LEVANTE/Valencia* : El Consell debería comunicar a la Comisión Europea las obras del Gran Premio de Fórmula 1 que han quedado eximidas del preceptivo informe de impacto ambiental con carácter previo a la autorización de las mismas. El Ejecutivo omitió la recomendación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que instaba a la Generalitat corregir el apartado del decreto que libra al circuito de Fórmula 1 de someterse a una declaración de impacto ambiental.
En su dictamen al decreto, el órgano consultivo estima que la comunicación a la Comisión Europea «debe preverse en la norma proyectada», si bien el CJC no lo consideró una observación de carácter esencial.
Tal como informó en su día Levante-EMV el decreto sobre la Fórmula 1 da carta blanca a las empresas que participarán en el evento, ya que disfrutarán de una batería de excepciones previstas en las leyes urbanísticas, medioambientales, de contratos, actividades y espectáculos. Así, entre otras cuestiones, los proyectos relacionados con el circuito quedarán eximidos de solicitar licencias de obras, actividades o estudios de impacto ambiental. Cabe recordar, además, que Fórmula Verda ha llevado las obras ante la Comisión Europea y la Sindicatura de Greuges al ver indicios de fraude de ley. La Coordinadora, integrada por asociaciones vecinales y ecologistas, consideran que en las obras de la Formula 1 han vulnerado leyes urbanísticas y medioambientales.
El decreto del Consell, aprobado a mediados de febrero, permitió dar cobertura legal a unas obras que ya estaban en marcha. En su redacción original era mucho más permisivo a la hora de agilizar las obras del trazado que deben estar acabadas en junio. El CJC, al que la Conselleria de Gobernación solicitó el dictamen con carácter de urgencia, hizo varias observaciones esenciales al texto que el Ejecutivo acabó aceptando. El tamiz del CJC forzó una redacción más estricta a la hora de eximir a las empresas de las preceptivas licencias de actividad, así como en las excepciones en la ley de contaminación acústica.
Por otro lado, el Jurídico reprende al Consell por haber omitido el trámite de audiencia respecto del Ayuntamiento de Valencia, así como de las organizaciones o asociaciones que puedan verse afectadas por la disposición. El CJC insta al Ejecutivo a justificar «debidamente» en el expediente la omisión del citado trámite. Cabe apuntar que Fórmula Verda denunció ante Europa que se había omitido el trámite de audiencia en las obras.
* Levante-EMV - 25 de marzo de 2008
Foto: Situación de las obras del circuito urbano en el Puerto de Valencia/ ferran montenegro, levante-emv.com
El Consell debe informar a la CE de que en la F-1 se hacen obras sin estudio ambiental
El TSJC declara ilegal el Hotel Princesa Yaiza de Lanzarote
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EFE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulas las licencias otorgadas por el Ayuntamiento lanzaroteño de Yaiza para construir el hotel de lujo Princesa Yaiza, de 660 plazas, a resultas de una denuncia de la Fundación César Manrique, anunció ésta este lunes.
El fallo judicial, que fue dado a conocer por la Fundación César Manrique mediante un comunicado, es consecuencia de un recurso que presentó en su día la citada entidad contra las resoluciones municipales que otorgaron sendas licencias para la edificación del hotel, considerado como uno de los más lujosos de Canarias y situado en la localidad turística de Playa Blanca, al sur de la isla.
Según informó dicha fundación, la resolución, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, vuelve a incidir en los argumentos de anteriores sentencias, respecto a la obligatoriedad del Ayuntamiento de Yaiza de solicitar al Cabildo el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio.
En este sentido, la nota recalca que en la sentencia se señala que "es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular".
Determinaciones, "como dijimos, jerárquicamente superiores a los instrumentos de planeamiento municipales", apostilla.
La Fundación César Manrique subraya que su equipo jurídico está estudiando "las vías de ejecución de la sentencia que se abren" con esta resolución, y que también analiza la oportunidad de comunicar a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias la situación ilegal del Hotel Princesa Yaiza.
Con este último fallo son ya catorce los recursos estimados por los tribunales a favor de la Fundación César Manrique en su lucha contra la construcción de camas turísticas ilegales en la isla de Lanzarote, lo que ha supuesto la anulación de más de seis mil plazas turísticas, recuerda el texto.
* La Provincia - EFE - 24-03-2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel Princesa Yaiza - google.com
Europa investiga otros cinco PAI valencianos tras las denuncias de los afectados
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LEVANTE* : El urbanismo valenciano volverá de nuevo a estar en la picota el próximo 2 de abril. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá de nuevo las denuncias de tres asociaciones y otros tantos particulares sobre los supuestos incumplimientos de la legislación europea durante la tramitación de cinco programas de actuación integrada (PAI) en las poblaciones de Llíria (Camp del Túria), Parcent (la Marina) y Benasau (el Comtat).
En el caso de Llíria, la queja ha sido presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat por las supuestas infracciones de la legislación ambiental que habrían podido cometer las autoridades municipales al aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el que se incluye el plan urbanístico Golf Coto de Catalá. Según los denunciantes (pequeños propietarios de la zona afectados por la actuación) «no se les permitió expresar su opinión en el convenio urbanístico entre el ayuntamiento y el promotor, no se respetó el principio de igualdad en el procedimiento contractual» y denuncian los incumplimientos de las directivas comunitarias sobre aves, hábitats y de evaluación ambiental.
En Benasau, una población de 195 habitantes de la comarca de el Comtat, la Asociación Fraynos y una ciudadana a título particular denuncian la construcción de 841 chalés de lujo para 2.691 personas y un campo de golf «en una zona montañosa de enorme belleza cuya repoblación forestal ha sido financiada por la Unión Europea con vistas a prevenir la desertificación».
La denuncia de Parcent, una localidad de la Marina Alta de poco más de 800 habitantes, la anterior corporación municipal aprobó tres PAI que implicaban la construcción de 1.800 viviendas que han denunciado ante el Comité de Peticiones la asociación Veïns de Parcent. Aunque el actual gobierno local paralizó su aprobación, ahora son los promotores los que litigan para seguir adelante con los planes urbanísticos (en uno de ellos la tramitación se suspendió cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia). Los tres PAI de Parcent fueron aprobados in extremis el 30 de enero de 2006 un día antes de que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La última queja que tratará la Comisión de Peticiones advierte del «impacto negativo de un proyecto de regeneración de la playa norte de Peñiscola sobre el Marjal o Prat, en una zona protegida de la red Natura 2000». La asociación Amigos de las Cañadas es la que presenta la denuncia contra la intención del Ayuntamiento de Peñíscola de «construir una carretera en los márgenes del humedal».
* Levante-EMV - 25 de marzo de 2008
Foto: recibimiento a los eurodiputados. Vecinos de Parcent hicieron un pasillo de paraguas a los emisarios europeos/ ernest weber, levante-emv.com
548 imputados y 64 detenidos en 2007 por infracciones urbanísticas
ELPAÍS* : El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se ha tomado muy en serio la lucha contra el urbanismo salvaje. El año pasado imputó por violar las normas de ordenación del territorio a 548 personas y detuvo a otras 64 por la misma causa. La cifra es abultada porque el Seprona imputó y detuvo en 2007 por todas las infracciones que le toca vigilar a 1.106 personas y detuvo a otras 366, según el balance presentado ayer por la policía ecológica del instituto armado.
En total, los agentes se toparon por el medio rural y las costas con 5.880 construcciones y edificaciones ilegales, de ellas, 48 en el interior de parques nacionales.
La Guardia Civil actuó durante el año pasado en un total de 143.085 casos relacionados con infracciones contra el medio ambiente. Sólo 3.721 fueron delitos medioambientales. En esta categoría entran incendios forestales de cualquier magnitud hasta obras ilegales o vertidos de residuos animales, sanitarios o, simplemente, de escombros. También la caza de especies protegidas o montajes de cacerías para abatir, por ejemplo, tigres enfermos en cotos ilegales.
Cuatro pirómanos
La primera posición en cuanto a número de detenidos la ocupan las investigaciones sobre incendios forestales. Exactamente 110 personas fueron arrestadas por estar implicadas, bien por negligencia bien por alguna intención espuria, en fuegos forestales. Tres de esos detenidos son considerados de forma oficial "pirómanos", es decir, gente que disfruta prendiendo y contemplando el fuego. Otros 12 entran en la categoría de "incendiarios": queman para conseguir algo (madera, recalificaciones, fastidiar al vecino...). También entre los imputados no detenidos había cinco incendiarios y un pirómano.
La Guardia Civil se implicó el año pasado en la investigación de 2.478 incendios forestales, la mayoría en Galicia, de los que logró esclarecer algo menos de la mitad.
Las investigaciones revelaron que de esos incendios (en los que fallecieron dos personas y otras 19 resultaron heridas), 617 fueron provocados por la torpeza en la quema de rastrojos, por encender barbacoas donde no se debía, por tirar colillas por la ventana y todo un largo catálogo de negligencias. Pero otros 286 resultaron ser intencionados.
* ELPAIS.com - J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 20/03/2008
Foto: Seprona, ordenación territorio - portalmanzora.es
Los abusos y acosos inmobiliarios tienen solución
LA COMUNA DE AGRYFERSA/Valencia* : Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.
Las personas humildes, los ancianos, emigrantes, desempleados… son las presas fáciles e ideales para sufrir el ya conocido acoso inmobiliario por parte de ciertos personajes sin escrúpulos, sin alma….
En pleno corazón de la gran Valencia (en el famoso edificio de Agryfersa, una especie de castiza Corrala galdosiana) hay un caso de acoso masivo que afecta desde hace años a gran número de personas sencillas, de seres que tienen miedo a denunciar su situación oficialmente, dada la falta de medidas institucionales para combatir ciertos aberrantes comportamientos. Aquí, la Fiscalía General del Estado y las instituciones judiciales valencianas tienen un papel clave, pues las personas y los colectivos con escasos recursos no pueden mantener largos y embrollados litigios legales, en aras a velar por sus legítimos derechos a vivir dignamente en una espacio urbano adecuado, dada su falta de medios económicos y la falta de comunicación que hay entre los ciudadanos y las instituciones.
La feroz especulación, el encarecimiento de la vivienda y la ausencia de planes sociales públicos, que favorezcan la creación de viviendas sociales (no confundir con Viviendas de Protección Oficial) para los colectivos más débiles, ha permitido la instalación y extensión de una despiadada y obscena picaresca, ejercida con total impunidad por ciertas personas, que no tienen reparo alguno en abusar de la necesidad y de la buena fe de la gente humilde, de las personas con escasos recursos económicos, poca preparación profesional, origen étnico…
Ya hace tiempo que algunos colectivos (V de Vivienda, Vivienda Digna…) han denunciado, de manera clara y sistemática la situación del acoso inmobiliario, de la vergonzosa falta de actuaciones institucionales para lograr que la vivienda sea realmente un Derecho constitucional, un Derecho Humano, que podamos disfrutar todos sin hipotecarnos, sin arruinarnos emocional y económicamente para el resto de nuestras cortas vidas…
Toca ahora que las instituciones púbicas valencianas y el gobierno central, se pongan a elaborar con el debido rigor (junto con los colectivos sociales y los ciudadanos afectados) un plan destinado a la rehabilitación de las precarias viviendas, que fueron construidas en las décadas de los años 50, 60… permitiendo que la convivencia y la dignidad pueda existir, eliminándose todo tipo de conductas medievales y caciquiles, para que pueda imperar la transparencia, la participación real y efectiva de todos los propietarios, inquilinos… en la gestión y el autogobierno de esos espacios urbanos comunes. Urge, igualmente, la creación de una Oficina contra los Abusos y los Acosos inmobiliarios en Valencia, pues el asunto es realmente grave, afectando al bolsillo y a la salud de muchas personas.
La problemática del acoso y de los abusos inmobiliarios debe ser una prioridad esencial y urgente, pues afecta a muchas personas, a muchos colectivos humanos y en los últimos años, se han instalado hábitos y actuaciones aberrantes que impiden y entorpecen la convivencia, favoreciendo la degradación y el deterioro del entorno, de las relaciones personales y proyectando una mala imagen de una ciudad, tan dinámica como es Valencia. La clave para la resolución de muchos conflictos, tipo Agryfersa, pasa por la intervención directa de las instituciones, en aras a permitir una renovación total de sus Juntas Directivas, instalando la transparencia y la participación como normas básicas que todos debemos asumir y respetar.
Desde el silencio o la represión y persecución de las justas protestas de los copropietarios afectados, nada bueno y positivo se puede obtener, dado que el problema y la degradación siguen creciendo, siguen extendiéndose día a día, dada la crónica falta de mantenimiento. Se impone la necesidad vital de dar voz a los que han permanecido amenazados, coaccionados, silenciados, chantajeados… pues ellos , los propios afectados, tienen la llave para lograr que la convivencia amable y la buena gestión pueda regresar a ese edificio de 378 apartamentos, ubicado en Benicalap, Valencia, un barrio que alberga espacios emblemáticos y singulares como el Hotel Hilton, el Palacio de Congresos, la Ciudad Sanitaria la Fe, Nuevo Centro, Hipercor, la Consellería de Cultura…
Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.
Yo tengo plena confianza y estoy convencido que todos podemos poner de nuestra parte para lograr la rehabilitación integral del edificio, así como se impulsan y se desarrolla programas para ayudar a las personas mayores y enfermas que viven solas allí, sin olvidar la existencia de ciertos colectivos que padecen desempleo y exclusión…
Escuchar a los afectados con calma, canalizar las justas peticiones de los indignados afectados, es el primer paso para permitir la convivencia y recuperar la confianza entre las instituciones y los vecinos.
Antonio Marín Segovia
LA COMUNA DE AGRYFERSA
http://lacomunadeagryfersa.co.cc/
* LA COMUNA DE AGRYFERSA - Marzo 24th, 2008
El 'caso Guateque' tendrá una nueva remesa de imputados
EUROPAPRESS/Madrid* : El mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid tendrá a la vuelta de Semana Santa una nueva remesa de imputados y testigos que desfilarán por delante del juez Santiago Torres por su presunta implicación en la red ilegal de tráfico de licencias para locales, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Las comparecencias que se esperan se producen a propósito de las declaraciones realizadas por varios imputados ya en la causa que han citado a otras personas hasta entonces al margen de la investigación. Para no dejar flecos sueltos, el magistrado les llamará a declarar para aclarar las nuevas acusaciones.
Pese al carpetazo de la comisión municipal de investigación, el instructor de las diligencias judiciales sigue adelante con la causa, en la que se investiga a medio centenar de personas, entre funcionarios, empresarios que actuaban de intermediarios entre los clientes y los empleados municipales, y los dueños de los establecimientos que obran en la causa como sospechosos.
Aunque haya fracasado la investigación política para dilucidar las numerosas irregularidades detectadas y depurar responsabilidades políticas, Torres delimitará en los próximos meses la responsabilidad penal de aquellas personas que se hayan beneficiado de algún modo de la trama corrupta que llevaba años campando a sus anchas por la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y 17 de las 21 Juntas de Distrito que integran la capital.
Mientras que la Guardia Civil continúa analizando el contenido de la abundante documentación requisada en estos últimos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid está a la espera de conocer el contenido de la auditoría que encargó realizar a la empresa Tragsa sobre la tramitación de los casi 200 expedientes de licencias que están bajo la lupa de la investigación.
Los resultados de este informe pericial serán decisivos para que Torres resuelva a favor o en contra el recurso interpuesto por los socialistas madrileños contra la denegación de imputar a catorce cargos del Consistorio por su supuesta vinculación a la trama ilegal, en contra del criterio del fiscal César Estirado.
En primer término, el juez rechazó la petición del PSOE por "irrelevante" e "improcedente", si bien no descartó la posibilidad de imputar a alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios apuntados por los socialistas, supeditándolo a las conclusiones de la auditoría.
NO EXISTEN INDICIOS
Pese a ello, el juez se muestra en estos momentos contrario a implicarles de manera directa en el procedimiento, puesto que, según un auto que dictó al respecto, "lo cierto es que no existen aún indicios mínimamente serios que permitan dirigir una imputación contra las personas interesadas".
"La actuación de responsables administrativos y políticos procurando la agilización de expedientes de su competencia sin ninguna otra consideración no tiene relevancia penal, antes bien, parece que es el cumplimiento de un deber de exigencia y diligencia a sus subordinados", reza el auto.
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, solicitó al magistrado, a través de los abogados que defienden al PSOE, la declaración de los concejales y los cargos de Medio Ambiente por las declaraciones realizadas el pasado 4 de febrero por Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la red corrupta, durante el careo que mantuvo con su superior directo, Joaquín Fernández de Castro.
Ceballos aseguró al juez que los expedientes de licencia que tramitaba el Ayuntamiento de Madrid "sólo se adelantaban por orden de lo superiores", aludiendo al "director, al gerente, al concejal...". Tras esta afirmación, Ceballos se remitió a los notas de los expedientes en las que se indicaba que se adelantará la tramitación, asegurando que en esas notas "se ponía el nombre de la persona física que se había interesado por el expediente concreto".
* Europa Press - MADRID, 24 Mar.
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - madridiario.es
Las máquinas devoran un yacimiento prehistórico en Ulea
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VEGAMEDIA/Murcia* : La empresa que pretende construir una nave industrial en el paraje de Los Diegos de Ulea, ha reanudado el movimiento de tierras y las máquinas trabajan con mayor voracidad, destruyendo un yacimiento del Tortoniense de una importancia paleontológica de primer orden, como en su momento documentó el Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma.
A pesar de la intervención días pasados de los agentes de medio ambiente, (antiguos forestales) paralizando las obras, la empresa ha vuelto a la carga con el visto bueno de la consejería de Desarrollo Sostenible y el ayuntamiento de Ulea y ha aumentado el número de excavadoras que aceleran la desaparición del paraje, con un contenido fósil formado por abundantes ejemplares de Thalassinoides. El Plan General de Ordenación Urbano, recientemente aprobado, no autoriza estas construcciones en Los Diegos.
Para ello existen dos polígonos industriales aprobados, que es donde este empresario debería construir su nave, aunque le sea más costosa.
Pero las máquinas ya han llegado al segundo nivel, como se aprecia en la foto, haciendo desaparecer a marchas forzadas el yacimiento, sin que nadie lo impide. Ecologistas en Acción pide la intervención urgente de Patrimonio, y que se denuncie al alcalde de Ulea, José Bolarín, y al consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, por permitir este atentado medioambiental e histórico, dando el visto bueno a estas obras, aun sabiendo de su presunta irregularidad.
Fuentes solventes informan que la situación económica del consistorio de Ulea es crítica, y que el primer edil popular "está haciendo caja de la forma que sea para poder pagarse su sueldo de casi 5.000 euros y todas las liberaciones de sus concejales, 5 de 5. Un derroche millonario en un pueblecito de 700 habitantes". El alcalde concedió licencia de obras, a pesar de que toda la zona esta dentro de los límites especificados por Cultura al catalogar el paraje como zona de especial interés, recogido además en el PGOU de Ulea. Pero la cultura, y la historia, no dejan dinero, por lo que es más fácil visto lo visto llegar siempre al negocio del ladrillo, a costa de lo que sea y quien sea.
Según ecologistas, las autorizaciones que tiene la empresa por parte del consistorio y la consejería "son una forma inmoral de legalizar la destrucción de la zona".
Esta organización se entrevistó con el arquitecto municipal para que hiciera informe desfavorable a la concesión de licencia de obras, pero este indicó que al no estar delimitado este yacimiento por los servicios de Patrimonio Histórico y como el alcalde había dado autorización no podia parar las obras. Según el empleado municipal, debe ser la consejería quien lo hiciese.
Ecologistas considera que "hay que parar inmediatamente, que Cultura delimite la zona de protección, y si no afectase, haber reanudado las obras, pero una vez destruido el yacimiento, como se va a delimitar este".
Hasta el momento Cultura no ha intervenido. La consejería de Desarrollo Sostenible tampoco.
* Vegamedia Press - 18/03/2008
Foto: Arrasando el monte en el paraje de Los Diegos de Ulea/
Ana Retamales, vegamediapress.es
El Tribunal Supremo asesta un fuerte golpe al urbanismo salvaje en la costa
ELECONOMISTA/Almería* : El urbanismo salvaje en la costa ha dejado de ser un buen negocio. Los que estén pensando en construir grandes extensiones de edificios o adosados en zonas protegidas por normativas medioambientales deben saber que, a partir de ahora, tendrán que enfrentarse a la Justicia. El Tribunal Supremo impide que los planes urbanísticos se acomoden siempre a las declaraciones de impacto medioambiental.
El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a la promoción de viviendas sin control al prohibir que se construya en las zonas protegidas del Parque Natural del Cabo de Gata, en la provincia de Almería, y anteponer además las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) por encima de los planes municipales de urbanismo, que según manifiesta, deberán estar sujetos siempre a la aprobación de las primeras.
Para preservar el ecosistema
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 13 de octubre, el constructor Federico Echevarría quería construir una gran urbanización, de 48 hectáreas, en el paraje de Agua Amarga, una zona declarada Hábitat Prioritario y Exclusivo por la Unión Europea y catalogado en 1997 por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Aunque la Junta de Andalucía había paralizado sus planes, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma dio la razón en 2003 al entonces alcalde de Níjar, el socialista Joaquín García Fernández, en cuyo término se encuentra el parque, y que había presentado un recurso.
El arquitecto Luis Roldán
Con ello logró que Echevarría, que trabajó como arquitecto para Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil encarcelado por enriquecerse a costa del erario público, pudiera seguir adelante con sus planes. La gravedad del caso es tal que, aunque el constructor lo niega, algunas fuentes insisten en que fue él el que redactó para el alcalde los planes urbanísticos a los que después iba a sacar partido.
Pero la batalla no termino ahí. La Junta de Andalucía recurrió al Supremo y éste ha sido ahora contundente. La sentencia prohíbe de forma expresa edificar no sólo en Agua Amarga, sino también en otras zonas donde había proyectos similares como San José, Pozo de los Frailes y Hortichuelas. El Tribunal tan sólo autoriza las edificaciones en zonas urbanizables y que no tienen en ningún caso un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
La urbanización en Agua Amarga hubiera supuesto la construcción de 350 viviendas y un hotel de cuatro estrellas con más de 300 habitaciones en una pedanía de Níjar que tiene apenas 200 habitantes, por lo que hubiera triplicado la población. Y eso que Echevarría calificaba su proyecto como "una urbanización ecológica y respetuosa con el entorno".
El papel de Bruselas
La actuación del Tribunal Supremo ha llegado en esta ocasión antes que la de Bruselas, que también está vigilando el caso. Tras la presentación de una denuncia por parte de una plataforma ciudadana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, éste instó la apertura de una investigación.
La Comisión Europea solicitó entonces información al Gobierno español y exigió a la Junta de Andalucía que se presentara una de- claración de impacto ambiental, sin la cual no se hubiera podido hacer nada, lo que le sirvió además a la Junta de Andalucía para ganar tiempo.
La sentencia dictada por la sección cinco de la Sala de lo Contencioso del Supremo, a la que ha tenido acceso elEconomista, de hecho es contundente con la exigencia de este tipo de declaraciones antes de realizar cualquier modificación urbanística.
El Tribunal Supremo, cuyas decisiones sientan además jurisprudencia, asegura que "tanto los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales como las Declaraciones de Impacto Ambiental son herramientas jurídicas al servicio de la mejor protección del medio ambiente", aunque añade que mientras que en el primer caso se trata sólo de ordenar los espacios naturales y especies a proteger, en el segundo el objeto es más amplio. En su opinión, las llamadas DIA deben servir para "la entera ordenación de los asentamientos de población y los proyectos urbanísticos".
Para el Supremo, el hecho de que haya un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no impide que haya que realizar también de forma obligatoria una Declaración de Impacto Ambiental allí en donde se quiera construir.
Y es más, este tipo de informes pueden, ante un determinado proyecto de planeamiento urbanístico, "establecer una mayor protección incluyendo más suelo no urbanizable" del que inicialmente estaba previsto.
Aunque en el caso de Cabo de Gata el fallo del Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Andalucía, supone también paradójicamente un golpe para los planes del presidente andaluz, Manuel Chaves , que ha cambiado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado el año pasado, para permitir que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan crecer sin freno.
* El Economista - Javier Romera - 17/03/2008
Foto: Aguamarga (Almería) - parquenatural.com
La arquitectura condenada de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : Entrarán las excavadoras en el barrio de El Cabanyal de Valencia y llegará hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez. El Ayuntamiento que preside Rita Barberá logrará, así, ejecutar uno de sus proyectos de cabecera. La operación tendrá un precio. No sólo partirá en dos un barrio -lejos de integrarlo en la ciudad, simplemente lo desintegrará- sino que convertirá en escombros edificios singulares...
... como la Lonja de Pescadores o decenas de viviendas de la calle de Sant Pere, de la calle de la Barraca, de la del Progrés o de Amparo Guillem, reconocidas por ser ejemplos de un modernismo popular que en buena parte trasladaron a sus casas muchos de los que trabajaron con el arquitecto Demetrio Ribes en la construcción de la Estació del Nord de Valencia, inaugurada en 1917. No son las únicas pérdidas de patrimonio que se registrarán.
El Cabanyal es un barrio consolidado, con un tejido social perfectamente identificable, cuya trama urbana y cuya arquitectura han creado un patrimonio sociológico también de indudable valor. La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez supone un ejercicio de "urbanismo sin ética". Así lo definen, por ejemplo, los arquitectos Carlos Meri y Carmen Jordá. No son los únicos. Decenas de profesionales de la arquitectura, como Oriol Bohigas, Vicent Garcia, Marilda Azulay, Vicent Gallard y Luis Francisco Herrero han puesto en duda la idoneidad de una iniciativa que crea un problema donde no lo había y le da una solución traumática.
El Cabanyal, antiguo núcleo de pescadores, forma parte de Els Poblats Marítims. La avenida de Blasco Ibáñez nació de un jardín histórico, el de Viveros, como "avenida de Valencia al mar". Tenía en sus orígenes una amplitud superior a la de la Diagonal de Barcelona y la Castellana de Madrid, y estaba dominada por las áreas dotacionales que conforman los edificios de la Universidad. Entonces, a principios del siglo pasado, la avenida ofrecía una cierta armonía. Sus edificios tenían una altura proporcionada, dos o tres pisos, a la del barrio con el que tenía como objetivo llegar a conectar. Sin embargo, en los años del desarrollismo, irrumpieron en sus aceras torres por decenas a uno y otro lado, lo que rompió visualmente su configuración. ¿Necesitaba o necesita la avenida de Blasco Ibáñez llegar al mar? Carlos Meri, arquitecto que fundamenta sus trabajos en la dimensión humana y en la perspectiva de conjunto -y que reconoce que no siempre las actuaciones urbanísticas cuentan con el apoyo popular ni es siempre la oposición una garantía de acierto-, cree que no. "Si la avenida de Blasco Ibáñez hubiera seguido teniendo el carácter dotacional que tenía, tal vez hubiera tenido sentido. Hoy no lo tiene", prosigue, "Es mucho más importante, para conseguir una integración de los barrios, generar nuevas dinámicas de relación con el conjunto de la ciudad y entre ellos mismos: actuar desde El Saler hasta La Patacona, hacer realidad el conjunto de los Poblados Marítimos, vertebrar desde la calle de la Reina, integrar el puerto, romper barreras que han aislado, como el eje de Serrería, marcado por el tranvía". Su concepto de la arquitectura es más amplio que las piezas singulares. Meri añora los trabajos ligados al urbanismo como práctica sensata de hacer ciudades, rechaza la monumentalidad como signo inequívoco de modernidad y discute el reduccionismo interesado del concepto "patrimonio". En opinión de Carlos Meri, una pieza como la Lonja de Pescadores, que desaparecerá con la prolongación de Blasco Ibáñez, tiene, aisladamente, un valor relativo, pero ahí donde está, su valor es incalculable, en términos de equipamiento público. "Se podría rehabilitar, podría ser una magnífica escuela, un magnífico hospital", exclama.La Lonja de Pescadores está entre el mar y la calle de Eugenia Vinyes. Su fachada más vistosa, más emblemática, mira a la Plaça dels Homes del Mar. Fue proyectada por Juan Bautista Gosálvez Navarro, a instancias de una sociedad heredera de los antiguos gremios, la Marina Auxiliante. Se inauguró en 1909 y hasta 1936 cumplió su función de lonja de pescadores. Tal como ha recordado el arquitecto Carles Dolç, el edificio fue muchas otras cosas: hospital de heridos de la guerra de Marruecos, bloque de viviendas tras la Guerra Civil... Su planta es de 100 metros de largo por 25 metros de ancho. Se concibió en dos cuerpos longitudinales, con un espacio en medio, para el comercio. Cada uno de esos cuerpos longitudinales tiene dos alturas, y cada una de ellas 20 espacios idénticos. En realidad, cada uno de ellos tenía las características de cualquiera de las casas de dos plantas típicas de El Cabanyal. Se trata de una nave típica de la arquitectura industrial.
La arquitecta Carmen Jordá, con esa imagen en la retina, compara la obcecación por destruir la Lonja de Pescadores con lo que, por ejemplo, ocurre en Londres: "El restaurante más de moda ahora mismo está en una antigua fábrica cuya arquitectura es, también, un ejemplo claro de arquitectura industrial. ¿Qué hacen los alemanes? Recuperar, cuidar esos espacios". Carles Dolç ha definido así el edificio: "Se caracteriza por su racionalidad constructiva, la sobriedad, el escaso protagonismo de la ornamentación, y por el hecho de entroncar perfectamente con la arquitectura y la trama de El Cabanyal. Ahí radica también su interés".
Carlos Meri coincide: "El interés es del conjunto. Si quitas la Lonja de Pescadores, quitas un elemento fundamental para las casas de alrededor. Y sin las casas, la Lonja no tiene tampoco sentido. Es un todo". ¿Se puede eliminar? Poder, responde, se puede. La cuestión es si es lo más adecuado, si es el momento, si soluciona algo, si se puede actuar con una polarización tan extrema de la cuestión. Y su respuesta es no.
Carmen Jordà, miembro del registro ibérico del Docomomo (organismo que asesora a la Unesco en la documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno) y catedrática de Composición Arquitectónica, se siente "triste e indignada" ante la intervención en el Cabanyal. "Esta ciudad, su visión urbanística, es autodestructiva", afirma. Le cuesta entender que se puedan ignorar, derribar o esconder las decenas de muestras del modernismo popular o industrial que definen El Cabanyal, así como su propia trama urbana en forma de retícula. "Es un modernismo autóctono, singular, digno de ser conservado, protegido, valorado, mostrado, defendido. Pero no. Se pretende hacer lo mismo que con la piscina de Las Arenas, -y no admito que lo que ahora hay se defienda como rehabilitación porque no tiene nada que ver-, o con la fábrica Feicu de Xirivella, que se derribó". Defiende un concepto del patrimonio ligado a la sociología y a la cultura en su más extensiva acepción. "¿Dónde están las ventajas de que hoy, ahora, llegue hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez? ¿A qué precio?". Para Jordá, lo que no tiene precio es un barrio como no hay otro igual, "ni siquiera la Barceloneta, en Barcelona".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 23/03/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
La 'permanencia' histórica de los barrios desfavorecidos
FÉLIX ARIAS* : En las ciudades siempre ha habido bolsas de pobreza. Tienen su origen en los barrios en los que se sitúa la oferta de viviendas mas baratas del mercado, en alquiler o venta, y en las áreas en las que se alojan mediante autoconstrucción los nuevos hogares, en general inmigrantes a la ciudad, que no pueden acceder ni siquiera a dicha oferta. Se trata de barrios que nunca reunieron las condiciones mínimas de habitabilidad, barrios que fueron creados, desde sus orígenes, para la población de menos recursos, o terrenos que se ocuparon al margen del planeamiento e incluso de la urbanización.
La caracterización como barrio pobre, dentro del espacio social de la ciudad, se mantiene si no se producen actuaciones que revaloricen el área en el mercado inmobiliario, a través de la renovación de los edificios que suben de precio y son ocupados por grupos sociales o actividades económicas que pagan rentas mas elevadas.
Esta permanencia, en el espacio social de la ciudad, de los barrios desfavorecidos se mantiene incluso cuando se producen operaciones de realojo dando viviendas de calidad a los habitantes antes mal alojados, ya que la población sigue teniendo los mismos problemas sociales y económicos, eso si, en una vivienda habitable.
Muchos de estos barrios, que ocuparon los más pobres, se han mantenido a lo largo de las décadas como barrios desfavorecidos en los que vive población vulnerable.
Pongamos como ejemplo Madrid, pero ocurre análogamente en las demás ciudades españolas:
- En el casco, en los siglos XVIII-XIX, el barrio de Lavapies surgió y se mantiene como barrio desfavorecido.
- Con el cambio de siglo, la población inmigrante construyó sus casas rurales en los barrios exteriores al plan de la ciudad, y se mantienen en parte como áreas desfavorecidas (Tetuán, Puente de Vallecas, zonas de Carabanchel o Ventas del Espíritu Santo, etc.).
- En los años 50 el chabolismo, y después los polígonos públicos de realojo, se extendieron por San Blas, Vallecas, Villaverde, Carabanchel, y en poblados dispersos en otras zonas.
Finalmente se recrudecen, desde mediados de los 80, los problemas de integración de nuevos inmigrantes africanos (magrebies y subsaharianos), latinoamericanos y de países del este europeo, que se alojan en los barrios mas desfavorecidos en viviendas baratas de alquiler o se incorporan a núcleos de chabolismo junto a los que aun quedaban de chabolismo de etnia gitana.
En estos barrios desfavorecidos se acumulan diversos factores que, aparentemente, se refuerzan entre si, convirtiéndose en trampas para una gran parte de sus vecinos:
- se concentra población que acumula factores de vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, formación profesional obsoleta para el mercado laboral, y paro, o empleo precarizado, población que tiene por lo tanto escasos recursos económicos y una alta dependencia de las prestaciones sociales.
- en muchos casos las viviendas son inadecuadas cuando no se trata directamente de infravivienda, especialmente en cascos antiguos y áreas periurbanas o de ocupación de suelos no urbanizados.
- la vulnerabilidad se agrava también con las familias desestructruradas y monoparentales (muchas encabezadas por mujeres), así como con la existencia en el hogar de personas discapacitadas o socialmente inadaptadas. La falta de expectativas y estímulos de la juventud facilita el fracaso escolar y en ciertos casos la vinculación posterior a la droga y/o a algún tipo de marginalidad.
- en algunos casos se concentra población inmigrante con cultura y lengua, incluso de etnias distintas, que les dificulta su integración en la sociedad local.
- normalmente estos barrios suelen estar poco cuidados por las administraciones, con degradación ambiental, servicios deficientes, mala accesibilidad, y desde luego sin iniciativa económica local, abandono de los comercios y talleres, etc., es decir, con un imagen colectiva exterior e interior de abandono a lo "irremediable", que crea una situación de estancamiento, y a veces de marginalización, solo superada por las reivindicaciones vecinales cuando se organiza la parte mas activa de la población.
La vulnerabilidad es en sí un problema multidimensional, que requiere una actuación integrada para que las personas afectadas puedan superarlo, pero en los barrios desfavorecidos la actuación debe contemplar una intervención que, además, tenga en cuenta sus factores específicos: urbanísticos, ambientales, sociales, económicos y culturales.
Las actuaciones sectoriales apenas han conseguido aliviar alguna dimensión del problema (vivienda social, INEM, IMI, etc.), sin dar una alternativa a estas áreas en las que la población sigue estando formada por grupos vulnerables y los barrios en si siguen siendo desfavorecidos; los mismos barrios, incluso, después de ser remodelados con nuevas viviendas y equipamientos.
La dimensión espacial, de barrio, como factor de vulnerabilidad
La aplicación reduccionista de conceptos funcionalistas a la ciudad, ha producido: el aumento de la congestión y contaminación, "polígonos" de vivienda de poca calidad y escaso equipamiento, y una estructura de actividades de la ciudad muy segregada, con serias disfuncionalidades tanto globales como en sus barrios, que resultan monofuncionales y socialmente homogéneos, ignorando, los responsables técnicos y políticos del urbanismo, la necesaria diversidad funcional y social.
El urbanismo se apoyó en una lógica inmobiliaria (publica y privada), que ha impuesto un desarrollo urbano de fragmentación física, en muchos casos favorecida por una gestión de suelo que con pretensiones de eficacia se hace muy seguidista de la parcelación del suelo disponible o negociable, solo alterada por algunas iniciativas de actuaciones municipales surgidas en los gobiernos democráticos a partir de los 80.
Esta lógica de producir ciudad ha permitido, y permite, procesos paralelos que alteraron los barrios, reforzando, en los más vulnerables, las situaciones de declive:
- intervenciones públicas (obras, regulaciones) que aíslan y bloquean el barrio impidiendo su difícil regeneración.
- acumulación progresiva de vivienda pública para grupos vulnerables.
- concentración progresiva de grupos muy vulnerables (ej. inmigrantes extranjeros pobres) en infravivienda de alquiler, en áreas centrales o periféricas.
- desaparición de empresas locales (talleres, comercios, etc.) y rechazo de nuevas inversiones por cuestiones de entorno social, ambiente físico, inseguridad, etc.
- ambiente de economía informal, y tendencia de algunos sectores a la marginalización, etc.
- falta de recursos en el ambiente familiar y falta de apoyo suficiente de redes sociales
- dificultad de los residentes para plantearse, y acceder a, una nueva formación profesional y a los empleos.
- políticas inadecuadas con grupos especialmente vulnerables que entran en ciclo de marginalización, como jóvenes con fracaso escolar, pandillaje, etc., o parados de larga duración que terminan con problemas personales y familiares, etc.
- falta de apoyo a la vida cultural y asociativa de los barrios, y desatención de los afectados en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas a nivel local de barrio.
La interacción de estos factores crea procesos acumulativos. Aparece el efecto "barrio en crisis" que comporta nuevas desventajas a los vecinos, a través de complejos procesos culturales, sociales y familiares:
El medio urbano influye en el declive de los barrios desfavorecidos a través de elementos como: la degradación de edificios, falta de locales, escasa apropiación de los espacios públicos por la vida local (consecuente vandalización e inseguridad), contaminación de suelo, agua o aire, escasez de atractivo del espacio publico, difícil movimiento peatonal, falta de centralidades locales, mal acceso a la red de transporte publico de la ciudad, etc.
El medio social del vecindario también influye en el declive del barrio, a través de aspectos culturales que tienden a perpetuar el desfavorecimiento como: la alienación resignada (actitudes y comportamientos), la estructura familiar (relación con los hijos, educación, numero personas activas por familia, cargas familiares, etc.), la influencia de los modelos sociales que se extienden en los colectivos sociales del vecindario, etc. El papel de las instituciones y de los servicios a nivel local y la actitud ante las asociaciones cívicas es asimismo básica en la evolución de estos factores.
El declive de los barrios desfavorecidos en el momento actual
Las tendencias de los barrios desfavorecidos parecen evolucionar hacia un mayor declive con las nuevas situaciones de precariedad laboral y paro duradero, que afectan a grupos extensos cuasi excluidos del mercado laboral, y que se concentran en estos barrios especialmente.
Desde finales de los 70 los mercados laborales están cambiando y el paro ha aumentado sin que los ciclos económicos parezcan tener capacidad para crear suficiente empleo, especialmente para la población con estudios mínimos y escasa cualificación laboral.
La situación de inestabilidad económica y pobreza que se genera, en las personas y familias, unida a condicionantes sociales como la desestructuración familiar y el entorno social del barrio, crean círculos viciosos de declive y marginalización que pueden llegar a situaciones de exclusión. Estas situaciones son especialmente graves cuando las personas o familias están afectadas además por otros factores de vulnerabilidad derivados de alguna discriminación por motivo de edad, genero, etnia, discapacidad, etc.
Por otro lado, el crecimiento difuso de las ciudades parece estar polarizando la ciudad mas, si cabe, en barrios favorecidos y desfavorecidos, mostrando las desigualdades sociales y económicas en barrios muy definidos, incluso en recintos aislados. El aislamiento de las áreas de vivienda y las de empleo, o las de servicios, es cada vez mayor, y la dependencia del transporte, y del coche, es cada vez mas alta, con el consiguiente perjuicio para los mas desfavorecidos.
Las teorías neoliberales consideran que el aumento del paro en una ciudad o barrio, es un desequilibrio temporal que se va ajustando automáticamente; habrá parados que se irán a donde haya empleo y empresas que acudirán a donde haya oferta de trabajo. Pero estos mecanismos, independientemente de su ineficiencia social e injusticia personal, no funcionan de forma fluida en términos generales y además no son ciertos en los segmentos desfavorecidos de la sociedad, que tienen formación obsoleta, información insuficiente, dificultades para acceder a las nuevas viviendas inasequibles en precio y/o que se siguen produciendo en un espacio social muy segregado, y tienen escasa accesibilidad a empleos nuevos alejados.
La vulnerabilidad en los barrios desfavorecidos tiende por lo tanto a agravarse tanto en sus dimensiones económicas, como sociales y espaciales.
¿Qué políticas necesitan los barrios desfavorecidos?
Estamos señalando que el problema de los barrios desfavorecidos es multidimensional, producto de complejas interacciones entre factores espaciales, sociales y económicos, que actúan de forma acumulativa. Los foros internacionales (ONU, OCDE, UE, etc.) en los que se debaten estos temas han elaborado distintos informes en los que se parte de los siguientes presupuestos en base a la experiencia:
- inadecuación del mercado como mecanismo único de ajuste de los problemas de cohesión social y de sostenibilidad.
- pérdida de credibilidad de los gobiernos entre amplios sectores de la población, ante la falta de actuaciones correctoras focalizadas y eficaces.
El mantenimiento en los barrios desfavorecidos, y en el conjunto de la ciudad, de una intervención publica inadecuada a los intereses de los grupos vulnerables, muchas veces no-intervención, conduce inexorablemente al mantenimiento de estos barrios en sus procesos de declive.
Si no se promueven actuaciones especificas que permitan mejorar las estructuras sociales y económicas de los barrios desfavorecidos, se corre el riesgo de que la degradación de las áreas que aun no están en situaciones muy graves llegue hasta situaciones mas difíciles de resolver, ya que alcanzado un cierto umbral de declive la regeneración es mucho mas difícil, larga y costosa.
La desigualdad creada por el sistema de mercado se ha abordado en las sociedades europeas, sobre todo, mediante mecanismos de Estado de Bienestar, como fuerza equilibradora forzada por las luchas sociales, para la redistribución de recursos mediante transferencias fiscales que garanticen unos mínimos en determinados servicios y calidad de vida. En los barrios desfavorecidos son necesarias, como complemento del Estado de Bienestar, políticas urbanas integradas, cuyo fin sea introducir una dinámica positiva sobre un barrio desfavorecido.
Las Administraciones tienen unas delimitaciones territoriales y una distribución de competencias, que dificultan una actuación en favor de los mas desfavorecidos, y mas aun si se mantiene el crecimiento difuso, y segregado, actual de las ciudades:
La fragmentación municipal de las ciudades, por ejemplo, dificulta las transferencias fiscales entre barrios ricos y pobres a través de las actuaciones municipales, ya que la desigualdad espacial empieza a darse entre municipios de una metrópoli tanto o mas que en los barrios dentro de un mismo municipio.
Por otro lado, los gobiernos de escala superior, nacional y regional, no acaban de asumir en España que las transferencias fiscales para actuar en esta materia sean de su competencia, y apenas generan financiación para actuaciones publicas en barrios desfavorecidos, como hace la UE y muchos países (Francia, UK, Holanda, Dinamarca, USA, etc.).
Otro problema a resolver es el que se deriva de la estructura administrativa de los gobiernos de distintos niveles, que hace que las actuaciones para grupos vulnerables y barrios desfavorecidos se inicien por departamentos sectoriales que plantean medidas propias de su competencia, es decir verticalmente. La falta de efectividad de estas medidas sectoriales supone en muchos casos el mantenimiento del proceso de marginación (a veces con unos mínimos asistenciales cubiertos) y el aumento de las desigualdades.
Como ejemplo se puede tomar la política de vivienda. Durante los 50-60-70 se concibió esta política como el remedio para los desfavorecidos, bajo la hipótesis de que el problema era la escasez de vivienda, pero confiando en el desarrollismo para la creación de empleo y el aumento de los ingresos familiares.
Desde mediados de los 70 el crecimiento del paro ha cambiado la situación, pero la política de vivienda y urbanística no se ha adecuado prácticamente a la nueva situación, sin plantearse medidas especificas y focalizadas para los grupos vulnerables, ni en materia de vivienda, ni en las políticas urbanísticas para mejorar la integración y diversidad interna de los barrios, ni mediante políticas integradas que acometan las necesidades de los barrios desfavorecidos, que requieren, por motivos de cohesión y de sostenibilidad, políticas urbanísticas y de medio ambiente urbano integradas con políticas de desarrollo local y otras políticas sociales.
Las políticas tienen que tener una concepción dinámica para poderse adaptar a la diversidad de situaciones que surgen en el terreno, especialmente si se acepta que las actuaciones a desarrollar se tienen que consensuar y priorizar entre los agentes sociales, en su concepción y a lo largo de su ejecución. Los departamentos de las administraciones deben poner sus conocimientos y recursos a disposición de instrumentos de cooperación intersectorial orientados por objetivos, con la participación de los afectados (asociaciones, empresarios, profesionales, etc.).
Avanzar hacia una nueva política de barrios
Hay distintos procesos en curso que están en favor, o impulsan, el desarrollo de nuevas políticas en los barrios:
- la vuelta al territorio como lugar en el que potenciar el desarrollo económico y social dentro de los limites de la sostenibilidad local y global. Adquieren relevancia las iniciativas locales y su articulación espacial para la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida, considerándose cada vez mas importante para ello el ambiente natural, urbano, social, y productivo.
- la racionalización y la descentralización de la administración publica. El cambio de los problemas y la presión presupuestaria y fiscal, que supone el gasto social, están llevando a adaptar las estructuras administrativas y de definición y programación de políticas: subsidiariedad o proximidad, transferencias de competencias, cooperación entre competencias concurrentes, análisis de coste-efectividad, evaluación de impactos de las políticas, seguimiento y evaluación de la calidad de los resultados y su efectividad sobre los objetivos, etc.
- exigencia de la opinión publica y de los electores de una política de mayor corresponsabilidad cívica para abordar los problemas de creación de empleo, cohesión social y sostenibilidad, de forma que dejen de ser los eternos problemas irresueltos, como viene ocurriendo por la falta de adecuación de los enfoques actuales. Las políticas macro contra el paro, etc., son poco efectivas para los grupos vulnerables, y de difícil lectura por la opinión publica, que ve al mismo tiempo la permanencia de los barrios desfavorecidos.
En España, sin embargo, los gobiernos no han asumido aun la necesidad de financiar actuaciones integradas y de reajustar para ello sus programas inversores y su estructura administrativa. Estas políticas están apenas balbuceando en nuestro país, gracias a:
- Ayuntamientos que se enfrentan a sus problemas locales en base a las reivindicaciones vecinales, y poco a poco complejizan sus actuaciones coordinando departamentos y buscando financiación.
- Programas de la UE que exigen estos planteamientos para aportar financiación.
* Félix Arias - Arquitecto urbanista. Coordinador del Informe para la OCDE sobre Barrios Desfavorecidos en España
* Indymedia Estrecho - 21 mar 2008
Condenan al ex alcalde de Cómpeta a siete años de inhabilitación por un delito urbanístico
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LAOPINIÓN/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº1 de Málaga ha condenado a una pena de multa y a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público al ex alcalde de la localidad malagueña de Cómpeta, Leovigildo López, por un delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para construir sobre suelo no urbanizable.
Los hechos, que se declaran probados de conformidad de las partes, tuvieron lugar en junio de 2001, cuando el entonces regidor de dicho municipio concedió a favor de un particular licencia de obras para movimientos de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en una parcela del paraje conocido como 'El pulido'.
Dicho suelo, según la sentencia del juzgado de lo penal a la que tuvo acceso Europa Press, estaba calificado como no urbanizable, "incumpliéndose el planeamiento urbanístico con pleno conocimiento de estos extremos", ya que en el informe elaborado por el arquitecto municipal se pedía la denegación de la licencia.
Además, la resolución precisa que no se podía conceder licencia de primera ocupación en noviembre de 2004. Estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística y tanto el acusado como su defensa se mostraron conformes con el escrito de acusación que el ministerio fiscal modificó en el juicio, y con las penas solicitadas, "con conocimiento de sus consecuencias".
Así, se le condena a una pena de multa de 12 meses, a razón de una cuota diaria de seis euros, lo que supone una cantidad total de 2.160 euros, además de la inhabilitación durante un periodo de siete años para desempeñar empleo o cargo público, según la sentencia.
* La Opinión de Málaga - Europa Press - 23 de marzo de 2008
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
Los vecinos del Castillo del Romeral se manifiestan en contra de la cárcel
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CANARIAS7* : Los vecinos del Castillo del Romeral, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, celebraron ayer una procesión - manifestación para expresar sus plegarias por la comarca de Castillo, Matorral, Aldea y Juan Grande. Los vecinos consideran en un comunicado, que la comarca está desamparada porque los políticos traen todas las “infraestructuras negativas a esta parte de la Isla, pero por el contrario esto no se traduce en servicios ni beneficios positivos que se aprecien para la zona”.
La procesión, a la que asistieron algunos vecinos ataviados con una túnica de nazareno, recorrió diversas calles del pueblo y posteriormente continuó hasta Juan Grande. En su recorrido se plantaron multitud de cruces como símbolo de las distintas partes de la comarca que consideran que van a morir.
En este sentido, el Consejo de Vecinos ha tenido acceso a la Memoria Consultiva para analizar si el Proyecto de construcción de la Prisión de Maspalomas debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Entre las “lindezas” que dice esté informe y que aumenta la indignación de los vecinos está en que en las medidas a llevar en las obras, “se tratarán de limitar las operaciones susceptibles de producir cantidades significativas de polvo en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables, adoptándose medidas como la humectación previa de superficies en caso de ser necesario.”
Justamente, los vecinos han denunciado y parado las obras por dos veces debido a que el fuerte viento, típico de la zona, junto a los movimientos de tierra, produce una gran columna de polvo que llega directamente al pueblo. Y la gente se pregunta que si ya desde el inicio están incumpliendo sus propias normas de ejecución de obras que no harán cuando lo consideren necesario.
El comunicado enviado por los vecinos añade que las instituciones penitenciarias dice en el informe, que no es necesario pedir permiso de obras ni hacer Informe de Impacto Ambiental al considerar dicha obra de “Interés General”. Así, ellos “imponen todo tipo de infraestructuras, sin someterlas a alegaciones y es más, con grave desconocimiento del entorno donde se van a ubicar”. De esta forma, pretenden construir un emisario submarino de 1.500 metros en la costa del Castillo y en el informe comentado dicen: “…señalar que actualmente no se encuentran descritos o inventariados valores singulares naturales para dicho tramo costero, por lo que a priori no se encuentra ningún inconveniente ambiental para la construcción del emisario y el vertido en la zona de las aguas depuradas.”
Precisamente, donde quieren hacer el emisario, para servicio de la depuradora “que también quieren construir”, se encuentra una Piscifactoría con unas 10 jaulas para la cría de doradas y lubinas, industria que se estableció en esta zona y es una de las principales que se desarrollan en Canarias. “El informe no menciona a la Piscifactoría para nada y tampoco dice que la zona es muy rica en pesca, a pesar de los grandes impactos negativos que tiene alrededor”.
Mientras tanto, en los vecinos crece la indignación: “Nuestros políticos, que tienen este informe, no se enteran de nada o no se quieren enterar y es mas, nos dicen en el caso de la regasificadora, que como se va a instalar a 2 kilómetros de la costa del Castillo, y esta no pertenece al territorio Municipal, al Ayuntamiento no le compete decir nada al respecto”.
* Canarias 7 - ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria - 23 marzo 2008
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - radiobardino.com
Costas blindará 187 kilómetros del litoral de Cádiz contra el urbanismo
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ELPAÍS* : Medio Ambiente ampliará a 200 metros la zona de protección en 24 tramos. La ley de Costas cumplirá este verano 20 años. Su artículo 23 es el que regula que la servidumbre de protección debe recaer sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Esa normativa ya incluía la posibilidad de extender otros 100 metros más esa protección pero es ahora cuando la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha señalado 24 tramos del litoral gaditano donde esta ampliación se va a ejecutar, lo que asegurará que estos lugares, de gran valor paisajístico y medioambiental, queden libres de edificaciones y puedan ser sometidos a procesos de mejora y conservación. En total, 187 kilómetros de la costa de Cádiz serán blindados contra el urbanismo salvaje y los efectos del cambio climático.
La propuesta de la Demarcación está dentro del marco de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y contiene una selección de zonas costeras de alto interés para la ampliación de la zona de servidumbre de protección a los 200 metros. Es la primera vez que en España se prepara un documento similar, con tramos detallados y prioridades de actuación establecidas. "Es un elemento novedoso en el ámbito de la gestión costera que no se está haciendo en ningún sitio del Estado español", reconoce el máximo responsable de este trabajo, Federico Fernández, quien hasta hace unos días era el jefe de la Demarcación, aunque actualmente lleva la gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz.
Los objetivos de este proyecto son tres: garantizar la conservación de los valores naturales y culturales, favorecer la recuperación y conexión de espacios costeros y asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. Los 24 tramos seleccionados afectan a 16 municipios diferentes: Barbate, Conil, El Puerto, Rota, Tarifa, Puerto Real, Trebujena, Sanlúcar, San Roque, La Línea, Vejer, Chipiona, Los Barrios, Chiclana, La Línea y Algeciras. De los 24, nueve ya se están tramitando y tardarán tres años en concluir. Son los acantilados de la Breña (Barbate), el conjunto de Cabo Gracia, Punta Camarinal y El Lentiscal y la ensenada de Valdevaqueros y Los Lances (Tarifa), el monte público de las Dunas de Rota, las dunas de San Antón y el coto de la Isleta (El Puerto), la margen izquierda del río San Pedro (Puerto Real) y el entorno del río Roche y el tramo litoral de Roche (Conil).
Esta posibilidad existía desde hace 20 años pero, hasta ahora, no se había utilizado. Fernández aporta un porqué. "Exige un ejercicio magnífico de consenso del Gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos". Según explica, los consistorios "no tienen por qué tener como prioridad la protección y, por eso, hay que convencerles con argumentos". En eso se basa la política de incentivos que promueve ahora el Ministerio de Medio Ambiente, que premia la gestión y el cuidado costero con inversiones como la habilitación de senderos o la construcción de paseos marítimos.
Para que la zona de servidumbre se pueda ampliar estos terrenos tienen que ser no urbanizables. Se han seleccionado 24 tramos poco o nada afectados por la mano del hombre para que el consenso requerido sea más fácil de conseguir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas zonas donde ya se ha edificado? Ahí, la solución, según Fernández, es otra. La Demarcación de Costas negocia directamente con los ayuntamientos y propone la demolición de viviendas consensuadas con los propietarios. Acuerdos de este tipo se han acordado ya en Rota y Vejer, donde se ha programado la demolición de 52 casas, y también en Montijo, entre Chipiona y Sanlúcar, y Zahora, en Barbate.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 23/03/2008
Foto: Una vista aérea del conjunto de Cabo de Gracia, en Tarifa (Cádiz)- GARCÍA CORDERO, elpais.com
Veïns de Parcent acusa al Consell de usar dos varas de medir en los planes urbanísticos
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LEVANTE/Alacant* : Disparidad de criterios o casos urbanísticos totalmente opuestos. Para la plataforma Veïns de Parcent la conselleria de Medio Ambiente tiene dos varas de medir diferentes dependiendo del plan urbanístico que se presente a aprobación o desestimación (como es el caso de los tres PAI de Parcent).
El argumento esgrimido por el colectivo vecinal se refiere a la reciente decisión, del pasado 17 de marzo, de la Comisión Territorial de Alacant de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que, según Veïns de Parcent "tras detectar numerosas deficiencias entre ellas la carencia de agua para el Plan Rabassa de las 15.000 viviendas de Alacant, se devuelve dicho proyecto al ayuntamiento para que se resuelvan los inconvenientes detectados".
Los vecinos lamentan que, sin embargo, "cuando el ayuntamiento de Parcent observó importantes deficiencias" en los tres PAI de este pueblo que se pueden traducir en 1.500 casas "pidió la devolución de la documentación a la conselleria, para también subsanar las deficiencias". Tras dicha propuesta el consistorio de la Marina Alta recibió "un no rotundo" por parte de la conselleria por considerar que "no resulta el cauce procedimental adecuado la devolución de la documentación a fin de retomar actos administrativos ya conclusos, cual es la aprobación provisional por parte del municipio". La plataforma contraria a los tres PAI de Parcent señala que todo esto se produjo "a pesar de que la Confederación Hidrográfica, como en el caso del Plan Rabassa, haya presentado un informe negatio sobre el agua".
Los ciudadanos de Parcent se preguntan "cuál es el criterio de la conselleria" y advierten que en el caso de Alacant siguen con el cauce de la devolución al consistorio "porque en Alacant, tienen un amigo en la casa del pueblo que, probablemente, les hará un apaño con dicho plan", en cambio en Parcent se cuestionan si"¿es que tienen miedo de que el ayuntamiento aplique la objetividad?".
Argumentos del TSJ
El Plan Rabassa, tuvo una sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente por la que se recomendaba que el ambicioso programa urbanístico estuviese englobado dentro de un nuevo PGOU. Una idea que la Síndica de Greuges también trasladó al consistorio de Parcent en el caso de los tres PAI. Además el TSJ advirtió respecto al proyecto de la Marina Alta que "se intenta ordenar una superficie de 1.019.861 m2, y posibilitar la construcción de 1.496 viviendas, lo que desde luego es excesivo para este tipo de instrumento-refiriéndose al concierto previo o normas subsidiarias-ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo", es decir, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Finalmente, la plataforma ciudadana pide a la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que "sea más seria" y entienda que "los papeles que hay encima de la mesa no son ninguna quiniela, son el futuro y las decisiones no se pueden basar en "tú sí, tú no"".
* Levante-EMV - V.X.C.R., Parcent - 23 de marzo de 2008
Foto: Los vecinos de Parcent se oponen a las 1.496 viviendas/ levante de alacant
Una sentencia obliga a cortar el acceso a un puerto ilegal de Vigo
ELPAÍS* : El puerto deportivo A Lagoa, en Teis (Vigo), promovido por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencias de ningún tipo y entre órdenes de derribo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de añadir otra irregularidad, al reconocer que utiliza como carretera de acceso un cortafuegos municipal.
La utilización de este paso por los usuarios del puerto tiene paralizada una inversión de 3 millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción del paseo marítimo de Teis, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos.
La sentencia hace referencia a un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vigo, adoptado por unanimidad el 31 de enero de 2005, que obligaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por el cortafuegos, una medida que la entonces alcaldesa Corina Porro, del PP, sólo hizo efectiva durante unas pocas semanas. Los promotores de la marina ilegal, que cuenta con 355 plazas de amarre, recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y ahora ante el alto tribunal gallego.
El recurso de A Lagoa había sido rechazado inicialmente por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia asume los razonamientos jurídicos de la anterior sentencia, que justificaron el rechazo del recurso por su extemporaneidad. El primer fallo también rechazó la reivindicación que hizo la promotora del puerto deportivo de una servidumbre de paso a su favor.
Camiones de gran tonelaje y turismos siguen utilizando el ancho camino municipal para entrar y salir de la marina. El único acceso legal por tierra es un vial angosto por el que no pudo circular el tráfico pesado que permitió la construcción del puerto deportivo, inaugurado en 2005, como tampoco los tráileres con los yates que están a la venta en una de las naves del puerto deportivo. Como alternativa, los promotores utilizaron el cortafuegos.
La marina, ubicada en A Guía, cuenta con una doble oposición vecinal, ya que a las críticas a las irregularidades y al impacto ambiental del proyecto se suma la denuncia del bloqueo de un paseo marítimo, que debía pasar precisamente por el cortafuegos. El Ministerio de Medio Ambiente consignó por primera vez en 2003 una partida de 3 millones de euros para el paseo marítimo de A Guía, que no ejecuta porque el Ayuntamiento no pone a su disposición los terrenos que la empresa, Astilleros y Construcción Lagoa -de la que Fernández de Sousa es presidente-, utiliza como carretera de acceso.
Los promotores de la marina contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron entre otras en la ampliación de una nave para almacenamiento de barcos y la construcción de otra totalmente nueva. El Ayuntamiento de Vigo decretó sendas órdenes de derribo que Fernández de Sousa nunca ejecutó.
Además de estas dos grandes naves, con sentencias judiciales que avalan la demolición, en la zona de relleno también se levantó lo que debía ser una caseta desmontable de 30 metros cuadrados para una taberna. En lugar de ello, la promotora levantó una construcción cinco veces superior a la autorizada, en la que funciona un restaurante de lujo y que carece de la posibilidad de ser desmontada. El gobierno local de Vigo aprobó una resolución de derribo, pero tampoco en este caso ha llegado a ser ejecutada.
Un contencioso administrativo de la promotora paralizó la denuncia que había formulado la fiscalía, que imputaba a la empresa un delito de ordenación del territorio. El escrito del fiscal, del 5 de septiembre de 2005, revela la construcción de naves "de grandes dimensiones" con baños y servicios "con emisión directa al mar, sin emisarios ni depuración alguna".
Palabra de Caballero
El programa electoral de Abel Caballero no deja lugar a dudas. "Faremos máis por Teis", reza el folleto que los socialistas repartieron en la campaña de las municipales por el barrio al que pertenecen A Guía y A Lagoa, promesa que se explicita en diez propuestas. Una de ellas, la número ocho, sentencia: "Cierre del cortafuegos de A Guía y concretar con el servicio de costas la ejecución del paseo en torno a A Guía por el borde litoral".
Transcurridos ocho meses desde que el candidato del partido socialista se convirtiera en alcalde de Vigo, el Ayuntamiento de la ciudad no ha movido ficha.
Pero no es el actual alcalde el primero que sufre la tensión entre satisfacer los deseos vecinales sin afectar los intereses de la empresa que preside Fernández de Sousa.
El gobierno local de Corina Porro decretaba órdenes de derribo que nunca ejecutaba. Tampoco fue capaz de sostener en el tiempo el cierre al tráfico del cortafuegos a los camiones de A Lagoa, a pesar de que su grupo, el Partido Popular, siempre votó a favor de las mociones para impedir el tráfico pesado por el vial municipal.
Pese a las ilegalidades que rodearon la construcción de la marina, ubicada en una zona privilegiada del litoral vigués, tanto Corina Porro como el entonces director general de Deportes de la Xunta, en la actualidad teniente de alcalde vigués, Santiago Domínguez, del BNG, no tuvieron reparos en asistir a la inauguración de las instalaciones, en los días previos a la salida desde Vigo de la Volvo Ocean RACE.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 23/03/2008
Foto: Vigo, parque en Teis - turismogalicia
Una jueza ordena paralizar el derribo de una de las últimas chabolas de El Salobral
EUROPAPRESS/Madrid* : La jueza de lo Contencioso-Administrativo nº20 de Madrid, Gema Ortega, ha ordenado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, la paralización del derribo de una de las últimas chabolas que quedan en pie en el poblado de El Salobral, en el que se prevé sustituir las infraviviendas por otras de protección oficial y por un polígono industrial que revitalice el distrito de Villaverde.
En este poblado chabolista, con una superficie de 22 hectáreas, vivían en precarias condiciones de salubridad alrededor de más de 1.200 personas, de las que la mayoría han sido ya desalojadas. Una de las familias que reside todavía en la zona llevó el caso a los tribunales, que ahora le da la razón por no existir "interés público" en el desmantelamiento de su casa para los planes del Gobierno municipal.
En un auto hecho público este miércoles, la magistrada acuerda acceder a la petición de paralización del derribo de la chabola, situada en el Sector 3. Este procedimiento judicial se inició con la interposición de un recurso por la familia contra la negativa de la Dirección General de Urbanismo de parar una orden de desalojo de la infravivienda con un reducido plazo de 15 días.
La jueza acuerda en la resolución la suspensión del desalojo, esgrimiendo que el Ayuntamiento de Madrid "no alega ni prueba en qué medida se impide -con el derribo- la ejecución del planeamiento" que tiene previsto llevar a cabo en la zona.
Sustenta su decisión en "la especial protección" de la casa del recurrente "con rango constitucional, el desarraigo social y la situación de angustia" que provocaría la medida ordenada por Urbanismo, sin que "exista un interés público especialmente comprometido de suspenderse el acto administrativo".
En esta línea, se refiere al artículo 24 de la Constitución, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", aludiendo de manera implícita al derecho a tener una vivienda.
Aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, recuerda que "toda orden de demolición por su propia naturaleza implica la destrucción de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminación del proceso pendiente en el que se tiene que decidir acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente a perjuicios de muy difícil reparación".
En el presente caso, la magistrada recalca que, si bien "se trata de una chabola y, por tanto, quizá no podría sostenerse que su demolición suponga pérdida de riqueza, lo cierto es que la misma constituye el domicilio del recurrente y su familia".
El abogado Roberto Alonso Martín, que defiende a la familia, ha lamentado que la mayoría de las personas que vivían en El Salobral hayan abandonado sus hogares sin acudir a la Justicia, que ahora se ha puesto de su lado ante su sorpresa.
Martín decidió solicitar una medida cautelar contra el desalojo, puesto que el convenio entre la Comunidad y el Consistorio "no estableció ningún límite de tiempo" para que los vecinos dejaran el lugar. "Se inventaron un plazo para que esta familia dejara su casa", recriminó el letrado, quien adelantó que prevé presentar una querella contra la Comunidad por supuestas coacciones y amenazas contra la familia.
* El Mundo - Europa Press - 19/03/2008
Foto: El derribo, en diciembre, de chabolas en el poblado de El Salobral / Jaime Villanueva, elmundo.es
La defensa de El Cabanyal
ADOLF BELTRAN/Valencia* : La sentencia cuyo fallo hizo público el pasado 13 de marzo el Tribunal Supremo despeja a favor del Ayuntamiento el camino legal del proyecto, tras una década de pleito con los afectados. Sin embargo, esa resolución está lejos de convertir la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez por El Cabanyal en una opción urbanística indiscutible.
Parecería superfluo recordarlo si no reinara en Valencia ese clima de descalificación sumaria del discrepante que avivó una vez más la alcaldesa Rita Barberá al arrojar con desparpajo a las tinieblas de la "izquierda radical" a quienes han luchado contra la expropiación y, de rebote, a todos los que no están de acuerdo con su enérgico plan.
Derribar 450 inmuebles, en los que hay más de 1.600 viviendas, para que la vieja aspiración de la "avenida de Valencia al mar" se consume en una rotonda gigantesca junto a la playa, no es ilegal (lo ha dicho el tribunal, aunque todavía no haya hecho públicos sus argumentos), pero ha de poderse discutir con criterios urbanísticos, sociales y patrimoniales si es que no hemos decidido dimitir como sociedad civil. En la Escuela de Arquitectura de Valencia se ha planteado a los estudiantes decenas de veces como ejercicio la sutura de la gran avenida y el viejo tejido urbano del Marítimo. ¿Por qué no puede acabar la avenida de Blasco Ibáñez en una rotonda unos cientos de metros antes de llegar al mar, donde hoy se topa con la delicada trama de El Cabanyal? ¿De verdad es necesario partir el barrio en dos? Parece mentira que, hoy, todavía haya que reivindicar el valor democrático de decir que no.
* ELPAIS.com - Opinión - ADOLF BELTRAN 23/03/2008
Marbella solicita que se aplace la ejecución de 60 fallos urbanísticos
ELPAÍS/Málaga* : La escena se ha repetido en 60 ocasiones. El Ayuntamiento de Marbella, presidido por Ángeles Muñoz (PP) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aplace la ejecución de 60 sentencias que afectan a viviendas ilegales de la ciudad, amparándose en que es mejor esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para ver si esas construcciones tienen cabida y no es necesario demolerlas.
Hasta el momento, la postura del Ayuntamiento ha sido secundada por la Junta de Andalucía, que denunció las irregularidades y solicitó la ejecución de varias sentencias. De hecho, el equipo redactor del PGOU ya propuso regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por el que los promotores aportan de su bolsillo los terrenos para zonas verdes y equipamientos esquilmados a sus vecinos en los últimos 15 años.
"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha aceptado nuestra petición en cuatro ocasiones", declararon ayer a Europa Press fuentes municipales. La situación se ha dado cuando todas las partes implicadas están de acuerdo en dejar en suspenso la sentencia, como en el caso de la nave de materiales de construcción La Juanita, levantada sobre una zona de equipamiento y condenada a ser expropiada.
Los problemas llegan con la entrada en escena de intereses de particulares cuyas casas han perdido vistas o zonas de recreo por las viviendas ilegales. Entre ellas está la comunidad de propietarios Los Monteros, que reclama la ejecución de una sentencia que implicaría la demolición de parte de la vivienda que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa. La licencia de obra, otorgada en 1995, ha sido anulada porque parte de la construcción ocupa una zona destinada a equipamientos.
En este caso, como en el resto, el Ayuntamiento ha pedido tiempo al TSJA, mientras que la comunidad de propietarios se ha negado a aplazarlo más. "No se puede dejar la ejecución de una sentencia a un plazo indeterminado teniendo en cuenta que ni siquiera se han resuelto las alegaciones que se han realizado en su aprobación inicial", opina la abogada Inmaculada Gálvez, letrada de la comunidad de propietarios, en su escrito. "El Ayuntamiento tendría que haber marcado un plazo máximo para su cumplimiento", añade.
En su lucha para que el consistorio no dilate más la ejecución, los vecinos de Los Monteros han denunciado ante la Fiscalía al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz. Estos residentes creen que la negativa de la alcaldesa a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo plan supone prevaricación. En su denuncia, los vecinos hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de parte del chalé de Banderas.
El fiscal todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar de Ecologistas en Acción. En ella, también se acusaba al equipo de Muñoz de supuesta prevaricación al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por el GIL entre 1991 y 2006.
Los vecinos de Arroyo Guadalpín también batallan por conseguir que se ejecuten los fallos. Reclaman que se cumpla una sentencia que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad y les quita vistas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 21/03/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Los barrios también somos Madrid
OTROMADRID* : Declaración por los barrios de Madrid. Los barrios somos parte de esta ciudad.
Hubo un tiempo en el que no era necesario decirlo, cuando los barrios éramos protagonistas de la historia de un Madrid que despertaba a la modernidad. De aquella época fueron las remodelaciones y las luchas por una vivienda digna. Tiempos en que nuestros sueños se convirtieron en grandes logros: parques, colegios, centros culturales, instalaciones deportivas y un largo etcétera. Gracias a la participación de todos estábamos construyendo una ciudad más humana. Orcasitas, El Pozo, Carabanchel, Palomeras, Vallecas, Villaverde, San Blas o Caño Roto…. fueron barrios emblemáticos, formados a partir de la inmigración de los años cincuenta y sesenta, cuando nuestros padres vinieron a buscarse a vida a la gran ciudad, como ahora hacen miles de inmigrantes. Cuando Madrid estaba en plena "movida" los barrios incluso fuimos capaces de crear nuestra propia cultura urbana: fuimos los "hijos del agobio", con nuestra música: el rock urbano y las rumbas, nuestro lenguaje, el cheli, y nuestra identidad: el barrio obrero con sus bailongos, charlas de patio y fiestas de gigantes y cabezudos. Supimos superar con imaginación y voluntad los años duros de la crisis y la heroína. Porque en ese tiempo, que ahora parece remoto, los barrios teníamos voz y sentíamos "orgullo de barrio" como sinónimo de convivencia democrática y lucha por las libertades. Actualmente los barrios hemos caído en el olvido. Se nos ha relegado al papel de pequeñas ciudades dormitorio en torno al "Gran Madrid". Pequeñas islas donde la lucha por la vida se desenvuelve al margen de lo institucional y lo mediático. Hay barrios que tienen incluso más habitantes que otras que llaman ciudades y sin embargo permanecemos invisibles, diluidos en la gran urbe impersonal. De nuevo los barrios reivindicamos nuestro papel en el diseño de la ciudad. Porque tenemos nuestra propia identidad, nuestra historia, nuestras costumbres y manifestaciones culturales. Porque aunque entendemos que cualquier proyecto de ciudad ha de tener una proyección global, ésta no debe ser incompatible con los barrios. Por el contrario, los barrios podemos contribuir a enriquecer la ciudad, a hacerla más habitable, más cohesionada, más humana. Los barrios tenemos un gran papel que desempeñar en el Madrid del siglo XXI. ¡Queremos salir de la invisibilidad y formar parte de esta ciudad! ¡Queremos tener una voz propia y que sea tenida en cuenta! Porque los barrios también somos Madrid
ADHESIONES
MOVIMIENTO VECINAL
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM)
A.VV. Progreso de la Fortuna
A.VV. Los Pinos de San Agustín
A.VV. Los Pinos de Retiro Sur
A.VV. Barrio de Zofio
A.VV. Valle Inclán de Prosperidad
A.VV. Barrio del Lucero
A.VV. Las Águilas
A.VV. Poblado de Orcasitas
A.VV. Cornisa de Orcasitas
A.VV. Orcasitas
A.VV. La Unión de Vallecas
A.VV. La Popular
A.VV. Las Cárcabas
A.VV. Comerciantes de Villaverde
A.VV. La Princesa
A.VV. San Fermín
A. VV. Cuatro Caminos
A.VV. Villarrosa
Centro Sociocultural Mariano Muñoz
Movimiento por la Calidad de la Educación en el Sur y en el Sureste de Madrid
Más adhesiones en www.orcasitas.net
* Otro Madrid - Orcasitas reivindica los barrios como parte del modelo de ciudad - 18/03/08
Foto: Madrid, Orcasitas manifestación ante el Ivima (4 de marzo, 2008) - orcasitas.net
