C.Sánchez/ElConfidencial* : "La espectacular subida de los pisos en los últimos años suele tener un culpable para muchos analistas y expertos: la escasez de suelo. O dicho en otros términos; la incoherencia entre oferta y demanda, lo que favorece la escalada de los precios. Pero los datos del Catastro no parecen avalar ese argumento. Según datos oficiales las cinco grandes capitales españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza), donde vive alrededor del 15% de la población española, cuentan en estos momentos con nada menos que 168,8 millones de metros cuadrados clasificados como urbanos y en los que, sin embargo, no existe edificación alguna.
Una cantidad de suelo verdaderamente espectacular (equivalente a 168,8 kilómetros cuadrados) repartida en 32.859 parcelas situadas en pleno casco urbano de las cinco grandes ciudades españolas, pero sobre las que no se ha colocado ni un solo ladrillo pese a la demanda creciente de viviendas por razones demográficas (inmigrantes o nativos) y de inversión.
Un coeficiente equivalente al del Vicente Calderón
Aplicando a esos terrenos un coeficiente de edificabilidad de 1,9 metros cuadrados por metro cuadrado de superficie -similar al que se ha tenido en cuenta en el reciente Protocolo firmado entre el alcalde Ruiz-Gallardón y el Atlético de Madrid y Mahou para la reclasificación del estadio Vicente Calderón y de las instalaciones de la cervecera-, se estaría hablando de unos 320 millones de metros cuadrados, en donde se podrían construir unos cuatro millones de viviendas con una superficie media de 80 metros.
Los datos del Catastro no dejan lugar a dudas. En Madrid existen 117 millones de metros cuadrados sin edificar clasificados como urbanos, una cantidad similar a la superficie de parcelas edificadas, lo que pone de manifiesto el potencial de crecimiento de la capital. Ahora bien, el número de parcelas sin edificar representa el 10% del total de parcelas construidas: en total, 12.548 parcelas urbanas están sin edificar, mientras que algo más de 121.000 tienen encima alguna construcción. Esto se explica porque las parcelas que están sin edificar son mucho más grandes que las edificadas.
En Barcelona hay 6.449 parcelas sin construir y una cantidad similar existe en Valencia (6.065). En Sevilla, el número de parcelas sin edificar es de 2.749 y en Zaragoza, de 5.048, pese a tener 100.000 habitantes menos que la capital hispalense. En estas ciudades, el número de metros cuadrados urbanos sin edificar oscila entre los 23 millones de metros cuadrados en Zaragoza y los 6,9 millones de metros cuadrados de Valencia. El caso más significativo es, sin lugar a dudas, el de Madrid, donde hay tantos metros cuadrados clasificados como urbanos sin edificar como edificados, lo que pone de relieve hasta qué punto el suelo permanece ‘secuestrado’ por parte de sus propietarios.
La legislación define como suelo urbano aquel que cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. Es decir, aquel que está plenamente operativo si bien todavía puede estar sujeto a acciones de remodelación por parte de las autoridades municipales. Es distinto al urbanizable, que es aquel que todavía no reúne las condiciones necesarias para su consideración como urbanos, ya que depende de determinados desarrollos urbanísticos.
Fines claramente especulativos
Esta complejidad en la gestión del suelo -con una fuerte carga administrativa durante su tramitación- es lo que explica en parte la tardanza del suelo en salir en mercado; una salida más rápida habría favorecido un descenso de los precios. Pero, sobre todo, es consecuencia de la retención del suelo urbano con fines claramente especulativos. Un estudio realizado por el Ministerio de la Vivienda durante la tramitación de la nueva Ley del Suelo puso de manifiesto que apenas media docena de grandes propietarios –sin incluir a los poderes públicos- eran los dueños de buena parte del suelo existente en la Comunidad de Madrid, que no habrían puesto a la venta para favorecer la escalada de los precios.
Durante sus tiempos en la oposición, el presidente Zapatero prometió medidas legislativas encaminadas a impedir que el suelo se quedara en manos de sus propietarios y no saliera al mercado. Barajando, incluso, la posibilidad de encarecer el tipo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En algunas comunidades autónomas –como Extremadura- ya se ha puesto en marcha este tipo de medidas. Pero en la reciente Ley de Suelo se pasa de puntillas sobre este asunto, entre otras cosas debido a que, desde siempre, el Ministerio de Economía se ha mostrado en contra de decisiones que penalicen la propiedad y la inversión, y también a que se trata de competencias de las administraciones periféricas.
* El Confidencial - 06/08/2007
Foto: elconfidencial.com
La retención especulativa del suelo frena la construcción de cuatro millones de pisos en las grandes capitales
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Lanzarote: Otro 'Algarrobico' sin licencia
S.Menéndez/El País : "En las habitaciones del Papagayo Arena se alojan ahora familias extranjeras y españolas que duermen, se bañan y contemplan sus vistas. Cuelga estos días el cartel de lleno. Los veraneantes disfrutan ajenos a la situación de ilegalidad del hotel. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de declarar nula la licencia de edificación del hotel Papagayo Arena, construido en la cala de Las Coloradas, en el municipio de Yaiza, al sur de la isla de Lanzarote. Este hotel es conocido como el Algarrobico de Canarias por estar construido, como el de Almería del mismo nombre, encima de la arena de una playa virgen, con siete plantas y 747 habitaciones a escasos metros del agua.
En realidad, el título de El Algarrobico canario lo comparte con el hotel Dream Gran Castillo, que está inmediatamente a su lado. Ambos parecen un solo bloque que abarca toda la extensión de la playa. Su ubicación parece poco compatible con el título de Reserva de la Biosfera que se concedió a Lanzarote en 1993.
La licencia de construcción del Dream Gran Castillo fue declarada nula por el mismo tribunal el pasado 15 de enero y por los mismos motivos: los dos se han construido dentro del mismo Plan Parcial de Las Coloradas e incumplen la legalidad urbanística. A pesar de esto, los dos hoteles están funcionando desde hace varios años, aunque el Cabildo Insular de Lanzarote les denegó la autorización de apertura en su momento.
Aunque con idénticas circunstancias de ilegalidad, ubicación y características estéticas, estas dos explotaciones hoteleras han llevado procedimientos judiciales separados, lo que ha dado lugar a algunos errores en su identificación. Aprovechando el desfase temporal de ambos procedimientos, los propietarios del Papagayo Arena han tratado siempre de evitar la vinculación con el otro hotel, cuya licencia se anuló primero.
La licencia del Papagayo Arena ahora anulada se concedió por un decreto del alcalde del municipio de Yaiza el 1 de junio de 1998. El Cabildo de Lanzarote demandó a este Ayuntamiento y a la promotora, Papagayo Arena, S. L. por múltiples irregularidades: falta de adecuación a la normativa urbanística, incompatibilidad con el Plan Insular y carencia de informe favorable sobre habitabilidad, así como del preceptivo informe jurídico previo a la concesión de la licencia.
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el expediente de expropiación forzosa para derribar el Papagayo Arena y próximamente hará lo mismo con el hotel contiguo.
El enorme impacto visual y ambiental del Papagayo ha dado lugar a que la Dirección General de Costas tramite dicho expediente "con el objetivo de incorporar los terrenos al dominio público marítimo-terrestre".
La sentencia ahora emitida rechaza el argumento de los dueños del hotel: "El problema es que [el Cabildo] no podía impugnar la licencia por no conocer sus detalles al no haberse notificado su existencia".
Apariencia de informe
La carencia del informe jurídico previo a la concesión de la licencia merece también atención especial del TSJ de Canarias: "El que pretende erigirse o hacerse valer como informe [jurídico] es una mera apariencia de informe; es decir, un documento sin contenido", razona el tribunal. Los jueces responsabilizan al secretario del Ayuntamiento de la falta de adecuación de los informes.
El Cabildo de Lanzarote denunció por la vía administrativa la existencia de múltiples irregularidades en la concesión de la licencia que el Ayuntamiento de Yaiza concedió al Papagayo Arena. Incluso entiende que puede haber una infracción penal y se han emprendido acciones contra el alcalde de Yaiza, José Fernández Reyes (antes de Coalición Canaria y ahora del Partido Nacionalista de Lanzarote) por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo relacionados con el otorgamiento de esta y otras licencias de obras.
Según el Cabildo "la construcción de este macrohotel eliminó el vial de acceso público al mar, erradicó una zona verde prevista en el Plan Parcial de las Coloradas y quebrantó el parámetro básico urbanístico de edificabilidad al estar por encima de lo establecido en la ordenanza en más de un 50%". Además, señala que "se han construido siete plantas sobre la rasante, siendo el máximo cuatro". El letrado Agustín Domingo Acosta denuncia en un informe "una estrategia de los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular". Según el informe de Acosta, se han autorizado por parte de estos ayuntamientos más de 12.000 camas hoteleras ilegales. Se da la circunstancia de que el abogado Felipe Fernández Camero, que defiende al Ayuntamiento de Yaiza, es también quien defiende los intereses de la empresa explotadora de dicho hotel en el recurso que la misma ha formulado contra la resolución del Cabildo de Lanzarote que denegó la autorización de apertura a este hotel.
Según ese mismo informe, el abogado Fernández Camero fue anteriormente secretario del Ayuntamiento de Arrecife, capital de la isla, y fue destituido por el Ministerio de Administraciones Públicas por una infracción grave de incompatibilidad. Acosta, que lleva denuncias por irregularidades urbanísticas, afirma también que "el arquitecto autor del proyecto del hotel Papagayo Arena, Ángel García Puertas, fue hace años el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Yaiza".
* ELPAIS.com - Lanzarote - 06/08/2007
Foto: Lanzarote, hotel PAPAGAYO_ARENA /J.Fuentes, lavozdelanzarote.com
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La vivienda hecha cómic
A.RodríguezCarrasco/El Mundo* : "Para algunos la vivienda es una inversión, para otros un gran esfuerzo, para otros una utopía... ¿y para ti?". Así comienza la campaña que la ONG Arquitectos Sin Fronteras, en colaboración con la Universidad del País Vasco, ha iniciado para concienciar a la población de la necesidad de reflexionar sobre el problema del acceso a una vivienda, no centrándose sólo en el punto de vista nacional o europeo. Si se piensa en el tan trillado problema de adquirir una casa, lo primero que se viene a la cabeza son los altos precios, la especulación, las hipotecas, la subida del Euribor, etc.
Desde esta ONG se proponen dar la vuelta al tema y ofrecer otro punto de vista. Para ello han organizado un concurso de cómics con la vivienda como temática y con el título "¿Hogar dulce hogar?".
"Nuestro objetivo es que la gente reflexione, pero no sólo en el contexto de España y Europa. También queremos que sirva para que la sociedad se interese en conocer cómo viven el resto de personas en el tercer mundo", dice Íñigo Collantes, secretario de Arquitectos Sin Fronteras en el País Vasco. Y es que con este concurso buscan que no se olvide el hecho de que numerosas personas no cuenten con los servicios básicos en el hogar. Por no hablar de aquellas que se ven obligadas a vivir en pisos patera, chabolas, campamentos para refugiados, etc.
Las viñetas que se presenten deberán ser de creación propia y con personajes originales. Podrán participar individualmente o de forma colectiva guionistas y dibujantes. Los diálogos podrán estar escritos en castellano o en euskera. La fecha límite para entregar los dibujos es el 19 de noviembre, y el día 30 se darán a conocer los tres ganadores que optan a un primer premio de 600 euros, un segundo de 300 y un tercero de 200. Consulte las bases del concurso.
"Arquitectos Sin Fronteras ha protagonizado antes otras campañas de sensibilización como concursos de fotografía, de camisetas, etc.", dice Collantes. "Lo importante es darse cuenta de que hoy en día aspiramos a demasiado, nuestros padres y abuelos empezaron con muy poco y ahora nosotros queremos comenzar como viven ellos", puntualiza.
Una vez conocidos los trabajos premiados, éstos y otras obras que determine el jurado formarán parte de una exposición que durará un año. Después, los autores podrán recuperar sus trabajos. "Vamos a publicitar esta iniciativa por todas partes, pero sobre todo en foros de diseñadores y aficionados, en escuelas de dibujo... Queremos que la gente se interese y colabore", añade Collantes.
* El Mundo - Su Vivienda - 02/08/2007
Foto: cartel Arquitectos sin Fronteras, concurso de comics /asfes.org
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Terra Mítica: "Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato"
L.Garrido/El País* : "El norteamericano John Fitzgerald es director general del parque Terra Mítica, en Benidorm. Ocupa esa responsabilidad desde el 25 de octubre de 2001, coincidiendo con la entrada de Paramount en la gestión del complejo. Antes, entre octubre de 1998 y julio de 2000, fue director de operaciones, cuando el parque estaba en construcción. En su declaración como testigo, el 26 de septiembre de 2006, ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas en el parque temático, Fitzgerald explicó que sabía que había problemas administrativos, que se dimensionó mal el parque y que conoció el malestar de algunos consejeros por los sobrecostes.
Este es un extracto de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Obras sin contrato
Abogado del Estado. Tengo otro documento, una propuesta de gasto. Generalmente, las propuestas de gastos venían determinadas por el director de división, que normalmente era el director técnico, daba el visto bueno el director general y con esto nos íbamos al departamento financiero a pagar.
John Fitzgerald. Sí.
A. E. ¿Esto no pasaba por la comisión ejecutiva?
J. F. No.
A. E. ¿Y esto no respondía a un contrato?
J. F. No.
A.E. ¿Con esto era suficiente para que la sociedad pagara?
J. F. Creo que hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato.
A. E. Y no se supone, y así se ha dicho, que el sistema de control era muy riguroso.
J. F. Si el presupuesto era de 240 millones de euros y ha costado 376 millones de euros, está claro que mucho no pasaba por los contratos originales, en particular las obras de jardinería, que no estaban incluidas en la UTE, no pasaban por la comisión ejecutiva. No me consta que ninguna de las obras de jardinería del parque pasara por la comisión ejecutiva o el consejo de administración excepto las obras de la UTE Terra Verd. Esto de Red Moreno, Altos de Carrichal e incluso las de C3 no pasaban por la comisión ejecutiva.
Sobrecostes
Fiscal. ¿A usted le consta que había un presupuesto para la construcción del parque y que el sobrecoste fue importante?
John Fitzgerald. El presupuesto original era de 240 millones de euros. Y el coste final de 376 millones de euros.
F. ¿A qué puede obedecer esa diferencia?
J. F. Es una buena pregunta.
F. Pues conteste.
J. F. Mucho tiene que ver con que si no son expertos en parques temáticos, nunca han hecho la construcción de un parque temático, han hecho bastantes errores. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide. Cuando yo pude entrar al parque y vi las escaleras por delante de la pirámide y la decoración... He visto poner y quitar y poner y quitar hormigón cinco o seis veces, lo que supone un sobrecoste en la construcción de la pirámide.
Apartado de la construcción
Abogada de Terra Mítica. ¿Cuándo usted fue director de operaciones tenía poder para contratar?
John Fitzgerald. No
T. M. ¿Quién los tenía?
J. F. El director general.
T. M. ¿Qué persona le impide la entrada en las obras?
J. F.: Antonio Rincón.
T. M. ¿Qué explicación le da?
J. F. En su frase, yo era un grano en el culo, con todos los perdones.
Juez. ¿Cómo? ¿Qué?
T. M. Que era una molestia.
J. F. Exacto, molestia
Irregularidades
Fiscal. ¿En algún momento intuyó que algo estaba pasando en el parque? Porque cuando usted sale lo hace también el director financiero. ¿Nos lo puede contar?
John Fitzgerald. Mis motivos para salir de Terra Mítica son fáciles de resumir. Para mí el parque era demasiado grande e iba a costar mucho más de lo presupuestado. Iba a ser problemático hacer el proyecto rentable. Por eso me fui. Y también porque era un caos administrativo por dentro.
F. ¿Por qué? No había control de quién entraba, de quién salía, no había control de facturas. ¿Había demasiada gente controlando y nadie controlaba? ¿Cuál era el problema?
J. F. Cuando pones a mucha gente junta en el mismo lugar sin suficiente experiencia en presupuestos, el resultado es un caos.
F. ¿Me puede decir alguna persona sin experiencia puesta en el parque?
J. F. Estamos hablando de 1999 y 2000, de las personas responsables de sus áreas que nunca han tenido experiencia en parques temáticos. Por ejemplo, Antonio Rincón es un buen jefe de obras, pero nunca antes había construido un parque temático. Miguel Navarro estaba de director general sin experiencia en parques temáticos. Lo mismo con las otras áreas. Podemos hacer una lista bastante larga.
F. El señor Valverde [ex cuñado de Eduardo Zaplana], en el área de contratación, ¿tenía experiencia?
J. F. No, no tenía experiencia para el puesto que ocupaba.
Comisiones
Fiscal. Cambio la pregunta, en la época en la que usted estaba en el parque, ¿se comentaba, se escuchaba, había algún rumor de que se estaban presentando facturas que no obedecían a trabajos efectuados o que determinados materiales que se estaban sirviendo al parque tenían unos precios que no eran los propios del mercado? Por ejemplo, unos bancos, en lugar de pasarse a 1.000 pesetas se estaban pasando a 80.000.
John Fitzgerald. En la época antes de irme, nunca escuché un comentario de ese estilo.
F. ¿En nombre de Terra Mítica tiene algo que reclamar?
J. F. Señora fiscal, si usted puede demostrar que alguien ha hecho una estafa a Terra Mítica, nosotros queremos reclamar el dinero de los accionistas. Pero, hasta este momento, es difícil para mí decir que tengo una evidencia clara para decir que sí o que no.
Juez. ¿Nosotros quiénes son, además de usted?
J. F. La comisión ejecutiva del parque y también el consejo de administración.
Abogado del Estado. ¿Qué explicaciones se daban, porque si no me equivoco usted era en ocasiones invitado a la comisión ejecutiva para dar explicaciones, a ese importante incremento de presupuesto que poco a poco se iba dando y que usted ha dicho fue de 240 millones de euros a 376?
J. F. Nunca han hablado de ello en la comisión ejecutiva delante de mí.
A. E. Pero imagino que entre los directivos, el director financiero que también salió, usted, entre los directivos que llevaban el día a día sí que eso se observaba, eso se hablaba. No sería una cosa que oficialmente se le comunicó pero sí que se hablaba porque supongo que estaba en boca de todos, ¿qué se decía?
J. F. Señor abogado, cuando una empresa tiene una diferencia tan fuerte respecto a su presupuesto de construcción, realmente hay tres posibilidades: el presupuesto original estaba mal hecho, los gestores responsables de la construcción no conocen cómo hacer su trabajo y otros problemas que son el motivo de esta investigación. En este momento, tengo dificultades para decir cuál es la causa de una diferencia tan fuerte. Puedo decir que el presupuesto estaba mal hecho desde el principio. De hecho, hay un consejo de administración cuando entro yo, explicando porqué el presupuesto estaba mal hecho. Pero creo que el segundo motivo tiene algo que ver también con ello. Y los comentarios de algunos consejeros y miembros de la comisión ejecutiva, a solas, iban en esta línea. Pero nunca en la comisión ejecutiva, cuando yo estaba presente han hablado de la causa de esta distracción tan fuerte.
Juez. Perdone que le interrumpa otra vez, ¿cuál ha dicho que sería el tercer motivo?
J. F. Esta investigación, quizás alguien estaba cobrando comisión o pagando demasiado por las obras.
UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Terra Mítica fue un proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana
Se presupuestó en 240 millones de euros y acabó costando 376 millones y acumulando pérdidas. Entró en funcionamiento en julio de 2000
El complejo, participado en un 20% por la Generalitat, acumuló sobrecostes cercanos al 40%, según la Sindicatura de Comptes
Hacienda denunció ante la Fiscalía de Valencia a finales de 2005 al parque y otras 19 empresas por una trama de facturas falsas que habría estafado a la Agencia Tributaria varios millones de euros en 1999 y 2000, justo cuando el parque se estaba construyendo
La investigación mantiene imputados a 30 directivos de empresas, entre ellos ex responsables de Terra Mítica
Unas grabaciones de dos diputados autonómicos socialistas recogen el testimonio de dos imputados que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones durante la construcción del parque
En mayo de 2004, Terra Mítica suspendió pagos La suspensión se levantó 26 meses después gracias a la venta de terrenos adyacentes al parque por 216 millones de euros. Los compró el promotor Luis Ortiz
* ELPAIS.com - Valencia - 03/08/2007
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica /mediterranea.org
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Decálogo contra la corrupción municipal
JOSÉ MANUEL URQUIZA* : "En España no existe una política global, organizada y programada, contra la corrupción, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, hoy principalmente las locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático. A pesar de que en el año 1994 el Congreso de los Diputados, en medio de continuos escándalos de corrupción, instara al Gobierno de la Nación para que adoptara, con urgencia y rigor, todas las medidas necesarias al efecto, lo cierto es que poco se ha hecho al respecto desde el poder político: si acaso, la creación de la Fiscalía Anticorrupción, cuya eficacia real está por ver, más allá de los consabidos ecos de prensa.
A continuación se esbozan, de manera no exhaustiva, una serie de medidas básicas que a mi modo de ver habrían de adoptarse cuanto antes, desde los poderes públicos, para luchar útilmente contra la corrupción en el ámbito municipal, en orden a mermar al menos (acabar con ella es de todo punto imposible) la distorsión política, administrativa y legal que se ha dado en llamar corrupción y que está asolando, al día de hoy, a demasiados Ayuntamientos, hasta el punto de poner en grave riesgo la autonomía municipal. Propuestas de actuación, cuya práctica requiere, obviamente, de una firme voluntad política que, hoy por hoy, brilla por su ausencia. A saber:
1.- Pacto de Estado contra la corrupción. Por aquí habría que empezar, pues supondría el reconocimiento de la gravedad del fenómeno y la necesidad de afrontarlo. Lo han de suscribir partidos políticos e instituciones públicas representativas de todos los estamentos oficiales. Se trataría de diseñar una estrategia a corto, medio y largo plazo y de asumir compromisos y acuerdos para su plasmación en el BOE. No ha de faltar el compromiso firme entre partidos de excluir de la vida pública a los cargos afectados fehacientemente por la práctica corrupta. Sólo así la clase política se hará creíble ante la ciudadanía y los poderes económicos serán conscientes del nuevo orden de cosas.
2.- Democracia interna en los partidos políticos. La Ley de partidos políticos se ha de modificar a fin de garantizar legalmente el acceso de los militantes capacitados a los cargos de responsabilidad interna, institucionalizándose en el seno de los partidos el proceso de primarias para la confección de las listas electorales, y haciendo posible la transparencia financiera de los mismos.
3.- Nuevo régimen de financiación de partidos. Frente al deficiente régimen actual, censurado todos los años, de forma impenitente y vana por el Tribunal de Cuentas, se impone una reforma legal que reduzca los recursos económicos procedentes de la financiación pública, haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y control de sus cuentas.
4.- Creación de Juzgados especializados. Con jurisdicción exclusiva y excluyente en la instrucción y posterior enjuiciamiento de todos aquellos procedimientos penales referidos a delitos contra la Administración, la Hacienda Pública, la ordenación del territorio o el medio ambiente. La represión de la corrupción ganaría así en calidad, celeridad y homogeneidad.
5.- Implantación de Códigos de conducta en los Ayuntamientos. Para moralizar la vida pública frente a la generalizada falta de ética de nuestros gobernantes. Es absolutamente necesario diferenciar claramente entre la responsabilidad política y la penal; de este modo, sería perfectamente compatible la existencia de un Código Penal, esencialmente coactivo, con otro de conducta, que definiera comportamientos y actitudes, estableciendo sanciones complementarías de índole no penal, inclusive el cese en el cargo.
6.-Reforma del sistema electoral municipal. En un triple sentido: de una parte, para ampliar el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales; de otro lado, para limitar el número de mandatos de los corporativos; en tercer lugar, a fin de implantar las listas abiertas y la elección directa de alcalde.
7.-Reforma de la legislación de Régimen Local. Se hace indispensable extremar el control de legalidad sobre la actividad municipal y el económico financiero sobre el gasto; reducir drásticamente los supuestos de contratación directa de obras, servicios y suministros; dignificar la función pública local, poniendo coto a la designación ilimitada de personal de confianza y al abuso de la figura del concurso en detrimento de la oposición libre.
8.-Racionalización de la gestión urbanística. Del gran espacio escénico de la corrupción municipal hay que desterrar la socorrida e interesada figura del convenio urbanístico (sobre todo en el ámbito del planeamiento). Asimismo, se ha de devolver al Pleno la facultad de aprobación, en primera instancia, de todos los instrumentos urbanísticos (con reserva expresa a la Administración autonómica de la aprobación definitiva de los mismos). Se ha de controlar rigurosamente la inversión de los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo.
9.-Reforma de la legislación penal. Para agravar las penas previstas para los delitos que tienen que ver con la corrupción. No es de recibo que un alcalde condenado por prevaricación administrativa pueda ser parlamentario nacional o autonómico; o que el concejal de urbanismo que haya promovido la concesión ilícita de una licencia urbanística sea simplemente inhabilitado y condenado al pago de una multa; parece ridículo, en fin, teniendo en cuenta la gravedad e importancia de la materia electoral (médula espinal del sistema democrático) que se pueda penalizar con un mes y un día de prisión y multa de 180 la conducta de alguien que haya comprado el voto de los electores.
10.-Educación en los valores democráticos y ciudadanos. De un lado, formando al ciudadano, en todos los niveles educativos, en una moral de la convivencia más solidaria. En segundo lugar, desde los medios de comunicación, creándose opinión beligerante contra las prácticas corruptas, a fin de concienciar a la ciudadanía de que la corrupción es un mal negocio, que atenta siempre contra sus legítimos derechos e intereses y, sobre todo, contra la salud de la democracia que con tanto esfuerzo pretendemos consagrar en España.
* JOSÉ MANUEL URQUIZA /ABOGADO
* Ideal Digital - 6 de febrero de 2007
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El mapa de las denuncias urbanísticas tiene puntos negros en Castilla-La Mancha
ElDigitalCastillaLaMancha* : "Una veintena de municipios de Castilla-La Mancha figuran en el mapa de la (presunta) corrupción urbanística elaborado por la Fundación Alternativas sobre un total de casi 400 casos en España. Un informe elaborado por la Fundación Alternativas bajo el titulo de "Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción" pone de relieve que en 397 municipios de toda España se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, entre 2000 y 2006. Son irregularidades denunciadas a partir de un presunto incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica en materia de urbanismo y territorio.
De todos estos casos, veinte corresponden a municipios de Castilla-La Mancha, aunque la mayoría de ellos se encuentran ubicados en la provincia de Toledo y en concreto en Seseña, el caso más sonado por culpa de la macrourbanización de Francisco Hernando "El Pocero", Talavera de la Reina, Fuensalida, Ocaña, Toledo, Buenavista, Chozas de Canales, Cedillo del Condado, Carranque, Olias del Rey y Yeles. En Albacete, Hellín y la propia capital de la provincia. Argamasilla de Alba y Ciudad Real, en esta misma provincia. En Cuenca, Minglanilla y Cuenca capital, y por último, en Guadalajara, además de la capital de provincia, la localidad de Almoguera, que este mismo martes ha vuelto a saltar a la opinión pública por una grabación con cámara oculta al alcalde, el socialista Luis Padrino, tal como ha informado EL DIGITAL.
Sólo los casos aparecidos en los medios
En el mapa elaborado por la Fundación Alternativas, únicamente aparecen los que han aparecido en los medios de comunicación, que la propia institución ha ido recopilando, aunque es de prever que haya muchos más que no se han hecho públicos y que la justicia esté investigando.
La tipología de irregularidades es muy variada. Van desde reclasificaciones de suelos no urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana, pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en tramite de comprobación administrativa o judicial.
El caso más llamativo en España de irregularidades urbanísticas que generó en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella (Málaga). El juez Miguel Ángel Torres que instruye el caso, la llamada operación Malaya, acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas publicas de 5.200 millones. Pero además, otro caso muy sonado en toda España es el de la Seseña de "El Pocero".
* El Digital Castilla-La Mancha - 1 de agosto de 2007
Foto: urbanización Seseña /sindinero.org
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Acciones de denuncia del "Diosa Maat" en Almería
Ecologistas en Acción* con el velero “Diosa Maat” llegó a la costa de Almería el pasado día 27, viernes, procedente de Málaga, e inició sus actividades el domingo 29 con las exposiciones sobre las campañas “Atún Rojo” y “Banderas Negras”. La travesía culminó ayer martes día 31, con dos acciones en el tramo de costa “la milla negra”, del municipio de Carboneras, considerado así por ser un tramo de costa donde se localiza las peores salvajadas que se pueden realizar en el litoral...
• Puerto industrial de Holcim.
• Industria cementera de Holcim, en la que se valorizan residuos tóxicos como combustible.
• Puerto industrial de Endesa.
• Central Térmica de Endesa, fábrica de cambio climático y una de las que más contaminan de España.
• Un centenar de viviendas ilegales con implicaciones de la anterior y actual corporación municipal.
• Venta de monte público, fincas Torre del Rayo y Loma de la Mezquita, 650.000 m2, junto a los sectores urbanizables de El Algarrobico, se vende para urbanizar a constructores afines al alcalde.
• Sectores urbanizables de El Algarrobico, Sectores S-T1, S-T2 y S-T3, construcción del Hotel de El Algarrobico a 20 ms de la playa, además pretenden construir 1500 viviendas, 6 hoteles y un campo de golf.
Todo ésto en escasamente 9 kms de costa, a los que hay que sumar a 3 kms, en el municipio de Níjar:
• Viviendas ilegales en Aguamarga, con implicaciones de la corporación municipal (pasada legislatura).
• Construcción de urbanización sobre 50 hectáreas en Aguamarga, en una zona de “Hábitat Prioritario”.
Para finalizar lo que puede llegar a ser otro conflicto que salte nuestras fronteras: la construcción de una urbanización con más de un centenar de chalets y hotel en la Fabriquilla, junto a las Salinas del Parque Natural (Níjar).
Y esta es la otra cara del Parque Natural marítimo terrestre de Cabo de Gata-Níjar, y los responsables son la Consejería de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, con nombres y apellidos de Directores del Parque, Directores Generales y Consejeros-as.
Éstas barbaridades han sido el motivo para que ayer martes activistas de Ecologistas en Acción, antes de que el velero partiera hacia Águilas en Murcia, situara una bandera negra en una de las terrazas del Hotel de El Algarrobico y desplegaran una pancarta con el lema “Salvemos la costa” en el interior del puerto de Endesa bajo la chimenea de la central térmica.
* Ecologistas en Acción - Almería 2 de agosto
Foto: Algarrobico desde Diosa Maat /ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
La financiación en los municipios gallegos se apoya demasiado en el suelo urbanizable
ElCorreoGallego* : "El Consello de Contas detecta que el suelo municipal se ha utilizado como vía de financiación de las haciendas locales ·· Esta práctica ha contribuido al incremento de los precios y la especulación ·· La mitad de los concellos sigue sin presentar el balance de su gestión. La liquidez ha primado sobre el interés de la vivienda social a la hora de gestionar los suelos municipales que los ayuntamientos reciben con cargo al 10% de aprovechamiento urbanístico.
La "monetarización" de ese patrimonio público ha sido detectada por el Consello de Contas en un estudio realizado con diez ayuntamientos sobre el ejercicio de 2004, donde el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma concluye que hasta la modificación de la ley autonómica en ese mismo año, ha sido "práctica general de los ayuntamientos sustituir el aprovechamiento municipal por su equivalente en metálico".
Desde el Consello de Contas se advierte de que esta fórmula, además de desvirtuar el fin original de este suelo, "impidió utilizar aprovechamientos que podrían haber sido destinados a vivienda protegida, por lo menos en un 50%, que es lo que fija la ley en caso de que exista demanda de vivienda de protección pública".
Para el órgano fiscalizador, la utilización del patrimonio municipal del suelo como fuente de financiación municipal ha llevado a que "los ayuntamientos no contribuyan a contener la subida de precios del suelo". A pesar de que los ingresos procedentes de las plusvalías que los propietarios del suelo han de ceder a la colectividad se reinviertan en otras infraestructuras de carácter social, el Consello cuestiona la "alteración" de un instrumento pensado para "intervenir en el mercado del suelo y luchar contra la especulación", que ha quedado reducido a "una fuente de financiación más de las haciendas locales".
Obras diversas
Tras analizar cada uno de los concellos, en el estudio ha quedado de manifiesto que, durante el ejercicio de 2004, los recursos, bienes y derechos del suelo municipal fueron utilizados en todos los casos, salvo en una actuación del Ayuntamiento de A Coruña, para fines diferentes al de la construcción de viviendas de protección pública. Incluso aparece un grupo importante de actuaciones financiadas durante ese periodo, con cargo a los recursos obtenidos de ese patrimonio municipal, que no están contempladas en ninguno de los fines permitidos por la norma gallega. Acudiendo a esta fórmula los ayuntamientos pagaron asistencias técnicas para la redacción del PGOM, obras de reparación diversas e incluso subvenciones a los vecinos para la realización de obras.
El mismo estudio de Consello de Contas, realizado con los municipios de A Coruña, Ames, Arteixo, Cambre, Culleredo, Lugo, Ourense, Ponteareas, Pontevedra y Vigo, puso de relieve la falta de un inventario o de un registro específico de suelo municipal que permita conocer la aplicación y el destino de estos bienes públicos. ".
Falta de control
El Consello de Contas ha llamado la atención sobre la "debilidad en el control" de este tipo de suelos que provoca la falta de unidades y técnicos específicos dedicados a esa función.
El órgano fiscalizador apunta la necesidad de contar con instrumentos de control del suelo municipal para garantizar su correcta gestión y la conciliación de los saldos contables. Recomienda también la creación de un registro del suelo público.
RENDIR CUENTAS
Incumplimientos reiterados
La mitad de los concellos gallegos, el 49 por ciento del total, siguen sin presentar sus cuentas ante el Consello de Contas en plazo e incluso no llegan a entregarlas. Aunque el porcentaje de municipios que no rinden a tiempo se redujo algo en los últimos años, el nivel de cumplimiento sigue "preocupando especialmente" al organismo fiscalizador.
Según los datos provisionales de 2005, el último sobre el que los concellos han tenido que rendir cuentas, un total de 155 no cumplieron en plazo con la rendición de cuentas. Así, sólo el 51 por ciento del total, en concreto 160 municipios, entregaron los documentos pertinentes dentro de la fecha prevista.
Un total de 67 municipios entregaron los documentos después del plazo establecido, del 15 de octubre de 2006, lo que supone el 21 por ciento del total. Pero además otros 88, el 28 por ciento de los 315, no rindieron cuentas, al no haber entregado las de 2005 al finalizar el ejercicio siguiente, el 31 de diciembre de 2006.
Entre los concellos con incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas destacan los de Antas de Ulla, Barreiros, A Fonsagrada, As Nogais Pol y Triacastela (Lugo); y Bande y Cortegada (Ourense) que no presentaron los documentos pertinentes ante el Consello de Contas durante los seis últimos años, desde 2000 a 2005. También están los concellos de Cospeito, Viveiro (Lugo), Ribadumia, Silleda (Pontevedra), y Valdoviño (A Coruña).
GARANTÍAS
Necesario ajuste de la normativa
El Consello de Contas, en las recomendaciones que acompañan a su informe, se posiciona a favor de un "mejor ajuste" de la normativa autonómica para que el patrimonio municipal del suelo se ajuste a su finalidad original de intervenir en el mercado inmobiliario. En los ayuntamientos fiscalizados para el estudio se recomienda la adaptación de sus normas urbanísticas a la ley autonómica vigente.
Creación de un inventario específico
En caso de recibir el 10% del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria mediante parcelas, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma considera que éstas deberán quedar registradas en la contabilidad financiera de la corporación, en el Registro de la Propiedad y en un inventario o registro específico que debe quedar constituido a esos efectos.
Más superficie y más protección oficial
A la espera de que se modifique la legislación, el Consello de Contas apunta a que el destino de los bienes y derechos derivados de la gestión del patrimonio municipal del suelo deberían destinarse a "la compra de más suelo o la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública" y, en todo caso, cumplir con la reserva del 50% para ese mismo fin.
Escaso interés en los ayuntamientos
La falta de interés por parte de los municipios en utilizar el suelo municipal como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario queda de manifiesto ante la ausencia generalizada de una regulación interna. Sólo el Ayuntamiento de A Coruña cuenta con bases de ejecución y el de Vigo con una Gerencia de Urbanismo .
* El Correo Gallego - Santiago - 03.08.2007
Foto: Santiago, ciudad de la cultura /cidadedacultura.es
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Sanxenxo desafía a la Xunta y da luz verde a 161 chalés
N.Soto/LaVozdeGalicia* : "El Concello de Sanxenxo desafió ayer a la Xunta al dar otro paso en firme para la construcción de una urbanización de 161 chalés en los aledaños de la playa de Major. La Consellería de Medio Ambiente requirió en junio al Ayuntamiento la paralización de la obra situada en unos terrenos dentro de la franja de protección de los 500 metros. Ayer, la Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo dio luz verde a la aprobación inicial del proyecto y bases de actuación del suelo urbanizable 22 de Major, localizado en la parroquia de Noalla.
El complejo de viviendas unifamiliares en una superficie de 69.186 metros cuadrados está siendo promovido por la inmobiliaria de Nino Mirón, presidente del Pontevedra CF, y los dueños del circuito de karts Paris Dakart Área Recreativa.
La postura del gobierno municipal de Sanxenxo de hacer caso omiso a la demanda del departamento autonómico que dirige Manuel Vázquez sorprendió tanto en la consellería que la maquinaria jurídica de la misma se puso manos a la obra para preparar el contencioso-administrativo que interpondrán para impugnar el proyecto de Major, localizado a pocos metros del arenal de bandera azul. De hecho, fuentes de Medio Ambiente afirmaron ayer que están ultimando el escrito de demanda que enviarán a la asesoría jurídica de la Consellería de Presidencia.
Decisión de Presidencia
Una vez remitido a los servicios jurídicos del departamento del que es responsable José Luis Méndez Romeu, «será Presidencia a que teña a última palabra e decida se se interpón ou non o contencioso-administrativo», señalaron fuentes autonómicas conocedoras del expediente de la construcción de la urbanización de Major, uno de los complejos residenciales más grandes que prevé acometer el Concello.
La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambiente apuntó que el plan parcial de Major «podería ter efectos significativos sobre a auga, residuos, natureza e emisións de contaminantes», de ahí la petición de anular la obra y someter la misma a la evaluación ambiental estratégica que requiere la ley. Además, el proyecto de urbanización recibió el visto bueno en un pleno de la corporación de Sanxenxo celebrado en la víspera de la aprobación de la ley de protección del litoral.
Sin embargo, el Ayuntamiento que lidera la popular Catalina González sigue en sus trece y en abril de este año optó por la aprobación definitiva del complejo «posto que o proxecto non infrinxe a legalidade». En este sentido, fuentes municipales indicaron hace unos días que Medio Ambiente remitió un escrito al Concello subrayando que para desarrollar el suelo urbanizable 22 no era necesario someter el plan «ao trámite de avaliación ambiental».
Además, la Xunta ordenó el pasado mes la paralización de un proyecto para edificar otros 40 chalés próximos a la playa de Montalvo y cuyo plan de urbanización también fue aprobado en el pleno que dio la luz verde al plan parcial de Major.
* La Voz de Galicia - 2/8/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) /mma.es
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"Ha habido una política urbanística depredadora"
G.Donaire.- El País/Entrevista* : "El juez Baltasar Garzón (Torres-Jaén, 1955) ha dirigido en su pueblo natal un curso sobre seguridad y crimen organizado promovido por la Universidad de Jaén. Otro de los temas que se han analizado es la corrupción urbanística.
Pregunta. ¿A qué achaca la fiebre constructora de los últimos años?
Respuesta. El urbanismo ha sido un sector un poco abandonado y se ha ido generando un magma que ha estallado en un momento determinado, entre otras causas, porque ha habido una supervaloración del suelo, una política de recalificaciones y una política urbanística muy depredadora y porque no se ha considerado un tema prioritario la lucha contra la corrupción, no ha estado en primera línea. Cualquier punto donde haya dinero y haya falta de control hay riesgo de corrupción. Tenga en cuenta que el sector de la construcción mueve cada año en el mundo la friolera de tres a cuatro trillones de dólares.
P. ¿Hay instrumentos legales adecuados para combatir esa corrupción? ¿Qué le parecen medidas como el POTA (Plan de Ordenación del Territorio) aprobado por la Junta de Andalucía para limitar los crecimientos urbanísticos?
R. Creo que los instrumentos que ya hay y los que se están desarrollando con carácter general, y otros como el POTA en Andalucía, son adecuados. Es preciso que se mantenga el equilibrio entre lo que es el desarrollo sostenido, el respeto al propio entorno y el ecosistema y a la ganancia desmesurada por parte de los dueños del suelo y del sector inmobiliario. Desde el punto de vista de la justicia social y desde la perspectiva de quienes quieren incorporarse al mercado de trabajo (los jóvenes, especialmente) no es entendible ni es ético ni moral que los precios del suelo y de la vivienda sean los que son.
P. ¿Es partidario de las penas de prisión en los casos de condenas por construcciones ilegales?
R. Yo soy partidario de la proporcionalidad de las penas. El Estado de Derecho está para que todos los respetemos. Hay que proteger la propiedad privada y poner coto a la depredación de aquellos que tratan de conseguir dinero fácil a costa de los demás, y que respondan en la justa medida. Si la infracción urbanística es grave, como lo estamos viendo en estos días con los incendios forestales, pues máxima dureza porque la agresión a la sociedad general es muy grave. Y si la obra es ilegal, la casa debe ser derribada, es la única forma de reparar el daño.
P. ¿Qué pensó al conocer que su nombre estaba en la lista de los jueces que fueron espiados por el servicio secreto italiano?
R. Fue un poco sorprendente que me incluyeran en esa lista de jueces espiados. Lo que yo puedo decir es que si lo que buscan o persiguen es tratar de amedrentar a alguna persona en la investigación que desarrollen, en mi caso lo tienen muy difícil, pues en ningún modo nos vamos a sentir intimidados y lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer exactamente igual, con mayor razón ahora. Pero bueno, eso son las deformaciones que a veces se producen en un Estado democrático, donde individuos se consideran autorizados a invadir el espacio privado de una persona porque de esa manera creen que van a conseguir que modifique su criterio. En mi caso no me preocupa demasiado.
* ELPAIS.com - Jaén - 03/08/2007
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El precio de los alquileres y de las VPO expulsa a los jóvenes de Valencia
D.Barcala/El País* : "La Copa del América ha roto el mercado del alquiler en Valencia en el último año. "Lo que antes valía 500, ahora vale 800". Es el diagnóstico de las inmobiliarias y la percepción de los jóvenes y los inmigrantes, los más perjudicados por la permanencia de la renta fuera de la órbita. Los datos del último censo municipal muestran la huida de 30.000 personas hacia el área metropolitana. Las escasas viviendas protegidas terminadas en la capital (Aumsa crea 20 anuales) y su elevado precio (un 45% más caro que en los alrededores) complican aún más la independencia juvenil.
"Ya no quedan alquileres baratos, ahora la mayoría van de 1.000 a 1.500 euros", analiza Soledad de Checa, propietaria de un agencia inmobiliaria Porfinalquilo, en el centro de la ciudad. Esta empresa colabora con la agencia estatal del Ministerio de Vivienda. En su opinión, la promoción pública del alquiler es "el mejor método" para acabar con otra de las claves del encarecimiento de los pisos: las viviendas vacías. 60.000 sólo en la ciudad.
"Me piden por el alquiler de un piso 600 euros y a mí me da la risa". Paula, de 32 años, cobra por su trabajo de diseñadora 800 euros. Los fines de semana aprovecha para ganar un dinero extra como cocinera, camarera, e incluso, cantante. Aún así, con dos hijas, no ha podido aguantar el tirón de la subida de las rentas y se ha visto obligada a volver a casa con su madre. "Es fuerte ¿No?", resume. Desde hace tres años lleva buscando un piso protegido en Valencia sin éxito. "He ido al Ivvsa (Instituto Valenciano de la Vivienda), Aumsa (Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas), Infovivienda solidaria, hasta con la concejal de Bienestar Social", describe. "Sólo me dan palmaditas", subraya.
Vicente González Móstoles, edil socialista en Valencia y arquitecto municipal de profesión, calcula que en los últimos años han emigrado 30.000 personas, "en su mayoría jóvenes", hacia el área metropolitana, según los datos del padrón. El concejal achaca al Ayuntamiento la falta de políticas de vivienda protegida. Aumsa, empresa pública dedicada a esa tarea, apenas crea VPO: tan solo 20 anuales. Los socialistas creen que la huida juvenil está apoyada en un encarecimiento de la vivienda protegida en la capital. Mientras que en Valencia el precio del metro cuadrado construido de VPO cuesta 1.630 euros, en los alrededores roza los 1.000.
Cuando algún afortunado encuentra un alquiler accesible, también se topa con otra explicación al sobreprecio del metro cuadrado: la mayoría de las casas de menor tamaño están vacías. En toda la provincia de Valencia hay 200.000 pisos deshabitados a pesar de que en la comunidad valenciana se han construido 300.000 viviendas nuevas en los últimos años.
Muchas parejas jóvenes han optado por cejar en su empeño de buscar casa en Valencia. Verónica, tiene 27 años y vive con su novio de 32 en Torrent. Entre los dos cobran 1.700 euros y la hipoteca les absorbe 800. Viven con lo justo para pagar un piso de más de 50 años de antigüedad, que no alcanza los 70 metros cuadrados y no dispone de garaje ni trastero. La independencia soñada se acabó al poco tiempo, cuando tuvieron que pedir ayuda a sus padres "para cubrir los gastos de comida, gasolina...", explican.
"Los propietarios se empeñan en poner alquileres altos y nosotros les avisamos: estáis provocando que realquilen las habitaciones", explica De Checa. Patricia Peiró, de 32 años, paga a medias con dos estudiantes chilenas 500 euros de alquiler. "El problema es que ellas se marchan en octubre y no sé qué voy a hacer", lamenta. Después del verano, Peiró hará frente al alquiler con 1.000 euros de sueldo. Para ella, el diagnóstico es claro: "La culpa es de la alcaldesa, que no da terreno para cooperativas de VPO".
El Ayuntamiento ha sido condenado por el Tribunal Supremo a reingresar en VPO 14 millones que obtuvo de la venta de suelo municipal y dedicó a otros equipamientos. A pesar de la condena, el mes pasado volvió a subastar patrimonio municipal del suelo por valor de siete millones de euros. Las leyes que regulan el urbanismo de las ciudades obliga a dedicar el patrimonio municipal del suelo a viviendas protegidas de manera directa o indirecta.
* ELPAIS.com - Valencia - 03/08/2007
Foto: Valencia, Palau_les_Arts - EFE (El País)
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Una de cada seis viviendas en Andalucía está desocupada
EFE* : "El número de viviendas protegidas terminadas en Andalucía ha caído el 50 por ciento en la última década y se situó en 9.000 en 2006, mientras que el de las libres se ha multiplicado por cuatro y alcanzó la cifra de 120.000 ese mismo año, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Andaluces. Sin embargo, el 45 por ciento de los andaluces que se disponen a comprar una vivienda buscan primero en la oferta de vivienda pública que ofrecen las distintas administraciones ya que, entre otros aspectos, el precio por metro cuadrado se ha triplicado durante la pasada década.
Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la situación jurídica y sociológica de la vivienda en Andalucía que presentó ayer el director del Centro de Estudios Andaluces, Alfonso Yerga, acompañado por las investigadoras Inmaculada Zambrano y Susana Mérida.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número total de viviendas, con más de cuatro millones, de las cuales 2.721.866 son consideradas domicilios habituales y el resto, 1.310.398 no principales.
De estas últimas, 630.301 son viviendas vacías que suponen el 48,1 por ciento del total de domicilios no habituales que existen en la Comunidad -dos puntos por encima de la media nacional- y que una de cada seis viviendas esté desocupada en Andalucía .
Este dato significa que existen más viviendas vacías que segundas residencias, ya que éstas suman 621.128 y las clasificadas de otros tipos no llegan a las 59.000, algo que no ocurre en el resto de España donde las segundas residencias superan en 3,9 puntos porcentuales a las desocupadas.
Málaga, en cabeza
El estudio destaca que las provincias con mayor número de viviendas vacías son Sevilla, con el 20,6 por ciento del total, y Málaga, con el 19,74 por ciento. Además, Málaga es la provincia que concentra el mayor número de segundas viviendas en Andalucía, con un 31,4 por ciento del total, casi siete veces más que la provincia de Jaén.
Respecto a las 2.721.866 viviendas principales que existen en Andalucía, 2.291.267 (el 84,1%) son en propiedad; 289.334 en alquiler (el 10,6 %) y 141.265 (5,3 %) tienen un régimen distinto, cifras similares a las del resto del país.
Por otra parte, el 50,3% de los andaluces que buscan una vivienda en propiedad pretenden emanciparse de sus familias, mientras que el 52,6 por ciento consideran que adquirir una vivienda supone una «carga pesada» para su economía.
La vivienda fue la tercera preocupación de los andaluces en 2005, por detrás de la sanidad y la educación, mientras que en 1997 era la quinta, según el informe.
* SUR - 02.08.2007
Foto: Vdevivienda, manifestación Andalucía /indymedia.org
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La corrupción cotidiana
Eugenia JIMÉNEZ GALLEGO* : "EL fraude y la corrupción urbanística se han convertido en algo familiar de tan comentado en los medios, y trivializado desde que los trata no sólo el telediario, sino los programas del corazón. Es decir, desde que la operación Malaya se convirtió en un reality show con formato de serie en el que se han ido desgranando capítulos melodramáticos con aire folclórico. ¡Qué país! Sin embargo, no se ha valorado suficientemente el impacto sobre la cultura popular de todo este desaguisado. Yo empecé a tomar conciencia de ello la primera vez que unos alumnos de bachillerato acudieron a pedirme orientación, y me preguntaron con desparpajo qué tenían que estudiar para conseguir un buen puesto en un Ayuntamiento “como el de Marbella”, con el fin de enriquecerse con rapidez.
Desde entonces observé cuál estaba siendo la reacción del ciudadano de pie ante el escándalo, y cuál fue mi sorpresa al constatar que la emoción que embargaba a la mayoría no era la indignación hacia los que roban a un pueblo, sino la envidia –el famoso pecado nacional–.
En la cultura actual, dominada por el consumismo, la búsqueda obsesiva del placer individual y la imagen, el medrar sin esfuerzo termina siendo la máxima aspiración, y ante ello sobran lo que parecen ser trasnochados escrúpulos morales. Además, ni siquiera la cárcel resulta ejemplarizante, porque la opinión popular es que estarán libres en poco tiempo, y entonces seguirán disfrutando de las riquezas que se da por sentado que tendrán a buen recaudo, a nombre de algún testaferro. Sin contar con la fama televisiva que han alcanzado, que aún efímera y negativa, no deja de ser tremendamente atrayente para muchos.
Hablemos claro, lo terrible de esta situación es que los españoles no creen que se trate de casos puntuales, sino que presuponen directamente que la concejalía de Urbanismo de cada localidad se dedica al enriquecimiento de particulares. Es más, predomina la idea de que la clase política en su conjunto carece de honradez por definición. Hasta el punto de que se vota a determinados candidatos, aún a sabiendas de que se enriquecen ilegalmente a costa de las arcas municipales, con el siguiente terrible argumento: “Si todos van a robar, al menos que sea uno que también haga algo por el pueblo”.
En este contexto ¿quién puede sorprenderse de que la implicación de los ciudadanos en la vida política sea cada vez menor? Y la de los jóvenes, que han crecido ya dando esta idea por supuesta, roza la indiferencia más absoluta. No sólo eso, sino que este clima termina afectando gravemente los niveles de conciencia moral, hasta el punto de que el mandamiento de “no robarás” parece haber quedado desfasado, si lo robado es un bien colectivo. Es decir, que atracar a la vecina del quinto nos daría cierto apuro, pero no nos asaltan escrúpulos morales al traernos como recuerdo el albornoz del hotel de vacaciones, cobrar el subsidio de desempleo mientras trabajamos, enchufar a un conocido poco competente, falsificar facturillas, llevarnos a casa materiales de la empresa en la que trabajamos o rendir en ella lo mínimo posible.
Claro, si partimos de que los demás nos roban de una manera u otra, empezando por los que están más arriba, esta pequeña corrupción cotidiana parece casi un ejercicio de legítima autodefensa, para… equilibrar las cuentas. Ante esta situación, demandamos más control y penas más severas cuando somos nosotros los perjudicados o son muy ambiciosos los delincuentes, mientras mantenemos una sonrisa cómplice para las irregularidades propias y cercanas. Sin recordar que, desde que los hombres se organizaron para cazar el primer mamut, las comunidades humanas han progresado mediante la cooperación, aunando esfuerzos por un proyecto común. Porque no es cuestión de autoexigirnos honestidad sin tacha –ya se sabe, aquello de “…que tire la primera piedra…”–, sino de supervivencia, pues este individualismo nuestro tan feroz, que dilapida lo comunitario, es un tremendo lastre para el progreso de cada empresa, de cada ciudad, de todo el país. Y es importante que se endurezcan los controles y las leyes, pero nunca serán suficientes si no recuperamos también principios éticos que frenen esas tentaciones, tan humanas también.Los políticos corruptos, que debían velar por nuestros intereses, tienen la grave responsabilidad de haber cometido este delito no sólo contra los bienes, sino además contra las conciencias ajenas. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad individual de decidir nuestro papel en esta obra: ciudadanos exigentes con sus gobernantes y cooperadores con su comunidad, o bien imitadores de segunda de esos cacos de altos vuelos.
* Eugenia Jiménez Gallego. Psicóloga
* Huelva Información - 3 de Agosto de 2007
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El ex alcalde de Sant Josep absuelto de prevaricación al prescribir el delito
C.Roig.- ÚltimaHora/Ibiza* : "Los magistrados consideran que la concesión de la licencia urbanística «espeluzna y horripila» y evidencia una «clara» vulneración de la legalidad. La sentencia recoge que la licencia que se otorgó en 1992 no podía concederse por varias razones: la edificación estaba en Área Natural de Especial Interés, no se dio traslado a la Comisión Insular de Urbanismo pese a ser preceptivo, la parcela tenía 20.000 metros cuadrados cuando se precisaban 30.000, la cota era de 300 metros sobre el nivel del mar cuando el máximo permitido era 200 y Puig den Serra es el segundo pico más alto de Eivissa, con lo que se vulnera la Ley de Espacios Naturales.
En el fallo judicial también se recoge que los acusados «eran conocedores» de que existían dos informes, uno emitido por el aparejador municipal y otro por la secretaria, en los que se desaconsejaba el otorgamiento del permiso. Además, también sabían que la licencia previa de 1984 había caducado. De hecho, en el texto se recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma la declaró nula y ordenó la demolición de la construcción.
Los magistrados sostienen así que los concejales dieron la licencia «contraviniendo» los informes técnicos y jurídicos, en una «ilegalidad manifiesta y evidente». Además, consideran que los acusados no se pueden escudar en el desconocimiento o la ignorancia pese a que durante el juicio se defendieron de esta forma.
Otro punto abordado es que lo que se aprobó como una ampliación de la licencia de 1984 era enrealidad una nueva, «siendo un auténtico fraude». «Los acusados sabían que otorgarla era manifiesta y clamorosamente injusto, arbitrario, ilegal y antijurídico, amén de nulo de pleno derecho», dice la Sala, que añade que «cualquiera» puede apreciar que estaba fuera de la legalidad y más los concejales, siendo vecinos del municipio y responsables de la gestión pública.
Pese a todo ello, no se presentó una denuncia penal hasta mucho después, por lo que el delito ha prescrito. En este sentido, rechazan que se haya producido un delito continuado, como mantenía el fiscal, que consideraba que era prevaricación por omisión la pasividad de los acusados ante las denuncias del GEN y los requerimientos del Consell.
* Última Hora Digital - 2 de agosto de 2007
Foto: Sant Josep (Ibiza), edificio de Es Puig d'en Serra /libertadbalear.com
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Diversos colectivos advierten de otro «caso Algarrobico» en Cabo de Gata
J.N.A.- ABC/Almería* : "Diversos colectivos ecologistas de la provincia de Almería han denunciado que el caso del hotel Algarrobico, construido en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Nijar en el término de Carboneras, podría repetirse dentro del mismo espacio protegido, pero esta vez en una zona del municipio de Níjar, donde una constructora tiene previsto llevar a cabo en la zona de La Fabriquilla una urbanización de 150 viviendas, valiéndose para ello de permisos concedidos antes de que el entorno fuese declarado espacio protegido.
La Junta de Andalucía ya intentó paralizar este proyecto, pero los propietarios llevaron el asunto hasta el Tribunal Supremo y obtuvieron una sentencia que reconocía que su derecho a edificar había sido obtenido con anterioridad a la catalogación del mismo como espacio protegido, por estar incluido en la delimitación del Parque Cabo de Gata-Níjar.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase administrativa de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los Estatutos de la Junta de Compensación, que resulta un trámite necesario para la ejecución del Plan Parcial al que corresponde este proyecto.
La Junta no se da por vencida y desde la Delegación de Medio Ambiente se considera que la mejor forma de paralizarlo es que el Ayuntamiento de Níjar incluya los terrenos como no urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Níjar, gobernado desde mayo por el PP, se ha informado de que van a respetar la tramitación del proyecto, teniendo en cuenta sobre todo la existencia de una sentencia del TS que avala a los promotores.
* ABC - Andalucía - 2 de agosto de 2007
Foto: Cabo de Gata, urbanización la Fabriquilla /cabodegata.net
Noticia relacionada: Proyecto de urbanización en La Fabriquilla /Amigos Parque Cabo de Gata-Níjar
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El ayuntamiento de Lisboa obligará a vender el 25% de viviendas nuevas a un precio por debajo del mercado
EuropaPress* : "Lisboa tras el escándalo urbanístico que provocó elecciones anticipadas... El socialista Antonio Costa es desde este miércoles el nuevo alcalde de Lisboa después de tomar posesión del cargo y alcanzar un pacto con el Bloco de Esquerda que puso como condición que fuese obligatorio que el 25% de las nuevas viviendas en la capital lusa se vendiesen a un precio controlado. Ahora la polémica está abierta, ya que los constructores tachan de ilegal esta medida.
Los socialistas aceptaron todas las condiciones impuestas por el independiente apoyado por el Bloco de Esquerda, José Sá Fernandes, lo que permitió que hoy Antonio Costa asumiese la alcaldía y le ayudará a gobernar, aunque con mayoría simple, a no ser que logre que la candidata independiente y ex militante socialista Helena Roseta suscriba también un pacto postelectoral.
Pero nada más llegar a la Cámara Municipal, Antonio Costa ya tiene la polémica sobre la mesa. El nuevo alcalde aceptó una de las condiciones más polémicas de Sá Fernandes que busca ayudar a habitar Lisboa, ya que la capital lusa está prácticamente deshabitada, en especial su casco histórico, que sólo cuenta con medio millón de personas residentes.
Por ello, se ha optado por obligar a los constructores y promotores inmobiliarios de la ciudad a vender o alquilar, al menos el 25% de sus nuevas promociones a costes controlados, es decir, por debajo del precio del mercado.
Esta medida ya ha sido contestada por los constructores civiles de Lisboa que han amenazado con recurrir a los tribunales si el Ayuntamiento lisboeta avanza con esta idea. El presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas (AECOP), Joaquim Carlos Fortunato, indicó que "esta política sólo tiene sentido en un régimen como el que existe en Cuba".
"Una medida como ésta contraría todas las reglas de la economía de mercado, de transparencia, de competencia y por eso no creemos que eso sea posible", afirmó el responsable que se mostró incrédulo con la aprobación de esta medida, pero, de ser así amenaza con llegar a los tribunales.
LOS CONSTRUCTORES DICEN QUE LISBOA NO ES LA HABANA
El presidente de la AECOP recordó a los responsables municipales que "nosotros estamos en la ciudad de Lisboa, no estamos en La Habana, no estamos en Cuba, y si eso avanza recurriremos a los tribunales porque no nos parece legal cualquier medida que fije los precios de las casas".
Esta política de control de los precios de las viviendas también fue contestada por el concejal electo socialdemócrata, el principal partido de la oposición municipal, Fernando Negrao. En su opinión la intervención del Ayuntamiento en este asunto solamente puede realizarse a través de la Empresa Pública de Urbanización de Lisboa (EPUL) y no a través de los constructores privados.
Además, del precio controlado de las viviendas, en el acuerdo político alcanzado entre socialistas y Bloco también está la garantía de que no habrá nuevas construcciones en la ribera del río, la cancelación de la permuta sobre Bragaparques --el escándalo urbanístico que provocó las elecciones anticipadas y que fue destapado por Sá Fernandes, quien fue objeto de un intento de soborno--.
El concejal del bloco también rechaza gobernar si forman parte del gobierno municipal algún miembro del antiguo equipo, es decir, del grupo de tres concejales del PSD o de los tres del independiente Carmona Rodrigues. Sá Fernandes también exigió la aplicación en Lisboa del Plan Verde elaborado por el arquitecto Ribeiro Telles, así como la reestructuración del universo empresarial de la cámara municipal.
A pesar de este acuerdo, Antonio Costa no tuvo el mismo éxito con la candidata independiente Helena Roseta, que fue su compañera de partido durante más de 25 años. Aunque ésta aseguró de que no será un bloqueo a la gobernación.
El gobierno municipal de la capital portuguesa quedó hoy constituido. Antonio Costa será el alcalde los próximos dos años aunque no gobernará con mayoría absoluta, ya que sólo logró seis de los 17 concejales que forman la asamblea municipal.
* Europa Press - Patricia Ferro - 01/08/2007
Foto: Lisboa_-_Expo98 /António M.L. Cabral (Wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Portugal , NOTICIAS VIVIENDA
Santiago: "La Ciudad de la Cultura... del despilfarro"
Roberto L. BLANCO VALDÉS* : "El informe del Consello de Contas para el año 2004 ha confirmado lo que era de esperar: que la gestación, ejecución y gestión de la Ciudad de la Cultura llevada a cabo por la Xunta del PP ha constituido una mezcla de pueblerinismo, desmesura, desidia y despilfarro. El pueblerinismo y la desmesura son, en realidad, las dos caras de una misma moneda, que sirve a los políticos para comprar, con dinero ajeno, su absurda pretensión de inmortalidad. El presidente Fraga tuvo un día malhadado tal empeño y pronto aparecieron para hacerlo realidad una legión de listillos dispuestos a venderle las maravillas de este mundo.
Es cierto que entre ellos había profesionales de prestigio, pero tal cosa no elimina los hechos de los que el Consello informa ahora: que esos profesionales se portaron como el vendedor avispado que pilla a un nuevo rico con ganas de darse pote y aprovecha para colocarle su mercancía a un precio desorbitado y abusivo. El resultado está bien a la vista: la Xunta pagó por los proyectos del Gaiás ¡el doble del precio de mercado!
Más allá de la sinvergonzonería de arquitectos y técnicos de apoyo, todo ello hubiera tenido una importancia relativa si tales proyectos se hubieran abonado con dinero de quien realiza los encargos. Ahora bien, cuando el dinero que paga los delirios del poder es el de todos -es decir, el que los Gobiernos han de administrar con buen sentido- la desmesura pueblerina se convierte en otra cosa: en desidia administrativa y despilfarro público.
El informe del Consello demuestra una y otra cosa, lo que, además de las responsabilidades del Gobierno del PP -ya depuradas en el plano político, tras su derrota electoral- suscita muchas dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control. Entre ellos, el que supone el propio Consello, de quien habría sido de esperar una vigilancia desde el inicio de la obra que quizá podría haber corregido muchas de las prácticas irregulares que ahora se denuncian. ¿Qué hacía el Consello mientras mandaba quien había nombrado a la mayoría sus miembros?
Y todo esto -¿cómo no subrayarlo nuevamente?- al servicio de una obra cuya finalidad se desconocía cuando el proyecto se puso a andar y sigue desconociéndose hoy en día, cuando quizá otro presidente esté también soñando ya con ese mausoleo que antes le parecía una auténtica locura.
No todo el mundo en Galicia se ha comportado, en todo caso, de ese modo. Este periódico, por ejemplo, lleva mucho tiempo denunciando el absurdo que supone hacer una obra faraónica sin objeto conocido cuando hay muchas más necesidades. Por eso se le ha tratado tantas veces como al mensajero que se empeña en traer malas noticias. Aun cuando, pese a ser malas, sean verdad.
* La Voz de Galicia - 31 de julio de 2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Galicia
Asociaciones y vecinos reclaman la reducción de las zonas urbanizables de Portocolom
J.Sitges/G.Julià.- ÚltimaHora/Mallorca* : "La plataforma «QuinPortVolem?», junto con el GOB, la Federació de Veïns de Felanitx, el Grup Airós, la Associació de Veïns de Portocolom y ARCA han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al Ajuntament de Felanitx, al Consell de Mallorca y al Govern de les illes Balears la desclasificación del polígono 16, llamado Can Marçal Vell y «la reducción de la exagerada previsión de nuevo suelo urbano y urbanizable en Portocolom». Según las asociaciones implicadas, «el núcleo de Portocolom tiene graves problemas de saturación, de agua potable, de falta de servicios, etcétera y no puede permitirse este crecimiento excesivo, ni degradar el mejor producto turístico que tiene: el paisaje».
Jaume Adrover, miembro de la plataforma «QuinPortVolem?» ha explicado a este periódico la situación actual de la campaña: «Aunque todavía no hemos hecho ningún paso para la difusión del manifiesto, ya contamos con cerca de 400 firmas. La intención es hacer la máxima difusión posible. La fiesta del próximo viernes será un punto en el que confiamos aumentar mucho el número de firmantes».
Actualmente, la población residente en Portocolom es de 4.200 habitantes y durante el verano supera los 6.500. Pero añadiendo la previsión del nuevo suelo urbanizable se permitiría residir a 14.500, multiplicando así por cuatro la población actual.
Según las asociaciones, «se trata de una planificación absurda y favorecedora del desarrollo, propia de los años 60, que tan sólo favorece a un determinado sector inmobiliario que nunca tiene suficiente y se aleja así de un urbanismo sostenible y razonable».
El proyecto urbanístico se sitúa en la zona colindante al núcleo turístico de Portocolom y supone que un total de 8 hectáreas se verían afectadas, todas situadas entre las zonas de Cala Marçal y Cala Brafi.
* Última Hora Digital - 1 de agosto de 2007
Foto: Esta zona de Can Marçal Vell es suelo urbanizable según las NNSS. /G. JULIÀ (Última Hora)
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Tema: NOTICIAS Baleares
Un alcalde de Guadalajara "pillado" por una cámara oculta
ElDigitalCastillaLaMancha* : "El alcalde de Almoguera, Luis Padrino (PSOE), aparece en un reportaje de Intereconomía como protagonista de una presunta operación urbanística que le compromete seriamente. Según publica La Crónica de Guadalajara de manos de su director, Padrino aparece en la grabación animando a la venta de una finca rústica de 300 hectáreas sobre la que se querrían construir miles de chalets tras su recalificación. Pese al revuelo, el alcalde le ha quitado importancia al asunto y ha insistido a La Crónica en que en ningún caso da en sus declaraciones grabadas por la periodista Eugenia Viñes ninguna seguridad de recalificación o de que se pueda conseguir nada fuera de lo administrativamente usual: "Yo no prometo nada, porque yo no soy el que recalifica".
Padrino ha negado cualquier relación mercantil con los propietarios de la finca involucrada en la investigación periodística, pese a que es él personalmente el que actúa como vendedor: "Yo me llevo bien con ellos, pero no tengo ninguna relación que vaya más allá de haber ido a cazar allí alguna vez".
Relación con la trama de Marbella
Luis Padrino aparece en la información "como diligente y entusiasta intermediario en la venta de la finca, sobre la que habían puesto los ojos los periodistas de Intereconomía no por sus posibilidades urbanísticas sino por la más que posible relación con Roca y la "Operación Malaya". Uno de los caballos del principal encausado por la corrupción marbellí ha terminado apareciendo en las caballerizas de esa finca alcarreña, siempre según estas mismas fuentes, y a pesar de que en teoría debería estar bajo custodia judicial, como todos los bienes del actualmente encarcelado Juan Antonio Roca.
Toda la operación de la compraventa que se plantea de forma ficticia en el reportaje de Intereconomía gira sobre la finca de "Los Castillejos", para una superficie de cerca de 300 hectáreas de suelo rústico, y de la que consta como propietaria la empresa "Construcciones Salamanca", de la que es responsable Emilio Rodríguez, imputado en la "Operación Malaya". El precio de la finca sería de doce millones de euros.
Un alcalde efusivo
El asunto es claro. Según los periodistas, se trataría de aprovechar esos terrenos para, previa recalificación, construir en ellos una macrourbanización de 3.000 chalets. Padrino se explica en el reportaje de cámara oculta con su habitual efusividad y alienta a la "compradora", a la que insiste en que la finca se vendería con todas las garantías de no estar gravada por ninguna especial protección paisajística o medioambiental.
El alcalde, según sus propias palabras grabadas, estaría actuando en nombre de los propietarios, quienes le habrían pedido incluso que se encargue del cambio de calificación de los terrenos.
"Se acojonan; si lo pido yo se acojonan"
Padrino se muestra seguro de que no habría tampoco problema alguno para surtir de agua la futura urbanización y sus 3.000 viviendas: "Se acojonan, si lo pido yo se acojonan; lo tengo dicho, que a mi no me quieren en ningún sitio porque yo miro por mi pueblo (...) ni el partido, ni el entero ni la puta madre que lo parió", llega a exclamar Padrino a medida que transcurre la conversación.
Yendo más allá, Padrino aporta un nuevo argumento de venta, al animar a la supuesta empresaria para que compre terrenos colindantes a la finca (los mismos que hubieran servido para construir la frustrada cementera que quiso levantar en el municipio) y "a precio de cementera" que sería "a millón y medio la hectárea", notoriamente inferior al de la finca objeto de la operación. El fin de todo ello sería, según la interpretación de la periodista, suavizar el impacto económico de la obligatoria cesión al Ayuntamiento del 10 por ciento.
Llegó a exigir a la Junta de Comunidades 500 millones de pesetas por el retraso en la aprobación de la cementera, que no prosperó por la oposición de Medio Ambiente y de los pueblos de la zona.
* El Digital de Castilla La Mancha - 31 de julio de 2007
Foto: La finca Los Castillejos pertenece a una empresa de un promotor imputado en la trama marbellí. /EFE
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
El balón en una mano y un ladrillo en la otra
D.Verdú/S.Hidalgo.- El País* : "La operación del Calderón añade sustancia a la indisoluble relación entre el fútbol español y el mundo del ladrillo. RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales, empresa vinculada al directivo rojiblanco Pablo Jiménez de Parga, explotará parte de los terrenos de la operación Calderón tras el derribo del estadio para la construcción de viviendas. Jiménez de Parga ostenta el cargo de secretario del Consejo de Administración de RTM y del club rojiblanco. Pero la entidad deportiva no considera que ambos cargos sean incompatibles para la transparencia de la operación. El Ayuntamiento de Madrid recalificará los terrenos del estadio Vicente Calderón (31.046 metros cuadrados) y los de la antigua fábrica Mahou (61.251 metros cuadrados) en los próximos meses.
La operación se realiza de forma conjunta entre el club y la cervecera. Del total de los 175.000 metros cuadrados que se podrán edificar en el solar, el Atlético tiene derecho sobre el 45%; Mahou, sobre otro 45%, y el Consistorio, sobre el 10% restante.
La operación por la cual RTM podría explotar hasta el total de ese 45% de terrenos pertenecientes al Atlético empezó en el año 2004. Entonces, el club creó División Inmobiliaria, una empresa que pasaba a ser la propietaria del suelo del Calderón por un valor de 226 millones de euros. Ahogado por su deuda (que el club estima en unos 130 millones y que otras fuentes fijan en 440), el Atlético de Madrid otorgó a RTM una opción por los futuros derechos urbanísticos equivalente al 10%, e hizo lo mismo con otro 5% a Caja Madrid.
El convenio firmado por el club, por RTM y Caja Madrid establecía que ambas entregaban en total al Atlético de Madrid 33,9 millones de euros (22,6, RTM, y el resto, la entidad bancaria). A cambio del "préstamo" -avalado con los derechos televisivos de los partidos del Atlético-, y si finalmente los terrenos del Calderón llegaban un día a recalificarse, RTM podría explotar la parte del suelo que le toca al club rojiblanco y Caja Madrid tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a ambas entidades.
Cuando culmine la operación de recalificación, tres sociedades de tasación establecerán el precio medio del suelo del Calderón. "Si éste no supera el 80% del total del valor del estadio (226 millones de euros), el Atlético de Madrid no realizará la operación con RTM. Eso, si el contrato que firmaron ambas entidades no ha cambiado", afirmó Enrique Ventero, uno de los administradores del club.
La empresa RTM es un consorcio urbanístico constituido por las empresas Andria y Martinsa. Entre sus directivos están el empresario Marc Rich, el ex presidente del Real Madrid Fernando Martín o el propio Pablo Jiménez de Parga, que es secretario del consejo de RTM y de Andria.
Fuentes del Atlético de Madrid restaron importancia a que una empresa directamente vinculada a uno de sus directivos vaya a beneficiarse con la operación Calderón. "Jiménez de Parga está en siete u ocho consejos de administración de empresas. No es raro que haya coincidido. Además, él no ha sido el que ha llevado el peso de la negociación", afirmaron dichas fuentes.
"Además, con todas las particiones que se harán, al final RTM es probable que no explote más del 20% del total de los 175.000 metros cuadrados. Seguramente, el otro 25% que pertenece al club rojiblanco se saque a subasta para cubrir los gastos de remodelación de La Peineta", afirmaron dichas fuentes.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la opinión de Pablo Jiménez de Parga. "Está de vacaciones y no se ha llevado el teléfono móvil", afirmó uno de sus colaboradores.
Por esta operación, el club espera obtener unas plusvalías de, al menos, unos 260 millones de euros. Lo mismo que los propietarios de la cervecera Mahou.
* ELPAIS.com - Madrid - 01/08/2007
Foto: Obras de acondicionamiento de la ribera del Manzanares- GORKA LEJARCEGI /ELPAIS.com
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Tema: NOTICIAS Madrid