ELCONFIDENCIAL* : La creación de un Ministerio de Vivienda, idea estrella del Gobierno ZP, se está revelando como un ‘quemapolíticos’ tan inflamable como la burbuja inmobiliaria española. Las dos ministras del ramo, María Antonia Trujillo, primero y Carme Chacón, después, han asumido con desgaste una cartera con fuerte exposición mediática y social pero vacía de contenido. Sea porque el ministerio está maldito, sea por inexperiencia, lo cierto es que ambas políticas han sufrido con virulencia críticas por parte de la opinión pública.
“Mi misión es abaratar el precio de la vivienda en España”, afirmó María Antonia Trujillo nada más llegar al Ministerio de Vivienda. “El precio se está abaratando, sí, pero no gracias a ella. Pretender que el supuesto ‘aterrizaje suave’ sea mérito suyo es no conocer la realidad del sector”, afirma un empresario. Sirva este episodio como ejemplo de una gestión que ha estado plagada de polémicas. Entre ellos se incluyen las llamadas soluciones habitacionales, los ‘dignos’ minipisos de 30 m2, o la ocurrencia de regalar zapatillas, las Kelifinder, a los jóvenes que no encuentran casa.
Cuestión de imagen
En un Gobierno, el de ZP, que se ha movido a golpe de efecto mediático, una mala comunicación pasa factura. Para Fernando Encinar, director de comunicación del portal inmobiliario Idealista, “uno los peores errores de Trujillo ha sido su estrategia de comunicación. Ha ofrecido buenas ideas pero las ha explicado mal, lo que ha generado alarma y ha restado credibilidad”. Con todo, para él, lo más grave ha sido “no ser clara sobre los riesgos del endeudamiento hipotecario”.
Carme Chacón, su sucesora, no ha empezado con mejor pie. Uno de sus primeros tropiezos fue una malograda entrevista para un vídeo de la BBC, en el que la ministra instaba al periodista a terminar al preguntarle por los elevados precios inmobiliarios españoles. La semana pasada, volvió al primer plano de la actualidad tras afirmar que las hipotecas habían tocado techo, que los casos de familias endeudadas que habían de apretarse el cinturón eran puntuales, que sólo se dedicaba el 30% de los ingresos a la vivienda. Además, se aprestó, contra el criterio de Solbes, a apoyar la electoralista medida andaluza de garantizar vivienda a quienes percibieran menos de 3.100 euros al mes.
A pesar de lo cual, en la semana en que Emilio Botín y Zapatero posan juntos ante los medios, nos encontramos con una sorpresa: Chacón tiene mejor imagen que Trujillo. Todos los agentes del sector consultados, a excepción de los ciudadanos, confían en ella. “El cambio de ministra ya es en sí un mensaje que hay que leer en clave política. Es destacable que la nueva ministra que viene rodeada de un gabinete de comunicación más potente, trabajador y conectado con todo el mundo. Ya hemos conocido a la nueva ministra. Nos parece una persona inteligente que está ahí para dar continuidad política al ministerio, que próximamente hará un anuncio sobre Vivienda en clave electoral”, afirma José Manuel Galindo, presidente de Asprima.
Licenciada en derecho constitucional, especializada en federalismo, Erasmus en Manchester, ex secretaria de Cultura, ex vicepresidenta primera en el Congreso y miembro de la ejecutiva del PSOE y del PSC, Carme Chacón no oculta que trabajó como dependienta de El Corte Inglés mientras estudiaba la carrera. Sus conocidos destacan que cuando llegó a Madrid compartió piso y que actualmente vive de alquiler en Madrid.
El juicio de las asociaciones de jóvenes que reclaman una vivienda digna es mucho más duro. En su página web califican el relevo en el Ministerio de “cambio cosmético”, afirman que Chacón “sólo tiene imagen”, consideran “electoralistas” y “tardías” las medidas anunciadas para este otoño y se preguntan si “el gran salto” del que habla Zapatero “¿será al vacío?”. “El mercado inmobiliario estadounidense está hundiéndose y aquí ¿qué pasará?”, se cuestionan.
Un Ministerio que ha nacido con las patas cortas
Respecto a los logros de Vivienda, el veredicto de los expertos es matizadamente crítico, forzadamente amable, pero rotundo: consideran muy necesaria la existencia del Ministerio pero que no ha servido, hasta la fecha, para solucionar el problema de la vivienda en España.
“Iba en el programa del PSOE, se cumplió y nos parece que ha sido oportuno porque ha puesto el tema de la vivienda, el tercer problema de los españoles según el CIS, sobre la mesa del Consejo de Ministros”, valora Encinar. “No lo ha resuelto, pero sí ha puesto los cimientos para abordarlo. Lo que pasa es que ha nacido con las patas muy cortas”, afirma.
Gerardo Roger, profesor de Urbanismo en el Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid, se refiere a los handicaps de la cartera: “es un Ministerio nuevo que ha habido que crearlo de cero, lo que genera problemas de rapidez y eficacia”, considera. Ante la pregunta de si ha resuelto en algo el grave problema de la vivienda en nuestro país, responde: “resolver el problema de la vivienda es, cuando no muy difícil, imposible. En tal caso puede servir para paliarlo”.
En la misma línea se ha manifestado Paloma Sobrini, nueva decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. “Nos parece fundamental que exista un Ministerio de Vivienda, porque trata todo lo que nos afecta. Nos pareció una mala noticia que se fusionara con Fomento en el año 82. Y ahora ha vuelto a nacer, pero está cuajado de dificultades de todo tipo: administrativas, presupuestarias, incluso políticas, porque no tiene competencias. Sin embargo, sí vemos margen de maniobra en la gestión directa”, confía.
“La anterior ministra ha intentado sacar petróleo de donde no lo había, porque no había competencias. No ha solucionado nada, pero no lo podía hacer. Se trata de un problema complejo y estructural que requeriría un pacto entre diferentes partidos y administraciones”, apunta Galindo.
Ley del Suelo
La Ley del Suelo ha sido una de las principales medidas, no exentas de crítica, promovidas por Trujillo. Roger la juzga como uno de sus aciertos. “ha sido positiva en la medida que plantea un régimen de valor que no recoge expectativas especulativas. Hemos pasado de ‘la tierra para el que la trabaja, a la tierra para el que la reclasifica’, afirma Roger. A su juicio, “esta ley potenciará la inversión productiva. Porque comprar el suelo para especular es fisiocrático y preindustrial. No se corresponde con el mercado”. Y recuerda que “su régimen transitorio respeta todas las actividades puestas en marcha con una prudencia exquisita”. Respecto al recurso de inconstitucionalidad planteado por algunas CCAA del Partido Popular, Roger responde: “Es normal. Pero no deja de ser sorprendente que argumenten que es por invasión de competencias autonómicas y los más autonomistas, como ERC, no se hayan quejado”. En cuanto a las críticas de los promotores, este profesor recuerda que no todos se han opuesto: “En el Consejo Económico y Social se votó favorablemente”.
Galindo, representante de los promotores de Madrid, no tiene aún una valoración concreta sobre la Ley del Suelo “porque no ha rodado lo suficiente”. “Sobre todo somos críticos por el riesgo que puede haber por falta de financiación de determinados suelos por parte de las entidades financieras”, explica. Encinar resume su opinión en una frase: “creemos que es cerrar la puerta del establo cuando los caballos ya están desbocados”.
Apagón estadístico
Uno de los capítulos más turbios de ‘la era Trujillo’ ha sido el relacionado con el apagón estadístico de precios y cantidades de viviendas en España. “Como miembro de la comisión estadística del Ministerio de Vivienda tengo que decir que no se ha sabido aprovechar esta comisión por problemas de agenda o por falta de voluntad política”, asevera Ricardo Vergés. “no haber avanzado en el nivel de conocimiento de los datos supone un fracaso. Ahora es más difícil cerrar el puzzle de las estadísticas porque no se conocen con certeza las características de las antiguas y las nuevas”, afirma. El arquitecto y ex profesor de Economía Inmobiliaria en la Universidad de Montreal sostiene que “Trujillo dio por buenos los datos de certificados de fin de obra, única estadística de trámite cuya recogida no es obligatoria frente a los visados de ejecución de arquitectos, que coinciden con los visados de dirección de obra de los aparejadores de Fomento”. Para él, la diferencia no es baladí: mientras que los primeros arrojan un volumen de medio millón de viviendas al año, los segundos ofrecen la famosa cifra superior a las 800.000 unidades. “La ex ministra se ha empecinado en negar la burbuja inmobiliaria”, afirma.
Sobre este tema, Gerardo Roger afirma rotundo: “Es una asignatura pendiente que podamos tener una estadística lo más fiable y rigurosa en España. También hacia el exterior”.
Acerca del Código Técnico de la Edificación (CTE), otra de las iniciativas logradas, Vergés no es menos crítico: “Era insostenible que no se cumpliera la legalidad por la desidia y poca formación de los profesionales del sector. Se hizo tarde, pero por fin se hizo, gracias también a todas las partes”.
Mirando al futuro, y a los futuros anuncios estrella del Ministerio, los agentes destacan el impulso al alquiler y a la vivienda protegida. “Pese a la sensación de fracaso, valoramos como positiva la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA). Nos parece que colocar ahí la vivienda en alquiler es una de las mejores salidas. Es fundamental que la sociedad española asuma el alquiler como una alternativa. Asimismo, consideramos un cambio cualitativo importante la vivienda protegida de alquiler”. Como “Razonable” califica Galindo el impulso al alquiler. Por último, un deseo por parte de Gerardo Roger: “Ya que empieza a haber menos presión inmobiliaria, no viene mal un poco más de reflexión y un poco menos de hormigón”.
* El Confidencial - Fátima Martín - 10/09/2007
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org
Vivienda, ese ministerio maldito
Una promotora reinicia las obras para construir dos torres cuyo solar intenta expropiar el Gobierno
.jpg)
ELPAÍS/Benidorm* : Una promotora inmobiliaria ha retomado las obras de construcción de dos torres de 22 alturas y 168 viviendas en la zona del Racó de L'Oix, conocida como Punta Llisera, en Benidorm, aunque sobre el proyecto hay un expediente de expropiación incoado por el Ministerio de Medio Ambiente.
La empresa Edificaciones Calpe SA, del Grupo Ballester, reinició el pasado día 3 las obras del complejo residencial Gemelos 28, a pesar de que la próxima semana está previsto que finalice el periodo de exposición pública para presentar alegaciones a este proyecto, que se ubica en primera línea de playa de Benidorm y que se quiere incorporar al dominio público marítimo terrestre.
La Jefatura Provincial de Costas en Alicante confirmó que se han reiniciado los trabajos, y ha anunciado una reunión en Madrid con los responsables políticos y jurídicos de la Dirección General de Costas para estudiar las posibilidades de paralizar las obras y de agilizar la tramitación para evitar que avance la construcción del complejo.
Por su parte, el director comercial de Ballester, Orlando Torregrosa, manifestó que los trabajos se paralizaron durante julio y agosto siguiendo la ordenanza municipal que busca preservar el descanso a los turistas. Añadió que, una vez terminados estos meses, continúan debido a que hay "compromisos adquiridos con empresas subcontratadas y a que la declaración de interés público de la parcela todavía no es firme". Admitió que Medio Ambiente les ha notificado su "voluntad de expropiar", aunque comentó que la postura del grupo empresarial desde que se anunció la expropiación es que lucharán "hasta el final por este proyecto". En este sentido, opinó que el mismo "está avalado por 18 años de un largo proceso judicial, siempre con sentencias favorables", por lo que se mostró dispuesto a llegar "hasta las instancias europeas", si es preciso. El portavoz de Ballester avanzó que la empresa presentará alegaciones.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/09/2007
Foto: Benidorm, obras Punta Lisera - L.Hevesi (El Mundo)
Imputados por prevaricación seis ediles y el dueño de Marina d'Or
ELPAÍS* : El Juzgado número 2 de Castellón ha imputado a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón), a un edil independiente, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística. La investigación parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el ayuntamiento en una zona de expansión del complejo residencial ya existente. La Generalitat se ha negado a tramitar el PAI "por concurrir en manifiestas causas de ilegalidad".
El plan arranca en 2005, cuando el ayuntamiento aprobó provisionalmente la urbanización de unos 350.000 metros cuadrados. Hasta mayo de 2006, cuando se aprobó definitivamente, la tramitación estuvo plagada de irregularidades. La necesaria cédula de urbanización fue firmada por el director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica dictaminara en contra. Un informe del técnico de vías pecuarias reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. El programa precisaba del informe favorable de la dirección general de Costas, que fue negativo.
Aún así, el PAI fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.
La acusación sobre Jesús Ger, al que se señala como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, hace referencia a que, según los querellantes, "aprovechó su relación personal y económica con ediles y familiares para, prevaliéndose de ésta, solicitar de éstos la aprobación de un Plan Urbanístico injusto para la causa pública, hechos que en su caso integran el delito". Así, incluyen en la denuncia documentos sobre la supuesta relación mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votación, entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, que sigue en el cargo.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 10/09/2007
Foto: marina d'or (Castellón) - revistaintegral
Granada: Los municipios salpicados por escándalos urbanísticos deben más de 50 millones
IDEAL* : Los principales municipios salpicados por la sombra de la corrupción urbanística están en números rojos. En los últimos años han vendido casi todo el suelo municipal, han ingresado una pasta por licencias urbanísticas y, a pesar de todo, suman una deuda superior a los 50 millones de euros. Las arcas públicas de Almuñécar, Armilla, Ogíjares, Alhendín y Monachil se han quedado tiritando.
El partido de gobierno sólo aguantó el envite de las últimas elecciones municipales en Armilla -donde el PSOE renovó la Alcaldía con mayoría absoluta pero con otro candidato-, y en Almuñécar, donde el incombustible Juan Carlos Benavides aglutinó los votos de siempre con un partido nuevo. En los otros tres municipios los alcaldes debutan y se han encontrado un panorama -dicen- desolador.
El 'caso Nevada' finiquitó la trayectoria política del anterior alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y la de su concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate. Tomó el relevo Gerardo Sánchez, que en sus primeras decisiones ha dejado indicios de querer salir del atolladero del Parque Nevada.
Según el expediente del presupuesto de 2007, los pasivos financieros del Ayuntamiento de Armilla se elevaban a 4 millones de euros. Casi lo mismo que el Consistorio ha recibido en la última década del promotor Tomás Olivo (3,5 millones por impuestos y promociones inmobiliarias».
Según el informe de intervención de diciembre de 2006, los gastos de personal de dicho mes, así como los de la Seguridad Social de los dos anteriores, no tenían consignación presupuestaria. El Ayuntamiento tuvo que buscar sobre la marcha 836.030 euros -140 millones de pesetas- para hacer frente a las nóminas. El informe del interventor ya alertaba: «Los gastos corrientes de este Ayuntamiento crecen a un ritmo superior al de los ingresos corrientes con los que se deben financiar».
Ogíjares
Herminia Fornieles (PSOE) se ha encontrado en Ogíjares una situación «muy complicada». Las divisiones internas en el PP y los escándalos del 'caso Del Ojo' -investigado por la Fiscalía- ayudaron al vuelco electoral. «Hay empresas a las que no se les ha pagado en tres años y prestan servicios básicos», denuncia Fornieles. Según la nueva alcaldesa, el Ayuntamiento -que tiene un presupuesto de 15 millones de euros- debe 1,6 millones en facturas; 600.000 euros por la Casa de la Cultura (que no se ha hecho); 1,5 millones a la empresa del pabellón y la piscina; pagarés firmados con fecha del 30 de junio por importe de 380.000 euros... en total más de 5 millones de euros. «La situación es muy grave y hay que buscar medidas de negociación», apunta la alcaldesa. «Desde el año 2003 no se rinden cuentas y la contabilidad está sin meter desde octubre de 2005», relata. Y a todo esto hay que sumar la deuda de la empresa municipal de suelo, que se conocerá dentro de poco y que se presume desastrosa.
Y lo peor es que el municipio se ha quedado sin terreno: «Queda el 4% del suelo por desarrollar y muy pocas parcelas municipales».
Alhendín
El nuevo alcalde de Alhendín calcula que el 'caso Marchelo' le ha costado al municipio 25 millones de euros. Cada día que pasa aparece una factura nueva. Miguel Ángel Gamarra desglosa la deuda -por ahora- de la siguiente forma: 2 millones de euros por la construcción de un parque cuya adjudicación está siendo investigada; otros 2 por la obra del pabellón y la piscina; y otro millón de euros pendiente con la Seguridad Social.
Monachil
Desde 2005, la Consejería de Obras Públicas ha abierto 24 expedientes por asuntos urbanísticos en Monachil. La asociación de vecinos del 'Casco Antiguo' presentó en febrero más de 1.300 firmas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue lo que está pasando: calles con aceras diminutas, enormes bloques de pisos levantados en lo que era una casa donde vivía una sola familia...
El anterior gobierno municipal (PP) saltó por los aires sin aguantar hasta el mes de mayo. El alcalde echó a su concejal de Urbanismo, que después terminó salpicando a la dirección del partido en la provincia, a la que acusó de conocer y permitir todas las supuestas irregularidades sucedidas en los últimos años. Este verano la Fiscalía del TSJA ha denunciado al ex alcalde, a una sobrina y a un ex edil por supuesto tráfico de influencias.
Nada más llegar, el nuevo alcalde ha tenido que ampliar la línea de crédito en 400.000 euros para poder pagar las nóminas del verano. Sólo en gasto corriente hay un pasivo de 1.012.000 euros, explica José Luis Samos.
Al entrar en el Ayuntamiento el regidor se ha topado con 900.000 euros en facturas sin reconocer. «Tendremos que pagarlas seguramente al 100% y es posible que haya algo más», augura Samos. Sin que aparezcan nuevos agujeros, Monachil debe 2 millones de euros.
Puede ser peor. En el presupuesto de 2007 -publicado en Boletín de la Provincia en diciembre de 2006-, aparece un pasivo de 2,4 millones de euros en la empresa municipal de suelo.
«En los últimos años se han tramitado muchas licencias y ha habido ingresos importantes pero la gestión ha sido mala», critica el nuevo alcalde. Y el terreno se ha macizado: «Tenemos suelo para el consultorio pero para el colegio no hay suficiente. La Junta pide 4.000 metros cuadrados y sólo hay 2.000».
Almuñécar
Caso aparte. La última liquidación que ha trascendido públicamente es la de 2003, cuando gobernaban en coalición PP y PSOE. Ese año ya había una deuda de 34 millones de euros, informa Juan Manuel de Haro.
Ahora faltan por liquidar los cuatro años del último mandato de Juan Carlos Benavides. La deuda ha podido mejorar o empeorar. No se sabe.
* Ideal Digital - QUICO CHIRINO/GRANADA - 9 de septiembre de 2007
Foto: El ladrillo ha ido comiendo terreno en la última década y ha generado mucho dinero, aunque los ayuntamientos están en números rojos. /IDEAL
El pacto por la vivienda: ¿pacto con quién?
LLUIS CASAS* : Retomo el teclado informático después de unos días de playa con lo que considero el asunto estrella de la década política y económica, la vivienda. El verano agosteño ha sido desprendido en noticias, de las que les recuerdo algunas, por si acaso no han mirado el recibo de la hipoteca o la siesta se ha prolongado excesivamente:
La esperada crisis de las hipotecas basura norteamericanas explotó por fin. Y con ello se ponen en evidencia la falta de controles reales sobre ciertas oscuridades del sector financiero, entre ellas el mal funcionamiento de las agencias privadas de control y el penoso pensamiento débil de los responsables económicos que sabían lo que tenia que suceder, pero esperaban que no llegara nunca.
La reacción pública, estadounidense y europea, hecha de miles de millones de euros y dólares en beneficio de un sector torpe y egoísta. Pregunta retórica e ingenua: ¿Podían los mencionados millones haber llegado antes y en beneficio del acceso digno a la vivienda? No dude nadie de mi beneplácito a reducir los costes de la crisis; simplemente contemplo la posibilidad de haber reducido antes sus efectos.
Los tipos de interés siguen la empinada senda que produce agonía en la economía familiar. Los políticos y los ecónomos se ponen de los nervios y empiezan a emitir las señales de su fracaso (¿?) en forma de posibles desgravaciones y otras hierbas de mal gusto. Todo por no hacer los deberes debidos: oferta pública de vivienda y regulación urbanística.
La alarma fiscal se desata, la reducción paulatina del "mercado" inmobiliario afecta a las administraciones regionales y locales, que ven como sus ingresos provenientes de un mercado inflacionario disminuyen significativamente. Todo el mundo sabía que si el negocio inmobiliario se reducía, el negocio fiscal también y que iba a pasar de inmediato. Pues bien, a algunos les ha cogido por sorpresa.
Si ustedes tienen la paciencia de repasar hemerotecas o simplemente este diario digital, comprobaran que todo lo sucedido estaba previsto. Nada ha ocurrido que no se supiera y que no dispusiera de posibles medidas correctoras eficientes. Mientras tanto en casa hemos cambiado de ministra del ramo, una operación de cirugía a un muerto, que lógicamente no logrará que resucite oportunamente. El ejemplo de las malas prácticas continúa en nuestra otra casa. En Cataluña la ley de la vivienda, propuesta en noviembre del 2005 sigue por caminos extraños, pendiente de acuerdos gubernamentales, parlamentarios y de un esperpéntico pacto de la vivienda con los promotores inmobiliarios. ¿Se dan cuenta de que unos adultos todavía creen en los reyes magos? ¿O es que simplemente no creen en nada?
El pacto de la vivienda es un estropicio político que significa reducir los objetivos de la política de vivienda pública en beneficio de los promotores habituales. Estos consideran que son los dueños del rancho y que la política pública debe servir para asegurarles la actividad en tiempos de cólera, es decir: mercado reducido, tipos de interés altos, alarma familiar, etc. No para ofrecer a los ciudadanos una vivienda accesible económicamente y poco supeditada a los vaivenes del ciclo económico, sino dirigida a satisfacer la demanda demográfica.
La realidad del poder económico y la debilidad política frente a retos claros como la política de vivienda es en nuestro caso transparente y alarmante. El ciclo inmobiliario ha durado lo suficiente para que a nadie extrañe el resultado. Todo se ha visto venir, lenta e implacablemente. Los ciudadanos han visto desaparecer las rentas del trabajo hacia el pozo sin fondo de una vivienda ultra valorada por el precio del suelo (precio absolutamente especulativo o político, puesto que no se desgasta, ni desaparece con el uso), y ahora podrían ver venir una reducción significativa del valor pagado. Ello ha comportado un notable disfunción en el posible ahorro y en la diversificación del gasto familiar. La vivienda lo absorbe todo y no deja nada para otros: cultura, ahorro, equipamiento familiar. La expresión "dejaré a mis hijos como herencia un piso y una hipoteca" no es un simple chiste, sino una realidad social. La calidad de vida entre españoles y europeos tiene un diferencial permanente a causa de ello.
Durante algún tiempo pensé que el sector inmobiliario era susceptible de nuevas políticas públicas que beneficiasen a la comunidad. Los márgenes de beneficio eran tan altos que permitían ajustes significativos y que incluso el sector más digno empresarialmente podía entender que no era bueno para nadie participar en carreras con un caballo desbocado. Alguien terminaría con los huesos rotos. Pues bien, en beneficio de la historia, debo reconocer que no disponemos en España de valor político y democrático para favorecer a la mayoría reduciendo lo que se lleva la minoría. La lista de políticos y de partidos de débil carácter es muy larga y afecta a todas las esferas de la derecha y la izquierda. Bien es verdad que con intensidad desigual. Lo que en un artículo anterior llamé el gran fracaso de la democracia española: la renuncia a una política pública de vivienda estable y consistente, se ha hecho este verano más que patente.
Por lo que doy por acabadas mis reflexiones acerca de ello y me hecho a llorar.
(Lluis Casas en plena depresión pos vacacional.)
* La Insignia - España, septiembre del 2007
Un juzgado de Marbella ampara a una promotora que vendió pisos ilegales
.jpg)
SUR* : Triunfo de los promotores en los tribunales de Marbella. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la localidad ha desestimado una demanda interpuesta por los compradores de un piso ilegal que se negaron a escriturar la vivienda tras conocer que la licencia de la promoción iba a ser revocada por el Ayuntamiento. La sentencia considera que no se puede hacer recaer sobre la empresa las consecuencias de las irregularidades municipales y obliga a los compradores a pagar las costas del proceso.
El origen del conflicto tuvo lugar cuando dos inversores británicos que habían adquirido una vivienda en el conjunto residencial Santa María Green Hills demandaron a la promotora de la obra, Marbella Vista Golf, para conseguir la resolución del contrato por numerosos incumplimientos. Entre éstos citaban la falta de licencia de primera ocupación y la situación legal de la promoción, sobre cuya licencia de obras la gestora del Ayuntamiento de Marbella abrió el año pasado un expediente de revisión de oficio.
Posteriormente, la licencia fue impugnada por la vía del contencioso administrativo, en una sentencia que ya ha sido acatada en pleno por el Ayuntamiento. La promoción es un conjunto de viviendas plurifamiliares levantado en suelo calificado para vivienda unifamiliar adosada. Parte de la construcción ocupa también suelo destinado a viario público y a parques y jardines
Los compradores aducían asimismo otras irregularidades, como la no entrega de los avales por parte de la constructora y el hecho de que no se hubiera construido el campo de golf previsto en el proyecto.
Afectados
En la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella y a la que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que la posible responsabilidad que pudiera derivarse para la promotora «no ha impedido que los compradores demandantes tengan a su disposición» la vivienda, por lo que considera que los denunciantes «no se han visto afectados por esas circunstancias». Las «circunstancias» a las que se refiere la sentencia es la situación legal del edificio.
Asimismo, en relación con la falta de una licencia de primera ocupación, el juez entiende que no se trata de un incumplimiento por parte de la promotora, sino, en todo caso «un retraso, imputable, en función de las circunstancias, no necesariamente a la vendedora, sino quizá al Ayuntamiento de Marbella».
La licencia del proyecto básico fue concedida por el Ayuntamiento el 16 de octubre de 2002 a Sur Inversiones Sema, cuyo apoderado es el empresario italiano Giovanni Piero Montaldo, detenido en la tercera fase de la 'operación Malaya' e imputado por el juez de un presunto delito de cohecho. Montaldo también está incluido en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por unos convenios supuestamente lesivos para los intereses municipales. La licencia de obras le fue concedida el 28 de abril de 2003 por el entonces alcalde, Julián Muñoz.
Tras conseguir las licencias, Montaldo vendió la obra en construcción a la promotora, entidad que ahora mantiene el litigio con los compradores.
Los afectados tienen previsto recurrir la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.
* Diario Sur - 08.09.07 - HÉCTOR BARBOTTA
Foto: La urbanización Santa María Green Hills, en la zona de Elviria. / JOSELE-LANZA (SUR)
El derecho a la vivienda
GERARDO RUÍZ-RICO* : De tanto como se habla y escribe en la actualidad sobre el derecho a la vivienda parece que estamos en presencia de un auténtico derecho fundamental para cualquier ciudadano. Y en efecto puede que sea así, si consideramos que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Este derecho es “fundamental” en la medida en que lo es también la necesidad vital que se cubre con él, porque en definitiva nadie puede vivir dignamente si no puede contar con un alojamiento decente y adecuado a sus circunstancias personales y familiares.
Pero quienes elaboraron nuestra Carta Magna no pudieron percibir entonces la importancia social que iba a cobrar este derecho. Por ese motivo quizás, se limitaron a plasmarlo en una parte de la Constitución reservada a declarar objetivos y principios genéricos de la política social y económica, con una muy escasa eficacia jurídica.
Este derecho nunca podría ser exigible individualmente; ni tampoco cabría alegar su vulneración o incumplimiento ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo. Ni siquiera sería posible su tutela por los tribunales de Justicia ordinarios cuando, a través de una ley, se establecen las condiciones que debe reunir un ciudadano para optar por alguna vivienda de las llamadas protegidas; la concesión de una de éstas sigue dependiendo de la disponibilidad que en cada municipio exista de suelo reservado a esta clase de viviendas, así como de la existencia de una oferta suficiente para cubrir las demandas de quienes carecen de medios económicos para conseguir una en el mercado libre.
Sin embargo, las cosas están cambiando en el panorama europeo. La vivienda está dejando de ser el derecho comparsa y debilitado con el que las constituciones respondían tímidamente a demandas colectivas que se iban extendiendo en capas cada vez más numerosas de la población.
La primera muestra de este cambio se encuentra en una ley aprobada en 2003 por una Escocia a la que se acababa de devolver su autonomía política. Y en segundo lugar, también en Francia, donde este año, y respondiendo a las reclamaciones que impulsaron los llamados hijos de Don Quijote, se acaba de aprobar una ley sobre vivienda exigible.
El rasgo común a estas dos leyes es que determinados colectivos de ciudadanos, generalmente los que soportan situaciones de precariedad o son socialmente vulnerables, tienen reconocido el derecho a exigir que los poderes públicos les proporcionen un alojamiento o una residencia estable. La novedad además estriba en que la Administración competente –el Estado central, el Gobierno regional o los ayuntamientos– tiene unos plazos perentorios e ineludibles para cumplir con esas demandas ciudadanas.
Existe, por tanto, un mandamiento legal que fuerza a los poderes públicos a buscar soluciones adecuadas y decentes a las necesidades personales y familiares. En el caso de Francia ese derecho se puede reclamar ante los tribunales de Justicia y éstos, en caso de incumplimiento por la Administración de la obligación impuesta en la ley, pueden incluso sancionar económicamente a aquélla. Estamos, pues, en presencia de un auténtico derecho vinculante para el Estado. Pero, como hemos señalado antes, los beneficiarios del derecho a una vivienda no son todos los ciudadanos, sino únicamente aquellos que se encuentran dentro de los niveles de la pobreza o carecen de recursos económicos suficientes para conseguir una donde cuidar a los hijos, a las personas discapacitadas que están a su cargo, son enfermos crónicos, menores de edad, mujeres agredidas y un largo catálogo de circunstancias especiales que requieren una respuesta positiva y también específica o prioritaria de los poderes públicos.
En nuestra comunidad autónoma contamos en este momento con un respaldo estatutario más que suficiente para emprender en un futuro a corto plazo una iniciativa legislativa como la que se ha aprobado en esos otros países de Europa. El camino hacia una mayor justicia social está abierto, por tanto. Aunque convendría pensar en que también muchos otros grupos y sectores de la población necesitan no sólo medidas asistenciales para que su derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna sea una realidad, y no el cuento de Caperucita en moldes jurídicos muy bien elaborados.
* Gerardo Ruiz-Rico. Catedrático de Derecho Constitucional de la Univ. de Jaén
* Diario de Sevilla - Opinión - 8 de Septiembre de 2007
Escándalo urbanístico a la vista en un municipio de Guadalajara
+-+pueblos-espana.org.jpg)
ELDIGITALCASTILLALAMANCHA* : Ecologistas en Acción de Guadalajara aseguró hoy que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha incoado diligencias previas por presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad de Torrejón del Rey. Según informó el grupo ecologista en nota de prensa, la autorización de construcción de viviendas con una densidad superior a la permitida, ha conllevado a la visita de los agentes de la Guardia Civil al Consistorio de Torrejón del Rey, así como otros presuntos casos de irregularidades y corrupción.
En concreto, Ecologistas considera que la venta de suelo de uso dotacional, el destinado para parques, colegios o centros de salud, es "una forma de obtener ingresos para las arcas municipales".
Asimismo, indica que la votación en pleno de concejales "con intereses particulares en las recalificaciones, a los planes urbanísticos, incompatible según la legislación vigente, podría llegar a suponer la nulidad de las recalificaciones efectuadas en los últimos años en este municipio, además de las penas legales pertinentes".
Desde Ecologistas en Acción insisten en que "de nuevo el desarrollo urbanístico insostenible, corrupto y especulativo, planea sobre alguno de los ediles de los ayuntamientos de la provincia" y recuerdan en este sentido que hace unos meses "fue denunciado el alcalde de Cañizar, por ser el abogado de la empresa promotora del sector SP-04".
Además, recientemente, "el alcalde de Almoguera se ha visto involucrado en otro caso de corrupción urbanística, hechos reconocidos, que desgraciadamente, y por falta de investigación podrían llegar a destapar bastantes más casos", concluye.
* El Digital Castilla La Mancha - 7 de septiembre de 2007
Foto: Torrejón del Rey (Guadalajara) - pueblos-espana.org
Un magistrado del TSJA cree que realidades como la vivienda 'no se cambian sólo con leyes'
,+UNIA+sede_Antonio_Machado+-+Johnbojaen+2006+(wikipedia.org).jpg)
EUROPAPRESS* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Rafael Toledano sostuvo hoy, al ser preguntado sobre la nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes", ya que éstas "deben de ir acompañadas de otros muchísimos instrumentos de ejecución" de las políticas que se prevén en la misma.
A preguntas de los periodistas en el marco de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), Toledano consideró que cuando hay "una separación tan grande" y unos "desajustes tan tremendos" entre los precios del mercado inmobiliario y los de la vivienda tasada, "implica que muchas cosas se están haciendo muy mal".
Al hilo, el juez, que participó en el curso "El mercado inmobiliario: una realidad difícil de entender", aseguró que "no es normal que exista tal divergencia y discordancia"y añadió que con las políticas de vivienda "hay que tener presente que tienen un alto coste presupuestario".
Por ello, abogó por un plan integral "para encaminar la gestión en una misma dirección", señalando al tiempo que "lo fundamental" es aproximar el mercado al poder adquisitivo de las familias, para lo que es necesario "poner suelo disponible de forma ágil y eficaz" por parte de las administraciones.
De igual modo, expuso la necesidad de establecer iniciativas de recuperación de las plusvalías urbanísticas que, "a nivel legislativo están previstas pero que en gran medida dependen de mecanismos ágiles de ejecución" de esas políticas.
El magistrado del TSJA se mostró convencido de que, tanto el Gobierno autonómico como el nacional, "lo abordaran desde ahí", pero subrayó que "lo realmente difícil" en nuestra organización es que "casi todas las medidas no dependen de un solo actor" sino que hay "una conjunción de políticas de distintos órganos y distintas tendencias" por lo que es "imprescindible" que haya "una concertación" para actuar en la misma línea.
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Por otro lado, aclaró que la corrupción urbanística "no es cuestión de endurecimiento legislativo", aunque, a su entender, "lo ha habido" y es que la Administración "siempre ha tenido en su mano políticas y recursos suficientes" para intervenir en el mercado pero "muchas veces no ha tenido la capacidad y otras la voluntad política para hacerlo".
En ese sentido, puso de relieve que donde el Gobierno puede intervenir es "evitando políticas especulativas y de acaparamiento del suelo", pero reiteró que el endurecimiento legislativo que se ha producido "no es importante", puesto que, "si antes no se habían ejercido las leyes disponiendo de ellas, nada hace suponer que, al ser más agresivas, se pongan en marcha". "Quizás al contrario porque su aplicación supone un mayor coste político y social", remachó.
De otra parte, censuró la Ley del Suelo ya que "plantea aspectos jurídicos cuanto menos cuestionables" y se prevé "con un fuerte impacto sobre el mercado inmobiliario".
A su entender, la realidad está "muy separada de los valores que se pretenden obtener con esta legislación" y su impacto "va a crear una serie de tensiones muy considerables" en el mercado inmobiliario, así como "bastante letigiosidad". "Es decir --explicó-- se vana cuestionar en los tribunales las decisiones que se tomen a nivel constitucional ya que establece consideraciones muy fuertes sobre el derecho de propiedad", remachó.
A este respecto, Toledano concretó que los criterios de valoración del suelo rural establecen un limite en el doble del valor, que se denomina valor real agrario, a través de la capitalización de las rentas agrícolas. Esto supone "establecer por ley un limite del cual los tribunales no podrán pasar en la valoración de un bien".
Por último, matizó que esto es "cuestionable" ya que, cuando se trata de un justiprecio, se intenta establecer "la compensación justa teniendo en cuenta la realidad económica y social de una persona que se ve privada de su propiedad", concluyó.
* Diario Siglo XXI - 7 de septiembre de 2007
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)
La avalancha del ladrillo en Pallares
+-+dip-badajoz.es.jpg)
ECOLOGISTASENACCIÓN /Monesterio (Badajoz)* : Según se puede ver y oír, nos quieren presentar como imparable algo que no debe serlo: recalificar a lo bestia la mayor parte del suelo que rodea Pallares para inundarlo de ladrillo, es decir, construir casas a troche y moche en una superficie que puede ser algo así como la tercera parte del actual casco urbano. Todo ello se nos vende como una magnífica noticia para el pueblo. Ahora bien, lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia y a quién o a qué perjudica.
Evidentemente, beneficia a los dueños del terreno, que obtienen una gran cantidad de dinero con la venta pero, más que a nadie, beneficia a los compradores del suelo, que lo adquieren a precio de rústico y se revaloriza al pasar a ser suelo urbanizable, obteniendo unas plusvalías, unas ganancias bestiales, si prosperan los intentos de que así sea por parte del Ayuntamiento, o por lo menos de la corporación saliente.
El interés de los que negocian con ello es claro. Ahora bien, ¿cuál es el interés del Ayuntamiento o, en general, de los poderes públicos, por ejemplo la Junta de Extremadura, que es la que tiene que aprobarlo? El fin del Ayuntamiento es velar por los intereses de los ciudadanos y se supone que con ese objetivo debe intentar que haya una mejora de sus condiciones de vida y su prosperidad económica. Ahora bien, vemos cómo en muchos lugares de España los que gestionan los ayuntamientos ponen por delante sus intereses económicos, el afán por enriquecerse o aumentar su riqueza por encima de otras cuestiones, y no voy a citar ningún caso porque son de sobra conocidos.
Quiero pensar que nada de eso sucederá ya en nuestro caso, porque ahora mismo no sé de ningún responsable municipal metido en negocios urbanísticos en la zona en cuestión, con lo cual no hay conflicto de intereses.
Pero volvamos al papel de un Ayuntamiento que no tiene intenciones bastardas en el caso. Se puede pensar que debería autorizar todo esto, porque así el pueblo se beneficia. En primer lugar por el simple hecho de que el pueblo es más grande (ande o no ande, como el caballo), y esto puede tener su importancia en un lugar pequeño que cada vez tiene menos habitantes. Puede hacer que, en ciertos momentos, haya más ambiente, más vida. De todas formas, no parece que tras haberse construido un buen número de casas últimamente se haya visto mucho más movimiento en Pallares que antes de que se edificaran. De todas formas, psicológicamente puede que sea gratificante para la gente ver que algo (aunque sea ladrillo) vaya para adelante.
Otra razón es que la construcción pueda crear puestos de trabajo, cuando el paro es el principal problema de las gentes, y de qué manera. Ahora bien, es más que discutible que, cuando se edifique en tal cantidad, la construcción vaya a suponer empleo. En todo caso, los albañiles locales no podrán asumir tanta obra. Como ya hemos comprobado en parte en la calle Arturo Gazul , son constructores y mano de obra de fuera los que hacen el trabajo, sin que apenas quede nada en el pueblo, además de ser pan para hoy y hambre para mañana.
Quizás, si los contratistas son de la zona, algo de ese dinero quede, pero como estamos viendo en el caso que nos presentan, el principal beneficiario será alguien de fuera que ha comprado el terreno, venderá solares o construirá y se volverá con las ganancias a su lugar de origen. Otra idea que puede hacer pensar que es un beneficio es que quienes compren las casas vayan a suponer una fuente de ingresos para Pallares. Pero como está más que comprobado, lo que se llama turismo residencial, el comprarse una casa para vacaciones, es el turismo que menos interesa a la gente de la zona donde se construye, porque se trata de una gente que gasta relativamente poco.
En Pallares ya se utilizó un mote para cierto tipo de gente que hace muchos kilómetros y gasta poco (en el pueblo): los diesel. Pues bien, algo parecido a eso es lo que suele suceder. Mientras que el turista que se aloja en hoteles, pensiones, etc. deja dinero en esos establecimientos y en los bares o restaurantes donde come, el turista residencial ya tiene alojamiento, cocina y comedor. Es más, ni siquiera las tiendas harán un negocio significativo en muchos casos, porque la mayoría de los que vienen de las ciudades hacen la compra previamente en una gran superficie y, evidentemente, come en su casa. En algunos casos, con la proliferación de las barbacoas, el disfrutar su casa, etc, no visita ni siquiera los bares.
Esto es más claro todavía cuando se trata de gente que no tiene ninguna relación con el pueblo. No quiere decirse que todos lo hagan, pero sí que es lo esperable porque, no nos engañemos, el turista residencial que está llegando al sur de Extremadura suele ser de relativamente poco poder adquisitivo, que no ha podido comprar en la ya saturada Sierra de Huelva o Sierra Norte de Sevilla porque no puede permitirse esos precios. Un turista con poco dinero dejará más bien poco, por más que quisiera. Es más, esas viviendas pueden suponer un perjuicio para los intereses de posibles empresarios locales que se dediquen al turismo rural, porque en lugar de acudir hoteles o casas rurales, se alojarán en las casas que alquilen los de fuera, sin dejar nada dentro, como ya sucede en las sierras vecinas andaluzas.
Tampoco el Ayuntamiento consigue gran cosa, salvo algún terreno que se le debe ceder. Esto estaría muy bien si se pudiera destinar a viviendas sociales, pero hay que construirlas y, además, al consistorio le sobraría aun así terreno. Es decir, para las viviendas de promoción pública que se pueden edificar bastaría con el terreno conseguido con una recalificación muchísimo menor. Se podría pensar que el municipio obtiene más ingresos por impuestos, pero son más los gastos que contraería que el dinero que recibiría por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En efecto, el turista residencial no vive en el pueblo, no se empadrona y, por tanto, el Estado no transfiere más dinero al municipio por contar con más habitantes, ya que no lo son y no rezan como tales. Por el contrario, el Ayuntamiento, sin recibir dinero, tiene que ofrecer una serie de servicios a esa nueva población y a esas viviendas y calles.
Pero si hemos visto que los beneficios son mínimos, los perjuicios son muchos. En primer lugar se crea un problema importante con el agua, ya que en el pueblo es escasa. Recordemos que depende de un pozo, cosa casi insólita en la España de hoy, y que ha sido necesario un nuevo pozo el verano pasado para atender a la falta de agua. Las expectativas a medio y largo plazo en España son que cada vez hay menos agua, debido al cambio climático, entre otras cosas, de tal manera que habría que repartir la poca agua que ahora tenemos, y menor cantidad que tendremos en el futuro, entre más gente. Con un problema añadido, que puede ser en verano cuando más gente se concentre y es precisamente en verano cuando hay menos agua. Además, la población urbana que compra segundas residencias suele consumir mucha más agua que la del pueblo, eso sin contar la posible proliferación de piscinas privadas, aunque sean pequeñas. Tarde o temprano, los vecinos de Pallares sufrirían las restricciones. Además, el agua tiene otro problema, que es la mayor cantidad de aguas residuales que se producirían, y recordemos que aquí no se depuran, sino que van directamente a contaminar los cauces.
Otro asunto es que se acabaría con unas de las zonas más interesantes ecológicamente del pueblo, las vegas. En ellas tenemos las últimas tierras calmas de la campana del pueblo prácticamente, los últimos agostaderos y unos huertos que, además, de servir de entretenimiento a algunos de nuestros mayores, son un refugio de la biodiversidad agrícola, donde se mantienen algunas variedades locales y con un sistema de riego muy curioso y singular. La vega, además, es paisaje hermoso, sobre todo en primavera.
Finalmente, urbanizar en masa supone que, tras la apertura de la autovía, el pueblo se inundará de gente que viene de fuera y no tienen ninguna relación con el pueblo. Podría terminar creándose, en cierta manera, un mundo social aparte en esas nuevas zonas, ajeno a la cultura y las relaciones sociales del pueblo. El pueblo podría perder algo de su carácter. Eso no tiene por qué ser malo tampoco, porque la vida es cambio, pero habrá que valorarlo y, sobre todo, compararlo con los perjuicios que supone la construcción, que ya hemos ido viendo. Por tanto, resulta muy perjudicial cómo se está planteando el proceso de las recalificaciones en Pallares, porque sólo es una muestra más de la fiebre del ladrillo que nos asola a escala nacional. Por supuesto que es interesante que se construya algo. En primer lugar, para que los que viven en el pueblo (algo cada vez más difícil) tengan una vivienda, cosa hoy casi imposible también. Ese tipo de construcción es el que debe ser prioritario. Por otra parte, es también necesaria la construcción de viviendas, segundas residencias si es el caso, para completar urbanísticamente el pueblo, por ejemplo la acera del Callejón a la Calle La Puebla, y en la Cerca de los Toros, todavía a medio hacer.
Pero no se trata sólo de la cantidad de terreno, sino de la forma de urbanizarlo y construirlo. Urbanizar poco a poco y vendiendo solares ha sido algo que ha dado relativamente buen resultado y ha supuesto una mejora para Pallares. En efecto, ha hecho que gente del pueblo que vive en él o emigra estacionalmente pero quiere seguir aquí, se haya ido haciendo su casa. Lo mismo ha sucedido con los que emigraron, siguen queriendo a su pueblo y quieren pasar en él temporadas o incluso volver cuando se jubilen. Suelen ser estos precisamente los que más trabajo dan a los constructores y albañiles locales y los que más gastos de otro tipo hacen en el pueblo. Eso puede seguir pasando en el futuro si las cosas se hacen poco a poco y no se urbaniza masivamente, abriendo la caja de los truenos de la especulación y la avalancha de intereses extraños y perjudiciales para Pallares de los que sólo unos cuantos obtienen sustanciosas ganancias.
Nota. Está asociación ha decidido la publicación de este artículo como ejemplo de un problema que sufren o van a sufrir muchos de los pueblos de nuestra comarca y nuestra región, dentro de un mal entendido desarrollo. En especial sobre aquellos megaproyectos ya anunciados que nada tienen que ver con el entender y la convivencia de nuestras gentes, y ni mucho menos con el desarrollo social, cultural y natural de nuestros pueblos.
* Ecologistas en Acción - Monesterio, 6 de septiembre
Foto: Monesterio (Badajoz) - dip-badajoz.es
Un tribunal anula las cuentas de Majadahonda por argucias contables
,+gran+v%C3%ADa+-+Fev.+(wikipedia.org).jpg)
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de 28 de enero de 2003, en el que se aprobaron los presupuestos generales para dicho ejercicio. En el documento se especifica que el Consistorio financió gastos ajenos a los previstos por la ley con los ingresos que se obtuvieron con la venta de patrimonio municipal. La sentencia, que puede ser recurrida, llega tras una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición.
No es la primera vez que Majadahonda se enfrenta a una sentencia semejante. El TSJM también anuló los presupuestos de 2001 y 2002 por la misma causa. Manolo Fort, viceportavoz del PSOE, sostiene que los ingresos obtenidos con la enajenación de patrimonio público no se pueden destinar a la financiación de cualquier actuación con la excusa de que tiene un fin social.
"Si se venden bienes públicos, el dinero se dirige a unos fines concretos como la compra de suelo o patrimonio para el municipio. También se pueden emplear en edificar vivienda social o infraestructuras. Pero aquí no somos capaces de sobrevivir sin pagar inversiones corrientes con la venta de suelo", apostilla.
El Tribunal les ha dado la razón. La venta de las parcelas Guadarrama 1 y los aprovechamientos derivados de los convenios urbanísticos I+D Carril del Tejar, Salto del Sil y Los Negrillos reportaron al Ayuntamiento 15.956.401 euros. Con este importe se pagaron los trabajos previos a la revisión del plan general, 200 globos de faroles, 100 unidades de tapas de alcantarillado, aires acondicionados de varios edificios municipales, la reparación de instalaciones, conservación de jardines o vías públicas, entre otras actuaciones.
Fort señala que la sentencia considera que estos trabajos son "meras reparaciones y actuaciones de mantenimiento, que no pueden encuadrarse en el concepto de implantación o ampliación de los servicios públicos existentes".
El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, recuerda que en 2003 él no ocupaba el sillón consistorial. En esa época el alcalde era Guillermo Ortega, que presentó su dimisión el 3 de febrero de 2005 para zanjar la crisis política que atenazaba en ese momento al PP majariego.
"En el primer presupuesto del que yo fui responsable, el de 2005, se cambió la forma de elaboración y se ajustó a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid", asegura De Foxá. Como prueba de las buenas prácticas municipales, el regidor esgrime el hecho de que los socialistas no hayan vuelto a impugnar el presupuesto desde que él llegó a la alcaldía.
En cuanto a las consecuencias de la sentencia del tribunal, Fort declara que existen formas de hacer que se cumpla. "Se tendría que reintegrar el dinero y utilizarlo para los fines legales. Pero, claro, estamos en 2007 hablando del presupuesto de 2003, que ya está ejecutado. Las sentencias deberían llegar con mayor rapidez", concluye.
* ELPAIS.com - ESTHER SÁNCHEZ - Majadahonda - 07/09/2007
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)
El juzgado con el caso más grave de corrupción municipal cambia de juez por cuarta vez en un año
INFORMACIÓN/Alicante* : El juzgado que investiga el grueso de la denuncia del fiscal Anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión urbanística y económica del Ayuntamiento de Orihuela ha cambiado de nuevo de titular. Es el cuarto en doce meses. La denuncia remitida al juzgado el 14 de marzo de 2006 realizada por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, fue asumida por la entonces titular del Juzgado número 4, Lidia Paloma Montaño.
La juez, con acuerdo del decanato de Orihuela, desglosó la investigación en 15 procedimientos repartidos en el resto de las seis salas mixtas de Orihuela, y asumió las diligencias relacionadas con un delito contra la ordenación del territorio por el que se imputa al ex alcalde José Manuel Medina.
Tras interrogar en calidad de imputado en agosto de 2006 al ex primer edil por el uso de bienes, como un coche o un chalet en la costa, a nombre de empresarios beneficiados por presuntas reclasificaciones de suelo en Orihuela, la juez dejó la plaza a finales de septiembre.
A Lidia Paloma la sustituyó Ana Ors, que tan solo permaneció en este juzgado durante un mes y medio. Su plaza fue asumida en diciembre de 2006 por Belén Fernández, también como sustituta.
Esta misma semana ha llegado al Juzgado Número 4 para tomar posesión como juez Fernando Madrid. Tras la declaración de Medina de hace algo más de un año poco o nada ha trascendido del fondo de la investigación. Briones solicitó en septiembre de 2006 una amplia batería de pruebas documentales y testimoniales sobre el patrimonio y datos de adquisición de distintos bienes de disfrute del ex alcalde como un Bentley, un Audi 8 y un chalé en Orihuela Costa alquilado por contrato verbal.
En esa exhaustiva batería de peticiones también incluía el requerimiento para que acudieran como testigos los gerentes de las empresas titulares de esos bienes, y que a su vez han recibido el visto bueno municipal para construir miles de viviendas en Las Asomadas y en la costa de Orihuela. La defensa del ex primer edil presentó, por su parte, un pliego de alegaciones al interrogatorio realizado por Briones y la juez Lidia Paloma. Declaración en la que se abundó - de forma inesperada - en aspectos de técnica urbanística y la condición urbanística de los terrenos reclasificados.
Asuntos Este juez será el responsable de la investigación citada, pero también de otras dos investigaciones relacionadas con los últimos años de gestión municipal, como es el asunto de la supuesta falta de justificación de las subvenciones de las fiestas de Moros y Cristianos realizadas por el Consistorio y valoradas en 600.000 euros y el contrato presuntamente ilegal de un jefe de Personal durante el anterior mandato.
En las tres ocasiones anteriores el juzgado estuvo realizando durante una semana el proceso de inventariado de asuntos que se desarrolla de forma sistemática en cada sala en el momento que un juez titular deja la plaza, denominado «alarde» y que paraliza parte de la actividad judicial.
* Información - D. PAMIES - 07 de septiembre de 2007
Foto: Orihuela - wikipedia.org
El lado más oscuro del alquiler
.jpg)
ELPAÍS* : Los chollos inmobiliarios no existen. Es algo que saben las 40 familias estafadas este verano por el alquiler de apartamentos inexistentes a precios de entre 150 y 750 euros en diferentes zonas turísticas españolas. Por eso, ahora que empieza septiembre, mes álgido en alquileres, sobre todo por parte de estudiantes universitarios que buscan alojamiento para el nuevo curso, no está de más tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce. En distintas páginas de Internet circulan mensajes que alertan sobre distintas modalidades de timos en el alquiler de viviendas.
Lo más repetido son mensajes del tipo: "Cuidado con los listados, son una estafa". Y es que, en ocasiones, los anuncios clasificados de los periódicos incluyen publicidad de intermediarias que ofrecen alquileres muy asequibles.
"El piso por el que preguntas no existe y lo que pretenden es venderte un listado de teléfonos. Pagas 400 euros. Te pones a llamar, pero no existen los pisos o están todos alquilados. Vuelves a la inmobiliaria y te dan un listado nuevo. Más de lo mismo", explica un afectado.
Su caso no es el único. De hecho, el pasado mes de julio la Fiscalía, previa denuncia del Ayuntamiento de Barcelona, denunciaba a nueve empresas que cobraban entre 200 y 300 euros como intermediarios por dar listas de falsos propietarios de viviendas, un timo que ha dejado miles de afectados en la Ciudad Condal.
No hace falta llegar a esos extremos para hablar de irregularidades o abusos. A las asociaciones de consumidores van cada año cientos de afectados, tanto propietarios como inquilinos, en busca de asesoramiento jurídico.
La Fundación de Derechos Civiles, con 25 oficinas de gestión de alquileres e información sobre vivienda en España, cuenta que la irregularidad que más se repite por parte de los dueños es "el empleo de fórmulas para incumplir el régimen de prórroga forzosa de cinco años mediante la firma de contratos de temporalidad o la inclusión de cláusulas de necesidad del piso para uso personal", señala Carlos García, su presidente. "Pero, en realidad, el dueño encubre su intención de arrendar la vivienda a otra persona o de venderla. Para evitarlo, el inquilino debe comprobar que en tres meses el dueño ha ocupado la casa; en caso contrario, el inquilino tiene derecho a ser indemnizado y a volver por otros cinco años", señalan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
A Jaume Puig, que alquiló un apartamento por 850 euros en Barcelona, le pasó algo parecido. A los 11 meses, el dueño le comunicó que resolvía el contrato porque su hijo se iba a casar. "El propietario no necesitaba la casa para uso propio, ni aparecía reflejado en el contrato ese punto, por lo que el inquilino podrá ver prorrogado su contrato anualmente durante cinco anualidades", señala García.
Rentas ilegales
La OCU se hace eco de otro abuso sufrido por varios de sus socios. "A veces se intenta pactar en el contrato un aumento de la renta superior al IPC desde el primer año de alquiler". La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el incremento anual de la renta durante los cinco primeros años es como máximo el IPC.
Las reclamaciones por este concepto ocupan el 29% del total de las referidas al alquiler que llegan a la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid), dice su portavoz Antonio López. A pesar de ello, "sigue siendo muy bajo el porcentaje de afectados que acude a los juzgados. La mayoría se resuelven a través de las asociaciones", señala Gustavo Samayoa, de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).
Abusivo es también lo que le ocurre a Giovanni Scaloti, estudiante de Erasmus, de 22 años, que alquiló una habitación por 400 euros en un piso en Madrid. Para cerciorarse de que el inquilino es el único que duerme en la habitación, la propietaria entra algunas noches y revisa las habitaciones.
Esta conducta está tipificada en el Código Civil como allanamiento de morada, indican en la Fundación de Derechos Civiles. La dueña asegura que en España es lo habitual. Muy al contrario, el inquilino está en su derecho de cambiar la cerradura, dice la Fundación de Derechos Civiles.
Y es que las cláusulas excesivas están a la orden del día cuando se trata de alquileres ilegales: se obliga al inquilino a realizar dos limpiezas anuales con un coste de 600 euros; se alquila sin que la casa cumpla los requisitos mínimos de habitabilidad; o se utiliza la fianza para limpiar la casa para su puesta en alquiler de nuevo. "La fianza casi nunca se devuelve porque el dueño siempre encuentra algún deterioro para justificar la no devolución", según CECU.
Acosos inmobiliarios
Todas las asociaciones de consumidores tienen constancia de casos de mobbing inmobiliario, una práctica que consiste en asediar a arrendatarios, generalmente de avanzada edad, para que abandonen la vivienda de renta antigua y destinarla a fines especulativos. A este tipo de personas se les denomina despectivamente como "asustaviejas".
Es lo que le ha pasado a uno de los socios de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua), un hombre de 70 años inquilino de una vivienda en un edificio en la calle de Goles, en Sevilla, y que sufre acoso inmobiliario desde el año 1995.
En este caso, los propietarios, tras varias solicitudes de declaración de ruina, que han sido denegadas, se han visto obligados a comenzar las obras de conservación para evitar la expropiación de la finca. "Los inquilinos están a la espera de volver a sus casas una vez finalicen las obras", señala la organización.
Pero hay otras formas de mobbing inmobiliario, como engañara los arrendatarios para facilitar la resolución del contrato. "A veces se comunica verbalmente al inquilino que no hace falta que pague mes a mes, sino que puede acumular varias rentas para abonarlas de golpe", dicen en la OCU.
El problema surge porque no queda constancia de dicho pacto, por lo que el inquilino incurre de forma involuntaria en el incumplimiento de pago de la renta. El arbitraje ha entrado de lleno en el sector de los alquileres como una vía rápida para resolver los conflictos entre propietario e inquilino.
El problema se plantea con alguna asociación arbitral cuyo funcionamiento sólo beneficia al propietario, señalan en la OCU, que, defendiendo a uno de sus socios, acusa a "la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, la cual sólo prevé someter a arbitraje las infracciones del contrato que afectan al propietario, sin que exista la misma reciprocidad para el inquilino, quien lo acepta pensando que es un sistema ecuánime".
Pero no sólo padecen abusos los inquilinos. Muchas otras veces son los arrendatarios los que atentan contra los derechos de los dueños de los pisos. Juan Santillana, propietario de una vivienda de 80 metros en el centro de Logroño, ha acudido a la Fundación de Derechos Civiles para informarse de las posibles acciones legales que puede llevar a cabo contra un matrimonio que lleva tres meses sin pagar la renta.
Están en proceso de divorcio, por lo que uno quiere resolver el contrato y el otro no. A Juan no le queda más remedio que emprender acciones legales (desahucio judicial). Otras veces ocurre que el inquilino no paga los suministros "cuando existe un pacto previo para que los abone". Es lo que le está pasando a Eva Ayala, propietaria de una estudio en el distrito de Salamanca (Madrid), que alquiló a una pareja que lleva ocho meses sin pagar el recibo de la luz.
También es habitual que el inquilino deje la fianza como pago de la última mensualidad de alquiler; que se sustituya el mobiliario por otro de inferior calidad o en mal estado; así como el subarriendo del piso sin consentimiento del propietario. Y ojo con los morosos profesionales, que los hay.
* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN/ PROPIEDADES - Madrid - 07/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)
Andalucía: Vivienda por ley
SUR/Editorial* : El anteproyecto con el que la Junta de Andalucía pretende garantizar por ley el acceso a la vivienda a todos aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a 3.000 euros ha provocado reacciones dispares que evidencian no sólo los recelos y dificultades que plantea legislar sobre un derecho constitucional cuyos límites ha venido definiendo el libre mercado. También constituye un reflejo de la proliferación de iniciativas con que las distintas administraciones están tratando de afrontar una problemática generalizada, que acostumbra a integrar de forma tan inevitable como a veces perniciosa la agenda preelectoral.
Esas mismas instituciones no pueden obviar su propia responsabilidad en la perpetuación de una dinámica social que ha llevado a equiparar el derecho a disponer de una vivienda digna con el acceso a la compra de la misma, acentuando la convicción de que atesorar una escritura de propiedad siempre resulta una opción más aconsejable para los proyectos personales y las economías domésticas que cualquier otra eventual alternativa. Una cultura colectiva tan arraigada que ha terminado por propiciar comportamientos incongruentes, como los de aquellos jóvenes encadenados a una hipoteca cuando su horizonte profesional y vital se encuentra aún vagamente definido.
La controversia suscitada entre el presidente andaluz, Manuel Chaves, y el ministro de Economía, Pedro Solbes, reticente a promover 'grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida', refleja los impedimentos para explorar soluciones no sólo consensuadas, sino que se demuestren realmente efectivas. Al proyectarse al terreno legislativo, la propuesta de la Junta busca imbricarse en la tradición constitucional que consagra el derecho de los ciudadanos a gozar de una vivienda 'digna y adecuada', comprometiendo a los responsables institucionales en la promoción de 'las condiciones necesarias' y 'las normas pertinentes' que lo permitan. Pero la literalidad del artículo 47 de la Carta Magna está llamada a garantizar el acceso a un techo, no imperativamente la propiedad del mismo; y la obligación del Estado de asegurar la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de las previsiones legales no puede traducirse en un amparo generalizado -y por ello imposible- a la posesión inmobiliaria, ni tampoco redundar en iniciativas cuyos bienintencionados propósitos comporten el riesgo de nuevos desequilibrios o situaciones injustas.
Resulta discutible que una renta de 3.000 euros -el salario medio en Andalucía ronda los 1.400- no facilite la adquisición o el alquiler de un piso incluso a sus precios actuales y con la continuada subida de las hipotecas. De igual manera que el impacto del coste de comprar o arrendar un piso protegido tampoco es equiparable entre los sueldos mínimos y los más elevados, aunque unos y otros puedan beneficiarse de una medida que, como otras propuestas, despiertan comprensibles incógnitas sobre su posible encaje en las cuentas públicas. El hecho de que la iniciativa se haya formalizado en período preelectoral obliga más si cabe a un debate reposado y riguroso sobre su futuro desarrollo y aplicación.
* Diario Sur - 06.09.2007
El Consell ordena derribar 34 viviendas que el ayuntamiento quería legalizar en Catral
,+viviendas+fuera+de+ordenaci%C3%B3n+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE-EMV* : La conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda procederá al derribo de 34 viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico no urbanizable de Catral, tanto en la huerta tradicional como en el Parque Natural de El Hondo, rechazando de esta manera la propuesta del equipo de Gobierno del PP de Catral que apuesta por regularizar las más de 1.300 casas ilegales mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de redacción, aunque el anterior equipo de Gobierno presentó un concierto previo a la Generalitat.
Estos han sido los primeros expedientes urbanísticos que han concluido definitivamente tras ser estudiadas las alegaciones presentadas por los propietarios de los inmuebles afectados, según se explicó ayer desde la conselleria, que no precisó las fechas de los derribos ni en que situación se encuentra este último trámite para recuperar la legalidad urbanística.
La conselleria continúa tramitando actualmente otros 81 expedientes a otras tantas viviendas construidas sin ningún tipo de licencia ni autorización en suelo no urbanizable de la huerta, los cuáles podrían concluir con ordenes de demolición siempre y cuando se rechacen las alegaciones de sus propietarios.
La postura del Gobierno valenciano deja fuera de juego al Ayuntamiento de Catral, que pretende que no sea derribada ni una sola vivienda construida ilegalmente en suelo no urbanizable y proceder a su regularización en el próximo PGOU. Críticas socialistas Por otro lado, el presidente del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, instó ayer a la Generalitat a detener las obras de las viviendas ilegales de Catral, ya que, según criticó, su actuación en el municipio asumiendo en octubre las competencias urbanísticas «no ha servido para paralizarlas, sino que todo se ha mantenido como estaba» .
En un comunicado, Amorós calificó de «irresponsable» esta actuación del Consell y criticó que actualmente continúen las obras «con la connivencia del PP» , tanto autonómico como local, ya que este partido gobierna en el municipio desde las pasadas elecciones. Instó a la Generalitat a «tomar cartas en el asunto» para evitar que su actuación «se manifieste como un verdadero golpe de estado contra el poder local» . «No queremos pensar que el Consell mira con ojos más benévolos al actual equipo de Gobierno por ser del mismo color político» , sostuvo Amorós, quien añadió que, de ser así, «la desvergüenza no tendría límites y el aprovechamiento de las instituciones con carácter de partido tampoco» .
* Levante-EMV - E. D. G., Catral - 06 de septiembre de 2007
Foto: FUERA DE ORDENACIÓN. Viviendas construidas en zona de huerta /levante-emv.com
Roca atacó un pilar básico del Estado de Derecho con los pagos al juez Urquía
EFE* : Los presuntos pagos del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca al juez Francisco Javier de Urquía constituyen un ataque a un "pilar básico del Estado de Derecho", según el informe policial en relación a la supuesta implicación del magistrado en un delito de cohecho. En el informe de la Udyco Costa del Sol, la Policía afirma que la investigación pone de manifiesto "el despliegue delictivo de la estructura criminal de Roca" y subraya que en esta ocasión "se da una vuelta de tuerca más y se detecta una clara penetración de la organización en un órgano jurisdiccional".
A juicio policial, los "presuntos pagos a una autoridad judicial a cambio de resoluciones favorables" supone una "cuestión de enorme trascendencia pues ataca a un pilar básico y esencial del Estado de Derecho, que en esta ocasión sirve, previo pago, a los intereses espúreos" del ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal.
En el documento, elaborado por la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, se recogen algunas de las doce escuchas telefónicas cotejadas ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se analiza el contrato de compraventa de la vivienda de De Urquía hallado en Maras Asesores.
El informe refleja además que la Policía propuso al juez instructor del Caso Malaya, Miguel Ángel Torres, la detención del entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella "al acreditarse la existencia de indicios razonables de comisión delictiva, vinculados al cohecho y prevaricación".
Torres sin embargo remitió dicho informe al TSJA, que abrió un procedimiento judicial en el que imputa a De Urquía los citados delitos y a Roca los de cohecho y malversación. El magistrado, suspendido cautelarmente de sus funciones tras la apertura de dicha causa, comparecerá mañana por segunda vez en la sede del TSJA en Granada ante el juez instructor del procedimiento, Miguel Pasquau.
El magistrado del alto tribunal andaluz ha citado además a declarar como imputado a Arnaud Fabrice Albouhair, mientras que el viernes deberán comparecer ante el juez Juan Antonio Roca y Fernando Blázquez, éste en calidad de testigo.
La segunda declaración del juez servirá además para que mañana especialistas del Cuerpo Nacional de Policía lleven a cabo una prueba de reconocimiento para determinar si la voz de una tercera persona que aparece en una conversación telefónica grabada en la investigación mantenida entre Roca y otro interlocutor se corresponde con la del juez.
El magistrado Francisco Javier de Urquía fue suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella el pasado mes de julio por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) tras ser investigado por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.
De Urquía prestó declaración en el TSJA el pasado 7 de julio, mientras que Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el Caso Malaya, compareció ante el magistrado Pasquau el 12 de julio, para lo que fue trasladado desde la prisión de Albolote (Granada) donde permanece en prisión preventiva por esta causa.
* Málaga Hoy - 05/09/2007
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Comienza la urbanización de la isla de Valdecañas
,+embalse+-+ecologistasenaccion.org.jpg)
A pesar de los recursos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo han permitido el comienzo de las obras de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas. Ecologistas en Acción* denuncia que para ello se ha desecado el río Tajo en cinco kilómetros, entre las provincias de Toledo y Cáceres. La asociación ecologista califica de irracional esta actuación, especialmente cuando va dirigida a favorecer la ejecución de un proyecto meramente especulativo.
Ecologistas en Acción ya se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante) para obtener información sobre aspectos concretos, tales como cuáles son las autorizaciones e informes que se han emitido o están en trámite de emisión por parte de la CHT relacionados con la urbanización en Valdecañas y, además, si se ha permitido el desembalse de Valdecañas o la reducción de caudales desde el embalse de Azután para facilitar el desarrollo de las obras. El beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo deja en papel mojado los compromisos de caudales mínimos del tajo tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura y priva a esta actuación de las más mínimas garantías ambientales.
No podemos olvidar que este proyecto urbanístico, aunque se ubica en el Embalse de Valdecañas, en el Tajo Extremeño, afecta directamente a especies y espacios naturales tanto de Castilla – La Mancha como de Extremadura, pues uno de los efectos más notables del inicio de las obras consiste en la práctica desecación del cauce por debajo de las poblaciones toledanas de El Puente del Arzobispo y Valdeverdeja (un tramo de unos 5 kms del Tajo entre Toledo y Cáceres).
En todo caso parece injustificable que la CHT pudiera haber autorizado ya el uso del dominio público hidráulico en el vaso del embalse para el inicio de las obras y la concesión de aguas provisional sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión. Esto es, si hay disponibilidad de agua para el abastecimiento de los chalets, el campo de golf, el hotel, los centros comerciales, etc,. y si se va a autorizar el plan de uso nuevo para el embalse y la construcción de un puente de acceso a la isla sin que se hayan obtenido todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones de impacto preceptivas para todas y cada una de las infraestructuras asociadas al complejo. En todo caso, parece así avanzarse en una dinámica de hechos consumados que pudiera conducir finalmente a la cesión de la CHT ante este aberrante proyecto.
Por otra parte, el descenso de las aguas ha perjudicado ya la nidificación de especies de aves declaradas “en peligro de extinción”, como la Cigüeña Negra. Debe considerarse que el período reproductor de las varias parejas de esta especie en la zona aún no ha concluido para la presente campaña de cría y que tanto en éste como en otros embalses de la zona (Navalcán, Rosarito, Azután), deben mantenerse unas mínimas condiciones ambientales (también en lo relativo a los caudales mínimos de los ríos) para garantizar la supervivencia de las nidadas y polladas volanderas que crían en este entorno, las cuales suelen utilizar estas masas de agua y sus inmediaciones durante la primavera y el verano, es decir, durante la nidificación y sus primeros meses de vida, y muy significativamente, durante la concentración postnupcial de juveniles venidos incluso desde otras zonas del centro peninsular.
El área afectada, también es zona de cría (tanto en Extremadura como en Castilla – La Mancha) de especies igualmente declaradas en peligro de extinción como el Águila Perdicera, o de otras grandes y medianas rapaces como el Halcón Peregrino, el Buitre Leonado (con una importante colonia de cría en Toledo) o el Alimoche, no declaradas “en peligro de extinción” pero de igual modo estrictamente protegidas en cumplimiento de las leyes de Conservación de la Naturaleza de ambas comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a sus áreas y períodos reproductores.
Por otra parte, el conjunto del completo afectará muy negativamente la invernada de gran cantidad de aves acuáticas, esteparias y un dormidero de grullas que hasta el invierno pasado descansaban en la inmediatez más absoluta de la Isla y Embalse de Valdecañas.
Además, todo el tramo desecado forma parte de la Red Natura 2000, pues se trata de zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura. En la parte que corresponde a Toledo habría que añadir que todo el cauce del Tajo entre el Puente del Arzobispo y el límite provincial con Cáceres, está declarado Área Crítica del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, siendo esta una de las zonas más afectadas cuando aún no ha concluido el período reproductor de la especie.
Resulta irracional e indignante, que un proyecto que a todas luces contraviene la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional al respecto de la conservación de estos espacios y especies, (Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Convenio de Ramsar, Convenio de Berna, Leyes de Conservación de la Naturaleza y Planes de Recuperación de especies de Extremadura y Castilla – La Mancha, etc.) haya sido declarado “De Interés Regional” por la Junta de Extremadura. Especialmente cuando lo que se favorece es el urbanismo especulador que tanto daño ha causado en zonas de la costa mediterránea y del interior del Estado. Este proyecto resulta totalmente contrario a la filosofía y all articulado de la Ley de Suelo que recientemente ha entrado en vigor. Por estas razones, el proyecto se ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
* Ecologistas en Acción - Campo Arañuelo 8 de agosto
Foto: embalse Valdecañas, obras - ecologistasenaccion.org
El ataque contra la web de Vivienda “es una manera de reflejar que el problema existe”
ELCONFIDENCIAL* : Cada vez son más y gritan más fuerte. El reciente ataque de un hacker a la web del Ministerio de Vivienda ha puesto bajo los flashes al colectivo ‘VdeVivienda’, una plataforma cívica formada ya por catorce asambleas de diversas ciudades españolas que reivindica el acceso a un hogar digno. Dado que el manifiesto que un pirata informático colgó en la página ministerial arrancaba con el eslogan del colectivo -'No vas a tener casa en la puta vida'-, éste se convirtió en blanco de todas las miradas. Obviamente, sus responsables niegan cualquier vinculación con el sabotaje, que califican de positivo porque ha dado mucha difusión a su movimiento y porque “es una manera de reflejar que el problema existe”.
“Desde hace muchos años el acceso a una vivienda en España ha ido cada vez a peor. La liberalización del mercado ha tenido resultados fatalistas. Actualmente no tenemos acceso a la vivienda pese a que existen más casas de las que se demandan. Los alquileres no paran de subir y los precios están estancados pero no bajan. Las VPO son un parche total, son para un porcentaje mínimo de la población que accede a ellas. Además no se cumplen las cifras de construcción”, señala a este diario David Morgado, creador de la campaña ‘No vas a tener casa en la puta vida’.
Esta plataforma, que surgió el pasado otoño en Barcelona como un intento de emular al movimiento francés ‘Los Hijos de Don Quijote’ y no ha dejado de ganar adeptos desde entonces, defiende su carácter único y su independencia frente a sindicatos y partidos políticos. Su fin es servir de canal organizativo de las manifestaciones cívicas sobre el problema y entre sus reclamaciones principales figura el cambio de las medidas estructurales, la salida de la vivienda del mercado, dar uso a los tres millones de pisos vacíos que hay actualmente en España y crear un nuevo modelo de ciudad más habitable.
“Tendría que haber una corrección de las leyes. No se trata de otra cosa sino de evitar la especulación descontrolada. Los alquileres tendrían que estar regulados por el Gobierno tal y como sucede en otros países europeos. Es muy importante el soporte de las leyes para que bajen los precios y que incentiven el alquiler. Por ejemplo, el alquiler no te desgrava, en cambio la compra sí”, afirma Morgado.
Un récord mundial
La última iniciativa que ha emprendido ‘VdeVivienda’ promete ser sonada. La plataforma intentará batir un récord mundial el próximo 6 de octubre con una convocatoria simultánea en varias ciudades españolas a favor de una vivienda digna. El meollo está en que miles de personas griten a la vez su ya famoso eslogan, para lo cual han creado un vídeo promocional y una campaña en Internet. Con ello pretenden reunir, sólo en Madrid, a unas 20.000 personas. La cifra no es desorbitada puesto que una marcha organizada por el colectivo el pasado septiembre reunió a 15.000 participantes en Barcelona, según los organizadores.
El escenario escogido en la Ciudad Condal para la manifestación y el grito popular es la Plaza de San Jaume, mientras que en la capital todavía no se ha definido el recorrido que, probablemente, terminará en la Puerta del Sol.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 06/09/2007
Foto: manifestación vivienda
La Policía investiga si el alcalde de Santa Cruz blanqueó dinero comprando premios de lotería
LAOPINIÓNDETENERIFE* : La magistrada que instruye la causa de la compraventa de los terrenos de Las Teresitas, Carla Bellini, ha abierto una nueva vía de investigación sobre el patrimonio del principal imputado, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y ha encargado a la Policía Nacional que investigue una presunta compra de premios de lotería con los que Zerolo habría blanqueado dinero de supuestas comisiones ilegales.
Fuentes próximas a la investigación señalan que el patrimonio de Zerolo ha sorprendido a los investigadores por no ser acorde a sus ingresos como alcalde. De hecho, ha sido interrogado por su patrimonio. Una de las explicaciones que él y sus abogados han dado para explicar parte de sus bienes es que ha sido agraciado con varios premios relacionados con los juegos de azar.
Ante estos datos, la magistrada instructora ha dirigido numerosos oficios a la Policía para que investigue exactamente los premios obtenidos por Zerolo y su entorno familiar, así como los bancos en los que fueron pagados, o si realmente se trata de premios que han sido ganados por otras personas y cuyos boletos han sido comprados con el fin de blanquear dinero.
Método
La compra de premios de lotería es uno de los métodos de blanqueo de capitales más recurrido en España y cuya averiguación es muy difícil de llevar a cabo. Para realizar una operación de este tipo, los bancos juegan un papel fundamental, ya que suelen actuar de mediadores entre la persona que ha obtenido el premio y la que tiene dinero negro y no sabe cómo blanquearlo. Un banco se pone en contacto con una persona que ha ganado un premio y se ofrece para comprar el boleto premiado, para lo que suelen dar una cantidad de dinero algo superior al valor del premio. Así, el banco se asegura un cliente con una elevada cantidad de dinero y posee un boleto premiado que, en estos supuestos de delito, ofrece a clientes que estén interesados en blanquear dinero de procedencia ilícita. La persona en cuestión transformaría en dinero lícito la cantidad del premio en cuestión. Especialistas en rastreo patrimonial de Madrid investigan si Zerolo llevó a cabo alguna compra de premios.
Una de las primeras actuaciones de la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, fue encargar una investigación patrimonial de los principales imputados, fundamentalmente de Miguel Zerolo, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
Especialistas
Varios especialistas en rastreo patrimonial de la Policía Nacional procedentes de Madrid trabajan en la investigación a las órdenes de Carla Bellini, así como otros agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
Otra de las pistas que sigue la Policía con respecto a la investigación patrimonial del caso Las Teresitas ha detectado movimientos de dinero en Isla de Man, uno de los paraísos fiscales más opacos de cara a una investigación policial.
Reacciones
Todos los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a excepción de la formación del alcalde, Coalición Canaria, rechazaron la posibilidad de valorar la información que hoy publican los diarios La Opinión de Tenerife y La Provincia/Diario de Las Palmas. Según ambos rotativos La Policía investiga si Miguel Zerolo blanqueó dinero comprando premios de lotería. Los diferentes portavoces coincidieron en que es una investigación en curso y que el alcalde tiene derecho a la presunción de inocencia.
El primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Angel Llanos, rechazó hacer declaraciones de un asunto que la justicia está investigando actualmente. El actual socio de gobierno de Zerolo siempre, incluso antes de que Llanos formase parte del grupo de gobierno municipal, evitó pronunciarse sobre los problemas legales que tenía el alcalde.
De igual manera se pronunció la portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Rivero, que prefirió no entrar a valorarlo. "En todo lo que es materia de investigación judicial, no queremos entrar", aseguró la diputada nacional. Además, recordó los derechos que cualquier ciudadano tiene a cuestiones como la presunción de inocencia. "Miguel Zerolo está cubierto por su presunción de inocencia y en este caso no está imputado, como sí ha pasado en otros casos", explicó Rivero.
Los líderes de los dos partidos que forman parte del grupo mixto, Ciudadanos de Santa Cruz (con dos concejales) y el Centro Canario (con uno), también prefirieron no hacer ningún tipo de declaración sobre lo publicado hoy en los medios. El líder de Ciudadanos, Guillermo Guigou, rechazó toda valoración a una investigación judicial. "En otras ocasiones lo hemos hecho, pero cuando ya ha habido algún tipo de decisión legal al respecto", explicó. Guillermo Guigou ha destacado por ser uno de los políticos más críticos con la gestión que Miguel Zerolo ha llevado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente del CCN, Ignacio González Santiago, rechazó hacer declaraciones sobre la información publicada hoy. Se da la circunstancia que el concejal en la oposición del consistorio capitalino es hijo de Ignacio González Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, el cual también está siendo investigado por la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini.
* La Opinión de Tenerife - PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05 de septiembre de 2007
Foto: Tenerife-Playa_de_las_Teresitas - Rémi Stosskopf - wikipedia.org
