DIARIODEMALLORCA* : El anterior Govern del PP, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), compró y urbanizó unos terrenos de es Pil·larí con un coste de cuatro millones y medio de euros, y luego los vendió a la empresa Pavimentos y Hormigones Carreras por 2,7 millones, según los datos facilitados por la conselleria de la Vivienda.
Esta onerosa operación para la Comunitat Autònoma ha provocado que se haya encargado un dictamen para determinar cómo pudo venderse a un empresario un suelo público, especialmente escaso en el municipio de Palma, con un descuento del 40%, y las posibles responsabilidades que pudieran existir.
Los actuales responsables de la Conselleria admiten que la operación les resulta inconcebible, ya que las viviendas de protección oficial que se han construido en la zona se están vendiendo por parte de la citada empresa por el valor máximo permitido a pesar de que los terrenos les han salido "más baratos que a precio de amigo", lo que además ha generado las protestas de los que aspiran a hacerse con uno de estos inmuebles.
Estos terrenos de es Pil.larí -una parte de los cuales los obtuvo el Ibavi mediante intercambio con el ayuntamiento de Palma dentro del convenio de la fachada marítima- han permitido la edificación de 125 viviendas en la parte adquirida por Pavimentos y Hormigones Carreras, además de incluir dos parcelas destinadas a equipamientos, entre los que debe construirse una guardería. Hay que apuntar que también se vendieron parcelas a otra empresa, Construcciones Llull Sastre, aunque en este caso se apunta que las condiciones no fueron tan ventajosas.
La suma del valor del suelo y de las obras realizadas por el Ibavi ascendió a cuatro millones y medio de euros, y fueron posteriormente entregados a la empresa antes señalada por 2,7 millones. Eso conlleva que si lo habitual es que el coste de los terrenos suponga entre el 15% y el 20% del precio de los pisos protegidos, para Carreras esa repercusión ha supuesto únicamente el 13%, 10,6% y 6,7% dependiendo de la parcela edificada, según se pone de relieve en el informe elaborado por la Conselleria.
Debate en el Parlament
Esta operación ya fue reprochada por el conseller Jaume Carbonero a su antecesora en el cargo, la popular Mabel Cabrer, durante una sesión plenaria del Parlament celebrada el pasado mes de abril, en la que además puso de relieve que el suelo se había entregado a empresas privadas "sin ningún tipo de concurso", lo que supuso un claro trato de favor, al conllevar un elevado beneficio para la constructora en cuestión.
Desde la Conselleria se pone de relieve además que la inmensa mayoría de las viviendas protegidas edificadas por Carreras tienen el tamaño máximo permitido -90 metros cuadrados-, y que además está aplicando el precio máximo autorizado por la Ley en estos casos, pese a haber conseguido los terrenos por un coste muy inferior al habitual.
Eso supone más de 180.000 euros por el piso, unos 28.000 por el trastero y más de 8.000 por la plaza de aparcamiento, un valor que se aproxima al que se pueden encontrar en promociones del mercado libre. Estos altos precios están provocando las protestas de las personas que se habían inscrito en el Ibavi para conseguir uno de estos inmuebles, ya que hay casos en los que las entidades financieras se niegan a conceder hipotecas por la débil capacidad económica que tienen los aspirantes.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 22.06.2008
Foto: Las viviendas protegidas de es Pil.larí están desatando una fuerte polémica/ Lorenzo, diariodemallorca.es
Palma: El Govern del PP vendió suelo a un constructor por la mitad de su valor
Promotores eran ´invitados´ a donar parte de sus beneficios
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LAOPINIÓN/Málaga* : El empresario que quería promover en Estepona, además de los impuestos habituales, era requerido por algunos de los imputados para que cediera un porcentaje de sus ganancias que después usaba el Ayuntamiento para sufragar actividades que no preveía la ley.
El Consistorio de Estepona "invitaba" a los promotores que querían edificar en la localidad a donar parte de los beneficios que obtenían con un determinado convenio urbanístico, de forma que después el dinero se utilizaba por parte del equipo de Gobierno para sufragar eventos o actividades de diversas concejalías, según explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.
Esta práctica estaba muy extendida en el Ayuntamiento y, de hecho, importantes empresarios con intereses inmobiliarios en Estepona denominaban a esta ´tasa´ de forma irónica "el impuesto revolucionario". Las fuentes advierten de que "muchos promotores no pagaron esas donaciones y no pasó absolutamente nada", aunque indican que algunas corporaciones empresariales habrían accedido a abonarlas precisamente por miedo a quedarse sin negocio.
Mecanismo. Cuando un Ayuntamiento llega a un convenio con un promotor para, por ejemplo, cambiar la calificación de una parcela no urbanizable a urbanizable, la promotora ha de pagar la urbanización de la zona, sus viales y zonas verdes y ceder el 10% del aprovechamiento medio al Ayuntamiento, además de pagar después los diferentes impuestos. "En el Consistorio de Estepona, los políticos se sacaron de la manga la figura de la plusvalía, de forma que algunos técnicos calculaban el beneficio que iba a obtener un promotor por un cambio de edificabilidad, y un porcentaje del mismo que podía ser de hasta el 30% se abonaba al Consistorio en pagos fraccionados", apuntan las fuentes.
Esos pagos se vinculaban a las distintas fases de tramitación de un convenio concreto o del plan del municipio, de forma que el dinero acababa "volviendo al pueblo" para pagar diversas actuaciones municipales como fiestas, foros u otros gastos ordinarios. "Con la nueva Ley del Suelo de la Junta, se informó al alcalde por parte del interventor y del secretario de que ese dinero no se podía utilizar para otra cosa que no fuera la urbanización de una parcela en concreto -equipamientos sociales, viales, zonas verdes-, de forma que se comenzó a invitar sutilmente a los promotores a que donaran el dinero al pueblo. Hay muchos que se negaron y, en principio, no ocurrió nada con esa negativa", explicaron las fuentes cuestionadas.
En definitiva, si el constructor accedía a pagar esa plusvalía, el dinero debía utilizarse para urbanizar con equipamientos la parcela que el promotor había desarrollado. Lo que hicieron interventor y tesorero es advertir al alcalde de Estepona de que no podía disponer de esas plusvalías para usarlo en otros fines distintos a éstos y, por tanto, se dispuso que los promotores pudieran realizar donaciones cuyos fines fueran otros distintos a la urbanización de parcelas, y así escapar del encorsetado texto legal. "Así, podían pagarse conciertos y otro tipo de eventos de diversas concejalías", señalan.
En opinión de las fuentes cuestionadas, esta tesis sustenta algunas de las imputaciones de malversación de caudales públicos, incluso en el caso de los promotores, ya que las donaciones se habrían usado supuestamente para sufragar actividades municipales y no la urbanización de las parcelas que fueron recalificadas.
Otras fuentes cercanas al caso, distintas de las anteriormente citadas, reconocen que entre cinco y ocho convenios de los 30 investigados recogen donaciones de empresarios, mientras que algunas defensas sostienen que "las mismas se hacían de forma voluntaria", como parece ser el caso, ya que luego no consta que se tomaran represalias administrativas contra esos promotores.
Uno de los letrados defensores reconoció: "Esas donaciones voluntarias servían para financiar fiestas o actividades de las Concejalías de Cultura o Educación, pero eso no es soborno". Puede que soborno no, pero la figura sí encajaría en malversación de caudales públicos, de ahí que entre los imputados por un delito típico entre el funcionariado haya también empresarios y constructores. Ésta será la tesis contra la que van a pelear a partir de ahora diversas defensas, oponiendo esta antítesis: "Eran donaciones voluntarias que se usaban para fines sociales".
De ahí que, por ejemplo, los dos abogados ligados a Valle Romano indicaron que ellos se limitaban a buscar con el Ayuntamiento qué fines sociales eran los más adecuados para las donaciones en relación a determinados convenios urbanísticos.
Patrimonio. En cualquier caso, los dos técnicos de Hacienda, expertos en blanqueo de capitales, habrían investigado dentro de la operación ´Astapa´, los ingresos obtenidos en los diez últimos años por parte de determinados imputados -no en todos-, para así poder comprobar el desfase patrimonial que habría sido detectado en algún caso concreto.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 22.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Costas analiza la legalidad del uso de 300 kilómetros del litoral gallego
LAVOZDEGALICIA* : El acceso a todo el litoral es libre, público y gratuito. Las playas, los acantilados, dunas, espacios ganados al mar mediante rellenos o paseos, no pueden ser ocupados por construcción alguna, salvo que haya una concesión de la Administración.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende comprobar, antes de finales del 2009, que toda la costa gallega se atiene a la normativa que regula el uso del litoral mediante la Ley de Costas de 1988, y que de entrada debe garantizar que, con la excepción de los terrenos dependientes de las autoridades portuarias, nada interrumpa u ocupe la franja que abarca desde donde se produce la marea más baja hasta donde hayan llegado las olas en el peor temporal del que exista constancia. Si no hay un permiso expreso, y la Administración tiene el objetivo de no renovar prácticamente ninguno y recuperar los posibles, todo lo que se asiente en ese espacio es ilegal.
La Demarcación de Costas en Galicia ya ha deslindado, es decir, clasificado como espacio de dominio público, el 83,6% de los 1.884,8 kilómetros de costa de la comunidad. Ahora resta por comprobar si se respeta la legalidad en los 308,6 kilómetros restantes, pero no solo en la franja pública.
Zona de protección
Desde esa línea y el extremo que ocupa la ribera del mar, como son las playas o zonas rocosas, por ley tiene que haber hacia el interior un espacio siempre libre de seis metros de ancho para el tránsito de peatones y vehículos de vigilancia y salvamento. Desde el límite de esos seis metros comienza el espacio de servidumbre de protección de la costa, que en los núcleos urbanos tiene que ser de 20 metros de ancho y de 100 en los espacios sin esa clasificación. Todo lo que se encuentre entre el mar y ese último punto, Medio Ambiente lo considera ilegal, e incluso fuera de ordenación para todas las construcciones existentes desde antes de 1988, con las restricciones que ello conlleva.
Núcleos marineros tradicionales, sobre todo, pero también zonas urbanas quedan así mediatizados por esta norma, que afecta a miles de edificaciones en Galicia y restringe actuaciones en ellas, siendo necesario contar con permisos expresos de la Administración para realizar cualquier obra en el inmueble. De todas formas, Costas indica que se puede construir en ese espacio de protección si hay parcelas libres, «siempre y cuando al menos el 75% de la calle donde se pretende edificar esté consolidada históricamente y se mantenga como zona residencial». Esa área de protección forma parte de la zona de influencia costera de 500 metros de competencia autonómica, y donde la Xunta ha suspendido temporalmente la posibilidad de construir.
Tramo final
Medio Ambiente analiza ahora el estado de los 217,5 kilómetros de la provincia de A Coruña que restan por deslindar, como ocurre con otros 91 en Pontevedra, para planificar el modo de recuperarlos y esponjar la presión urbanística que se ejerce sobre la costa. En el caso de Lugo, sus 219 kilómetros de dominio público marítimo terrestre ya están deslindados. Eso ha permitido que se hayan proyectado 27 actuaciones de recuperación del litoral (de las 113 previstas en Galicia), por valor de 30,4 millones de euros. Foz, Barreiros, Viveiro y Ribadeo es donde más acciones se están llevando a cabo, con espectaculares derribos, incluso de céntricas edificaciones o viejos hoteles playeros.
En A Coruña, la segunda provincia española con más costa, tras Baleares, se manejan 84 millones de euros para 69 actuaciones, siendo Porto do Son, Muros, Arteixo, Camariñas y Ribeira las áreas de mayor atención. En Pontevedra la inversión se cifra en 29 millones, siendo la capital y Sanxenxo-O Grove los focos prioritarios.
La acción que el cambio climático puede ejercer sobre la franja edificada frente al mar está guiando ya varios de los proyectos de liberación de espacios que las Administraciones están llevando a cabo en Galicia.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 22.06.2008
Foto: Carnota - xunta.es
20 años sin un modelo territorial
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ELPAÍS/Valencia* : A primeros de los años ochenta del siglo pasado, los responsables políticos pensaron que la Comunidad Valenciana podía ser la California europea y soñaron con una sociedad de la información, donde jóvenes cerebros, como en la Universidad de Stanford, desarrollaban modelos informáticos en los garajes de sus viviendas.
Los políticos de aquellos tiempos pensaban en un turismo de calidad y en una agricultura de alto valor añadido.
Para alcanzar su meta se plantearon un modelo territorial que se ajustara a tan ambiciosos objetivos. De más está decir que la California europea nunca pasó de ser un sueño, el desarrollismo salvaje arrumbó con la ordenación racional del territorio, la agricultura sigue anclada, mayoritariamente, a sistemas de producción obsoletos, y la inversión en I+D no pasa de ser un deseo, como el turismo de calidad.
El modelo de Florida de sol, playa, ladrillo y la vocación de convertirse en el balneario europeo de la tercera edad se ha impuesto al sueño californiano. Por el camino, un reguero de anuncios de planes de ordenación territorial plagados todos ellos de magníficas intenciones, que jamás se han concretado. Adiós California, hola Florida.
Sobre esta realidad, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado su intención de abrir un debate más sobre el modelo territorial. Vistos los antecedentes la desconfianza cuenta con numerosos adeptos. Hay, incluso dentro de su propio partido, quien opina que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas. Por el contrario, sociólogos y expertos en ordenación territorial opinan que más vale tarde que nunca y que hay que aprovechar la oferta presidencial.
* ELPAIS.com - 22/06/2008
Foto: Vista aérea desde la Serra d'Irta hacia Torreblanca- CARLES FRANCESC, elpais.com
NOTICIA RELACIONADA: Cómo pensar un modelo territorial - ElPAÍS - Valencia - 22/06/2008
Estepona o la lógica de la corrupción
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ELPAÍS/Málaga* : Estepona (60.000 habitantes) ha sido el último municipio de la Costa del Sol sacudido por la corrupción urbanística. La ciudad, gobernada por el GIL en anteriores mandatos, había reproducido, de forma algo menos organizada, algunas de las prácticas descubiertas en su vecina Marbella hacía más de dos años.
Convenios que despatrimonializaban poco a poco el municipio, tasaciones hechas a la baja, donaciones irregulares de promotores, blanqueo de capitales... La situación geográfica de Estepona y el devenir político y económico de los últimos años habían convertido a la ciudad en una joya de la costa a la que muchos inversores, nacionales y foráneos, habían echado el ojo.
Hasta llegar a la situación vivida esta semana, la población había ido adquiriendo varias de las características que más favorecen las prácticas corruptas.
La criminóloga especializada en delitos económicos, Alejandra Gómez Céspedes, y el catedrático en Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, detallan los ingredientes de esta receta de la corrupción urbanística en uno de sus últimos artículos de investigación. Entre ellos, destacan el crecimiento del parque inmobiliario, la llegada de capitales del exterior, inversiones de las mafias en viviendas, el aumento de la población con poco arraigo o la presencia del crimen organizado. En Estepona, como en otras muchas localidades de la costa mediterránea, se encuentran ejemplos de cada uno de estas situaciones.
Hace apenas dos días, que la juez Isabel Conejo ha enviado a prisión a Barrientos y a su jefe de gabinete, José Flores. Otros cuatro ediles del PSOE, también detenidos, están en libertad bajo fianza. La Operación Astapa, nombre que los fenicios daban a la ciudad, no sólo ha puesto en cuestión la Corporación que sus vecinos eligieron hace un año. Ha ahondado en la herencia del GIL. José Ignacio Crespo y Manuel Reina, antiguos socios de gobierno de Barrientos y ex gilistas, también han ido a prisión, junto con un técnico encargado de hacer las valoraciones.
La operación muestra el nivel de penetración de las formas del GIL y cómo el afán por el dinero fácil enganchó a los propios vecinos. A diferencia del caso Malaya, la mayoría de los imputados llevan toda la vida en la ciudad.
Entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia española donde más viviendas se iniciaron: 324.000. Superó incluso a Barcelona (224.000) o a la Comunidad de Madrid (198.000). Muchos de esos capitales, algunos de dudosa procedencia, venían del extranjero. Según datos de la Consejería de Economía, los tres principales países inversores en Andalucía son paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (el quinto inversor) y las Antillas Holandesas (el noveno).
Ese dinero habría llegado, según Gómez Céspedes, "fundamentalmente" a la Costa del Sol. "Es dinero no necesariamente criminal, pero desde luego es un capital no fiscalizado", puntualiza. "Como inversor, ya seas legal o ilegal, tienes que considerar muy seriamente tu índice de riesgo, y en la Costa del Sol es prácticamente nada", añade la especialista.
A Estepona, con grandes proyectos arquitectónicos en marcha, también llegaron esos capitales e inversores. La ciudad fue creciendo y cambiando. En las urbanizaciones del extrarradio los vecinos ya no se conocían, el 20% de la población censada es extranjera, y como ciudad costera, recibió numerosos turistas que se alojaban en esas construcciones.
En los últimos años, la Policía también ha comenzado a tener más trabajo. Se han detectado redes de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y más desembarcos de hachís. En una sola operación, en 2006, intervinieron 20 apartamentos, varias mansiones y 15 locales comerciales, adquiridos a través una red de testaferros constituida en dos despachos de Estepona. En dos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, el caso Malaya y el caso Hidalgo, los investigadores dieron con ilegalidades en el funcionamiento de las dependencias de urbanismo. Las personas que aparecían en esas escuchas, el ex gerente de urbanismo, Pedro López, y el arquitecto municipal, Arturo Cebrían, han sido detenidas esta semana.
Las venganzas entre clanes mafiosos también habían crecido. "Estepona está a apenas unos kilómetros de Marbella, pero pasaba más desapercibida", reconoce un veterano inspector de policía. En febrero, descerrajaron cuatro tiros a un conocido mafioso irlandés que llevaba dos años escondido en una de sus anónimas urbanizaciones.
El incremento de controles por parte de las administraciones y las actuaciones policiales de los últimos años ( hacen creer a los criminólogos Ripollés y Gómez Céspedes, que la corrupción urbanística se está trasladando a provincias donde hay menos presión. "Se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral malagueño", aseguran. Pero también piden atención para Murcia. "Ha venido a sustituir a Málaga en los primeros puestos de la jerarquía de los territorios con mayor carga urbanística".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 22/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), puerto - destinoespana.com
"De aquí no nos echa nadie"
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PÚBLICO* : Vecinos de Toledo y Madrid se enfrentan a las promotoras que quieren quitarles sus viviendas. El método es siempre el mismo. Una promotora compra un edificio antiguo en una zona céntrica de una gran ciudad pero con bicho dentro; es decir, con inquilinos que viven en régimen de alquiler con renta antigua.
Entonces, la promotora hace lo imposible por echar a los habitantes, normalmente gente mayor: les corta el agua, no les cobra los recibos, deja que el edificio se caiga a trozos. Todo vale para poder derruir el inmueble y construir en el solar apartamentos nuevos.
Es el acoso inmobiliario, lo que se conoce popularmente como asustaviejas. Algunos sucumben y hacen las maletas, pero otros no. En Talavera de la Reina (Toledo) lo están sufriendo Isidoro González, de 44 años y con una minusvalía psíquica del 33%, su madre, Jesusa Sanahuja, de 67, Pedro, de 80 años, Aurora Jiménez, de 76, y Carmen Iglesias, de 46. Todos ellos son los últimos residentes de tres edificios colindantes que pertenecen a la misma inmobiliaria.
La promotora quiere tirar los edificios, que tienen en común una bonita torre albarrana típica de la arquitectura de Talavera, y construir pisos. Un gran cartel lo anuncia desde 2006, pero un pequeño grupo de vecinos resiste dentro. En 2002 nos cortaron el agua y desde entonces tenemos que ir con unas garrafas a la fuente, cuenta Isidoro, Isi, como le conocen sus vecinos.
En el caso de Aurora y Carmen, que pagan 12 euros al mes de alquiler, la negligencia de la promotora ha llegado a tal punto que el techo de su casa se ha venido abajo y el Consistorio, por la vía sustitutoria, va a acometer la reforma. Mientras, las dos mujeres y sus familias han sido realojadas. De aquí no nos vamos a mover, asegura Isi, que estos días vive solo porque su madre, enferma, ha tenido que irse con unos familiares.
Las abuelas de Ventorrillo
La misma batalla frente al acoso inmobiliario la plantean ocho mujeres en la corrala de principios del siglo pasado que hay en el número 7 de la calle del Ventorrillo, en Madrid. Las llamadas abuelas de Ventorrillo cuentan con el apoyo del movimiento vecinal de Lavapiés y no piensan moverse de sus casas.
Una promotora, que compró el inmueble hace un año, quiere echarlas y, para ello, la empresa persigue que el Ayuntamiento declare el edificio en ruina inminente. Somos mayores, pero no tontas, advierte Luisa Martín, de 83 años y que vive en la corrala desde que tenía 7.
Las mujeres están asesoradas por la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid y no han aceptado las pobres ofertas monetarias que les ha hecho la promotora para que abandonen el edificio. Ellas no se achantan: Somos gatas y vamos a defender con uñas nuestras casas.
Hasta Naciones Unidas se ha hecho eco del problema del acoso inmobiliario en España y este año, realizó una inspección en varios municipios españoles. El informe concluía que muy pocos casos han sido perseguidos jurídicamente debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Hay excepciones. Un juez de Barcelona ha condenado recientemente a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio donde viven, en la calle Enric Granados de Barcelona. Además, la capital catalana es la primera ciudad en contar con un fiscal especializado en luchar contra los asustaviejas.
* Público - SUSANA HIDALGO - T. DE LA REINA (TOLEDO) - 21/06/2008
Foto: Isidoro González, Aurora Jiménez y Carmen Iglesias sufren acoso inmobiliario en Talavera de la Reina (Toledo). - MÓNICA PATXOT, publico.es
Compadreo y descontrol
ELPAÍS* : Un seminario de magistrados y arquitectos celebrado en Madrid analiza las causas de la corrupción urbanística en los ayuntamientos. El origen de la corrupción urbanística se halla en la discrecionalidad que acompaña a todo el proceso de edificación y de planificación y que, por falta de controles sociales, permite actuaciones que propenden a desbordar el marco de las leyes.
Ésta es una de las principales causas de la corrupción enunciadas en un encuentro entre magistrados y arquitectos, reunido la semana pasada en Madrid bajo el lema Licencias urbanísticas y corrupción administrativa. Se apuntaron, además, la subjetividad del político, el compadreo y el deseo de enriquecimiento en los agentes de urbanismo como otras importantes causas que la generan, así como la poca entidad del suelo como institución comunitaria.
La complejidad de los procedimientos de tramitación de licencias, las inercias administrativas y cierto desconocimiento, por los jueces, de la urdimbre urbanística fueron igualmente enunciados como factores coadyuvantes, así como el involucramiento de la figura del político, situado en las terminales de la discrecionalidad donde, a juicio de muchos de los ponentes, se origina la corrupción.
"Cuando el político antepone sus intereses privados a los públicos, surge la corrupción", señaló Pedro Ortiz, ex concejal de Madrid y directivo del Colegio Oficial de Arquitectos, entidad convocante del certamen junto con el Consejo General del Poder Judicial, que ofreció su sede de la calle del Marqués de la Ensenada para albergarlo.
Entre los ponentes del encuentro figuraban los magistrados Jesús Torres, José Manuel Maza y Eduardo Ortega; los arquitectos Cristóbal Vallhonrat, de Alcalá de Henares, y María Luisa Martínez, así como el co-anfitrión Pedro Ortiz.
Eduardo Ortega, magistrado administrativista, se refirió al compadreo y a la cultura clientelista española para explicar una parte de las causas de la corrupción.
Para Cristóbal Vallhonrat, la solución contra la corrupción urbanística pasa por fundamentar -tal cual existe en países como el Reino Unido- un suelo público comunal blindado a la especulación.
Telón de fondo de muchas de las intervenciones lo fue la figura del arquitecto honorario, que los ayuntamientos pobres contratan y al que no pagan en directo, sino mediante una suerte de carta blanca para hacer y deshacer arquitectura en cada pueblo. En la Comunidad de Madrid hay más de un centenar.
La mesa redonda contó con el alcalde de Robledo de Chavela, el panadero Mario Lafuente, y el concejal del PSOE, Pedro Sánchez, portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, así como con Luis Corral, del Colegio de Arquitectos de Baleares, y Carmen Casanova, gerente de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes.
Pedro Sánchez se refirió al caso Guateque, del que dijo: "Pese a ser portavoz de mi grupo para su investigación, desconozco 500 de los 700 expedientes incoados al respecto". Y citó otro ejemplo: "De las 1.128 denuncias presentadas por vecinos de Madrid contra otros tantos locales por ruidos, tan sólo se han resuelto las correspondientes a 14 locales". Y agregó después: "Todo esto genera desconfianza e inseguridad en los ciudadanos respecto a la Administración municipal y hacia los funcionarios".
Por cierto, el cartel que anunciaba el certamen contaba con una ilustración serigrafiada donde se adivinaba el perfil de Al Capone.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - MADRID - 20/06/2008
Viñeta: El Roto, el futuro es el chanchullo - 111207, elpais.com
El ex edil de Urbanismo de Telde Ildefonso Jiménez declarará como imputado por prevaricación
TERRA/GranCanaria* : El ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde, Ildefonso Jiménez, comparecerá el próximo 18 de julio en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 del municipio, imputado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecerán como imputados por presuntas negociaciones prohibidas el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, en las diligencias instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Sin embargo, el concejal nacionalista Ildefonso Jiménez ha manifestado que en el mes de agosto se encontraba de vacaciones por lo que fue sustituido por otro edil, al tiempo que insistió en que no firmó la publicación de las bases del pliego de condiciones del concurso, por lo que resaltó que no tiene 'nada que ver' con este caso.
* Terra Actualidad - Europa Press - 19 Jun 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
Del POL, del PORN, de las sentencias de derribo y otros despropósitos en Liencres
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : Los tiempos han cambiado, cambian los hábitos y las costumbres, y la mentalización de las personas y su forma de pensar también varía, y sobre todo en temas relacionados con el Medio Ambiente y el cuidado de su entorno.
En muchos municipios, o en aquellos que su planeamiento es vetusto, se dan circunstancias propias de la cultura urbanística de aquellos años, donde no se tenía en cuenta el impacto medio-ambiental y primaba las construcciones cerca del litoral o en sitios poco propicios para la construcción por tener otro tipo de valores.
Este no ha sido un mal exclusivo de los municipios de Cantabria, ya que sólo con darnos una vuelta por el Levante español u otras zonas turísticas, nos damos cuenta de que la cultura urbanística prevalecía sobre la medio-ambiental, sobre todo en aquellos lugares donde hubiera un fin turístico. Este es posiblemente el origen de la legislación existente y de las figuras de protección, que intentan relegar a un segundo plano los intereses urbanísticos, haciendo preferentes otros.
Todo el mundo entiende y respeta las figuras de protección, pero cuando se ensañan o centran en los mismos puntos crean malestar y controversia, y ese es el caso del pueblo de Liencres, cuando directa o indirectamente algunas consejerías del Gobierno Regional se empeñan en «proteger lo protegido sobre lo ya protegido», e incluso son las consejerías dependientes de la misma formación política, ¿será casualidad?
Existe un listado de acrónimos extenso, y todos ellos con el mismo objetivo: disponer de las propiedades por encima de la voluntad de los herederos legítimos de las mismas. Entre las figuras que quiebran Liencres tenemos en primer lugar, el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que impone varíos modos de protección en gran parte del territorio de Liencres, el cual se haya inmerso en dos contenciosos interpuestos por los municipios y los senadores del Partido Popular, en el caso particular del POL, considera rasas marinas más allá de los dos kilómetros, cuando la propia metodología del plan establecía que las «rasas marinas no se extenderán más allá de los 500 metros». Posteriormente se inicio expediente de Declaración de Interés Local en el Monte Picota, sirva decir que esta zona ya estaba protegida por el POL, como este expediente no puedo acabarse, iniciaron una semana después una Declaración de Interés, esta vez, Cultural, zona arqueológica, que se encuentra inmerso en un contencioso interpuesto por los afectados, pues con el fin de proteger unos bunkers y trincheras de la Guerra Civil de escaso o nulo valor histórico, crean un perímetro de protección desmesurado.
Tras esto, llega la Demarcación de Costas y después de casi 20 años, inicia el trazado del deslinde marítimo-terrestre, afectando a todo el litoral del pueblo de Liencres, y sin reconocer la naturaleza urbana que poseían los inmuebles antes de la entrada en vigor de la ley de Costas en 1989. La consecuencia ha sido el consiguiente contencioso presentado esta vez por el Ayuntamiento de Piélagos y muy posiblemente por la Asociación de afectados y el resto de propietarios a modo particular, si se les rechazan los recursos de reposición introducidos. A la lista también tendremos que sumar la Red de Sendas, aunque únicamente hay un avance de intenciones, a la espera que sean los Municipios quienes lo desarrollen. Y por último en este particular «ranking», tenemos el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que resulta ser el más desmesurado y, a juicio del que escribe, el más injustificado si hacemos caso a su extensión.
El PORN de las dunas de Liencres, estuario del Pas y costa quebrada, nace tras una orden de la Conserjería de Ganadería en julio del año 2006, con la finalidad de evitar construir en el Sector 2 en Liencres, tal y como se apuntó desde la Consejería de Ganadería y algunos sectores ecologistas. Básicamente, el plan pretende establecer una nueva zonificación de protección para el Parque Natural, la desembocadura del río Pas y la costa, amparándose en la guarda de los recursos naturales allí existentes.
Hasta aquí, todo el mundo estaría conforme con el plan que se pretende, incluidos los propietarios de terrenos, no obstante, adolece en algunos puntos. En las más de 700 Ha. que aporta el pueblo Liencres, existen varios solapamientos de figuras de protección: en primer lugar el POL con varias figuras de Protección: Área de Interés Paisajístico (AIP), Protección del Litoral (PL), Protección Costera (PC), Protección de Riberas (PR), también esta afectada por el BIC del Monte Picota, el Deslinde Marítimo-Terrestre y sobre todos ellos el Parque esta amparado por los LICŽs europeos (Lugares de Interés Cultural Comunitaria).
Por otra parte, la superficie del PORN es de más de 1600 Ha, comprendidos entre tres ayuntamientos, de las que casi el 50% las aporta Liencres. En su perímetro, el plan engloba las dos grandes mieses que tiene el pueblo, o sea, que proyecta proteger las tierras de labranza y los pastizales, ¿se imaginan que se extendiera esta metodología?, significaría que TODO el terreno de Cantabria estaría bajo protección.
La última gran imperfección del plan, supone que los Propietarios no reciben ninguna contraprestación a cambio, muy recientemente hemos podido leer que en el PORN de Oyambre a los propietarios de los terrenos no se les va a indemnizar de ninguna manera, aunque nadie se fiaría de esta promesa, pues aún se están esperando las supuestas prestaciones por el Plan de Ordenación del Litoral.
En la otra cara de la moneda, están los perjudicados por la dejadez de la Administración: Los afectados por las sentencias de derribo. Este importante grupo de afectados esta en un continuo sinvivir, ya que cuando parece que se avanza para la solución del problema, aparece alguna administración que le vuelve a ralentizar e incluso en algunos casos ha habido recesos.
Lo verdaderamente preocupante, es el sosiego que se tiene para solucionar problemas de suma gravedad y sin embargo en otros con menor envergadura, la celeridad es característica esencial.
Recientemente hemos podido leer que la Administración de Justicia había promovido una interrupción para dar tiempo a la Comisión Regional de Urbanismo a pronunciarse y buscar una solución al desasosiego de muchos propietarios, y sin embargo esta última no se ha pronunciado, dejando otra vez en el disparadero a los afectados, posiblemente por miedo o servilismo a las distintas asociaciones ecologistas.
* El Diario Montañés - 21.06.08 -FRANCISCO JAVIER TORAYA MUÑOZ
Foto: Liencres (Cantabria), urbanización - S.Cirilo, elpais.com
Roca admite que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y a un abulense
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LAVERDAD/Murcia* : Sumario de la 'Operación Ninette'. El cerebro de la 'trama Malaya' confesó ante la juez de San Javier que el arquitecto municipal le presentó a los dueños del proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares para que adquiriesen los valiosos terrenos.
Iban de la mano. Juan Antonio Roca, el empresario vasco Javier Arteche, de la firma Obarinsa S.L. y el promotor de Ávila Enrique Ventero, propietario de Vemusa S.L., constituyen algo así como las tres patas de un mismo banco. Como las pirañas, llegaban en grupo a cualquier lugar por el que se propagase el olor a negocio inmobiliario. Y Los Alcázares no fue una excepción: llegó Roca, sentó sus cabales en el municipio, y después de él, y de su mano, llegaron sus amigos vascos y el abulense que, a cuenta de sus peligrosas amistades, acabó viéndose imputado en la Operación Malaya.
Las diligencias instruidas con motivo de la Operación Ninette, que ha destapado una trama de corrupción radicada en el Ayuntamiento de Los Alcázares, han servido para confirmar que los intereses del cerebro de la trama Malaya en la Región, y en concreto en la localidad de Los Alcázares, iban incluso más allá de lo que ya se intuía. Él mismo lo había apuntado en ese sentido cuando en un encuentro mantenido en un hotel de Madrid con otro empresario le habría hecho partícipe de la siguiente confidencia: «El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia».
UN IMPERIO INMOBILIARIO
Lo que Roca tenía en la Región era algo más que unas inversiones con futuro. La joya de la corona, la guinda del pastel, era la Finca La Loma, situada en término de Los Alcázares y construída con lujo asiático.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que más recientemente continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, un cáliz de oro, una piedad de plata, un sextante antiguo de gran valor, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna.
La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.
DOS GRANDES URBANIZACIONES
Los agentes sacaron asimismo a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo en Los Alcázares, una de ellas con más de un centenar de chalés, ya construida, y otra con unas 1.500 viviendas.
EXTENSA CONFESIÓN JUDICIAL
Juan Antonio Roca utilizaba una gran cantidad de hombres de paja o testaferros, que estaban al frente de sociedades interpuestas, para realizar sus inversiones. Entre estas firmas, cuya propiedad ha admitido, se encontraban las citadas Compañía Inmobiliaria Masdevallía y One Properties, Condeor (nombre bajo el cual estaba construyendo un hotel de cien habitaciones y cuatro estrellas en Los Alcázares), Vanda Agropecuaria (propietaria de la finca La Loma), Maras Asesores y Jabor Magarpe, entre otras.
El pasado 25 de febrero, cuando Juan Antonio Roca fue trasladado hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, con el fin de declarar como imputado en la Operación Ninette, no sólo confesó la titularidad de esas mercantiles, sino que admitió lo que ya La Verdad desveló en abril del 2007, y es que era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se están construyendo unas 5.000 viviendas y ya está en funcionamiento un campo de golf.
El acta de la declaración prestada por Roca, que está en poder de La Verdad, recoge la confesión del imputado de que «el 95% del plan parcial de Torre del Rame era de unos propietarios de Los Alcázares» y que el propio Roca, «junto con Javier Arteche -uno de los miembros de la denominada conexión vasca de Roca- y Enrique Ventero -empresario de Ávila imputado en la Operación Malaya- se pusieron de acuerdo para comprar Torre del Rame».
ENORME VALOR PATRIMONIAL
Las parcelas adquiridas por el cerebro de la red Malaya lo fueron bajo el paraguas de las sociedades Compañía Inmobiliaria Masdevallía S.L. y Condeor S.L.. Las citadas parcelas son la denominada H-3, con una superficie de unos 57.000 metros cuadrados, y otras cuatro de menor entidad, dos de ellas de 42.000 m2 cada una, y otras dos de 7.000 m2.
Esos terrenos tienen una superficie total de 155.000 m2 y por su venta llegó a pedir el interventor judicial nombrado por el Juzgado de Marbella una cantidad cercana a los 121 millones de euros (20.150 millones de pesetas).
Al respecto de sus socios vascos, La Verdad ya publicó en noviembre del 2007 que Francisco Javier Arteche Tarascón, un empresario vasco íntimamente ligado a Juan Antonio Roca, tanto por razones de amistad como de negocios, figuraba junto a dos de sus socios habituales, Agustín Aguirre Iguíñiz y Luis María Maya Galarraga, como administrador o apoderado de sociedades que poseen una gran cantidad de parcelas en Torre del Rame.
Curiosamente, estos mismos empresarios vascos son propietarios, junto a la caja de ahorros guipuzcoana Kutxa, de la finca Lo Poyo, cuyo proyecto de construcción de unas 4.000 viviendas y varios campos de golf ha generado una de las mayores polémicas sobre urbanismo de los últimos años en la Región. Roca también ha admitido que hizo de intermediario en la venta de esa finca, por lo que percibió una comisión del 1% del valor total de la transmisión.
SIEMPRE JUNTOS UNO Y OTROS
Documentos que obran en poder de este periódico demuestran que gran cantidad de parcelas de Torre del Rame están en poder de sociedades administradas por estos empresarios vascos, entre las que figuran Basadi Servicios Inmobiliarios S.L., Lubide Servicios Inmobiliarios S.L., Inversán Servicios Inmobiliarios S.L., Irai Servicios Inmobiliarios S.L., Basadi Servicios Inmobiliarios S.L., Otadi Servicios Inmobiliarios S.L. y Ederki Servicios Inmobiliarios S.L..
Las citadas mercantiles son propietarias de parcelas urbanizables que suman más de 125.000 metros cuadrados en Torre del Rame. El valor de estos terrenos asciende a varias decenas de millones de euros.
Junto a Juan Antonio Roca y sus socios vascos, la tercera parte del negocio en Torre del Rame estaba constituida por el empresario Enrique Ventero, en libertad bajo fianza de 200.000 euros por el caso Malaya, y que posee alrededor del 33% de las fincas que constituyen Torre del Rame.
VUELVE A APARECER AYUSO
No deja de ser reseñable que el arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, fuese quien, según la confesión del propio Roca, «intervino en la gestión con los propietarios originales de Torre del Rame, y fue el que se los presentó para comprar las tres partes de ese 95%». La Policía, tal y como se ha publicado, considera que Ayuso era uno de los hombres de confianza, el «eslabón de conexión» entre Roca y la trama de corrupción radicada en el Ayuntamiento de Los Alcázares.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 21 junio 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es
El Gobierno acusa a los municipios de vulnerar la 'ley anticorrupción'
ELPAÍS* : Los consistorios españoles no aplican todavía la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario, llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo. Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles.
Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados en el Estatuto municipal". Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció una "persecución implacable" y un "castigo sin paliativos" a los responsables de la corrupción urbanística, en alusión al escándalo destapado esta semana en Estepona (Málaga).
Los gobiernos municipales consultados por EL PAÍS esgrimen la falta de base jurídica para hacer pública la declaración de bienes de alcaldes y concejales.
- Castellón: "Cuestiones legales por solucionar". En Castellón, el vicealcalde Javier Moliner, aseguró ayer que el secretario del Ayuntamiento ya les notificó la futura exigencia de hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades no sólo de los concejales sino también de varios funcionarios. Sin embargo, según indicó, el consistorio considera que la disposición aún no ha entrado en vigor ya que "había alguna cuestión legal que se tenía que solucionar", en referencia a la ausencia de la figura jurídica que debe recoger la Ley de Régimen Local.
- Bilbao. "Nadie sabe cómo hacerlo público". En Bilbao, los 29 concejales de la corporación realizan una declaración anual de sus bienes y actividades, que se entrega al secretario municipal, quien tiene todos los datos en un libro de registro, informó un portavoz del consistorio bilbaíno. Aseguró que, por este lado, se cumple lo establecido en la Ley del Suelo pero lo que no se realiza es la publicación anual de estos datos, porque "la Ley del Suelo no explica cómo hacerlo público. Nadie sabe cómo hacerlo", señaló el mismo portavoz, quien recordó que hace unos años el Ayuntamiento de Jerez publicó los datos en su página web "y se montó un cristo". El Ayuntamiento bilbaíno reprocha al Gobierno central que no haya desarrollado este aspecto de la normativa pero reiteró que si un ministerio u otras entidades lo piden, "ahí tienen los datos", informa Alberto Uriona.
- Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El Ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve, informa Reyes Rincón.
- Galicia: declaraciones de bienes. En A Coruña, los alcaldes y concejales realizan una declaración de bienes y actividades al comenzar y finalizar su mandato. Los ediles, según establece la ley, también están obligados a informar de cualquier modificación durante su permanencia en la corporación municipal. No existe un registro público, pero cualquier ciudadano, según el Ayuntamiento, puede solicitar copia. También en Vigo, disponible con una petición en la secretaría del Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Abel Caballero, la tiene colgada en la web municipal, informa Paola Obelleiro.
Por otra parte, la ministra de la Vivienda dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año. Corredor aseguró ayer que se está produciendo la "vuelta a la normalidad" de los precios, un "ajuste" que calificó de "previsible, deseable y necesario". Los últimos datos del Ministerio de Vivienda apuntan a un crecimiento interanual del 4% del valor de los pisos, lo que en términos reales supone un leve descenso. "Era injustificable que se pudieran seguir construyendo cientos de miles de viviendas a los precios en los que se hacían y que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les siguiera resultando imposible acceder a ellas", aseguró.
La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado
- "Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades".
- "Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho".
- "Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal".
- "Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público".
* ELPAIS.com - L. R. AIZPEOLEA - Madrid - 21/06/2008
Foto: corrupción urbanística viñeta ayuntamiento
La jueza envía a la cárcel al alcalde y a su mano derecha por la trama de presunta corrupción en Estepona
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SUR/Málaga* : Antonio Barrientos llegó a los juzgados a la una del mediodía. Siete horas y media más tarde el alcalde de Estepona abandonaba la sede judicial como llegó: esposado y en un furgón policial. La sonrisa con la que atravesó el arco de entrada se esfumó cuando escuchó los abucheos de los vecinos que le esperaban a la salida.
Ya se sabía que la jueza de Primera Instancia e Instrucción 1 había decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. No fue el único. De los cinco detenidos que ayer pasaron a disposición judicial por la presunta trama de corrupción urbanística, tres abandonaron los juzgados camino del presidio, previo paso por la Comisaría. El primero en salir escoltado fue José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía y mano derecha de Barrientos imputado de los supuestos y aún provisionales delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, y blanqueo de capitales. Con gesto serio abandonó la sede judicial a las 20.15 horas entre vítores de familiares, compañeros y amigos y abucheos de más de un centenar de vecinos que se congregaron al otro lado del edificio entre gritos e insultos. La jueza instructora, Isabel Conejo, decretó un tercer ingreso en prisión en la tarde de ayer, el de Manuel Reina, ex edil de Hacienda y actual concejal del PES, imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.
El resto de los detenidos que ayer prestaron declaración, Juan Simón, abogado y miembro de la Ejecutiva del PSOE, y Francisco Zamorano, actual concejal de Hacienda y portavoz del grupo municipal, salieron en libertad con cargos. En el primero caso, con fianza de 300.000 euros bajo la imputación de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En el segundo, bajo fianza de 50.000 euros por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, el único en estar imputado por este delito. Fueron los dos primeros en abandonar los juzgados.
Con ellos son ya cinco de los 26 detenidos de la 'operación Astapa' los que ingresan en prisión sin posibilidad de eludirla bajo fianza. Los delitos que se les imputa son muy similares, y en algunos casos, idénticos. Un día antes la magistrada enviaba a la cárcel al ingeniero X W. y al también edil del PES José Ignacio Crespo, imputado igualmente de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.
El resto de los detenidos han salido en libertad, aunque la mayoría bajo fianza de entre 15.000 y 500.000 euros según su patrimonio y la gravedad de los delitos que se le imputan provisionalmente. De no hacer efectiva la cuantía en los próximos días -algunos de ellos han comentado que les será muy difícil reunir el dinero en tan poco tiempo- podrían ingresar en prisión hasta nueva orden. De momento, han anunciado que compañeros de partido, amigos y familiares están realizando una colecta para conseguir el dinero. Muchos de sus seguidores incondicionales se congregaron ayer ante la sede de los juzgados de Estepona para mostrar su apoyo a los detenidos, especialmente a Barrientos, el personaje más esperado en los cuatro días en los que se han desarrollado los interrogatorios judiciales.
La escena se repite
A un lado los amigos, familiares, compañeros de partido y cargos de confianza del PSOE. Al otro, los ciudadanos y curiosos que se agolpaban desde primeras horas de la mañana en la puerta del juzgado de Estepona. La entrada y salida de los cinco detenidos fue muy similar con la única diferencia de que los amigos permanecieron inmutables a pesar del cansancio y el calor frente a los detractores que fueron yendo y viniendo. El alcalde fue recibido al grito de «Antonio, estamos contigo; hemos venido a apoyarte». Eran sus compañeras de gobierno, que ayer salían en libertad tras declarar ante la jueza que instruye el caso. El primer edil, visiblemente desmejorado, agradeció la muestra de cariño de sus compañeros lanzándoles un beso al aire. En el otro bando, le abucheaban e increpaban mientras -con los brazos cruzados para esconder las esposas, y la cara al descubierto- se dirigía hacia el juzgado. «Ladrón», «chorizo», gritaron los presentes, que incluso se atrevieron a lanzar algún objeto al regidor antes de entrar en la sede judicial. La escena se repetía horas más tarde a su salida, pero esta vez su gesto de preocupación lo decía todo.
* SUR - M. J. CRUZADO / M. PERIÁÑEZ - 21 junio 2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Más licencias ilegales en Almuñécar
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Dirección General de inspección de Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía, suspende la licencia urbanística de la urbanización Arroyo Marinos. La licencia concedida COREAL PROCENTRO S.L. para la construcción de 64 viviendas contraviene la normativa urbanística vigente en el municipio de Almuñécar.
El 9 de abril de 2007, Ecologistas en Acción denunció, ante la Agencia Andaluza del Agua y ante Obras públicas, que la urbanización que estaba a punto de finalizar denominada Arroyo Marinos, se enclavaba sobre un barranco con este nombre.
El barranco ha quedado cubierto e incluido dentro de la propia urbanización como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce.
Este cauce, al final de la urbanización se convierte en calle asfaltada de acceso, cubriendo el barranco, que ve mermada su capacidad de desagüe. La Agencia Andaluza aún no ha tenido tiempo de responder, pero sí Obras Públicas, que requirió el 19 de mayo, al Ayuntamiento de Almuñécar, información sobre el caso, que una vez estudiada ha concluido con un requerimiento de revisión de oficio de la licencia de obras y solicitado su suspensión, así como la detención inmediata de los actos que se estén ejecutando a su amparo.
Ahora nos encontramos, una vez más, con la política de hechos consumados, ya que el 5 de junio de 2007 la Junta Local de Gobierno de Almuñécar concedió licencia de primera ocupación.
* Ecologistas en Acción de Granada - 19 de junio 2008
Foto: Almuñécar (Granada), Arroyo Marinos - ecologistasenaccion.org
Pilar de la Horadada: Recuperando viejas vistas
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INFORMACIÓN/Alicante* : Lenta, muy lenta, pero segura. Veinte años después de que se construyeran de forma ilegal, las estructuras de hormigón que presidían hasta ahora la primera línea de costa en La Torre de la Horadada comienzan a pasar a la historia en cumplimiento de la ley de Costas.
Desde el pasado lunes la maquinaria pesada hace escombro de los cinco bloques de cuatro plantas levantados en 1989 por la promotora Masa en esta zona privilegiada del litoral sin permiso de la Generalitat, y "pasando" de la legislación que acababa de entrar en vigor en ese momento que exige dejar una franja de cien metros libres de edificación junto al mar.
En 1989 hubo una considerable polémica inicial; viscerales amenazas de derribo inmediato por parte de la administración autonómica y central que quedaron en eso, amenazas; una sanción de dos millones de euros (332 millones de pesetas de entonces), de la que nunca más se supo; un marasmo judicial -el Consistorio sí otorgó licencias a la empresa-; y la definitiva regularización urbanística que impuso el Plan General de 2000.
Curiosamente ha sido otra actuación urbanística adjudicada a una mercantil de la misma empresa infractora, la que propicia la desaparición de esta aberración arquitectónica visible para miles de visitantes desde la N-332, y para los usuarios de las envidiables playas de la zona.
El Plan General dispuso la urbanización de unos cuatrocientos mil metros cuadrados de los sectores denominados R-3 y R-4, situados inmediatamente detrás de las estructuras, exceptuando, esta vez sí, la franja de cien metros protegida por la ley de Costas. El Ayuntamiento adjudicó el plan parcial a esa empresa vinculada a Masa. Entre las disposiciones de esa urbanización estaba que en un plazo máximo de seis meses desde que empezaran las obras, ahora en marcha, las moles debían desaparecer del mapa a cuenta del bolsillo de esta promotora ya legendaria en el sureste español.
Los hechos consumados dejarán uno de los inmuebles en pie porque se terminó "a tiempo" de la acción administrativa en su día, y está habitado. La eliminación de los bloques libera para el uso de todos unos 40.000 metros cuadrados.
Ignacio Ramos, alcalde socialista de Pilar, afirmó ayer que con esta actuación se gana un espacio importante para el uso público y valoró positivamente la actuación sin abundar en detalles. De hecho en este asunto el Ayuntamiento se ha caracterizado por mantener una gran discreción a pesar de que se trata de una acción que restituye el interés general de una zona que se había privatizado.
Sí quiso explicar y dejar muy claro Ramos que no existe ningún acuerdo de compensación entre Ayuntamiento y promotora como se ha trasladado en otras ocasiones, y que la demolición responde a la ordenación de esta situación derivada del PGOU de 2000.
El plan parcial de la zona dispone que este terreno pase a ser zona verde con un paseo marítimo. Desconoce el prime edil qué ha pasado con la multa, además de recordar que existen otras tres estructuras pendientes de derribo en otras zonas del término construidas en primera línea en la misma época.
* Información - D. P. - 20.06.2008
Foto: Pilar de la Horadada (Alicante), demoliciones Ley de Costas - diarioinformacion.com
El escándalo del lujoso complejo Valle Romano de Estepona salpica de lleno a la Kutxa
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : Marbella ha llegado a ser denominada "el Neguri andaluz", por la cantidad de personalidades vascas que tradicionalmente han desembarcado en la Costa del Sol. Este diario dio en su día buena cuenta de la colosal telaraña de sociedades tejida por ‘la trama vasca’ junto al presunto cerebro malayo, Juan Antonio Roca.
La Operación Astapa contra la corrupción y el blanqueo en la vecina Estepona ha apuntado directamente a uno de los refugios del entramado: el exclusivo complejo Valle Romano. El escándalo salpica de lleno a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa, la Kutxa, en un contexto financiero global especialmente delicado.
Desde el inicio de la operación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron un despacho de abogados en Bilbao y una entidad inmobiliaria en San Sebastián. El despacho es Zabalgune Abogados. Según El Correo, varios profesionales de este despacho estarían supuestamente relacionados con la promoción inmobiliaria de Valle Romano. El 100% del capital de este ambicioso proyecto inmobiliario es propiedad de Kutxa. Y la inmobiliaria donostiarra investigada pertenece al Grupo Inverlur, que concentra las inversiones inmobiliarias de la Kutxa.
Entre los detenidos en Astapa figuran tres abogados vascos, acusados de fraude y malversación. Son Luis Fernando Linares, del bufete Linares & abogados, ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano hasta marzo -fecha en la que Kutxa compró a su socio, el Grupo Meyluna, el 50% que no controlaba- y dos letrados bilbaínos del despacho Zabalgune Daniel Delgado y Armando Pérez, que asesoraban a la promotora. Los tres están el libertad bajo fianzas de 500.000 euros para Linares, de 100.000 para los otros dos. Tienen prohibido salir del país.
Valle Romano, urbanización de lujo de más de 3.000 viviendas, hotel de cinco estrellas y campo de golf, fue fundado al 50% por la Kutxa y el grupo empresarial Yeregui & Linares. María Eugenia Yeregui Kinkel (“El golf es una excelente escuela de vida”), presidenta de Valle Romano, fue consejera de Obarinsa, una sociedad investigada en Marbella que preside Francisco Javier Arteche Tarascón, imputado por el juez Óscar Pérez en una pieza separada de Malaya. "Meyluna no tiene ninguna implicación económica con Lo Poyo y La Zerrichera. Inversiones Yeregui no tiene ningún tipo de relación ni personal ni accionarial con Arteche y su entorno, ni con Luis Maya Galarraga, ni con Agustín Aguirre Iguíniz", han afirmado a El Confidencial fuentes cercanas a Valle Romano. Asimismo, fuentes cercanas a Yeregui han explicado que "María Eugenia abandonó el consejo de Obarinsa hace años".
Arteche, el amigo de Roca
Arteche, por su parte, es socio de la Kutxa en Murcia y de Montserrat Corulla en Madrid, pero sobre todo, amigo personal del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. El vasco fue el intermediario entre el entonces director de la caja, Jesús María Iturrioz y el ex gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, tal y como detalló este periódico en diciembre de 2006. Empresario de origen guipuzcoano, ha operado activamente en la Costa del Sol, Murcia, Espartinas (provincia de Sevilla) y Madrid. Tejió, junto a sus socios Luis María Maya Galárraga y Agustín Aguirre Iguíniz una colosal telaraña de empresas especializadas en la recalificación de terrenos, entre las que destacan Yeregui, Obarinsa, Proinsa, Lubide o Inversan.
A las actuaciones de la trama vasca debemos obras como los polémicos proyecto urbanísticos de Lo Poyo y La Zerrichera, en Murcia, promovidos junto a la Kutxa; el Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí; la compra de cuadros millonarios; o las sospechosas operaciones en edificios emblemáticos en Madrid utilizando a la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla, como fachada. Sus tentáculos han llegado incluso hasta la Hacienda de Guipúzcoa. Precisamente, el propio Juan Antonio Roca reconoció en enero del 2007 ante la instructora de las diligencias de la fiscalía anticorrupción, Carmen Rodríguez Medel, que mantenía una relación de “amistad” con Arteche, que le dejó un piso durante dos años “a cambio de nada” en el número 54 de la madrileña calle Goya.
Fuentes de la Kutxa, con quien se ha intentado poner en contacto en vano El Confidencial, han asegurado desconocer las razones por las que ha podido resultar detenido el abogado donostiarra y han precisado que la entidad guipuzcoana sólo figuraba como socio financiero de la promotora, con lo que se desvincula completamente de la gestión urbanística, informaba ayer Diario Vasco.
Estas mismas fuentes han indicado que, durante el pasado mes de marzo, la caja guipuzcoana decidió adquirir el 50% restante de la promotora inmobiliaria al considerar que de esta manera "se podía mejorar la gestión económica y financiera de la promoción", una de las más importantes en las que está participando la entidad a través de su sociedad inmobiliaria Inverlur, por lo que desde marzo Kutxa es también la gestora del proyecto. Dichas fuentes han subrayado que decidieron hacer una "excepción" en su política de inversiones inmobiliarias, que la entidad reorientó a finales de 2006 tras los problemas surgidos en otras dos urbanizaciones, La Zerrichera y Lo Poyo, en Murcia, después de que la Administración paralizase los trámites urbanísticos de ambos proyectos. "Este caso -en relación a la promotora Valle Romano- era distinto porque estaban aprobados todos los trámites administrativos e incluso la construcción se encontraba en marcha". En cualquier caso, el nuevo presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, ha reconocido en el acto de presentación de la iniciativa institucional Gipuzkoa Aurrera, que este caso "daña la imagen de Kutxa".
* El Confidencial - Fátima Martín - 20/06/2008
Foto: Marbella, golf Valle Romano - news.bbc.co.uk
Totana: "Por dos millones se contrata a un sicario y mata al que sea"
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ELPAÍS/Murcia* : "Por dos millones [de pesetas] se contrata a un sicario y que mate al que sea". Esta frase fue pronunciada por María del Carmen Jordán, ex esposa de Juan Morales, ex alcalde de Totana y diputado murciano expulsado del PP. Morales es también el principal sospechoso de la trama de corrupción en la localidad murciana y está en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza.
La transcripción de esta conversación es parte de las nuevas revelaciones de la investigación realizada por la Guardia Civil en la Operación Tótem, que ha destapado una trama de corrupción en la que han sido detenidas 15 personas. Esa frase, extraída del sumario, era consecuencia del enfado de la ex esposa de Morales tras haber recibido una citación judicial para comparecer en un juzgado. En el informe que redactan los agentes que realizaban las escuchas señalan: "Aunque esta afirmación pueda parecer anecdótica, hay que significar que la mujer vuelve a insistir una vez más en la contratación de unos sicarios, porque está hasta el gorro". Las grabaciones han destapado otras presuntas irregularidades. Así, la Guardia Civil investiga si dos cargos del Gobierno murciano (PP) están implicados en casos de corrupción, tal y como se pone de manifiesto en el sumario.
El primero, Francisco Luis Valdés-Albistur, presuntamente relacionado con el cobro de comisiones, ha sido hasta hace tres meses director general de Cultura del Gobierno de Murcia. En una conversación entre un sobrino suyo y Joaquín Carmona, otro de los detenidos, se asegura que algunas adjudicaciones de obras en ese departamento "se hacen con sobre".
El segundo de los investigados es el consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, Benito Mercader. Pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias al ponerse de acuerdo con el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que permaneció en la cárcel dos meses por su presunta implicación en la trama de corrupción- para ayudar a dos personas a entrar a trabajar en la Administración regional.
En concreto, el informe policial relata: "Andreo le pregunta a Mercader si le autoriza a llamar directamente y hablar con Mariano y el consejero le contesta que le llame sin problemas, que está acostumbrado a estas cosas, que ya las ha hecho muchas veces y que no se preocupe". Para los agentes, "en esta conversación se pone de manifiesto que estaríamos ante un claro ejemplo de, cuando menos, de un presunto delito de tráfico de influencias". Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible aseguran que ninguno de los recomendados obtuvo la plaza de la que se habla.
La Guardia Civil también le sigue el paso a posibles intermediaciones de uno de los detenidos en Totana, el asturiano Emiliano Ovide Castrillo, quien denunció que no había cobrado su comisión en esta localidad. En algunas de las conversaciones, Ovide trata de buscar inversores en Asturias que tengan hasta diez millones de euros en dinero negro, al mismo tiempo que habla en una operación en Oviedo, Jerez y varias ciudades de Madrid.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 20/06/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Libertad provisional con fianza para otros seis detenidos en la trama de Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Estepona, Isabel Conejo, ha decretado libertad provisional bajo fianza con cuantías que van desde los 15.000 hasta los 300.000 euros para otros seis detenidos en la operación Astapa contra la corrupción.
Según fuentes judiciales, la instructora del caso ha dictado libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el ex director del Área de Urbanismo de Estepona Pedro López, al que imputa los presuntos delitos de cohecho y malversación. En el caso de abonar esta cantidad para eludir la cárcel, López, que ha abandonado los juzgados de Estepona a las 00:45 horas de hoy, deberá comparecer en la sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y tendrá prohibido abandonar España.
La magistrada ha acordado también dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros al arquitecto municipal Arturo Cebrián, imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, según las mismas fuentes. Ha impuesto además una fianza de 15.000 euros al abogado y empresario Manuel Barroso, al que imputa un delito de blanqueo.
Hoy comparecerán ante la instructora de la causa los últimos seis de los 26 detenidos en la operación, entre ellos, Barrientos y el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano.
La operación sigue abierta
La operación Astapa, en la que se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio, comenzó el pasado martes y aún sigue abierta. En ella han sido detenidas 26 personas, entre ellas, el alcalde de Estepona Antonio Barrientos (PSOE), seis concejales, empresarios, abogados y empleados municipales con altas responsabilidades.
Por su parte, alrededor de las 02:00 horas, han abandonado los juzgados las ediles socialistas Mariví López, Marisa Rodríguez y Asunción López, responsables de las delegaciones de Educación, Playas y Cultura, respectivamente, que también han quedado en libertad bajo fianza.
Rodríguez, a la que las instructora del caso imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, deberá pagar una fianza de 50.000 euros, mientras que sus dos compañeras en el Gobierno municipal deberán abonar 30.000 euros.
Prisión incondicional para dos de los detenidos
Durante la jornada de ayer, prestaron declaración el concejal del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo y el técnico de Urbanismo Xavier Wittmeur, para los que la juez decretó prisión incondicional. Crespo está imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales y Wittmeur por los supuestos delitos de falsedad en documento, fraude y malversación.
Los representantes de los partidos que componen el maltrecho equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), PSOE, PA, IU y Estepona 2007, dieron ayer la cara en una rueda de prensa, en la que admitieron la "compleja" situación en la que se encuentran tras la puesta en marcha de la operación Astapa contra la corrupción en el municipio.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), pidió "esfuerzo y comprensión de los ciudadanos" ante una operación que, a su juicio, "pone al Ayuntamiento en una situación muy compleja". Respecto a sus compañeros de partido detenidos, Duarte dijo que son "personas para nosotros solventes y honestas que han definido siempre su tarea de gobierno por la anteposición de los intereses públicos y del Ayuntamiento a los personales".
* ELPAIS.com - AGENCIAS / JUANA VIÚDEZ - Madrid / Estepona - 20/06/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Cádiz: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día
GAS* : Chiclana sigue siendo uno de los puntos de la provincia andaluza donde se dan más casos de viviendas ilegales y corrupción urbanística, aunque en Grazalema, los casos son igualmente numerosos. Ya han sido varios los casos de construcciones y edificaciones ilegales que en la Sierra de Grazalema se han denunciado en los últimos meses.
En un paraje protegido como la Sierra de Grazalema los municipios que no muestran irregularidades evidentes desde el punto de vista urbanístico, son una excepción: Ubrique, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Benamahoma, éstos de la provincia de Cádiz; mientras que de la malagueña, se pueden señalar Cortes de la Frontera, Montejaque…Así, se repiten por doquier apartamentos de lujo en zonas protegidas, urbanizaciones que incumplen las normas del Parque Natural con una altura mayor a la permitida, especuladores y construcciones que no cumplen el estudio de impacto ambiental o simplemente no lo tienen. A esto habría que añadir el problema del agua, que hace que se exploten acuíferos, se contaminen ríos y arroyos, se tengan que desviar vías de agua para la construcción de dichas viviendas, así como le problema estético que causan unas construcciones modernas que no respetan la arquitectura tradicional de la zona, convirtiendo los pueblos blancos tan característicos en verdaderos clones fríos de las casas originales.
Estos casos se multiplican sin que las administraciones de los pueblos, ni de la Junta Rectora del Parque natural, con su presidente al frente, hagan nada por evitarlo. De tal modo que se permiten agresiones tales como la construcción de otro campo de golf en Arcos de la Frontera, así como uno de polo, que ha conllevado la tala de miles de alcornoques y otros tantos más de pinos, y que, a pesar de ser ilegal y tener el problema del agua, podría albergar una urbanización con el visto bueno del Ayuntamiento.
Chiclana de la Frontera es otro municipio donde las viviendas ilegales se multiplican, hecho que queda patente por la trama policial “Obra Nueva”. Cuando ha pasado un año desde que comenzara la trama, la policía ha detenido a tres nuevos implicados, que se añaden a la lista de profesionales relacionados con la promoción, construcción y venta de viviendas, que se dedicaba a conseguir regularizar inmuebles ilegales mediante el certificado de un técnico que acreditaba una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, al tiempo, permitía a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario tras la fraudulenta inscripción en el Registro de la Propiedad.
Dicha operación se inició para desmantelar una extensa red dedicada a la regularización de viviendas ilegales en la población gaditana. Esta red fue denunciada en mayo del 2007 por un particular, que notó la existencia de una mafia urbanística en torno a la falsificación de datos sobre propiedades.
Por otro lado, en Chiclana también se ataca a los espacios naturales, en este caso, uno de los pocos que quedaban en esa zona; es el Pinar del Hierro, uno de los pinares costeros de mayor extensión de la provincia gaditana albergando diferente especies de flora amenazadas.
Se va a construir una urbanización que reducirá sensiblemente el pinar, aunque en este caso, las administraciones sí han actuado para proteger la fauna protegida, como no hicieron, por ejemplo, en el caso del camaleón, en la población gaditana de El Puerto de Santa María. De este modo, el Proyecto de Urbanización en el Pinar del Hierro deberá ser modificado, limitándose las actuaciones de parcelación, edificación o urbanización; esta es la resolución a la que ha llegado la Consejería de Medio Ambiente con el fin de proteger la flora protegida de dicho espacio natural.
Este proyecto supondría la desaparición de especies de flora amenazada, lo que contradeciría la Declaración de Impacto Ambiental por la que se aprobó el PGOU de Chiclana, localidad en la que se edificaría dicha urbanización. Estas especies protegidas son el Thymus albicans (catalogada En Peligro de Extinción) y de Hymenostemma pseudoanthemis (Vulnerable) localizadas dentro de la zona urbanizable. Otras especies amenazadas presentes en el pinar son: Loeflingia baetica (Vulnerable); Narcissus viridiflorus (Vulnerable); y Sedum maireanun Sennen (Vulnerable).
Las poblaciones de flora amenazada deberán estar señaladas y protegidas con un vallado, siempre fuera de cualquier urbanización. Este trabajo se realizará antes del inicio de construcción de cualquier obra. Asimismo, el trazado del sistema viario y del resto de redes lineales (alcantarillas, cables, etc.) también deberá ser modificado para no fragmentar el pinar ni dañar la flora protegida. Además, las zonas protegidas que ya han sido afectadas pro movimientos de tierras, deberán ser devueltas a su estado original.
En el Puerto de Santa María, Ecologistas en Acción presentó el pasado 20 de mayo, en el Patronato de la Reserva Natural de las Lagunas de Cádiz, un informe sobre el origen y evolución de la urbanización ilegal que se ha construido, en un inicio al margen de la legalidad, incumpliendo el PGOU, para luego continuar ampliándose con el consentimiento de las autoridades. Es por esto que se pide la demolición de dicha urbanización.
Población cercana al Puerto, Rota, es otra localidad donde las urbanizaciones y construcciones se están multiplicando para regocijo de las constructoras y especuladores, derribando casas de decenios de años de antigüedad y de tradición en la localidad, para construir apartamentos para turistas y las capas altas de la sociedad. Sin embargo, esta localidad será tratada en otra noticia con más detalle.
Para más información sobre el impacto urbanístico en el Parque Natural Sierra de Grazalema, ver la presentación adjunta de ecologistas en Acción o entrar en su misma página: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique24
* Grupo de Acción Social - GAS - 14/06/2008
Foto: Chiclana aérea - uca.es
Estepona somos todos
JAVIER PÉREZ DE ALBÉNIZ* : Cuando yo era pequeño los chavales soñábamos que algún día seríamos delanteros en un equipo de primera división. Meteríamos muchos goles, ganaríamos la Copa de Europa y jugaríamos en la selección. Pero los tiempos cambian, y los críos también. Actualmente los niños listos prefieren ser concejales de Urbanismo. Así podrán recalificar muchos terrenos rústicos, cobrar comisiones en negro, guardarlas en bolsas de basura en los armarios de casa y tener dos coches, un Mercedes deportivo y un todo terreno Audi. Además, una vez metidos en el mundo del ladrillo es muy fácil acabar presidiendo un equipo de fútbol.
Donde esté un concejal de Urbanismo que se quiten Torres, Güiza y hasta Villa: estamos hablando del puesto estrella en los ayuntamientos españoles, instituciones todopoderosas que pueden hacer que un pueblo se convierta en un paraíso o en la cueva de Alí Babá.
El caso Estepona abre todos los informativos. Me sorprende que la gente siga sorprendiéndose. Con lo de la corrupción urbanística, digo. ¿Acaso no salen ustedes de sus ciudades, no visitan a sus familiares del pueblo, no hacen turismo rural, no ven la televisión o leen periódicos? La corrupción urbanística entró en España hace muchos años, por el sur, y se fue extendiendo por la península como la plaga de topillos. Ya es tan intrínsecamente nuestra como el gazpacho o la paella. Una corrupción que, como nos enseñó don Jesús Gil, máximo representante de la recalificación pestilente, y sus colegas de Marbella, está muy por encima de colores políticos. Roban igual los de izquierdas que los de derechas. ¡Qué grandeza democrática!
En nuestro país tenemos más de 8.000 ayuntamientos, y varios miles de denuncias urbanísticas archivadas en el limbo. Olviden a los independentistas, a los de la COPE y a Luis Aragonés. Y recuerden que no hay crímenes pequeños. La corrupción urbanística es la auténtica culpable de la desintegración de España.
Lo que me sorprende es que pasen los años, los gobiernos, y ninguno sea capaz de acabar de una vez por todas con esta peste. Es muy fácil. Ya estoy viendo a la policía de Coslada trabajando, a las ordenes del presidente Chaves, en las costas andaluzas. ¿Que la madera nacional no funciona, que Chaves se pone la placa de sheriff? Ningún problema: acudimos a la seguridad privada. Tenemos a los Miami, perfectamente aclimatados a las temperaturas sureñas. E incluso a Darek, el ex de Ana Obregón, último fichaje de 'Bea la fea' (Telecinco). ¿A que no saben qué papel le han dado al stripper? Guardia de seguridad.
¡País! Que diría el gran Forges.
* SOITU.es - 19-06-2008
"¡Una ayudita para salvar a los pobres constructores!"
SOITU/Madrid* : En la plataforma V de Vivienda son conscientes del mal rato que están pasando en el sector del ladrillo y se han solidarizado. Se han concentrado frente al Ministerio de Vivienda con unas huchas al más puro estilo Domund para recaudar dinero con el que "echar una mano a esta pobre gente", que lo están pasando muy mal con la crisis.
El tono irónico de la protesta es el que le da Daniel, de V de Vivienda, que confiesa con cierta sorpresa que "la gente ha soltado bastante pasta. Será porque había cámaras y eso". La movilización ha sido hoy porque es cuando la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se reúne con los constructores en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Suelo y Edificación, de donde quieren sacar el próximo Plan Estatal de la Vivienda 2009-2012. Ésa es la versión oficial. En palabras de Dani, lo que se va a ver hoy es "una escenificación de las concesiones lamentables a los constructores". Lo de entregar el dinero recaudado, por cierto, es simplemente simbólico, que a los de la plataforma les viene muy bien para poder sufragar sus actividades.
Anoche intentaron hacer una dormida frente a las puertas del Ministerio para protestar por la estrategia con que la administración pública está afrontando 'la crisis del ladrillo'. Pero no hubo forma. La zona estaba llena de antidisturbios y "no nos dejaban ni estar por la zona", según cuenta Dani. "Nos dejaron muy claro, pero muy claro, que iban a estar ahí toda la noche". Consiguieron negociar con ellos para que les dejaran encender unas velas haciendo la forma de una 'V', con la que querían expresar que la gente está a dos velas.
"Ahora hablan de crisis económica, pero la crisis de las personas y las familias lleva más de un año. Consideran crisis sólo cuando les va mal a los de siempre", protesta Dani. En su opinión, hasta ahora ha habido un sistema económico basado en la inflación del ladrillo y eso no es ni lógico ni sostenible. Ahora, según él, el Gobierno intenta ayudarles a seguir construyendo sin que pierdan beneficios: "habrá que construir allá donde haga falta". La solución, dice, debería pasar por los millones de viviendas vacías que hay en nuestro país.
Dani cuenta que en diciembre de 2006 había 25 millones de viviendas construidas para 45 millones de habitantes censados. "Somos uno de los países con mayor ratio de casas por personas de Europa". Desde 'V de Vivienda', defienden gravar las casas vacías, y "quien no quiera pagar por tener la casa sin ocupar, que la ponga en una bolsa de alquiler con un precio social, porque a 1.000 euros al mes, tampoco solucionamos nada", explica Dani.
Entre las críticas contra los planes del Gobierno, destacan las que atacan el supuesto apoyo a las viviendas protegidas. Según Dani, se están concediendo más licencias de vivienda protegida porque con la situación actual no hay quién venda una vivienda a precio libre. Para Dani, éste no es el uso que deberían tener las viviendas sufragadas por el Gobierno: "La vivienda protegida es para garantizar un derecho, no para proteger a los especuladores". Para eso, ya están las huchas y la solidaria contribución social.
* Soitu.es - MIGUEL MORENO - 17-06-2008
Foto: Intento de 'dormida' frente al Ministerio de Vivienda - EFE
