo devastador del Mediterráneo», según señala el informe 2008 «Destrucción a toda costa» de la organización ecologista Greenpeace. Las comunidades autónomas que más maltratan su litoral son Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla.
En la segunda posición de la clasificación de las costas españolas más dañadas se sitúan Cataluña, Islas Baleares y Galicia. Y en último lugar la costa norte española.
El urbanismo salvaje es el principal problema que acentúa la degradación del litoral español. Según la Federación de Promotores y Constructores, «España necesita algo más de 300.000 viviendas anuales», aunque en «los últimos cuatro años se han llegado casi a triplicar, hasta las 800.000 viviendas tasadas desde mediados de 2006 hasta mayo de 2007», indica el informe de Greenpeace. «Andalucía sigue vendiéndose a la presión del turismo», asegura la responsable de costas de Greenpeace, Pilar Marcos. La corrupción urbanística de este momento mantiene en los tribunales «67 casos, con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos», señala Greenpeace. Es el reflejo de la mala gestión de muchos ayuntamientos españoles. Los casos como «Malaya» o «Astapa» son el ejemplo de consistorios que han hecho urbanizables territorios, incluidos espacios naturales, para obtener el máximo capital.
Medidas de urgencia
El informe de la organización ecologista destaca que «la Ley Estatal del Suelo, aprobada el año pasado, supone una mejora con respecto a la situación anterior». Pero las competencias urbanísticas son municipales y la ordenación del territorio corresponde a la comunidad autónoma. De aquí que Greenpeace exija la elaboración de planes de ordenación de la franja costera a comunidades que todavía no los tienen, como Galicia, Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Las construcciones de puertos, tanto deportivos como industriales, y la contaminación son otros puntos que acentúan el problema de las costas españolas. «Todas las comunidades autónomas pretenden aumentar el número de amarres y puertos», mencionó Marcos. El informe asegura que «tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales».
Polo químico de Huelva
«El polo químico de Huelva es el punto más contaminado del mundo», resaltó por su parte el responsable de la campaña contra la contaminación de Greenpeace, Julio Barea. Las aguas residuales de ciudades y pueblos y los vertidos industriales agravan otros de los principales focos de contaminación españoles como son el polo químico de Tarragona o las rías gallegas.
Las consecuencias negativas ya se perciben en «la subida del nivel del mar que ha provocado el retroceso de la línea de costa tanto en la zona del Atlántico (en 35 centímetros) como en la del mar Mediterráneo (que se estima entre 20 y 50 centímetros para 2050», indica el informe. Estos hechos negativos también afectan a la economía española. «El turismo supone el 12 por ciento del PIB», manifestó el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde. Así, el informe considera que si se mantienen parámetros insostenibles como no depurar agua ya utilizada o continuar regando campos de golf con agua sin reciclar, aumentará la situación negativa del litoral y la crisis en el turismo.
«La nueva estructura del Gobierno supone un abandono del medio ambiente», resaltó López de Uralde. Greenpeace exige aplicar la Ley de Costas, la Estrategia de Sostenibilidad y la lucha contra la contaminación.
* ABC - ESTHER DE LEÓN. MADRID.- 3 de julio de 2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
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