Moratoria tramposa

VicenteTORRES*.- Levante-EMV**: "En los últimos meses, la Conselleria de Territorio parece haber congelado la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en el País Valenciano. Una especie de moratoria de facto que seguramente tiene mucho que ver con la creciente alarma social despertada por la masiva presentación de tales proyectos, y que podía pasar factura electoral. Hay evidencias, sin embargo, de que esta congelación no es sino temporal, que las instrucciones dadas por ciertos alcaldes a los arquitectos es seguir trabajando en los proyectos, que «después de las elecciones todo se aprobará». Una moratoria tramposa, por tanto, que pretendería disminuir el desgaste del Consell y desmovilizar a la opinión pública. Algunos proyectos, sin embargo, no pueden esperar y se asume el riesgo político de aprobarlos a última hora, como los de Manises, Catarroja, o el brutal proyecto de destrucción de la huerta de Vera, en Alboraia, blindado con una disparatada cláusula de penalización.

Mientras tanto, sin duda para imponer este y otros hechos consumados, el Plan Territorial de l´Horta, que mantenía la especial protección de dicha zona, y cuya rápida aprobación había sido comprometida por la Generalitat, está retenido en algún cajón de la conselleria. En esto queda el cambio prometido por el nuevo conseller de Territori, cuando relevó a Blasco, y su famoso «urbanismo sandía», verde por fuera y rojo por dentro: cuando se trata de «sacar tajada», la corteza se descarta, y los amigos disfrutan del jugoso interior color ladrillo.

La aplicación en la última década de la LRAU ha dado cobertura a un proceso urbanizador sin precedentes (un ritmo más del doble de la media española), que ha convertido la construcción en el principal sector económico de esta Comunitat, a costa de agudizar la crisis de la agricultura y de la industria tradicional. Esta ley y sus efectos fueron criticados por la vulneración de los derechos de propietarios, forzados a ceder sus terrenos o afrontar desproporcionados costes de urbanización. Su queja ante el Parlamento Europeo, así como las evidencias de vulneración de los principios de transparencia y competencia, ha motivado repetidas visitas de la Comisión de Peticiones, que ha expresado duras críticas a la gestión del urbanismo valenciano.

La nueva ley, la LUV, pretendía establecer mayores garantías en ambos aspectos. No ha resuelto, sin embargo, los problemas mencionados, pero ha reforzado a las grandes promotoras, al restringir las condiciones para proponer PAI (posiblemente la razón de las prisas en presentar proyectos por parte de pequeños promotores, vísperas de la entrada en vigencia de la LUV).

En todo caso, la ley dejaba intactos los otros problemas que trajo la LRAU, como la liquidación de una ordenación del territorio racional, dirigida de manera democrática y transparente desde las instituciones políticas, para el interés común.

Desde el momento en que la recalificación de terrenos es discrecional (todo el suelo puede ser urbanizable, siembre que lo apruebe un ayuntamiento y dé el visto bueno la Generalitat), el principal negocio no es la construcción sino el pelotazo: la compra de terrenos no urbanizables, si se tiene la seguridad de que van a poder recalificarse. La corrupción no puede ser sino un efecto colateral de esta forma tan opaca de actuar. Y las consecuencias globales son brutales: en la actualidad, según evidencia un estudio que hemos realizado para Compromís pel Territori, los PAI en tramitación en 150 municipios valencianos suman proyectos que pretenden recalificar unos 400 millones de metros cuadrados, para construir unas 750.000 viviendas y 95 campos de golf, lo cual podría suponer un incremento de población de dos millones y medio de habitantes, el 40% de la población valenciana actual.

Al destrozo irreversible del territorio y del paisaje (los principales atractivos turísticos del pasado: ¿quien vendrá aquí en el futuro a contemplar el mar de hormigón?) se suma el previsible colapso de infraestructuras y servicios ya saturados: carreteras, sanidad, educación, sin contar con la penuria de recursos tan limitados como el agua... costes indirectos de la urbanización que los promotores no asumen, y que habremos de pagar entre todos.

Más de 150 colectivos ciudadanos, así como asociaciones ecologistas y culturales coordinados en Compromís pel Territori, se oponen a la multitud de planes urbanísticos, así como a proyectos diversos (incineradoras, centrales, parques eólicos...) que consideran perjudiciales para el medio ambiente, la integridad territorial, el futuro de la economía valenciana, y la calidad de vida de los ciudadanos.

Han realizado manifestaciones reclamando cambios en las prioridades sociales y en las políticas públicas (como la manifestación simultánea de ayer, 21 de abril, en las tres capitales valencianas), además de presentar al debate social el documento titulado: Bases para una nueva política territorial. Dicho documento incluye la propuesta de una moratoria urbanística, bien diferente de esta moratoria trampa del conseller González Pons. Se pide en ella la paralización cautelar de los proyectos que desbordan el planeamiento vigente, que no cuentan con recursos naturales (agua) e infraestructuras adecuadas, que multiplican exageradamente la población, o afectan a espacios naturales o valiosos. Se trata de parar un poco para pensar y ordenar: garantía de futuro también para un sector, como la construcción, que ha de llegar tarde o temprano a un techo, y que más vale redimensionar a tiempo, para prevenir el estallido de la burbuja urbanística y la crisis brutal de un sector sobredimensionado, convertido en un verdadero monocultivo valenciano, y que dejaría tras de sí un desierto económico y una crisis sin alternativas. Los partidos políticos, ganen o pierdan las próximas elecciones, tendrían que tomar buena nota de estas peticiones.



[www.terracritica.org]

*Doctor en economía.


**Levante-EMV - 22 de abril de 2007