Benalmádena, un municipio hormigonado a la sombra de Enrique Bolín

ELOBSERVADOR/Málaga* : El paseo marítimo por la ‘Costa del Solar’ se detiene hoy en Benalmádena, el cuarto municipio con mayor ocupación urbana -el 69,3%- en su primer kilómetro de litoral, señalado como otro de los “puntos negros” del litoral malagueño por Ecologistas en Acción o Greenpeace. Un municipio cuyo espectacular ímpetu urbanístico no se explica si no es por el hombre que ha manejado las riendas del consistorio desde que en 1966 accediera por primera vez a la alcaldía, Enrique Bolín, cuya herencia, tras perder estos últimos comicios, es un municipio con sus posibilidades de crecimiento agotadas y la mitad de suelo sellado por el asfalto.

Vertidos, contaminación, problemas de tráfico y una depuradora en pruebas hacen el resto.

UNA noticia define bien el estilo de Enrique Bolín en la que ha sido durante muchos años su particular parcela de poder en la Costa del Sol. Cuando el ‘caso Malaya’ estaba en su apogeo y la corrupción en Marbella ocupaba grandes titulares de los medios nacionales, el ex alcalde de Benalmádena homenajeó a dos de sus principales imputados, los constructores Rafael Gómez ‘Sandokan’ y Cristóbal Peñarroya. En su discurso de agradecimiento a estos dos promotores Bolín argumentó que ambos “habían contribuido al desarrollo de la ciudad” y que al fin y al cabo, “todos estamos imputados por algo”.

LA de Bolín es una biografía política digna de estudio. Descendiente de una poderosa familia hotelera malagueña, alcalde franquista con tan solo 26 años, adscrito al Partido Popular del que fue expulsado tras un incidente en Gibraltar -le pillaron con cocaína, vídeos porno y unos menores en su yate- formó su propio partido independiente y ha salido indemne de mil batallas y luchas políticas logrando varias mayorías absolutas en Benalmádena. Hasta el punto que el PP le quería en sus filas de nuevo para estas últimas elecciones municipales.

PESE a que ha sido denunciado en varias ocasiones y acusado de corrupción, tráfico de influencias, cobro de comisiones e enriquecimiento ilícito, a “La Reina” -como le denominan sus enemigos- nunca le ha condenado un tribunal por sus gestiones urbanísticas. Más al contrario, le han proporcionado una bolsa de votantes incondicionales que le han aupado a la alcaldía de Benalmádena en repetidas ocasiones.

ENTRE sus ‘logros’, Puerto Marina, unas instalaciones que impulsó en los años setenta y que hoy se han convertido en uno de los “puntos negros permanentes” para Ecologistas en Acción con la playa de Malapesquera como “principal receptora de todos los vertidos tóxicos, derrames de carburantes, restos de pinturas, disolventes, aguas fecales de las embarcaciones e instalaciones portuarias”. La organización conservacionista recuerda que “el antiguo puerto ya construido en sus defensas exteriores fue rellenado y ampliado, sepultando toda la increíble fauna que albergaba, se convirtió en la zona en la que actualmente están los aparcamientos, restaurantes, centros comerciales y pueblo marinero. El dique de levante se retranqueó 400 metros mar adentro dando lugar al puerto que conocemos actualmente”. Puerto Marina es también un centro de diversión nocturna en el que se ha producido una de las primeras sentencias condenatorias por contaminación acústica contra un ayuntamiento, al que obligan al pago de una indemnización de 15.000 euros.

ECOLOGISTAS en Acción también ha otorgado banderas negras en Benalmádena a la playa de Santa Ana, donde “desembocan dos arroyos olvidados que arrastran aguas tanto pluviales como fecales y domésticas sin tratar, de algunos establecimientos hosteleros de la zona” y a los “acantilados de Torremuelle por la gran presión urbanística de la zona que ha triplicado el número de viviendas que hacen sus vertidos directamente al medio marino, sin emisarios, y desde unas supuestas depuradoras privadas”.

TAMBIÉN para Greenpeace el litoral de Benalmádena “está prácticamente destruido por la voraz presión litoral_benalmadenaurbanística” y aún más, la organización señala que aumenta el peligro por una posible “ampliación del Puerto Deportivo en 1.200 puntos de atraque”. Unas obras que han quedado en entredicho tras el último informe sobre la situación del litoral andaluz realizado por la Delegación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que entiende que la ampliación del puerto es una amenaza y califica la zona de levante de dicha marina entre las de riesgo de inundación. En dicho estudio, Medio Ambiente también propone demoler la residencia de Unicaja, en Arroyo de la Miel, por su ubicación tan cercana al mar sin respetar la zona de servidumbre.

CON casi 46.000 habitantes censados y una población que aumenta más del doble en verano el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista Javier Carnero, ha reconocido que Benalmádena “ya no puede crecer más”. Las imágenes que acompañan esta información tomadas por el fotógrafo y miembro de Ecologistas en Acción José R. Moreno Tamayo son bastante explícitas. Benalmádena sufre problemas de tráfico propios de una gran ciudad derivados de la ausencia de planificación urbanística. La mitad de sus 34 kilómetros cuadrados de suelo están sellados con asfalto y hormigón. Su depuradora todavía está en periodo de pruebas y Bolín se encuentra desaparecido de la escena pública. Algunas fuentes lo sitúan ahora como asesor de la promotora Cogilco con cuyos responsables ha estado viajando a los países del este en busca de nuevas oportunidades de negocio, si bien este extremo no ha podido ser confirmado.






* Revista El Observador - 13/11/07
Foto: Benalmádena (Málaga) costa - El Observador



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La trama de corrupción destapada en Madrid funcionaba como "una organización estable"

ELPAÍS* : La Guardia Civil ha realizado esta mañana nueve registros simultáneos en sedes del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San Blas-. La operación, bautizada Guateque, ha destapado una presunta "trama de corrupción". El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha precisado que afecta a 16 funcionarios aunque desconocía el número de detenidos, que fuentes del caso cifran a media tarde en al menos nueve. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En contra de lo dicho por el Consistorio, el Gobierno ha apuntado que también están implicadas personas que no son empleadas públicas. Se trata, según ha podido saber esta web, abogados y arquitectos. Funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones.

¿A cuánto ascendían las comisiones?

Así, según Cobo la "inmensa mayoría" son empleados públicos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas registradas. Cobo, que ha exculpado en todo momento a los concejales, ha explicado que cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias comerciales. Según fuentes del caso, sobre todo cobraban por retrasar expedientes sancionadores. El vicealcalde de Madrid ha explicado en rueda de prensa que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado de informar porque es el interlocutor con el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.

El magistrado ha decretado secreto de sumario. Cobo no ha podido precisar la cuantía de las comisiones, al tiempo que ha hecho hincapié en que la operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos con mucha antigüedad. De momento, hay al menos tres funcionarios detenidos, según fuentes cercanas al caso, que no descartan que se produzcan más arrestos. Las mismas fuentes apuntan que en el marco de la investigación se han producido numerosas intervenciones telefónicas, con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales, también se han producido registros en casas particulares y empresas. Los agentes, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se han incautado de diversa documentación y de ordenadores. "Estamos con el juez", ha dicho Cobo, que ha querido recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el cobro de comisiones es muy anterior.

Rubalcaba contradice a Cobo

En contra de lo que algunos medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones urbanísticas". Tras la intervención de Cobo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contradicho la versión municipal de los hechos al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son". El ministro no ha concretado de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro ha explicado, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta" y tardará horas en cerrarse. Rubalcaba ha especificado que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales".

Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha detallado que funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales. En declaraciones a la Cadena Ser, Moix ha precisado que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero". Fuentes del caso han agregado que usaban intermediarios para la captación y cobro de comisiones. Moix también ha descartado "conexión política o relación con la Operación Malaya". El fiscal jefe ha aclarado que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino por cohecho. En cuanto a la cuantía de las comisiones, ha insistido en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil", ha apuntado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que los funcionarios serán puestos a disposición judicial "probablemente el sábado".








* ELPAIS.com - D. VERDÚ / J. A. HERNÁNDEZ / J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 14/11/2007
Foto: Madrid, registros en el Área municipal de Urbanismo.- REUTERS - 14-11-2007




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Madrid: 130.000 casas al margen de la ley

PÚBLICO* : Un juez paraliza la urbanización en los Ahijones (Vicálvaro) edificada en suelo protegido que Gallardón reclasificó irregularmente en 1997. Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.

“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.

La ejecución de la sentencia

Las obras estarán paradas hasta que el Ayuntamiento ejecute una sentencia del Tribunal Supremo de julio de este año. En ella se anulan 24 reclasificaciones de terrenos protegidos. Los Ahijones es uno de ellos. Las había aprobado Alberto Ruiz-Gallardón cuando era presidente de la Comunidad en 1997 pero, según la sentencia, no justificó que hubieran perdido el valor ambiental por el que estaban protegidas.

El contencioso ha tardado 10 años en resolverse y en este tiempo no se ha parado el proceso administrativo en los nuevos desarrollos. “Cuando la justicia tarda diez años en llegar acaba siendo inaplicable. Se ha demostrado que llevábamos razón y que se trata de urbanismo depredador que piensa más en las plusvalías que en la calidad de vida. ¿Y ahora para qué sirve? La aplicación de esta sentencia afectaría negativamente a terceros que esperan sus casas desde hace años”, señala el senador socialista Juan Barranco, que planteó el recurso cuando estaba en la oposición municipal.

El Ayuntamiento tiene apenas dos meses para ejecutar la sentencia pero en cinco de las 24 urbanizaciones ya se han concedido licencias: Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, el Salobral-Nacional IV, ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas y el sistema aeroportuario de Barajas.

El 43% del suelo afectado

El Ayuntamiento insiste en que la sentencia no atañe íntegramente a las 24 urbanizaciones, pero, según su propio informe, afectaría al 43,8% de la superficie en m2 del plan de 1997. Hay desarrollos con más del 70% de superficie mal clasificada: el Ensanche de San Fernando, el Salobral Nacional IV, Aravaca-Monte del Pilar, Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas, Campamento y Villaverde-Vereda del Salobral.

Fuentes jurídicas explicaron a Público que la sentencia del Supremo demuestra que las reclasificaciones de suelo “se hicieron sin respetar los requisitos legales y que la única forma de ejecutarla sería demostrando que esos suelos ya no tienen valor ecológico y que no podría recuperarse”.

En Campamento, por ejemplo, se desclasificó una zona de ribera con fresnos, aves migratorias y una avifauna importante. “Es imposible que el Ayuntamiento pueda justificar que ha perdido el valor ecológico”, señalan.Acaba de nacer la Plataforma de Afectados Por el Urbanismo Salvaje (PAUS) : “Queremos alertar de la dimensión que puede tener una colosal estafa en la que se venden pisos en zonas no urbanizables. Hay que corregir el desaguisado descomunal y exigir responsabilidades”.


UNA SENTENCIA QUE HA TARDADO UNA DÉCADA

1997 // El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (entonces liderado por Barranco) interpone un recurso contra la aprobación de la revisión del Plan General de Urbanismo. En el plan de 1997 el PP cambió la clasificación de 28 ámbitos de suelo no urbanizable protegidos en el Plan del 85. El PSOE cree que no está justificada la desclasificación de ese suelo.
2003 // El Tribunal Superior de Justicia da la razón al PSOE y anula la desclasificación de los terrenos protegidos porque no se ha justificado que hayan perdido su valor medioambiental. La anulación afecta entre otros a Sanchinarro, las Tablas o Montecarmelo donde en ese momento hay miles de viviendas en marcha. El Ayuntamiento y la Comunidad plantean recurso al Supremo. El Tribunal Superior de Justicia desestima la ejecución provisional de la Sentencia pedida por el PSOE argumentando que éste no ha avalado los posibles daños que podría acarrear la ejecución.
2007 //El Supremo falla a favor del PSOE y ratifica la sentencia del Tribunal Superior salvo en Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de los Gamos y el Camino de los Caleros. Han pasado 10 años desde que arrancó el proceso y muchas de las 23 áreas protegidas en el 85 que tras la sentencia del Supremo siguen protegidas se han urbanizado y perdido su valor. El Tribunal Superior ha notificado la sentencia al Ayuntamiento que debe ejecutarla en dos meses.







* Público - 13/11/2007
Gráfico: Plano 135.541 viviendas previstas - CHIQUI ESTEBAN (Público)



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Icomos cree urgente "restituir la legalidad urbanística" en el entorno de Medina Azahara

EUROPAPRESS/Córdoba* : El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ONG que asesora en materia de patrimonio histórico, cultural y natural a la Unesco, cree "prioritario y urgente restituir la legalidad urbanística" en el entorno protegido del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital cordobesa, en la actualidad rodeado de viviendas ilegales. Así se indica en el informe realizado a lo largo del último año y difundido por el Comité Español de Icomos, en el que hace una serie de recomendaciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba...
...a los que conmina a solucionar el problema que, por su "dejación de funciones", se ha creado con la proliferación, desde finales de los 80 del pasado siglo, de parcelaciones y construcciones ilegales en torno a la antigua ciudadela califal del siglo X, y ello a pesar de que tales viviendas contravenían en todo momento la normativa y el planeamiento urbanístico aplicable.

Así, en el informe de Icomos se recomienda, en primer lugar, "que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, asuma de una vez su responsabilidad en la degradación del territorio andaluz a través del control de las parcelaciones ilegales". Para ello se sugiere, además, "que se controle mejor y se impida la incorporación de los servicios básicos a través de actitudes y acciones serias y contundentes, conminando a que los ayuntamientos", como el de Córdoba, "no surtan del servicio de agua y alcantarillado, y a las compañías eléctricas, para que no faciliten enganches a sus redes".

En cuanto al conjunto arqueológico objeto de este informe, que está declarado, junto con su entorno, Bien de Interés Cultural (BIC), Icomos llama a la citada restitución de la legalidad urbanística en su entorno, "incluyendo obviamente la del Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra, de forma que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que los valores públicos que defiende el urbanismo democrático, especialmente en el ámbito espacial de bienes culturales excepcionales, debe primar sobre los intereses privados".

"Estos intereses privados --prosigue el informe de Icomos-- han de conocerse, evaluarse y salvaguardarse en todo aquello que no vulnere la legalidad urbanística y patrimonial vigente. Además, en toda negociación con los parcelistas no se aconseja la falta de generosidad de las instituciones públicas, pero se recomienda que no tengan el mismo trato (fiscal, valoraciones, etcétera) que tendría cualquier otro ciudadano que hubiese construido conforme a la legalidad".

NO PREMIAR A LOS ILEGALES.

En consecuencia, para la ONG asesora de la Unesco, "se debe resolver el conflicto, pero no premiar a las personas que actúan al margen de la legalidad y normativa urbanística, como sucede a menudo ante las denominadas situaciones consumadas. Las personas que edificaron de forma irregular no pueden ampararse en que se trate de un proceso antiguo o de falta de transparencia municipal".

A este respecto, en el informe de Icomos se afirma que "el Ayuntamiento de Córdoba ha dado muestras, desde hace años, de que facilita toda la información pertinente en materia urbanística que le es solicitada y no se le puede tachar de institución diletante o poco diligente en materia urbanística, salvo en el control de las urbanizaciones ilegales, que, además, fue más efectivo en los últimos 80 y primeros 90 que en la segunda mitad de ese último decenio y en parte del actual".

Junto a ello, Icomos recomienda a la Junta de Andalucía, y sobre todo a la Consejería de Cultura, "una actitud más abierta y comprometida respecto a la gestión del entorno de Madinat al-Zahra", ya que, "no es aceptable que, cuando una de las partes requiere encontrarse para tratar sobre posibles soluciones, la Administración pública autonómica se inhiba", lo cual "es especialmente grave cuando fue la propia Delegación de Cultura de la Junta en Córdoba la que inició la llamada de atención al Comité Nacional de Icomos".

Lo que ocurre en este caso, según Icomos, es que "la misma Administración posee dos actitudes muy distintas: bien se trate de la provincial, más cercana y sensibilizada, bien de la central, más lejana y poco interesada en uno de los procesos que no sólo degradan Madinat al-Zahra, sino a muchos paisajes de hondo carácter cultural en toda la comunidad. La Consejería de Obras Públicas, si bien ha demostrado mayor interés en participar en reuniones para tratar este asunto, no puede dejar de afrontar su responsabilidad en la tutela y control del urbanismo en la comunidad".

En consecuencia, y en función de lo expuesto, Icomos "urge a las instituciones responsables a establecer una mesa de resolución conjunta del conflicto de las parcelaciones ilegales, satisfactoria para los intereses públicos y siempre en el marco de la legalidad vigente. Esta mesa debería establecer un calendario de actuaciones que iniciase sus trabajos en un plazo razonable de dos meses".

EQUIPO TÉCNICO DESDE 2004.

Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba acordaron en junio de 2004 la creación de un equipo de técnicos, de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y de las delegaciones de Obras Públicas y Cultura de la Junta, para que, sin límite de tiempo, pudieran ofrecer propuestas que den salida a la situación de las parcelaciones ilegales de Medina Azahara.

Hace ya casi tres años y medio y en rueda de prensa, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, quienes siguen ocupando tales cargos, anunciaron que dicho equipo de técnicos tenía como finalidad ofrecer "soluciones ajustadas a derecho, que permitan acabar con la amenaza urbanística que se cierne sobre el conjunto arqueológico de Medina Azhara".

Desde entonces y hasta ahora no trascendido públicamente que dicho equipo de técnicos haya propuesto soluciones y, de hecho, los enfrentamientos por esta cuestión desde entonces, entre responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento, han sido tan evidentes que así han quedado reflejados también en el informe de Icomos.

ULTIMAS ACTUACIONES.

Así, en el apartado del informe de Icomos denominado 'Últimas actuaciones', se asegura que, "desde 2005, el ambiente de crispación crece a medida que también se ralentizan, que no se detienen, los procesos de construcción" de las parcelaciones ilegales en el entorno de Medina Azahara.

Por otro lado, "se hace patente un cambio de actitud en el Ayuntamiento respecto a las parcelaciones cuando, en el Pleno municipal del 5 de octubre del mismo año, se aprueba una moción de IU y del PP para solicitar de la Junta de Andalucía que se modificase la delimitación de Madinat al-Zahra, para dejar fuera de la misma, y en consecuencia de la tutela cultural autonómica, el terreno de las parcelaciones ilegales Córdoba La Vieja, el Cercado de las Pitas y La Gorgoja II".

Se aprecia, pues, "la voluntad de regularizar las parcelaciones ilegales, o de iniciar un proceso encaminado a ello, lo cual, no obstante, hubiera seguido contraviniendo, caso de haberse aceptado la modificación, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Córdoba".

En esta línea, "días más tarde, el 11 de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba aprueba con carácter inicial un Plan Especial para dotar de servicios urbanísticos a la parcelación de las Pitas. Esta acción se realiza a pesar de que tal proyecto no sólo es contrario al citado PGOU, sino también al Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra y a lo dispuesto en las leyes de protección del patrimonio histórico español y andaluz".







* Europa Press - CÓRDOBA, 13 Nov.
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es




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La Fiscalía de Galicia investiga una supuesta trama urbanística en Abegondo

ELIDEAL/A Coruña* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga una supuesta trama urbanística el en municipio abegondés. El viernes remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Abegondo donde solicita copias de licencias otorgadas entre 1999 y 2003. El tripartito abegondés, encabezado por el alcalde Rocha Carro, compareció ayer públicamente para informar del requerimiento de la fiscalía y explicar la postura del actual gobierno municipal respecto a la supuesta trama urbanística que, a raíz de las denuncias de un vecino de la localidad ante Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Abegondo, investiga ahora el alto tribunal gallego.

Rocha señaló que el consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento del TSXG donde se solicita "unha serie de copias de licencias outorgadas no mandato 1999-2003", todas ellas referidas a las citadas denuncias. Así, con la seguridad de que "este goberno non ten nada que agochar" y el compromiso de "colaborar coa administración de xustiza", APdeA, BNG y PSdeG-PSOE eligieron la tarde de ayer para reiterar la escenificación de la unión tripartita y ofrecer "una mostra clara e contundente de transparencia".

El regidor local indicó que todos los expedientes advertidos por la fiscalía "coinciden no tempo inmediatamente anterior á entrada en vigor da Lei do Solo de Galicia, o 1 de xaneiro de 2003". La encomienda del Ayuntamiento de Abegondo pasa ahora por remitir la documentación requerida antes de diez días, por lo que el mismo día de la recepción, convocados por el alcalde y el concejal Manuel Eladio Fernández, técnicos del área de urbanismo y personal municipal se reunieron con el objetivo de definir las líneas de actuación sobre esta asunto, al que el equipo de gobierno ha resuelto dar la máxima prioridad.

Responsabilidad > Para Rocha Carro la actuación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pone de manifiesto "unha realidade que en Abegondo xa se viña percibindo durante os últimos meses". El primer edil, quien acusó directamente a Santiso Miramontes del "galimatías" que, hoy por hoy, padecen vecinos y propietarios, aprovechó su exposición para dejar claro no se siente orgulloso de su pertenencia al equipo de colaboradores del ex conselleiro, si bien reconoció que, como integrante del gobierno municipal entre los años 1999 y 2003, también él puede ser investigado: "Será a xustiza a que dirima o grado de responsabilidade", manifestó.

En su intervención de ayer, Juan José Rocha Carro, flanqueado a derecha e izquierda, por los concejales Ínsua López, Iglesias González-Villamil, Fernández Vázquez y Santiago Soto, reprochó la "falta de rigor" de José Antonio Santiso Miramontes, así como la decisión de quien fuera titular de la Consellería de Política Agroalimentaria a Desenvolmento Rural, de guardar silencio respecto a las acusaciones sobre posibles irregularidades urbanísticas durante su último mandato.







* El Ideal Gallego - LUCíA TENREIRO - 14 de Noviembre de 2007
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com




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Alicante: El aluvión de abusos urbanísticos obliga a pedir un juez de apoyo

LAVERDAD* : La Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo acordó por unanimidad en su última reunión, celebrada el pasado día 5, solicitar el nombramiento de un juez de apoyo para el juzgado número 3 debido al aluvión de recursos contra abusos urbanísticos municipales que está recibiendo. Además, aprobó instar al TSJ a que realice «las gestiones oportunas encaminadas a hacer posible que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 entre en funcionamiento con la mayor brevedad, dado el colapso que sufre dicho orden jurisdiccional».

De la misma manera, según se recoge en el acta de la junta, a este órgano se le debería asignar, «como materia exclusiva, la mitad de los asuntos de urbanismo», en tanto que la mitad restante seguiría bajo jurisdicción del juzgado número 3.

El presidente de la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, vincula directamente este incremento de recursos contra las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos a las dos leyes autonómicas que ha tenido la Comunidad Valenciana, primero la LRAU y después la LUV.

«Con la nueva ley continuamos con la misma situación, pero los ciudadanos están más concienciados en lo que concierne a sus intereses, sus derechos de propiedad y sobre el medio ambiente», opinó ayer en declaraciones a este diario.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, Ricardo Estévez, cree que el juez de refuerzo, cuyo trabajo reclama como mínimo para tres meses, es «una solución meramente coyuntural», aunque reconoce que contribuirá a eliminar el actual colapso, en concreto «105 asuntos pendientes únicamente de dictar sentencia».

Según explica en el informe con que concurrió a la junta, «dado el elevado número de asuntos ordinarios que tramita el juzgado, es previsible que que esa pendencia continúe incrementándose paulatinamente».

Este juzgado ha tramitado un millar de demandas contra decisiones urbanísticas respecto del total de 2.604 asuntos que ha registrado en menos de dos años.

En el último semestre, el módulo de trabajo de este órgano ha superado el 155% de lo estipulado para su jurisdicción.







* La Verdad - 13.11.07 - M. C. S.
Foto: Obras del campo de golf de El Plantío, en Alicante, que han sido objeto de enfrentamientos políticos y recursos judiciales, en una imagen de archivo/ R. MILÁN (La Verdad)



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El alcalde de Alhaurín no ha justificado la procedencia de 155.000 euros

LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco - Costa del Sol) asegura en un informe que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su mujer, María Teresa Santos Reyes, no han podido justificar la procedencia de diversas sumas que en total suponen una cantidad de casi 155.000 euros. El informe, que se encuentra inmerso en la parte sobre la que ya no pesa el sigilo procesal, señala que "Juan Martín Serón viene realizando en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo".

Asimismo, apunta que la inexistencia de adeudos en una cuenta del BBVA para el sostenimiento de los gastos normales de la familia -gastos de bolsillo- pone de manifiesto que "éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de de fuentes de renta de origen desconocido".
Pero no queda ahí la cosa. Los investigadores destacan además que, del mismo modo, en cuentas cuya titularidad atribuyen a María Teresa Santos Reyes, para 2006 y en sólo seis ingresos de origen desconocido, "se acumula un total de efectivo de 33.832 euros, presumiendo que dichos ingresos, y a falta de más información, son realizados por María Teresa como titular de las cuentas que es".

Otro hecho destacable es que los miembros de la Udyco califican la asesoría fiscal Martín y Santos, que regenta la esposa del regidor alhaurino, como mercantil "inactiva". Así, los investigadores afirman que ambos utilizan esta sociedad "como pantalla y a los presuntos fines de ocultación para colocar asimismo efectivo metálico -36.000 y 35. 000 euros-, también de origen desconocido".
A juicio policial, "se abusa del velo societario y se realizan actos mercantiles al objeto de ocultar el origen de las cantidades en efectivo. Se da la circunstancia de que, una vez colocados, se integran en productos financieros bajo la forma de depósitos a plazo".

Según los investigadores, ha quedado indiciariamente acreditado que "la generación de cantidades en efectivo que en diversas ocasiones tenían como destino inicial las cuentas de la mercantil Conextran SL, vinculada al matrimonio Martín-Santos, y especialmente con María Teresa Santos Reyes, esposa del alcalde, Juan Martín Serón".
En este sentido, la policía recuerda que en registro efectuado en el domicilio del matrimonio el pasado mes de enero se hallaron 69.000 euros, "una importante cantidad de efectivo respecto de la cual no se ha podido determinar su procedencia real, a pesar de los justificantes aportados en este procedimiento por María Teresa y que fueron totalmente desacreditados por informe de esta unidad policial".

Justificación. El alcalde popular aseguró en su día que parte de ese dinero pertenece a la asesoría fiscal de su mujer y el resto era para acudir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
Los fondos de origen oculto, según el estudio de la Udyco, se inyectan después en el circuito financiero a través de su inversión en productos financieros, lo que a juicio de los investigadores vincula a los investigados "con el desarrollo de una operativa sugestiva de encuadrarse dentro de presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito". Hasta ahora, sobre el alcalde de Alhaurín el Grande sólo pesaban las imputaciones por supuestos delitos prevaricación y cohecho.

Conextran, intermediaria de los pagos ilícitos

Las investigaciones policiales apuntan que la constructora Conextran podría haber sido intermediaria de los pagos ilícitos de empresarios al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a cambio de licencias urbanísticas.
Según un informe de la Udyco, la contabilidad de dicha sociedad la llevaría la esposa del alcalde, a través de su despacho profesional Santos Reyes. La Policía cree que existía un vínculo entre la mercantil y el Consistorio, a través de la asesoría, donde también trabaja la mujer del administrador de Conextran, M. M. M., imputado por cohecho y blanqueo de capitales.
En el informe se mencionan presuntos pagos de 78.000, 85.000 ó 30. 560 euros a nombre del administrador de la constructora.

Por otro lado, la Udyco mantiene que en la contabilidad de la empresa Conextran existían diferencias entre las magnitudes declaradas y las percibidas, por lo que "las situaciones pudieran ser susceptibles de encuadrarse en una efectiva forma de pago de cobro ilícitos presuntamente cometidos" por empresarios.
El fiscal Anticorrupción sostiene que la constructora actuaba presuntamente como sociedad instrumental para canalizar los pagos y que su administrador "se prestó para ocultar el producto económico obtenido, con el fin de encubrir a sus destinatarios finales, que no eran otros que las autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande".
El administrador dijo que las obras que realizaba eran por concurso público.







* La Opinión de Málaga - J. A. S. / R. R. / A. G. - 13 de noviembre de 2007
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE



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Salamanca: Los Verdes elevan la trama urbanística hasta Anticorrupción

TRIBUNASALAMANCA* : Los Verdes siguen avivando la llama del enfrentamiento abierto contra el equipo de Gobierno municipal en materia urbanística y otras cuestiones vinculadas a la actualidad, como la subida de impuestos y tasas. En la dinámica de interposición de recursos, el coordinador del colectivo ecologista, Ángel Gamazo, anunció ayer la intención de presentar tres: contra el sistema instaurado de transferencias de aprovechamiento urbanístico, contra el proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Los Bandos y contra la reciente subida de tributos municipales.

Entre las medidas a emprender, una advertencia. “En un plazo muy breve de tiempo se van a revisar todas las licencias concedidas a los edificios afectados por transferencias”. ¿Cuál es la consecuencia? Gamazo advertía que estos edificios pasan a ser “ilegales“, condición que generará “problemas” para sus propietarios al permitir los constructores el acceso a las viviendas sin la correspondiente licencia de primera ocupación –una vez finalizada la construcción–, “infracción continuada y que es objeto de un expediente sancionador”, argumentaba el jurista de Los Verdes, Manuel Serrano, señalando a los constructores (al actuar a sabiendas de esta ilegalidad), al igual que a todas aquellas empresas que prestan servicios.

Para paliar esta consecuencia, Los Verdes han iniciado contactos con los agentes sociales “que han intervenido y que están afectados”, en defensa de los inquilinos y para que los ciudadanos “no vean perjudicado su patrimonio de suelo”. En este sentido, el colectivo ecologista presentará un informe detallado a la fiscalía anticorrupción con la identidad de los constructores que han infringido el sistema de transferencias urbanísticas implantado desde 1984 y ya extinguido.

Mientras, Los Verdes encuentran en la aprobación del proyecto de construcción del aparcamiento de Los Bandos otro motivo para interponer un recurso ante el juzgado de los contencioso-administrativo por considerar ilegal “el cambio de calificación del espacio que ocupaba la plaza. Antes eran zonas verdes y ahora se contempla como un vial, una calle. Hay que decir que el Ayuntamiento tiene potestad para ejecutar algunos cambios, pero éste responde a un capricho del alcalde”, indicaba Gamazo.

El último caso de esta batería de recursos se ciñe al incremento de las tasas e impuestos, que en cuanto entren en vigor el próximo enero activarán la iniciativa del colectivo de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por considerar que “no son justos”. Entiende Gamazo que los tributos son necesarios en una sociedad democrática pero que “se han producido barbaridades con personas con menos capacidad”.





* Tribuna de Salamanca - 10 de noviembre de 2007
Foto: Salamanca, plaza Los Bandos - salamancablog.com



Enlace relacionado: Plataforma ciudadana "Los Bandos sin aparcamiento"


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Califican de farsa las nuevas medidas de protección para el Parque Natural Cabo de Gata

SALVEMOS MOJÁCAR/ Almería* : Según se ha publicado hoy en diversos medios "el nuevo PORN desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico, donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección 'C3' como «núcleo habitado existente o zona transformada». Además, eleva a la categoría de zonas de «regulación» las fincas privadas de la Fabriquilla y Marina de Agua Amarga (Níjar) donde se proyecta la construcción de dos urbanizaciones de 15 y 48 hectáreas.

Las tres eran zonas urbanizables y con el grado de protección que se les concede ahora -mayor- se concede una herramienta al Ayuntamiento de Níjar para que a la hora de elaborar el Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU- pueda frenar el desarrollo de estos parajes."

Si esto es así, y le conceden al Algarrobico protección C3, es totalmente falso que le den mayor proteccion al paraje: significa claramente que LE QUITAN PROTECCIÓN, ya que hasta ahora tenía un grado de protección mayor, C2 y actualmente es suelo no urbanizable, una de las principales razones por las que Salvemos Mojácar exige en su recurso la demolición del hotel.

Convertir el paraje en núcleo habitado existente significa ni más ni menos legalizar definitivament el hotel y las construcciones previstas a su alrededor. Lo mismo se aplica a los casos de La Fabriquilla y Maria de Aguamarga.

Decir que "se le da al ayuntamiento de Nijar una herramienta para que pueda frenar el desarrollo de estos parajes" cuando es el ayuntamiento el primero que ha amparado toda la estrategia de recalificación de suelos y era -al menos en la anterior legislatura- uno de los principales interesados en que se urbanizaran, es una farsa intolerable. No puede anunciarse una actuación de protección del territorio cuando realmente se lo está desprotegiendo. Se trata de una confusión informativa gravísima destinada a confundir a la opinión pública.

Las asociaciones ciudadanas consideramos intolerables y gravísimas las tomaduras de pelo de la Consejería de medio ambiente, que ya nos tiene acostumbrados a anuncios de falsas actuaciones que nunca se realizan y a lavados de imagen pública que solo consiguen enmascarar ante la sociedad sus actuaciones en favor del ladrillo.

Exigimos que se aplique la legalidad, llevando a cabo al demolición inmediata del hotel del Algarrobico, y, si realmente quieren proteger el territorio, que se eleve la protección de todos los parajes mencionados como mínimo al grado C1 o al B1 o B2.


Salvemos Mojácar




* Teleprensa - Almería - 12 de Noviembre de 2007
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net



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Ante la crisis, que cada cual aguante su vela

MARÍA LUISA GARCÍA GIL* : Es un buen momento para que se reúnan los arquitectos y es un buen momento para proclamas. Es un buen momento cuando la costa mediterránea, en general, ha perdido su atractivo natural por culpa de la avaricia desorbitada de unos y otros, es un buen momento cuando los edificios dignos y centenarios de los cascos antiguos, por lo menos en Galicia, por falta de protección, han sucumbido a la vorágine constructora destructora que ha permitido duplicar alturas. Es un buen momento para bendecir, apoyar y no criticar la decisión firme de mantener la protección de los 500 metros.

Curiosamente, hace unos días, desde la patronal de la construcción, también se ponía contra las cuerdas a la Dirección General de Urbanismo para forzar el levantamiento de la moratoria de los 500 m, como si esta sabia decisión fuera también la causa de la crisis de la construcción. Las zonas del interior, por cierto, no tienen costa y también han sido objetivo de la bonanza constructiva; por otra parte, uno de los atractivos de Galicia como destino de segunda residencia, en estos últimos años, ha sido su paisaje y su naturaleza aún salvajes, aunque para otros muchos también ha sido la inversión especulativa debido a la diferencia de precios con otras regiones de España.

La crisis de la construcción era un hecho previsible, sencillamente porque las bonanzas económicas son cíclicas y porque un país no puede tan sólo vivir de construir ex novo, porque, evidentemente, esta actividad algún límite tendrá.

Las crisis económicas, a lo largo de la historia, han sido los detonantes del pensamiento que tal vez, gracias a los apretones del cinturón de la penuria, deben de mandar más sangre al cerebro y entonces propician ideas claras, novedosas y paliativas.

Creo que, a lo mejor, ha llegado el momento de hacer introspección y acto de constricción, y a lo mejor ha llegado el momento de que "cada palo aguante su vela" y se haga responsable de sus actos.

Creo que es un buen momento ante una gran crisis para que los especuladores se vayan a sus cuarteles de invierno, para que los constructores de verdad, de profesión, se dediquen al reciclado, es decir, a restaurar lo mal ejecutado, para que los ayuntamientos elaboren planeamiento sensato que intente en lo posible regenerar una vida urbana digna para sus ciudadanos, y para que los arquitectos nos esforcemos en dar a la sociedad esa calidad de vida que viene de la mano de un buen urbanismo y unas construcciones dignas y bien digeridas que en estos últimos años, salvo honrosas excepciones, han brillado por su ausencia.

La costa gallega, toda aquella que no era núcleos urbanos, se ha salvado de momento, gracias a la Ley de Costas y gracias a la moratoria de los 500 m.

Las consecuencias de un urbanismo mal diseñado son demoledoras e irreversibles y el Patrimonio Natural es único e irrecuperable una vez destruido.



* MARÍA LUISA GARCÍA GIL, ARQUITECTA




* El Correo Gallego - la linterna de diógenes - 12.11.2007




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Canarias: El paraíso... del cemento

ELPAÍS* : La costa canaria está salpicada de vertidos incontrolados, hoteles y casas en dominio público y proyectos urbanísticos sin planificación. Así lo revela el plan del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral español, que propone derribos y compras masivas de terreno para salvarlo. Canarias, de paraíso natural a pasto del ladrillo. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa elaborada por el Ministerio destaca que en muchos tramos de los más de 1.500 kilómetros de litoral canario la presión urbanística supera la capacidad para albergar turistas, algo que conduce a la masificación.

GRAN CANARIA: "Continua artificialización"

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el plan del Gobierno propone adquirir el suelo rústico de El Rincón y prohibir edificaciones de más de dos plantas en los 5.200 metros de ensanche del litoral de la capital.

Las dunas de Maspalomas, uno de los grandes tesoros naturales del Archipiélago, están "seriamente amenazadas" por la presión urbanística, el tránsito de visitantes, la destrucción de vegetación, los incendios y la invasión de especies foráneas.

Más al sur, el informe critica la "continua artificialización" del litoral de uso turístico, en una zona que "no soporta" más presión urbanística. Y lo resume en una frase: "La intensidad de la demanda de usuarios es mucho mayor que la capacidad de uso y disfrute del litoral".

En algunos puntos al sur de la isla, el litoral se considera "irreversiblemente erosionado", como en Puerto Rico y Tauro. Peor, mucho peor, ha sido la actuación de los residentes con su territorio, con numerosos vertidos de aguas residuales. En Telde hay rocas manchadas y cuatro zonas de vertidos directos; en el Barranco de Guiniguada hay 17 focos de residuos urbanos incontrolados, y el puerto afecta al mar con vertidos muy contaminantes. El paisaje marino de las islas de Las Palmas se ha visto invadido de decenas de jaulas de acuicultura. Medio Ambiente sugiere realizar un estudio del impacto de la presencia de estas industrias a menos de 1.000 metros de la playa, y en la costa de Telde recomienda no aumentar el número de explotaciones.

FUERTEVENTURA: Derribo de hoteles

En Fuerteventura, Medio Ambiente propone una compra masiva de terrenos para salvarlos de la especulación, como en la costa noreste, fuertemente presionada por la industria turística y de uso residencial. En esta isla propone revisar las concesiones de chiringuitos en dominio público, derribar el embarcadero de El Muellito, eliminar casas y casetas en Morro de Potala, Casas de las Salinas, Cueva Negra y Morro Jable, y demoler las obras que ocupan el dominio público en Playa de Tarajalejo, Gran Tarajal, Cala de Las Playas y Jacomar y rescatar las concesiones en playa de La Oliva.

La península de Jandía (conocida turísticamente por sus kilométricas playas de arena rubia y mar esmeralda) se encuentran los hábitats naturales más importantes de la isla. Sin embargo, el uso turístico ha provocado la huida de la numerosa avifauna. Como ejemplo, el hotel que se construye en Caleta de Guirra está a 20 metros de la orilla y el Parador Nacional de Puerto del Rosario está en mitad de ella.

En el sur, con apenas 15.000 habitantes, hay 19.000 plazas hoteleras, y el diagnóstico advierte del alto grado de urbanización de la costa "con excesiva ocupación de la fachada marítima". El desarrollo turístico de Costa Calma supone un freno al transporte de sedimentos a las playas.

Sin embargo, el informe reconoce que las playas con alta capacidad de acogida están aún sin colapsar, pero advierte de que falta de previsión de infraestructuras "para el ritmo de crecimiento urbanístico relacionado con el turismo". Y concluye: "Es importante tener en cuenta la escasez de agua en la isla a la hora de realizar este tipo de desarrollos urbanísticos", como hoteles de lujo, apartamentos con piscinas, campos de golf...

El Parque Natural de las Dunas de Corralejo está sometido a una presión "que pone en peligro su conservación", ya que algunas zonas demuestran una erosión "preocupante". Hoteles como el Oliva Beach se encuentran enclavados en mitad de este parque.

LANZAROTE: "Voraz desarrollo"

El informe también destaca "la sensibilidad con la que la obra humana se ha acomodado al medio" en Lanzarote, a pesar de detectar una creciente "amenaza de masificación", edificaciones próximas a la costa, pérdida de arena y el colapso de la capacidad de acogida de playas.

Medio Ambiente propone demoler los hoteles Papagayo Arena y Las Costas, recuperar zonas de tránsito ocupadas por los hoteles Los Fariones y Sol Meliá y el desmantelamiento del embarcadero de Pedro Barba (isla de La Graciosa).

El informe advierte del "voraz desarrollo turístico" que se cierne sobre el monumento natural de Los Ajaches y denuncia el "desarrollismo salvaje" de Teguise, donde coinciden "ocupación de dominio público, urbanización en playas, invasión de dunas y deterioro paulatino de todo el litoral". Se propone eliminar edificaciones en La Humosa, las salinas de Los Agujeros y entre ésta y la urbanización Los Cocoteros, las que se concentran en el tramo de costa de Los Barranquillos, en el Charco de Palo, Las Piteras y una docena de áreas más.

TENERIFE: Alerta en Granadilla

Además de sus conocidos paisajes, la costa de Tenerife está plagada de vertidos contaminantes, construcciones en dominio público, contaminación producida por la refinería, puertos, aeropuertos, zonas urbanas, industria turística y acuicultura. Y una parte de su ecosistema está amenazada por la construcción de nuevas infraestructuras, como el puerto industrial de Granadilla. Medio Ambiente ya ha autorizado el proyecto y ahora la estrategia lo define como "la actuación de mayor impacto territorial acometida en el sur desde la construcción del aeropuerto", en 1978. El informe advierte de que este puerto "reduciría el aporte sedimentario a la costa de El Médano", la única playa natural del sur de la isla, ya que el resto han sido construidas, y se convertirá en un motor económico "una vez agotada la línea de costa disponible" para el turismo.

Otro de los asuntos estrella en la isla es el caso Teresitas. El alcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria), y 11 personas más entre políticos, funcionarios y empresarios están imputados en la compra de un terreno para evitar que los legítimos propietarios levantaran hoteles, apartamentos y viviendas. La operación, con apoyo de PSOE, PP y CC, costó más de 50 millones de dinero público. Pero la Fiscalía Anticorrupción detectó numerosos fallos en el proceso.

El ministerio sólo alude a esta polémica para calificarlo como "proyecto municipal de alto alcance", sin valorar su conveniencia o no y propone la "ejecución del proyecto de remodelación". Sí advierte que habrá que "revisar" el expediente de concesión que impiden el libre uso y acceso, como también lo propone para el club náutico de Radazul.

Curiosamente, Medio Ambiente propone ahora una fórmula similar a la de Miguel Zerolo para adquirir suelo en riesgo de ser urbanizado y evitar más deterioro del litoral de Tenerife. Así, señala la conveniencia de adquirir 5.970.000 metros cuadrados de terreno costero alrededor de la isla. El informe alerta del "incumplimiento de la normativa sobre la observación de cetáceos", una actividad que al año atrae a más de 700.000 turistas y genera pingües beneficios. Además, los restos de plásticos y artes de pesca que turistas y pescadores abandonan en el mar provocan cortes y muerte de fauna marina, como tortugas y cetáceos.

LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO: Aún a salvo

Para La Palma, el informe sobre las costas destapa la oportunidad de ordenar adecuadamente la industria turística en una isla de "naturaleza extraordinaria", tras los ejemplos "nocivos, caóticos o desordenados" de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aun así, se detectan los males de las otras islas, como vertidos, y propone la demolición de al menos 613 edificaciones, casas, casetas y chabolas diseminadas por la costa.

La Gomera aún tiene un urbanismo e industria turística controlados "pero crecientes". Por último, la isla de El Hierro "no se encuentra especialmente presionada por la actividad humana", a lo que han contribuido su aislamiento y escasa población. El principal problema es la proliferación de edificaciones dispersas, en numerosas ocasiones como segunda residencia, y los vertidos de puertos y barcos.






* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 12/11/2007
Foto: Tenerife, suelo artificial 2000-2006 - Dir.Ord.Paisaje




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'La Manga se hundirá en 50 años por el cambio climático'

GREENPEACE/Photoclima* ---------- LAVERDAD/Murcia*

¿Es posible que La Manga del Mar Menor se hunda? La hipótesis que llevan años anunciando algunos científicos expertos en cambio climático era, hasta ahora, una teoría amenazante y recurrente. Pero ver las imágenes de La Manga inundada por el mar, aunque se trate de un montaje fotográfico, parece dar enjundia a la teoría.

Ese impacto es el objetivo que persigue la organización ecologista Greenpeace con la edición del libro Photoclima, y que evidencia con fotomontajes los devastadores efectos que el cambio climático tendrá en distintos parajes de España, según las predicciones de los expertos de la ONU, si no se actúa ya para reducir de manera urgente las emisiones de CO2.

La Manga del Mar Menor ha sido uno de los lugares escogidos por Greenpeace, cuyos expertos tienen claro que, si no cambian las circuntancias, la lengua de tierra quedaría anegada por el mar antes de 2100. Todas las edificaciones, barcos e infraestrcturas se verían inundadas, según las hipótesis de la organización ecologista.

¿Cómo se produciría el proceso? Raquel Montón, La responsable de cambio climático de Greenpeace, explica que la causa del desastre estaría en el cambio climático provocado por el efecto invernadero. «El exceso de calor que provoca la emisión de gases de efecto invernadero es absorbido por la tierra y por el mar, que incrementa su volumen por el aumento de la temeratura, lo que provoca que el nivel del mar suba. Además el deshielo de las masas heladas contribuye a elevar aún más el nivel del mar».

Las previsiones que han realizado los expertos dejan un margen escaso de reacción. «Con las condiciones y características actuales, el nivel del mar subirá medio metro entre 2050 y 2100». Esa elevación del nivel del mar provocaría el hundimiento de 20 kilómetros de tierra, y teniendo en cuenta que la lengua de tierra de La Manga ocupa 24 kilómetros de extensión, poco quedaría a flote.

Los responsables de Greenpeace insistieron ayer en que, con el libro, no pretenden mostrar «las imágenes del futuro, sino de lo que se puede evitar. Hemos utilizado las fotografías porque las explicaciones científicas son a veces difíciles de ver, y está claro que una imagen vale más que mil palabras».

Photoclima se articula en torno a seis temas: los ríos, la agricultura, las montañas, el mar, los bosques y las personas más vulnerables y con menor responsabilidad ante el cambio climático, representadas en los inmigrantes que llegan a España porque no tienen recursos para sobrevivir en África. Para ilustrar el capítulo del mar, Greenpeace ha excogido La Manga del Mar Menor por considerlo «un paraje emblemático por sus condiciones naturales, su edificación y sus recursos turísticos».

No sólo La Manga desaparecerá por el cambio climático. ¿Se secará el Ebro a su paso por Zaragoza?, ¿puede desaparecer la fauna marina del fondo de las islas Cíes?, ¿las plagas arrasarán los naranjos de Valencia?, ¿desaparecerá el glaciar pirenaico de Monte Perdido? o ¿pueden arrasar las llamas el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz? Son otros de los efectos que se plantean en el libro y que el efecto nvernadero puede producir en España en las próximas décadas, según Greenpeace, y que demuestran la urgencia de reducir «drásticamente» las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que se hagan realidad.

Aunque las imágenes que ilustran el libro son poco menos que apocalípticas, Greenpeace insiste en mandar un mensaje positivo: «Aún estamos a tiempo de evitarlo con energías renovables».






* La Verdad - F. CARRERES - Murcia 11 noviembre 2007

Foto: La Manga, bajo el mar. El aumento del nivel del mar se ha querido representar en la Manga del Mar Menor, Murcia. Una panorámica repleta de edificios de apartamentos, piscinas, campo de golf y puerto deportivo. Todo desaparece bajo las aguas del Mediterráneo, en un hipotético futuro en que las amenazas se cumplen - Pedro Armestre y Mario Gómez / greenpeace.org





* Noticia relacionada: Greenpeace muestra en el libro Photoclima la transformación que sufrirá España si no se actúa contra el cambio climático - GREENPEACE, 09 noviembre 2007



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Vecinos de Getafe protagonizan una pitada para denunciar la especulación urbanística

EFE/Madrid* : Un centenar de vecinos de Getafe se manifestaron hoy, con una pitada, en los aledaños del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebra la IX Asamblea de la FEMP que previsiblemente elegirá como presidente al alcalde de Getafe, Pedro Castro, para denunciar la especulación urbanística en este municipio.

Los manifestantes representaban a 1.800 familias que en el 2004 compraron suelo para vivienda protegida, en unos terrenos ubicados en los sectores Los Molinos y Buenavista, a las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la aviación española, que posteriormente fueron expropiados y adjudicado por el Ayuntamiento de Getafe 'a dedo' a cooperativas vinculadas al Gobierno municipal, según denunció el portavoz de los cooperativistas, Jorge Ignacio Martín.

Martín informó de que la manifestación no responde a ningún partido político y que los cooperativistas fueron convocados a través de SMS y por el foro que tienen abierto en internet.

Este portavoz consideró que el proceso es ilegal, más cuando se expropian unos terrenos destinados a vivienda protegida para destinarlos al mismo fin pero bajo la tutela de otra cooperativa, afín al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de la Vivienda.

Los manifestantes portaban carteles con la fotografía del alcalde socialista, Pedro Castro, tachada con una equis roja y con el lema 'Señores alcaldes. ¡No le voten!. Chorizo'.

El portavoz de los cooperativistas informó de que las familias afectadas habían pagado ya cantidades a cuenta a su cooperativa y alegaron que en mayo de este año, antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento se había comprometido a encontrar una fórmula jurídica y legal para dar respuesta a la demanda social de la cooperativa.

Sin embargo, dijo este portavoz, han pasado ya casi seis meses y el Ayuntamiento no ha cumplido su compromiso y, además, 'se ha reafirmado en su intención urbanizando un terreno, que es nuestro; al objeto de que el actual adjudicatario, afín al Ayuntamiento, comience a construir'.

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe, en una nota de prensa, informó de que estos terrenos estaban ya expropiados cuando las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la Aviación Civil vendieron los terrenos a los cooperativistas afectados.

Así, el Ayuntamiento considera que todos los socios de cooperativas de vivienda tiene derecho a causar baja voluntaria y a exigir el reembolso de las cantidades entregadas, mediante preaviso y en el plazo fijado por sus estatutos.






* Terra - 11-11-2007
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org




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Alcaldes valencianos prevén urbanizar 130 millones de metros

ELPAÍS* : "Hay crisis, pero a mí no me tocará". Este parece ser el pensamiento de muchos de los ayuntamientos valencianos que tras el paréntesis electoral sacan de los cajones y recuperan algunos de los proyectos urbanísticos pendientes a pesar del generalizado parón inmobiliario. Es el caso de Cullera, Albaida, Burriana, Benimuslem, Llutxent y muchos otros. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios no sólo no sobra nada sino que prevé que hasta 2013 se edifiquen 25.000 residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Sobre la mesa de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda hay en estos momentos 175 proyectos presentados entre 2001 y 2007, que, de aprobarse, supondría la reclasificación de 130 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

El Ayuntamiento de Albaida acaba de retomar el PAI dels Barranquets. En unas semanas, el gobierno local, que ejerce el PP con mayoría absoluta, ultima las condiciones para la adjudicación del proyecto, que incluye la reclasificación de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo rústico, la edificación de 2.500 chalés a siete kilómetros del casco urbano y un campo de golf. Los candidatos a la urbanización deberán construir un auditorio de música municipal y repavimentar el circuito de velocidad de la población, entre otros requisitos. El consistorio de Cullera ha sacado adelante hace dos semanas, con su aprobación provisional, el concierto previo con los PAI de Marenyet y Brosquil, con la reclasificación de 10 millones de metros junto a la desembocadura del Júcar, 13.000 nuevas casas, una marina deportiva y campos de golf. El equipo de gobierno de Burriana ya ha anunciado que sacará adelante el PAI Santa Bárbara (5.000 viviendas, campos de golf y puerto deportivo) en cuanto se apruebe el concierto previo solicitado. L'Atzúvia, que aprobó antes de elecciones tres nuevos PAI y la construcción de 2.000 nuevas viviendas según las normas subsidiarias de 1981 -acción reprobada por la Síndicatura de Greuges-, redactará finalmente un PGOU para dar refuerzo legal a los nuevos proyectos. Favara es otro de los ayuntamientos activos. En estos momentos se tramitan tres PAI y acaba de presentarse al consistorio un cuarto. "Ahora en lugar de presentar los PAI directamente, los consistorios están recurriendo a los conciertos previos para dar salida a sus proyectos urbanísticos. Pero eso no significa que se vayan a revisar los PGOU", advierte un dirigente de la plataforma Abusos Urbanísticos No. En la consejería de García Antón hacen cola 175 expedientes para la reclasificación de suelo rústico en urbanizable, según la información facilitada por este departamento al diputado socialista Francesc Signes. Son expedientes aprobados de forma provisional por los ayuntamientos entre los años 2001 y 2007 y afectan a una superficie, a fecha del 28 de septiembre de este año, de 129.690.054 metros. Sólo 24 de estos proyectos serían ejecutados directamente por los ayuntamientos. El resto correrían a cargo de promotores privados. Todos están a la espera de su aprobación definitiva en las comisiones territoriales de Urbanismo.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios no comparte los pronósticos agoreros a pesar de la caída de viviendas visadas y están convencidos de que hay demanda para rato. Hace unos días presentaban un estudio donde prevén la construcción de 25.000 segundas residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Los empresarios citaban otro informe sobre vivienda vacacional, elaborado por el Grupo i, que asegura que las promociones inmobiliarias en altura destinadas a segunda residencia han comercializado en 20 meses las dos terceras partes de las viviendas desarrolladas. Las viviendas unifamiliares se venden antes incluso. Los compradores son en un 76% de los casos españoles, mientras sólo el 3,38% son extranjeros no residentes. De los españoles, la mayoría de compradores, son valencianos.
Ausencia de infracciones

Pese a la intensa actividad inmobiliaria de estos años, el Consell no ha iniciado expedientes sancionadores al amparo del artículo 255 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en vigor desde 2006. Este artículo regula las infracciones graves y muy graves en la ordenación urbanística, entre las que se encuentran la edificación ilegal en zonas verdes, parcelaciones ilegales, exceso de volumetría, etcétera. Según la Generalitat, en respuesta a varias preguntas parlamentarias solicitadas por el socialista Francesc Signes, los casos vistos por la consejería están en fase previa de restauración de la legalidad y todavía no se han impuesto sanciones. En cuanto al conocido en su día como programa del metro por metro, éste se ha aplicado en cinco municipios, donde a cambio de la reclasificación de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico, se han cedido 3,1 millones de metros de terreno protegido. Carcaixent, Riba-roja, Serra, Tavernes Blanques y Sant Mateu son los municipios afectados. En la mayoría de los casos han sido los ayuntamientos, como urbanizadores directos, los que han realizado la cesión. En el caso de Riba-roja ha sido la sociedad Litoral del Este, que promueve Porxinos, y en el de Serra, la firma Sierras de Serra. A la vista de estos datos, Signes acusó al Consell del PP de "alentar" entre 2003 y 2005 "una barbaridad de PAI con mucha masa de suelo afectada", y lamentó que no cumpla sus propias leyes, dado que tampoco se ha liquidado las llamadas cuotas de sostenibilidad ni dotado el Fondo de Equidad Territorial, instrumentos previstos en la LUV para que los ayuntamientos con crecimientos urbanísticos intensos paguen estos excesos.








* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 11/11/2007
Foto: Cullera (Valencia), terrenos recalificados desembocadura Júcar - J.Císcar (El País)




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Las Palmas: El cemento engulle la ciudad alta

LAPROVINCIA* : En 20 años, el paisaje del municipio de Las Palmas de Gran Canaria ha cambiado de forma drástica. Nada tienen que ver las afueras de entonces, puro campo y espacio libre, con los barrios actuales de dúplex y pisos promocionados como de alto standing. El cemento ha cambiado el horizonte y lo ha hecho especialmente en Ciudad Alta. Menos de 15 años han pasado desde que se desató la fiebre edificatoria en la Ciudad Alta y Tamaraceite, dando lugar a un crecimiento tan desmesurado y tan acelerado que ha dejado irreconocibles territorios como Siete Palmas, Las Torres, La Minilla.

Lo que en 1987 era puro campo y laderas salpicados por alguna que otra casa o por pequeños barrios como Lomo Los Frailes o Almatriche, aparece hoy colmatado de viviendas, cemento y asfalto, un paisaje que se ha vuelto absolutamente irreconocible para alguien que llegue a la ciudad después de haber estado fuera en los últimos 20 años. Son los nuevos centros urbanos del municipio y han protagonizado, casi en exclusiva, el crecimiento de la ciudad, que ha elegido este territorio -tampoco tiene otro- para expandirse.

En la Ciudad Alta, la edificación ha comenzado a frenarse, pero en Tamaraceite, cuya población se dobló en menos de diez años, se preparan para una nueva oleada de viviendas. Los planes municipales prevén la construcción de 3.900 nuevas viviendas, de las cuales 2.570 forman parte del plan de Tamaraceite-Sur. El pequeño centro comercial que se construirá en la zona amenaza con incrementar con 10.000 vehículos diarios más la circunvalación.

La comparación de las imágenes aéreas realizadas por la empresa cartográfica de Canarias (Grafcan) de zonas como Siete Palmas, Tamaraceite y La Minilla tomadas en los últimos veinte años reflejan el desaforado crecimiento que han soportado estos territorios. De hecho, en apenas diez años surgieron de la nada barrios enteros como Siete Palmas, donde se han edificado más de 4.000 casas -en las que residen unas 15.000 personas- o La Minilla, que supera ya los 3.500 residentes.

La edificación en los últimos doce años ha crecido en la capital grancanaria a un ritmo de unos 5.000 inmuebles por año, la inmesa mayoría de los cuales han surgido en Siete Palmas, Las Torres, La Minilla y Tamaraceite. El consumo de suelo ha sido frenético y, además, expansivo. No hay más que mirar cómo han crecido como la espuma los dúplex en barrios como Lomo Los Frailes, Ciudad del Campo, Hoya Andrea y La Galera. Laderas enteras han sido colonizadas por casas de dos plantas.
El crecimiento de estas zonas ha estado presidido por una absoluta falta de planificación, lo que ha provocado que las vías se hayan quedado pequeñas para absorber el tráfico de la gente del lugar y de la que llega atraída por los centros comerciales de zonas como Siete Palmas y del Estadio de Gran Canaria.

Guaguas Municipales ha sido incapaz de adaptar sus servicios a estos nuevos centros urbanos, lo que a su vez genera una mayor dependencia del coche particular.

EQUIPAMIENTOS. Los residentes se quejan además de la falta de equipamientos. Sólo dos grandes parques (Juan Pablo II y La Mayordomía, aún sin terminar) son insuficientes para tanta población. Apenas hay zonas verdes, los colegios se han quedado pequeños y los centros de salud están colapsados. El de Tamaraceite, por ejemplo, ha doblado su número de usuarios en sólo diez años.






* La Provincia - T.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de noviembre de 2007
Foto: Vista aérea de La Minilla - laprovincia.es



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2.500 vecinos de Alcorcón se manifiestan para conservar el Parque de los Castillos

EFE/Madrid* : Alrededor de 2.500 vecinos se manifestaron en Alcorcón para pedir al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por PSOE e IU, que no construya el Centro de Creación de las Artes (CREAA) en un parque público, tal y como tiene previsto. Asociaciones vecinales, Ecologistas en Acción, Los Verdes y el Partido Popular de Alcorcón formaronla plataforma "Salvemos el Parque de los Castillos" que se opone a la ubicación de este centro artístico, que contará con nueve edificios, zonas comerciales y un aparcamiento, en una zona verde.

Los vecinos recorrieron la avenida de Los Castillos con pancartas en las que se podía leer: "Parque sí, CREAA no", "No más hormigón en nuestro Alcorcón" o "Alcalde, el parque es de todos, no lo destruyas".

Pidieron al consistorio el traslado de este proyecto a otro punto de Alcorcón porque, a su juicio, supondrá un "desastre medioambiental" y un "atentado ecológico" construir nueve edificios en el "parque más emblemático de Alcorcón".

Así piensan los vecinos que este domingo se manifestaron, que consideran que esta construcción, además de la destrucción de un área verde, supondrá el incremento de la contaminación acústica y atmosférica y el colapso circulatorio de la zona.

Escuchar a los ciudadanos
El portavoz de Los Verdes de Alcorcón, Juan Carlos Martínez, manifestó que la plataforma "en ningún caso está en contra de crear un centro artístico en Alcorcón, pero sí de que la localización sea en un parque ya consolidado que disfrutan miles de familias".

Desde esta organización ecologista critican además al alcalde, el socialista Enrique Cascallana, porque "no atiende a los vecinos" y porque "los está provocando diciendo que el inicio de las obras es inminente".

El portavoz del PP, Fernando Díaz, pidió también al regidor que sitúe este centro en otro punto de Alcorcón y que "deje de escudarse en que ha ganado las elecciones para construir un centro que rechazan los ciudadanos".

La mayoría de los vecinos dicen que apoyarían el proyecto cultural en otra zona de Alcorcón, aunque otros también han criticado que el Ayuntamiento se gaste 180 millones de euros en un centro artístico, "cuando los ciudadanos tenemos otras necesidades bastante más urgentes", señalaron algunos de los manifestantes.

Auditorio, escuelas y circo
El proyecto del CREAA incluye la construcción de espacios para la producción y difusión artística, un circo estable, un auditorio y escuelas municipales, además de salas para exposiciones y un centro de congresos.

La concejala de Cultura de Alcorcón, Tatiana Ercolanese, aseguró que tras la construcción del CREAA en el Parque de los Castillos, la superficie de arbolado se habrá triplicado y que la superficie para el disfrute de los vecinos al aire libre será del 87% del espacio.

"No vamos a destruir ningún parque", señaló Ercolanese, para quien el CREAA será una de las dotaciones culturales más importantes de la Comunidad de Madrid.







* Madridiario - 11-11-2007
Foto: madridiario.es



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Huelva: Viviendas ilegales junto a las olas

ELPAÍS* : El urbanismo salvaje ya manda en Huelva y el Guadiana, pero, incluso así, la costa onubense aún queda lejos del enladrillado que ciega el litoral español. El empeño de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es parar urbanizaciones antes de que se construyan, ofreciendo suelo a los promotores tierra adentro. La fiebre urbanizadora que ha asolado el litoral español ha sido en la costa de Huelva más lenta y ha dejado un paisaje algo menos denso que en el resto de Andalucía. Pero el crecimiento entre 1991 y 2002 ha sido imparable, pues el número de viviendas cerca de las playas ha aumentado un 60%, según denuncia Greenpeace en su informe Destrucción a toda costa 2007.

Huelva ha conocido una construcción que tiende no tanto a los edificios en altura, sino a ocupar grandes bolsas de terreno para adosados y viviendas unifamiliares enclavados, a veces, en la misma arena de la playa. No obstante, también existen buenas muestras del modelo urbanizador tradicional de edificios de apartamentos, como en Isla Canela, El Portil o Matalascañas.

Isla Canela, en Ayamonte, se empezó a elevar en la década de los 60 junto a la frontera con Portugal y tiene planes de seguir creciendo. Su proyecto turístico, que llega hasta la Punta del Moral, albergará en un futuro 43.351 nuevas plazas turísticas, un campo de golf y un puerto deportivo en 600 hectáreas, como alerta Greenpeace.

Isla Canela es uno de los lugares de la provincia donde el Gobierno va a tener que emplearse a fondo para reparar la situación, como apunta la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno quiere eliminar las edificaciones en zona de servidumbre (inmediatamente pegada a la playa) que tras una revisión de un deslinde en 1996 han quedado dentro de la zona protegida. Además, prevé ampliar el área de servidumbre pública a 100 metros "en aquellas parcelas en las que todavía no hayan sido iniciadas las obras de urbanización, por lo que esta ampliación puede estar plenamente justificada", según el documento.

El Gobierno también prevé revisar el Plan Parcial del enclave, sobre todo en las zonas contiguas a la marisma. El objetivo es "reducir o eliminar la edificabilidad de las parcelas situadas frente a la marisma, en las que todavía no han comenzado las obras de urbanización". Lo mismo se quiere hacer en la playa de Isla Canela, justo en los terrenos donde todavía no ha comenzado la construcción.

"Ya es tarde", sentencia Iñaki Olano, portavoz de Ecologistas en Acción en Ayamonte: "En la playa de Isla Canela queda poquísimo espacio sin construir". Para Olano, las acciones que se van a tomar en la costa onubense, aunque sean positivas, llegan con retraso. "Esto demuestra que durante mucho tiempo los ayuntamientos y la Junta de Andalucía no han aplicado la ley, sino que, o han mirado a otra parte o han toreado la ley para que todas estas obras se pudieran realizar".

Volando hacia La Antilla, en Lepe, al este, se encuentran bloques de apartamentos en segunda y tercera línea de playa, precedidos de un frente de viviendas unifamiliares clavadas, muchas veces, a pocos metros de donde rompen las olas. Estas últimas pueden tener sus días contados. La liberación de la zona de servidumbre de La Antilla contempla la "expropiación de las edificaciones" en esta área, así como de las casas con derechos reconocidos incluidas en el dominio público (la playa). Además, la Estrategia contempla la "eliminación de las ilegales" dentro de este dominio.

Un poco más hacia Levante, se elevan tres núcleos contiguos de gran proyección turística: El Rompido (Cartaya), El Portil, en Punta Umbría, y la propia Punta Umbría. En todos se pretende eliminar las edificaciones en dominio público. El Rompido y Punta Umbría presentan sobre todo casitas bajas en primera línea y, en el caso de Punta, bloques altos hacia el interior.

En la marisma del río Tinto, muchísimo más degradada por las industrias del polo Químico, el Gobierno planea una actuación relacionada con las balsas de fosfoyesos, residuos que la fábrica de fertilizantes Fertiberia ha vertido allí desde hace décadas. La concesión terminó en 2003, por lo que el rescate del lugar supondrá el sellado del vertedero y su restauración ambiental.







* ELPAIS.com - M. J. ALBERT - Huelva - 11/11/2007
Foto: Almonte (Huelva), playa Matalascañas - García Cordero (El País)




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Imputan al anterior gobierno de Caldas un delito urbanístico

LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : Los miembros de la anterior junta de gobierno local del Ayuntamiento de Caldas de Reis se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra el próximo 28 de enero. Al ex alcalde, el socialista José María Tobío, y a los concejales Juan Manuel Rey -actual regidor de la localidad-, José Blanco, José Lemos y José Fuentes, se les imputa un delito contra la ordenación del territorio por la concesión, en el año 2003, de seis licencias para naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, en las márgenes de la carretera N-640 que comunica Caldas con Vilagarcía.

La entonces comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor. Los políticos adoptaron la decisión a pesar de los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico. Fuentes consultadas explicaron que una disposición de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural establece que el régimen aplicable es el del «suelo urbanizable no delimitado», por lo que no procede otorgar la licencia hasta la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.

Se da la circunstancia de que cuatro de los cinco miembros de aquella comisión de gobierno forman parte de la actual junta de gobierno local. Varias de las seis naves afectadas tienen en la actualidad actividad empresarial.

Una vez concedidas las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo requirió, en febrero del 2004, al Concello para que las anulara. Como se hizo caso omiso a la exigencia autonómica, Urbanismo acudió a la vía contencioso-administrativa para impugnar los permisos. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra, conocida en diciembre del 2005, dio la razón a la Xunta y obligó al regidor a revisar de oficio las licencias.

El proceso penal al que se enfrentan ahora los miembros de la anterior comisión de gobierno trascendió ayer a raíz de una petición de información al actual alcalde, Juan Manuel Rey, cursada por el partido Independentes de Caldas de Reis (ICDR). El próximo martes, los cinco implicados deben comparecer en el Juzgado de Caldas con carácter previo a la vista del 28 de enero.

Esta formación aseguró que estos hechos, que califica de «gravísimos», provocaron la dimisión «por sorpresa» del ex regidor, José María Tobío, en noviembre del 2006, cuando meses antes había confirmado públicamente que se presentaría a la reelección. El único concejal independiente en la actual corporación, Fernando Pérez, hizo hincapié en que ni el proceso penal por las licencias de As Veigas de Almorzar ni otros dos que están en marcha se pueden achacar a ninguna fuerza política, «xa que todos están instados por organismos administrativos ou xudiciais, non por partidos».

Los otros dos asuntos a los que se refiere ICDR tienen que ver con un edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real de Caldas y con una petición de voto para el PSOE realizada entre emigrantes argentinos antes del inicio de la campaña electoral del 27 de mayo y que fue pagada con fondos municipales. Por el primer asunto, José María Tobío declaró como imputado el pasado 16 de abril en el Juzgado de Caldas por desobedecer la orden judicial de demolición del inmueble. Su sucesor, Juan Manuel Rey, tendrá que comparecer, también en Caldas, el próximo 28 de noviembre para responder por un supuesto delito electoral.







* La Voz de Galicia - Cristina Barral - 10/11/2007
Foto: Algunas de las naves afectadas tienen actividad empresarial/ La Voz de Galicia



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Un desafío democrático a los Ayuntamientos

JORGE BENAVIDES* : En España, particularmente en Andalucía, debido a su situación geográfica y al prestigio de su cultura popular, en estos días no hay aldea, pueblo o ciudad que se escape de la presión financiera interesada en convertir el suelo rústico en urbano y en edificar miles de inmuebles, más de los necesarios. Basta leer la prensa o escuchar con atención la radio. La edificación de 250.000 viviendas en el área metropolitana de Sevilla en los próximos diez años, producirá el colapso de todos los sistemas urbanísticos: infraestructuras, vías, equipamientos, transportes, espacios culturales y ambientales protegidos y de los servicios: seguridad, protección, medio ambiente, salud, educación, etc., que tienen dimensión pública. En esas circunstancias, florecerá la excluyente oferta privada. Diferente a nuestra cultura; como en Estados Unidos.

Por lo pronto, el informe sobre el colapso del transporte, ya lo conoce la Junta. La solución del problema se vislumbra para el año 2020. Pero en los quince años próximos, la situación será peor que la actual. Todas las nuevas viviendas ya estarán terminadas, los usuarios serán 700.000 más y al ritmo vigente, el paisaje y el entorno medioambiental se encontrarán irreversiblemente deteriorados.

Así, la ciudad mediterránea heredada, origen de la política y de lo público cuyo último fin es la calidad de vida (Polis, Aristóteles, felicidad) se diluirá dentro del modelo de la ciudad neoliberal estadounidense que ha logrado consolidar el espacio urbano privado sometiéndose a los requerimientos de la economía lucrativa inmobiliaria (pragmatismo empresarial) antes que a los intereses de sus habitantes (convivencia solidaria, civilidad).

Dicho proceso se ha fortalecido debido a que los "poderes públicos" no han sido capaces de garantizar los contenidos que, por una parte, recoge el Estatuto de Andalucía y, por otra, constan en los artículos 45, 46 y 46 de la Constitución: derecho a la buena calidad del Medio Ambiente, al Patrimonio Cultural y a la vivienda, como taxativamente se dice, impidiendo la especulación.

Pero siendo honestos, ¿en un sistema económico de libre mercado es posible impedir la especulación si al mismo tiempo, ésta no es un delito? Todos los delitos están tipificados en la Ley. La especulación inmobiliaria está condenada por la Constitución, pero es legal, aunque, por unanimidad, la condenemos porque es inmoral.

Así las cosas, el equilibrio entre el sistema económico (libre mercado) y la forma de gobierno (democracia participativa y solidaria) resulta muy difícil. Mantenerlo, sin embargo, no depende solamente de quienes dominan el mercado y de los gobernantes, sino también de la sociedad, del ser humano cuyo sentido de la vida, como dicen los clásicos, es ser feliz. Dicho en términos coloquiales, el ciudadano tiene el derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, sobreentendiendo que ésta incluye la satisfacción de las necesidades individuales pero al mismo tiempo, de las necesidades sociales básicas: el patrimonio medioambiental (paisaje, recursos naturales no renovables), el patrimonio cultural (valor social añadido de los bienes) y el patrimonio social (identidad, sociabilidad, cohesión, forma de disfrutar el tiempo).

En pocas palabras, el ciudadano que vive en democracia debe tener garantizados los derechos que residen en el ámbito de la sostenibilidad, o sea, de la ética, no sólo de la economía; de la libertad responsable, no únicamente de la libertad de mercado.

Pero si los procesos sociales y de gobernabilidad democrática, en determinadas circunstancias aparecen difíciles y opacos, no tienen por qué asumirse como irreversibles. Al contrario, los procesos cerrados deben ser transformados en abiertos, aquellos opacos tienen que hacerse transparentes; han de retroalimentarse y adquirir validez con la participación ciudadana real, y no solamente con el cumplimiento de formalidades previstas como sucede, por ejemplo, durante el proceso de aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Almensilla resolvió reclasificar suelo para la construcción de 18.000 viviendas y aprobó el Avance del PGOU de este municipio que según el IAE tiene 14 kilómetros cuadrados donde residen 1.200 familias en 1099 viviendas.

Hace pocos días, la "sociedad civil" almensillera, a través de una encuesta hecha por profesores universitarios, ha recogido y difundido la opinión de sus vecinos acerca de cuánto y cómo debe crecer el núcleo urbano. Los resultados ratifican las alegaciones con centenares de firmas presentadas oportunamente y discrepan radicalmente de la decisión tomada por quienes fueron elegidos democráticamente en las urnas pero que, aun cumpliendo la formalidad de los procedimientos administrativos, gobiernan con procesos opacos y cerrados a la participación ciudadana. Tal como, con la tolerancia de los demás "poderes públicos", sucede en todos los Ayuntamientos que ahora están aprobando sus PGOUs. Excepto en dos.

El 75%, es decir, tres de cada cuatro de los actuales habitantes de Almensilla, opinan que el núcleo urbano debe crecer por el bien de todos, pero de manera controlada, de forma compacta, máximo unas 2.000 viviendas. Nueve veces menos de las previstas por el Ayuntamiento al tenor de los convenios urbanísticos firmados anticipadamente con las empresas inmobiliarias.

Qué gran ejemplo democrático. Merece ser imitado por los habitantes de todos los municipios de Andalucía e incluso asumido como un procedimiento de obligado cumplimiento. Porque la democracia también debe formar parte de la calidad de vida de los españoles. Si tantas veces se ha despreciado las razones técnicas, las razones democráticas tendrán que ser tomadas en cuenta. ¡Felicitaciones almensilleros!






* ELPAIS.com - Andalucía - JORGE BENAVIDES SOLÍS 14/03/2006




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