I.García/A.Moriyón.- ElComercio* : "El alcalde de Ribadesella, José Miranda, ha sido imputado por prevaricación urbanística por las licencias que concedió a su esposa, Irene Vidal, para rehabilitar una cabaña y un llagar, ubicados en Sardéu, en la Reserva Natural Parcial de Covarosa. La polémica resurge de nuevo cuando apenas falta un mes para la celebración de las elecciones municipales y regionales. Al margen de que el Tribunal Superior de Justicia fallase a favor del regidor sobre este caso en julio del pasado año, por la causa iniciada a instancias del Principado, ahora es el juzgado de instrucción de Cangas de Onís el que admite a trámite la querella presentada por un particular sobre el mismo asunto.
La sala observa indicios de presuntos delitos «contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística». Por ello, dispone que se continúe con la tramitación de las diligencias previas mediante un procedimiento abreviado y pide que su decisión se traslade al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que éstos formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días desde la publicación del auto, el pasado 13 de abril.
No obstante, contra la resolución judicial cabe la interposición de recurso o apelación. De hecho, Miranda, quien no quiso entrar a valorar el auto, sólo señaló su discrepancia con el contenido y aseguró que ya ha recurrido.
El auto expone que «indiciariamente» Miranda y su esposa, en calidad de promotores, como propietarios de la finca El Corberu, en Sardéu, realizaron obras en las dos construcciones existentes en ella y que, según informa la sala, se encontraban en «ruina», destinadas a levantar «una nueva construcción y a hacer trabajos mayores incompatibles con la calificación del suelo como Reserva Natural Parcial y, por tanto, no urbanizable de especial protección». En ese momento, Miranda ya era alcalde por lo que el juzgado cangués considera que «con la cooperación de su esposa, idearon el llevar a cabo dichas obras a sabiendas de su ilegalidad».
Los hechos
La instancia judicial plantea que la situación se produjo de este modo: Irene Vidal solicitó la licencia para la realización de obras menores consistentes en la reparación del tejado y los muros en la instalación auxiliar (llagar), con un presupuesto para ello de 2.450 euros. Dado que entraba entre sus competencias el alcalde «sin abstenerse de intervenir» otorgó esa licencia y, entiende el juzgado, «resolvió concederla consciente de que realmente no se realizarían tales obras menores, sino una nueva construcción, que requería un proyecto técnico, produciéndose además un cambio de uso, que tuvo un coste aproximado de 50.000 euros».
La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, recordó ayer que el Principado fue «el primero en advertir de la gravedad de estas edificaciones» y celebró que «finalmente» se haya aprobado un auto que «imputa al alcalde por delito de prevalicación». Fernández considera que el recurso anunciado por Miranda responde a «un intento de neutralizar decisiones judiciales contrarias a sus intereses personales», y dijo que se trata del «ejemplo paradigmático de falta de ética política». «Es sumamente aconsejable que los autores de estos hechos no se instalen en las instituciones públicas», espetó. La viceconsejera no quiso entrar a comparar este caso con la reciente anulación del plan urbanístico de Llanes.
*elcomerciodigital.com - 24 de abril de 2007
Foto: Las construcciones del alcalde riosellano y su mujer edificadas en Sardéu que suscitaron querellas contra el regidor. / D. E./ elcomerciodigital.com
El alcalde riosellano imputado por prevaricación urbanística
Níjar tramita una urbanización ilegal en el PN de Cabo de Gata
Ecologistas en Acción. Almería*: "El BOP del 19 de abril ha publicado un edicto del Ayuntamiento de Níjar en el que se dice que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 12 de abril, ha aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la mayor urbanización del Parque Natural de Cabo de Gata conocida como Marina de Agua Amarga, de 48 hectáreas de extensión. El suelo sobre el que se pretende construir la macro urbanización está calificado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) desde octubre de 1989, y LIC (ES0000046) desde enero de 1998. Los terrenos también fueron declarados “RESERVA DE LA BIOSFERA” en 1997 por la UNESCO.
Al estar clasificados los terrenos como LIC, y ZEPA, el proyecto vulnera el art. 6 de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 97/62/CEE, la Directiva 79/409/CEE, y la sentencia del TJCE de fecha 13-01-05 (Asunto C-441/03). La urbanización, además, se ubica dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata, en un Hábitat Prioritario. De acuerdo con la normativa autonómica, estatal y europea, el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.
Este mismo proyecto ya fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en 1996 y resultó desfavorable, según publicó el B.O.P. número 95 de fecha 17-05-96. Una nueva Evaluación de Impacto Ambiental no cambiaría la anterior que anuló la urbanización por el alto valor ecológico de los terrenos y por su falta de justificación.
Por estos motivos, entre otros, Ecologistas en Acción tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo en el TSJA, con sede en Granada, los hechos han sido denunciados en la Fiscalía y la Comisión Europea tiene abierto un expediente al Estado Español.
El Ayuntamiento de Níjar tiene perfecto conocimiento de la ilegalidad del proyecto por lo que es de aplicación el artículo 78 de la Ley 7 /85 de Régimen Local. De acuerdo con esta Ley, son los concejales que han votado a favor del proyecto los que deben indemnizar al promotor una vez se anule el proyecto o se proceda a demoler lo construido.
El arquitecto del proyecto y copropietario de los terrenos fue quien elaboró la planimetría de las Normas Subsidiarias municipales y lógicamente incluyo como urbanizable su finca. Este mismo arquitecto estuvo relacionado con Luis Roldán cuando era Director General de la Guardia Civil y aparece como socio de su testaferro, Jorge Esparza, en la mercantil RAMANSIPA.
Este polémico proyecto ilegal se ha tramitado urgentemente, en vísperas electorales, ante el riesgo de que cambie el equipo de gobierno municipal. La Junta de Gobierno se celebró el día 12 de abril y sólo ha tardado siete días en ser publicado el edicto en el B.O.P.. Además, como sucede habitualmente con los asuntos polémicos, el edicto no lo firma el Alcalde de Níjar sino el “Alcalde Accidental”, D. Manuel Rodríguez Montoya.
Hechos similares se produjeron en anteriores elecciones, baste recordar la compra con dinero público por parte del Ayuntamiento de Níjar del hoy demolido Edifico de Genoveses, convertido en mirador. El acuerdo de compra se aprobó también en vísperas electorales ante la incertidumbre de su resultado y para evitar que los concejales que votaron a favor de la licencia ilegal tuvieran que desembolsar de su bolsillo la indemnización a los propietarios que habían construido el edificio con permiso municipal.
*Ecologistas en Acción.- Almería - 23 de abril
Foto: Aguamarga /parquenatural.com
Piden juzgados especializados en corrupción urbanística para la Costa del Sol
EFE. Málaga* : "El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, pidió la creación de juzgados especializados en la lucha contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. Arroyo Fiestas, que presentó la memoria sobre la actividad judicial de la Audiencia en 2006, apostó por órganos independientes en esta materia, al igual que en la Fiscalía existen departamentos para delitos contra la ordenación del territorio o el medio ambiente.
En este sentido, señaló que los "macrojuicios" por los casos "Malaya", "Ballena Blanca" e "Hidalgo" destapados en Marbella tendrán que celebrarse en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en lugar de la Ciudad de la Justicia, por el elevado número de imputados y su duración.
Añadió que en este tipo de juicios, que pueden prolongarse más de un año, se deberían constituir secciones bis, de forma que tres magistrados se ocuparían del caso y otros tres del resto de procedimientos penales pendientes.
Sobre la actividad judicial en Marbella, manifestó que "en esta ciudad se ha hecho casi todo lo que se tenía que hacer", sin perjuicio de que continúe la investigación o sucedan otros hechos puntuales, y confió en que "se tranquilice la situación" en un plazo breve, porque "cada vez va a ser más difícil darle una respuesta desde los tribunales de justicia" por la sucesión de asuntos.
El magistrado insistió en la formación de los jueces para afrontar los casos de corrupción, a través de cursos -algunos ya se han desarrollado- en materia de inspección de hacienda y auditorías, con el apoyo de agentes internacionales para detectar paraísos fiscales y las unidades policiales dedicadas al crimen organizado.
No hay colapso en la Audiencia Provincial
En cuanto a la actividad de la Audiencia de Málaga en 2006, aseguró que los datos indican que "no hay colapso" ni en la jurisdicción penal, donde la media de resolución de los casos son dos meses, ni en la civil, con un tiempo medio de cuatro meses.
No obstante, reconoció que las cuatro secciones penales soportan una carga de trabajo un treinta por ciento superior a la recomendada por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), y que se necesitaría una nueva con cuatro magistrados para atender el volumen de asuntos ingresados.
En cuanto a la situación judicial en la provincia, subrayó que serían necesarios urgentemente un juzgado nuevo en Estepona, otro en Vélez-Málaga, en Fuengirola y Coín, municipio donde ha aumentado notablemente la conflictividad judicial.
En Marbella, faltarían uno nuevo de Instrucción, otro de Primera Instancia, además de órganos especializados en violencia doméstica, aseguró.
A este respecto, indicó que el CGPJ prevé para Málaga la creación de juzgados comarcalizados centrados en malos tratos en el ámbito familiar, que funcionarían como los partidos judiciales.
En principio, se espera que entren en funcionamiento dos en Marbella y otro en Fuengirola, aunque se ampliarán en otras comarcas.
Por otro lado, los casos penales de la Audiencia de Málaga que quedaron pendientes de resolver al final de 2006 aumentaron un 45 por ciento, dado que los ingresos crecieron un diecinueve por ciento, mientras que se dictaron un 19 por ciento más de resoluciones que en 2005.
Las ocho secciones contabilizaron el año pasado un total de 9.737 asuntos nuevos, de los que 6.316 fueron penales y 3.412 de jurisdicción civil.
*MalagaHoy - 23/04/2007
Viñeta: Máximo /El País
La Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en el banquillo de los acusados
MaríaCuenca.- ÁvilaDigital*: "La polémica urbanización de la Ciudad del Golf en Las Navas llega a los tribunales esta semana. Cuatro cargos del PP declararán como imputados y varios técnicos de Medio Ambiente lo harán como testigos. El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortés, cree que hay indicios de delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio y de prevaricación.
Según la asociación ecologista Centáurea, la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués se negoció con el promotor de la Ciudad del Golf antes de adjudicarse el proyecto.
La ronda de declaraciones se abrirá este martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila a las 10 horas. Como pidió la asociación Centáurea, comparecerán ante el juez en la prueba testifical Sabas Yagüe Bosch, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos y en la actualidad jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora; Alfredo Martín Ramírez, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Para el miércoles a las 10,30 horas, atendiendo la petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, el juez ha citado a declarar como imputados al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez García, presidente de la Sociedad Montes de Las Navas; el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega Bermejo; el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo Nieto; y el director general de Medio Natural, Mariano Torre Antón, todos ellos consejeros de la sociedad Montes de Las Navas, constituida para la compra de los terrenos, cuando ocurrieron los hechos.
A José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería de Medio Ambiente, se le ha llamado a declarar como testigo también el miércoles a las 9,30 horas.
Además de las declaraciones de imputados y testigos, el juez solicitó las actas de la Ponencia Técnica de Urbanismo y de la Comisión Territorial de Urbanismo en Ávila, los expedientes relativos a la modificación puntual número 7 de las Normas Subsidiarias de Las Navas, aprobadas definitivamente por la Comisión el 10 de mayo de 2001, y el expediente relativo a la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas aprobadas el 30 de abril de 2003.
Pidió también el expediente del Plan Parcial del Sector Ciudad del Golf, aprobado el 31 de marzo de 2004, y la consulta realizada por el Ayuntamiento de Las Navas a la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila con fecha 4 de marzo de 2002 sobre la viabilidad del anteproyecto en terrenos de este municipio.
Centáurea: "La Ciudad del Golf se negoció con el promotor antes de adjudicarse el proyecto"
La construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués se negoció con el promotor de la Ciudad del Golf antes de adjudicarse el proyecto, según Centáurea.
Tras analizar los documentos de las distintas fases del proyecto, la asociación ecologista cree que “con carácter previo a la adjudicación a Residencial Aguas Nuevas S.L. del proyecto, se efectuaron negociaciones privadas con el promotor, en las que se llegó a suscribir un preacuerdo de compraventa del que resultaron decisivas sus prescripciones para el pliego del posterior concurso, en el cual evidentemente resultó beneficiaria Residencial Aguas Nuevas”.
En este sentido, manifiestan que “el contrato de compraventa consiguiente añadió una cláusula penal, no contemplada en el concurso, que perjudicaba con más de 3 millones de euros a la sociedad Montes de Las Navas en el caso de que no fuese viable el proyecto”.
La Ciudad del Golf empezó con la creación, en el año 2000, de una sociedad anónima (Montes de las Navas, S.A.) destinada a la compraventa de terrenos con representantes de todas las administraciones (70% el Ayuntamiento de las Navas del Marqués, 20% la Junta de Castilla y León y 10% la Diputación Provincial).
En un comunicado, Centáurea destaca que Montes de Las Navas era “la plataforma desde la que se habría diseñado un sistema de especulación urbanística, al margen del objeto que movió a la Junta de Castilla y León a participar”.
Decisión anterior a las normas urbanísticas
Según explican, los documentos estudiados de las diferentes fases del proyecto “demuestran que la decisión de ejecutar la Ciudad del Golf se tomó con carácter previo a cualquier tipo de adecuación y encaje en las normas ambientales y urbanísticas; es decir, de forma autónoma y en la idea de que tenía que llevarse a término con independencia de cualquier otro condicionante”.
En cuanto a los presuntos responsables, señalan que “llegaron a intervenir hasta en tres órganos decisorios en varios momentos de la tramitación: en la sociedad Montes de Las Navas, en el Ayuntamiento y en la Comisión Provincial de Urbanismo”.
El proyecto, promovido por Residencial Aguas Nuevas, S.L. preveía la construcción de 1.600 viviendas, varios hoteles y cuatro campos de golf en un pinar protegido perteneciente a la Red Natura 2000 y refugio de la cigüeña negra, en peligro de extinción, entre otras especies.
Paralización del proyecto con una sentencia del TSJ
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en septiembre de 2006 el proyecto, al considerar “no urbanizable de protección natural” el suelo donde pretendía construirse.
A pesar de ello, y tras conocer la sentencia, el promotor de la Ciudad del Golf inició la tala de miles de pinos a principios de octubre pasado; unos trabajos que fueron paralizados por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y posteriormente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, que determinó la adopción de medidas cautelares, después de que nueve organizaciones ecologistas presentaron una denuncia por las presuntas ilegalidades.
Centáurea, WWF/Adena, SEO/BIrdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Grama, Cantueso y CCOO consideraron entonces que podrían haberse cometido delitos contra la ordenación del territorio, contra la protección de la fauna, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
En atención a esta denuncia, el fiscal jefe de la Audiencia pidió al juez que llamara a declarar como imputados al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de la Vega; al ex delegado de la Junta, Félix San Segundo; y al director de Medio Natural, Mariano Torre.
Con estos argumentos, Centáurea y el resto de las organizaciones denunciantes han expresado su confianza en que la actuación judicial obligue a depurar responsabilidades.
*aviladigital.com - Martes 24 Abril de 2007
Foto: tala en las Navas del Marques /Centaurea-ae.org
Del declive a la regeneración
SALVADOR VICENTE MARTÍNEZ*.- El País**: "No digo ninguna barbaridad, ni descubro nada nuevo, si digo que el urbanismo valenciano se ha desmadrado en estos últimos dos lustros. Que la presión urbanística ha primado sobre lo público, cediendo el interés general en favor de intereses puramente crematísticos. En este periodo hemos salido de la lentitud agobiante de los procesos de urbanización, conducidos por tranquilos propietarios especuladores al paso de tortuga de las "Juntas de Compensación", al exceso de velocidad, en la puesta en marcha de demasiados proyectos de urbanización sobre un territorio limitado que, inevitablemente, acabarán saturando el mercado, desbordarán la capacidad de respuesta de los servicios y de las infraestructuras públicas, y lo que es peor, que están hiriendo al territorio y al medio ambiente de forma irreparable y quizás innecesaria.
Y, todo ello al servicio de los intereses meramente recaudatorios del municipio -por falta de financiación- y de unos promotores, constructores y agentes urbanizadores puestos de acuerdo a través de unos comisionistas legalizados: expertos en el rescate de las plusvalías urbanísticas recalentadas. Lo lamentable es que este exceso de velocidad en la ocupación del territorio, que conlleva el uso abusivo del Derecho, con la consiguiente destrucción del paisaje tradicional valenciano, o la preferencia o mezcla de los intereses privados sobre los generales, parece que no tiene fin. La mentalidad de acumular grandes masas de dinero: de hacernos rápidamente ricos... por supuesto legalmente, pero a costa de los intereses de todos los ciudadanos y de las generaciones venideras, es más importante que nada en este mundo globalizado en el que habitamos. Así son las cosas y así nos luce el pelo.
La preocupación social que suscita la ocupación masiva de suelos reclasificados y el deterioro del medio ambiente natural sano, evidentemente constituye, en la actualidad -y con razón-, una de las áreas de las ciencias sociales más apasionantes y vivas, pues como sostiene la doctrina legal más solvente no sólo de la misma depende el logro de una vida colectiva digna, al establecer el marco físico que ha de servir de base para el desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, sino también en gran medida, la misma conservación de la especie humana, que en su fase actual de relación con el espacio amenaza con destruir la biosfera terrestre, con llegar al planeta vacío. El cambio climático que hoy padecemos no es más que la consecuencia lógica de nuestros propios actos, acelerando el proceso. A este ritmo, el mundo será una ruina y la Comunidad Valenciana un "socarral" en menos de 20 años.
Sin duda, no hay fórmulas "mágicas" para resolver el complejo mundo que nos hemos montado en torno al Urbanismo, desde su concepción como Obra Pública por excelencia que defendió Ildefonso Cerdá y que estuvo vigente entre nosotros hasta 1956. La racionalidad, la cultura, el sentido común, y sobre todo la generosidad con el paisaje, los espacios públicos abiertos, el oxígeno, el sol, el agua... la vida. Deben primar a la hora de concebir el diseño de nuestros pueblos y ciudades, en el momento de elegir nuestra forma de vivir.
Por ello, pienso que estamos a tiempo de hacer una reflexión a fondo del sistema, sobre su situación actual, el origen de los problemas, sus implicaciones políticas y regenerar el Urbanismo valenciano en una sociedad democrática avanzada de Derecho, para que de una vez por todas -por seguridad jurídica- se dé el adecuado tratamiento legal al fenómeno urbanístico y medioambiental en el que estamos involucrados a nivel europeo. Que satisfaga plenamente los principios constitucionales vigentes sobre el uso racional del suelo como recurso natural, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y la puesta en servicio de medidas que impidan, de manera efectiva, la opacidad en el mercado del suelo y, por ende, eviten la especulación de este recurso natural limitado: que es la única "especulación" taxativamente prohibida por la Constitución.
No en vano, el sabio Dr. Villamarín -hoy ya jubilado- ex vicepresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, me dijo un día que "el Urbanismo era un dogma de fe". Y como siempre, voy a acabar dándole la razón.
En fin, no es necesario un hombre del tiempo para saber en qué dirección sopla el viento.
*Salvador Vicente Martínez Ferrer es titulado en Estudios Avanzados de Derecho Público y técnico Superior de la Generalitat.
**ELPAIS.com - 12/04/2007
Una docena de pueblos de Granada llega a las elecciones con líos de urbanismo
ÁngelesHUERTAS.- 20minutos*: "Hoteles en zonas protegidas, viviendas sin permisos, supuestos pagos de promotores a concejales... Las elecciones municipales llegan a Granada en plena batalla urbanística con casi todos los partidos políticos salpicados de denuncias. Y es que el ladrillo, además de dar dinero, sirve de arma arrojadiza en la campaña electoral y hace trabajar a la Fiscalía. Los ayuntamientos de Almuñécar, Ogíjares, Armilla, Alhendín, Monachil, Íllora, Atarfe, Freila, Beas de Granada, Otura, Castell de Ferro y Peligros están siendo investigados o han sido condenados en las últimas semanas por diversos motivos urbanísticos.
El centro comercial Nevada de Armilla fue de los primeros casos que salieron a la luz y que ha hecho que su alcalde no se presente a la reelección. Ogíjares es otra de las localidades en el punto de mira por las supuestas irregularidades en la construcción de un pabellón y una piscina municipal, que hicieron dimitir al concejal de Urbanismo José Luis del Ojo. En Alhendín las obras de un polígono también han terminado con la carrera política de varios de los miembros de este Ayuntamiento, y en Almuñécar, su PGOU es uno de los más conflictivos.
Presuntas irregularidades
La Fiscalía investiga la venta de cuatro solares municipales a la secretaría del alcalde de Íllora; Atarfe ha llegado ante el fiscal por la adjudicación de un parque y la construcción de apartamentos en suelo de equipamientos, y el alcalde de Gualchos (Castell de Ferro) ha sido condenado a un año de cárcel por dar licencia de obras con la normativa en contra. El Consistorio de Beas de Granada también está en el juzgado por la presunta concesión ilegal de una licencia a la madre de una concejala.
*20minutos. 23.04.2007
Foto: "¡Salvemos la vega granadina!" / Indymedia.org
El derecho al paisaje en condiciones de igualdad
JORGE BENAVIDES SOLÍS*.- El País**: "El título de éste artículo ha sido transcripto del nuevo Estatuto de Andalucía. El paisaje ha existido siempre; sin embargo, recién durante la primera revolución industrial se le descubrió gracias al interés estético de los pintores, primero los románticos, luego ya inmersos en la vorágine urbana, los de las vanguardias. Los intelectuales del siglo XX comenzaron a preocuparse sobre el tema y finalmente, en la sociedad de las TIC se lo ha llevado al ámbito operativo y al de la especulación teórica. "Cualquier parte del territorio percibido es paisaje", dice la Convención Europea del año 2000, de lo cual podemos deducir que todos somos actores (lo modificamos) y espectadores (lo disfrutamos o lo sufrimos) pero ninguna persona con nombre y apellido es responsable de su depredación, de su destrucción o de su deterioro. Lo somos todos.
En Andalucía, cinco Consejerías comparten competencias sobre el paisaje pero ninguna de ellas tiene la responsabilidad plena, por lo cual, se ha creado el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y, el pasado mes se presentó en un Encuentro multidisciplinar en el que participaron varios directores generales de la administración autonómica y el director general del Paisaje de Cataluña. Es la manera andaluza de dar continuidad a los convenios y convenciones internacionales que ojala tenga éxito en sus propósitos. Ha empezado con una interesante exposición que podemos disfrutar en el Convento de Santa Inés, hecha bajo la responsabilidad intelectual del pintor Lacomba.
El paisaje es el resultado de la relación de la sociedad con su entorno. Como tal, es un producto cultural frágil, un resultado dinámico en permanente cambio vinculado antes que al orden, se quiera o no, a la naturaleza y a la estética. Precisamente por ello quizá sea más adecuado identificarlo como un proceso abierto, inacabado, en el que intervienen factores cuantitativos previsibles (por ejemplo, las formas de ocupación del territorio) y otros imprevisibles (los factores climáticos, humanos, financieros y hasta políticos). En él, todos estamos implicados.
Pero, ¿el arquitecto es consciente, tanto como el ingeniero de Caminos, de que, en el fondo, diseña paisaje? ¿Existe una metodología adecuada para ello? El campesino de toda la vida, tanto como el dueño de una empresa agroindustrial, ¿sabe que está modificando el paisaje constantemente? ¿Existen normas para hacerlo de manera adecuada? ¿Conocen las empresas de telefonía y de electricidad que sus torres afectan negativamente al paisaje? ¿Incumplen alguna normativa? ¿Con qué criterio están cubriendo miles de hectáreas de suelo las empresas de energía solar? ¿Bajo qué consideraciones levantan las enormes aspas los técnicos de las empresas de energía eólica? Y a todo esto, ¿qué dice la Dirección General de Energía? ¿A qué normativa puede acudir la Consejería de Cultura, de Medio Ambiente, de Agricultura o de Obras Públicas para impedir que las palas mecánicas destruyan, como lo están haciendo en este momento, uno de los más bellos paisajes que podemos (¿podíamos?) disfrutar desde los Jardines de Forestier en Castilleja de Guzmán, declarados Bien de Interés Cultural? ¿Es posible impedir que las canteras continúen desgarrando sin misericordia las montañas; que las empresas inmobiliarias sigan suplantando impunemente la topografía natural con relieves de ladrillo y cemento o que corten sin importarles nada las montañas como si fueran queso?
El paisaje es un tema interesantísimo; incluso lo ha sido hasta para los filósofos, no se diga para un artista o un intelectual con un mínimo de sensibilidad; pero, como problema, ante todo, exige acción, iniciativas que partan de la realidad concreta antes que académica, que sean más proclives a controlar la calidad de la práctica profesional, a estimularla y ayudarla.
Cataluña tiene una Ley. Según el director del Paisaje, los resultados son positivos. Seguramente es así porque incluso respondió satisfactoriamente sobre asuntos de plena y espinosa actualidad. Los países de nuestro entorno europeo desde hace más de cuarenta años tienen una normativa específica del paisaje. Han postergado las grandes definiciones, las elucubraciones teóricas, las campañas de sensibilización y, con interés pedagógico, lo primero que han hecho es: identificar los componentes del paisaje, adoptar una clasificación operativa, hacer un inventario de paisajes y visualizar los ámbitos de actuación prioritaria. En nuestro caso podrían ser: franjas de borde urbano, franja litoral, construcción de grandes infraestructuras, superficies para placas solares y torres eólicas, urbanizaciones masivas, implantación de edificaciones singulares, recuperación de cañadas, veredas y caminos rurales. Los europeos, sobre todo, han establecido la coordinación obligatoria de las administraciones para evitar la acumulación indiscriminada de basura estética sobre el territorio. Desde 1966, Suiza se ha convertido en un referente cuya experiencia debe tomarse en cuenta.
Sin una normativa específica, ¿hasta donde podrá llegar el nuevo Centro Andaluz del Paisaje? ¿El voluntarismo de las consejerías sobre este tema será suficiente? ¿Qué dirán los políticos en su inminente campaña electoral sobre el "derecho al paisaje en condiciones de igualdad"?
*Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
**ELPAIS.com - 23/04/2007
Calp desoye al TSJ y modifica el proyecto de un polígono industrial
NeusGÓMEZ.- El País* : "El Ayuntamiento de Calp, gobernado por Javier Morató, del PP, ha sacado a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial Pou Roig, paralizado desde hace 10 años. Y lo ha hecho desoyendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del año 2002 contra el Consistorio en la que el alto tribunal indica que el proyecto que debe ejecutarse es otro distinto del que ahora se presenta. El promotor del polígono es el mismo empresario, amigo del alcalde, que promueve un hotel a seis metros del mar, ilegal según el Ministerio de Medio Ambiente.
El nuevo proyecto, que no ha pasado el trámite de concurso público, "corrige sin aportar ninguna justificación el trazado inicial al que obligó la sentencia del TSJ", según indican técnicos del Ayuntamiento de Calp. En concreto, han señalado que "hay viales desplazados del original, así como diversas consideraciones que no se contemplaban en el anterior y que han sido dictadas desde la concejalía de Urbanismo".
Estos viales podrían estar modificados por la homologación del Plan General de 1998, por lo que sería necesario cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, y requeriría ser aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo, pasos que los técnicos del Ayuntamiento reconocen que no se ha efectuado.
Los técnicos, que esperan poder revisar minuciosamente el proyecto una vez pase el trámite de exposición pública para poder presentar alegaciones en su informe, temen que "exista una barrera visual que rodee el polígono y que impida ver el Peñón de Ifach", una de las causas por las que el TSJ desestimó la propuesta del alcalde en 2002.
La empresa encargada de promover el polígono industrial es Ifach Mar SL y Cala Ifach, ambas propiedad de Manuel Ferrando, amigo del alcalde y responsable también de las obras del polémico hotel de La Fossa que se está construyendo a seis metros del mar con ciertas irregularidades en el expediente, ya que tiene caducada la autorización de la Consejería de Infraestructuras y Transportes, y cuenta con el informe desfavorable del Ministerio de Medio Ambiente. Además está en clara contradicción con las propias normas urbanísticas del Plan General municipal, que impiden la concesión de una licencia de obra para hotel sin haber obtenido previamente la licencia de actividad.
El alcalde de Calp, Javier Morató, aprobó el pasado diciembre la licencia de obras a Ferrando para que iniciara la construcción de este polémico hotel, pese a que la autorización de la Dirección General de Puertos y Costas había caducado siete meses antes, en el mes de mayo, y contando con el informe preceptivo y de carácter vinculante, del Ministerio de Medio Ambiente alertando de que se estaba utilizando el dominio público marítimo terrestre y desaconsejando, por ello, las obras.
La polémica del polígono arranca hace diez años con la adjudicación del proyecto a una empresa escogida por el alcalde, recién constituida y que sólo disponía de 3.000 euros de capital social. Tras conocerse esta noticia, los propietarios del suelo en el que iba a ubicarse el polígono recurrieron en el juzgado la decisión municipal amparándose en la extinta LRAU, ley que regulaba el uso del suelo. Los propietarios presentaron un nuevo proyecto que, finalmente, el TSJ validó. Los propietarios denunciaban que el alcalde "había adjudicado a una empresa fantasma el proyecto sin acreditar solvencia técnica ni financiera".
Fue en ese momento cuando inesperadamente, Manuel Ferrando resolvió la situación al comprar los derechos de adjudicación de las obras a la empresa apoyada por el alcalde, y pagó a los propietarios que interpusieron la demanda contra el Ayuntamiento por quedarse con el proyecto del polígono y con la mitad del suelo en el que está previsto que se ubique esta instalación industrial. Sin embargo, no ejecutaron las obras hasta ahora, cuando el alcalde y Ferrando vuelven a retomar el impulso del polígono sin respetar la sentencia dictada por el TSJ de mantener el proyecto presentado por los viejos propietarios del suelo.
El PSPV de Calp lleva años denunciando "las maniobras dilatorias y de distracción del alcalde para no ejecutar el polígono industrial". La oposición exige al equipo de gobierno que "exima del pago de los gastos generados por los diversos procesos judiciales" a los propietarios del restante 50% de suelo industrial, que han tenido que recurrir a los tribunales "por una decisión errónea del alcalde a la hora de adjudicar las obras".
Este periódico intentó sin éxito ampliar la información en el Ayuntamiento de Calp.
*ELPAIS.com - Calp - 23/04/2007
Foto: Calpe/gospain
Moratoria tramposa
VicenteTORRES*.- Levante-EMV**: "En los últimos meses, la Conselleria de Territorio parece haber congelado la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en el País Valenciano. Una especie de moratoria de facto que seguramente tiene mucho que ver con la creciente alarma social despertada por la masiva presentación de tales proyectos, y que podía pasar factura electoral. Hay evidencias, sin embargo, de que esta congelación no es sino temporal, que las instrucciones dadas por ciertos alcaldes a los arquitectos es seguir trabajando en los proyectos, que «después de las elecciones todo se aprobará». Una moratoria tramposa, por tanto, que pretendería disminuir el desgaste del Consell y desmovilizar a la opinión pública. Algunos proyectos, sin embargo, no pueden esperar y se asume el riesgo político de aprobarlos a última hora, como los de Manises, Catarroja, o el brutal proyecto de destrucción de la huerta de Vera, en Alboraia, blindado con una disparatada cláusula de penalización.
Mientras tanto, sin duda para imponer este y otros hechos consumados, el Plan Territorial de l´Horta, que mantenía la especial protección de dicha zona, y cuya rápida aprobación había sido comprometida por la Generalitat, está retenido en algún cajón de la conselleria. En esto queda el cambio prometido por el nuevo conseller de Territori, cuando relevó a Blasco, y su famoso «urbanismo sandía», verde por fuera y rojo por dentro: cuando se trata de «sacar tajada», la corteza se descarta, y los amigos disfrutan del jugoso interior color ladrillo.
La aplicación en la última década de la LRAU ha dado cobertura a un proceso urbanizador sin precedentes (un ritmo más del doble de la media española), que ha convertido la construcción en el principal sector económico de esta Comunitat, a costa de agudizar la crisis de la agricultura y de la industria tradicional. Esta ley y sus efectos fueron criticados por la vulneración de los derechos de propietarios, forzados a ceder sus terrenos o afrontar desproporcionados costes de urbanización. Su queja ante el Parlamento Europeo, así como las evidencias de vulneración de los principios de transparencia y competencia, ha motivado repetidas visitas de la Comisión de Peticiones, que ha expresado duras críticas a la gestión del urbanismo valenciano.
La nueva ley, la LUV, pretendía establecer mayores garantías en ambos aspectos. No ha resuelto, sin embargo, los problemas mencionados, pero ha reforzado a las grandes promotoras, al restringir las condiciones para proponer PAI (posiblemente la razón de las prisas en presentar proyectos por parte de pequeños promotores, vísperas de la entrada en vigencia de la LUV).
En todo caso, la ley dejaba intactos los otros problemas que trajo la LRAU, como la liquidación de una ordenación del territorio racional, dirigida de manera democrática y transparente desde las instituciones políticas, para el interés común.
Desde el momento en que la recalificación de terrenos es discrecional (todo el suelo puede ser urbanizable, siembre que lo apruebe un ayuntamiento y dé el visto bueno la Generalitat), el principal negocio no es la construcción sino el pelotazo: la compra de terrenos no urbanizables, si se tiene la seguridad de que van a poder recalificarse. La corrupción no puede ser sino un efecto colateral de esta forma tan opaca de actuar. Y las consecuencias globales son brutales: en la actualidad, según evidencia un estudio que hemos realizado para Compromís pel Territori, los PAI en tramitación en 150 municipios valencianos suman proyectos que pretenden recalificar unos 400 millones de metros cuadrados, para construir unas 750.000 viviendas y 95 campos de golf, lo cual podría suponer un incremento de población de dos millones y medio de habitantes, el 40% de la población valenciana actual.
Al destrozo irreversible del territorio y del paisaje (los principales atractivos turísticos del pasado: ¿quien vendrá aquí en el futuro a contemplar el mar de hormigón?) se suma el previsible colapso de infraestructuras y servicios ya saturados: carreteras, sanidad, educación, sin contar con la penuria de recursos tan limitados como el agua... costes indirectos de la urbanización que los promotores no asumen, y que habremos de pagar entre todos.
Más de 150 colectivos ciudadanos, así como asociaciones ecologistas y culturales coordinados en Compromís pel Territori, se oponen a la multitud de planes urbanísticos, así como a proyectos diversos (incineradoras, centrales, parques eólicos...) que consideran perjudiciales para el medio ambiente, la integridad territorial, el futuro de la economía valenciana, y la calidad de vida de los ciudadanos.
Han realizado manifestaciones reclamando cambios en las prioridades sociales y en las políticas públicas (como la manifestación simultánea de ayer, 21 de abril, en las tres capitales valencianas), además de presentar al debate social el documento titulado: Bases para una nueva política territorial. Dicho documento incluye la propuesta de una moratoria urbanística, bien diferente de esta moratoria trampa del conseller González Pons. Se pide en ella la paralización cautelar de los proyectos que desbordan el planeamiento vigente, que no cuentan con recursos naturales (agua) e infraestructuras adecuadas, que multiplican exageradamente la población, o afectan a espacios naturales o valiosos. Se trata de parar un poco para pensar y ordenar: garantía de futuro también para un sector, como la construcción, que ha de llegar tarde o temprano a un techo, y que más vale redimensionar a tiempo, para prevenir el estallido de la burbuja urbanística y la crisis brutal de un sector sobredimensionado, convertido en un verdadero monocultivo valenciano, y que dejaría tras de sí un desierto económico y una crisis sin alternativas. Los partidos políticos, ganen o pierdan las próximas elecciones, tendrían que tomar buena nota de estas peticiones.
[www.terracritica.org]
*Doctor en economía.
**Levante-EMV - 22 de abril de 2007
Miles de ciudadanos piden la moratoria urbanística y una revisión de la legislación valenciana
R.BIOT/C.VÁZQUEZ.- El País* : "Miles de personas se echaron ayer a la calle para exigir a los políticos una moratoria urbanística y una revisión de la legislación valenciana que ponga freno a la depredación del territorio. Procedentes de muchas poblaciones y convocados por unos 200 colectivos y organizaciones cívicas, miles de personas se manifestaron en las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón para denunciar los casos de abusos. A las protestas se sumaron políticos de las formaciones verdes, de EUPV, que llevó pancarta propia, del Bloc Nacionalista Valencià y del PSPV. Incontables pancartas, carteles y pegatinas salpicaron ayer las tres manifestaciones que Compromís pel Territori convocó en las tres capitales a cinco semanas de las elecciones autonómicas y municipales.
La de ayer fue la primera protesta conjunta convocada en todo el territorio, después de un primer ensayo en junio del año pasado en Valencia. La plataforma pide una moratoria hasta que se revise la legislación autonómica y más participación ciudadana.
La protesta de Valencia fue la más numerosa. Unas 20.000 personas, según los organizadores, y 5.000, según la Policía Nacional, desfilaron por el centro de la ciudad hasta el Palau de la Generalitat, donde clamaron contra la especulación. Los portavoces denunciaron cómo "esa aparente máscara ecologista" del consejero de Territorio [Esteban González Pons] se había caído con la aprobación esta semana de miles de nuevas viviendas en Manises y Catarroja. "No se han esperado a que pasen elecciones", criticó Paco Sanz.
Destacó la presencia de los afectados por el PAI de Albalat dels Tarongers, o los activistas de las plataformas Salvem Porxinos de Parcent (algunos colectivos de la Marina se acercaron a Valencia porque estaba más cerca). Joan Carles, portavoz de los vecinos de Parcent, calificó de "paréntesis" la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre el proyecto. "Si conselleria se atreve a aprobarlo [el PAI del Replà], recurriremos", anunció. Pere Far, de Coalició Democrática de Parcent, subrayó que la doctrina Parcent sigue vigente.
Entre los manifestantes, muchos jóvenes con pancartas, donde se podía leer Rebeldes sin casa, y muchos colectivos -Salvem el Cabanyal, Mestalla, Subestación de Patraix, Salvem Tabacalera y un largo etcétera- que protestaron contra la política de la alcaldesa Rita Barberá.
Varios políticos se sumaron a las manifestaciones. Fue el caso de Glòria Marcos, de EUPV, de los diputados verdes David Hammerstein y Carles Arnal, de Enric Morera, del Bloc, y de la socialista Carmen Alborch, que se incorporó al final.
En Alicante la protesta convocó a miles de personas (más de 5.000, según la organización, y apenas un millar según la policía local). No al cerco urbanístico de los humedales del sur, Stop Plan Rabassa, Prou d'agressions al litoral, La Vila no es ven. No al PGOU, Salvem Xixona o No a la CV-91, fueron algunos de los numerosos carteles y pancartas enarbolados por los manifestantes. La presencia de vecinos de La Vega Baja se dejó notar en una marcha que discurrió animada, con numerosos pitos y demandas de dimisión a responsables políticos del Consell.
La marcha contó con representantes sindicales y de los partidos de izquierda en Alicante. El respaldo a la protesta llevó a Carlos Arribas, de Ecologistes en Acció, a subrayar que existe "mucha gente que no está conforme" con la forma en la que se están haciendo las cosas.
La marcha culminó ante la delegación del Consell en Alicante, donde la organización leyó el manifiesto consensuado en las tres protestas. En él, Compromís pel Territori denunció que "algo está fallando" en un territorio cuando se desoye la voz de "los ciudadanos disconformes", cuando "las agresiones al medio ambiente se multiplican hasta el infinito sin que ningún poder les ponga freno" o cuando la "sobreexplotación disparatada de un territorio" lo deja "cada día más yermo".
"Nunca es demasiado tarde, otro modelo es posible", resumió en Alicante Ernest Blasco, representante de la organización. "Pedimos una moratoria urbanística para comenzar a pensar en qué es lo que queremos hacer realmente y en qué dirección crecer".
En Castellón, unas 5.000 personas, según los organizadores, se sumaron a las manifestaciones.
*ELPAIS.com - Alicante/ Valencia - 22/04/2007
Foto: Participantes en la manifestación contra la depredación del territorio- CARLES FRANCESC /EL País
Asturias marcha contra la especulación urbanística
J.CUEVAS.- La Voz de Asturias* : "Asociaciones vecinales y ecologistas de toda Asturias se daban ayer cita en Gijón para exigir al gobierno autonómico un cambio en su política urbanística y energética. La protesta, convocada por la Asociación de Colectivos Asturianos (ACA), reunía a cientos de personas en un recorrido entre el Humedal y el Náutico. Tras la pancarta de cabeza, que rezaba "La especulación destruye Asturias", podían leerse otras que se oponían a las líneas eléctricas planteadas en el concejo de Aller, el PGOU de Colunga y Caravia, los proyectos urbanísticos de Laviana, Siero, la zona gijonesa de Poniente o Muros del Nalón, la subestación de 400 kilovoltios en Santa María de Grado, el desmonte del alto de Aboño o el desarrollo del polígono de Bobes. La especulación urbanística también centrabas las críticas de los vecinos desplazados desde Llanes, Valdesoto o Navia.
El portavoz a ACA y representante de la Asociación de vecinos y amigos de Llanes (Avall), Domingo Goñi, recordaba el rechazo del TSJA al plan de ordenación urbanística de Llanes y afirmaba que este modelo de planificación "se ha tomado como referencia para todo lo demás".
SObre la elección de Gijón para llevar a cabo la marcha, opinaba que es la ciudad en la que confluyen los dos temas que la motivaban. "Es el centro geográfico de los desastres urbanísticos", aseguraba, y tiene "uno de sus mayores problemas" en la regasificadora. Goñi recordó que ACA ha iniciado la batalla judicial en seis lugares de Asturias, y anunció además la intención de recurrir el PGOU gijonés por la vía contencioso administrativa.
*La Voz de Asturias - 22/04/2007
Foto: Participantes en la manifestación de ayer /JULIO PINILLA (La Voz de Asturias)
Resultados encuesta: ¿Cómo ves la situación de la vivienda en España?
Estos son los resultados finales de la encuesta que se empezó en este Blog en el mes de Marzo. Me parece que los números hablan por sí solos, aunque sean una mera aproximación a la realidad. Las elecciones municipales y autonómicas están muy cerca y los ciudadanos tienen y deben tener la palabra para saber lo que se está haciendo en cada lugar con el escandaloso problema de la vivienda y la especulación urbanística. Es una oportunidad única para poner a cada uno en su sitio, presentar alternativas y hacer que la situación, aunque sea con dificultades, evolucione favorablemente.
Precísamente, hablando de elecciones y el posible voto "ladrillero" o "contra-ladrillero" empieza la nueva encuesta en el menú lateral del blog.
¡Ánimo!
Dejo enlace de noticia reciente que confirma la desaceleración de los precios de la vivienda - Bottup - 19 de abril de 2007: El precio de la vivienda libre sube un 7,2% el primer trimestre del año
El Consell da vía libre al 'pelotazo' de Mestalla y a 11.459 pisos en Catarroja
S.VELERT -Valencia. ELPAÍS* : "De una tacada. La Consejería de Territorio y Vivienda aprobó ayer en una misma sesión el pelotazo de Mestalla, que permitirá al club que dirige Juan Soler construir viviendas y comercios en el solar del viejo estadio, y el proyecto de Nou Mil.leni en Catarroja, con 11.459 nuevos pisos. De la mano del PP, el Valencia CF culmina así la recalificación del suelo de Mestalla, y sólo queda pendiente de que la consejería dé el visto bueno al uso del terreno de Cortes Valencianas para el nuevo estadio. Territorio ha pisado el acelerador y esta semana ha aprobado casi 22.000 viviendas.
Tras una etapa de parón en la aprobación de grandes programas de actuación integrada (PAI) y marcada por un nuevo informe contra la vorágine urbanística de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la consejería ha cambiado el ritmo de cara a las elecciones y ha convocado dos comisiones territoriales en una semana, en las que ha dado vía libre a dos macroproyectos en Catarroja y Manises, y al polémico plan de Mestalla.
Ni dos meses han transcurrido desde que la alcaldesa, Rita Barberá, expresara su "felicitación a todos los valencianos y valencianistas" por la aprobación en el pleno de la doble operación del Valencia CF. El PP zanjó en febrero con su mayoría una larga polémica en la que la oposición -socialistas y EU-L'Entesa- y entidades vecinales denunciaron por excesiva la edificabilidad concedida al club en Mestalla y criticaron que el Ayuntamiento privatice un solar público en la avenida de las Cortes Valencianas, donde el club levantará su nuevo estadio. Los vecinos afectados denunciaron que la operación favorece intereses privados. Con la edificabilidad conseguida, la entidad ingresará al menos 300 millones de euros.
La doble recalificación urbanística dio ayer el salto decisivo en la comisión territorial de Urbanismo de la consejería, que dio vía libre al cambio de uso del suelo de Mestalla de deportivo a residencial, en una tramitación de sólo dos meses, sin apenas cambios sobre el proyecto aprobado por el gobierno local del PP y avalado por el consejero, Esteban González Pons. La recalificación, que introduce casi 5.000 metros de terciario, se justifica, según la consejería, "por la imposibilidad material y jurídica" de mantener la instalación en ese lugar. El club está a un paso de colocar la primera piedra del nuevo campo: sólo falta que una nueva comisión de Urbanismo apruebe dejar en manos de la entidad deportiva el suelo de Cortes Valencianas, ahora municipal, a cambio de una permuta que debe compensar la pérdida de patrimonio público. Sin embargo, esta permuta no está cerrada, según aseguró ayer el teniente de alcalde, Alfonso Grau, que presentó el proyecto de polideportivo municipal que construirá el Valencia CF por seis millones de euros junto a su nuevo campo, informa Diego Barcala.
El club y la Administración del PP, además, deberán defender el plan en los tribunales. El PSPV-PSOE ya recurrió el acuerdo entre Rita y Soler que sirvió de base al proyecto, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta, reiteró ayer que la recalificación no cumple a su juicio la sentencia que anuló la ampliación de Mestalla. Broseta señaló que la federación consultará al tribunal y pedirá que no ejecute el plan hasta que esté claro el acatamiento de aquel fallo. En cuanto la consejería apruebe la recalificación del terreno del nuevo estadio, los vecinos acudirán al contencioso, adelantó Broseta.
La subdelegación del Gobierno también estudiará si recurre el plan, ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió un informe negativo sobre la disponibilidad de agua. La consejería destacó que el Ministerio de Fomento no ha puesto objeciones al cambio de uso en Mestalla, que en su opinión no necesita dictamen sobre la reserva de agua porque está en suelo urbano. El subdelegado, Luis Felipe Martínez, criticó las "prisas" de la consejería por aprobar PAI, ya que ayer también dio el visto bueno a Nou Mil.leni en Catarroja, con 11.459 pisos, de ellos un 51,5% de protección oficial. Y de nuevo con un voto negativo de la CHJ porque no está garantizada el agua, además de objeciones de Fomento por los problemas de acceso a esta nueva ciudad en la que vivirán 36.000 personas -Catarroja tiene 23.900 habitantes-.
Martínez prevé recurrir este PAI en cuanto analice el expediente de aprobación definitiva, al igual que el de Gran Manises, con 9.400 pisos e informes negativos de la CHJ, de Fomento y de Aviación Civil. Manises, con 28.900 vecinos, prácticamente doblará la población. Las obras del PAI dependen, no obstante, de varios informes para subsanar deficiencias que serán vinculantes, por lo que el proyecto tiene un apoyo condicionado.
El secretario de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, reiteró su rechazo a los PAI de Manises y Catarroja y aseguró que su partido intentará anular "esta locura" si es posible y gana las elecciones.
LA RECALIFICACIÓN DEL SOLAR DE MESTALLA
- La recalificación del solar de Mestalla "se justifica ante la imposibilidad material y jurídica de mantener el estadio en su actual ubicación", dice la consejería.
- El Valencia CF logra una edificabilidad residencial de 89.380 metros cuadrados de techo para viviendas y comercios, además de 4.924 metros cuadros de terciario. La zona verde preserva "la huella del terreno de juego".
- El club ingresará con el cambio de uso del suelo al menos 300 millones de euros.
- La doble operación urbanística queda pendiente de que Territorio apruebe la privatización del terreno de Cortes Valencianas para el nuevo campo.
*ELPAIS.com - Valencia - 21/04/2007
Foto: La maqueta de la futura urbanización de Nou Mil.lenni de Catarroja /Las Provincias
Ferrol levantará 69 chalés y un hotel en una zona vinculada al primer teniente alcalde
EUROPA PRESS* : "El Gobierno local de Ferrol, formado por el Partido Popular e Independientes por Ferrol, aprobó en pleno municipal y con el plante de la oposición (BNG, PSdeG-PSOE y EU-IU) el plan de sectorización de la Fraga de Menáncaro, en el que una constructora privada edificará 69 chalés y un hotel de lujo en una zona de alto valor medioambiental y en terrenos vinculados al primer teniente de alcalde, Juan Fernández (IF).
En dicha sesión plenaria y extraordinaria el alcalde de Ferrol impidió la entrada de vecinos y ciudadanos al salón de plenos, al considerar que el aforo estaba completo.
Conducta "reaccionaria y franquista"
La actitud del alcalde fue definida con posterioridad por los representantes de la oposición como una conducta "reaccionaria y franquista".
Yolanda Díaz, portavoz de Ezquerra Unida - Izquierda Unida, incidió en que el alcalde "vulneró los puntos esenciales de la democracia", al no permitir la presencia de los vecinos en un pleno con temas esenciales en urbanismo; Manuel Lorenzo Ramos, portavoz socialista, se trató de una muestra de "dictadura pura".
Sin embargo, el plante de los tres grupos políticos no impidió que el Plan Sectorial fuera aprobado con los votos a favor de PP e IF; Juan Fernández, primer teniente de alcalde, con intereses y propiedades en la Fraga de Moncada tampoco acudió a la sesión.
En el momento del debate, los miembros del gobierno local fueron increpados e insultados por algunos de los vecinos de Menáncaro que sí pudieron entrar en la sesión.
Aprobado pese a informes negativos
Vecinos y ecologistas anunciaron acciones judiciales contra el proyecto
Con dicha votación, se aprobó un Plan de sectorización, que cuenta con informes negativos de la Xunta de Galicia, dos de la Consellería de Política Territorial, por incumplimientos a la Lei do Solo, y uno de Medio Ambiente.
El último, de la Dirección Xeral de Urbanismo, debería haberse emitido a finales de septiembre, pero llegó fuera de plazo (el 2 de diciembre) por lo que el Ayuntamiento de Ferrol entendió que se puede aplicar el "silencio administrativo".
El alcalde censuró a la oposición municipal por una actitud "lamentable", por "sumarse a los alborotadores y a los que hacen de la injuria y de la descalificación su norma de conducta".
En cuanto a la propia urbanización de Menáncaro, el regidor defendió su aprobación porque "está conforme a derecho", en base a los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento.
El primer Teniente de alcalde posee terrenos en la zona afectada por el plan
La urbanización está promovida por la constructora BROS Noroeste; el 75 por ciento de los terrenos son propiedad de la Sociedad Agraria de Transformación Agropino, y de ellos, el 50 por ciento pertenecen a Juan Fernandez, primer teniente de alcalde.
Los partidos políticos de la oposición, los vecinos afectados y los grupos ecologistas anunciaron después del pleno que iniciarán acciones judiciales contra el Gobierno local por la aprobación del proyecto.
*20minutos - 20.04.2007
Foto: Ferrol /turismo
Manifestación contra la destrucción de Asturias: sábado 21 de abril
La Asociación de Colectivos Asturianos convoca en el Día de la Tierra una protesta contra el «expolio». La Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) ha convocado para el próximo sábado, 21 de abril, Día de la Tierra, una manifestación contra el «expolio y la destrucción de Asturias». Saldrá a la una de la tarde de la plaza de El Humedal de Gijón.
Varios representantes de ACA estuvieron ayer en la Escalerona repartiendo folletos informativos sobre la manifestación y el urbanismo en la región.
En varias pancartas colocadas en el Muro los convocantes critican la actuación de los políticos y ayuntamientos en sus actuaciones urbanísticas. «Tolerancia cero con la ilegalidad» o «De Paraíso Natural a Basurero Industrial» eran algunos de los lemas que se podían leer como crítica a la construcción de viviendas en las costas, de campos de golf y de las centrales de ciclo combinado. Y en Gijón, más concretamente, con la regasificadora.
Los responsables de ACA decidieron hacer la concentración en Gijón como conmemoración del tercer aniversario de la segunda «marcha verde» y por ser una ciudad costera. Además, coincide con la reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
defensarural.org
Sábado 21 Abril: Manifestación contra el «urbanismo depredador»
*La plataforma «Compromís pel Territori» solicitará el próximo sábado a todas las fuerzas políticas que concurren a las elecciones que frenen la «depredación» urbanística de los últimos quince años y sienten las bases de una nueva política territorial basada en el «equilibrio» y el «debate social». Para ello, «Compromís pel Territori» ha convocado a los alicantinos a participar en la manifestación que el próximo sábado saldrá a las 18.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento y llegará hasta la delegación del Consell en la ciudad bajo el lema «Basta de corrupción y especulación. ¡Moratoria urbanística ya!», y que se celebrará de forma simultánea en Valencia y Castellón.
Así lo indicaron ayer en rueda de prensa los representantes de Ecologistas en Acción, Carles Arribas, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante, Ernest Blasco, y la Coordinadora Nueva Cultura del Territorio, Francisco Amorós.
«Se trata de una reivindicación estrictamente ciudadana contra la depredación y la destrucción planificada del territorio», sostuvo Arribas, quien precisó que el objetivo es que todas las formaciones políticas «tomen nota» de estas exigencias «ahora que se acercan las elecciones». Resaltó que la actual política territorial «es un absoluto desastre», que ha sido «puesta en cuestión con una crítica muy fuerte desde el Parlamento europeo» y que tiene «terribles efectos sociales y ambientales».
Alacant.- INFORMACIÓN 18-04-2007
*Compromís pel Territori - 19/04/2007
Varapalo del TSJA al urbanismo de Almuñécar
EFE.- Granada* : "El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulas las modificaciones puntuales que realizó el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) en el PGOU para uso hotelero, en acuerdo plenario celebrado en febrero de 2000, y contra las que la Junta presentó una demanda. La sentencia explica que las seis modificaciones puntuales aprobadas en el pleno afectaban en su conjunto a una importante superficie del municipio (39.375 metros cuadrados) y comportaban un notable incremento de la edificabilidad que alcanzaba los 10.104 metros cuadrados aproximadamente, informó la Junta en una nota.
La sentencia señala que estas modificaciones "entrañan una verdadera revisión del planeamiento urbanístico y no una mera modificación".
Añade el fallo que junto a otras 12 modificaciones más que había realizado en los dos últimos años el Ayuntamiento de Almuñécar, estas 18 modificaciones puntuales para cambio a uso hotelero incrementan la ocupación en 89.590 metros cuadrados de zonas verdes públicas y privadas.
"En definitiva", recoge la sentencia, "la aprobación de esta modificación sustancial y encubierta del PGOU de Almuñécar constituye una verdadera revisión del mismo y correspondería a la Junta, a través de la Comisión Provincial de Urbanismo, la competencia y, en consecuencia, no delegable ni delegada en el Ayuntamiento".
*ELPAIS.com - 20/04/2007
Foto: Almuñécar /motrildigital
Manos limpias / manos verdes
José Vicente Barcia.- El ecologista* : "Amenazas de muerte, persecuciones, insultos, acosos desde medios de comunicación, connivencias o indiferencias de distintos poderes… El último informe elaborado por el Área de Defensa Jurídica de Ecologistas en Acción despeja toda duda sobre el incremento de la represión que desde el año 2000 vienen sufriendo diferentes miembros de organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas. El informe señala la beligerancia y el embrutecimiento de políticos y empresarios ante las demandas sociales contra la destrucción del medio ambiente y la corrupción.
Jaime Doreste, Coordinador del Área de Defensa Jurídica de Ecologistas en Acción, mantiene que “las agresiones y amenazas son cada vez más virulentas y personalizadas. Como cada vez se producen más denuncias en el espacio de lo local por los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción, más agresiones y acosos están sufriendo nuestros abogados”. Doreste concluye que la forma de actuar de los destructores de la naturaleza guarda una clara identificación con los modos mafiosos.
Un antiguo proverbio siciliano apela al silencio como código esencial de la mafia: la mejor palabra es la que no se dice; quizá sea ésta la filosofía esencial de quienes vienen persiguiendo a vecinos y ecologistas. En el formidable libro Cosas de la Cosa Nostra, el asesinado juez anticorrupción Giovanni Falcone, meditaba a lo largo de veinte entrevistas sobre la naturaleza de la mafia, ultimando que la misma es una red de poderes diferentes e interdependientes con el objetivo último de perpetuarse y expandirse sin reparar en medio alguno.
Ecologistas en Acción, en su defensa del territorio, está desarrollando un intenso papel anticorrupción –es emblemático el denodado esfuerzo de los ecologistas de Marbella, así como su resultado– que, en la retícula territorial, supone un enfrentamiento con poderes diferentes, transversales en lo partidario, que tienen un objetivo común: la destrucción, el control y la adecuación del territorio como fórmula de lucro.
Mafia versus movimientos sociales
Asistimos a un recrudecimiento del enfrentamiento entre quienes optan por un uso racional y sostenible del espacio; la infantería de los movimientos sociales, ciudadanos, vecinos… con poderes casi ancestrales que responden a los estereotipos más rancios de la España más profunda y pistolerista. No se puede explicar de otro modo que, por ejemplo, en Aguamarga –una barriada de Níjar– con su alcalde a la cabeza, se hayan recogido firmas en dos ocasiones pidiendo la expulsión del pueblo de José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, que ha denunciado de manera reiterada las corruptas maniobras urbanísticas del consistorio.
En el Informe sobre Persecución a Ecologistas 2000-20006, se recoge cómo en 2005 en El Puerto de Santa María, Cádiz, aparecieron centenares de panfletos en las proximidades de la sede de Ecologistas en Acción y en la propia plaza del Ayuntamiento, en los que se amenazaba al Coordinador de esta organización en Andalucía, Juan Clavero. La amenaza era personal y se sustanciaba en la quema de la casa de Clavero. Los motivos de la amenaza guardaban clara relación con el urbanismo local y… oficial: “se denunciaban construcciones ilegales en suelo no urbanizable, con una postura firme y contundente de Ecologistas en Acción en contra de las recalificaciones urbanísticas especulativas que se están realizando en el municipio”.
La respuesta del alcalde, recogida en el Informe, fue sorprendente, al menos para un foráneo: “el alcalde de El Puerto, en vez de asumir su responsabilidad paralizando las obras y demoliendo lo ilegalmente construido, culpó al Coordinador por haber provocado aquella reacción”. La Subdelegación del Gobierno se vio en la necesidad de disponer un servicio de protección en la vivienda del ecologista.
Si una de las características de estas neomafias es la convergencia de intereses de distintos poderes, ya sean éstos legales o no, otra es, como me señaló el que fuera obispo de Sao Félix de Araguaya en el Mato Grosso brasileño, Pedro Casaldáliga, con la mirada puesta en el recuerdo del asesinato de Chico Méndes, “la determinación de hacer valer esos intereses cueste lo que cueste”. Para ello se personaliza la amenaza, que deja de serlo para transformarse en una herramienta de terror. Se trata de aislar al disidente, de agredirle hasta que ceje en su empeño.
A este respecto, señala Pablo Ramos Duro, Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, que los mafiosos “siempre intentan desligar al disidente de su referencia colectiva. Intentan castigar al mensajero para amedrentar al colectivo.” Algo que según Ramos, no sólo no han conseguido, sino que han reforzado la cohesión y la sensibilización tanto dentro como fuera de Ecologistas en Acción.
Doble rasero
Ramos, como integrante y Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura y habitante de la localidad de Almendralejo, denunció en 2004 la situación de deterioro absoluto que sufría el zoológico de esa localidad, a la sazón propiedad del empresario José Luís Rodríguez Rosas. Tras constatar la Junta de Extremadura la veracidad de los hechos denunciados y con fallo a favor del cierre de este establecimiento por parte de los tribunales de Mérida, el empresario recurrió, logrando una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que sostuvo que no cabía la posibilidad de cierre preventivo por lo lesivo que podría resultarle económicamente a dicho empresario.
Ante lo cual, Pablo Ramos no duda: “vivimos en un momento en que la justicia se ha constituido en claro garante de lo privado, confrontando los derechos individuales con los colectivos, primándose los primeros y soslayándose los segundos”. Tras una importante campaña publicitaria desarrollada a golpe de megafonía por toda Extremadura (Rodríguez Rosas es empresario del ramo de los megáfonos), en la que se criticaba a los ecologistas y se subrayaba lo positivo del zoológico con frases como la que sigue: “Ecologistas en Acción miente, los animales están tan gordos que da gusto de verlos”.
Pablo comentó a algunos medios de comunicación, con relación a diferentes violaciones ambientales como las construcciones ilegales en la zona protegida de los Llanos de Cáceres, que “parece que la justicia juega a favor de los delincuentes ambientales”. Momento aprovechado por el empresario para demandarle por injurias. Finalmente los jueces condenaron a Pablo Ramos a una multa o a privación de libertad, con una agilidad y celeridad casi tan sorprendentes como la propia condena, mientras que el cierre definitivo del zoológico sigue el lento trámite de la burocracia.
En marzo de 2006, en el curso de una concentración contra el desdoblamiento de la M-501, en Madrid, el Primer Teniente de Alcalde, el popular Severino Pastor Lizana, del cercano municipio de Pelayos de la Presa, se acercó a Concha Velasco, miembro del colectivo Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, y ante la mirada de la Guardia Civil reiteró sus amenazas, propias de un auténtico maltratador: “Cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo”.
La mafia, entonces, no sólo se define por sus objetivos, ya que parece evidente que su esencia, además, radica en su actitud: la negación y el alejamiento del debate público y la utilización de lenguajes paralelos, que transmitan la arrogancia de una corporación que ataca al disidente ora desde la oscuridad y el hermetismo, ora desde la prepotencia más vulgar en su estilo más GIL.
Amenazas de muerte
Así, este mismo año, en la localidad murciana de Lorca, diferentes miembros de la plataforma La Región de Murcia No se Vende recibieron amenazas de muerte tras haber realizado distintas denuncias de regadíos ilegales y convenios que incitaban, según el Informe sobre Persecución a Ecologistas, de manera inequívoca a la especulación.
Una de esas amenazas se realizó al término de una concentración. Un automóvil se detuvo a escasos metros de los manifestantes, cuando de una de sus ventanas emergió una pistola que encañonó amenazante a los allí presentes. Sin duda, una muestra brutal de lo que cada vez más está comenzando a parecerse a aquel pistolerismo fascista de sicarios contratados para amedrentar, y que ahora intentan acuñar nuevamente aquella vieja cultura del miedo.
Jaime Doreste, recuerda como el asesinato, este mismo año, del ambientalista filipino Jojo de la Victoria, fue precedido de amenazas similares. Es fácil pensar que si las conductas criminales se amparan en la impunidad, éstas puedan devenir en una espiral creciente de muerte.
Volviendo a la proximidad, este mismo año en Níjar, las cámaras de seguridad que el ya mencionado José Ignacio Domínguez ha tenido que instalar en su casa, captaron cómo un sujeto accedió a su depósito de agua potable, vertiendo una sustancia para provocar su intoxicación.
También en 2006, en Villanueva, Murcia, el portavoz de Ecologistas en Acción del Valle de Ricote es amenazado de muerte por un ex concejal de urbanismo, hoy constructor, por denunciar las obras que se están desarrollando en diferentes espacios naturales de la zona.
Estas neomafias, además de tener unos intereses que en el marco del control del territorio son multimillonarios, así como una actitud de firme determinación, generan valores que las legitiman contagiando estilos y formas de vida. En el caso de Marbella se vio claramente como, más allá del corpus dirigente de las mafias locales, existía una base social que ansiaba una forma de vida en claves de despilfarro y que, en palabras de Bourdier, podríamos calificar de ostentación vicaria.
Estos valores no sólo han prendido en algunos estratos populares, también lo han hecho en el marco de los diferentes poderes institucionales. Famosas, muy a su pesar, fueron las invitaciones del consistorio marbellí a numerosos jueces de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, en las que no faltaron ni el caviar iraní, ni las estancias en hoteles de lujo.
En el Informe del Área de Defensa Jurídica se expresa la “extrañeza” por el cambio de ritmos de determinadas instancias judiciales. A este respecto, el documento se muestra tajante: “lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o autoridades que nos denuncian, sino que en algunos casos, diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un interés y agilidad que no tienen cuando se trata de juzgar a los delincuentes ambientales”.
Llamativas son, también, las referencias sobre irregularidades en diferentes tribunales, subrayando el caso de los juzgados de Níjar, denunciados por Ecologistas en Acción ante el Consejo General del Poder Judicial por diecinueve irregularidades y discriminaciones, que han provocado el entorpecimiento de las reivindicaciones sociales en una zona en la que existe un complejo entramado de intereses alrededor del actual modelo urbanístico.
Prensa local y control del territorio
Las neomafias sobreviven a costa de la destrucción del espacio, como ya se ha dicho antes, pero también gracias a su gran capacidad de adaptación y asimilación de nuevos modos de legitimarse y mostrar su poder y control del territorio. Uno de estos nuevos modos es la creación de pequeños periódicos locales que apoyan o critican, dependiendo de la coyuntura, a su ayuntamiento de referencia.
Estos medios están sirviendo para hostigar y legitimar la violencia contra vecinos y ecologistas. El caso de Santiago Martín Barajas es paradigmático: aparece a toda plana en portada de la revista gratuita La Opinión, calificado como “el enemigo público número 1 de la Sierra Oeste”, debido a su oposición al proyecto de desdoblamiento de la carretera de los pantanos, en Madrid. Los insultos reiterados en esta publicación sirven como punto de mira de las muchas amenazas que este activista viene recibiendo. Resulta significativo que la Comunidad de Madrid sea el organismo que más se anuncia en esta revista; luego, por volumen de anuncios, le siguen diferentes constructoras y urbanizaciones.
En el Informe se recogen más casos y una actitud explicitada por Doreste: “no habrá agresión sin respuesta, ya que la impunidad generaría el caldo de cultivo de agresiones más desproporcionadas y dramáticas”. Por su parte, Yayo Herrero, una de las Coordinadoras estatales de Ecologistas en Acción, enfatiza que “a diferencia de las mafias del territorio, cuyo motor es el lucro, la materia prima de la que nos nutrimos los movimientos sociales se basa en los valores colectivos. Por esta causa, cuando agreden a un ecologista, nos agreden a todos y a todas, y es precisamente desde esta fuerza colectiva, que articulamos y daremos las respuestas necesarias.” Por su parte, Concha Velasco, subraya la energía y fuerza moral que da la defensa de un bien universal y colectivo como es la tierra.
SANTIAGO MARTÍN BARAJAS: “Es terrible pensar que en nuestro país aún caben conductas de este tipo”
Santiago Martín Barajas forma parte de esa gran infantería que desde hace más de veinte años defiende la naturaleza de la depredación irracional del ladrillo. Llano y directo explica que “los especuladores públicos y privados están desarrollando métodos para combatir opiniones discrepantes propios de regímenes totalitarios. Se trata de un acoso personal que busca socavar el prestigio de los que denunciamos las barbaridades que se están haciendo al medio ambiente”.
Barajas subraya que el ataque a su persona realizado por la revista La Opinión, responde a inmensos intereses urbanísticos que precisan del desdoblamiento de la M-501, arruinando de este modo el medio natural del oeste madrileño. “Lo de La Opinión, sacándome en portada como el enemigo de la sierra, es una paso más en la escalada de acoso. Se trata de una revista que se distribuye gratuitamente en la Sierra Oeste, yo no vivo en ninguno de los pueblos en los que se distribuye pero, ¿te imaginas tener que vivir en un espacio social agitado en contra de tu persona por culpa de un medio que te demoniza?” Añade, además, lo lamentable que resulta que una revista con una conducta tan agresiva y antidemocrática esté financiada de manera muy importante con fondos de la Comunidad de Madrid.
Lejos de amilanarse ante los diferentes ataques, Martín Barajas acentúa su compromiso: “Una reacción tan destructiva como la que he sufrido, parece un indicio evidente de que lo estamos haciendo bien. Seguiremos en esta línea”. Subraya el perfil fascista de este ataque: “ladran, luego cabalgamos, y además Ecologistas en Acción ya ha interpuesto una querella”.
Reconoce que con anterioridad no conocía la existencia de la revista: “a fecha de hoy sigo sin conocer al director de ese medio, pero me gustaría que explicara el por qué de un ataque tan personal y virulento. Sospecho que tanto la portada como el editorial son de encargo”. Confiesa Barajas haber recibido un gran número de insultos y amenazas a través de Internet o por teléfono. “Imagínate que alguno de mis hijos ve esta portada en el colegio, en la calle, donde sea. El daño puede ser grande. Es terrible pensar que en nuestro país aún caben conductas de este tipo.”
JOSÉ IGNACIO DOMINGUEZ: “Sin miedo pero en alerta, porque no sabes lo que te puede llegar a suceder”
Lleva desde 1977 luchando por la protección de medio ambiente en Almería, por ello a José Ignacio se le debe encuadrar en ese espacio de la memoria combativa del ecologismo que entroncaba con la lucha por la libertad y contra la Dictadura. “En 1977 comencé a luchar contra una cementera que se quería construir en la Playa de los Muertos. Muchos vecinos nos corrieron a gorrazos. Ahora la querencia a las cementeras ha sido sustituida por el afecto interesado a los hoteles y al turismo depredador”.
Instalado en Níjar, en 1995 se convierte en el Presidente de la Asociación de Amigos de Aguamarga, con la que desarrolló un formidable trabajo en contra de los planes urbanísticos, especuladores y arbitrarios, la destrucción por los invernaderos, la invasión de la costa por parte de cadenas hoteleras, etc. “El acoso a mi persona se remonta en los años. Han intentado expulsarme de Níjar, han intentado expropiarme, me han puesto cables de alumbrado por mitad de mi casa, que el propio Defensor del Pueblo reconocía que eran claramente lesivos para mi integridad, han envenenado el agua potable de mi hogar, me han roto ventanas, han intentado obstruir mi automóvil y, sin embargo, no lo han conseguido, sigo aquí, luchando”.
Domínguez advierte sobre la estrategia en la que se tejen diferentes poderes: “del acoso administrativo se pasó al acoso judicial”, lo que en mi opinión abunda en esa definición de poderes diversos con intereses comunes. La virulencia de los ataques no ha cejado y, por el contrario, se ha centrado más sobre otra compañera de Ecologistas en Acción, también abogada. Se trata de Pilar Rodríguez, quien ha tenido que hacer frente a una fianza de 27.000 euros.
Por su parte, José Ignacio ha continuado con su lucha contra la degradación ambiental, desarrollando en la actualidad un papel primordial en lo que se refiere al caso del hotel Algarrobico. “He tenido que poner tres cámaras de seguridad en mi casa. Vivo sin miedo pero en alerta, porque en ocasiones no sabes lo que te puede llegar a suceder”. La indignación de Domínguez se sustancia día a día en su compromiso con el patrimonio natural de Almería.
CONCHA VELASCO: “Están destruyendo los bosques de mi infancia y pienso que la muerte de cada bosque es como el fin de un pueblo, terrible en su memoria… e irreversible”
Concha Velasco está hecha de voluntad y bosque. Desde 1992 mantiene una actitud de resistencia ante los desmanes que han cercenado el patrimonio ambiental de la Sierra Oeste de Madrid. “Al principio era duro soportar la intemperie de la soledad, pero ahora ya somos un colectivo, ya podemos compartir las acciones y resistir los empujes destructivos de la Comunidad, de los constructores y de los poderes locales sumisos al urbanismo”. Se lamenta amargamente de que en ocasiones, como la que guarda relación con la urbanización de la sierra, la razón y la evidencia no sean fuerza suficiente para derogar decisiones que sólo benefician a unos pocos.
Comenta que la agresión que ha sufrido por el Primer Teniente de Alcalde de Pelayos de la Presa, el derechista Severino Pastor Lizana, “cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo”, da la medida de una cultura política instalada en la violencia y el autoritarismo. No hace mucho, en el programa televisivo Caiga quien caiga, la concejala de cultura de ese municipio, al ver una efigie de Franco mostrada por uno de los reporteros, afirmaba que este hombre (por Franco) le daba mucho respeto, porque “en este pueblo somos… muy de él”.
Concha recuerda que “no es la primera amenaza ni el primer intento de criminalizarme. En unas fiestas en pleno verano y con alerta de incendio, tenían pensado tirar fuegos artificiales desde una ladera. Lo denuncié y finalmente se prohibió. Entonces, desde la megafonía, se informó que, por culpa de una mujer del pueblo, no se podían seguir celebrando las fiestas como estaba previsto. Ante las reacciones y las miradas de muchos vecinos fui transparente, y si alguien preguntó directamente, confirmé que había sido yo la denunciante y que no estaba dispuesta a que se destruyera el patrimonio ambiental de nuestro pueblo por culpa de unos fuegos artificiales”.
Pero en todo hay motivos personales, vínculos profundos e innegables: “no se están cargando cualquier cosa, están destruyendo los bosques de mi infancia y pienso que la muerte de cada bosque es como el fin de un pueblo, terrible en su memoria… e irreversible”. Pero como dice Concha, no todo es perder ya que “poco a poco vamos consiguiendo cosas, haciendo que la destrucción del medio ambiente tenga, al menos, un coste político para sus destructores”.
(a Pilar Equiza)
*Rebelión.org - 20-04-2007
Humor, la mejor medicina para las 'úlceras' urbanísticas
J.R.CAAMAÑO.- El Mundo* : "La calle ríe por no llorar. El humor siempre ha sido un bálsamo para afrontar temas que afectan negativamente a la sociedad, una manera de luchar contra medidas y actuaciones de los poderes públicos y privados que, para muchos ciudadanos, son 'de risa'. Juan Ramón Mora es dibujante de viñetas y el coordinador de 'Especula en acción', una exposición itinerante de humor gráfico que se inició en Málaga el 17 de diciembre del pasado año y que continúa moviéndose por diferentes lugares de la Península. Esta iniciativa se nutre de 72 viñetas creadas por 27 dibujantes sobre la corrupción inmobiliaria y las consecuencias negativas que provoca en nuestro país.
Mucha gente implicada
«No es un tema para reírse gratuitamente, pero sí para ironizar. Todos tenemos que vivir en algún sitio; me parece que la Constitución sigue comentando algo al respecto», afirma con sorna este dibujante afincado en Antequera, refiriéndose al artículo 47 de nuestra ley de leyes. «No es fácil crear humor a partir de estos temas, pero es un asunto en el que hay mucha gente implicada, tanto cruelmente afectada como beneficiada. Además, cada día nos lo ponen más fácil».
Hace casi dos años, María Antonia Trujillo decía que «la dignidad de una casa no se mide por los metros cuadrados que tiene. Se refería la señora ministra de Vivienda al proyecto planteado por el Ejecutivo para crear 'minipisos' de 25 o 30 metros cuadrados que solucionen el problema residencial de España.
Para Juan Ramón Mora, «las viviendas de 30 metros cuadrados son un 'choteo' desde el momento que las denominan soluciones habitacionales; es decir, que la solución a todo viene a ser una habitación tan pequeña que tienes que decidir entre alojar tus pertenencias o tu persona y familia».
Pues que tiemble Trujillo. Si nada peor aparece de aquí a la temporada estival, el joven valenciano Toni A. Martínez puede convertirse en el autor de la canción del próximo verano con 'Pisos de 30 metros', una mezcla de música 'makinera' e ironía en unas letras que giran en torno a las famosas casas modelo 'lata de sardinas'.
«Me muero por vivir en un piso de 30 metros / es muy fácil de limpiar / y en muebles me ahorro un 'huevo'. No cabe un colchón / y si viene mi chica / hay que salir al rellano para hacer el amor» son algunas de las frases que se pueden escuchar en esta canción, que cada vez más personas entonan en las manifestaciones que la plataforma V de Vivienda convoca a lo largo de todo el país para protestar contra la precariedad y por una vivienda digna.
El vídeo, que cuenta ya con más de 300.000 visionados en el portal 'www.youtube.com', no es ni mucho menos la única muestra de 'cachondeo' que podemos encontrar en Internet. Desde el cómico Leo Bassi recorriendo la ciudad de Barcelona en su 'Bassibus' a modo de ruta turística por las lindezas de la corrupción urbanística hasta el dúo Los Morancos realizando debates con el 'ladrillazo' como tema central, son muchos los que, con humor, buscan poner su granito de arena para que a «'malayos'» y demás «'especulators'» se les caiga la cara de vergüenza.
31 de diciembre de 2006. Llega la noche y todo el mundo se dispone a disfrutar con sus familias de la última cena del año. Ése fue el momento que eligieron los humoristas Cruz y Raya para intentar curar las úlceras de indignación que millones de españoles sufren a causa de los escándalos urbanísticos que durante el año pasado parecían salir de debajo de las piedras.
'Operación Maletín'
Con '2006: Perdiendo el juicio/Operación Maletín' abarcaron escándalos inmobiliarios, casos de cohecho, la 'Operación Malaya', creando una cómica sociedad en la que se ironiza sobre los alcaldes llamándolos «'manos limpias'» y el rechazo de un maletín era tratado como un suceso paranormal. Un mundo surrealista, pero, según los responsables de imprimir humor negro al problema de la vivienda, no mucho peor del que tenemos delante de nuestros ojos.
«La corrupción urbanística es como la pelusa que se acumula tras los muebles, nunca sabes de dónde sale pero siempre está ahí. De nosotros depende retirar los muebles y barrerla o limpiar alrededor imaginándonos que no está», compara el coordinador de 'Especula en acción', antes de explicar por qué se ríen de la situación inmobiliaria española. «Simplemente somos unos cachondos, por lo general tenemos buen humor. Además, se trata de un vehículo menos crispante. Si nos quieren presentar el problema de la vivienda como un gran monstruo de siete cabezas imposible de vencer, al menos no debe escaparse sin que nos riamos de él».
*El Mundo - Su Vivienda - 13 de abril de 2007
Viñeta: Ulises /Especula en Acción
Expertos culpan de la corrupción al Estado por comerciar con suelo
EFE.- Málaga* : "La Administración Pública tiene una responsabilidad importante en la corrupción urbanística y la destrucción del medio ambiente por haber considerado el suelo como una mercancía, según una de las conclusiones de las jornadas sobre urbanismo celebradas durante esta semana en Málaga. El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, mantuvo en su intervención que "los legisladores no han tenido el valor para hacer lo que se debe en el ámbito urbanístico por razones políticas, sociales y económicas".
En la misma línea, el experto en derecho urbanístico y secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez, agregó que "la Administración tiene una parte importante en los factores de corrupción porque ha considerado el suelo como una mercancía más".
Gutiérrez achacó esta situación al principio de "liberalización del suelo", por el cual un Ayuntamiento es el que demuestra si un terreno es edificable. Sin embar go, sostuvo que con la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor en julio se incluye el concepto "inadecuado" para clasificar el suelo y "se puede limitar el crecimiento por la utilización de los recursos naturales".
El director general de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, abogó por la puesta en marcha de planes territoriales para limitar el crecimiento urbanístico y consideró un ejemplo las limitaciones que en Andalucía establece el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Uralde sostuvo que el plan de ordenación "es un primer paso, aunque las limitaciones son aún insuficientes", según consideró.
El portavoz de Greenpeace resaltó que los planes de urbanización en el litoral andaluz son insostenibles por la situación hídrica en el litoral. Uralde insistió en que "no hay agua para todo lo que se quiere construir" y advirtió que "no se puede seguir planificando los recursos sin tener en cuenta la demanda". "No se trata de traer el agua de otro sitio", dijo, sino de sostener consumos y frenar los proyectos de campos de golf con complejos residenciales.
*malagahoy.es - 19 de Abril de 2007
Foto: Marbella / Urbanización ilegal Banana Beach /UrbPatasArriba
