DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y su antecesor, José Párraga (PSOE), por permitir desde 2001 la instalación de varias industrias ilegales en un antiguo secadero de algodón.
Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo imputa a ambos alcaldes un delito continuado contra la ordenación del territorio, porque permitieron la instalación en un terreno calificado como "de uso agropecuario" de un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos.
Desde 2001 hasta la actualidad, tanto Párraga como Morilla permitieron la "consolidación de hecho" de un polígono industrial "totalmente ajeno a la legalidad", sostiene la Fiscalía, cuyo escrito de acusación se une al que han presentado los vecinos afectados, que piden para cada acusado cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público.
La Fiscalía afirma que entre 2001 y 2005 tuvieron lugar al menos ocho plenos municipales en los que se denunció la ilegalidad de las sucesivas licencias otorgadas y las molestias que estaban sufriendo los vecinos, y además tanto el arquitecto municipal como el secretario de la corporación emitieron sendos informes en contra de las licencias.
Los vecinos de la zona de La Alameda entregaron numerosas quejas al Ayuntamiento por los ruidos que producía el polígono, especialmente en horas de madrugada, y además presentaron, sin éxito, alegaciones en todos los expedientes, añade la Fiscalía.
El fiscal imputa a ambos alcaldes haber tenido "perfecto conocimiento" de la imposibilidad de recalificar la antigua nave algodonera, pese a lo cual se ampararon en la primera licencia otorgada en 1986 para llevar a cabo una serie de actuaciones que permitiesen, de hecho, la conversión de la zona en suelo industrial.
Además de permitir la instalación de las tres industrias, Párraga llegó a dar en 2002 licencia de obra menor a una de ellas.
Morilla, tras tomar posesión en junio de 2003, continuó con la misma política de "consolidación del polígono industrial" de manera que, a día de hoy, la actividad continúa "sin ningún óbice por parte del Ayuntamiento", sostiene el fiscal.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y no recordar nada sobre la licencia, ya que se limitaban a firmar los documentos que les pasaban.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
* Diario de Sevilla - EFE - 07.07.2008
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
Piden 9 años de inhabilitación al alcalde y al ex alcalde de Morón por licencias ilegales
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‘Ladrilleros’ murcianos exigen 27 millones de euros a Greenpeace por “hundir” el mercado inmobiliario
ELCONFIDENCIAL* : Ahora resulta que el hundimiento del mercado inmobiliario, al menos el de Murcia, es culpa de Greenpeace. No es una broma. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de ‘ladrilleros’ murcianos, que exigen a la organización ecologista internacional nada menos que 27 millones de euros para indemnizar el daño causado, incluido el perjuicio moral.
¿El motivo? Un fotomontaje incluido en el libro Photoclima de Greenpeace, que muestra una Manga del Mar Menor anegada en un futuro no muy lejano como consecuencia del cambio climático (en la imagen). Los promotores exigen por burofax a Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, que les resarza del daño grave que la fotografía ha causado "para nuestros intereses", so pena de emprender acciones judiciales.
Así es como los promotores argumentan su exigencia: "El fotomontaje de La Manga inundada por las aguas publicado en su libro ‘Photoclima’ y su difusión en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, ha provocado el hundimiento del mercado inmobiliario y de servicios de la zona afectada, lo que es causa de daño grave para nuestros intereses y de miles de propietarios y empresarios de La Manga".
‘El Confidencial’ ha tenido acceso a dos de estas misivas, fechadas en marzo y abril del presente año. Aunque sus remitentes son distintos, ambas cartas están cortadas por el mismo patrón. El último párrafo de las dos reza literalmente así: "Si en el plazo de 7 días no tengo noticias suyas, entenderé que renuncian a un acuerdo amistoso y procederé a actuar judicialmente contra Vds. y contra todos aquellos que directa o indirectamente han contribuido a causar el daño". Hasta la fecha, Greenpeace aún no ha recibido denuncia posterior alguna.
El firmante del primer burofax es José Ángel Abad Martínez, "abogado y representante legal de Inversiones Dos Mares, SL, Faher Holidays SL y Bureau Investments, propietarios de un chalet construido en primera línea de playa del Mar Mediterráneo, valorado en dos millones de euros, y de ocho locales comerciales de 100 metros cuadrados cada uno, más 300 metros cuadrados de terrazas, en un centro comercial valorados en 3,6 millones de euros". El remitente del segundo burofax es Justo Aznar, de la Inmobiliaria Tíbet, "propietario de inmuebles en La Manga del Mar Menor y representante legal de la sociedad Nuevo Pozo Estrecho S. A., con propiedades en la misma zona. Estamos hablando de chalet, parcelas y apartamentos en primera línea de mar y de canal, local comercial alquilado a terceros, negocio propio en dos locales, plazas de garaje, etcétera, valorado todo en 17 millones de euros". Entre las dos cartas, los promotores murcianos piden a Greenpeace, ‘ad cautelam’, 27,1 millones de euros. En ningún caso hacen referencia a quiénes han tasado dichas propiedades ni, lo que es más importante en estos momentos, cuándo se realizaron dichas valoraciones.
Recientemente, Greenpeace hizo público su informe Destrucción a toda costa 2008 (ver vídeo), en el que situó a la Región de Murcia como una de las cuatro comunidades autónomas que "más maltratan su litoral". El informe señala hasta siete ‘puntos negros’ de la línea costera murciana. Estos son San Javier y San Pedro del Pinatar, por dañar espacios protegidos; La Manga y el Mar Menor, por contaminación y urbanización excesiva; Portmán, por contaminación; y Marina de Cope, por urbanización. Pero la peor parte se la lleva el entorno de Cartagena, que acumula tres zonas sensibles: Valle de Escombreras, por contaminación; El Gorguel por el proyecto del puerto de contenedores, y Novo Carthago y Lo Poyo, por la posible urbanización de estos espacios. El informe hace además un repaso a los casos de irregularidades urbanísticas, desde La Zerrichera a Los Alcázares, pasando por Totana.
El informe Destrucción a toda costa 2008 destaca los niveles de saturación de otras comunidades como Valencia o Andalucía. Precisamente en Almería, la inmobiliaria Azata, constructora del polémico Hotel Algarrobico, también emprendió acciones legales contra Greenpeace, tal y como detalló en su día este diario.
* El Confidencial - Fátima Martín - 07/07/2008
Foto: La Manga (Murcia), montaje bajo el mar - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
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La corrupción alimenta la indiferencia hacia los políticos
GACETA* : Puestos a evaluar el poder, los españoles exhiben un cinismo proverbial. Y la proliferación de casos de corrupción en los últimos años —sobre todo los vinculados al ámbito urbanístico— no hace sino incrementar la desconfianza de los ciudadanos. El 63% de los españoles encuestados por la organización Transparencia Internacional (TI) en 2006 considera a los partidos bastante corruptos o extremadamente corruptos.
Sin embargo, se da la paradoja de que muchos alcaldes en cuyos municipios se venía denunciando con bastante fundamento algún escándalo inmobiliario —Estepona (PSOE), Los Alcázares (PSOE), Totana (PP), Torre Pacheco (PP), Zurgena (PA), etcétera—, revalidaron el cargo en las elecciones municipales celebradas un año después, en 2007, lo que invita a fundar una opinión escasamente favorable al espíritu democrático de los españoles. O quizá más bien contribuye a cimentar su atávico pasotismo.
El reciente Informe Global 2008 sobre Corrupción, elaborado por TI, muestra la relación existente entre la corrupción percibida y lo que denomina la “anomia social”, que no es otra cosa que la aplicación, al tejido civil, del silogismo “si nadie cumple las normas, por qué yo las voy a cumplir”. El documento apunta la causa estructural ya conocida que perpetúa la lacra de la corrupción urbanística en nuestro país. “La apuesta por un urbanismo desarrollista, altamente especulativo, insuficientemente planificado y escasamente participativo”, que viola sistemáticamente el modelo de ciudad sostenible.
Poca participación política
Actualmente en España existe una vivienda por cada dos habitantes (sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia juntas). Semejante sobreproducción no ha abaratado el precio del producto, sino todo lo contrario: el coste de los pisos ha subido un 150% en siete años, aunque ahora parece que está finalizando tal incremento. Los sobreprecios galopantes son fruto de una demanda mayoritaria de viviendas como activos financieros y no como valores de uso, lo que además favorece el empeoramiento de la calidad de los servicios en esos ámbitos.
El desaliento cunde entre el ya de por sí escéptico pueblo español. La corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social. España es, de entre los países desarrollados, el que tiene un menor nivel de participación política convencional, y uno de los que tienen un menor nivel de participación política no convencional (movimiento asociativo). Una de las oleadas del CIS en 2007 certificaba que, para el 77% de los encuestados, la política aparece como nada o poco importante. Déficit de institucionalidad, anomia social... Pero hay más: improductividad en la economía.
Círculo vicioso
Según el estudio de TI, la corrupción acarrea un desequilibrio en el gasto público en favor de un sector tan poco productivo como el de la construcción. “Nuestros ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en numerosos casos el suelo se malvende o el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentando sus gastos, por lo que necesitan sacar más suelo o a la venta o a recalificación, en un imparable círculo vicioso”. El sector inmobiliario está aportando un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera el 36% del total de gastos municipales. Lo comido por lo servido.
El informe de TI revela que un 41% de españoles encuestados considera a los órganos legislativos bastante o extremadamente corruptos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación. En cuanto a los servicios públicos, el 40% considera bastante o muy corrupto al sistema legal y al poder judicial, el 29% a la policía, el 47% a los servicios de registros y permisos, el 29% a los servicios públicos telefónicos, de gas, electricidad, etc., y el 37% a la recaudación de impuestos.
* Gaceta.es - Jorge Bustos - 04/07/2008
Foto: especulación viñeta
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Más del 90% de los ayuntamientos gallegos aún no adaptaron su planeamiento a la normativa vigente
LAREGIÓN* : Un total de 291 ayuntamientos de Galicia, más del 90 por ciento del total, no cuenta aún a día con su planeamiento urbanístico adaptado a la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, pese a que esta normativa establecía que la fecha límite para hacerlo era el 1 de enero de 2006.
En concreto, han recibido la aprobación definitiva de la Consellería de Política Territorial los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) de Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Vedra, Boimorto, Zas, Curtis, Toques y Pobra (A Coruña), O Incio, Paradela y Castroverde (Lugo), San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro y Laza (Ourense).
A todos ellos se suma el plan de Ourense, que se encuentra anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque sigue en vigor porque no es firme. Además, han recibido la aprobación parcial los ordenamientos urbanísticos de Santiago de Compostela y de Vigo, este último el único plan de toda la provincia de Pontevedra adaptado a la normativa vigente.
Precisamente los de Vigo y de Pobra do Caramiñal son los únicos ayuntamientos costeros de Galicia que han adaptado su PGOM a la ley de 2002, lo que les permite quedar al margen de la suspensión de nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de 500 metros de litoral que establece la Lei de medidas urgentes de protección del litoral.
TRAMITACION.
En cuanto a la situación en los 291 ayuntamientos restantes, en varios su planeamiento fue suspendido por la Xunta y en cinco de ellos incluso anulado por sentencias del TSXG, en algunos casos ratificadas por el Tribunal Supremo y en otros aún en fase de recurso. Se trata de los municipios de Ribadeo, Gondomar, Verín, Ares y Abegondo, según informó el Ejecutivo gallego.
Además, la Consellería de Política Territorial tiene en tramitación numerosos proyectos de ordenamiento y, en ese sentido, ha emitido informes previos a la aprobación inicial de más de 40 planeamientos cuya documentación fue remitida por parte de los municipios, según consta en la página web del departamento dirigido por María José Caride.
La página ofrece también información sobre el planeamiento vigente en los ayuntamientos gallegos, entre la que destaca que más de un centenar de municipios de la comunidad no cuentan con un plan de ordenación urbana y se rige por normas subsidiarias de planeamiento, que en algunos casos datan de finales de los años setenta.
AYUDAS.
Fuentes de la Consellería de Política Territorial destacaron a Europa Press las medidas que llevan a cabo para ‘estimular’ la adaptación de los planes, con ayudas que en este año 2008 se elevan a un total de 3,5 millones de euros. Actualmente, están abiertos 178 expedientes de ayudas a entidades locales para la elaboración de su planeamiento.
La Xunta financia la totalidad de los costes en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% en los de entre 5.000 y 20.000, el 80% en los de entre 20.000 y 50.000 y tiene además convenios con las ciudades. Finalmente, otorga subvenciones del 100% a aquellos ayuntamientos con el planeamiento anulado o suspendido.
* La Región - AGENCIAS - SANTIAGO - 06-07-2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Galicia
Los imputados de la trama de Estepona blanqueaban dinero en Marruecos
ABC/Málaga* : Varios de los imputados en la trama de corrupción de Estepona podrían haber blanqueado importantes sumas de dinero con inversiones en Marruecos, según señalaron fuentes de la investigación. En concreto, la Policía investiga la compra de hoteles, pub, locales de alterne, restaurantes y otros negocios en el reino alauí.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que algunos de estos imputados tienen propiedades en Asilah y otras localidades marroquíes a través de sociedades interpuestas. Los agentes no descartan que el dinero utilizado para adquirir estas propiedades proceda de las comisiones ilegales que cobraron en el Ayuntamiento, y que en parte sirvieron para financiar al PSOE local. Entre las personas investigadas figuran concejales, abogados y técnicos del Consistorio esteponero.
Además, la Policía intenta aclarar el testimonio de algunos implicados, que han comenzado a colaborar con los investigadores y que podrían implicar a más personas en el escándalo. En concreto, se investiga a algunos empresarios y políticos que aparecen también en la trama de corrupción de Marbella, que desembocó en la disolución del Ayuntamiento.
En las escuchas telefónicas grabadas por la Policía algunos investigados hablan de comisiones y también se jactan de tener contactos con políticos de la Junta de Andalucía y con responsables de otras instituciones locales, provinciales y regionales, que muy probablemente serán llamados a declarar por la instructora.
Por otra parte, la juez mantendrá en prisión a los principales implicados en la «operación Astapa», ya que el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, informará a favor de que se prorrogue la medida. Actualmente se encuentran en prisión el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos; el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y el portavoz del PES, un partido local, José Ignacio Crespo. Los imputados han recurrido el auto de encarcelamiento alegando distintos motivos. Pero ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de los principales implicados parecen haber convencido a la juez, que cuenta con pruebas más que suficientes de su directa implicación en la trama.
Riesgo de fuga
Tanto el fiscal como la juez consideran que existe riesgo de que se destruyan pruebas y también de que puedan fugarse los imputados. Esta primera fase de la operación «Astapa»ha aportado además numerosos datos para emprender nuevas líneas de investigación. Los agentes investigan a empresarios que podrían haber realizado pagos a los principales implicados en la trama de Estepona para conseguir las licencias para poder construir.
Esta semana tendrán que declarar ante el juez varias de las personas que ya lo han hecho ante la Policía. En concreto, podría desvelarse si el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, que fue vocal de la misma área en la gestora de Marbella, es finalmente imputado en el caso. Duarte es una de las personas que han sonado como posible sucesora de David Barrientos en la Alcaldía de Estepona.
* ABC - J.M. CAMACHO / MÁLAGA - 7 de julio de 2008
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Hegemonía del ladrillo
MANUEL CASTELLANOS PLAZA* : Esto no es "ba-lon-ces-to", sino "ur-ba-ni-za-ción". Aquél es saludable para quien lo practica, y no degrada el medio ambiente. La habilidad para encestar el balón se adquiere gracias a ímprobos entrenamientos. Sin embargo, los "gimnastas" del otro pelotazo se curten desde su despacho de edil, consejero, o presidente, sin más ensayos que los necesarios y suficientes para aprender a robar lo que otros ganan en la cancha.
Y éstos sí atentan contra la Naturaleza: según un estudio de Greenpeace, Murcia es una de las comunidades autónomas "que peor tratan su litoral"; el estudio de la organización ecologista se ilustra con una playa invadida por grúas, frente a la cual se han erigido ya múltiples edificios lujosos que parecen mirar hacia el mar altivamente, como si lo desafiaran.
El Gobierno se comprometió a prohibir la compatibilidad de la ostentación de un cargo público con su participación en el negocio inmobiliario. El señor Rodríguez Zapatero, como en tantas otras preguntas que sobre la corrupción se le formulan, siempre responde que "está en ello". Debería, sin embargo, "estar sobre ellos": Totana, Torre Pacheco, Los Alcázares... Las grúas siguen decorando el paisaje, y los delincuentes que se lucraron con este cómodo deporte han vuelto a la calle; hasta ahora no ha habido quien les gane este partido que no respeta las normas. Y el planeta avanza, así, hacia un irreversible desastre. ¿Cuándo va a "anotarse" el presidente Valcárcel un tanto a favor de la erradicación de estas lacras, que finiquite tanto juego envenenado.
* ELPAIS.com - Opinión - MANUEL CASTELLANOS PLAZA - El Palmar, Murcia - 06/07/2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia
Intento de ´pelotazo´ en la reserva natural de Güi-Güi 20 años después de su venta
LAPROVINCIA/GranCanaria* : El empresario canario Jaime Cortezo promueve la venta de la principal parte de la reserva natural de Güi-Güi al Cabildo de Gran Canaria por un precio 165 veces mayor que el que se pagó en 1988 cuando La Caja de Canarias vendió el último paraíso de la isla a Helmut Rahms y a la empresa suiza Pellerine Ltd.
El emblemático macizo del suroeste grancanario vuelve a entrar en escena, veinte años después, con una nueva operación de compra y venta. En aquella ocasión la entidad financiera traspasó 20 millones de metros cuadrados de este espacio protegido por 40 millones de pesetas, es decir 240.000 euros.
Ahora, el empresario ha ofertado a la corporación insular hacerse con un total de 12 millones de metros cuadrados por 40 millones de euros, esto es, 6.600 millones de pesetas.
Desde el Cabildo, su consejero de Hacienda, Luis Ibarra, ha mostrado su interés en hacerse con Güi-Güi aprovechando fondos europeos para actuaciones en el litoral que tiene el Ministerio de Medio Ambiente hasta finales de este ejercicio. Estos mismos fondos han permitido ya la adquisición de la reserva natural de Juncalillo del Sur y la playa del Cabrón por 16 millones de euros.
Luis Ibarra, por lo pronto, ha solicitado una tasación externa sobre el valor de los terrenos que se quieren vender y que comprenden la cuenca del barranco y la desembocadura de sus dos playas, Güi-Güi grande y Güi-Güi chico. Desde la Casa Palacio se estima desorbitada la cifra planteada por los promotores de la operación de compra y venta y estiman que su valor está muy por debajo. De hecho, el propio Luis Ibarra ha señalado que, con las cifras propuestas por sus propietarios, el Cabildo "no puede adquirir Güi-Güi".
La venta de este símbolo natural causó una enorme conmoción en los grancanarios que veían marchar a manos de una empresa extranjera una de las últimas zonas vírgenes de la isla. Más si se tenía en cuenta que una entidad financiera pública, con una gran presencia en su consejo del propio Cabildo grancanario, presidido por aquel entonces por el socialista Carmelo Artiles, la entregaba por dos pesetas el metro cuadrado a una empresa suiza, Pellerine Ltd. La rocambolesca operación deparó, a su vez, en una reventa a los pocos días de los terrenos a otra entidad domiciliada en un paraíso fiscal, la Isla de Mann.
SORPRESA. La noticia difundida en primicia por LA PROVINCIA fue en aquel entonces un auténtico sorpresón ya que no se entendía que la corporación insular no hubiese adquirido el macizo aldeano, siendo en aquel entonces un gran comprador de terrenos de alto valor natural por toda la geografía insular.
Tampoco se entendió, en ese momento, que La Caja Insular de Ahorros de Canarias no subastase los terrenos del ahora espacio natural protegido, ya que habría conseguido un mejor precio del que obtuvo con la venta directa a una empresa desconocida, de nombre Pellerine Ltd.
El asunto se convirtió en un tema de interés general al reflejar una nueva derrota de Gran Canaria frente a la especulación turística, en aquel momento monopolizada por empresas extranjeras. La recuperación de Güi-Güi se convirtió también en una baza política ante lo extraño de su traspaso.
La administración autonómica intervino para abrir el expediente con el que recuperar ese suelo virgen, pero errores de forma impidieron que esa expropiación se completara en la que hubiese sido la primera ocupación pública con fines medioambientales.
La venta del macizo del suroeste grancanario se efectuó poco después de la aprobación de la primera Ley de Espacios Naturales Protegidos de Canarias que clasificaba este espacio como parque natural. Esta primera normativa se actualizó con posterioridad para seguir las directrices estatales en materia de conservación de la naturaleza, que dio lugar a la segunda ley canaria de 1994, que daba una mayor protección a Güi-Güi con su clasificación como una reserva natural especial.
* La Provincia - ANÍBAL RAMÍREZ LEÓN - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 06 de julio de 2008
Foto: Una vista aérea de las pequeñas playas y calas que se encuentran en el macizo que acoge a Güi-Gui, en el municipio de La Aldea. LP/DLP
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Tema: NOTICIAS Canarias
Los "10 puntos negros" de la costa española
20MINUTOS* : Greenpeace ha publicado la nueva edición de su informe anual "Destrucción a toda costa", en el que denuncia el proceso de degradación de la costa española. En el estudio se citan los que, a su juicio, son los diez "puntos negros" más amenazados por el ladrillo: Algarrobico, el Puerto de Tarifa, el polo químico de Huelva, el Delta del Ebro, Marina d'Or, el "Manhattan" de Cullera, el Puerto deportivo de Pasajes, la ría de Vigo, el puerto de Granadilla en Tenerife y la Marina de Cope en Águilas.
El documento de esta organización recopila hasta cien puntos negros en el litoral español, y cuestiona el modelo de desarrollo económico de los últimos años, basado -mantiene el informe- en la construcción ilimitada a costa de recursos y del patrimonio natural.
Un crecimiento basado en el ladrillo
Andalucía, la Comunitat Valenciana, Murcia y Canarias son las autonomías que más "maltratan" su litoral, según la organización ecologista Greenpeace, que ha denunciado además que durante el último año ha seguido el modelo de crecimiento basado en la degradación del litoral.
El "podio" de las que menos cuidan su litoral lo encabezarían las cuatro comunidades citadas junto a las de Ceuta y Melilla; en el segundo escalón estarían Cataluña, Baleares y Galicia; y el tercer lugar sería para el País Vasco, Cantabria y Asturias.
El estudio pone de relieve además que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67, y que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 se han sumado 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras portuarias.
Un viaje por el urbanismo costero
- Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.
- Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000 viviendas.
- En Cantabria se analizan 5 puntos negros en 284 kilómetros de costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios han sido modificados por la acción humana.
- Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700 kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres deportivos.
- Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3% en Melilla).
- Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.
- Euskadi cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros de costa, destacando los problemas de contaminación. Las cifras hablan por sí solas: el 33% de las industrias metalúrgicas más contaminantes se encuentran en esta región.
- Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos.
- Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la oferta total de amarres portuarios del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado 7 puntos negros.
- Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118 personas implicadas en irregularidades urbanísticas.
- En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.
* 20 Minutos - EFE - 02.07.2008
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Puerto de Escombreras. Al fondo Puerto de Cartagena, Murcia. - greenpeace.org
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Oropesa 'perdonó' 3.000 metros en una permuta
ELPAÍS/Castellón* : El aprovechamiento que le correspondía al Ayuntamiento de Oropesa por el desarrollo del PAI de Les Amplaries sigue en Fiscalía. El particular que denunció irregularidades en la cesión que el urbanizador, el grupo Marina d'Or, realizó al Ayuntamiento ha aportado ahora un informe realizado por un arquitecto que sostiene que el Consistorio dejó de recibir cerca de 3.000 metros cuadrados de techo de los más de 39.000 a los que le obligaba la urbanización de dos de los sectores de este programa, situado en primera línea de playa.
El valor de estos metros se sitúa entre más de 200.000 y cerca de 1,5 millones de euros, dependiendo de la tasación del suelo. La Fiscalía de Castellón habrá de determinar ahora si halla indicios de delito en el desarrollo de una zona que ya está en el juzgado por las irregularidades que supuso su tramitación.
Tal como publicó EL PAÍS, el aprovechamiento de este PAI ya estaba siendo investigado por Fiscalía. El desarrollo de programas urbanísticos obliga a todos los urbanizadores a ceder el 10% del aprovechamiento que obtienen del desarrollo a los Ayuntamientos. En muchos casos, los consistorios optan por no llegar a admitir ese patrimonio sino que perciben su compensación en metálico de manos del mismo urbanizador, pese a que el suelo debería ser subastado, para lograr el mejor postor en la venta. En el caso de dos de los sectores del PAI de Les Amplaries, en la zona de expansión de Marina d'Or, el grupo compró al entonces alcalde unos terrenos para después cederlos al Ayuntamiento, que aceptó el pago del aprovechamiento en suelo pero en una zona distinta al programa urbanístico a desarrollar. Así, el valor de los terrenos del alcalde difiere considerablemente del que debía ceder el urbanizador ya que, entre otras cosas, mientras que la cesión correspondía a un programa presentado en primera línea de playa, el suelo comprado al alcalde está, aproximadamente, a un kilómetro de la costa y limitado por autopista y la carretera nacional 340. Además, mientras que los terrenos sobre los que urbanizará Marina d'Or están calificados como "residencial", los cedidos al Ayuntamiento están clasificados como "dotacional multifuncional" y se encuentran en una zona "muy degradada", según el propio Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa.
Al margen de estos datos, la Fiscalía cuenta ahora con un informe que sostiene que Marina d'Or no cedió la totalidad de los metros que le correspondía al Ayuntamiento. La diferencia de metros se debe, según el propio escrito, a un cálculo mal realizado sobre los terrenos que pertenecieron al alcalde. Teniendo en cuenta el precio que el propio Ayuntamiento de Oropesa puso a ese suelo, en el caso de que el informe esté en lo cierto, el Consistorio habría dejado de percibir más de 200.000 euros. Sin embargo, el denunciante ha aportado también otro informe de valoración de los terrenos que indica que el valor de los mismos asciende a más de 500 euros el metro cuadrado de techo, con lo que sitúa su valor en cerca de 1,5 millones de euros.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 06/07/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - C.Francesc (El País)
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Ciberacción: Renfe suprime trenes
ECOLOGISTASENACCIÓN* : Cada vez que se abre una nueva línea de alta velocidad ferroviaria, se cierran el resto de servicios ferroviarios de larga distancia. Es decir, se cierran los servicios económicos, para forzar a los viajeros a usar el AVE, pagando sus caros y elitistas precios, o bien se les expulsa hacia la carretera, teniendo que desplazarse en coche o autobús.
Ahora le toca el turno a la línea Madrid-Barcelona. Ya se han suprimido la mayor parte de los servicios (todos los diurnos), y ahora le llega su hora al tren nocturno "Costa Brava". Inicialmente estaba previsto cerrar este servicio el 15 de junio, pero gracias a la presión social (por ejemplo, con esta ciberacción) Renfe lo ha pospuesto de momento hasta el 30 de junio.
A partir de entonces, quien quiera viajar en tren entre las dos principales ciudades españolas sólo tendrá una forma de hacerlo: en el AVE, que es más rápido pero también mucho más caro, y que no cubre el tramo hasta la frontera francesa. Tampoco existe ya ningún barato en horario diurno: todos desaparecieron tras la llegada del tren de alta velocidad a Barcelona el pasado febrero.
Con esta nueva actuación, se pondría fin al histórico tren nocturno entre Barcelona y Madrid, que además conectaba con Francia, Figueres, Girona, Caldes de Malavella, Tarragona, Reus y Guadalajara. De esta manera, Renfe, a pesar de ser una empresa pública, está condenando a todo un segmento de población a ir en autobús: ofrece el AVE a los altos ejecutivos y deja en la cuneta a las personas con menos recursos. Efectivamente, el Estrella permitía viajar por 39,70 euros, frente a los 105 euros de la relación más barata en AVE.
Por ello, protesta ante Renfe para que no se perpetre este nuevo atentado a tus derechos como usuario de un transporte público económico y razonable.
ENVIA UNA PROTESTA A RENFE
Si no te funciona el enlace anterior, copia el texto siguiente y envialo a: prensa@renfe.es
Estoy en contra de la supresión del tren entre Madrid y Barcelona, el nocturno Estrella Costa Brava, tal y como se ha anunciado en distintos medios de comunicación. También me opongo a la supresión del servicio de coche cama y literas entre Madrid y Barcelona que ya se está aplicando, para forzarnos a utilizar el AVE, mucho más caro. Me dejan incomunicado a través de una línea de una empresa pública que debe prestar un servicio y me imposibilitan llegar hasta la frontera francesa.
Además solicito nuevos trenes diurnos que cubran este trayecto por la vía de ferrocarril convencional entre Madrid-Barcelona-Frontera francesa. No todos los viajeros tenemos tanto dinero como se necesita para viajar en AVE, ni sus pocas paradas dan un servicio adecuado a muchas necesidades.
Atentamente,
* Área de Transporte y Urbanismo de Ecologistas en Acción - 2 de junio 2008
Foto: Tren prohibido, señal - ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
Soterramientos que son pérdidas
MANUEL SARAVIA MADRIGAL* : ¿Qué alcalde puede resistirse a una operación urbanística que deje una profunda huella en la ciudad, se vea como signo de modernidad, impulse la actividad inmobiliaria, ningún partido se atreva a oponerse y cuente, además, con la aprobación general de los vecinos? Pocos, desde luego. ¿Quién está interesado en abrir un debate público sobre las ventajas y los inconvenientes, a largo plazo, de algo que apoya la gran mayoría de la población y los partidos? Nadie.
Tal es el contexto de cuasi unanimidad en que se mueven en España las propuestas de soterramiento del tren, que lógicamente han aumentado exponencialmente en los últimos años. Lo de menos es la justificación. Nadie la necesita. Se soterran trenes que atraviesan la ciudad por en medio o por la periferia, que están junto a ríos y rías o dentro del espacio urbano, que discurren en superficie o ya marchan elevados sobre viaductos, que cuentan con terrenos de servicio adyacentes o carecen de ellos, que discurren junto a calles ya formadas o rodeados de traseras, que afectan a poblaciones alargadas en el sentido de las vías o transversales a ellas. La casuística es enorme; pero el resultado es siempre el mismo: soterrar.
Da igual. Se soterra todo, y sólo se libran las escasísimas ciudades que han optado por sacar la estación del centro urbano, impulsando, eso sí, un nuevo barrio en su entorno, y promoviendo la reforma urbana de los terrenos liberados. Pero son rarísimas, en España, las soluciones en que se mantiene el ferrocarril en superficie. Es cierto que el urbanismo que hoy vivimos en este país es cualquier cosa menos racional. Las grandes decisiones, por disparatadas que puedan ser, no suelen ir acompañadas de una argumentación medianamente sólida. De hecho, las memorias de los procesos de soterramiento del tren suelen ser lamentables, sin que en ellas siquiera se evalúe con un mínimo rigor los beneficios y las pérdidas de las distintas opciones posibles de intervención.
La justificación general, estándar, del soterramiento la conocemos bien: se dice que el actual trazado ferroviario constituye una barrera que rompe en dos partes la ciudad. Un enunciado básico que se acompaña, cuando viene al caso, del argumento complementario de que el tren de alta velocidad no puede acceder por el actual corredor ferroviario (así se decía en Valladolid hasta que el tren llegó en superficie, en el corredor tradicional. Ahora el argumento que ha quedado es el de las dos mitades que quieren darse la mano, y otras cursilerías por el estilo). Pues bien: señalemos otras razones contrarias al soterramiento, que también deberían considerarse.
La primera, el coste. Por sintetizar, el soterramiento supone un gasto que multiplica por diez, como mínimo, el de la adecuación y tratamiento del ferrocarril en superficie, incluyendo la construcción de pasos, espacios intermedios y de transición, construcciones de enlace, y todo lo que se quiera.
Se ve a la gente, las calles
El soterramiento es muchísimo más caro, nadie lo pone en duda. Y el mantenimiento del espacio subterráneo también es mucho más costoso que el del cielo abierto. Si se quiere mejorar la conexión entre los sectores a un lado y otro del ferrocarril, no hay por qué acudir directamente a la solución más costosa. (Y viene al caso el conocido dictamen por el que si se pretende creatividad basta con quitar un cero en el presupuesto). En segundo lugar, la experiencia del viajero. Piénsese en la llegada del tren a una ciudad en que no se hayan soterrado las vías, y donde los márgenes se hayan tratado adecuadamente. Se verán las calles y la gente, las casas próximas, el arbolado, las lejanías, el paisaje urbano, las luces de la noche.
Traten de imaginar ahora la llegada en túnel: negritud. ¿No estamos hablando de calidad de vida, de calidad de viaje? ¿Este aspecto es irrelevante? Por no hablar de los adioses, del tren que llega y del tren que se va. La llegada del tren es una de las experiencias urbanas más atractivas, y enterrarla en un tubo negro es, cuando menos, una pena.
Consideremos ahora cómo afecta a la estructura urbana y la lectura de la ciudad. Ver pasar los trenes es una vivencia atractiva. Y si desaparece el tren de la vista la ciudad pierde una de sus principales referencias, de un modo semejante al que se dio cuando se desviaron (o enterraron) los ríos o arroyos que la atravesaban, y que hoy se lamenta. Un elemento básico, estructurante, que explicaba la forma urbana desaparece, y en su espacio se forman nuevas calles tan iguales a todas las demás que siempre resultan indiferenciables. Una pieza esencial de la historia urbana se oculta, y el bienestar general, derivado de una buena lectura urbana, también se esfuma. Por otra parte, habría que recordar la existencia de estudios que hablan de una mayor utilización de los transportes públicos cuando se ven, cuando están integrados en la ciudad y son valorados positivamente. Una integración que también supone (y ésta es una ventaja no menor) la aplicación de un urbanismo no violento, frente a la opción más contundente de hundir trenes y estaciones, sin entrar en matices, sin aceptar ni dialogar con lo existente.
De esa forma el urbanismo traslada a la población (que lo asume como cultura) una manera de actuar y resolver conflictos poco matizada, excesivamente implacable, brusca y agresiva.
Consideremos la seguridad y la salubridad. Se tome como se tome, un túnel es más peligroso e inseguro que el tendido a cielo abierto. Y también menos saludable. Cualquier accidente en el espacio cerrado del túnel multiplica los riesgos. Y pueden comentarse aspectos psicológicos y fisiológicos muy variados, derivados del confinamiento, el enterramiento y la oscuridad. Son cosas evidentes.
Pero acabemos esta relación de las ventajas de no soterrar con una observación que parecería banal, pero que no lo es en absoluto: la obligación de ornato, de mantener las instalaciones y los cierres de las parcelas en condiciones de una mínima decencia también rige para la Renfe (o Adif), aunque no lo parezca. Por tanto, mantener esos cierres infames, esas acumulaciones de traviesas y material, edificios ruinosos y toda clase de desechos va, sencillamente, contra la ley. Los ayuntamientos no se lo consentirían a ningún propietario, pero se lo toleran, incomprensiblemente, a la compañía de ferrocarriles; cuando el efecto de su desidia es mucho más importante y demoledor.
Los trenes ya no fuman
También habría que considerar otra serie de efectos derivados indirectamente del soterramiento. Por ejemplo, cómo se condiciona la ordenación urbana para conseguir determinados aprovechamientos que contribuyan a financiar (en todo o en parte) la obra misma del soterramiento; con lo que se tensa de forma insoportable la lógica urbana. Se determinan los usos, edificabilidades y tipologías de los terrenos liberados por el soterramiento en función de su rentabilidad, y no de las necesidades del barrio o de la ciudad. Y además, con frecuencia se va a la sustitución del trazado ferroviario por una vía rodada rápida, con lo que supone de ruido y contaminación que nada tiene que ver con las condiciones ambientales actuales de unos trenes que "ya no fuman", y que se comportan mucho mejor que el tráfico rodado en vías de gran capacidad.
Y sobre todo hay que decir, finalmente, que no soterrar podría significar, casi siempre, la eliminación de la barrera de una forma mucho más sensata. Las barreras se superan por puntos, como los ríos, y no en toda su longitud. La máxima permeabilidad de un espacio urbano significa la existencia de pasos cada cierto tiempo, cada cierta distancia. Las zonas más permeables se atraviesan por medio de calles transversales, a un lado y otro de cada manzana, y no a lo largo de toda su extensión.
Por tanto, con frecuencia se trata de un debate falso, con unos puntos de partida tergiversados. Y finalmente perdemos todos. Porque, recordémoslo, el urbanismo supone llevar la racionalidad a la construcción de la ciudad, más allá de las decisiones que, por muy vistosas, atractivas y sugerentes que puedan ser para los políticos que las promueven, resulten a la larga irracionales y nocivas para todos.
* Manuel Saravia Madrigal es arquitecto Y profesor de Urbanismo de la Escuela T. S. de Arquitectura de Valladolid.
* ELPAIS.com - Tribuna - 04/07/2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Russafa, unida en defensa de su parque
ELPAÍS/Valencia* : Russafa hace frente común para defender su parque, el Manuel Granero, la única zona verde que existe en el barrio. El objetivo ha unido a las dos grandes asociaciones de vecinos (de orientación política contraria), y a una legión de pequeños colectivos, comercios, comunidades religiosas, y fallas.
El Ayuntamiento de Valencia baraja arrancar la arboleda del Manuel Granero, construir debajo un aparcamiento, y volver a replantarla. Unas obras que dejarían al barrio sin parque, al menos, durante 24 meses, y que pondrían en riesgo la vida de los árboles.
Un día después de la tumultuosa junta municipal de Russafa del jueves, cuyo presidente, Vicente Aleixandre, del PP, tuvo que abandonar entre insultos de un sector de los vecinos y escoltado por la policía, la alcaldesa Rita Barberá (que condenó los hechos) insistió en que las decisiones sobre el parque se adoptarán "por consenso". Pero los vecinos no se fían. Hace unos días, sin aviso previo, se encontraron una zona del parque cerrada y a un grupo de obreros realizando "catas de viabilidad" del aparcamiento con grandes máquinas.
"¿Tú pagarías la tasación de un piso si no fueras a comprarlo?", pregunta Inmaculada Bauset, portavoz de la Plataforma per Russafa, y añade: "En el Ayuntamiento se llenan la boca de hablar de participación, cuando la verdad es que para ellos los ciudadanos somos una molestia". Y Giovanni Donnini, presidente de la Plataforma Russafa-Gran Vía, que negoció sin éxito un acuerdo con el Consistorio, afirma: "Les pedimos que en el futuro parque los árboles tuvieran la misma altura que ahora; que habilitaran otra zona verde mientras duraran las obras, y que las plazas del aparcamiento fueran total o prioritariamente para los vecinos. Pero sólo aceptaron la última".
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 05/07/2008
Foto: Valencia, parque en Russafa - russafa.org
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La cueva de Alí Babá estaba en Madrid
SUR/Marbella* : Los tesoro de la 'operación Malaya' ya está en manos de la Policía. Los agentes de Blanqueo de Capitales han descubierto en el trastero de una galería de arte la cueva donde supuestamente Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, escondió la fortuna que amasó entre 1991 y 2006.
Los investigadores han localizado en la sede de una empresa-'tapadera' 74 obras de artes de un valor incalculable, entre las que se hallan mirós, picassos y tapies, además de otra veintena de los más importantes autores modernos y contemporáneos, supuestamente preparados para su venta, según fuentes próximas a la investigación. Cuadros y esculturas que el asesor del Ayuntamiento de Marbella, utilizó supuestamente para blanquear las ingentes cantidades de 'dinero negro' que podrían haber generado sus negocios inmobiliarios.
Los especialistas de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol han necesitado justo dos años para llegar al presunto escondite de Roca y probar que la colección artística podría pertenecer al ex asesor urbanístico. La mayoría de las 74 obras de arte han sido incautadas en unas oficinas de la calle Goya número 15 de Madrid, sede social de un grupo de supuestas empresas-tapadera que gestionaban dos de sus considerados testaferros, Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez, procesados también en el 'caso Malaya'.
El camino hasta Goya 15 ha sido arduo. Los funcionarios, a diferencia de los piratas, no tenían mapa del tesoro. La única pista era un archivo informático 'excel' titulado 'listadecuadros.xls', que apareció en el registro de la empresa 'Mara Asesores', otra de las firmas vinculadas a Juan Antonio Roca.
En aquel elenco, que los policías pasaron a conocer como el 'archivo Maras', aparecían centenares de obras maestras que, supuestamente, habían pasado en algún momento por las manos del presunto 'cerebro' de la trama marbellí.
Autores universales
Los nombres que allí figuraban dejaron sin aliento a los policías: Picasso, Miró, Tápies, Torres García, Eduardo Arroyo, Equipo Crónica, Barceló, Francisco Bores, Jean Cocteau, Ismael de la Serna, Grau Sala, Buthaud, Dubufeet, Klein, Óscar Domínguez, Antonio Saura, Paul Razé, Poliakoff, Niki Saint Phalle o Manolo Millares. Y no eran los únicos. El patrimonio artístico de Roca podía ser inmenso y, aunque el ex asesor estaba detenido, las obras de arte estaban en paradero desconocido.
Desde mayo de 2006, y siempre con el miedo de que los presuntos testaferros de Roca pudieran deshacerse de los lienzos y esculturas, los agentes trabajaron contrarreloj hasta que por fin dieron con los marchantes de arte que supuestamente suministraban las obras a Roca para que éste blanqueara su dinero. Los informes policiales y judiciales, revelan que «el principal proveedor» del ex asesor de urbanismo podría ser el uruguayo Alberto Héctor de Jesús Pedronzo Moreiro, 'Beto', quien había vendido más de 15 millones de euros en cuadros a Roca, según fuentes de la investigación.
Su segundo marchante de 'cabecera' era Jean Alfred Leopold Fournets, que facilitó al ex asesor marbellí obras por valor de más de siete millones de euros. En las investigaciones también aparecieron otros nombres de conocidos marchantes como Manel Mayoral o Rafael Doménech.
Cuadros por casas
Roca supuestamente pagaba las obras con dinero y con algunas de las viviendas que, a su vez, le entregaban como 'mordidas'. La Policía ha documentado que Beto recibió casas o locales de Mediterránea de Inmuebles 47, otras de las empresas ligadas a Roca, a cambio de los cuadros. Inmuebles 'sucios' se convertían así en 'limpias' obras de arte.
El Ministerio del Interior informó ayer de que los especialistas de la Udyco han tenido que pedir ayuda a un experto de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para tratar de calcular el valor de las obras incautadas. El perito ha verificado la autenticidad de los lienzos y esculturas pero, habida cuenta de la envergadura de los efectos intervenidos, no se atreve a hacer aún una tasación aproximada. No obstante, los agentes aventuran que el valor de cuatro de ellos. de los que se ha confirmado su autenticidad, ascendería a varios millones de euros.
Además de las obras, los operativos han descubierto en las oficinas de la calle Goya numerosos documentos relacionados con la 'operación Malaya'. La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil está convencida de que estos 'papeles' conseguirán el «afloramiento de nuevos bienes patrimoniales que permitan afrontar las responsabilidades penales y civiles contraídas» por los imputados, en particular por el propio Roca y sus dos supuestos testaferros.
* SUR - 05.07.08 -MELCHOR SÁIZ-PARDO. COLPISA / J. CANO
Foto: REGISTRO. Los agentes incautaron cuadros y objetos de valor en la vivienda de Roca en 2006. / J-LANZA, diariosur.es
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La Fiscalía denuncia al alcalde de Macastre por delito urbanístico y falsedad
ABC/Valencia* : La Fiscalía de Valencia ha interpuesto una denuncia contra el alcalde socialista de Macastre por permitir la construcción de 38 viviendas que contravenían el planeamiento urbanístico del municipio y sin que existiera el preceptivo informe jurídico. Acusa también al regidor municipal, José Vicente Miralles, de falsear la normativa para silenciar a los vecinos que, en un determinado momento, le advirtieron de la presunta ilegalidad de las nuevas viviendas que se estaban edificando en el municipio.
Los hechos que ahora llegan al Juzgado se remontan al 6 de febrero de 2006. De esa fecha es la solicitud formulada por la mercantil Osalmen Inmobiliaria de Gestión Vall De Albaida al Ayuntamiento de Macastre. Esta sociedad quería obtener licencia para edificar 20 viviendas, 14 de ellas pareadas en la Urbanización Llanorel.Con una inusitada celeridad -al día siguiente de la solicitud-, el arquitecto municipal, José Luis Honojosa, también denunciado, emitió un informe favorable. Tres días después, el primer edil otorgó la licencia en los términos solicitados por la mercantil, que contemplaba chales pareados donde sólo se podía construir viviendas unifamiliares. Y lo hizo, según consta en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, pese a que las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico de Macastre señalan, en su artículo 80.3 que «en cada parcela sólo se podrá construir un edificio de vivienda unifamiliar -edificación principal-» y «un garaje, tendedero...» como edificación secundaria. La denuncia, señala además, que la licencia se otorgó sin que en el expediente constara «el preceptivo informe jurídico exigido por el artículo 194.2» de la ley urbanística valenciana.
Las casas empezaron a construirse para sorpresa de otros propietarios ya residentes en dicha urbanización, que cuando adquirieron sus parcelas y construyeron sus viviendas encontraron unas limitaciones que ahora no se respetaban. Y así se lo hicieron saber al Ayuntamiento. Le dijeron al alcalde que «se estaba construyendo más de una vivienda en cada parcela». Sáez Miralles les replicó entonces, que las normas subsidiarias vigentes avalaban esta actuación urbanística. Y les entregó una copia de las mismas compulsada por la secretaria interventora del Ayuntamiento, María Eugenia Hernández Gil, también denunciada. La copia de la normativa que se entró a los vecinos decía que «en cada parcela se podrá construir un solo edificio con una sola vivienda o dos pareadas, siempre que sean objeto de un único proyecto y se edifiquen simultáneamente». Según la Fiscalía, dicha copia compulsada, «está manipulada» pues la norma original nada dice de viviendas pareadas.
El Ministerio Público ha denunciado al alcalde, al arquitecto municipal y a la secretaria por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de falsedad en documento oficial.
Un año después de estos hechos, el alcalde otorgó otra licencia a la misma constructora para 24 nuevas viviendas pareadas en la misma urbanización. El arquitecto denunciado informó favorablemente. La licencia se concede, de nuevo, sin el obligatorio informe jurídico.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE. VALENCIA - 5 de julio de 2008
Foto: Macastre (Valencia) - flickr.com
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Aguirre se salta su propia ley en el plan de Ciempozuelos
ELPAÍS/Madrid* : Un año después de aprobar de urgencia, con mayoría absoluta y el rechazo de la oposición (PSOE e IU), la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP) se salta las disposiciones que él mismo impuso entonces.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciempozuelos (20.010 habitantes), que dormía el sueño de los justos desde que dio su visto bueno la Comisión de Urbanismo, cuando aún la presidía el ex consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía en la pasada legislatura. En teoría, después de que saliera a la luz el caso de corrupción de los anteriores alcaldes socialistas, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, la Secretaría General del Gobierno regional suspendió la tramitación del plan hasta que se dilucidaran las responsabilidades de ambos.
Pero ayer, el vicepresidente, Ignacio González, anunció que se aprobaba por fin el plan, con algunas modificaciones. Y desvinculó completamente la investigación judicial del plan.
Sí anunció que éste es el primer planeamiento que contempla que los nuevos edificios no tengan más de cuatro alturas (tres pisos más ático), como establece la Ley de Modernización.
Sin embargo, la disposición transitoria de dicha ley, que fija el régimen de aplicación en relación con la altura de los edificios, ya que se modificaba la Ley del Suelo, afirma: "Los planes generales y de sectorización que hayan superado el trámite de aprobación provisional se regirán por la normativa anterior". Es decir, que el plan de Ciempozuelos, que tenía ya finalizada su tramitación, debía haberse acogido a la ley anterior, sin límite para las alturas.
Un portavoz de la nueva y reunificada Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que dirige Anabel Mariño, justificó ayer esta modificación del Ejecutivo de Aguirre porque éste "tiene mayor rango que la Comisión de Urbanismo". A lo que agregó: "Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es establecer una serie de condiciones para aprobar el plan que se refiere a las alturas, al cambio de edificabilidad y al diseño de un plan de infraestructuras".
Según este portavoz, con las condiciones que fija el Consejo, prácticamente "habrá que hacer un planeamiento nuevo".
Las diferencias con el PGOU anterior no sólo están en la limitación de alturas. También se ha reducido el número de viviendas para construir: de las 14.000 contempladas en el anterior plan (que preveía triplicar la población) se pasa a una previsión de 8.000 pisos. "El plan fija un 50% de viviendas menos que lo que proponía el Ayuntamiento", puntualizó el vicepresidente. A cambio, introduce más terreno, 150 hectáreas, destinado a suelo industrial y comercial, con el objetivo "de dinamizar el municipio", en palabras de González. El nuevo plan fija una primera fase de construcción con 3.828 viviendas, de las que el 72% serán protegidas. "Hemos reducido la edificabilidad del 0,35 al 0,25", agregó.
La aprobación de todo ello está supeditada a que el Ayuntamiento elabore (y luego el Ejecutivo regional apruebe) un plan de infraestructuras que garantice la conexión del municipio y la circulación por sus calles.
Ciempozuelos no es cualquier localidad. En octubre de 2006 salió a la luz pública la supuesta trama de corrupción de los anteriores alcaldes, socialistas, que llegaron a tener una cuenta con un millón de euros en Andorra para desviar el dinero obtenido. El caso todavía está en fase de instrucción, pero el juez les impuso una fianza de 900.000 euros. Desde entonces, se convirtió en el foco de los ataques del PP regional, que ganó las elecciones municipales de 2007.
Los dos grupos de la oposición en Ciempozuelos, PSOE e IU, se quejaron ayer de que nadie les haya informado del contenido del nuevo plan. "Hemos preguntado varias veces en la Comisión de Urbanismo cuándo iba a aprobarse el plan y nunca nos han contestado", aseguró la portavoz socialista, Susana León.
"Es una falta de respeto que este plan no se haya tratado en el Ayuntamiento", reprobó la portavoz de IU, Gemma Fornell. Hoy podrán averiguarlo, como el resto de ciudadanos, cuando consulten el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 04/07/2008
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org
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Los vecinos cuestionan el plan millonario de Alperi para los barrios del norte de Alicante
ELPAÍS* : Obras son amores y no buenas razones. La Asamblea Ciudadana de la Zona Norte de Alicante, un colectivo formado por representantes de sindicatos, partidos políticos, vecinos y trabajadores de los seis barrios que la componen, ve cómo los planes del Ayuntamiento a futuro no evitarán que este verano los jóvenes de estos barrios vuelvan a tener las aulas municipales de cultura de la Plaza de Argel o el Centro Juvenil Municipal Gastón Castelló, cerrados.
Tampoco habrá actividades deportivas. Un colectivo especialmente vulnerable en los barrios más deprimidos de la ciudad.
Casi el 12% de la población de Alicante vive en estos seis barrios, donde la tasa de paro es del 20% y el 56% de la población es analfabeta o carece de estudios. El Ayuntamiento presentó ayer un plan integral para la recuperación de esta zona de Alicante. El plan tiene una previsión presupuestaria de casi 168 millones, dirigidos sobre todo a integrar la zona con el resto de la ciudad, a proyectos dirigidos a la integración cultural, a la formación y a la inserción socioeducativa. Alperi detalló que en diez años el Ayuntamiento pretende rehabilitar 10.000 viviendas. El plan incluye actuaciones realizadas, otras en marcha y el grueso a futuro. El Ayuntamiento anunció que cinco comisiones "pormenorizarán las actuaciones".
El jueves, el alcalde Díaz Alperi visitó la zona para exponer en primera persona el contenido de su proyecto para relanzar los barrios. El coordinador de la Asamblea, Juan Antonio Olmo, aunque asegura que "es pronto" para realizar una valoración del mismo, pide más concreción en las propuestas y que se agilicen los plazos. La asamblea lamenta que hasta septiembre u octubre el Ayuntamiento no los reunirá "para empezar a debatir" los proyectos.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 05/07/2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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Mendicouague, un parque contaminado por la política
GABRIEL ESCRIBANO* : Me imagino que este nombre no le suena a nadie que no viva o haya pasado por la ciudad de Santander. Me explico, Mendicouague es el nombre de un parque público de diseño natural a base de pradera. Tiene aproximadamente 12.400 m. cuadrados y se construyó en 1998 como consecuencia de una reivindicación social para mejorar los servicios de su zona.
Esa conquista social para el disfrute de todos los ciudadanos de Santander, (niños que acuden de los tres colegios de su entorno, sus padres, los mayores de la zona, las personas con incapacidad al no existir barreras arquitectónicas, etc.) sirve de pulmón verde por su variedad de árboles a una parte de Santander con una alta densidad de población.
La crisis del ladrillo está obligando, tanto aquí como en otros lugares, a buscar soluciones de otra índole, y este el caso del Parque de Mendicouague.
Este parque está amenazado porque el Ayuntamiento de Santander (representado por su alcalde del Partido Popular D. Iñigo de la Serna) junto con dos juntas vecinales afines a su ideología, se han empecinado en destruirlo y sustituirlo por un aparcamiento subterráneo de dos plantas, con su correspondiente ascensor, sus chimeneas de aireación, sus cuatro salidas para vehículos, etc. etc. poniendo en peligro las viviendas colindantes y negarse a admitir las múltiples alternativas ofrecidas por el resto de sus vecinos.
Ante tal proyecto faraónico, muchos de ellos tuvieron que organizarse y formar un colectivo en defensa de esa zona verde.
Desde hace ya más de 7 meses, dicho colectivo viene desarrollando diversas acciones de protesta (concentraciones de vecinos en el parque, pasacalles, protestas en las ventanas, recogida de firmas, etc.). Cuándo se llevaban registradas 1.330 firmas de adhesión (actualmente hay registradas 3.400 y faltan por registrar otras 1.000 más)actualmente hay registradas 3.lo ante la Agencia Estatal de Protecci, el Ayuntamiento de Santander a través de su Concejal de Barrios y Participación Ciudadana, hizo un estudio porcentual de las mismas para saber si los firmantes estaban empadronados en la ciudad, vivían en su entorno, tenían garaje particular o vivían en urbanizaciones que lo tenían, incluso mediante llamadas de teléfono a sus casas, proceder que me traen recuerdos de épocas pasadas.
Toda esa investigación fue publicada por parte de ese concejal en la prensa de Cantabria, siendo un hecho inusual en esta Comunidad y dando con ello a denotar la falta de ética política y de carencia de sensibilidad hacia la ciudadanía al sentirse insultada por dicho proceder.
No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es lo que les pasa a estos políticos, que no se dan cuenta que un parque público es para el disfrute de todos, sean santanderinos o no.
Ante tal inmoralidad, ese colectivo interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Santander en la Agencia Nacional de Protección de Datos estando hasta el momento a la espera de su resolución.
Todos estos detalles vienen a que el Ayuntamiento de Santander desde hace tiempo, viene desarrollando una política en contra de los espacios naturales sustituyéndolos por suelos enlosados, criticada esa política no solamente por sus vecinos, sino también por intelectuales, profesores de Universidad, etc., así como por el Ilustre Colegio de Arquitectos de Cantabria.
Santander es una ciudad bella y acogedora, pero el lenguaje de sus políticos cada día, va en disonancia con el de sus habitantes.
Para terminar me adhiero a vuestras palabras contra el bloqueo que “todos” hemos sufrido en vuestra pág Web “Nuestros enemigos de clase son muy poderosos (capitalistas, gobiernos, agencias de espionaje e inteligencia, fascistas de todos los lugares del mundo) tienen posibilidades ilimitadas, nosotros solo os tenemos a vosotros al pueblo trabajador, sin vuestro ánimo la batalla estaría perdida pero quien confía en el pueblo jamás será derrotado y si lo es luchando eso no es una derrota”.
Y como lo desconocido rara vez es querido, pedimos vuestra ayuda para conseguir que el Parque sea conocido y querido por cuanta más gente mejor con vuestras adhesiones, cartas al Ayuntamiento, al Alcalde, etc, etc.
Tan solo indicar la Web de ese Colectivo por si la ciudadanía con sentido común se quiere adherir a su denuncia. (www.salvarmendicouague.com).
Salud y gracias
* Kaos en la Red - Gabriel Escribano - 01.07.2008
Foto: Santander, parque Mendicouague - kaosenlared.net
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Un caso mobbing de inmobiliario
La Plataforma contra la especulación y el urbanismo insostenible de Guadalajara, en la cual está integrado ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* de Guadalajara, denuncia públicamente un caso de "mobbing inmobiliario". Los vecinos de la manzana del número 44 de la calle Doctor Creus de Guadalajara ya no aguantan la presión.
Jubilados, enfermos y parados, no han llegado a un acuerdo con la promotora del desarrollo urbanístico de la unidad de actuación SUE 16. Guadahermosa-Urbas, pretende urbanizar una manzana de pisos de cuatro plantas y una calle. Ofrece 9000 euros a los propietarios de las viviendas de la calle número 44 para que se vayan.
Algunos no duermen, otros han enfermado y otros están yendo al psicólogo. Les quieren echar de su casa de toda la vida, y pagándoles una cantidad ridícula. La Plataforma contra la Especulación y el Urbanismo Irracional de Guadalajara, considera que se trata de un caso de "mobbing inmobiliario", y confirmamos que esta es una conducta habitual de los promotores y constructores urbanísticos para conseguir sus fines.
Asimismo denunciamos que estas situaciones se deben a la permisividad que otorga la LOTAU, siempre a favor de los promotores y en contra de los ciudadanos propietarios.
La Plataforma contra la Especulación quiere manifiestar también la demagogia de los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Guadalajara, quienes en el Pleno del pasado 30 de abril de 2008 desestimaron los recursos de interposición presentados por algunos de los afectados, con los siguientes argumentos:
- “Por el Grupo de Izquierda Unida, señala que su Grupo apoyó en su día el proyecto de urbanización, si bien ante la dureza del informe técnico que reseña las prácticas abusivas del Agente Urbanizador frente a los propietarios, sobre valorando obras de urbanización y minorando el valor de las propiedades, anuncia su abstención a pesar de estar de acuerdo con el proyecto”
- “Por el Grupo Municipal de PSOE, se muestra a favor de la desestimación, aunque el Ayuntamiento debe estar vigilante con los posibles abusos y si los numerso del proyecto de reparcelación son coherentes, los resultados de la equidistribución de beneficios y cargas entre el urbanizador y propietarios serán equitativos”
- “El concejal de urbanismo, Sr. De las Heras, señala que esta situación es resultado de la LOTAU que origina socialmente a veces una injusta equidistribución con los pequeños propietarios en las Unidades de Actuación”.
Es decir, los tres consideran injusto los resultados de la equidistribución, pero "señores que les den...." Fue aprobada la desestimación de los recursos de interposición por 24 votos a favor y 1 abstención.
La Plataforma anuncia movilizaciones y envíos masivos a Guadahermosa-Urbas, denunciando el mobbing inmobiliario que practican.
* Ecologistas en Acción de Guadalajara - 4 julio 2008
Foto: Guadalajara, mobbing - ecologistasenaccion.org
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Un implicado en el caso ‘Tótem’ entra como testigo y sale como imputado
ELFARO/Totana* : En la tercera jornada de comparecencias del caso ‘Tótem’ ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el implicado Matías Navarro, única persona llamada a declarar en calidad de testigo durante esta parte de la instrucción, fue acusado de cohecho tras ratificar su declaración inicial, según informó el abogado defensor de los también imputados hermanos Marín Bravo, Jaime Peris.
Sobre este hecho, José María Caballero, abogado defensor de algunos de los acusados en esta causa, manifestó su malestar, ya que “no se han basado en ningún hecho nuevo” sino en “un párrafo que ya existía en la declaración inicial”.
Según revelan fuentes cercanas al caso, Navarro fue acusado de cohecho “por una contradicción en su declaración” al respecto de presuntos negocios ilícitos que Navarro habría pactado con Morales cuando todavía era alcalde. Las mismas fuentes aclaran que quien ha solicitado ante la Sala que cambie su condición de testigo a imputado ha sido la acusación popular, encarnada por los abogados del PSOE.
Otra de las imputadas por cohecho en el caso, Vaneide Freyta, novia de el ex alcalde de Totana Juan Morales y ciudadana brasileña en situación irregular en el país, ratificó su declaración inicial pero se negó a responder a preguntas concretas, según la información facilitada por fuentes cercanas a la investigación. Su abogado, Caballero, declaró que el dinero que mandaba a Brasil, y que la acusación estima que era un intento de Morales de evadir capitales, era enviado a la familia de esta “por motivos de salud”, y no eran “cantidades astronómicas”. Por otra parte, fuentes cercanas al caso revelan que Freyta por lo menos envió 10.000 euros a Brasil, en cheques de cantidades inferiores a 3.000 euros.
En lo tocante a los 55.000 euros en metálico que se encontraron en el apartamento de Freyta, cuyo titular es Morales, Caballero se limitó a decir que “el registro en el que se abrió la caja fuerte fue ilegal” debido a que la condición de aforado de Morales limitaba la orden de registro. Fuentes cercanas a las Fuerzas del Orden aseguran que el registro fue lícito, ya que, si bien es cierto que el apartamento pertenecía a Morales, este tenía un contrato de alquiler con Freyta, “y no vivía con ella (...) se limitaba a pasar de vez en cuando por allí, pero luego dormía en su casa de La Charca con su hijo”.
Los hermanos Francisco y Domingo Sánchez, primeros en declarar ayer, volvieron a negar su imputación en el caso alegando que las firmas que constan en los documento incautados a Morales no son suyas, por lo que se les va a realizar una prueba pericial caligráfica. Hoy declararán ante el TSJ otros cuatro imputados, entre los que destaca la presencia de ‘los gallegos’ y Emiliano Óvide, una de las piezas claves del caso.
IU califica de “grave” el estado de las arcas totaneras
El concejal de IU-Los Verdes de Totana, Juan José Cánovas, mostró ayer su preocupación por la situación de las finanzas municipales en Totana que calificó como de “extrema gravedad” y alertó de que la situación creada por el alcalde, José Martínez Andreo, podría llegar “incluso a dejar de pagar las nóminas”. El fruto de la gestión de Andreo y del PP desde 2003 se caracteriza, dijo, por "empresas que paralizan las obras por falta de pago, (...) y una deuda cuyo alcance no conoce ni el mismo alcalde”, destacó Cánovas.
* El Faro de Cartagena - 04/07/2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
Las infraestructuras terrestres están destruyendo el territorio andaluz (III)
GAS* : En esta tercera noticia sobre las infraestructuras en Andalucía, de nuevo nos centramos en Sevilla, ya que en su Área Metropolitana se está viviendo una explosión sin parangón de nuevas carreteras y vías, como la ya conocida SE-40, al igual que urbanizaciones, que requieren de estas infraestructuras para su conexión con la capital, ya que el transporte público y sostenible se apoya de forma muy débil o nula.
Sevilla
En Sevilla, el PGOU de San Juan de Aznalfarache ha planteado el soterramiento de las os autovías que cruzan el municipio: la que va hacia Coria del Río (la A-8058) y la que va hacia Mairena del Aljarafe (la A-8057). Esta obra afectaría al espacio donde se unen dicha autovías, que permitiría conectar los cuatro núcleos en los que se divide el municipio y aprovechar más suelo. Esta obra se ha planeado tras la creación de la Línea 1 de Metro que conecta el Aljarafe con Sevilla.
Este soterramiento, que es muy caro y necesitaría de financiación de la Junta, tiene como alternativa la creación de sendos bulevares en vez de ambas autovías.
Desde mayo, La Mesa Ciudadana del Aljarafe Norte ha solicitado una reunión con la delegada provincial de Obras Publicas para oponerse al anteproyecto de desdoble de la carretera A-8077, asunto que ha traído cola, y mucha, desde entonces. Este desdoble, que transcurriría entre las localidades sevillanas de Camas y Salteras. Su crítica radica en que la plataforma para autobuses y el carril bici que se pretende construir en paralelo al trazado actual afectaría a los dólmenes y yacimientos localizados en Valencina y Castilleja de Guzmán. Sin embargo, apuestan por la construcción de una variante de la actual A-8077 que discurra en paralelo a la vía férrea Sevilla-Huelva. Es por esto, que en el Pleno municipal de Camas del 21 de mayo, se rechazó dicha ampliación, argumentándose que la carretera pasaría de tener siete metros de ancho a más de veinte, lo que obligaría a expropiar terrenos de núcleos de viviendas de Camas. Además, se empezaron a entregar alegaciones al anteproyecto del desdoble a la Consejería de Obras Públicas, que llegaron a más de 500 a finales del mes de mayo.
A estas críticas ciudadanas, se ha unido el PSOE e IU de Camas, que apoyará las alegaciones ya que dicen, supondrá supondría el derribo de casas y edificios municipales. A esta negativa se une el municipio de Valencina, por el peligro que supondrá para sus dólmenes, mientras que Salteras y Castilleja de Guzmán, lo apoyan.
Esta polémica suscitada hizo que la Junta analizara el desdoble con los respectivos alcaldes implicados el 29 de mayo. En la reunión los alcaldes coincidieron en que el desdoble de la plataforma de transporte público y la creación de la nueva variante se separen y no se perjudiquen en el tiempo.
Por su parte, la plataforma de vecinos de Valencina de la Concepción agrupada bajo el nombre de Valencina Habitable, ha calificado el desdoble de barbaridad ya que contradice los aspectos acordados en el 2006 con respecto a los yacimientos arqueológicos que cruza, tres kilómetros en total. A su vez, denuncian el que la consejera de cultura no se haya pronunciado al respecto. La consejería de cultura ha respondido que desconocía el desdoble de la carretera, y que aprobó las obras sin saber de su impacto en los yacimientos. Es por ello que convocó una reunión para el 4 de junio con los colectivos conservacionistas del Aljarafe con el fin de explicar el informe sobre las afecciones patrimoniales del proyecto, donde afirmo que no sabía quien diseñó el desdoble, algo que han lamentado los grupos vecinales y ecologistas de la región, ya que denota la falta de respeto por el patrimonio.
Precisamente, ahondando en el mismo problema, la Mesa Ciudadana del Aljarafe Norte se reunió el 4 de junio con la Junta para tratar estos temas. Ese mismo día, los ayuntamientos afectados por el proyecto y La Consejería de Obras Públicas decidieron el trazado de la variante de la A-8077, dejando a un lado el problema del desdoble. El acuerdo alcanzado define un nuevo trazado que se inicia en un importante nudo de comunicaciones a desarrollar entre los municipios de Valencina y Salteras, donde confluirán la conexión con la futura SE-40, la estación del Cercanías y la conexión con el futuro tranvía del Aljarafe, y a partir de ahí discurre en paralelo a la línea férrea hasta llegar a la A-66 en Santiponce.
Por su parte, La Mesa Ciudadana de Valencina de la Concepción prepara un tsunami de alegaciones contra el anteproyecto de desdoble de la carretera A-8077, que ha tenido que ser sometido de nuevo a exposición pública, ya que el anterior documento contenía errores. IU también presentó alegaciones por el impacto patrimonial que tendrá en los yacimientos arqueológicos.
En Alcalá de Guadaíra, las infraestructuras y urbanizaciones, no hacen más que extenderse; en este caso, es la construcción de la “Variante Este” la que la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha sacado a oferta, y por la que ya se han interesado 14 consultoras. Dicha Variante cerraría el anillo de circunvalación de Alcalá, uniendo la carretera a Dos hermanas con la de Morón, atravesando el río Guadaíra por un nuevo puente en el escarpe de los Alcores.
Tendría una longitud de tres kilómetros y una inversión de 16 millones de euros, con la que se crearía un carril bici a lo largo del trazado y una plataforma reservada para transporte público. De este modo, a pesar de las buenas intenciones conservacionistas del medio ambiente local, no hace más que seguir degradando el entorno.
De nuevo en el Aljarafe, en Castilleja de la Cuesta, un diputado del PP propuso una solución para mejorar los accesos a la localidad debido a la saturación de la A 49, la SE 30 y las A-8077 y A-8076. Esta iniciativa, que la ha elevado a la Junta de Andalucía, consiste en la construcción de una variante norte en Castilleja de la Cuesta y un paso elevado, en el cruce con la A-49, la A-8076, y la A-474, de un solo sentido hacia Gines. Sin embargo, fue Ikea quien le paró los pies. Sí, la empresa sueca, aliada con el PSOE, va a financiar nuevas infraestructuras que mejoren la entrada al pueblo, donde dicho comercio se encuentra. De este modo, el ayuntamiento de Castilleja, seguirá esperando las mejoras de las infraestructuras, prometidas desde hace años, cuando se asentaron los almacenes de Ikea.
El Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas aprobó a finales de mayo la construcción y reordenación de nuevos accesos a la ciudad por la zona sur. Este proyecto, llamado Plan Parcial, pasará por la Delegación Provincial de Obras Púbicas y Transportes para su aprobación definitiva. En dicho terreno, se proyecta un crecimiento residencial de más de tres mil viviendas, así como un nuevo colegio, un gran bulevar y nuevas rotondas. Esta infraestructura sigue propiciando la ampliación de Dos Hermanas por el sur, estando el norte de dicha localidad ya completo en cuanto a urbanizaciones e infraestructuras, con la futura SE 40.
Un ejemplo de que las infraestructuras no hacen más que potenciar el uso del coche como medio de transporte y que no soluciona ningún problema es el caso del tercer carril que se implantó en la A 49 desde Sevilla a Huelva. De este modo, las retenciones de varios kilómetros se sucedieron durante más de dos horas en la salida de Sevilla, debido a la afluencia de veraneantes a las playas onubenses. Los atascos también se sucedieron a la vuelta. Esta autovía, que registra 130.000 vehículos al día en los dos sentidos, está en proyecto de ampliar a tres carriles en cada sentido, para solucionar estos problemas.
Ante esta multiplicación de las infraestructuras, las inversiones en motivar el tráfico privado y la arrolladora apuesta que las administraciones públicas hacen por este tipo de transporte, un grupo de jóvenes de Utrera, en la provincia de Sevilla, ha emprendido en este mes de junio una campaña de recogida de firmas para reclamar una mejora en los horarios de trenes de cercanías entre esta localidad y la capital andaluza. Para ello, se han reunido con el alcalde de Utrera (PA) de quien han conseguido sacar una propuesta al Pleno del Ayuntamiento.
Huelva-Cádiz
En la polémica de la unión entre Cádiz y Huelva, CCOO salta a la palestra planteando a la consejera de Obras Públicas y Transportes un avía alternativa a la SE 40. De esta forma, dan rienda a las ideas de la Junta de unir ambas capitales, en este caso, con una vía de 38 kilómetros uniría ambas provincias entre Los Palacios y la zona de Sanlúcar la Mayor y Huévar, todo ello en la provincia de Sevilla. De esta forma, evitarían entrar en Doñana y el uso de la SE 40, aunque siguen sin rechazar la propuesta de nuevas infraestructuras que sirven como polo de atracción de más vehículos.
En Doñana, se va a crear una variante del Rocío, con un gran impacto en el paraje natural, que supone la primera piedra del desdoble definitivo de la carretera de Almonte a Matalascañas ya que se trata de una variante de cuatro carriles. El impacto es innegable al haberse optado por el trazado más largo y que precisa la construcción de un nuevo puente por la Rocina, una de las zonas más sensibles de Doñana. Esta opción, en palabras de Ecologistas en Acción, nos aleja de la apuesta por una accesibilidad basada en el transporte público y convierte una vez más el discurso de la Junta sobre movilidad sostenible en pura retórica.
AVE
Por último, un apunte sobre el AVE, ese tren de alta velocidad que se extiende por todo el estado con diversas reacciones sociales. En Andalucía, el asunto ha sido poco socializado, ya que sólo dejan ver lo bueno que traerá el tren, sin adentrarse en la dejadez de los ferrocarriles comarcales o locales, abandonados por las administraciones. Como se entiende, este asunto, denunciado por algunos colectivos sociales y ecologistas, es tapado por los políticos, que siguen anunciando nuevas ampliaciones del mismo. En este caso, el secretario de Política Institucional del PSOE-A defendió el jueves 29 de mayo en una proposición no de ley (PNL, la primera que se registra por el PSOE) que el AVE Sevilla-Madrid pare en Los Pedroches, provincia de Córdoba, tal como recogía en sus promesas electorales el presidente Chaves.
* Grupo de Acción Social - GAS - 28/06/2008
Foto: ave andalucía - abc.es
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