R.BIOT/C.VÁZQUEZ.- El País* : "Miles de personas se echaron ayer a la calle para exigir a los políticos una moratoria urbanística y una revisión de la legislación valenciana que ponga freno a la depredación del territorio. Procedentes de muchas poblaciones y convocados por unos 200 colectivos y organizaciones cívicas, miles de personas se manifestaron en las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón para denunciar los casos de abusos. A las protestas se sumaron políticos de las formaciones verdes, de EUPV, que llevó pancarta propia, del Bloc Nacionalista Valencià y del PSPV. Incontables pancartas, carteles y pegatinas salpicaron ayer las tres manifestaciones que Compromís pel Territori convocó en las tres capitales a cinco semanas de las elecciones autonómicas y municipales.
La de ayer fue la primera protesta conjunta convocada en todo el territorio, después de un primer ensayo en junio del año pasado en Valencia. La plataforma pide una moratoria hasta que se revise la legislación autonómica y más participación ciudadana.
La protesta de Valencia fue la más numerosa. Unas 20.000 personas, según los organizadores, y 5.000, según la Policía Nacional, desfilaron por el centro de la ciudad hasta el Palau de la Generalitat, donde clamaron contra la especulación. Los portavoces denunciaron cómo "esa aparente máscara ecologista" del consejero de Territorio [Esteban González Pons] se había caído con la aprobación esta semana de miles de nuevas viviendas en Manises y Catarroja. "No se han esperado a que pasen elecciones", criticó Paco Sanz.
Destacó la presencia de los afectados por el PAI de Albalat dels Tarongers, o los activistas de las plataformas Salvem Porxinos de Parcent (algunos colectivos de la Marina se acercaron a Valencia porque estaba más cerca). Joan Carles, portavoz de los vecinos de Parcent, calificó de "paréntesis" la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre el proyecto. "Si conselleria se atreve a aprobarlo [el PAI del Replà], recurriremos", anunció. Pere Far, de Coalició Democrática de Parcent, subrayó que la doctrina Parcent sigue vigente.
Entre los manifestantes, muchos jóvenes con pancartas, donde se podía leer Rebeldes sin casa, y muchos colectivos -Salvem el Cabanyal, Mestalla, Subestación de Patraix, Salvem Tabacalera y un largo etcétera- que protestaron contra la política de la alcaldesa Rita Barberá.
Varios políticos se sumaron a las manifestaciones. Fue el caso de Glòria Marcos, de EUPV, de los diputados verdes David Hammerstein y Carles Arnal, de Enric Morera, del Bloc, y de la socialista Carmen Alborch, que se incorporó al final.
En Alicante la protesta convocó a miles de personas (más de 5.000, según la organización, y apenas un millar según la policía local). No al cerco urbanístico de los humedales del sur, Stop Plan Rabassa, Prou d'agressions al litoral, La Vila no es ven. No al PGOU, Salvem Xixona o No a la CV-91, fueron algunos de los numerosos carteles y pancartas enarbolados por los manifestantes. La presencia de vecinos de La Vega Baja se dejó notar en una marcha que discurrió animada, con numerosos pitos y demandas de dimisión a responsables políticos del Consell.
La marcha contó con representantes sindicales y de los partidos de izquierda en Alicante. El respaldo a la protesta llevó a Carlos Arribas, de Ecologistes en Acció, a subrayar que existe "mucha gente que no está conforme" con la forma en la que se están haciendo las cosas.
La marcha culminó ante la delegación del Consell en Alicante, donde la organización leyó el manifiesto consensuado en las tres protestas. En él, Compromís pel Territori denunció que "algo está fallando" en un territorio cuando se desoye la voz de "los ciudadanos disconformes", cuando "las agresiones al medio ambiente se multiplican hasta el infinito sin que ningún poder les ponga freno" o cuando la "sobreexplotación disparatada de un territorio" lo deja "cada día más yermo".
"Nunca es demasiado tarde, otro modelo es posible", resumió en Alicante Ernest Blasco, representante de la organización. "Pedimos una moratoria urbanística para comenzar a pensar en qué es lo que queremos hacer realmente y en qué dirección crecer".
En Castellón, unas 5.000 personas, según los organizadores, se sumaron a las manifestaciones.
*ELPAIS.com - Alicante/ Valencia - 22/04/2007
Foto: Participantes en la manifestación contra la depredación del territorio- CARLES FRANCESC /EL País
Miles de ciudadanos piden la moratoria urbanística y una revisión de la legislación valenciana
Asturias marcha contra la especulación urbanística
J.CUEVAS.- La Voz de Asturias* : "Asociaciones vecinales y ecologistas de toda Asturias se daban ayer cita en Gijón para exigir al gobierno autonómico un cambio en su política urbanística y energética. La protesta, convocada por la Asociación de Colectivos Asturianos (ACA), reunía a cientos de personas en un recorrido entre el Humedal y el Náutico. Tras la pancarta de cabeza, que rezaba "La especulación destruye Asturias", podían leerse otras que se oponían a las líneas eléctricas planteadas en el concejo de Aller, el PGOU de Colunga y Caravia, los proyectos urbanísticos de Laviana, Siero, la zona gijonesa de Poniente o Muros del Nalón, la subestación de 400 kilovoltios en Santa María de Grado, el desmonte del alto de Aboño o el desarrollo del polígono de Bobes. La especulación urbanística también centrabas las críticas de los vecinos desplazados desde Llanes, Valdesoto o Navia.
El portavoz a ACA y representante de la Asociación de vecinos y amigos de Llanes (Avall), Domingo Goñi, recordaba el rechazo del TSJA al plan de ordenación urbanística de Llanes y afirmaba que este modelo de planificación "se ha tomado como referencia para todo lo demás".
SObre la elección de Gijón para llevar a cabo la marcha, opinaba que es la ciudad en la que confluyen los dos temas que la motivaban. "Es el centro geográfico de los desastres urbanísticos", aseguraba, y tiene "uno de sus mayores problemas" en la regasificadora. Goñi recordó que ACA ha iniciado la batalla judicial en seis lugares de Asturias, y anunció además la intención de recurrir el PGOU gijonés por la vía contencioso administrativa.
*La Voz de Asturias - 22/04/2007
Foto: Participantes en la manifestación de ayer /JULIO PINILLA (La Voz de Asturias)
Resultados encuesta: ¿Cómo ves la situación de la vivienda en España?
Estos son los resultados finales de la encuesta que se empezó en este Blog en el mes de Marzo. Me parece que los números hablan por sí solos, aunque sean una mera aproximación a la realidad. Las elecciones municipales y autonómicas están muy cerca y los ciudadanos tienen y deben tener la palabra para saber lo que se está haciendo en cada lugar con el escandaloso problema de la vivienda y la especulación urbanística. Es una oportunidad única para poner a cada uno en su sitio, presentar alternativas y hacer que la situación, aunque sea con dificultades, evolucione favorablemente.
Precísamente, hablando de elecciones y el posible voto "ladrillero" o "contra-ladrillero" empieza la nueva encuesta en el menú lateral del blog.
¡Ánimo!
Dejo enlace de noticia reciente que confirma la desaceleración de los precios de la vivienda - Bottup - 19 de abril de 2007: El precio de la vivienda libre sube un 7,2% el primer trimestre del año
El Consell da vía libre al 'pelotazo' de Mestalla y a 11.459 pisos en Catarroja
S.VELERT -Valencia. ELPAÍS* : "De una tacada. La Consejería de Territorio y Vivienda aprobó ayer en una misma sesión el pelotazo de Mestalla, que permitirá al club que dirige Juan Soler construir viviendas y comercios en el solar del viejo estadio, y el proyecto de Nou Mil.leni en Catarroja, con 11.459 nuevos pisos. De la mano del PP, el Valencia CF culmina así la recalificación del suelo de Mestalla, y sólo queda pendiente de que la consejería dé el visto bueno al uso del terreno de Cortes Valencianas para el nuevo estadio. Territorio ha pisado el acelerador y esta semana ha aprobado casi 22.000 viviendas.
Tras una etapa de parón en la aprobación de grandes programas de actuación integrada (PAI) y marcada por un nuevo informe contra la vorágine urbanística de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la consejería ha cambiado el ritmo de cara a las elecciones y ha convocado dos comisiones territoriales en una semana, en las que ha dado vía libre a dos macroproyectos en Catarroja y Manises, y al polémico plan de Mestalla.
Ni dos meses han transcurrido desde que la alcaldesa, Rita Barberá, expresara su "felicitación a todos los valencianos y valencianistas" por la aprobación en el pleno de la doble operación del Valencia CF. El PP zanjó en febrero con su mayoría una larga polémica en la que la oposición -socialistas y EU-L'Entesa- y entidades vecinales denunciaron por excesiva la edificabilidad concedida al club en Mestalla y criticaron que el Ayuntamiento privatice un solar público en la avenida de las Cortes Valencianas, donde el club levantará su nuevo estadio. Los vecinos afectados denunciaron que la operación favorece intereses privados. Con la edificabilidad conseguida, la entidad ingresará al menos 300 millones de euros.
La doble recalificación urbanística dio ayer el salto decisivo en la comisión territorial de Urbanismo de la consejería, que dio vía libre al cambio de uso del suelo de Mestalla de deportivo a residencial, en una tramitación de sólo dos meses, sin apenas cambios sobre el proyecto aprobado por el gobierno local del PP y avalado por el consejero, Esteban González Pons. La recalificación, que introduce casi 5.000 metros de terciario, se justifica, según la consejería, "por la imposibilidad material y jurídica" de mantener la instalación en ese lugar. El club está a un paso de colocar la primera piedra del nuevo campo: sólo falta que una nueva comisión de Urbanismo apruebe dejar en manos de la entidad deportiva el suelo de Cortes Valencianas, ahora municipal, a cambio de una permuta que debe compensar la pérdida de patrimonio público. Sin embargo, esta permuta no está cerrada, según aseguró ayer el teniente de alcalde, Alfonso Grau, que presentó el proyecto de polideportivo municipal que construirá el Valencia CF por seis millones de euros junto a su nuevo campo, informa Diego Barcala.
El club y la Administración del PP, además, deberán defender el plan en los tribunales. El PSPV-PSOE ya recurrió el acuerdo entre Rita y Soler que sirvió de base al proyecto, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta, reiteró ayer que la recalificación no cumple a su juicio la sentencia que anuló la ampliación de Mestalla. Broseta señaló que la federación consultará al tribunal y pedirá que no ejecute el plan hasta que esté claro el acatamiento de aquel fallo. En cuanto la consejería apruebe la recalificación del terreno del nuevo estadio, los vecinos acudirán al contencioso, adelantó Broseta.
La subdelegación del Gobierno también estudiará si recurre el plan, ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió un informe negativo sobre la disponibilidad de agua. La consejería destacó que el Ministerio de Fomento no ha puesto objeciones al cambio de uso en Mestalla, que en su opinión no necesita dictamen sobre la reserva de agua porque está en suelo urbano. El subdelegado, Luis Felipe Martínez, criticó las "prisas" de la consejería por aprobar PAI, ya que ayer también dio el visto bueno a Nou Mil.leni en Catarroja, con 11.459 pisos, de ellos un 51,5% de protección oficial. Y de nuevo con un voto negativo de la CHJ porque no está garantizada el agua, además de objeciones de Fomento por los problemas de acceso a esta nueva ciudad en la que vivirán 36.000 personas -Catarroja tiene 23.900 habitantes-.
Martínez prevé recurrir este PAI en cuanto analice el expediente de aprobación definitiva, al igual que el de Gran Manises, con 9.400 pisos e informes negativos de la CHJ, de Fomento y de Aviación Civil. Manises, con 28.900 vecinos, prácticamente doblará la población. Las obras del PAI dependen, no obstante, de varios informes para subsanar deficiencias que serán vinculantes, por lo que el proyecto tiene un apoyo condicionado.
El secretario de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, reiteró su rechazo a los PAI de Manises y Catarroja y aseguró que su partido intentará anular "esta locura" si es posible y gana las elecciones.
LA RECALIFICACIÓN DEL SOLAR DE MESTALLA
- La recalificación del solar de Mestalla "se justifica ante la imposibilidad material y jurídica de mantener el estadio en su actual ubicación", dice la consejería.
- El Valencia CF logra una edificabilidad residencial de 89.380 metros cuadrados de techo para viviendas y comercios, además de 4.924 metros cuadros de terciario. La zona verde preserva "la huella del terreno de juego".
- El club ingresará con el cambio de uso del suelo al menos 300 millones de euros.
- La doble operación urbanística queda pendiente de que Territorio apruebe la privatización del terreno de Cortes Valencianas para el nuevo campo.
*ELPAIS.com - Valencia - 21/04/2007
Foto: La maqueta de la futura urbanización de Nou Mil.lenni de Catarroja /Las Provincias
Ferrol levantará 69 chalés y un hotel en una zona vinculada al primer teniente alcalde
EUROPA PRESS* : "El Gobierno local de Ferrol, formado por el Partido Popular e Independientes por Ferrol, aprobó en pleno municipal y con el plante de la oposición (BNG, PSdeG-PSOE y EU-IU) el plan de sectorización de la Fraga de Menáncaro, en el que una constructora privada edificará 69 chalés y un hotel de lujo en una zona de alto valor medioambiental y en terrenos vinculados al primer teniente de alcalde, Juan Fernández (IF).
En dicha sesión plenaria y extraordinaria el alcalde de Ferrol impidió la entrada de vecinos y ciudadanos al salón de plenos, al considerar que el aforo estaba completo.
Conducta "reaccionaria y franquista"
La actitud del alcalde fue definida con posterioridad por los representantes de la oposición como una conducta "reaccionaria y franquista".
Yolanda Díaz, portavoz de Ezquerra Unida - Izquierda Unida, incidió en que el alcalde "vulneró los puntos esenciales de la democracia", al no permitir la presencia de los vecinos en un pleno con temas esenciales en urbanismo; Manuel Lorenzo Ramos, portavoz socialista, se trató de una muestra de "dictadura pura".
Sin embargo, el plante de los tres grupos políticos no impidió que el Plan Sectorial fuera aprobado con los votos a favor de PP e IF; Juan Fernández, primer teniente de alcalde, con intereses y propiedades en la Fraga de Moncada tampoco acudió a la sesión.
En el momento del debate, los miembros del gobierno local fueron increpados e insultados por algunos de los vecinos de Menáncaro que sí pudieron entrar en la sesión.
Aprobado pese a informes negativos
Vecinos y ecologistas anunciaron acciones judiciales contra el proyecto
Con dicha votación, se aprobó un Plan de sectorización, que cuenta con informes negativos de la Xunta de Galicia, dos de la Consellería de Política Territorial, por incumplimientos a la Lei do Solo, y uno de Medio Ambiente.
El último, de la Dirección Xeral de Urbanismo, debería haberse emitido a finales de septiembre, pero llegó fuera de plazo (el 2 de diciembre) por lo que el Ayuntamiento de Ferrol entendió que se puede aplicar el "silencio administrativo".
El alcalde censuró a la oposición municipal por una actitud "lamentable", por "sumarse a los alborotadores y a los que hacen de la injuria y de la descalificación su norma de conducta".
En cuanto a la propia urbanización de Menáncaro, el regidor defendió su aprobación porque "está conforme a derecho", en base a los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento.
El primer Teniente de alcalde posee terrenos en la zona afectada por el plan
La urbanización está promovida por la constructora BROS Noroeste; el 75 por ciento de los terrenos son propiedad de la Sociedad Agraria de Transformación Agropino, y de ellos, el 50 por ciento pertenecen a Juan Fernandez, primer teniente de alcalde.
Los partidos políticos de la oposición, los vecinos afectados y los grupos ecologistas anunciaron después del pleno que iniciarán acciones judiciales contra el Gobierno local por la aprobación del proyecto.
*20minutos - 20.04.2007
Foto: Ferrol /turismo
Manifestación contra la destrucción de Asturias: sábado 21 de abril
La Asociación de Colectivos Asturianos convoca en el Día de la Tierra una protesta contra el «expolio». La Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) ha convocado para el próximo sábado, 21 de abril, Día de la Tierra, una manifestación contra el «expolio y la destrucción de Asturias». Saldrá a la una de la tarde de la plaza de El Humedal de Gijón.
Varios representantes de ACA estuvieron ayer en la Escalerona repartiendo folletos informativos sobre la manifestación y el urbanismo en la región.
En varias pancartas colocadas en el Muro los convocantes critican la actuación de los políticos y ayuntamientos en sus actuaciones urbanísticas. «Tolerancia cero con la ilegalidad» o «De Paraíso Natural a Basurero Industrial» eran algunos de los lemas que se podían leer como crítica a la construcción de viviendas en las costas, de campos de golf y de las centrales de ciclo combinado. Y en Gijón, más concretamente, con la regasificadora.
Los responsables de ACA decidieron hacer la concentración en Gijón como conmemoración del tercer aniversario de la segunda «marcha verde» y por ser una ciudad costera. Además, coincide con la reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
defensarural.org
Sábado 21 Abril: Manifestación contra el «urbanismo depredador»
*La plataforma «Compromís pel Territori» solicitará el próximo sábado a todas las fuerzas políticas que concurren a las elecciones que frenen la «depredación» urbanística de los últimos quince años y sienten las bases de una nueva política territorial basada en el «equilibrio» y el «debate social». Para ello, «Compromís pel Territori» ha convocado a los alicantinos a participar en la manifestación que el próximo sábado saldrá a las 18.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento y llegará hasta la delegación del Consell en la ciudad bajo el lema «Basta de corrupción y especulación. ¡Moratoria urbanística ya!», y que se celebrará de forma simultánea en Valencia y Castellón.
Así lo indicaron ayer en rueda de prensa los representantes de Ecologistas en Acción, Carles Arribas, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante, Ernest Blasco, y la Coordinadora Nueva Cultura del Territorio, Francisco Amorós.
«Se trata de una reivindicación estrictamente ciudadana contra la depredación y la destrucción planificada del territorio», sostuvo Arribas, quien precisó que el objetivo es que todas las formaciones políticas «tomen nota» de estas exigencias «ahora que se acercan las elecciones». Resaltó que la actual política territorial «es un absoluto desastre», que ha sido «puesta en cuestión con una crítica muy fuerte desde el Parlamento europeo» y que tiene «terribles efectos sociales y ambientales».
Alacant.- INFORMACIÓN 18-04-2007
*Compromís pel Territori - 19/04/2007
Varapalo del TSJA al urbanismo de Almuñécar
EFE.- Granada* : "El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulas las modificaciones puntuales que realizó el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) en el PGOU para uso hotelero, en acuerdo plenario celebrado en febrero de 2000, y contra las que la Junta presentó una demanda. La sentencia explica que las seis modificaciones puntuales aprobadas en el pleno afectaban en su conjunto a una importante superficie del municipio (39.375 metros cuadrados) y comportaban un notable incremento de la edificabilidad que alcanzaba los 10.104 metros cuadrados aproximadamente, informó la Junta en una nota.
La sentencia señala que estas modificaciones "entrañan una verdadera revisión del planeamiento urbanístico y no una mera modificación".
Añade el fallo que junto a otras 12 modificaciones más que había realizado en los dos últimos años el Ayuntamiento de Almuñécar, estas 18 modificaciones puntuales para cambio a uso hotelero incrementan la ocupación en 89.590 metros cuadrados de zonas verdes públicas y privadas.
"En definitiva", recoge la sentencia, "la aprobación de esta modificación sustancial y encubierta del PGOU de Almuñécar constituye una verdadera revisión del mismo y correspondería a la Junta, a través de la Comisión Provincial de Urbanismo, la competencia y, en consecuencia, no delegable ni delegada en el Ayuntamiento".
*ELPAIS.com - 20/04/2007
Foto: Almuñécar /motrildigital
Manos limpias / manos verdes
José Vicente Barcia.- El ecologista* : "Amenazas de muerte, persecuciones, insultos, acosos desde medios de comunicación, connivencias o indiferencias de distintos poderes… El último informe elaborado por el Área de Defensa Jurídica de Ecologistas en Acción despeja toda duda sobre el incremento de la represión que desde el año 2000 vienen sufriendo diferentes miembros de organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas. El informe señala la beligerancia y el embrutecimiento de políticos y empresarios ante las demandas sociales contra la destrucción del medio ambiente y la corrupción.
Jaime Doreste, Coordinador del Área de Defensa Jurídica de Ecologistas en Acción, mantiene que “las agresiones y amenazas son cada vez más virulentas y personalizadas. Como cada vez se producen más denuncias en el espacio de lo local por los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción, más agresiones y acosos están sufriendo nuestros abogados”. Doreste concluye que la forma de actuar de los destructores de la naturaleza guarda una clara identificación con los modos mafiosos.
Un antiguo proverbio siciliano apela al silencio como código esencial de la mafia: la mejor palabra es la que no se dice; quizá sea ésta la filosofía esencial de quienes vienen persiguiendo a vecinos y ecologistas. En el formidable libro Cosas de la Cosa Nostra, el asesinado juez anticorrupción Giovanni Falcone, meditaba a lo largo de veinte entrevistas sobre la naturaleza de la mafia, ultimando que la misma es una red de poderes diferentes e interdependientes con el objetivo último de perpetuarse y expandirse sin reparar en medio alguno.
Ecologistas en Acción, en su defensa del territorio, está desarrollando un intenso papel anticorrupción –es emblemático el denodado esfuerzo de los ecologistas de Marbella, así como su resultado– que, en la retícula territorial, supone un enfrentamiento con poderes diferentes, transversales en lo partidario, que tienen un objetivo común: la destrucción, el control y la adecuación del territorio como fórmula de lucro.
Mafia versus movimientos sociales
Asistimos a un recrudecimiento del enfrentamiento entre quienes optan por un uso racional y sostenible del espacio; la infantería de los movimientos sociales, ciudadanos, vecinos… con poderes casi ancestrales que responden a los estereotipos más rancios de la España más profunda y pistolerista. No se puede explicar de otro modo que, por ejemplo, en Aguamarga –una barriada de Níjar– con su alcalde a la cabeza, se hayan recogido firmas en dos ocasiones pidiendo la expulsión del pueblo de José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, que ha denunciado de manera reiterada las corruptas maniobras urbanísticas del consistorio.
En el Informe sobre Persecución a Ecologistas 2000-20006, se recoge cómo en 2005 en El Puerto de Santa María, Cádiz, aparecieron centenares de panfletos en las proximidades de la sede de Ecologistas en Acción y en la propia plaza del Ayuntamiento, en los que se amenazaba al Coordinador de esta organización en Andalucía, Juan Clavero. La amenaza era personal y se sustanciaba en la quema de la casa de Clavero. Los motivos de la amenaza guardaban clara relación con el urbanismo local y… oficial: “se denunciaban construcciones ilegales en suelo no urbanizable, con una postura firme y contundente de Ecologistas en Acción en contra de las recalificaciones urbanísticas especulativas que se están realizando en el municipio”.
La respuesta del alcalde, recogida en el Informe, fue sorprendente, al menos para un foráneo: “el alcalde de El Puerto, en vez de asumir su responsabilidad paralizando las obras y demoliendo lo ilegalmente construido, culpó al Coordinador por haber provocado aquella reacción”. La Subdelegación del Gobierno se vio en la necesidad de disponer un servicio de protección en la vivienda del ecologista.
Si una de las características de estas neomafias es la convergencia de intereses de distintos poderes, ya sean éstos legales o no, otra es, como me señaló el que fuera obispo de Sao Félix de Araguaya en el Mato Grosso brasileño, Pedro Casaldáliga, con la mirada puesta en el recuerdo del asesinato de Chico Méndes, “la determinación de hacer valer esos intereses cueste lo que cueste”. Para ello se personaliza la amenaza, que deja de serlo para transformarse en una herramienta de terror. Se trata de aislar al disidente, de agredirle hasta que ceje en su empeño.
A este respecto, señala Pablo Ramos Duro, Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, que los mafiosos “siempre intentan desligar al disidente de su referencia colectiva. Intentan castigar al mensajero para amedrentar al colectivo.” Algo que según Ramos, no sólo no han conseguido, sino que han reforzado la cohesión y la sensibilización tanto dentro como fuera de Ecologistas en Acción.
Doble rasero
Ramos, como integrante y Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura y habitante de la localidad de Almendralejo, denunció en 2004 la situación de deterioro absoluto que sufría el zoológico de esa localidad, a la sazón propiedad del empresario José Luís Rodríguez Rosas. Tras constatar la Junta de Extremadura la veracidad de los hechos denunciados y con fallo a favor del cierre de este establecimiento por parte de los tribunales de Mérida, el empresario recurrió, logrando una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que sostuvo que no cabía la posibilidad de cierre preventivo por lo lesivo que podría resultarle económicamente a dicho empresario.
Ante lo cual, Pablo Ramos no duda: “vivimos en un momento en que la justicia se ha constituido en claro garante de lo privado, confrontando los derechos individuales con los colectivos, primándose los primeros y soslayándose los segundos”. Tras una importante campaña publicitaria desarrollada a golpe de megafonía por toda Extremadura (Rodríguez Rosas es empresario del ramo de los megáfonos), en la que se criticaba a los ecologistas y se subrayaba lo positivo del zoológico con frases como la que sigue: “Ecologistas en Acción miente, los animales están tan gordos que da gusto de verlos”.
Pablo comentó a algunos medios de comunicación, con relación a diferentes violaciones ambientales como las construcciones ilegales en la zona protegida de los Llanos de Cáceres, que “parece que la justicia juega a favor de los delincuentes ambientales”. Momento aprovechado por el empresario para demandarle por injurias. Finalmente los jueces condenaron a Pablo Ramos a una multa o a privación de libertad, con una agilidad y celeridad casi tan sorprendentes como la propia condena, mientras que el cierre definitivo del zoológico sigue el lento trámite de la burocracia.
En marzo de 2006, en el curso de una concentración contra el desdoblamiento de la M-501, en Madrid, el Primer Teniente de Alcalde, el popular Severino Pastor Lizana, del cercano municipio de Pelayos de la Presa, se acercó a Concha Velasco, miembro del colectivo Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, y ante la mirada de la Guardia Civil reiteró sus amenazas, propias de un auténtico maltratador: “Cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo”.
La mafia, entonces, no sólo se define por sus objetivos, ya que parece evidente que su esencia, además, radica en su actitud: la negación y el alejamiento del debate público y la utilización de lenguajes paralelos, que transmitan la arrogancia de una corporación que ataca al disidente ora desde la oscuridad y el hermetismo, ora desde la prepotencia más vulgar en su estilo más GIL.
Amenazas de muerte
Así, este mismo año, en la localidad murciana de Lorca, diferentes miembros de la plataforma La Región de Murcia No se Vende recibieron amenazas de muerte tras haber realizado distintas denuncias de regadíos ilegales y convenios que incitaban, según el Informe sobre Persecución a Ecologistas, de manera inequívoca a la especulación.
Una de esas amenazas se realizó al término de una concentración. Un automóvil se detuvo a escasos metros de los manifestantes, cuando de una de sus ventanas emergió una pistola que encañonó amenazante a los allí presentes. Sin duda, una muestra brutal de lo que cada vez más está comenzando a parecerse a aquel pistolerismo fascista de sicarios contratados para amedrentar, y que ahora intentan acuñar nuevamente aquella vieja cultura del miedo.
Jaime Doreste, recuerda como el asesinato, este mismo año, del ambientalista filipino Jojo de la Victoria, fue precedido de amenazas similares. Es fácil pensar que si las conductas criminales se amparan en la impunidad, éstas puedan devenir en una espiral creciente de muerte.
Volviendo a la proximidad, este mismo año en Níjar, las cámaras de seguridad que el ya mencionado José Ignacio Domínguez ha tenido que instalar en su casa, captaron cómo un sujeto accedió a su depósito de agua potable, vertiendo una sustancia para provocar su intoxicación.
También en 2006, en Villanueva, Murcia, el portavoz de Ecologistas en Acción del Valle de Ricote es amenazado de muerte por un ex concejal de urbanismo, hoy constructor, por denunciar las obras que se están desarrollando en diferentes espacios naturales de la zona.
Estas neomafias, además de tener unos intereses que en el marco del control del territorio son multimillonarios, así como una actitud de firme determinación, generan valores que las legitiman contagiando estilos y formas de vida. En el caso de Marbella se vio claramente como, más allá del corpus dirigente de las mafias locales, existía una base social que ansiaba una forma de vida en claves de despilfarro y que, en palabras de Bourdier, podríamos calificar de ostentación vicaria.
Estos valores no sólo han prendido en algunos estratos populares, también lo han hecho en el marco de los diferentes poderes institucionales. Famosas, muy a su pesar, fueron las invitaciones del consistorio marbellí a numerosos jueces de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, en las que no faltaron ni el caviar iraní, ni las estancias en hoteles de lujo.
En el Informe del Área de Defensa Jurídica se expresa la “extrañeza” por el cambio de ritmos de determinadas instancias judiciales. A este respecto, el documento se muestra tajante: “lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o autoridades que nos denuncian, sino que en algunos casos, diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un interés y agilidad que no tienen cuando se trata de juzgar a los delincuentes ambientales”.
Llamativas son, también, las referencias sobre irregularidades en diferentes tribunales, subrayando el caso de los juzgados de Níjar, denunciados por Ecologistas en Acción ante el Consejo General del Poder Judicial por diecinueve irregularidades y discriminaciones, que han provocado el entorpecimiento de las reivindicaciones sociales en una zona en la que existe un complejo entramado de intereses alrededor del actual modelo urbanístico.
Prensa local y control del territorio
Las neomafias sobreviven a costa de la destrucción del espacio, como ya se ha dicho antes, pero también gracias a su gran capacidad de adaptación y asimilación de nuevos modos de legitimarse y mostrar su poder y control del territorio. Uno de estos nuevos modos es la creación de pequeños periódicos locales que apoyan o critican, dependiendo de la coyuntura, a su ayuntamiento de referencia.
Estos medios están sirviendo para hostigar y legitimar la violencia contra vecinos y ecologistas. El caso de Santiago Martín Barajas es paradigmático: aparece a toda plana en portada de la revista gratuita La Opinión, calificado como “el enemigo público número 1 de la Sierra Oeste”, debido a su oposición al proyecto de desdoblamiento de la carretera de los pantanos, en Madrid. Los insultos reiterados en esta publicación sirven como punto de mira de las muchas amenazas que este activista viene recibiendo. Resulta significativo que la Comunidad de Madrid sea el organismo que más se anuncia en esta revista; luego, por volumen de anuncios, le siguen diferentes constructoras y urbanizaciones.
En el Informe se recogen más casos y una actitud explicitada por Doreste: “no habrá agresión sin respuesta, ya que la impunidad generaría el caldo de cultivo de agresiones más desproporcionadas y dramáticas”. Por su parte, Yayo Herrero, una de las Coordinadoras estatales de Ecologistas en Acción, enfatiza que “a diferencia de las mafias del territorio, cuyo motor es el lucro, la materia prima de la que nos nutrimos los movimientos sociales se basa en los valores colectivos. Por esta causa, cuando agreden a un ecologista, nos agreden a todos y a todas, y es precisamente desde esta fuerza colectiva, que articulamos y daremos las respuestas necesarias.” Por su parte, Concha Velasco, subraya la energía y fuerza moral que da la defensa de un bien universal y colectivo como es la tierra.
SANTIAGO MARTÍN BARAJAS: “Es terrible pensar que en nuestro país aún caben conductas de este tipo”
Santiago Martín Barajas forma parte de esa gran infantería que desde hace más de veinte años defiende la naturaleza de la depredación irracional del ladrillo. Llano y directo explica que “los especuladores públicos y privados están desarrollando métodos para combatir opiniones discrepantes propios de regímenes totalitarios. Se trata de un acoso personal que busca socavar el prestigio de los que denunciamos las barbaridades que se están haciendo al medio ambiente”.
Barajas subraya que el ataque a su persona realizado por la revista La Opinión, responde a inmensos intereses urbanísticos que precisan del desdoblamiento de la M-501, arruinando de este modo el medio natural del oeste madrileño. “Lo de La Opinión, sacándome en portada como el enemigo de la sierra, es una paso más en la escalada de acoso. Se trata de una revista que se distribuye gratuitamente en la Sierra Oeste, yo no vivo en ninguno de los pueblos en los que se distribuye pero, ¿te imaginas tener que vivir en un espacio social agitado en contra de tu persona por culpa de un medio que te demoniza?” Añade, además, lo lamentable que resulta que una revista con una conducta tan agresiva y antidemocrática esté financiada de manera muy importante con fondos de la Comunidad de Madrid.
Lejos de amilanarse ante los diferentes ataques, Martín Barajas acentúa su compromiso: “Una reacción tan destructiva como la que he sufrido, parece un indicio evidente de que lo estamos haciendo bien. Seguiremos en esta línea”. Subraya el perfil fascista de este ataque: “ladran, luego cabalgamos, y además Ecologistas en Acción ya ha interpuesto una querella”.
Reconoce que con anterioridad no conocía la existencia de la revista: “a fecha de hoy sigo sin conocer al director de ese medio, pero me gustaría que explicara el por qué de un ataque tan personal y virulento. Sospecho que tanto la portada como el editorial son de encargo”. Confiesa Barajas haber recibido un gran número de insultos y amenazas a través de Internet o por teléfono. “Imagínate que alguno de mis hijos ve esta portada en el colegio, en la calle, donde sea. El daño puede ser grande. Es terrible pensar que en nuestro país aún caben conductas de este tipo.”
JOSÉ IGNACIO DOMINGUEZ: “Sin miedo pero en alerta, porque no sabes lo que te puede llegar a suceder”
Lleva desde 1977 luchando por la protección de medio ambiente en Almería, por ello a José Ignacio se le debe encuadrar en ese espacio de la memoria combativa del ecologismo que entroncaba con la lucha por la libertad y contra la Dictadura. “En 1977 comencé a luchar contra una cementera que se quería construir en la Playa de los Muertos. Muchos vecinos nos corrieron a gorrazos. Ahora la querencia a las cementeras ha sido sustituida por el afecto interesado a los hoteles y al turismo depredador”.
Instalado en Níjar, en 1995 se convierte en el Presidente de la Asociación de Amigos de Aguamarga, con la que desarrolló un formidable trabajo en contra de los planes urbanísticos, especuladores y arbitrarios, la destrucción por los invernaderos, la invasión de la costa por parte de cadenas hoteleras, etc. “El acoso a mi persona se remonta en los años. Han intentado expulsarme de Níjar, han intentado expropiarme, me han puesto cables de alumbrado por mitad de mi casa, que el propio Defensor del Pueblo reconocía que eran claramente lesivos para mi integridad, han envenenado el agua potable de mi hogar, me han roto ventanas, han intentado obstruir mi automóvil y, sin embargo, no lo han conseguido, sigo aquí, luchando”.
Domínguez advierte sobre la estrategia en la que se tejen diferentes poderes: “del acoso administrativo se pasó al acoso judicial”, lo que en mi opinión abunda en esa definición de poderes diversos con intereses comunes. La virulencia de los ataques no ha cejado y, por el contrario, se ha centrado más sobre otra compañera de Ecologistas en Acción, también abogada. Se trata de Pilar Rodríguez, quien ha tenido que hacer frente a una fianza de 27.000 euros.
Por su parte, José Ignacio ha continuado con su lucha contra la degradación ambiental, desarrollando en la actualidad un papel primordial en lo que se refiere al caso del hotel Algarrobico. “He tenido que poner tres cámaras de seguridad en mi casa. Vivo sin miedo pero en alerta, porque en ocasiones no sabes lo que te puede llegar a suceder”. La indignación de Domínguez se sustancia día a día en su compromiso con el patrimonio natural de Almería.
CONCHA VELASCO: “Están destruyendo los bosques de mi infancia y pienso que la muerte de cada bosque es como el fin de un pueblo, terrible en su memoria… e irreversible”
Concha Velasco está hecha de voluntad y bosque. Desde 1992 mantiene una actitud de resistencia ante los desmanes que han cercenado el patrimonio ambiental de la Sierra Oeste de Madrid. “Al principio era duro soportar la intemperie de la soledad, pero ahora ya somos un colectivo, ya podemos compartir las acciones y resistir los empujes destructivos de la Comunidad, de los constructores y de los poderes locales sumisos al urbanismo”. Se lamenta amargamente de que en ocasiones, como la que guarda relación con la urbanización de la sierra, la razón y la evidencia no sean fuerza suficiente para derogar decisiones que sólo benefician a unos pocos.
Comenta que la agresión que ha sufrido por el Primer Teniente de Alcalde de Pelayos de la Presa, el derechista Severino Pastor Lizana, “cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo”, da la medida de una cultura política instalada en la violencia y el autoritarismo. No hace mucho, en el programa televisivo Caiga quien caiga, la concejala de cultura de ese municipio, al ver una efigie de Franco mostrada por uno de los reporteros, afirmaba que este hombre (por Franco) le daba mucho respeto, porque “en este pueblo somos… muy de él”.
Concha recuerda que “no es la primera amenaza ni el primer intento de criminalizarme. En unas fiestas en pleno verano y con alerta de incendio, tenían pensado tirar fuegos artificiales desde una ladera. Lo denuncié y finalmente se prohibió. Entonces, desde la megafonía, se informó que, por culpa de una mujer del pueblo, no se podían seguir celebrando las fiestas como estaba previsto. Ante las reacciones y las miradas de muchos vecinos fui transparente, y si alguien preguntó directamente, confirmé que había sido yo la denunciante y que no estaba dispuesta a que se destruyera el patrimonio ambiental de nuestro pueblo por culpa de unos fuegos artificiales”.
Pero en todo hay motivos personales, vínculos profundos e innegables: “no se están cargando cualquier cosa, están destruyendo los bosques de mi infancia y pienso que la muerte de cada bosque es como el fin de un pueblo, terrible en su memoria… e irreversible”. Pero como dice Concha, no todo es perder ya que “poco a poco vamos consiguiendo cosas, haciendo que la destrucción del medio ambiente tenga, al menos, un coste político para sus destructores”.
(a Pilar Equiza)
*Rebelión.org - 20-04-2007
Humor, la mejor medicina para las 'úlceras' urbanísticas
J.R.CAAMAÑO.- El Mundo* : "La calle ríe por no llorar. El humor siempre ha sido un bálsamo para afrontar temas que afectan negativamente a la sociedad, una manera de luchar contra medidas y actuaciones de los poderes públicos y privados que, para muchos ciudadanos, son 'de risa'. Juan Ramón Mora es dibujante de viñetas y el coordinador de 'Especula en acción', una exposición itinerante de humor gráfico que se inició en Málaga el 17 de diciembre del pasado año y que continúa moviéndose por diferentes lugares de la Península. Esta iniciativa se nutre de 72 viñetas creadas por 27 dibujantes sobre la corrupción inmobiliaria y las consecuencias negativas que provoca en nuestro país.
Mucha gente implicada
«No es un tema para reírse gratuitamente, pero sí para ironizar. Todos tenemos que vivir en algún sitio; me parece que la Constitución sigue comentando algo al respecto», afirma con sorna este dibujante afincado en Antequera, refiriéndose al artículo 47 de nuestra ley de leyes. «No es fácil crear humor a partir de estos temas, pero es un asunto en el que hay mucha gente implicada, tanto cruelmente afectada como beneficiada. Además, cada día nos lo ponen más fácil».
Hace casi dos años, María Antonia Trujillo decía que «la dignidad de una casa no se mide por los metros cuadrados que tiene. Se refería la señora ministra de Vivienda al proyecto planteado por el Ejecutivo para crear 'minipisos' de 25 o 30 metros cuadrados que solucionen el problema residencial de España.
Para Juan Ramón Mora, «las viviendas de 30 metros cuadrados son un 'choteo' desde el momento que las denominan soluciones habitacionales; es decir, que la solución a todo viene a ser una habitación tan pequeña que tienes que decidir entre alojar tus pertenencias o tu persona y familia».
Pues que tiemble Trujillo. Si nada peor aparece de aquí a la temporada estival, el joven valenciano Toni A. Martínez puede convertirse en el autor de la canción del próximo verano con 'Pisos de 30 metros', una mezcla de música 'makinera' e ironía en unas letras que giran en torno a las famosas casas modelo 'lata de sardinas'.
«Me muero por vivir en un piso de 30 metros / es muy fácil de limpiar / y en muebles me ahorro un 'huevo'. No cabe un colchón / y si viene mi chica / hay que salir al rellano para hacer el amor» son algunas de las frases que se pueden escuchar en esta canción, que cada vez más personas entonan en las manifestaciones que la plataforma V de Vivienda convoca a lo largo de todo el país para protestar contra la precariedad y por una vivienda digna.
El vídeo, que cuenta ya con más de 300.000 visionados en el portal 'www.youtube.com', no es ni mucho menos la única muestra de 'cachondeo' que podemos encontrar en Internet. Desde el cómico Leo Bassi recorriendo la ciudad de Barcelona en su 'Bassibus' a modo de ruta turística por las lindezas de la corrupción urbanística hasta el dúo Los Morancos realizando debates con el 'ladrillazo' como tema central, son muchos los que, con humor, buscan poner su granito de arena para que a «'malayos'» y demás «'especulators'» se les caiga la cara de vergüenza.
31 de diciembre de 2006. Llega la noche y todo el mundo se dispone a disfrutar con sus familias de la última cena del año. Ése fue el momento que eligieron los humoristas Cruz y Raya para intentar curar las úlceras de indignación que millones de españoles sufren a causa de los escándalos urbanísticos que durante el año pasado parecían salir de debajo de las piedras.
'Operación Maletín'
Con '2006: Perdiendo el juicio/Operación Maletín' abarcaron escándalos inmobiliarios, casos de cohecho, la 'Operación Malaya', creando una cómica sociedad en la que se ironiza sobre los alcaldes llamándolos «'manos limpias'» y el rechazo de un maletín era tratado como un suceso paranormal. Un mundo surrealista, pero, según los responsables de imprimir humor negro al problema de la vivienda, no mucho peor del que tenemos delante de nuestros ojos.
«La corrupción urbanística es como la pelusa que se acumula tras los muebles, nunca sabes de dónde sale pero siempre está ahí. De nosotros depende retirar los muebles y barrerla o limpiar alrededor imaginándonos que no está», compara el coordinador de 'Especula en acción', antes de explicar por qué se ríen de la situación inmobiliaria española. «Simplemente somos unos cachondos, por lo general tenemos buen humor. Además, se trata de un vehículo menos crispante. Si nos quieren presentar el problema de la vivienda como un gran monstruo de siete cabezas imposible de vencer, al menos no debe escaparse sin que nos riamos de él».
*El Mundo - Su Vivienda - 13 de abril de 2007
Viñeta: Ulises /Especula en Acción
Expertos culpan de la corrupción al Estado por comerciar con suelo
EFE.- Málaga* : "La Administración Pública tiene una responsabilidad importante en la corrupción urbanística y la destrucción del medio ambiente por haber considerado el suelo como una mercancía, según una de las conclusiones de las jornadas sobre urbanismo celebradas durante esta semana en Málaga. El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, mantuvo en su intervención que "los legisladores no han tenido el valor para hacer lo que se debe en el ámbito urbanístico por razones políticas, sociales y económicas".
En la misma línea, el experto en derecho urbanístico y secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez, agregó que "la Administración tiene una parte importante en los factores de corrupción porque ha considerado el suelo como una mercancía más".
Gutiérrez achacó esta situación al principio de "liberalización del suelo", por el cual un Ayuntamiento es el que demuestra si un terreno es edificable. Sin embar go, sostuvo que con la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor en julio se incluye el concepto "inadecuado" para clasificar el suelo y "se puede limitar el crecimiento por la utilización de los recursos naturales".
El director general de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, abogó por la puesta en marcha de planes territoriales para limitar el crecimiento urbanístico y consideró un ejemplo las limitaciones que en Andalucía establece el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Uralde sostuvo que el plan de ordenación "es un primer paso, aunque las limitaciones son aún insuficientes", según consideró.
El portavoz de Greenpeace resaltó que los planes de urbanización en el litoral andaluz son insostenibles por la situación hídrica en el litoral. Uralde insistió en que "no hay agua para todo lo que se quiere construir" y advirtió que "no se puede seguir planificando los recursos sin tener en cuenta la demanda". "No se trata de traer el agua de otro sitio", dijo, sino de sostener consumos y frenar los proyectos de campos de golf con complejos residenciales.
*malagahoy.es - 19 de Abril de 2007
Foto: Marbella / Urbanización ilegal Banana Beach /UrbPatasArriba
'La Vega Baja no se vende' apoya la protesta del sábado en contra del urbanismo
L.V.- Orihuela* : "La manifestación del 21 de abril comenzará a las 18.00 en la plaza del Ayuntamiento de Alicante y concluirá en la sede del gobierno valenciano en Alicante. La protesta está convocada por Compromís pel territori, que aglutina a otras plataformas como "La Vega Baja no se Vende". La protesta se realizará en contra de la destrucción del territorio y en favor de una nueva política de desarrollo urbanístico.
La plataforma La Vega Baja no se vende organiza esta tarde a las a 20.30 una charla informativa sobre la próxima manifestación del 21 de abril que tendrá lugar en Alicante. La protesta se realizará en contra de la destrucción del territorio y en favor de una nueva política de desarrollo urbanístico.
Con tal fin el centro cultural San Andrés de Almoradí acoge una exposición sobre los principales reivindicaciones que se van a realizar sobre desarrollo sostenible y la administración de los recursos naturales.
En el acto que se ha organizado para hoy interviene el miembro de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, junto con el portavoz de la plataforma comarcal Miguel Ángel Pavón, quien mostrará una serie de imágenes de la Vega.
La plataforma ecológica advierte que la comarca es una de las más afectadas por planes urbanísticos ya que se prevén 200.000 nuevas viviendas con más de medio millón de habitantes, que «necesitarían 60 hectómetros cúbicos anuales y generará 300.000 toneladas de residuos sólidos», critica Pavón.
*La Verdad - Miércoles, 18 de abril de 2007
Foto: ELCHE 9-IX-06 - dunas del carabassi /Ecologistas en acción
La corrupción urbanística dispara un 40% las actuaciones de la Fiscalía
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EFE* : "La Fiscalía Anticorrupción ha aumentado en 2006 en un 40,15 por ciento el número de causas judiciales en trámite en las que participa debido, entre otros factores, al aumento de investigaciones en el ámbito de la corrupción urbanística, según indica la memoria del organismo presentada hoy. "Se ha abierto un campo operativo que todavía tiene que ser investigado mucho", indica la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, que interviene en 178 casos judiciales y tramita 23 diligencias de investigación y otras doce diligencias informativas.
A su juicio, la coordinación de jueces y fiscales, Agencia Tributaria y Policía Judicial, además de los servicios antiblanqueo (Sepblac) y la "profundidad del trabajo realizado" han motivado que "se dé la importancia que tiene" a la corrupción urbanística "y no se contemple como una materia cuasi contencioso-administrativa".
Entre los casos destacados abiertos en 2006, Anticorrupción destacó los abiertos en Marbella contra su ex alcalde Julián Muñoz, por prevaricación y fraude; los iniciados en Santa Cruz de Tenerife, ligados al Parque Marítimo Anaga o la denominada "Playa de las Teresitas", contra el edil de la capital tinerfeña; o los instruidos en Valdemoro, contra el ex alcalde de Ciempozuelos, y en Palma de Mallorca, por el caso Andratx.
Todo ello confirma, según la memoria, "la aparición pública y reiterada de prácticas administrativas impropias en el área urbanística" de las que "muchas" tienen "connotaciones de corrupción por parte de autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos".
Según la memoria, en 2006, "se ha profundizado" en la lucha contra la corrupción urbanística, "ahondando hasta el final en la búsqueda de cooperadores, cómplices, la investigación patrimonial de los inculpados, la posible existencia de blanqueo de capitales".
De hecho, se ha producido un aumento de procedimientos penales, desde los 18 en 2005 a 62 en 2006, también como consecuencia de diligencias "desgajadas de una causa principal", además de un crecimiento en las denuncias o querellas interpuestas, de siete en 2005 a doce en 2006.
Desde las 55 causas que tenía en trámite Anticorrupción en 1997, hace una década, se pasó en 2006 a los 178 casos judiciales, con siete sentencias nuevas conocidas durante el año pasado.
Así, desde que fue creado este órgano del Ministerio Público hace once años, se han dictado 58 sentencias en procedimientos donde participaba Anticorrupción, de las que 51 han sido condenatorias y 7 absolutorias.
También se cita en la memoria los casos abiertos en la Audiencia Nacional por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, "cuya documentación ocupa cientos de miles de folios" y que ha merecido "una enorme dedicación" por parte de los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, "teniendo en cuenta la permanente actitud litigiosa de los imputados".
El documento también destaca otros casos de la Audiencia Nacional como la operación antiblanqueo contra varias entidades financieras, que alcanzó un bloqueo de fondos por más de 2.000 millones de euros, o las dos diligencias previas abiertas por los productos fiduciarios "offshore" que ofrecían despachos de abogados como Pretus y Luis de Miguel y Asociados.
Asimismo figuran otros fraudes investigados y relacionados con el sector lácteo y el aceite de oliva o la concesión de subvenciones, aunque de los 62 nuevos procedimientos penales en 2006, más de una treintena corresponden a la trama de corrupción urbanística de Marbella.
Precisamente, la memoria del 2006 destaca "los expectantes resultados" que ha conseguido la creación de los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en las comunidades autónomas, en campos concretos como la lucha contra la corrupción urbanística.
En 2006, la Fiscalía Anticorrupción recibió 2.279 comunicaciones y cursó 3.436 escritos, mientras que recibió 544 informes-denuncias, de las que el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) presentó más de la mitad (284 informes) ya casi tramitados por el Ministerio Público.
*eldia.es - 17 DE ABRIL DE 2007
Viñeta: El Roto /El País
Tiempos de codicia
Anahí Seri.- Crisis Energética* : "En el prestigioso periódico alemán Frankfurter Allgemeine apareció el pasado 28 de marzo un suculento artículo sobre la situación ecológico-urbanística en España, titulado "Tiempos de codicia". Estaría bien que se lo leyera alguno de los políticos corruptos vendidos al ladrillo y se le cayera la cara de vergüenza. Y si se ofendieran tanto que llegaran a ponerle un pleito al periódico, sería fantástico por la repercusión que podría tener en la opinión pública... "La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático".
Tiempos de codicia (Traducido del alemán por Anahí Seri):
La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático.
PAUL INGENDAAY / FAZ MADRID, 28 de marzo.
Según una encuesta publicada recientemente, de entre todos los europeos, son los españoles los que más se preocupan por el cambio climático, pero eso no son más que números. ¿Quién se iba a extrañar? España está en el sur. Siete de cada diez españoles, se dice, están "muy preocupados" por el calentamiento global, el riesgo de sequía, la elevación del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares, etc. Los siguientes puestos de preocupación de los europeos los ocupan Chipre, Malta, Grecia, Portugal, Rumania e Italia. Lo dicho, el sur. En Finlandia, de momento no hay por qué temer a los veranos desérticos.
Pero si nos fijamos en las consecuencias que se desprenden de esta preocupación, el tema tiene mala pinta para los españoles, por varias razones. La primera y más obvia es que se interesan poco por la ecología y la ciencia del clima, están muy rezagados en temas de medio ambiente y no son nada amigos de las normas que limitan su libertad de movimiento. Nunca ha habido "conciencia ecológica" en España, y la política verde no existe a nivel nacional.
Bien es cierto que en verano hay spots publicitarios que propugnan cándidamente el ahorro de agua; pero cuando en febrero la Ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, sumó a las preocupantes conclusiones del estudio sobre el clima de la ONU unas investigaciones españolas según las cuales se produciría un aumento de las temperaturas de cuatro a siete grados hasta el final del siglo, y con ello una catástrofe climática ibérica, la opinión pública no se dio por aludida. Los columnistas y los "opinion maker" prefieren ocuparse de temas más importantes que la canícula, las pérdidas de cosechas, la desertización, nuevos parásitos o migraciones humanas y de aves. Mientras que los debates en torno al grupo terrorista ETA han provocado en los últimos meses media docena de manifestaciones masivas, la lucha contra el cambio climático no consigue movilizar a nadie.
El problema de fondo podría ser que el fabuloso crecimiento económico español de los últimos años va ligado directamente al saqueo imparable de este país y sus recursos: tierra, agua, luz. El boom inmobiliario que campa a sus anchas ha adquirido unas proporciones tan terroríficas que en España se construyen anualmente más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Parte de la urbanizaciones recién creadas son ilegales. No sólo la costa andaluza, cuyo destrozo es ya proverbial, también las barriadas en torno a las grandes ciudades ofrecen imágenes fantasmagóricas de urbanismo desenfrenado, a menudo derivados directamente de favoritismos, acuerdos secretos y sobornos. Hay mucho en juego: en los últimos años, los precios de los inmuebles han aumentado en más de 150%. Entre quienes más se han enriquecido figuran los constructores, los agentes inmobiliarios y los inversores. Tampoco cesa la demanda de viviendas en España por parte de los extranjeros, sea para uso propio o como objeto de especulación.
Tan sólo entre principios de 2005 y mediados de 2006, el Seprona detectó casi trece mil obras ilegales en todo el país, sin contar Cataluña ni el País Vasco. Los delitos abarcan desde la simple anexión de terrenos públicos, pasando por reformas o vallas no autorizadas, hasta construcciones en espacios protegidos. Por cierto que gran parte de los pecadores actúan en las empresas de construcción y proceden de forma absolutamente desvergonzada. Se perforan pozos donde hace falta, se pinchan las conducciones de electricidad. Hay muchas probabilidades de que la apropiación indebida del terreno sea declarada legal a posteriori.
A modo de ejemplo: en el pasado mes de octubre, las autoridades municipales socialistas de Chiclana de Frontera (Provincia de Cádiz) decidieron legalizar quince mil casas o pisos que habían sido construidos ilegalmente en las últimas tres décadas. Poco a poco, los habitantes se registrarán y recibirán suministro eléctrico regular. Es decir, en vez de obligar al cumplimiento de las normas y penalizar de forma decidida las infracciones, el municipio ampara a los malhechores bajo el inmenso paraguas de una legislación ya carente de significado. Lo legal es lo que ocurre.
Con el titular "Saqueo urbanístico", el periódico El País informó a principios de mes sobre diez parques naturales amenazados por la industria de la construcción, o que incluso ya han comenzado a ser mordisqueados. Se trata de viviendas unifamiliares con vistas a las montañas, de estaciones de esquí, de novecientas viviendas con campo de golf. Donde la cosa está especialmente cruda es en la Comunidad Valenciana y en Murcia y Almería, donde muchos municipios están dispuestos a recalificar los terrenos originalmente protegidos, para que pueblos de 10.000 almas puedan convertirse en residencias de vacaciones y tiempo libre con un número de habitantes multiplicado por veinte. Los debates sobre la incompatibilidad, si es que tienen lugar, se libran en general en los tribunales, donde las armas están repartidas de forma muy desigual. El oso pardo, en peligro de extinción en Castilla y León, depende de la iniciativa de los ecologistas. Entretanto, los urbanizadores y los políticos provincianos ávidos de modernización se entusiasman con el "potencial de crecimiento" de su región y aluden a la creación de nuevos puestos de trabajo.
La situación en España es precaria, no sólo por las temperaturas extremadamente elevadas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y la falta de conciencia ecológica. La avidez del sector inmobiliario y turístico acentúa una tendencia funesta: el movimiento hacia la capital o hacia las costas, mientras se abandona el interior. Las grandes obras de infraestructura y los objetos arquitectónicos de prestigio son para las zonas que ya de por si gozan de ventaja. El escritor Julio Llamazares utilizó recientemente la expresión "dos Españas", expresión que normalmente alude a los tiempos de la Guerra Civil, para hacer referencia a esta división en dos clases. Según Llamazares, las regiones ricas consideran a las más pobres como meros proveedores. Si a los ricos les falta agua, que los otros hagan el favor de ponérsela a su disposición. Los ricos apelan a la solidaridad cuando les viene bien, pero en su opinión hace tiempo que han dejado sin contenido el modelo de solidaridad de las comunidades autónomas. En la España actual rige el más acendrado egoísmo.
Para poder llevarse una parte del pastel, los municipios enajenan sus bonitos paisajes, el aire puro y la calma celestial, atributos que pronto se quedan en nada. La multiplicación de las viviendas lleva a ensanchar las calles, a construir nuevas autopistas y a sellar más superficies. De acuerdo con un estudio de compatibilidad, en el año 2004 habían en España 23 millones de viviendas privadas, de las cuales sólo 12,5 millones eran primera residencia. Aproximadamente 5,3 millones, más de un tercio, eran segundas viviendas. Los dos millones largos de inmuebles que faltan en este cálculo estaban vacíos.
Es peligrosamente ingenuo hacer este cálculo sin tener en cuenta el cambio climático, y esto en algún momento se hará notar. La cultura española de turismo y servicios se puede ir preparando. Todo lo que puede ofrecer el país habrá que volver a calcularlo y ajustarlo. Por ejemplo, el pasado invierno las estaciones españolas de esquí sufrieron importantes pérdidas debido a que a penas hubo nieve hasta el mes de febrero; se anuncian unos tiempos en los que ni la nieve artificial servirá de nada y tal vez el montañismo sea mejor idea.
El verano de 2006 puso de manifiesto el riesgo que supone vivir en las zonas más cálidas. Las reservas de agua arrojaron mínimos históricos. En Andalucía y Extremadura hubo muertes por deshidratación. La plaga estival de los incendios forestales arrasó muchas hectáreas de tierra. Imaginarse que en algún momento de nuestro siglo se pudieran sumar aún seis grados más a los 55 grados registrados en Córdoba y Sevilla es algo que nos supera.
Y no hace falta recurrir a cálculos alarmistas para saber que las cosas se pueden poner aún mucho más feas. En la actualidad, la Comunidad de Murcia ya no puede cubrir sus necesidades anuales de agua con sus propios recursos. Y sin embargo, aquí y en Almería, la región más cálida de España, en los próximos años se construirán varios cientos de miles de nuevas viviendas. Este plan demencial podría causar mayores modificaciones en esta región de lo que se ha conseguido en todo el siglo XX. Pensado como un parque temático para los acaudalados, con golf, hidromasaje y peluquería, en realidad aquí se levantará un mundo artificial de ladrillo y asfalto. El césped verde que se supone que lo rodeará, es el problema en el que hoy en día nadie quiere pensar.
*Crisis Energética - martes, abril 17 2007
Greenpeace coloca a Galicia a la cabeza de España en destrucción del litoral
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AnaLorenzo.- La Voz de Galicia* : "Entre 300.000 y 600.000 viviendas, 17 campos de golf y 24 puertos deportivos convierten a Galicia en la autonomía costera que registra «el mayor bum en la destrucción del litoral de toda España». Así lo explicó ayer Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, organización que cada año realiza un informe, titulado Destrucción a toda costa, para conocer «las deplorables incidencias urbanísticas» de la costa española.
López de Uralde consideró este problema especialmente grave, ya que no se ha producido un crecimiento demográfico acorde con el aumento de las construcciones, por lo que denunció el fin «puramente especulativo de esta situación». El director ejecutivo de Greenpeace, que ayer participó en A Coruña en las jornadas A xestión do litoral , vaticinó que, de seguir así, «la situación se hará insostenible. Hemos pasado de una marea negra a otra de cemento y hormigón».
Desde una perspectiva distinta opinó Xosé Luís Barreiro Rivas, director del departamento de Ciencia Política de la Universidade de Santiago, quien defendió la necesidad de ser consecuentes con una línea de actuación concreta. Según explicó, no es compatible mantener un paisaje idílico y construir una ciudad al borde del mar. Como ejemplo citó la ciudad de Nueva York, «onde houbo a decisión de facer unha cidade enriba dun río e destruír o litoral. Neste caso houbo un proxecto de cidade e de asunción desa realidade».
Futura ley de protección
Sobre la futura ley de protección del litoral, Barreiro Rivas aseguró que es muy difícil hacer una predicción sobre su aplicación, y que todo lo que se puede hacer por el momento son hipótesis. «Se a lei o único que pretende é un plantexamento de defensa sobre as tendencias de urbanización do territorio, o que hai que facer é ordenar o uso do litoral, e, se se fai ben, será positivo. Se o que se quere é meter o litoral nunha caixa de cristal e manter un conservadurismo a ultranza, será inútil», analizó.
Conflictos de poder
Por su parte, el director del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), Carlos Vales, aportó su visión sobre la gran riqueza del litoral gallego y el peligro que corre de desaparecer «se se toman decisións irracionais». En este sentido destacó que, en la actualidad, existe un gran problema, «porque temos institucións municipais moi débiles e grupos económicos importantes que exercen moita presión».
Las jornadas sobre la gestión del litoral continuarán hoy en el Ceida, en Santa Cruz (Oleiros) con la presencia de Ramón Lueje, director xeral de Urbanismo; Xosé Benito Reza, director xeral de Conservación da Natureza, y Antonio García, director xeral de Recursos Mariños.
*La Voz de Galicia - 17 de Abril de 2007
Foto: Chimenea con emisión de humos contaminantes en Sabón, Arteixo (A Coruña)/ La Voz de Galicia / M.M.
La Fiscalía incoa diligencias contra el ayuntamiento de Cieza y Cieza Golf
enCiezaDigital* : "La decisión del Ministerio Fiscal se produce a raíz una denuncia formulada por Izquierda Unida de Cieza por la desafectación de 120 Has. de monte público, su posterior cesión a la mercantil, mediante permuta, y la suscripción de un convenio urbanístico con la misma. Al alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), lejos de remitirle los problemas con la justicia le aumentan por días.
Tras la remisión de una querella del Ministerio Fiscal por el ‘caso Claufer’ por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, admitida a trámite por el juzgado nº 3 de Cieza, la denuncia, asimismo de la fiscalía, por prevaricación y falsificación de documento público, en la actualidad en el juzgado nº 1 de Cieza, y la apertura de sendas Diligencias Informativas por la contratación irregular de una arquitecta y posibles irregularidades cometidas en la tramitación del Estudio de Impacto Territorial del PGMO, ahora se le abre un nuevo frente: la reciente decisión del Fiscal Jefe del TSJ de Murcia de incoar nuevas Diligencias Informativas (pinchar aquí para descargar documento) por la denuncia interpuesta por Izquierda Unida de Cieza (pinchar aquí para descargar documento) contra el ayuntamiento de Cieza y la Sociedad Cieza Golf S.L.
El pasado 6 de noviembre, el concejal y coordinador de Izquierda Unida de Cieza, José María Rodríguez, y el responsable de Ordenación del Territorio, Manuel Martínez, interpusieron la denuncia que ahora ha tomado en consideración la fiscalía. En la misma, los denunciantes consideran que se han podido cometer al menos cuatro delitos: Contra la Ordenación del territorio, tipificado en los artículos 319.2 y 320 del Código Penal; de Prevaricación, tipificado en el artículo 404; de Fraude y exacciones ilegales, en relación con el artículo 436; y de Impedir el ejercicio de otros derechos cívicos, asimismo tipificado en el artículo 542 del código Penal.
Los hechos se remontan al 14 mayo de 2004, fecha en la que las mercantiles Inversol Grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L., presentaron en el ayuntamiento de Cieza unas bases para formalizar un Convenio Urbanístico, aunque antes de su tramitación constituyeron, a través de sus representantes o de las sociedades que las integraban, la sociedad “Cieza Golf, S.L.” , a la cual cedieron las obligaciones y derechos que hubiesen podido alcanzar.
Cinco días después, el 20 de mayo de 2004, esas mercantiles solicitaron a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia la autorización de la Permuta de 120,77 Has del monte público denominado ‘Casones de los Pajes’ por otros de su propiedad, ocultando que el fin último era que esos terrenos municipales se incluyesen en un Convenio urbanístico donde se comprometía el Ayuntamiento, junto a otras cuestiones, a calificarlos como suelo urbanizable.
El 24 de noviembre de 2004, el Pleno del ayuntamiento de Cieza, con la mayoría de votos del PP, aprobaba la suscripción de un Convenio urbanístico con la mercantil Cieza Golf, S.L. mediante el que se acordaba la recalificación de 370 Has de suelo no urbanizable a urbanizable sectorizado con el fin de construir 8.000 viviendas y un campo de golf, siendo condición necesaria para su firma la resolución del expediente de permuta del pleno dominio de parcelas de terreno municipales incluidas en el ámbito del sector.
Dos días antes de la aprobación del Convenio Urbanístico por el Pleno Municipal, condicionado a la resolución de la permuta, se dicta Resolución por la Dirección General del Medio Natural, el 22-11-04, autorizando la referida permuta de los terrenos. Resolución que, a juicio de Izquierda Unida, incumple distintos artículos de la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, ya que se excluyen de la superficie catalogada del Monte nº 154, 120 has. en un expediente no iniciado ni de oficio, ni a instancias de la administración titular del monte, sino, y a despecho de lo exigido claramente por la Ley, a solicitud de tres sociedades mercantiles completamente ajenas a la propiedad del monte en cuestión, y, lo más grave, que la citada exclusión no se fundamente en la pérdida de las características por las que esas 120 has. fueron catalogadas, sino, en razones de oportunidad que no tienen cabida alguna en la Ley.
Cinco días después de aprobar la descalificación como bien de dominio público de las 120 has. del Monte público, el 15 de marzo de 2005, se acordó la permuta de los terrenos (valorados en 760.852 euros) por otros de propiedad de las mercantiles, situados en el término municipal de Cieza, denominados “Coto de los Nueve”, sin que constara solicitud alguna dirigida al Ayuntamiento, ni valoración por técnico municipal de los bienes objeto de permuta, ni tan siquiera la necesidad de efectuar la permuta, ocultando en todo momento su vinculación al Convenio Urbanístico suscrito con la mercantil Cieza Golf, S.L. Elevándose a escritura pública el mismo día en que se suscribió el convenio urbanístico.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento, con la mayoría de votos del PP, acordaba una modificación del Convenio urbanístico que, en síntesis, consiste en el compromiso del Ayuntamiento de incluir las determinaciones de aquel Convenio en el Plan General Municipal de Ordenación, que se encuentra en fase de redacción; además se pacta el adelanto del pago de 600.000 euros sobre los 12.025.000 euros que la mercantil “Cieza Golf S.A” se compromete a entregar al Ayuntamiento “como compensación por los necesarios ajustes de planeamiento, cargas emanadas de su implantación (...) y como participación de éste en las posibles plusvalías que se generen”. Por último, la mercantil “Cieza Golf S.A.” se obliga a suscribir una hipoteca unilateral y voluntaria sobre el derecho de propiedad de las fincas objeto de la actuación, en garantía del pago de un principal de 12.025.000 euros, que formalizarían las mercantiles Inversol grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L.
Poco después, en cumplimiento de la modificación acordada en el Convenio urbanístico, las mercantiles Inversol Grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L., hipotecaban una finca de su propiedad, la registral 26.180 (monte), que tiene una superficie de 1.632.306 m2, que linda con el monte desafectado por el Ayuntamiento (objeto de la permuta) por un total de 9.095.110 euros lo que supone 5,57 euros/m2, mientras que la finca permutada por el ayuntamiento de monte colindante con la anterior (las 120,77 has. permutadas por el Ayuntamiento) habían sido valoradas en 760.852 euros, esto es a 0.63 euros/m2.
Con fecha 10 de enero de 2006 la mercantil Cieza Golf S.L, con un capital social de 300.000 euros adquiere las propiedades de las mercantiles Grupo Inversor Ciezano S.L., Inversol Grupo Urbanístico S.A. y San José Inversiones y Grupos Urbanísticos S.A., por un importe de 3.500.000 euros.
Muestras de la vinculación, confusión y dependencia mercantiles de Cieza Golf, S.L., con las mercantiles Inversol Grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L. son, entre otros ejemplos, la suscripción por esas mercantiles de la hipoteca a la que estaba obligada Cieza Golf, S.L., por la modificación del Convenio Urbanístico suscrito con anterioridad; el hecho de que el presidente y vicepresidente de Cieza Golf, S.L., son D. José Rodríguez Murcia y D. José Antonio García Yuste, respectivamente presidentes de Inversol Grupo Urbanístico, S.A., y San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A., el primero, y de Grupo Inversor Ciezano, S.L., el segundo; y la total ausencia de terrenos propiedad de Cieza Golf, S.L., en el paraje objeto de la recalificación urbanística y terrenos cercanos en las fechas de la tramitación de los actos administrativos impugnados, donde las tres mercantiles citadas al inicio habían adquirido en distintas parcelas un total superior a 320 has., antes de finales de mayo de 2004.
La conclusión que los denunciantes obtienen de la operación es que, además de la irregular e injustificada desafectación de un Monte público para cederlo a la mercantil suscriptora del convenio urbanístico, la permuta acordada ha supuesto un grave quebranto patrimonial para el ayuntamiento de Cieza y un correlativo e injusto enriquecimiento para la sociedad que suscribió el convenio.
Una vez abiertas Diligencias Informativas por parte del Ministerio Fiscal para el esclarecimiento de los hechos, éste habrá de determinar si existen indicios de los hechos denunciados contra un alcalde y un Ayuntamiento que, hoy por hoy, tiene el mayor número de casos abiertos por la justicia de entre todas las corporaciones de la Región, la mayoría de ellos relacionados con irregularidades urbanísticas.
*enCiezaDigital - 16/4/2007
Foto: Terrenos CiezaGolf /enCiezaDigital
Urbanizaciones en el banquillo
S.V.- EL PAÍS- Valencia* : "Las máquinas han comenzado a mover tierra y arrancar árboles en un paraje del sur del término municipal de Orihuela (Alicante) para levantar "un pequeño y tranquilo pueblo mediterráneo" de 2.286 casas, anuncia la publicidad de la promotora Colinas Golf. La urbanización tendrá vistas a un campo de golf y al futuro parque natural de la Sierra Escalona, cuyos límites se han ajustado a este proyecto, el PAU-21. ¿Y agua? Como en el caso de decenas de planes en localidades de la Comunidad Valenciana, sobre el plan pesa la duda de si habrá recursos suficientes para los residentes.
Ecologistas en Acción lo ha llevado a los tribunales y esgrime un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que advirtió en diciembre de 2005, justo antes de que se aprobara la urbanización, de "que no está garantizada el agua", explica el portavoz en Alicante, Carlos Arribas. La promotora lo niega: "La tramitación se ha ajustado a la más estricta legalidad y tiene todos los informes favorables". En la polémica tercia el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que exhibe un informe positivo de 2003 de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -que abastece a municipios de Alicante y Murcia- y acuerdos para usar agua depurada en el campo de golf. Fuentes municipales apuntan que el proyecto ya estaba previsto en el plan general urbano de 1990 e interpretan que la confederación se limitó a recordar que debe contar con las pertinentes concesiones para abastecimiento. "Hay agua", aseguran.
Pero Manuel Aldeguer, comisario de Aguas en la cuenca del Segura, la más deficitaria de España y dependiente del trasvase del Tajo, avisa tajante: "En el Segura no hay agua para nuevas demandas" si no la aportan las desaladoras puestas en marcha o planificadas. Mientras la justicia investiga, la obra en Orihuela continúa.
La polémica se reproduce en otros municipios cuyos planes de expansión han acabado en los juzgados. En La Nucía (Alicante), con 33.000 habitantes, el Tribunal Superior de Justicia paralizó en marzo de forma cautelar el programa de actuación urbanística de La Serreta, con 3.884 casas en plena huerta. El informe de la confederación correspondiente, la del Júcar, ve insuficiente la garantía de recursos y el tribunal afirma que el Consistorio no ha demostrado lo contrario. "Estamos totalmente tranquilos", responde el alcalde, Bernabé Cano, del PP, que aportará nuevos datos para que se retire la suspensión cautelar pedida por una formación política independiente. Hay pozos en el sector, la urbanización gastará menos agua que con el riego de los cultivos actuales y el campo de golf, que será municipal, se regará con recursos depurados, presume el alcalde.
El grupo Ballester, que promueve el plan, añade que no se hubiera arriesgado a presentarlo "sin garantías de abastecimiento". "Somos escrupulosos", dice su director de comunicación en Alicante, Orlando Torregrosa.
La constructora también lidia con recursos judiciales contra otros planes que impulsa en la provincia, lo que acarrea "retrasos y perjuicios financieros importantes", apunta Torregrosa. "Nos preocupa también el daño a la imagen, porque planea una sombra de duda sobre la empresa cuando está cumpliendo con los trámites que marca la ley", añade. Los jueces tendrán la última palabra.
*ELPAIS.com - Valencia - 16/04/2007
Foto: La Nucía /tagarinet
Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas
EL PAÍS* : "El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante. Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.
En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.
Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.
Un dictamen jurídico del ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas".
Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar". Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. "En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí.
Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.
El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: "Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada".
La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.
El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.
En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica".
La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.
La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables.
La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf.
Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda.
*Información de Rafael Méndez, Sara Velert, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Diego Narváez y Libertad Paloma.
*EL PAÍS - Madrid - 16/04/2007
La corrupción en Murcia supera la destapada por la "Operación Malaya"
F.M.M.- ElPlural* : "Fuentes de máxima solvencia del Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) aseguran que la trama de corrupción, en concreto la referente a pelotazos urbanísticos en la comunidad murciana, “supera” con creces la destapada hace un año por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya, en Marbella, y que está llenando miles de páginas e innumerables espacios en los medios de comunicación de nuestro país, y que está dando con decenas de cargos públicos, políticos, empresarios, profesionales de despachos de abogados e “ingenieros” financieros y bancarios en los calabozos de las comisarías de policía y en Las celdas de las cárceles.
El periódico digital Vegamediapress informó de que los casos de corrupción y el entrecruzamiento de intereses políticos, urbanísticos y financieros de las tramas facinerosas de cuello blanco en la región murciana son de un “calibre” espectacular, que deja, en parte, en mantillas a la descubierta en el municipio malagueño de la Costa del Sol, aseveran las fuentes que las están investigando. Los casos ya denunciados ante la Fiscalía del TSJ de Murcia, que afectan tanto a municipios de la Costa como del interior de la región, así como los que ya están siendo instruidos por jueces y magistrados de la jurisdicción murciana, como es el caso concreto de la apertura de diligencias judiciales en el caso de La Zerrichera, suponen un conglomerado de intereses de centenares de millones de euros y una red de corrupción de una magnitud colosal, aseveran las mismas fuentes.
El fiscal, desbordado e imposibilitado
Sin embargo, añaden, en la jurisdicción murciana se puede tropezar con que el máximo responsable del Ministerio Público en Murcia, el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ante esta envergadura que tienen las tramas en la comunidad y sus conexiones y la trabazón de intereses y amparo entre sí de los poderosos y el clientelismo que han tejido en diferentes sectores de la sociedad, entre éstos, medios de comunicación murcianos poderosos, se puede ver “desbordado” y hasta “imposibilitado físicamente”, en razón al esfuerzo que requiere, para poder llevar a cabo y culminar las pesquisas, investigación, análisis y decisiones resolutivas que acaben con la pléyade de corruptos ante los juzgados y la imposición de las medidas cautelares pertinentes.
Enorme gravedad
Es de tal envergadura, superior a la operación Malaya, se insiste por fuentes solventes de la Fiscalía murciana, el tejido corrupto organizado a través de la especulación urbanística en la comunidad de Murcia, que puede rebasar las propias fuerzas físicas de un fiscal-jefe, en cuyos hombros ha recaído una responsabilidad social y profesional de gran magnitud.
Valcárcel intenta blindarse
El nuevo fiscal anticorrupción ha sido designado desde dentro de la propia plantilla del ministerio público del TSJ de la región, y para el gran volumen de trabajo de investigación al que se precisa hacer frente, esto supone una nueva desventaja para que los esfuerzos que son precisos puedan dar el fruto y la eficacia necesarias en un campo tan complejo como el de la administración de justicia. Ahora se añade la salida del fiscal de Tráfico, Manuel Campos, de la asociación conservadora de fiscales, que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha colocado en el sexto puesto de su lista electoral, señalan algunos que para que le asesore en materia penal ante lo que se avecina. Por otro lado, el anterior fiscal delegado anticorrupción ha pasado a un nuevo destino.
Hacen falta más fiscales
Por todo ello, desde el Ministerio Fiscal del TSJ de Murcia, según las mismas fuentes, se cree perentoriamente necesaria la adscripción de entre cuatro y cinco nuevos fiscales venidos de fuera de la región, así como otros nuevos cinco miembros de las fuerzas de seguridad del Estado especializados en materias de anticorrupción, al objeto de que las investigaciones de las tramas, se insiste, más potentes y complejas que las descubiertas por la Operación Malaya, puedan continuar siendo eficaces y resolutivas.
*elplural.com - Lunes, 16 de abril de 2007
Foto: marina de Cope /Ecologistas en Acción
