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DIARIODELANZAROTE* : A golpe de auto judicial, el Juzgado de lo contencioso administrativo está cuestionando la política urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Yaiza en la etapa de José Francisco Reyes (PNL). Por tercera vez, el Juzgado ha dictado medidas cautelares que paralizan la construcción de un complejo de villas, en este caso de 42 unidades.
Durante años, la ausencia de medidas cautelares que frenasen la construcción de complejos turísticos o residenciales de dudosa legalidad posibilitaron que en los municipios de Yaiza y Teguise florecieran edificaciones que luego los tribunales de justicia declaraban ilegales. En la mayor parte de las ocasiones, cuando llegaba la sentencia el hotel ya estaba abierto o la villa residencial vendida.
En el último año, sin embargo, en el Plan Parcial Playa Blanca ya se han paralizado de manera cautelar por los tribunales tres promociones cuya legalidad ha sido puesta en duda por el Cabildo, que en realidad considera que el propio plan parcial no tiene validez y que quedó extinguido hace siete años, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias (6/2001).
El último caso en sumarse a la lista de las obras paralizadas ha sido una promoción de 42 villas unifamiliares autorizadas por el Ayuntamiento de Yaiza mediante licencia concedida el 16 de septiembre de 2005. Las villas se construirían en la parcela R-22 del Plan Parcial Playa Blanca.
El Juzgado de lo contencioso administrativo de Las Palmas dictó el pasado 13 de junio un auto en el que se acuerda "acceder a la medida cautelar interesada por la representación del Cabildo de Lanzarote" y, por tanto, dispone la suspensión de la licencia urbanística concedida por el Consistorio que entonces presidía José Francisco Reyes.
Pero además de suspender la licencia y evitar que se levanten los bloques de la promoción recurrida por la Corporación insular, el Juzgado también ha ordenado la anotación preventiva del recurso contencioso administrativo en el Registro de la Propiedad de Tías hasta que recaiga sobre el procedimiento judicial sentencia definitiva.
Tal y como se razona en los fundamentos de la decisión judicial, la petición de suspensión por parte del Cabildo se basó en que la licencia impugnada vulneró de "forma notoria y ostensible" la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas establecida por las Directrices del Gobierno de Canarias del año 2003 (en concreto la disposición transitoria trimera de la Ley 19/2003).
Además, la licencia urbanística fue otorgada -según el Cabildo- en virtud de una modificación del Plan Parcial para su adaptación al Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que es "inexistente", es decir, que nunca se ha aprobado.
De hecho, el criterio de los servicios jurídicos del Cabildo sostienen que el Plan Parcial Playa Blanca quedó extinguido por efecto de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2001, de Medidas Urgente. Por ello, el Cabildo ha recurrido todas las licencias de las que ha tenido conocimiento dentro del citado plan parcial.
Sin informe jurídico
Otro de los aspectos que más llaman la atención de este caso es que ni siquiera fue emitido "el preceptivo informe jurídico previo a la resolución sobre la solicitud de licencia". De ahí que el Juzgado confiera a la reclamación del Cabildo la "apariencia de buen derecho" y opte por paralizar la licencia para evitar, de paso, que la finalidad del recurso -que no se construya la promoción- no se cumpla.
La tercera
Esta última promoción paralizada en el Plan Parcial Playa Blanca es la tercera que frenan los tribunales a instancias del Cabildo. Así, también se ha resuelto medida cautelar contra un complejo de 38 chalets en la parcela R-21 autorizado por Reyes el 7 de septiembre de 2005 y contra un proyecto de 34 bungalows al que le dio vía libre el Ayuntamiento el 30 de agosto de 2005 en la parcela R9B.
Más detalles
RECURSOS. Después de que el Ayuntamiento facilitase las licencias al Cabildo de Lanzarote, la Corporación ha iniciado procedimientos judiciales para anular una quincena de licencias urbanísticas dadas por el Consistorio.
CAUTELAR. Según el Juzgado, "la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad al recurso".
* Diario de Lanzarote - 27 de junio de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - diariodelanzarote.com
Lanzarote: Golpe de la Justicia al Plan Parcial Playa Blanca
El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación
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ELPAÍS/Málaga* : Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.
El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.
El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.
Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: "Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona". Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio.
El acuerdo urbanístico también recibió el visto bueno del redactor del PGOU esteponero, Enrique Bardají, y del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores. A este último la juez instructora de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona dejó en libertad provisional sin fianza.
Por otro lado, la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada del PSOE, reconoció ayer que los 90.000 euros intervenidos por la Policía en la sede de su concejalía no habían sido controlados por la Tesorería municipal. López aseguró que el dinero estaba custodiado en una caja fuerte de la concejalía y no en un cajón de su despacho, y afirmó que la cantidad correspondía al canon que los feriantes pagan al Ayuntamiento por el uso del suelo municipal para la feria que comienza el 1 de julio.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Estepona - 27/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa - diariosur.es
El ladrillo gana siempre
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ELPAÍS* : La huerta de Murcia es pasto de los pisos. Casas como la de Pedro y Violante, con limoneros, gallinas y conejos, están "llamadas a desaparecer", como afirma el Ayuntamiento de Murcia. Pedro y Violante, de 89 y 84 años, acaban de perder, tras meses de batalla judicial, el derecho a seguir en la vivienda que habitan desde 1946.
La Sección Primera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha corregido al juez que les dio permiso a seguir allí porque en un piso -donde los realojaba el consistorio- peligraba su salud.
En noviembre pasado, Pedro Camacho explicaba en su casa cómo en 1973 fue operado en Barcelona. En un paseo por el hospital subió a un ascensor. "Estuve subiendo y bajando hasta que alguien me dijo cómo salir. No he vuelto a montar en uno". Siembre ha vivido en una casa baja en la huerta. Pero el ayuntamiento planeó a través de ésta una avenida de seis carriles vital para las miles de viviendas previstas en la zona.
El 26 de abril de 2006, el ayuntamiento acordó expropiar los 232,05 metros cuadrados de la casa de Pedro y Violante. Fue tasada en 163.034 euros, con lo que debían pagar un alquiler durante 18 meses y con el resto podrían optar a un piso protegido.
El 10 de mayo de 2007, los técnicos les dieron cinco días para desalojar la casa. Comenzaban las obras. El 14 de septiembre, con el trámite de expropiación avanzado, su abogado, Eduardo Salazar, probó una maniobra a la desesperada: pidió parar la expropiación por motivos de salud. Aportó un informe médico sobre los octogenarios. Padecían una "sintomatología ansioso-depresiva: pensamientos recurrentes e intrusos sobre la expropiación, falta de apetito y alteraciones del sueño, oscilaciones anímicas, se muestran asustadizos, con sensación de irrealidad". Pedía que en vez de un piso, el ayuntamiento les diese "una casa parecida, humilde pero en la huerta". El juez, en una decisión sorprendente -por lo humana- les dio la razón el 2 de noviembre y paralizó el realojo. Desde entonces, su casa es una isla en un mar de grúas. El ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior: "Se está condenando al ayuntamiento a buscar casa en la zona, cosa difícil puesto que es una zona de crecimiento de la ciudad, donde las viviendas de similares características están llamadas a desaparecer".
El tribunal, en una sentencia notificada el miércoles, ha dado la razón al consistorio. Aunque admite que "el abandono de su vivienda puede ocasionar perjuicios" a la pareja, señala que la "vivienda ha sido expropiada y necesariamente han de abandonarla". La sala pide que sean los familiares los que le busquen "una vivienda similar". "No parece que mantenerlos en una vivienda en una zona en obras contribuya a esa forma de vida que es conveniente a su edad y circunstancias". Además, destaca el "perjuicio al interés general" que están ocasionando Pedro y Violante.
Contra el fallo no cabe recurso y Pedro y Violante deben pagar las costas del procedimiento. Su familia explicó ayer que conseguir una casa similar costaría más dinero del que han recibido porque hay que comprar una taúlla de terreno. "Ellos están abatidos. Se sienten humillados. Pedro dice que parece que estamos en los tiempos de antes", explicó un familiar. El ladrillo ha vuelto a ganar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 27/06/2008
Foto: Murcia, Pedro y Violante ante su casa - CZ (elfarodemurcia.info)
Andalucía: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día
GAS/Reportaje* : Tras ver los casos de delitos urbanísticos de Sevilla y Cádiz, esta vez, se destacan casos del resto de provincias andaluzas. Veremos los casos más destacados y recientes, provincia por provincia. Como han sido en Córdoba, el “Caso Torreblanca”, donde se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales. Y en Málaga la Operación Astapa, en la cual se ha detenido al alcalde de la localidad.
Huelva:
En Huelva, el mayor plan urbano de los últimos años ha sido aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De este modo se llevará a cabo la construcción de 3.600 viviendas, un centro comercial y un palacio de congresos, integrados en el “Plan Parcial del Ensanche Sur de Huelva”.
El TSJA ha rechazado, de este modo, los recursos de la Consejería de Obras Públicas y la Junta de Andalucía, quienes pretendían rechazar el Plan Parcial para aplicar otro instrumento urbanístico: un Plan de Sectorización, que sólo podría ser aprobado por la Junta. Este Plan Parcial avalado por la justicia determina lo que se va a construir tras el estadio Nuevo Colombino, junto a la Ría de Huelva.
Córdoba:
En Córdoba, enmarcado en el “Caso Torreblanca”, se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales a los que se imputan delitos relacionados con la supuesta falsificación de firma, alteración de denuncias de infracción urbanística y desaparición de actas y de datos del registro oficial de la Policía Local. Se ha informado que se borraron más de 1.000 expedientes de la Unidad de Disciplina Urbanística relacionados, en su mayoría, con la parcelación de Torreblanca.
Por lo tanto lo que empezó como una simple construcción de chalés ilegales en esa urbanización de la Sierra Cordobesa, ha continuado por una serie de delitos que superan los primeros denunciados por medio de una investigación periodística. Los implicados son un escolta de la alcaldesa y una pareja de municipales encargados de multar a quienes edifican ilegalmente.
Tras su denuncia en enero, el Ayuntamiento abrió una investigación, que demostraba la modificación de la fecha de las denuncias de la policía local y las actas de infracción.
El caso a pasado a los juzgados, con los supuestos delitos de la falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística, la alteración de un registro oficial y la eliminación informática de datos.
Málaga:
En la serranía malagueña, en Ronda, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, la Consejería de Obras Públicas y Ecologistas en Acción han recurrido ante los tribunales la construcción de la macrourbanización “Merinos Norte”.
Es un proyecto que se comenzó a construir en septiembre del 2006 y que prevée convertirse en un complejo turístico con dos campos de golf, 800 viviendas y demás infraestructuras turísticas y hoteles, promovidas por Promociones Club de Campo y Golf de Ronda SL y con el apoyo del Ayuntamiento de Ronda.
La denuncia de los colectivos vecinales, sociales, ecologistas y agrarios se centra en la amenaza de esta “obra faraónica” a la cantidad y calidad del agua del acuífero del que se abastecen diversas poblaciones de la sierra. De hecho, ya ha supuesto la muerte de miles de encinas en este paraje, la Sierra de las Nieves, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El complejo, que no cuenta con las autorizaciones oportunas para extracción de aguas, pone en riesgo el abastecimiento de 10.000 vecinos por la sobreexplotación, y por la contaminación por filtraciones, como ya demuestran informes de organismos oficiales.
El 31 de mayo 300 vecinos, ecologistas y ciudadanos preocupados por el medio ambiente y la salud de la comarca marcharon desde Cuevas del Becerro hasta la finca donde se pretende construir dicha obra. La manifestación, convocada por la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua reclama la Junta la paralización definitiva de las obras, al incumplir la Declaración de Impacto Ambiental. A la misma han acudido colectivos sociales de la provincia de Málaga agrupados en la plataforma ciudadana por una Nueva Cultura del Territorio, así como asociaciones senderistas que exigen la recuperación de varios caminos públicos que la promotora ha cortado.
Por su parte, el 17 de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial hizo saltar a la luz otro caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol, en Estepona. Este caso, destapado por la Operación Astaza, ha detenido al alcalde de la localidad, del PSOE, cuatro concejales, así como políticos, abogados y el arquitecto municipal; además han llamado a declarar numerosas personas sin saber cual es su implicación en los hechos, como el presidente de la inmobiliaria Prasa, una de las más potentes de Andalucía.
El fraude consta de irregularidades a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos. Según informó la Policía, se dedicaban a recalificar terrenos del Ayuntamiento para venderlos a empresas y clientes, con lo que se suman los cargos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Ante este caso, que se asemeja al Caso Malaya en el modus operandi excepto por el menor calado e importancia, el PSOE ya ha expulsado al alcalde y ha declarado su rechazo a la corrupción, aunque su implicación en el Caso Malaya también fue importante. Además de los arrestos, los agentes de la UDEF realizaron treinta y ocho registros, tanto en Estepona como en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
Jaén:
En la provincia de Jaén, en Porcuna, el anterior gobierno local, encabezado por la ex alcaldesa, Ana María Moreno y otros cuatro ediles del mismo grupo de gobierno han sido investigados por presuntos delitos urbanísticos, ya que concedieron unas licencias urbanísticas para construir naves en la zona rústica de Carrajaén y otros parajes del municipio. Estos delitos se produjeron entre los años 2005 y 2006, en los cuales infringieron la ley de ordenación del territorio.
Las construcciones se hicieron con autorizaciones en las que los servicios municipales estaban en contra y sin éstos haber dado el visto bueno. Por ello, unido a diversas quejas de los ciudadanos, fueron llamados a declarar el pasado 19 de Junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Martos (como ya se hizo en abril de 2006, sin llegar a ser archivado). Tras pedir la colaboración con la Junta de Andalucía, salieron a la luz nuevos casos de construcciones ilegales. El actual gobierno local del PP junto con la oposición (PSOE) quiere una actuación mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento por el cual pretenden marcar limitaciones en las edificaciones. Este debate llevado a cabo en el pleno de la Corporación, no obtuvo el apoyo del resto de las fuerzas políticas.
Granada:
En la vega de Granada, en Dúdar, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de una megaurbanización en una zona de Sierra nevada que exige estudios de impacto ambiental serios. Sin embargo, ninguna de las tres urbanizaciones que componen este proyecto, lo han hecho. El proyecto, que incumple la legalidad vigente, supone 600 viviendas, proyectadas sobre un pueblo de 300 habitantes, lo que hace que rompa con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Además, se situaría en una ladera de bosque mediterráneo de gran valor y calidad paisajística que alberga una interesante fauna protegida y destrozaría completamente el paisaje. También destaca el problema del agua, ya que no hay suficiente, y se planea extraerla del agua que abastece a Granada y el Área Metropolitana, por otro lado, las aguas residuales no cuentan con una salida clara. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene excusas para implantar dicha urbanización, que no tendría equipamientos suficientes, ya que ni tan siquiera existe paro en dicha población.
* Grupo de Acción Social - GAS - 21/06/2008
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - abc.es
Urbanismo empantanado en Catral
ELPAÍS/Alicante* : Catral (9.400 habitantes), en el prelitoral de La Vega Baja, está preso desde hace un lustro de su doble cara urbanística: la legal, el casco urbano; y la ilegal, 1.300 chalés diseminados en tres millones de metros cuadrados de huerta. Esta segunda cara urbanística (el 25% del parque de viviendas) llevó al Consell a intervenir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio el 3 de octubre de 2006.
La iniciativa la impulsó el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, en vísperas de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps. Un año y ocho meses después de la suspensión del PGOU, la fisonomía urbana de Catral no ha variado un ápice: las casas ilegales siguen en pie en espera de un plan definitivo para legalizarlas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes por infracción urbanística, mientras el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde mayo de 2007, se afana en elaborar una propuesta de concierto previo para legalizar las casas. El equipo de gobierno ha elaborado ya cuatro borradores. "Confiamos en que el Consell dé el visto bueno al último en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo del próximo día 19", aseguró ayer el alcalde, Aurelio David Albero. "Nuestro objetivo es legalizar toda la trama a base de pequeñas bolsas, con viales, zonas verdes e infraestructuras", subrayó. El primer edil no supo cuantificar el coste que acarreará incluir dentro de ordenación las edificaciones. "Nuestro objetivo es que cueste lo que cueste lo paguen los constructores y promotores, y los propietarios, pero nunca los vecinos del casco urbano ni los agricultores que se han mantenido al margen del proceso urbanizador en la huerta". Albero, con todo, admite el lastre que suponen las casas ilegales para la economía del municipio. "Son residentes que no pagan impuestos y sí reciben servicios, como basura, correos, sanidad y educación, que han elevado la deuda del Consistorio hasta 1,8 millones de euros", aseveró.
La inactividad del Consell tras la intervención del PGOU es la primera baza de la crítica del grupo municipal del PSPV. "El Consell se limitó a dar un pelotazo mediático, y después se olvidó", afirma Francisco Illán, único edil socialista en la actual corporación. Las casas ilegales, levantadas entre 2000 y 2007, bajo el mandato del ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, fueron una tumba electoral para el PSPV de Catral. El partido expulsó al ex regidor y cuatro ediles más y a otra decena de militantes que avalaron la lista alternativa de Rodríguez Legal (Socialistas por Catral, que obtuvo cinco ediles). Este grupo de ex socialistas represaliados concluye que el único efecto tangible de la "ejemplarizante" iniciativa de la Generalitat ha sido la fractura y pérdida del poder de los socialistas en Catral. Illán comulga con esta tesis y admite: "Las relaciones con nuestros ex compañeros son inexistentes".
En plena huerta del término, propietarios de casas ilegales y agricultores apuntan a la misma cabeza como responsable del caos, el ex alcalde Rodríguez Leal. "El tema es grave y estamos preocupados", asegura Marco, un galés propietario de una casa en el límite con el parque del Hondo. "Han destrozado la huerta, y ahora quieren que también paguemos la legalización de las casas", señaló José Vicente García, propietario de una graja ovina. "Por ahí, no pasaremos", añade.
La parálisis administrativa que atenaza las casas ilegales de Catral es extrapolable a la investigación judicial. Cuatro años después del inicio de la instrucción, el juzgado no tiene claro a quién imputar: Sólo tienen esa condición el ex alcalde y cuatro ediles de su junta de gobierno.
Crónica de una intervención urgente
- Medida "ejemplarizante". El 3 de octubre de 2006 el Consell suspende el PGOU de Catral para atajar las casas ilegales.
- Investigación judicial. En paralelo a la intervención del Consell, el juzgado retoma la denuncia por las casas ilegales e imputa al alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez Leal.
- Fractura socialista. La imputación de Rodríguez Leal provoca la fractura del PSPV y el acceso a la alcaldía del PP.
- Concierto previo. El gobierno municipal del PP lleva cuatro intentos frustrados para legalizar las casas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/06/2008
Foto: Catral - 20minutos.es
El caso Estepona, uno más
LUIS DE VELASCO* : ¿Cuántas Marbella, Estepona, Mogán, Andratx, Totana o Ciempozuelos más hay? ¿Son éstos los únicos casos de corrupción urbanística en nuestro país? Esta pregunta, sin duda, haría sonreir a cualquier español porque la respuesta es fácilmente previsible. Estos son los casos más sonados, hasta ahora. Hay muchos más.
Esta columna ha afirmado más de una vez que el “modelo” de crecimiento de esta última docena de años, basado sobre todo en el ladrillo, ha tenido serios costes no sólo económicos, sociales y ambientales sino también éticos. La corrupción inmobiliaria, que vino a sustituir a la famosa “cultura del pelotazo” de los años previos ( aquellos en los que se dijo por un ministro del gobierno socialista que España era el país donde más rápido se podía uno enriquecer) es prueba de ese deterioro de valores individuales y colectivos.
Algo va mal en un sistema en el que una firma de una autoridad en un convenio o en un contrato urbanístico puede hacer millonario al favorecido y a quien lo firma. A ambos porque, hay que insistir, en que en el extendido cáncer de la corrupción urbanística no hay sólo una parte como muchas veces se nos pretende hacer creer presentando como sólo culpable al político de turno o al funcionario. Lo que , muchas veces, se nos presenta como víctima ,el negociante, el empresario es, como mínimo, tan culpable. Ambas partes participan de este saqueo al erario público porque de ahí es de donde sale el dinero en último término.
Este fin de semana, la vicepresidenta del gobierno, refiriéndose al ,por ahora, último escándalo conocido, el de Estepona, ha anunciado una “persecución implacable” y un “castigo sin paliativos” para los responsables de la corrupción urbanística. Bellas palabras que, seguramente, la mayoría de la ciudadanía acoge con escepticismo. (Este caso ha sido “levantado” por las fuerzas de seguridad. Las denuncias anteriores de dos concejales del PSOE fueron desestimadas por sus superiores en el partido.) Hasta ahora, los poderes públicos, salvo algunas excepciones en períodos preelectorales, han sido escasamente diligentes tanto en prevenir estos comportamientos corruptos como en investigaciones y sanciones políticas en sus propias filas. Por su parte, la administración de justicia ha hecho lo de otras veces: poco y tarde. No basta con inculpar y juzgar si luego las sentencias son ridículas o no se ejecutan. ¿ Algún condenado devuelve lo robado alguna vez ?
La corrupción urbanística acompaña además a miles de obras, sobre todo aunque no únicamente en las absolutamente degradadas costas del país, realizadas con absoluto desprecio no sólo a la legalidad sino a consideraciones ambientales, sociales o colectivas. Se inician esas obras sabiendo que, aunque se declaren ilegales, nunca se derribarán. Un altísimo porcentaje de edificaciones de la costa están en esa situación, como han documentado informes de organizaciones ecologistas.
La ciudadanía , salvo una minoría concienciada con lo que esto supone, contempla estos casos con alejamiento y escepticismo. Peor todavía: vuelve a votar a políticos procesados por estos delitos, síntoma de ese deterioro moral que produce esta plaga.
* Estrella Digital - Opinión - 25.06.2008
Urbanismo manda derribar cuatro chalés todavía en construcción en Viveiro
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LAVOZ/Lugo* : La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha ordenado el derribo de cuatro chalés en obras en la zona de Area, en Viveiro. Este organismo ha desestimado las alegaciones del Concello al expediente incoado en julio del 2007 contra las licencias otorgadas por el gobierno local, con informes técnicos y jurídicos favorables, en suelo rústico.
La agencia estima que deberían haber pedido autorización autonómica.
El alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel, anunció ayer que recurrirá la resolución, al igual que los propietarios de las viviendas unifamiliares. En diciembre del 2003, la Dirección Xeral de Urbanismo reconoció ocho núcleos rurales de Viveiro -entre ellos, los de Augadoce y Brieiro, donde se ubican estos cuatro chalés-, a propuesta del bipartito, integrado por PSOE y BNG, que gobernaba entonces el municipio. En el 2006, la Xunta dejó sin efecto las normas subsidiarias que regían en el concello -a petición del ejecutivo de Roel- y dictó una normativa provisional, vigente en la actualidad, que no recogió esos ocho núcleos rurales, pese a las alegaciones del Ayuntamiento.
Las denuncias del ex alcalde del Partido Popular César Aja contra los permisos dados por el bipartito por silencio administrativo derivaron en el expediente. Roel se mostró indignado e instó a la Fiscalía a intervenir «contra quien [Aja] dio veinte licencias, de 1997 a mayo del 2003, en esos ocho núcleos, dos de ellas a su cónyuge; y ahora denuncia a vecinos después de que el bipartito hiciera todos los trámites que él no hizo para legalizar esos núcleos». Arremetió contra «algunos responsables» de la Xunta y reiteró su apuesta por «el urbanismo sostenible que defiende Touriño».
* La Voz de Galicia - 26/6/2008
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
Novelda: El TSJ suspende la ejecución del polígono El Pla a petición de la CHJ por la falta de agua
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha suspendido el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Alicante en mayo de 2007 por el que este organismo, que depende de la Conselleria de Ordenación del Territorio, autorizó la construcción de un polígono industrial privado de 1,6 millones de metros en Novelda, en la partida del Pla.
El acuerdo fue recurrido por la Abogacía del Estado a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los responsables del organismo de cuenca ya anunciaron entonces que acudirían a los tribunales basándose en su informe negativo "al no resultar acreditada la suficiencia de disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas de agua vinculadas a esta actuación urbanística" y, también, por afectar al dominio público al verse alterado por las obras el barranco de los Colegiales.
Como se recuerda, este plan parcial, que está estrechamente vinculado a la construcción de una zona residencial de dos millones de metros con campo de golf de 18 hoyos y 2.554 viviendas en la partida de la Serreta, salió adelante en la anterior legislatura con la mayoría absoluta del PP frente a los votos contrarios del PSOE y Bloc. Además, a tan sólo dos semanas de las elecciones del 27-M, y por un solo voto, recibió el visto bueno de la CTU, supeditando su definitiva aprobación a una serie de correcciones técnicas y administrativas, entre ellas la invasión de dominio público hidráulico por la ocupación de una rambla con viales y la falta de derechos sobre los 200.000 metros cúbicos anuales de agua que garantizarían el abastecimiento del polígono. Tras el vuelco electoral que llevó al PP noveldense a la oposición, el nuevo equipo de gobierno, el cuatripartito integrado por PSOE, Bloc, Los Verdes e IU, presentó un recurso de alzada ante la CTU para exigir la subsanación de las deficiencias detectadas. A los pocos días las adjudicatarias de ambos proyectos, Leteo Inversiones y Serreta Golf, con socios capitalistas comunes, presentaron en el Ayuntamiento la documentación modificada y corregida. El recurso fue rechazado por silencio administrativo por lo que el equipo de gobierno terminó asumiendo ambos planes. Sin embargo la CHJ ha seguido adelante con la impugnación y ahora el TSJ le ha dado la razón. No obstante no es una resolución firme. Cabe recurso. Pero en el auto también se alude a la falta de justificación sobre los 738.205 metros cúbicos anuales de agua para abastecer a la macrourbanización de La Serreta.
* Información - PÉREZ GIL - 25 de junio de 2008
Foto: Novelda (Alicante) - wikipedia.org
Cantabria: La solución a las sentencias de derribo, pendiente de los planes urbanísticos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El plan que presentará el Gobierno de Cantabria para tratar de dar solución a las 23 sentencias de derribo que pesan sobre distintas urbanizaciones situadas en municipios del litoral cántabro no podrá ser un bálsamo que cure todas las heridas.
No contemplará -por ilegal e inconstitucional- la amnistía para las edificaciones declaradas ilegales y tampoco dictará una norma general para poder convertir en legales algunos de lo inmuebles sobre los que en la actualidad pesa una orden de derribo. Además, la capacidad competencial del Gobierno es muy reducida, ya que los planeamientos urbanísticos, la subsanación de errores de procedimiento y la concesión de licencias son competencia directa de los municipios.
Eso es lo que se desprende del informe que la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de Cantabria ha enviado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En ese texto -elaborado por la Dirección General de Urbanismo y los servicios jurídicos- se vislumbra que en algunos casos no habrá otra solución que el derribo (con toda probabilidad las edificaciones de La Arena en Arnuero), mientras que en otros supuestos las edificaciones ilegales pudieran quedar legalizadas si tienen la cobertura del nuevo planeamiento urbanístico del municipio en el que se enclave. Todo ello cumpliendo un precepto sobre el que existe jurisprudencia: el cambio en el plan general en una zona de un municipio debe basarse en la necesidad de atender al interés público urbanístico y no ser un mero apaño que sólo persiga legalizar lo ilegal.
Las sentencias de derribo que afectan a Cantabria tienen casuísticas dispares en cuanto a sus fundamentos jurídicos. Existen supuestos -y así lo especifica el informe- «en que se acuerda el derribo por ser las edificaciones contrarias a la protección del medio ambiente, y, en concreto, por su impacto visual. Otras veces lo es por asentarse la edificación en un suelo rústico, indebidamente calificado como urbano. Otras veces, por defectuosa tramitación de los procedimientos». Esa variedad impide -así lo indica el Gobierno- «que la solución pueda venir a través de una alteración normativa que de cobertura a las mismas».
En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene que deben ser los planeamientos urbanísticos de los municipios los que den respuesta a cada uno de los casos. Los municipios afectados son los de Arnuero, Piélagos, Argoños, Miengo y Escalante. Se trata de ayuntamientos ubicados en el litoral de Cantabria y, por tanto, con un régimen jurídico sometido no sólo a la Ley de Suelo Cantabria 2/2001 sino a la Ley 2/2004 de Plan de Ordenación del Litoral.
Diferentes circunstancias
Aunque la situación urbanística de cada uno de esos municipios difiere, cuatro de ellos (Arnuero, Piélagos, Miengo y Escalante) presenta un nexo de unión: todos se encuentran revisando sus planeamientos urbanísticos, en fases de tramitación diversas para adaptarlos a las citadas disposiciones y leyes, «pero en ninguno de los casos se ha llegado a la fase de aprobación inicial, por lo que los planes y sus directrices se encuentran aún en el ámbito de competencias municipales».
Argoños: nuevo Plan
Es diferente el caso de Argoños, que dispone desde marzo de 2007 de un nuevo planeamiento adaptado a la legalidad. Además, durante la tramitación del plan ya se debatió sobre el tema de las sentencias de derribo existentes. Precisamente en el planeamiento ya en vigor se incluyen ordenanzas, determinaciones y ordenaciones concretas para los ámbitos afectados por sentencias. Con todo, según el informe remitido por el Gobierno al TSJ, la Consejería de Obras Públicas «no tiene constancia si por parte del Ayuntamiento de Argoños se ha otorgado alguna licencia que haya tenido como consecuencia la legalización de actuaciones ilegales en alguno de los ámbitos afectados por las sentencias» A juicio de los servicios jurídicos del Gobierno y de la Dirección General de Urbanismo, en la actualidad la modificación puntual de los planeamientos únicamente es posible en los términos que fija la Disposición Transitoria Primera de la Lotrusca (Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria). «Así, tratándose de planes no adaptados a la Ley sólo será posible modificarlos para regular la implantación de instalaciones industriales, infraestructuras, equipamientos, servicios de especial importancia, así como viviendas protegidas». Además, «sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento territorial, podrán realizarse modificaciones consistentes en la calificación de suelo no urbanizable en cualquiera de las categorías de suelo rústico a que esta ley se refiere o en la transformación del suelo no urbanizable ordinario, no sometido a especial protección, en suelo urbanizable residual, siempre que la finalidad de la modificación sea la implantación de alguna de las actuaciones antes enunciadas (viviendas protegidas, equipamientos, etc.)».
Por todo ello, el informe remitido al TSJC concluye categórico que «sólo en las municipios con planeamiento adaptado a la Ley sería posible que las circunstancias de alguna modificación puntual tuvieran como consecuencia indirecta dar cobertura a situaciones que hayan devenido ilegales por actuaciones anteriores. En los demás casos, será precisa la revisión del planeamiento general».
SENTENCIAS: Qué, Por qué...
Municipio de Arnuero.
Urbanización en La Arena. Sentencia de mayo de 1994. Orden de derribo de lo edificado por considerar que los terrenos no reunían los requisitos para ser clasificados como urbanos. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) incluye los terrenos en la categoría de Protección Ecológica. El futuro planeamiento urbanístico del municipio deberá respetar la Ley de suelo y el POL.
Municipio de Piélagos.
Entre Lindes. Sentencia del TSJC de 9 de marzo de 2000. Estima el recurso interpuesto por la asociación ecologista Arca contra la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el paraje «Entre Lindes», en Liencres, por el carácter no urbano de los terrenos, la inclusión de fincas clasificadas como suelo no urbanizable y modificación de un vial. En el POL dichos terrenos se encuentran excluidos de su ámbito de aplicación. No obstante, la Ley de Cantabria 2/2004 establece en su artículo 2.3 que en caso de sentencia judicial firme que acredite que determinados suelos no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como urbanos quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del POL.
Cerrías I. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2002. Revoca la Sentencia del TSJ de Cantabria en cuanto es disconforme con la presunta infracción del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1990 (sobre adaptación ambiental). Sin embargo, estima el recurso en cuanto a la legalidad de la sentencia por los otros dos motivos: falta de publicación del Estudio de Detalle y clasificación improcedente de los suelos urbanos. Los terrenos se encuentran excluidos del ámbito POL colindantes con la categoría de Área de Interés Paisajística (AIP), si bien, al igual que en la sentencia anterior se encontrarían afectados por lo establecido en los artículos 2 y 3 de la ley de Cantabria 2/2004.
Cerrías II. Sentencia del TSJC de 2 de noviembre de 2000. Estima el recurso interpuesto por Arca contra licencias de obras otorgadas a Calas del Norte, S.L. y a Nuevo Liencres, S.L. por la no publicación del estudio de detalle, clasificación improcedente de los suelos urbanos e incumplimiento del articulo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1990. Los terrenos están excluidos del ámbito POL y tienen la misma afectación que los de Cerrías I.
Viviendas Grupo Zabalo. Sentencia de septiembre de 2001. Estima el recurso contra la resolución de la Alcaldía por la que se concedía licencia de obras a 'Grupo Zabalo Gutiérrez» por calificar como urbanos terrenos que no reúnen los requisitos para ello y porque el Estudio de Detalle extralimita su ámbito territorial. Los terrenos se encontraban excluidos del ámbito de aplicación del POL y colindantes con otros suelos clasificados como urbanos por el Plan General de Piélagos, si bien, al igual que en los supuestos anteriores estarían afectados por lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de Cantabria 2/2004.
* El Diario Montañés - S. L. - 26 junio 2008
Foto: Urbanización La Arena en el municipio de Argoños. / DM, eldiariomontanes.es
Cataluña: 400 urbanizaciones se hallan en terrenos no urbanizables
ELPAÍS* : Cataluña ha sido, en materia de urbanismo, un país con leyes más que laxas. Tiene 900 pueblos, pero 2.300 urbanizaciones, algunas de ellas claramente alejadas de los núcleos urbanos históricos. Y lo que es peor, en al menos 400 casos, construidas sobre terrenos no urbanizables, es decir, en clara infracción de la legalidad vigente.
Las ilegales son el reino del caos, pero algunas de las legalizadas no son el paraíso. Al contrario, carecen en muchos casos de elementos tan necesarios hoy como abastecimientos de agua, conducciones de saneamiento, alumbrado público o asfalto en las calles.
El 70% de las 400 urbanizaciones ilegales son anteriores a 1975, año en el que falleció el último dictador de España, Francisco Franco. Hasta esa fecha, propietarios sin escrúpulos parcelaban, vendían, cobraban y desaparecían dejando un reguero de perjudicados, muchos ellos de economías humildes, que acababan por edificar ellos mismos sus viviendas, solos o con la ayuda de un amigo más o menos apañado.
El Gobierno catalán ha decidido elaborar un anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consell Executiu y que será remitido ahora al Parlament. Se trata, explicó ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, de intervenir en las más necesitadas de estas urbanizaciones con inversiones directas o líneas de crédito tanto a los municipios como a los parcelistas, sobre todo en aquellos casos en que se trata de propietarios de edad avanzada que han convertido la casita en primera residencia.
Quedan excluidas de estas ayudas las urbanizaciones manifiestamente ilegales, salvo que los municipios decidan legalizarlas.
El objetivo del plan, equivalente a la ley de barrios que está renovando los núcleos históricos degradados, es conseguir una inversión de unos 10 millones de euros anuales, que se destinarán a unas 20 urbanizaciones por año.
La primera medida tiene carácter experimental. El Ejecutivo catalán ha firmado convenios en pruebas con Alpicat, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Juncosa del Monmell, Masquefa, Lliçà d'Amunt, Maçanet de la Selva, Mediona, Vacarisses y Vidreres. Estos convenios suman 2,9 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las 10 localidades.
Barcelona, con 1.142 urbanizaciones, es la provincia con más núcleos de este tipo. En Girona hay 560 y en Tarragona 550. En ellas viven más de 625.000 personas. El 60% de estas urbanizaciones carece de infraestructuras de saneamiento, el 61% tiene calles sin asfaltar y el 62% carece de alumbrado público.
Estas urbanizaciones produden, en opinión de Joaquim Nadal, un consumo desaforado e irracional de suelo y un incremento de la movilidad obligada, ya que estos núcleos carecen, en su inmensa mayoría de transporte público.
En los casos en los que sea posible, el Ejecutivo promoverá que las urbanizaciones dejen de crecer, de forma que no sean ocupados los terrenos aún libres de cemento. En total, hay unas 330.000 parcelas, la mitad edificadas, en las 2.300 urbanizaciones catalanas.
* ELPAIS.com - F. ARROYO - Barcelona - 26/06/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El 'Pocero bueno' construirá 300 chalés por 150.000 euros en el límite de Toledo y Madrid
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ELMUNDO* : Dice José Moreno que nunca ha sido constructor y mucho menos promotor inmobiliario. Toda su actividad ligada al ladrillo la ha consumado desde la Asociación de Vecinos de La Avanzada y cree que, como la soberanía, la iniciativa en la construcción de viviendas debería residir en los ciudadanos y no en las empresas.
El año pasado saltó a la fama gracias a la última de las tres promociones que ha gestionado en Fuenlabrada: 402 viviendas en régimen de cooperativa que vendió -en sólo cinco horas y con 200 personas en lista de espera- a razón de 17 millones de pesetas (106.000 euros) la más cara.
Desde entonces se le conoce como 'el Pocero de Fuenlabrada', 'el Pocero Bueno', o el 'Robin Hood de la construcción', como le bautizaron en El Periódico de Catalunya. Mediático, nunca dice no a una televisión, a una radio local o a un colectivo de 'okupas' que reclamen su participación, de forma que su peculiar rostro ha salido en decenas de medios de comunicación, incluso de Holanda, Alemania, Venezuela, Francia y México, que recuerde. La primera vez fue en El Mundo.
Su próxima aventura será construir 300 viviendas unifamiliares en El Viso de San Juan (Toledo, 2.340 habitantes), un municipio pegado a la linde provincial con Madrid, a no más de 40 kilómetros de la capital. "Los chalés no llegarán a 26 millones -unos 156.000 euros-", asegura Moreno.
¿Por qué chalés? y ¿por qué fuera de Fuenlabrada? Se preguntarán quienes saben que el lucro no aviva las iniciativas de Moreno. "Era una buena oportunidad para construir sobre suelo barato ya urbanizado", afirma.
"Serán chalés, explica, porque en el pueblo -que ha duplicado su población en cuatro años, hasta los 2.400 habitantes- apenas hay viviendas en altura". Las parcelas tendrán cerca de 200 metros cuadrados y las casas unos 120 metros útiles. Actualmente, las casas de esas características en la zona se cotizan entre 240.000 y 300.000 euros "cuando hace diez años no valían ni 100.000", apunta.
Los principales beneficiarios de las tres promociones que planea levantar en El Viso toledano serán "jóvenes de la localidad", precisa. Y es que a Moreno le gusta pensar que los jóvenes necesitan de verdad una vivienda y que no piensan en comprarla para especular con ella. "Son las verdaderas víctimas de la burbuja"
Las casas deberían bajar un 30%
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A sus 58 años, cuatro hijos y camino del segundo nieto, es un icono local de Fuenlabrada, como lo es ‘el niño’ Fernando Torres.
Entre 1978 y 1983 fue concejal de Deportes de Fuenlabrada con el Partido de los Trabajadores y más tarde ingresó en la cárcel de Carabanchel por liderar acciones vecinales. En la terraza junto a la esquina de la calle Ernesto Ché Guevara, donde se ubican las cuatro manzanas de su última promoción, nadie pasa sin dedicarle un saludo.
En 1998 Moreno vendió su primer bloque de 72 viviendas, a razón de seis millones de pesetas -36.000 euros- la unidad. Al cabo de dos años dirigió una nueva promoción de 170 viviendas. Ahora, cree que las viviendas deberían bajar por lo menos un 30% si los promotores quieren seguir vendiendo casas. "Los trabajadores ya no pueden asumir las hipotecas, es imposible".
"Se pueden construir casas de buena calidad a razón de 600 euros por metro cuadrado construido", aclara. A esto hay que sumarle la repercusión del coste del suelo, que es donde está el verdadero negocio.
Y se ofrece para ello. Aunque, en opinión de Moreno, no interesa que se extienda el rumor de que los pisos valen menos. Hace un par de meses propuso por carta a una decena de ayuntamientos del cinturón sur de Madrid -Humanes, Perales del Río, Moraleja de Enmedio, Griñón, Parla, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe- la construcción de viviendas de protección oficial a precio de coste, es decir, con una repercusión del precio del suelo inferior a 18.000 euros por vivienda. En casi todos los municipios, la respuesta ha sido o vaga o silenciosa.
Moreno repercutió un 3,6 % del precio de las viviendas por la gestión de la cooperativa propietaria de su última promoción. En total, unos 480.000 euros. Pero cree que, en esta profesión, enriquecerse es muy sencillo: "Si hubiera querido podría haber subido las casas un millón de pesetas y en un momento habría ganado 400 millones más de golpe". Por las anteriores promociones no cobró nada.
* El Mundo - JOSE F. LEAL - 25.06.2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es
El Tribunal Europeo planea sobre la M-501
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ELPAÍS/Madrid* : Una Comisión Europea que se siente burlada por la Comunidad de Madrid en el caso de la carretera de los pantanos tiene previsto elevar hoy al Tribunal de Justicia de la UE las presuntas violaciones medioambientales del desdoblamiento de la M-501.
Bruselas hace firme esta medida extrema al año de una primera decisión en el mismo sentido, de la que se desdijo más tarde para dar al Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) la opción de remediar las graves irregularidades detectadas. "Ha tenido la oportunidad de reconducir la situación y no lo ha hecho", apunta una fuente comunitaria.
Hoy llega a su final el proceso en la Comisión, con la prevista decisión de someter el desafío de la Comunidad de Madrid al Tribunal de Luxemburgo, última instancia judicial de la UE. La frustración del Ejecutivo comunitario quedó de manifiesto en su última comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que estudió el caso.
"El que las obras del tramo 2 [entre Brunete y Navas del Rey] no hayan sido interrumpidas es de una extrema gravedad, contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu" del acuerdo entre la Comunidad y la Comisión Europea que permitió congelar el procedimiento de infracción ante el Tribunal en julio de 2007, según José Manuel Servert, adscrito a la dirección general del Medio Ambiente de la Comisión Europea, que habló así el pasado mes de abril ante la Comisión parlamentaria.
La Comisión tenía desde 2006 la certeza de que el desdoblamiento de la M-501 incumple obligaciones como la de realizar una evaluación de impacto ambiental solvente y las directivas sobre aves silvestres y hábitats. Pero ante una oferta del Gobierno de Esperanza Aguirre de respetar la legislación comunitaria, aunque fuera con retraso, Bruselas paralizó el procedimiento. Apenas unos días más tarde, el Tribunal de Justicia de Madrid declaró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno para desdoblar la M-501, de lo que Bruselas tardó en tener conocimiento oficial. Entretanto, Aguirre, y también el consejero de Transportes, Manuel Lamela, no se han cansado de repetir que respetarían y cumplirían todo lo que pidiera la Comisión Europea.
Para la dignidad del Ejecutivo comunitario fue un mazazo ver que la presidenta presentaba un recurso ante el fallo del tribunal madrileño. "Cuando se continúan las obras es porque no hay voluntad de mitigar los daños y al recurrir se pretende que la sentencia no sea firme", reconoció Servert, que aseguró: "Es contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu del acuerdo que permitió congelar el procedimiento judicial". El funcionario ya adelantó en la Eurocámara que la Comisión tomaría una decisión sobre el caso en fecha por determinar.
Ecologistas en Acción consideró ayer en un comunicado que el giro dado por la Comisión, "pese a las presiones sin precedentes que han ejercido el PP y los alcaldes en Estrasburgo" es positivo. "El siguiente paso es que Luxemburgo paralice las obras que siguen avanzando a marchas forzadas", agregó. De este modo, Bruselas, con la paciencia agotada, decide volver sobre sus pasos y se propone iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Lo que ocurre es que este tribunal emplea un promedio de dos años en dictar sentencia.
+ ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 26/06/2008
Foto: Madrid, obras carretera de los pantanos - G.Lejarcegi (ELPAIS.com)
Dénia libra del ladrillo 11 kilómetros en primera línea del litoral de Les Marines
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ELPAÍS/Alicante* : Freno a la expansión urbanística en la costa de Dénia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acordó ayer la suspensión de parte del Plan Transitorio impulsado por la Generalitat en este municipio y que permitía la construcción de urbanizaciones en primera línea de playa a lo largo de 11 kilómetros de Les Marines, entre el casco urbano y el río Molinell.
La sentencia da así la razón al Ayuntamiento de Dénia, que había recurrido el plan del Consell amparándose en la Ley de Costas, que especifica la "prohibición de crear pantallas arquitectónicas en el litoral". De hecho, el Plan Transitorio, el documento que rige los destinos urbanísticos del municipio hasta la redacción de un nuevo PGOU, permitía que los propietarios de parcelas urbanas parcialmente ubicadas en terreno público de la costa pudieran acumular la edificabilidad de futuros proyectos urbanísticos en la parte privada de esos terrenos. Con esta medida, "decenas de propietarios", según el concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Grimalt, podrían haber edificado nuevas viviendas unifamiliares y complejos residenciales.
Por el contrario, la sentencia admite el derecho del municipio a diseñar su propio planeamiento urbanístico, que, en Les Marines, desde que PSPV y BNV accedieron al poder, ha tenido un sello claramente proteccionista: socialistas y nacionalistas también acordaron la desclasificación de otros tres millones de metros cuadrados en la costa norte, lo que, unido ahora a la prohibición de poder construir en los terrenos de primera línea, libra del ladrillo a esta parte del litoral. El fallo del TSJ supone un balón de oxígeno para la alcaldesa socialista Francisca Viciano, que ha visto cómo la Generalitat bloqueaba una y otra vez sus decisiones urbanísticas.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 26/06/2008
Foto: Denia (Alicante), dunas - levante-emv.com
El monstruo de la corrupción urbanística sigue en la Costa del Sol
JOSÉ BEJARANO* : Marbella es la cuna del monstruo que se ha aposentado en buena parte de la Costa del Sol y se reproduce incluso después de la desaparición del gilismo.El descabezamiento hace dos años de la trama instaurada en Marbella no sirvió de aviso a sus vecinos de Estepona, Manilva, Mijas... Quizá porque, al contrario de lo que se suele creer, no fue Jesús Gil quien creó el monstruo. Lo que hizo al llegar a la alcaldía fue dar carta de naturaleza e institucionalizar la mordida que él mismo tuvo que pagar en los años ochenta en su faceta de constructor.
Lo que hay es un antes y un después de Jesús Gil porque si hasta 1991 había maletines y algunos pagos se hacían de forma tan burda como firmar talones bancarios - entregados a veces en las propias sedes del partido- después se hizo con dinero en efectivo, bajo el manto de los alegales convenios urbanísticos y a través de empresas municipales que escapaban a todo control. Tanto éxito tuvo el sistema que se extendió como una mancha de aceite y hoy son multitud los alcaldes sobre los que pesan denuncias de corrupción urbanística. El fenómeno no entiende de colores políticos y afecta a todos los partidos que tocan poder municipal. En Málaga, el año pasado la fiscalía enumeró más de mil delitos de ese cariz. Uno de cada cinco alcaldes de la provincia está imputado y términos como prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias son habituales en el lenguaje municipal.
En muchos casos, como ha ocurrido en Estepona, alguien había dado la voz de alarma asustado por la fuerza del monstruo. El primer alcalde democrático de Marbella, el socialista Alfonso Cañas, ya alertó de los maletines y aseguró haber tratado de poner al tanto a Felipe González, que no lo recibió. En Estepona fueron dos concejales, también socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, enfrentados al alcalde, los que lo intentaron sin éxito. Barrientos les respondió: "No estoy dispuesto a recibir de nadie lecciones de moralidad política, ética, honestidad, integridad, socialismo y lucha contra la corrupción urbanística".
Uno de los que dijeron haber sido extorsionados en los albores de la corrupción en Marbella fue Jesús Gil, que al ganar las elecciones municipales de 1991 dijo que se hacía cargo del Ayuntamiento para ganar dinero, pero a cambio de hacer que todos ganaran con él. Elevó la corrupción a su época dorada. El gran invento fue el convenio urbanístico, sistema que mostró a muchos alcaldes el camino para aliviar las escuálidas arcas municipales y, de paso, las suyas propias y las de sus partidos. Una década más tarde, centenares de alcaldes y concejales están procesados aunque eso, a tenor de los resultados de las pasadas elecciones, no parece influir mucho en el sentido del voto de sus vecinos.
Un repaso a la relación de alcaldes condenados o pendientes de juicio no deja libre a ninguna provincia costera. Desde Roquetas de Mar, Garrucha y Níjar, en Almería, hasta El Granado y Matalascañas, en Huelva. La que más causas tiene es Málaga por razones obvias: Marbella, Estepona, Alhaurín de la Torre, Tolox, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Mijas, Casares, Ronda y Manilva, entre otros municipios. En Cádiz ha habido denuncias en Grazalema, Prado del Rey, La Línea y El Puerto de Santa María. En Granada, Armilla y Alhendín. En Sevilla, Camas, Burguillos y Guillena. La conclusión a la que llegó la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz el año pasado ofrece una explicación: "Todo esto sucede (los delitos urbanísticos) sin que las administraciones ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento". En el 2007, el Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar diez millones de euros por sanciones urbanísticas no ejecutadas, según el tesorero, ahora llamado a declarar como testigo en la operación Astapa. La pregunta que se hacen en Estepona es ¿a cambio de qué se hacía esa dejación de responsabilidad municipal?
* La Vanguardia - Opinión - Sevilla | 22/06/2008
Barrientos autorizó el pago de obras irregulares por 1,2 millones
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ELPAÍS/Málaga* : Las cosas se estaban saliendo de madre en Estepona. Un mes antes de que la policía detuviera a su alcalde Antonio Barrientos (PSOE) por el caso de corrupción urbanística, el máximo responsable de la trama, según la juez Isabel Conejo, comenzó a encontrar más escollos de los habituales en sus propuestas.
Los disidentes del equipo de gobierno -formado por PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista- se plantaron a la hora de autorizar el pago de 1,2 millones de euros por trabajos que no habían pasado los cauces legales y tampoco vieron con buenos ojos la adjudicación del depósito de vehículos a un empresa que tenía vínculos familiares con el asesor de alcaldía, José Flores.Barrientos y Flores comparten celda en Alhaurín de la Torre desde el pasado viernes acusados de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo.
El ex alcalde renunció ayer a su acta de concejal y a la secretaría local del PSOE. Uno de sus abogados aseguró que se encuentra "muy entero" y "mejor que en dependencias policiales". "Tiene la fortaleza de una persona que no tiene conciencia de haber hecho nada que merezca el reproche", aseguró el letrado. Hace una semana, durante en el registro de las dependencias municipales, la policía pidió a los funcionarios que le facilitaran los expedientes de las empresas Nagore Inversiones y Collection World, a las que el concejal de Hacienda Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pretendía reconocerles 1,2 millones de euros de deuda.
La fórmula del reconocimiento de deuda se utiliza habitualmente para aprobar los contratos hechos a dedo, en los que no ha habido concurso público o licitación, coinciden dos fuentes consultadas.
Las dudas sobre la forma en la que encargaron nueve de estos expedientes hicieron que el 23 de mayo, en el último pleno celebrado en su Ayuntamiento, los expedientes de reconocimimiento de deuda se quedaran en el aire. Cuando llegó el turno de tratar el punto, varios de los concejales del equipo de gobierno, entre ellos los socialistas Rafael Duarte y David Valadez, salieron del plenario, por lo que Barrientos tuvo que acordar un receso. A la vuelta, no se ahondó más en la cuestión. El concejal de IU, Eduardo Alarcón, pidió que el expediente quedará sobre la mesa hasta que hubiera más informes.
Los concejales ya advirtieron a Barrientos de que no votarían ese punto, pero aún así, formó parte del orden del día. El punto polémico era el pago de 915.000 euros a la empresa Nagore Inversiones SL por unos trabajos de remodelación de la avenida Puerta del Mar.
La obra fue adjudicada en 2005 por el concejal ex gilista José Ignacio Crespo, también encarcelado en el caso, y terminó poco antes de las pasadas elecciones. Según un informe del interventor accidental, Luis Díaz, la obra se contrató sin fiscalización previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido".
El informe del interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, "sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda haberse incurrido por el incumplimiento de los requisitos legales", y alertaba de que esta situación se estaba repitiendo demasiado. "Deben adoptarse las medidas oportunas para evitar en el futuro actuaciones al margen de los procedimientos de contratación legalmente establecidos, y de las normas que regulan la fiscalización preceptiva, ya que últimamente se vienen repitiendo con excesiva frecuencia", consideraba.
Con el pago de 300.000 euros a la empresa Collection World ocurrió algo similar, pero en una junta de gobierno local, señalan fuentes municipales.
Estos desencuentros caldearon el ambiente durante varios días y pasaron a formar parte de una larga lista de acusaciones sonrojantes entre los concejales de Estepona. Otro enfrentamiento se produjo durante la adjudicación del depósito de vehículos. Zamorano acusó a su compañera de partido Cristina Rodríguez de filtrar documentación de la mesa de contratación a Los Verdes y de estar interesada en "crear dudas".
La empresa Ausol Estepona 2000 se constituyó con 3.000 euros de capital el 25 de abril, un día después de la publicación del concurso del depósito municipal de vehículos. Su objeto social coincidía literalmente con el motivo del concurso. Su administrador, Manuel Barroso, fue detenido la semana pasada por orden de la juez Conejo. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros. Barroso, abogado penalista, fue socio del letrado también imputado en la trama corrupta de Estepona Juan Simón.
Los cruces de declaraciones hicieron que Rodríguez demandara a Zamorano, aunque después se retractó. Una nota de prensa municipal aseguraba que habían zanjado sus problemas. Mientras tanto, los investigadores tomaban nota.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 25/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
La Fiscalía investigará por vía penal 16 casas ilegales en el paisaje protegido del Millars
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LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía provincial de Castelló investigará por vía penal 16 construcciones realizadas de forma ilegal dentro de los terrenos del paisaje protegido de la Desembocadura del Millars en Almassora de forma posterior al año 2003.
Así consta en el decreto firmado por el fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, y que atiende a la denuncia presentada en octubre de 2007 por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) que pedía la intervención de la Fiscalía contra los responsables de las 120 viviendas censadas en el espacio natural por un presunto delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales.
El decreto de Fiscalía -fechado el pasado mes de abril pero comunicado esta semana- establece también el archivo del resto de causas penales que pudieran derivarse del resto de construcciones, ya fuera porque en su momento ya fueron investigadas o porque los delitos imputables ya han prescrito. De todas maneras, de todas estas construcciones anteriores que están sobre suelo de dominio público estatal, la Fiscalía dará cuenta tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, como a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Jefatura de Costas "a los efectos oportunos".
Las 16 construcciones sobre las que se abrirán diligencias penales han podido ser detectadas gracias a un informe técnico redactado por la subsecretaria de la Conselleria de Medio Ambiente en el que se inventariaban un total de 116 construcciones en las dos márgenes del río detallando, gracias a "las diferentes visitas y las ortofotografías de los años 2003 y 2006" si existían o no en 2003. Según concluye el escrito del fiscal, sólo estas 16 construcciones (algunas viviendas completas, otras ampliaciones) han sido levantadas en estos años.
"Que acabe en el juzgado"
El grupo conservacionista ha aplaudido la decisión de la Fiscalía en un comunicado remitido ayer a los medios en el que valoran positivamente la resolución de Carceller y confían en que, tras la realización de los 16 expedientes de diligencias previas, estos acaben en el juzgado "como en el caso de Nules".
"Por vía penal o por vía administrativa, la asociación considera fundamental la intervención de la Justicia y la Administración para poner punto y final a la vulneración sistemática de la legalidad que degrada gravemente el espacio natural protegido", aseguraron en un comunicado. Los miembros de la agrupación avanzaron asimismo que solicitarán "transcurrido un tiempo" cuáles van a ser las acciones que tome tanto la CHJ, como la Conselleria de Medio Ambiente tras recibir la comunicación de 100 construcciones ilegales en el área protegida. "Entendemos que los efectos oportunos no pueden ser otros que los que indica la Ley, es decir, el inicio o continuación de los trámites administrativos oportunos que han de concluir con la demolición de las viviendas y la restauración del dominio público usurpado", según el comunicado.
* Levante-EMV - Victoria Salinas, Almassora - 25 de junio de 2008
Foto: millars. Imagen de la desembocadura del río a su paso por Almassora con edificaciones en la orilla/ vicent martí, levante-emv.com
Los cerebros del caso Totana viajaron a Vigo para reclamar sus comisiones
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LAVOZDEGALICIA* : El caso Totana, bajo el que supuestamente se tejió una red de corrupción urbanística en el municipio murciano en el que el pago de comisiones ilegales era exigido para propiciar recalificación de terrenos, desarrolló en Vigo un episodio de suficiente relevancia como para poder llegar a determinar la implicación de algunos de los 15 encausados.
El sumario del caso, que el martes será retomado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, da cuenta de un encuentro celebrado en Vigo entre el ex alcalde de Totana, y supuesto cerebro de la trama, Juan Morales, dos empresarios murcianos que harían las veces de intermediarios, y el abogado gallego y promotor de una macrourbanización en la localidad levantina Manuel Núñez Arias. Dicho encuentro fue admitido en su declaración por el abogado vigués, según la transcripción de su interrogatorio, a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia. Ante la jueza instructora, Núñez Arias aseguró «considerarse una víctima de este entramado», que la Guardia Civil seguía desde hacía meses, recopilando conversaciones, grabaciones telefónicas y documentación, tal y como da a conocer el diario La Verdad al desvelar el sumario. Ese es el caso de la conversación que el ex alcalde totanero, y entonces parlamentario regional del PP, mantuvo en la sala VIP de Barajas con sus dos acompañantes en una escala en su viaje a Vigo, en la que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil escucharon como Morales decía: «Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento donde las comisiones lleguen para todos y luego cada uno recoge su parte».
«Una broma macabra»
En su declaración judicial, el abogado vigués Núñez Arias da distintas versiones sobre la petición de la citada comisión, cifrada en 3,6 millones de euros a cambio de recalificar 2,2 millones de metros cuadrados para levantar 5.040 chalés. El letrado relata como la petición del cohecho de entrada le pareció «una broma macabra». En todo caso, reconoce que firmó una serie de documentos comprometiéndose a pagar el dinero exigido bajo la fórmula de reconocimiento de deuda en favor de dos empresas murcianas, aunque también manifiesta no recordar el fin de dicho acto, pero sí que «tenía la sospecha de que el dinero podía ser repartido entre varias personas».
Un mes antes de la detenciones practicadas en diciembre pasado, se realizó en el despacho del abogado vigués la mencionada reunión entre los supuestos comisionistas y Núñez Arias, que el abogado niega fuese para renegociar el presunto cohecho, pese a que en el interrogatorio se reprodujo una grabación telefónica en la que se alude al reparto de dinero, pero el letrado vigués dijo no reconocer claramente como suya una de las voces del diálogo.
El abogado, en libertad provisional, manifiesta en su versión de los hechos que solo quería «seguir la corriente y capear el temporal» en sus conversaciones con otros imputados. También asegura no recordar que en la reunión se acordase el pago de 1,2 millones de euros de manera inmediata y el resto condicionado a la aprobación del Plan General de Totana. «No lo recuerdo, pero viendo lo que estaba sucediendo mi intención era la de no pagar jamás, y por eso decidí no ir a comer con esas personas, porque me parecieron unos impresentables», declaró Núñez Arias ante la jueza.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 25.06.2008
Foto: Totana (Murcia), operación contra corrupción - laverdad.es
Intervenciones neoliberales en la Barceloneta
JOSEP MARÍA MONTANER* : A los riesgos que comporta la modificación del Plan General Metropolitano en la regulación de la edificación tradicional de la Barceloneta (2007), llamado para abreviar y como protesta plan de los ascensores, se suma la amenazante aparición de la estructura del hotel Vela, proyectado por Ricardo Bofill en 1999, situado en la misma línea del mar, en los terrenos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, hito con el arranca la transformación especulativa de la nueva bocana del puerto.
Hay pocas dudas de que la política del Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado. A ciertas miradas malévolas les interesa desfigurar esta evolución y quieren enfatizar que siempre ha sido así. Pero no es cierto. Cuando Barcelona renació como ciudad democrática, a principios de los años ochenta, se aplicó una política progresista y prometedora, si la comparamos con la regresión que implicaron los modelos neoliberales que entonces implantaban Margaret Tatcher y Ronald Reagan. Poco a poco, este modelo Barcelona, de búsqueda del consenso entre lo público y lo privado, se ha ido diluyendo en una política marcadamente neoliberal. La paradoja dura de digerir es que esta política urbana -conservadora y capitalista- la esté aplicando un gobierno municipal formado por dos partidos políticos que se autodenominan de izquierda.
El plan de la Barceloneta es expresión de un neoliberalismo implacable aplicado a los planes urbanos: será la lógica del propio mercado la que transforme el barrio en función de derribos selectivos para instalar núcleos de ascensores, agrupando varias fincas, y serán los propietarios potentes, los inversores y los turistas los que se irán acomodando a medida que se vaya expulsando a los antiguos inquilinos de pocos recursos económicos y legales. Es la culminación del proceso de ir dejando a la frágil Barceloneta a su suerte. Mientras se intervenía en otras áreas de Ciutat Vella, su patrimonio de casas proyectadas por ingenieros militares a mediados del siglo XVIII se dejaba desmoronar. El mismo plan de los ascensores, al establecer la altura reguladora en planta baja y seis pisos, favorece la desaparición de los escasos testimonios de casas bajas originales.
Y el hotel Vela se levanta como emblema de la gentrificación de un barrio popular, como otro episodio más de la avaricia del puerto con sus terrenos, que ya generó una fuerte polémica a finales de los años ochenta y principios de los noventa por la abusiva transformación del Port Vell. Cuando funcione, el hotel va a contribuir más al colapso circulatorio y a la mutación de la Barceloneta. Seguro que el preceptivo estudio de evaluación de la movilidad habrá demostrado la sobrecarga que ya existe sobre el paseo de Joan de Borbó. Tal mamotreto, fuera de escala y de contexto, chupando de las infraestructuras, aprovechándose de los desagües y colapsando los accesos del barrio, es un nefasto símbolo de la Barcelona neoliberal, vendida a la industria turística y a los intereses inmobiliarios. De momento, ya se ha expulsado a vecinos y las cases de quart se convierten en apartamentos por semanas. A los trabajadores del Poblenou les han ido borrando su memoria día a día, fábrica a fábrica, a cambio de nuevos edificios arroba; el antiguo barrio de pescadores y artesanos lo están convirtiendo en escenario del mundo basura del turismo. Quizá estén pagando tardíamente la factura de que en las primeras décadas del siglo XX fueran los focos de los movimientos sindicales y anarquistas.
¿Será cierto que se va a detener el plan de los ascensores y la moratoria permitirá hacer uno nuevo, con una mejor supervisión pública y una mayor participación ciudadana? ¿O son tantos los pactos previos y componendas, los intereses para elevar astronómicamente los alquileres, que el plan ya no tiene vuelta atrás y se irá destruyendo el tejido social de la Barceloneta?
El proyecto del hotel Vela fue aprobado en 2001, con la connivencia de la Autoridad Portuaria, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat de Jordi Pujol, y con una rebaja de los 154.000 metros cuadrados a un máximo de 129.000. El hotel tiene 450 habitaciones y, en la base, un gran edificio recreativo y de oficinas, de planta baja y seis pisos de altura. Se pactaron entonces unas contrapartidas de conexiones y transporte (monorraíles y recorridos marítimos) que aún no se han cumplido. ¿Es aceptable que los futuros usuarios del hotel colapsen aún más un paseo por el que pasan los vecinos, la ciudadanía y los bañistas? ¿Puede ser que contemplemos callados cómo se levanta, saltándose la Ley de Costas, la última puntilla para ahogar el carácter social y urbano de la Barceloneta?
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* Kaos en la Red - Opinión - 24.06.2008
Foto: Barcelona, protesta Barceloneta - kaosenlared.net
Estepona: Anatomía de la recalificación
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PÚBLICO/Málaga* : Cuando la Policía afinaba ya el olfato tras el trasiego de maletines de Marbella, el dinero negro buscó refugio en el pueblo vecino. Era el año 2003. Empezaba la era del ladrillazo a mansalva en Estepona. Lo que sigue es un viaje por el legado urbanístico de cinco años de fiebre recalificadora.
Actúa como cicerone Gregorio Galán, ecologista local. Recoge al periodista a las puertas del juzgado de instrucción 1, por donde han pasado los 26 detenidos en el caso Estepona. Galán no tarda en arrugar el rostro. En pleno centro, junto a un menguado parque, se levantan arracimados los edificios de la primera manzana construida con Antonio Barrientos (PSOE) como alcalde. “Era zona de equipamientos y VPO, y pasó a renta libre. El Parque Central ocupaba toda la manzana, y ahora es un macetero”, explica Galán.
Camino a la salida dirección Cádiz, varios edificios despuntan por encima de la edificabilidad permitida. El coche deja a la izquierda Bahía Azul, una vistosa urbanización de chalés donde residía el alcalde hasta su ingreso en prisión, y entra en Valle Romano Golf & Resort, resultado de la operación paradigmática de la era Barrientos: dos millones de metros cuadrados para la construcción de un campo de golf y 3.400 casas rústicas.
El portavoz vecinal Miguel Quirós denuncia “trato de favor” a Valle Romano. Cientos de vecinos tienen viviendas ilegales en las zona. Piden regularización. A Valle Romano le recalificaban. A nosotros no, ¿por qué?”, protesta Quirós. Conforme queda desvelada la trama de cobros para lucro personal, gastos municipales y financiación ilegal de partidos, la pregunta de Quirós resulta más fácil de responder.
“Hubo un esfuerzo publicitario desproporcionado, con Severiano Ballesteros y todo, pero no está ni terminado”, observa Galán. Hay que penetrar para encontrar mazacotes en medio del monte, terreno rústico recalificado. “Ésta es la zona más seca del municipio. No sé qué futuro tiene esto”.
La playa de la Rada
Tras transitar unos minutos por carreteras cada vez peor asfaltadas aparece, monumental y aislado, el conjunto de viviendas Estepona Golf, de Aifos. Al primer golpe de vista recuerda, con el monte en vez del mar, al hotel Algarrobico, en Carboneras (Almería).
El vehículo sale de Valle Romano, toma la carretera paralela al litoral y se detiene junto a los escombros del hotel que Prasa quería construir al pie de la playa de la Rada. Barrientos convirtió la crítica a dicho edificio en enganche de su campaña de 2003. “Es una aberración. Hay que tirarlo”, decía. El hotel, monstruoso, invadía parte del dominio público hidráulico. Y, efectivamente, fue al suelo. Pero la intrahistoria revela el cinismo político de Barrientos: la empresa que preside José Romero no tuvo que pagar los 1,2 millones del derribo y recibió, además, una contrapartida: más de 20.000 metros cuadrados en la valiosa zona este de la ciudad.
“Así funcionaba. Te quito aquí, te doy allí…”, afirma Galán, que lleva años denunciando públicamente los manejos de Barrientos, José Ignacio Crespo, concejal del Partido de Estepona, José Flores, jefe de Alcaldía, y otros ediles. Hoy todos los que señalaba están entre rejas o imputados.
¿Qué opinan los policías locales de lo ocurrido en el urbanismo del pueblo? Hasta cuatro agentes interpelados prefieren no hablar. Pero el quinto sí. Es Lorenzo Ramet, que se ciñe casi en exclusiva a confidencias impublicables. Llama la atención que llegase a crear un blog (Estepona habla) para denunciar las tropelías urbanísticas. “Me he metido en muchos líos”, confiesa, protestando porque Estepona no tenga aún su prometido hospital.
La zona este es, en sentido turístico, más bonita. Para quien la pueda disfrutar, claro, porque la privatización del espacio es tal que los accesos públicos a la playa están sin señalizar. Los apartamentos están a unos 25 metros del agua. Son las 9 de la tarde y no hay ni un alma. Galán lanza una pregunta. “En un pueblo de 60.000 habitantes, ¿qué pintan 50.000 casas vacías? Especulación y blanqueo”, dice.
Al mismo motivo atribuye el ambicioso PGOU presentado en 2005, que preveía 82.000 viviendas. Luego fue rebajado en 25.000, para atenerse a las nuevas normas andaluzas. De todas formas son casi 50.000 viviendas para 15 años. Ahora, con la operación Astapa y la crisis del mercado inmobiliario, todo queda en el aire. ¿Dónde posará ahora su mirada el dinero negro? “Vamos”, propone Galán, incansable. “Ahora te enseñaré las mansiones de algunos concejales”.
* Público - ÁNGEL MUNÁRRIZ - Estepona (Málaga) - 24/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa paseo marítimo - urbanismopatasarriba
El Consell no cree vinculante el informe hídrico y tramitará los PAI con el aval de empresas privadas
LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula el PAI "El Pinaret" de Ador por no contar con el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos emitido por la Confederación Hidrográfica.
Fuentes del departamento que dirige José Ramón García Antón, dijeron que la sentencia "confirma" que el informe emitido por la confederación es "preceptivo", aunque matizaron que "nunca" han discutido este extremo.
"La sentencia lo único que dice es que no se pidió el informe y que hay que pedirlo. Así lo dice la ley y, por tanto, no lo recurriremos", añadieron.
No obstante, las fuentes matizaron que no creen en el carácter "vinculante" del citado informe e insisten en que de acuerdo a la ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, cualquier entidad suministradora de agua puede realizar un informe y la Generalitat tomarlo en consideración e incluso darle prevalencia, "siempre justificada", respecto al de la CHJ.
En este sentido, anuncian que darán curso a todos los instrumentos urbanísticos que requieran informe sobre disponibilidad de recursos hídricos si éste es favorable, lo emita quien lo emita, y reúne el mínimo de requisitos técnicos. Las fuentes no aclaran cual será la posición cuando ambos informes entren abiertamente en conflicto.
Fijar posiciones
Precisamente ayer, el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicaba la aprobación definitiva del proyecto de Homologación del Plan Parcial Área 4 "Santa Apolonia" del Plan General de Torrent.
El texto de la aprobación, de fecha 25 de abril, está firmado por el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón y en el mismo se fija posición oficial sobre la polémica mediante la "interpretación" de los autos dictados hasta ahora por el TSJ en relación a Ador, Carcaixent y otros conflictos similares.
Según se desprende de esta argumentación, la conselleria exigirá que se pida el informe a la CHJ, pero no proyecta darle carácter vinculante y menos si carece de un estudio detallado que acredite o no la disponibilidad del recurso. incluso admite que recurrirá a los informes de las compañias prestatarias del servicio frente a los "escuetos, poco argumentados y siempre negativos" de la Administración del Estado, y no acepta el silencio negativo transcurridos tres meses desde la petición de informe a la CHJ, tal como contempla la ley, si la compañía suministradora ha acreditado, de manera razonada, que sí hay agua.
"Engaño"
Por su parte, el diputado socialista, portavoz de medio ambiente, agua y urbanismo y vivienda, Francesc Signes, acusó al Gobierno de Francisco Camps de "sustentar el urbanismo valenciano en trampas legales que la justicia está desenmascarando" y la consecuencia es que "ha generado expectativas de trabajo y negocio a miles de personas, que han confiado en proyectos que nunca han tenido viabilidad".
Signes considera "lógico" que esta sentencia sea idéntica en el resto de recursos presentados en promociones como la de Porxinos, el Brosquil y la Vega en Cullera o Nou Mil.leni en Catarroja. El diputado entiende que el TSJ "ha desenmascarado la trama con la que Camps ha estado engañado a los promotores valencianos".
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 25.06.2008
Foto: recursos. Algunos proyectos urbanísticos suponen un elevado consumo hídrico.
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