FélixSORIA* : "El informe de la ONG Transparencia Internacional referido al año 2006 advierte de que el funcionamiento, los criterios y las actitudes de los responsables políticos, técnicos y funcionariales constituyen el problema fundamental del Estado español en el ámbito de la corrupción. El texto precisa que "el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno", y añade que la costa y las inmediaciones de las ciudades son las zonas donde más abunda la corrupción.
España es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que más se ha encarecido el precio de la vivienda durante los últimos años. Pero el fenómeno no se debe a que gobierne el PSOE, como pretende el PP; el tirón de los precios viene de atrás y el PSOE lo único que ha hecho es --aparte de hablar-- dejar las cosas --y las leyes-- como estaban.
[NOTA: Las corrupciones, sobre todo la urbanística, hace más ruido desde que gobierna el PSOE porque todos los problemas de las Españas hacen más ruido cuando gobierna la izquierda --también el terrorismo, incluso cuando no había muertos recientes--. ¿Y por qué ocurren estas cosas cuando gobierna la izquierda, aunque sea suave como Platero? Pues, entre otras cosas, porque la mayoría de los medios de comunicación están alineados con el centro-derecha y la derecha]
Transparencia Internacional, que ha remitido su informe al Defensor del Pueblo --lo que nadie ha aclarado es para qué le envían informes al señor Mugica Herzog--, apunta nueve aspectos que caracterizan la proliferación de los episodios de corrupción:
1. La mayoría de los gobiernos municipales están a favor de utilizar los convenios urbanísticos para ingresar dinero.
2. La modificación de los planes urbanísticos es demasiado frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en la isla de Mallorca los municipios los han modificado 227 veces. 3. El control oficial sobre las construcciones y los proyectos aprobados es irrelevante.
4. Las obras ilegales rara vez son demolidas y las sanciones consisten en poner multas que son de cuantía inferior a los beneficios obtenidos por los corruptos.
5. La elevada cantidad de dinero negro que circula en el país se refugia fundamentalmente en el sector inmobiliario. Por término medio, entre un 20 y un 35% del precio de la vivienda se paga con dinero negro o no declarado a Hacienda.
6. El Estado --y conste que el Estado es todo, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y el poder judicial-- ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas, lo que ha provocado una aparente escasez y, a su vez, el encarecimiento de la vivienda.
7. El Estado consiente o cierra los ojos ante las expropiaciones a particulares para ejecutar teóricos proyectos con fines sociales o de interés público para, posteriormente, vender los solares.
8. Hay empresas del sector inmobiliario (incluidos constructores) que crean partidos políticos para presentarse a elecciones locales --generalmente con la vitola de independientes-- para, si ganan por mayoría o sus concejales son necesarios para gobernar, controlar la concejalía de urbanismo. En otras ocasiones los mafiosos se infiltran en los partidos ya existentes para conseguir el mismo objetivo.
9. La corrupción urbanística se ha expandido a todo tipo instituciones, incluida la Administración de justicia.
¿Recuerdan ustedes cuando Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat, dijo aquello de que son normales las comisiones del 3% en las obras públicas?, ¿recuerdan que casi todos los dirigentes políticos --y acreditados columnistas-- se llevaron las manos a la cabeza por el grave peligro que según ellos supone decir semejantes cosas? Pues bien, Maragall no dijo ninguna mentira.
¿Será que en las Españas es más importante respetar los formalismos que las leyes?
Otra pregunta: ¿Cuántos medios de comunicación han informado con la relevancia que merece del dictamen de Transparencia Internacional, en cuyas actividades intervienen profesionales de la Economía, del Derecho --incluidos jueces-- y de otras disciplinas y saberes?
En fin, buenas noches... Ya es la una de la madrugada y la lectura de ciertas verdades bien merece un sueño reparador.
*Félix Soria, Periodista,
Im-Pulso, lunes 29 de enero de 2007
Urbanismo, corrupción, pasividad e hipocresía
En Ronda, contra la corrupción urbanística
JuanTORRES* : "Esta mañana de sábado nos hemos manifestado en Ronda (Málaga) un montón de centenares de personas, toda su calle principal ocupada, convocados por Ecologistas en Acción para protestar por la construcción en plena Reserva de la Biosfera de cientos de chaléts de lujo que ponen en peligro el medio ambiente y el equilibrio sistémico de todos sus alrededores. Para hacerse una idea del criminal atentado que se va a producir y de la ilegalidad con la que se hace, baste señalar que con permiso para construir una superficie para muestras de coches de época ya se ha construido un gigantesco circuito para carreras de fórmula 1 en plena reserva.
Los organizadores me encomendaron el honor de leer el manifiesto que ha cerrado el acto y cuyo contenido está más abajo junto a otros enlaces informativos.
MANIFIESTO LEIDO AL FINAL DE LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA MACROURBANIZACIÓN DE LOS MERINOS EN RONDA
Estamos hoy reunidos en Ronda, los vecinos de ¡CUEVAS DEL BECERRO!, ¡ARRIATE!, ¡RONDA! y amigos venidos del resto de Andalucía para mostrar ante los poderes públicos en particular y a la sociedad en general nuestro rechazo a un modelo de desarrollo que, además de representar una amenaza brutal contra el medio natural y urbano de nuestra comarca y que se está implantando a marchas forzadas en todo el territorio nacional, está minando los principios elementales de libertad y de convivencia de nuestra joven democracia.
Entre los derechos fundamentales de la persona se recoge en nuestra Constitución el de la libertad de Expresión y de Opinión así como la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pero el ejercicio de estos derechos en la práctica ha supuesto que alrededor de 60 personas estén en estos momentos denunciadas por distintos medios, con la finalidad evidente de silenciar las voces que están en contra de este modelo de desarrollo, acumulando algunas personas hasta cinco o seis denuncias y otras con reclamaciones económicas, a través de querellas, que alcanzan los 22 millones de euros en algunos casos.
El pasado 26 de octubre aconteció un hecho histórico y sin precedentes que, sin duda, va a representar un cambio de actitud entre los ciudadanos en la toma de conciencia por la defensa de sus recursos y de la identidad de sus pueblos. Nuestros vecinos de Cuevas del Becerro realizaban una huelga general que era secundada por la totalidad de la población, logrando con ello hacerse oír en todo el territorio nacional e incluso fuera de nuestras fronteras, y también que aquellos que permanecen sordos ante nuestras demandas no tuvieran más remedio que reconocer públicamente la valentía y la dignidad de todo un pueblo que se enfrenta a tan poderosos adversarios, como fue el caso del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
La defensa de un recurso tan escaso como es el agua fue el motivo que provocó este hecho insólito en nuestro país. El proyecto de desarrollar las macrourbanizaciones y campos de golf en la Reserva de la Biosfera “Sierra de las Nieves”, en las fincas conocidas como Merinos y La Parchite, y que se quiere imponer a base de decretos y cheques, conlleva necesariamente la sobreexplotación del acuífero subterráneo que da de beber a los vecinos de Cuevas del Becerro, Arriate, La Cimada, Los Prados y Seteníl. Por lo que de llevarse a cabo, a corto o medio plazo va a provocar que estos vecinos, que llevan habitando sus respectivos pueblos desde hace siglos, vean como el suministro de agua para consumo humano y para sus actividades agrícolas, desaparezca. En el supuesto de que el suministro de agua se realice desde Ronda supondrá que el problema se traslada a todos los rondeños directamente, ya que el consumo actual se triplicaría, disminuyendo drásticamente el acuífero que abastece a la ciudad. Un recurso natural escaso y que es de todos se lo quedarían unos pocos.
La calidad de vida de los ciudadanos de un pueblo no se mide por el número de habitantes, ni por el desmedido ritmo de crecimiento urbanístico de su ciudad. Los indicadores de la calidad de vida vienen definidos por otros estándares como la riqueza paisajística de su entorno, la calidad y cantidad de sus aguas, el grado de pureza de su aire, la ordenación territorial de la ciudad y su entorno, el equilibrio de la explotación racional de sus recursos y el grado de conciencia de cada individuo sobre sus raíces, costumbres e historia; escritos en la dignidad de su población, sus campos, monumentos y paisajes entre otros...
No olvidemos que vivimos en la tierra más seca de Europa, el paisaje y el agua son recursos escasos y susceptibles de ser dañados o disipados para siempre. No sería admisible que mientras hay todavía viviendas que no tienen agua en su interior 15 Km. más allá se juega al golf.
La especulación del territorio se salta la legalidad, con la connivencia y/o la indiferencia de quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de aquella. Todos conocemos las consecuencias que ha tenido la política de los hechos consumados en poblaciones muy cercanas de la Costa del Sol, y en las que al final nadie se atreve a tomar decisiones que son impopulares y las ilegalidades y la destrucción del medio permanecen para el resto de los tiempos. El motor de esta especulación con el territorio es la globalización, sistema que necesita crecer constantemente para mantenerse. Con ese fin intenta a nivel local y mundial apoderarse -por las buenas o por las malas- de los recursos naturales, a la vez que trata sutilmente de conseguir la mercantilización de todo aspecto de la vida.
Por ello exigimos de las autoridades competentes que se aplique la legalidad y que actúen de forma inmediata y contundente con el fin de evitar que el daño aumente y sea irreversible.
Uno de los aspectos con los que quieren comprar nuestra voluntad es con la supuesta creación de puestos de trabajo para evitar el desplazamiento a otros lugares donde existe trabajo. Lo que no se dice es que esos puestos de trabajo son temporales, muy expuestos desde el punto de vista de la salud laboral y con una explotación de los trabajadores para la obtención rápida de la plusvalía.
La mayoría de esos puestos de trabajo están relacionados con el sector de la construcción, por lo que ¿hasta cuando se va a edificar?.Es muy posible que esta manifestación carecería de sentido y no haría falta si se cumpliera lo que recoge el futuro Estatuto, que previsiblemente aprobará el pueblo andaluz la próxima semana y en el que entre otros establece como objetivo básico de la comunidad andaluza, en su art. 10-7 “La mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas”.
Y lo establecido en el artículo 28, que como un derecho social dice que “1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes. 2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.
Y por si esto fuese poco, entre los principios rectores de las políticas públicas se establece “El respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire”Haciendo una puesta en valor de nuestra Constitución exigimos que, a través de los procedimientos legales, los poderes públicos garanticen la disponibilidad de suelo para viviendas accesibles a todos los españoles, no chalés de lujo al alcance de unos pocos, y con la contradicción de que mientras se construye a un ritmo desenfrenado produciendo 3 millones de viviendas vacías en el territorio español hay otros 3 millones de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda porque los precios son totalmente desorbitados.
Que se cumpla la Constitución cuando dice en su Art. 47 que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de unavivienda digna y adecuada.Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes parahacer efectivo este derecho, regulando la utilización delsuelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación […]»
Por último queremos proclamar que el desarrollo sostenible, o más bien perdurable, es la única posibilidad que tiene la humanidad de continuar en este planeta, y nosotros en nuestra sierra.
Porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten que donde están las encinas?. ¿Qué era un río?. ¿Dónde están las águilas?. ¿Dónde están las dehesas?. ¿Todo desaparecido?
Con ese escenario termina la vida y comienza la supervivencia.
(Para saber más: Revista El Observador)
Sábado, 10 de febrero de 2007
*Juan Torres López -Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga - Página web: www.juantorreslopez.com
http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=16
Expertos rechazan una moratoria y exigen un urbanismo menos salvaje
R.BIOT/S.VELERT* : "En los últimos diez años, la demanda pero también la huida de capitales de sectores tradicionales hacia la construcción o la necesidad de ingresos de los ayuntamientos han provocado un "desorden territorial". Un grupo de expertos académicos defendió ayer en Alicante que se empieza a percibir un cambio en la tendencia. Coincidieron, sin embargo, en rechazar una moratoria urbanística por el perjuicio que tendría sobre una economía en la que la construcción tiene tanto peso. Compromís pel Territori protestará de nuevo en la calle contra la política urbanística.
El catedrático de Geografía de la Universitat de València Joan Romero, el profesor de la Factultad de Economía de la misma universidad Josep Sorribes, y Fernando Vera, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante fueron tres de los expertos que reflexionaron sobre Economía, Construcción y Territorio en la segunda Jornada d'Economia Valenciana Ernest Lluch celebrada en Alicante. Los tres expertos coincidieron, entre otras cuestiones, en rechazar una moratoria urbanística por las consecuencias que esta decisión podría suponer en una economía donde la actividad constructora tiene un gran peso. La solución pasa, en opinión de Joan Romero, por profundizar en una "cultura sobre el territorio diferente". Un cambio en la forma de afrontar una actividad que ha vivido un "rápido crecimiento", defendió Josep Sorribes y que precisa de un nuevo modelo que sea menos costoso para la sociedad que el que se ha desarrollado en la última década.
Los tres expertos insistieron también en la idea de dar un cambio de rumbo al modelo actual. Fernando Vera, por su parte, apostó por "afrontar una reordenación de los distintos destinos turísticos consolidados" e insistió en la necesidad de desvincular el desarrollo turístico con la promoción de viviendas.
Romero advierte que en los foros académicos perciben un cambio que puede ser "positivo para el territorio". Un nuevo escenario en el que destaca la contribución de los movimientos ciudadanos que protestan ante la voracidad de las actuaciones urbanísticas, y el papel de los medios de comunicación de los jueces. Romero puso como ejemplo el Plan Rabassa y el caso Parcent, en los que la presión vecinal y las decisiones judiciales han sido claves.
Compromís pel Territori, que agrupa a un centenar de colectivos, retomará las movilizaciones para exigir "que se pare el actual proceso de degradación del territorio y sus recursos" y se escuche "la voz de la ciudadanía" de cara a las próximas elecciones. Para ello, Compromís ha convocado manifestaciones simultáneas en Valencia, Alicante y Castellón el 21 de abril. La plataforma recordó ayer que elaboró sus propias bases para una nueva política urbanística que exigirían una moratoria de dos años para proyectos fuera de ordenación y una nueva legislación.
El País -Alicante - 17/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/expertos/rechazan/moratoria/exigen/urbanismo/salvaje/elpepuespval/20070217elpval_11/Tes
El PEIT es el principal obstáculo en la lucha contra el cambio climático
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : "El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento es, hoy por hoy, el principal escollo para la reducción de emisiones y, por tanto, para el cumplimiento del compromiso de Kioto. Además, las medidas más razonables del PEIT para la movilidad sostenible no se han puesto en práctica, mientras que las más impactantes van a todo ritmo.
Como es sabido, para cumplir los compromisos de España con el Protocolo de Kioto no se podrá superar más de un 15% las emisiones de CO2 que había en 1990 para el año 2012. Sin embargo, en 2006 ya hemos más que triplicado ese límite y llegamos al 52% más de lo que emitíamos en 1990. Este espectacular incremento demuestra que en España no se están adoptando las medidas necesarias desde las distintas políticas sectoriales para que exista una reducción efectiva de las emisiones de CO2.
El transporte es el sector que más aumenta las emisiones de CO2: El transporte, el sector económico que más crece (un 4,2% de media anual), consume el 36% de la energía final, y casi un 90% de este consumo es debido al transporte por carretera. Su contribución a las emisiones totales de CO2 ha crecido en los últimos 10 años más de un 60%, lo que le convierte en el principal responsable de que España se aleje alarmantemente de los compromisos de Kioto.
Si se cumple el PEIT no se cumplirá Kioto. Los planes de Fomento son conectar a toda España con ferrocarril de alta velocidad (AVE, con 9.000 nuevos kilómetros de vías), construir 6.000 nuevos kilómetros de autopistas y duplicar la capacidad de los aeropuertos. Es decir, fomentar los medios de transporte más impactantes y emisores: el transporte por carretera, la aviación, y el tren de alta velocidad, por este orden.
Pero no sólo se están apoyando los medios de transporte más insostenibles, en detrimento de otros como el ferrocarril convencional o los medios no motorizados. Para Ecologistas en Acción lo peor es la prioridad establecida por el Ministerio de Fomento, que se está centrando en la construcción masiva de infraestructuras, olvidando los pocos aspectos positivos que recogía el PEIT, y que hasta ahora no se han llevado a la práctica.
Efectivamente, Fomento no ha puesto en marcha, pese a su obligación, el Foro del Transporte -un organismo de participación pública para evaluar la marcha del PEIT-, no está apoyando la realización de Planes de Movilidad Sostenible, no está realizando una gestión de la demanda de transporte y sólo alienta una mayor oferta, no toma acciones para que los precios del transporte reflejen su coste real...
España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que su minimización debería ser una prioridad de cualquier Gobierno responsable. Sin embargo, se puede decir con rotundidad que el PEIT no sólo hará imposible la reducción de las emisiones del transporte, sino que provocará su incremento.
El Ministerio de Fomento ya hace tiempo que se muestra insensible a estos graves problemas. Por ello, Ecologistas en Acción no dejará de recordar al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente que, hoy por hoy, la principal forma de reducir las emisiones -y, de paso, de liberar una enorme gran cantidad de fondos públicos para numerosos fines más útiles socialmente- es abandonar el PEIT y trabajar por una movilidad sostenible.
*Ecologistas en Acción, 14/02/2007
El urbanismo depredador alimenta la codicia
CarlosAGULLÓ* : "La codicia casa mal con el servicio público. Ser concejal en el pueblo de uno puede ser un noble servicio a la comunidad. Pero también puede ser un magnífico negocio. En el acervo popular ha calado más la segunda idea que la primera. Y casi siempre por culpa de algunos presuntos servidores públicos que acabaron convertidos en convictos usurpadores de los bienes comunes.
Dejemos la presunción de inocencia a salvo y tomemos la detención de los concejales de Gondomar sólo como un caso abierto. La corrupción urbanística no es un fenómeno nuevo, ni siquiera un invento de las corporaciones democráticas. Lo que sucede es que ahora Galicia está en el punto de mira de constructores y promotores ventajistas que, casi siempre, necesitan de la ayuda de los alcaldes y concejales menos escrupulosos con el patrimonio colectivo. Y se ve que éstos y aquéllos abundan. En todas partes.
Pero en el fondo de la cuestión no está sólo la avaricia, el afán desmedido de riqueza que algunos no pueden reprimir. También existen problemas de financiación de los ayuntamientos, que ven una ocasión de oro en las recalificaciones y en la interpretación laxa de la legislación. El origen de la corrupción urbanística también reside con frecuencia en las necesidades económicas de los partidos políticos, que han puesto en marcha una ruleta de despilfarro que no es fácil parar. Son causas que casi siempre están entrelazadas, pero que no se ennoblecen porque el fin sea público o privado. Robar siempre es quedarse con lo ajeno.
Cuando se habla del riesgo de marbellización de Galicia no se apunta sólo a un modelo de desarrollo urbano depredador y que desprecia el valor añadido que aporta la naturaleza. También se apunta a una forma de hacer negocios directamente entroncada con los códigos mafiosos y no con el honorable oficio de buscar el lucro en la actividad económica. Las recientes suspensiones de planes urbanísticos, la intervención de la policía ante denuncias de empresarios presuntamente extorsionados, sentencias judiciales que anulan licencias de obras deben servir de aviso a quienes estos días maquinan para completar las listas electorales. Aunque, en última instancia, dependen de los votantes que la sombra de la corrupción siga ensuciando las papeletas que dejamos en las urnas.
*La Voz de Galicia, 16 de Febrero de 2007
Marbella: La estética por la ética
MiguelFERRARY* : "Está claro. Se ha perdido el estilo. Los corruptos de ahora malgastan sus esfuerzos en amasar grandes fortunas de dinero que luego no saben ni gastar. El mal gusto se ha convertido en otra de las consecuencias de la corrupción urbanística.
Leer el sumario del `caso Malaya´ cada vez se parece más al guión de una película de Bigas Luna, con esos personajes ambiciosos, a la vez que zafios, simples y superficiales. Es la hegemonía del `gambón´ y de los trajes con dibujo de leopardo. De las cadenas de oro en ellos y del tinte rubio en ellas. Ya no se compran los favores sólo con maletines en un lugar discreto y oscuro. Se hace bajo la luz de un quirófano para sellar los labios con silicona o estirar la moral para quitar las arrugas.
Pero es que, además, durante muchos años los ahora acusados se plantaron como ejemplo a seguir. El camino para cualquiera que quisiera tener éxito y derrochar a manos llenas el mal gusto y que han hecho de la careta una forma de vida. Operaciones a cambio de recalificaciones. Por el pecho, se aumenta altura. Por unos labios, se concede licencia de obra. Por estirar la piel, se recalifica un terreno. Por una liposucción, la venta de un terreno por debajo de su valor. Precios asequibles para promotores sin escrúpulos. Intervenciones de estética como las que se hacían en Marbella para que el brillante decorado del lujo deslumbrara a todos los ojos y no permitieran ver las oscuras operaciones que se gestaban en su interior.
Hay una frase que repiten de forma frecuente los políticos, diciendo que algo puede ser legal, pero "no es estético". En Marbella se da una paradoja. Todo ha sido muy estético, pero poco legal. La losa que ha dejado sobre la ciudad parece bastante pesada y difícil de quitar en los próximos años.
El sumario del caso seguirá revelando detalles de la corrupción institucionalizada de Marbella, pero también carnaza para programas del corazón que promocionan lo que denuncian y enaltecen al que se rebaja.
*La Opinión de Malaga - 16 FEBRERO 2007
La Junta de Castilla y León modifica la ley y vuelve a la época del despotismo
Plataforma en Defensa de S.GLORIO* : "La modificación de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León de fecha 18/2006 es un paso definitivo en el cual el gobierno castellano-leonés se autoriza a si mismo el derecho de pernada sobre cualquier espacio protegido o no de Castilla y León. Si considera que un proyecto es bueno para el desarrollo económico de una comarca lo sacará adelante por encima de cualquier otra ley que proteja ese territorio. Es decir, "...solo hay una LEY, y esa soy yo, ...". Volvemos a la época del absolutismo y del despotismo, de Luis XIV y Carlos III.
Porque no es solo Sanglorio... dicen que van a empezar por la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, a lo que seguiría un Plan Territorial de la montaña de León y Palencia... y por supuesto San Glorio. Claro está que a continuación, salvado el escollo de los tribunales ya que a ellos ya nunca podremos apelar, seguirían urbanizaciones en Segovia y Ávila... por supuesto más estaciones de esquí, pongamos por caso Peña Trevinca en Zamora, Una Covatilla fuera de control en Salamanca, y un Burgos que se dispone a absorber miles de viviendas en espacios protegidos.
Esto es simplemente la plasmación de la maldad de unas personas que viven, y solo viven, rindiendo culto mesiánico a la codicia y a la soberbia... mientras sonríen y estrechan manos en la televisión.
Tenemos solo un mes para parar esto... después será demasiado tarde...
La única posibilidad es llevar ante el constitucional esta Ley. Y solo lo puede hacer. O bien el defensor del pueblo, o 50 diputados de las Cortes Nacionales. También el gobierno de la nación podría parar esto, y la única persona que conoce lo que está pasando es la Ministra Cristina Narbona. Vuelvo a repetir que tenemos solo un mes...
A continuación la noticia que supone un punto de inflexión totalmente impresentable...
"Tanto la futura estación de esquí de San Glorio como el Plan de Ordenación Territorial de la Montaña Cantábrica Central, que abarca el norte de León y de Palencia, serán tramitados como proyectos regionales. Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, quien presentó el proyecto de ley por el que se declara de interés regional la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y añadió que a este texto legal le seguirán otros dos sobre el plan de la Montaña Cantábrica y la estación de esquí. En este último caso, se daría cumplimiento a la propuesta consensuada por PP, PSOE y UPL y aprobada en las Cortes el pasado junio.
La declaración de un proyecto como de interés regional se produce cuando la Junta considera que, por su interés general, debe promover de este modo un determinado sector o unas actuaciones bien a causa de su magnitud o bien porque su influencia trascienda el ámbito local, según figura en la actual Ley de Ordenación Territorial de Castilla y León. Ambas circunstancias coinciden en el caso de la estación de esquí de San Glorio y de la ordenación territorial de la Montaña Cantábrica, ya que las dos iniciativas abarcan más de una provincia (León y Palencia) y previsiblemente van a suponer un importante revulsivo económico y social para toda la zona así como para el conjunto de la comunidad.
Lo que supone
De los tres tipos de tipos de proyectos regionales que existen (sectoriales, territoriales y vinculados a infraestructuras y dotaciones), la ordenación de la zona sería un proyecto regional de ámbito territorial, ya que tiene por objeto «planificar la ejecución de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de implantación de infraestructuras de interés para la comunidad». Por su parte, la futura estación de esquí sería un proyecto regional con el objetivo de «proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios, dotaciones, etc., considerados de interés para la comunidad».
En ambos casos, su aprobación como tal conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto. "
Martes 13/02, Boletín Número 24 de la Plataforma
http://www.pdsg.es/modules.php?name=News&file=article&sid=93
Los arquitectos españoles dicen no al desarrollo insostenible
EuropaPress : "Desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España se ha puesto en marcha la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) con el fin de aunar esfuerzos e iniciativas en un panorama en el que la reciente aprobación del Código Técnico de Edificación y de la inminente ley del suelo genera nuevos planteamientos y preocupaciones en el sector de la construcción en España además de intentar resolver los compromisos con el protocolo de Kioto.
Mañana tendrá lugar la reunión fundacional con una convocatoria de más de 300 expertos de toda España en edificación sostenible y se plantearán las líneas de trabajo que la asociación asumirá para iniciar su andadura en el contexto actual de cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Entre los temas que se abordarán figuran como principales la negativa de España a la insostenibilidad; la situación actual en el sector de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, la Ley del Suelo y los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto así como la creación de la asociación de Sostenibilidad y Arquitectura como herramienta para alcanzar la ciudad sostenible.
Los fines y objetivos de ASA se centran en integrar todos los trabajos sobre edificación sostenible para potenciar y acelerar su aplicación y difusión, además de avanzar en otras líneas de trabajo y de colaboración.
Esta asociación, además de actuar como punto de encuentro de los profesionales españoles, será el nexo de unión con otras organizaciones internacionales, como iiSBE (Internacional Initiative for a Sustainable Built Environment), que están realizando trabajos en la línea de los objetivos de ASA, además de los grupos de sostenibilidad de los Colegios Oficiales de Arquitectos, el Consejo de Arquitectos de Europa y la UIA, etc.
Europa Press, 15/02/07
La punta del iceberg urbanístico
Viñetas de El bueno de Cuttlas
20minutos.es, abril 2006
http://www.20minutos.es/vineta/400143/0/04/2006/cuttlas/
La compra de una vivienda en España: dificultades, ayudas y otras alternativas
AzucenaGarcía* : "La compra una vivienda en propiedad supone desde hace siete años aproximadamente un gran esfuerzo para todos. Pero el caso de los jóvenes, según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), la compra de un piso precisa del 64,3% de los recursos. Esta cifra supera el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras para tramitar una hipoteca, que ronda el 30%, y obliga a buscar viviendas de menor tamaño, esperar a conseguir una vivienda de protección oficial, heredarla de un familiar o lanzarse al mercado de alquiler, una opción que tampoco resulta barata.
La Administración Pública dispone de ayudas para impulsar el acceso de los jóvenes a una vivienda, pero los interminables contratos indefinidos, los sueldos bajos y el encarecimiento del suelo impiden que muchos de ellos se planeen esta opción.
'Sobrecualificación' y sueldos bajos
Los jóvenes de 30 años constituyen la generación mejor preparada. La mayoría tiene un título universitario, ha realizado un master o curso de postgrado y habla al menos dos idiomas. Sin embargo, la trayectoria académica no parece suficiente para conseguir un empleo acorde con el nivel de estudios. Según recoge el informe 'Eurydice, cifras claves de la educación en Europa 2005', elaborado por la Comisión Europea, los universitarios registran un menor índice de paro y de contratos temporales, pero sólo el 40% tiene un trabajo que se corresponde con su formación. Para José Luis Arroyo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), el mercado de trabajo de los jóvenes "no se configura con actividades que tienen un valor añadido, sino con actividades de servicios, construcción, comercio y hostelería, bastante temporales y precarias", por lo que considera "fundamental" que se invierta en I+D+i y "se fomente un mercado más productivo, que sea capaz de crear empleo industrial y empleo con un carácter estable".
A su juicio, la principal consecuencia de esta inestabilidad y precariedad en el empleo se traduce en la dificultad de acceso a la vivienda, aunque reconoce que este problema "es claramente una cuestión del mercado libre". "Los jóvenes destinan el 64,3% de sus recursos para el acceso a la vivienda libre, con lo cual, el endeudamiento es muy elevado y las entidades financieras no llegan a conceder una hipoteca", explica. Según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), correspondientes al segundo trimestre de 2006, el umbral máximo de endeudamiento aceptado por la mayoría de las entidades financieras para tramitar una hipoteca es del 30% de la renta, lo que obliga a los jóvenes que quieren comprar un piso a pedir ayuda económica a los familiares o buscar "fórmulas hipotecarias más arriesgadas", como el alargamiento de los plazos del préstamo o la financiación de la totalidad del precio del inmueble. Otros, directamente, abandonan la idea de adquirir una vivienda en propiedad. "También existen otras fórmulas como el alquiler con derecho a compra, pero esta opción en nuestro país se ha concebido como una inversión, sin entender que la vivienda es una necesidad. Se ha perdido el espíritu constitucional que tiene la vivienda", señala Arroyo.
Mileuristas
La situación se agrava con el repunte del tipo de interés, que hasta 2005 registró una caída constante, pero en 2006 experimentó la tendencia contraria, con una subida progresiva e imparable. Es en este contexto donde surge la generación de los mileuristas -jóvenes cuyos sueldos apenas alcanzan los mil euros- y comienzan las dificultades para ahorrar y llegar a fin de mes. Para Antonio López, profesor titular de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), "el término 'mileurista' se ha generalizado como un concepto que define adecuadamente a un tipo de persona joven, que se encuentra a los 30 años con un salario relativamente estable, pero que no le permite desarrollar un tipo de vida de consumo como el ciudadano demanda o como el que tenia cuando vivía con sus padres". Así, advierte sobre la necesidad de diferenciar entre el mileurista y el trabajador de bajo salario, "aquél que gana en torno a 550 ó 600 euros mensuales", ya que, explica, "el mileurista tiene graves dificultades para desarrollar un estilo de vida tal y como se supone que debe ser en una sociedad de consumo como la nuestra, pero no se encuentra con las dificultades de aquellos otros trabajadores que realmente ven peligrar su subsistencia pese a tener un trabajo remunerado".
López insiste en que el problema no es tanto ser mileurista, como la rotación permanentemente en puestos con este tipo de sueldos. En este sentido, lamenta la existencia de una especie de "generación perdida", la que nació entre 1965 y 1970, "que pese a estar preparada ha pasado por varios puestos de baja cualificación por los que no les pagan más que mil euros". "Ahí es donde está el mayor problema a largo plazo, en el trabajo que no supera nunca ese ingreso y el joven que ve que su horizonte profesional no sale de ahí, ya que también puede darse el caso de jóvenes que ganan mil euros, pero cuya trayectoria profesional les permite aspirar a ganar más y lo que hacen es ralentizar su independencia". Asegura que la calidad de vida es más "un concepto relativo que objetivo" y subraya que hoy en día casi cualquier sueldo parece poco "porque los pisos son muy caros y el estilo de vida y de consumo implica mucho más gasto". "Los jóvenes están acostumbrados a un nivel de consumo alto y se encuentran con una dificultad muy grande para reproducir ese rol, pero no son pobres. Se supone que una persona es pobre cuando gana un dólar diario. Ya quisieran muchos ganar mil euros", exclama.
Salarios acordes a la preparación de cada uno
Respecto a la ocupación de los jóvenes en puestos para los que están 'sobrecualificados', la mayoría coincide en que éste puede ser un factor de desmotivación, "una sensación de que estudiar no sirve para nada", matiza López, pero reconocen que en esta percepción influye el hecho de que los jóvenes no siempre reciben el salario "con la mentalidad de esfuerzo, sino como algo natural". "Mientras que para algunos supone un gran esfuerzo tener un titulo universitario o hablar dos idiomas, para otros es algo natural. Una circunstancia que no le resta drama al hecho de que una parte muy importante de la juventud tiene grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo, pero que se tiene que ver, en realidad, como una dificultad para desarrollar aquellas expectativas ligadas a su vida profesional, como son la independencia o la adquisición de una vivienda, no como una distorsión del propio esfuerzo", remarca el profesor, quien recuerda que de media los licenciados ganas tres veces más que los no licenciados. "Es decir, la formación universitaria es un valor añadido, aunque haya una enorme población de gente joven a la que su título universitario no le asegura un bienestar adecuado", apunta.
Emanciparse a los 30 años
En la actualidad sólo el 43,5% de la población joven está emancipada, una media que oscila entre el 57,8% de jóvenes entre 30 y 34 años emancipados y el 16,14% de los que tienen entre 18 y 24 años. Por sexo, son las mujeres las que registran un mayor índice de emancipación (49%) con respecto a los hombres (39%), mientras que destaca el fuerte aumento de la tasa de emancipación de la población inmigrante (70%). En cuanto a las características de la vivienda a la que este grupo concreto puede aspirar, el Observatorio Joven de Vivienda en España señala la necesidad de buscar viviendas de menor tamaño, a las que se supone también un menor coste, cuya superficie máxima es 46,7 metros cuadrados. "El problema es que a menudo estas viviendas o no existen en el mercado o no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, sin tener en cuenta que muchas veces suelen constituir un alojamiento provisional", subraya el informe del OBJOVI. "Todas estas circunstancias -manifiesta Arroyo- favorecen que la emancipación sea muy tardía y que, quien consiga emanciparse, lo haga de una forma precaria, muchas veces en condiciones de infravivienda".
Por su parte, a las dificultades de emancipación, Antonio López añade una variable que él mismo denomina "fragilización de las relaciones personales" y que hace referencia a que el producto que demanda el joven titulado español tiene unas características particulares: su deseo de vivir solo.
Esto eleva el coste de la emancipación, pero entra en juego una cuestión de autoestima cultural, que es la propiedad de la vivienda como un factor de identidad, de demostración ante los demás, de garantía de independencia y seguridad económica", señala. Adquirir un inmueble se ha convertido en una prioridad para muchas personas, que ha contribuido a incrementar el precio de los pisos, junto a la llegada de ciudadanos extranjeros a la costa o a las grandes ciudades, donde cuentan con empleos muy bien remunerados y demandan vivienda de lujo. "Aunque bajara la vivienda, independizarse es caro. Nos enseñan o queremos ser independientes, pero es mucho mas barato compartir piso", advierte López.
En todo caso, quien consigue independizarse y estirar el sueldo para pagar un piso, un coche y afrontar los gastos de la vida diaria puede considerarse afortunado. Formar una familia es un objetivo que se retrasa y que, cuando se materializa, obliga a menudo a buscar un segundo empleo o recurrir a la ayuda de la familia. Esta situación se repite en la mayoría de los países, aunque en algunos, como Francia, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda. En una primera fase, que entrará en vigor a finales de 2008, la medida se aplicará a las personas en situaciones de extrema dificultad, como los 'sin techo' y las familias, generalmente monoparentales, con hijos menores y bajos recursos. La segunda fase, a partir de enero de 2012, se extenderá a las personas o familias que viven en lugares insalubres o indignos.
Alternativas a la propiedad
La principal alternativa a la vivienda en propiedad es la vivienda en alquiler, aunque en la actualidad tampoco constituye una opción mucho más barata. El Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que en 2006 los alquileres se encarecieron un 4,4%, lo que es lo mismo: 1,8 puntos más que el Índice de Precios al Consumo (IPC). El vicepresidente del Consejo de la Juventud defiende la necesidad de que exista un mercado público de alquiler, "dirigido a cubrir el problema de emancipación que tiene la juventud, como único instrumento capaz de paliar la situación de dificultad de acceso a la vivienda y cubrir a medio y largo plazo las necesidades del conjunto de la sociedad española". Quienes no tienen la suerte de heredar una vivienda familiar, deben buscar alternativas. "De todas formas -señala Antonio López-, quizá habría que fijarse más en la mentalidad del norte de Europa, donde cada vez se compran más viviendas, pero donde también los jóvenes viajan más, rotan en el mercado de trabajo, aprenden varios idiomas... Los españoles no tienen tanta tendencia a la movilidad, excepto en el caso de la población más joven".
La cultura española apunta más a la permanencia en el lugar de origen que a la movilidad. No obstante, López recalca la importancia de no quedarse con la idea de que "los jóvenes no quieren salir de casa de sus padres" y reconoce que, cuando se toma esta decisión, "debe ser por una apuesta laboral muy importante, con un buen puesto y un buen salario, porque vivir fuera es caro". Las redes sociales familiares en España son un complemento básico a nuestro estado de bienestar. "Para cualquier pareja con hijos, uno de sus principales problemas al vivir en otra ciudad es cómo hacerse cargo de éstos y seguir trabajando, mientras que en su lugar de origen suelen contar con la ayuda de los abuelos. Es un problema de dinero, el mercado de trabajo tiene que pagar más, no puede esperar que por 500 euros una persona joven o una familia abandone su ciudad y se traslade a trabajar a otro lugar", concluye.
Otras alternativas al problema de acceso a una vivienda pasan por el programa de emancipación puesto en marcha por el Instituto de la Juventud, que cuenta con Oficinas de Emancipación Joven distribuidas por la geografía española y una Bolsa de vivienda en alquiler, compuesta por pisos de particulares a los que se facilita gratuitamente un seguro multirriesgo y una garantía de cobro de rentas. Además, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 prevé ayudas de hasta 2.880 euros al año a menores de 35 años que deseen alquilar y subvenciones a los propietarios de viviendas libres desocupadas que las ofrezcan por un periodo de cinco años. También cuenta con programas específicos de alquiler de pisos para jóvenes, ayudas a los promotores para la urbanización y adquisición de suelo con destino a vivienda para este colectivo, convenios específicos con administraciones e instituciones públicas para promover viviendas de alquiler joven, ayudas entre 7.000 y 10.000 euros para pagar la entrada de una vivienda protegida, subvenciones de hasta 600 euros anuales para hacer frente a la cuota de la hipoteca y programas que facilitan el cambio de una vivienda protegida más pequeña a otra más grande cuando cambian las circunstancias personales.
Otro tipo de alojamiento para universitarios
Por su parte, para los jóvenes menores de 35 años, la Obra Social de Caixa Catalunya cuenta con el programa 'Vive y Convive'. Se trata de una iniciativa de alojamiento alternativo para jóvenes universitarios, que comparten vivienda con personas mayores que tienen "problemas de soledad y necesidad de compañía". "Es un intercambio solidario entre dos generaciones", explican desde la entidad, que se encarga de detectar "a ancianos dispuestos a acoger estudiantes en su casa durante el curso universitario, a cambio de compañía y de la ayuda personal, por parte del estudiante". Se pueden acoger a este programa tanto las personas mayores de 65 años como los universitarios menores de 30 años y estudiantes de postgrado hasta 35 años que se desplazan a estudiar fuera de sus ciudades. Durante el periodo de convivencia, un psicólogo y un asistente social se encargan de realizar un seguimiento del programa, que concede una ayuda de 90 euros a la persona mayor, para compensar los gastos extra de agua, luz y gas, y una beca de 480 euros por curso académico a los jóvenes, como parte del pago de la matrícula. El pasado curso 2005-2006, se registraron 308 convivencias en las comunidades autónomas donde está implantado el programa: Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Extremadura e Islas Baleares.
*Consumer.es, Febrero 2007
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/compra/2007/02/12/159798.php
Visita de una misión del Parlamento Europeo por el urbanismo
EUROPAPRESS* : "Una misión del Parlamento Europeo visitará del 27 de febrero al 3 de marzo la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.
(El grupo de eurodiputados vuelve año y medio después de su última visita -ya estuvieron en 2004 y 2005- porque "siguen llegando denuncias" a la UE y además están interesados en comprobar in situ qué ha sido de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo hace unos meses, donde además de la condena al modelo urbanístico valenciano, se advertía de que la nueva ley -la LUV- no reconducía el problema).
La delegación estará formada por el propio presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman.
El Partido Popular, que se opuso a esta visita y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, todavía no ha decidido si enviará o no a un representante, según explicó su representante, Carlos Iturgaiz.
Iturgaiz denunció que se está intentando hacer una "sangría" sobre todo contra la Comunidad Valenciana, porque es la tercera vez que la visita una misión del Parlamento por irregularidades urbanísticas. "Es una visita política contra los Gobiernos del PP" que "no tiene precedentes" en ningún otro Estado miembro, dijo el parlamentario popular.
La mesa de la Eurocámara, donde está representado el presidente y los 14 vicepresidentes, dio este lunes su visto bueno al programa provisional de la visita, que se iniciará en Madrid el 27 de febrero con reuniones con el Gobierno central y autonómico.
El miércoles 28 de febrero, los parlamentarios visitarán la zona de Galapagar y luego viajarán a Almería, donde se acercarán a las localidades de Albox y Almazora. El jueves 1 de marzo centrarán sus reuniones en la provincia de Alicante , con visitas a Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benissa.
El viernes 2 de marzo la misión se desplazará a Denia y Jávea y proseguirá hasta Valencia. Si hay tiempo, los eurodiputados se acercarán también a Benicasim y Oropesa.
En todas sus etapas, los parlamentarios se reunirán con los afectados por abusos urbanísticos y con las autoridades. El 3 de marzo los parlamentarios regresarán a Madrid.
lasprovincias.es, 13/02
http://www.lasprovincias.es/valencia/20070213/valenciana/mision-parlamento-europeo-visitara_200702131934.html
Claves para encontrar la Ley del Suelo ideal
B.MUÑOZ/J.GALLEGO/M.BELVER* : "Ante el reto de diseñar una 'ley ideal' que frene las irregularidades inmobiliarias, los expertos consultados plantean, en líneas generales, que se fomenten los controles administrativos, tanto en la esfera local como en la autonómica, mediante comisiones de expertos independientes que velen por la independencia del proceso. Muchos apuestan por potenciar un modelo de desarrollo urbanístico coherente a salvo de intereses económicos.
En cuanto al reto de poner techo al desbocado aumento de los precios de las casas, la mayoría de los especialistas considera que la regulación del mercado del suelo no es ni el único factor ni, según varias opiniones, el más importante. El impulso del alquiler y la promoción de un mayor número de viviendas protegidas son algunas de las medidas propuestas.
¿Es posible elaborar una 'Ley del Suelo ideal'? ¿Se puede acabar con la corrupción inmobiliaria y hacer sensato el precio de las viviendas? A todas estas preguntas han respondido más de una docena de expertos en Derecho y Urbanismo.
Además, muchos de ellos han incluido sus particulares 'recetas' para afrontar con el mejor rostro posible el presente y futuro del sector inmobiliario español.
«Antes de aprobar una 'Ley ideal' 'del Suelo', habría que preguntarse por qué no se ha aplicado ni cumplido la ley vigente. ¿Qué ha fallado en nuestras administraciones públicas? Creo que no es sólo un problema de corrupción -que también, en algunos casos- sino de desidia, de falta de medios personales y materiales y, en ocasiones, de falta de voluntad política», afirma José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos.
CORRUPCIÓN
«Como decía Joaquín Costa, leyes las tenemos por arrobas, lo importante es que se apliquen. Esto quiere decir que para modificar las leyes hay que hacerlo con sentido común», según fuentes del bufete de abogados Uría y Menéndez.
El catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón cree que uno de los capítulos clave que debería recoger la Ley del Suelo sería los mecanismos de vigilancia estatales para evitar la arbitrariedad en las decisiones de algunos ayuntamientos: «El Tribunal Constitucional reconoce la competencia urbanística a las autoridades locales, sin embargo el Estado puede establecer comisiones de seguimiento para asegurar que los ordenamientos y licencias se hacen conforme a criterios legales».
Otra de las medidas que propone este catedrático es la «creación de comisiones técnicas, ajenas a cualquier signo político, para que valoren qué concesiones están justificadas y cuáles son sospechosas».
En esta misma línea se pronuncia Agustín de Asís, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, quien señala que se deberían establecer procedimientos urbanísticos más transparentes que fuesen supervisados por profesionales ajenos a los ayuntamientos y las promotoras: «En la medida en que los procesos son más participativos e intervienen más agentes externos al mismo habrá menos corrupción».
Una receta similar prescribe José Antonio Pellicer, profesor titular de Derecho de la Universidad de Murcia, quien cree que hay que «reforzar los mecanismos de control existentes». A saber, «el social, a través de los medios de comunicación; el jurídico, con la posibilidad de ir no sólo a los tribunales penales, sino al contencioso administrativo; y el político».
«La figura del secretario, que es asesor jurídico de las corporaciones municipales, se ha debilitado en el plano legal. Habría que relanzar el carácter preceptivo de sus informes junto al de los servicios técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio de otros controles exteriores», agrega Pellicer.
Para Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, la solución pasa también por fomentar la vigilancia no sólo a nivel local. «La decisión final puede corresponder a las comunidades autónomas, pero se debe potenciar el papel de los consejos autonómicos de urbanismo, como el que existe en Castilla y León, en el que están representados los municipios, los agentes profesionales, las organizaciones sociales...», expone.
Muy ligada al control está la transparencia de las operaciones. «Habría que dar más transparencia al proceso y establecer unas reglas básicas de la negociación urbanística y de la regulación de los convenios, que establezca los límites de los mismos», sugiere Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho Administrativo de la UNED.
Por su parte, Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, opina que «los modelos eficaces para combatir la corrupción no existen». Según Barranco, las leyes pueden controlar ciertos aspectos que favorecen la corrupción urbanística, pero ésta no se soluciona a golpe de ley: «Lo que conviene es ser radical en la ordenación urbanística de las ciudades y empezar a pensar en que lo más lógico es hacer un crecimiento cero», comenta Barranco.
Tratar la corrupción urbanística como una más podría ser otro camino. «Ésta tiene un tratamiento represivo que no debería ser muy diferente del de la lucha contra la corrupción en otros ámbitos: en definitiva, hay que lograr que las infracciones no 'compensen', que no 'salgan a cuenta' al infractor, como ocurre hoy en muchos casos», apunta Sala Arquer.
«Pero además», añade, «hay un tratamiento preventivo bastante más difícil: reducir el margen de discrecionalidad de los planificadores, estableciendo en la Ley criterios objetivos para la clasificación de suelo; los derechos y deberes de los distintos sujetos deben establecerse en la Ley, y no en pactos y convenios; debe resolverse el problema de la financiación de las entidades locales».
Dar con el modelo urbanístico es vital para José Luis Laso, registrador de la propiedad y experto en urbanismo: «Elegir un modelo coherente de desarrollo, bien sea el tradicional a partir de un planeamiento general cerrado y vigoroso o con un planeamiento abierto, que permita la acción urbanística sobre el resto con criterios reglados».
Apunta también que previamente «se cumplan las exigencias de implantación y conexión con los sistemas generales, las garantías de su ejecución por el promotor, la actualización legal de las cesiones y la vinculación de los suelos a la construcción de viviendas con algún género de protección y el aprovechamiento y densidades máximas».
Igualmente importantes es, en su opinión, «la exclusión de la discrecionalidad, que es la que propicia los riegos de corrupción, con la fijación de criterios reglados para suprimir los llamados convenios urbanísticos de planeamiento, permitidos hoy por todas las leyes autonómicas».
Por otro lado, hay opiniones que muestran su contrariedad por la necesidad «española» de hacer leyes 'sin ton ni son'. «En España hacemos una ley cada cinco minutos. La Ley no puede sustituir el funcionamiento del mercado y lo importante es que éste funcione correctamente», según otras fuentes jurídicas consultadas.
Con respecto a la corrupción, «basta con aplicar las leyes, como está ocurriendo en Marbella», señalan las mismas fuentes, que además aportan una solución coincidente con otras: «Hay que ir hacia los patrimonios municipales de suelo y esto se puede hacer desde 1940 y no se ha hecho. ¿Qué sucede? Que los ayuntamientos no tienen suelo y tienen que comprarlo o expropiarlo y eso tiene un precio».
«Para acabar con la corrupción hay que intentar que el urbanismo no sea una manera de financiar a los ayuntamientos. Hay que ver si es mejor una legislación de suelo de Estado o de comunidades autónomas» y añaden que «es imposible un mercado uniforme si no se hace una regulación sistemática y uniforme».
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tomás Ramón Fernández coincide con esta opinión: «Los ayuntamientos tienen un sistema de financiación poco equilibrado y necesitan recurrir al suelo». Y señala también a los partidos políticos: «Es imposible su financiación si no recurren al urbanismo, porque en cada pueblo hay una sede de todos y en España hay miles de pueblos».
En esta línea añade un apunte más Nicolás González Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas, quien cree que «hacen falta más garantías a nivel de incompatibilidades y separación de intereses públicos y privados en funcionarios, concejales y contratistas de la administración».
En su opinión, «hay que recuperar por parte de las comunidades autónomas la posibilidad de suspender las licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia 46/92 del Tribunal Constitucional por no estar incluida en la Ley de Bases de Régimen Local». «Si se hubiera seguido aplicando, no habría sucedido lo que ha pasado en Marbella», asegura González Deleito.
PRECIOS
Chantal Mol, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, señala los dos pilares básicos que a su juicio sustentarían el mercado residencial: fomentar el alquiler y generar nuevas fórmulas para la adquisición de viviendas. En el primer caso, considera que es preciso que se plantee la posibilidad de que «el arrendatario pueda deducirse el dinero que gasta en la residencia habitual» y que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para «aumentar la duración de los contratos en algunos supuestos» y «establecer mecanismos de prórroga».
Asimismo, sugiere que se acuñe el concepto de «la propiedad separada», que permite que una persona sea propietaria del suelo y otra de lo construido, de modo que esta última pague un canon a la primera, de forma similar al derecho de superficie. «Esta fórmula permite que entidades publicas adquieran únicamente el suelo y luego particulares compren lo construido a un precio mucho menor que el actual», dice.
Rafael Barranco también se muestra partidario de fomentar el alquiler y la rehabilitación y cree que hay que «olvidarse de un crecimiento que mira sólo por los intereses económicos del promotor».
«¿El precio de la vivienda tiene algo que ver con el precio del suelo? Pues poquísimo», indica Tomás Ramón Fernández. «Los empresarios no ponen el precio de la vivienda sumando costes. Ponen el precio en función del mercado. No hay ninguna Ley que controle el precio de la vivienda».
Igual de escéptico se muestra Agustín de Asís: «Es imposible que una ley baje los precios porque éstos se fijan con la demanda que existe en el mercado». En su opinión el problema aparece cuando hay gente que no puede acceder a ella: «Una ley efectiva es la que favorece la creación de más viviendas protegidas. Se considera que es sano para el mercado que el 30% de las casas de un país tengan algún tipo de protección. En España ni siquiera llegamos al 10%».
José Manuel Sala también duda de que la Ley del Suelo pueda dar la solución definitiva al precio: «Sin duda, una planificación menos rígida, con trámites menos complejos, adaptable a los cambios, puede contribuir a que el producto final -el suelo- no se encarezca; como también la eliminación de barreras burocráticas y el establecimiento de criterios no discrecionales a la hora de excluir suelo del proceso urbanizador».
Estos factores no son, a su juicio, los únicos que pueden influir en el precio. «La realidad es que, hoy por hoy, ante una elevada demanda, con tipos de interés todavía bajos y con hipotecas a más de 30 años el precio se fija en función de lo que se calcula que la gente puede pagar».
Miguel Sánchez Morón coincide en este aspecto: «En otros países el precio de un suelo no urbanizado es casi como el de uno rústico, aquí sin embargo aunque todavía no se haya levantado ni una sola piedra las cantidades son mucho mayores».
La ley «fantasma» del 98
El caso de la Ley del Suelo de 1998 está envuelto en la paradoja: ha sido usada como 'chivo expiatorio' por quienes tratan de señalar un culpable para la 'cara oscura' del 'boom inmobiliario' y, sin embargo, nunca se ha aplicado.
Ésa, al menos, es la opinión de la mayoría de los expertos en Derecho consultados, que dejan entrever que el texto elaborado por el 'popular' Francisco Álvarez Cascos hace ocho años ha sido lo más parecido a una norma 'fantasma'.
«Se critica mucho la Ley 6/98 y está inédita», afirma Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. «Ninguna comunidad autónoma ha seguido por ese camino. Y, especialmente, leyes de regiones como Extremadura. Ésta junto con Castilla-La Mancha y Andalucía no aplicaron esa Ley», asegura este experto.
Según Fernández, «curiosamente, Seseña es de Castilla-La Mancha y Marbella de Andalucía. Y los proyectos pensados para edificar en Cullera surgieron con la Ley de 1994 de la Comunidad de Valencia, que fue condenada por el Parlamento Europeo en 2005».
Según otros profesores de Derecho, la 'carta magna' del suelo aprobada en 1998 no se ha aplicado por dos razones fundamentales: «En primer lugar, esta ley estatal establece que todo el suelo es urbanizable, salvo el protegido, pero las leyes autonómicas ya recogen categorías de reserva, de protección del paisaje... El concepto es tan vago que está vacío de contenido, se desvirtúa. Y, en segundo lugar, la transformación en las clasificaciones de suelo se tiene que llevar a cabo en los planes generales de ordenación urbana y, como muchos se habían redactado en 1990, todavía no se han modificado y, por lo tanto, no han podido incluir las nuevas directrices».
La duda sobre la efectividad de una norma de estas características llega hasta el punto de que un especialista asegura que desde 1956 no ha habido un cambio importante en la legislación de suelo.
Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, teme que la nueva Ley del Suelo vaya camino de tener tan poco protagonismo como la actual. «Una normativa estatal siempre va a ser más restrictiva que una disposición local sobre ordenación del territorio, por eso en Andalucía los promotores han seguido las directrices autonómicas y municipales», considera.
*SUVIVIENDA/ EL MUNDO, Dic 06
http://www.elmundo.es/suvivienda/2006/468/1164927603.html
Las dos Españas
JULIO LLAMAZARES* : "Mientras las provincias de la costa se llenan de construcciones, la España del interior se despuebla. Esas son las verdaderas dos Españas y no las de Machado, pese a que todavía perviven (no hay más que ver nuestro Parlamento).
Desde hace varias décadas, España se resquebraja, y no políticamente, dividida en dos mitades, la de las regiones ricas y la de las regiones pobres, que el mapa marca perfectamente: las ricas son las que baña el mar y las pobres las que están lejos de él. Solamente Madrid es la excepción, por los motivos que todos conocemos.
Extremadura, las dos Castillas, Aragón, el antiguo reino de León y las provincias interiores de Galicia se han ido así despoblando, aprisionadas entre las dos presiones que marcan el desarrollo de este país: la centrífuga de la periferia y la centrípeta de Madrid. Dos presiones combinadas que han arrastrado a sus habitantes hacia las regiones cálidas y con más posibilidades económicas o hacia la capital de España, que continúa ejerciendo un innegable atractivo para la mayoría de los españoles. Justo todo lo contrario que las viejas capitales y pueblos del interior, envejecidos y sin futuro para los jóvenes, a excepción de unos pocos casos. El resultado es un desolador paisaje, con provincias prácticamente deshabitadas y con comarcas enteras condenadas a la desaparición.
Pero, a lo que se ve, a nadie, salvo a los habitantes de esas regiones, parece preocuparle esa situación. Mientras media España se despuebla, mientras la mitad del mapa se desertiza delante de nuestros ojos condenada al ostracismo y al olvido por su situación geográfica, la otra mitad continúa creciendo sin importarle lo que le sucede a aquélla. Incluso despreciándola por su decadencia como en el colegio determinados alumnos aventajados hacen con los más torpes. No hay más que ver las reacciones suscitadas por las reclamaciones de algunas de esas provincias, como Zamora, Teruel o Soria, cuyos habitantes han tenido que manifestarse al grito de que existen para que les hagan caso.El problema viene de lejos. Viene de la época del desarrollismo de la dictadura, cuando comenzó la industrialización de determinadas zonas de la periferia, que provocó el primer éxodo de población interior, y se acentuó luego con el turismo, que atrajo hacia las costas cantidades ingentes de mano de obra en perjuicio de las regiones y las provincias del interior. Paradójicamente, la descentralización política propiciada por el llamado Estado de las autonomías, en lugar de corregir esa tendencia, la ha acentuado todavía más gracias a lo que los economistas llaman, con magnífica expresión, optimización de los recursos productivos nacionales y a la insolidaridad interregional. Todo ello, por supuesto, con la colaboración de los sucesivos gobiernos, más preocupados por complacer a las autonomías ricas, cuya mayor población les procura un mayor poder político, que por ayudar a las desfavorecidas. Justo todo lo contrario de lo que se reclama a Europa y de lo que hacen internamente otros países de nuestro entorno.
No seré yo quien explique aquí la importancia del equilibrio económico y demográfico de un país, no sólo para su desarrollo armónico, sino también para su bienestar global. Cualquiera sabe que un país desvertebrado, con grandes diferencias entre sus distintas zonas, repercute negativamente a la larga en todas ellas y no sólo en las perjudicadas. Como ocurre con un cuerpo en el que uno de sus órganos se desarrolla exageradamente más que los otros o con una familia en la que uno o varios de sus miembros medran a costa de los restantes, tarde o temprano empezarán a surgir los problemas para todos, puesto que, al malestar de los discriminados, se sumarán los derivados del hiperdesarrollo de los favorecidos, como ya se empieza a ver en nuestro país. Todos oímos continuamente las quejas de las regiones ricas en relación con la falta de agua o con la destrucción de su medio ambiente. Y es que, como dijo el sabio, no se puede tener todo.
Las quejas de esas regiones nada tienen que ver con la solidaridad. Al contrario, se basan precisamente en el egoísmo, que es el principal motor de este país actualmente; no sólo entre las personas, sino entre las autonomías. El debate sobre el agua, que cada vez se hace más virulento, es un buen ejemplo de ello. El debate sobre el agua o sobre el reparto de la producción eléctrica, por no hablar de otros muchos parecidos, no han hecho más que poner de manifiesto el desequilibrio de una nación que construye e invierte donde no tiene energía mientras que deja que se deserticen las regiones donde ésta sobra. Hasta ahora, el problema se solventaba con el argumento de la solidaridad, pero hoy ese argumento no se sostiene, dado que la solidaridad no existe. Y es que ¿cómo se le puede seguir pidiendo ésta a Aragón, o a Castilla-La Mancha, pongo por caso, en materia de agua para regar, con las provincias vecinas de Levante o Cataluña, cuando con ellas nadie ha sido solidaria en mucho tiempo? ¿Cómo puede exigírsele a León o a Extremadura que continúen sacrificando valles y pueblos para producir energía eléctrica para el resto, cuando el resto las ignoran o desprecian normalmente? La solidaridad ha de ser recíproca y eso no ocurre en este país.
Pero nadie parece darse cuenta de lo que se avecina. Mientras la insolidaridad aumenta, mientras el desequilibrio crece, mientras las dos Españas geográficas se alejan una de otra a ritmo vertiginoso, nuestros políticos continúan a lo suyo, que es agrandar las dos ideológicas, y nuestros pensadores siguen secundando a aquéllos en sus estériles e inagotables discusiones sobre la unidad de España o sobre su conformación plural, cuando en la realidad España no existe. Basta mirar el mapa desde un satélite para ver que es una ficción. Una campana gigante, como escribía Manuel Vicent hace tiempo, con un badajo en el medio que resuena en el vacío inmenso que lo rodea.
*Julio Llamazares es escritor.
El País, 13/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Espanas/elpepuopi/20070213elpepiopi_6/Tes
Municipios ricos, movilidad pobre
E.SÁNCHEZ* : "Los habitantes de los municipios más ricos de la Comunidad de Madrid viven pegados al asiento de su coche.
Los vecinos se quejan de un transporte público urbano desorganizado, con frecuencias de paso insuficientes, retrasos y falta de conexiones entre diferentes puntos del municipio; escasez de carriles-bici y aceras llenas de obstáculos. Estas circunstancias les hacen optar por el vehículo privado en los desplazamientos internos.
Tareas en apariencia tan sencillas como ir a comprar el pan dando un paseo o llegar a la estación de cercanías en un tiempo razonable se convierten en zonas de pueblos como Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte o Torrelodones en un imposible.
Son localidades que arrastran un modelo territorial heredado con urbanizaciones diseminadas a lo largo y ancho del término municipal. Carreteras como la A-6, M-40, M-50 y la M-503 dividen las localidades y dificultan la conexión entre las diferentes partes. La política urbanística seguida por los ayuntamientos, sin planes de movilidad concretos, ha generado que la dependencia del coche se haya vuelto crónica. Hay una media de 2,5 vehículos por casa.
Alfonso Sanz, experto en movilidad sostenible, plantea la necesidad de fomentar el transporte público. "Hay que estudiar cada caso en concreto, pero, en general, son pueblos fragmentados por infraestructuras viarias, sin socialización del espacio. Se vive en urbanizaciones cerradas. Realmente son barrios dormitorio, aunque sean de alto standing", sostiene.
Los alcaldes reconocen las dificultades de sus vecinos para moverse por el interior de los términos. Sus promesas de mejora se repiten: más transporte público, más carriles-bici, aumentar los espacios para los peatones, ampliar aceras y liberarlas de obstáculos, entre otras actuaciones.
Los vecinos toman con escepticismo las propuestas municipales. Es el caso de Nuria Martínez, vecina de Pozuelo de Alarcón (79.581 habitantes), al oír hablar del metro ligero. Es la gran apuesta de su Ayuntamiento, del PP, para esta legislatura: 10 kilómetros de tranvía con un coste de 100 millones.
"¿Para qué me sirve el metro ligero si no puedo llegar a ninguna de sus paradas?", se pregunta. Reside en la calle de Peñalara, una zona de bloques de nueva creación. Nuria tuvo que renunciar a que su hija fuera a la guardería porque el autobús, que tenía que pasar cada 50 minutos, "no llegaba nunca". "Desde la empresa Llorente me contestaron que los horarios se tratan de cumplir, pero no hay horas fijas de paso por las paradas. Y hasta ahora", se lamenta indignada.
El grupo municipal socialista de Pozuelo denuncia: "El transporte público es inconstante porque no hay una red de autobuses urbanos, dependemos de los que vienen de fuera. Una situación que sufren sobre todo las personas sin vehículo propio".
En Majadahonda (62.270 habitantes) la situación es similar. Cuenta con seis líneas de autobuses interurbanas y tres urbanas. "¿Plantearme vivir aquí sin dos coches? Antes en casa sólo había uno; al trasladarnos aquí compramos otro", responde Raquel, vecina de Las Rozas, con una sonrisa. Raquel y su marido viven cerca del campo de golf de Majadahonda. La zona, de nueva construcción, está separada del pueblo por la M-503.
Autobús cada media hora
"Hay un autobús que pasa cada media hora, pero la parada está a unos 500 metros de mi casa. Otro va a la estación cada 45 minutos. Ante las facilidades, he decidido ir en coche hasta el Bus- VAO y coger allí el autobús a Madrid", comenta. En fin de semana, más de lo mismo. "Aquí no hay ni una tienda. Cojo el coche para todo", puntualiza.
El Ayuntamiento, sin embargo, considera que las mayores dificultades no son internas, sino de conexión con Madrid. Los centristas de Majadahonda critican la actuación municipal y denuncian: "Nunca ha existido un plan de movilidad interna concreto. Además, me gustaría saber qué accesos va a tener el nuevo hospital Puerta de Hierro".
Las Rozas (75.919 habitantes) es para el PSOE, en la oposición, el paradigma del noroeste de Madrid en cuanto a los problemas de movilidad. Sus 59 kilómetros cuadrados se encuentran divididos por la A-6, la M-505 (carretera de El Escorial) y la M-50. "El efecto muralla de estas infraestructuras se acrecienta por la falta de un plan de movilidad. No hay líneas de autobuses internas, y para ir a las estaciones de tren, por ejemplo, hay que hacer un recorrido por medio término municipal", comentan los socialistas.
Francisco Javier Fernández, vecino de El Cantizal, un nuevo barrio de pisos, confirma que puede emplear hasta 40 minutos en salir de Las Rozas si opta por el autobús. El alcalde, Bonifacio de Santiago, del PP, reconoce que para la mayor parte de los desplazamientos hace falta el coche.. Plantea como solución un metro ligero que estructure todo el municipio.
En Boadilla del Monte (37.926 habitantes), el vehículo privado también es un elemento imprescindible. La M-50 ha partido el municipio de tal forma que algunos vecinos ya hablan de Boadilla de Arriba y de Abajo. "Hay 11 urbanizaciones periféricas y los nuevos desarrollos están al otro lado de la M-50. Las dos partes del pueblo están completamente desconectadas", explica el concejal independiente de APB, Ángel Galindo. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, también ha apostado por el metro ligero.
El municipio de Torrelodones (19.843 habitantes) se encuentra dividido por la A-6. "El problema se ha acrecentado con el desarrollo de otros núcleos urbanos como Los Bomberos y el Área Homogénea Sur, sin considerar en absoluto los problemas de movilidad de la población", denuncia el geógrafo y profesor de la Universidad Carlos III Santiago Fernández Muñoz, desde la asociación vecinal Torrenat.
Para Fernández, el equipo de gobierno, del PP, no muestra la más mínima preocupación. "Las aceras son unas estrechas superficies plagadas de farolas y todo tipo de mobiliario urbano. Tampoco hay carriles-bici. Parece que sólo se fomentan los desplazamientos en coche", concreta.
El Ayuntamiento se defiende y recuerda que ha mejorado el servicio de autobuses interurbanos y ha puesto en marcha cuatro líneas urbanas. "Se han superado todas las previsiones con 42.000 usuarios al mes", asegura un portavoz municipal.
*El País, 12/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Municipios/ricos/movilidad/pobre/elpepuesp/20070212elpmad_3/Tes
El urbanismo salvaje es un factor de riesgo para la seguridad ciudadana
S.NAVARRO* : "La corrupción derivada del urbanismo salvaje es un nuevo factor de riesgo para la seguridad ciudadana, sobre todo en los municipios costeros de Alicante. Esta es la conclusión más destacada de la comparecencia de tres catedráticos expertos de Derecho Penal en la comisión especial de estudio sobre seguridad ciudadana de las Cortes Valencianas. Los profesores rechazan un endurecimiento de las penas como fórmula para combatir los delitos urbanísticos, y abogan por juzgados especializados dotados con brigadas policiales también especiales.
Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, abrió el carrusel de penalistas en la comisión de las Cortes Valencianas sobre seguridad ciudadana. Junto a ella, expusieron sus tesis, sus homólogos de Universidad de Valencia y Jaume I de Castellón, Juan Carlos Carbonell y José González Cusac, respectivamente.
La catedrática Juanatey fue la más tajante a la hora incidir en el fenómeno de la corrupción urbanística como factor añadido a la inseguridad ciudadana. "La provincia de Alicante presenta todos los factores de riesgo, de corrupción y de infiltración de delincuencia organizada que la sección de Málaga del Instituto Interuniversitario de Criminología de Andalucía detectó en su estudio sobre la Costa del Sol, que se realizó antes de las salida a la luz de la corrupción del Ayuntamiento marbellí", aseguró.
Para Juanatey, los factores de riesgo inherentes a esa modalidad delictiva son: la firma de convenios urbanísticos entre constructores o promotores y ayuntamientos que representan dudosos beneficios para el municipio y con recalificaciones favorables a los primeros; la desatención de la inspección urbanística; el descuido de un interés general tan importante como el medio ambiente (gran consumo de suelo, agua y energía); y la tendencia a la legalización de facto de las construcciones irregulares.
A preguntas de la diputada socialista Josefa Andrés, portavoz de la Comisión de Justicia y Administración Pública del PSPV-PSOE, sobre el alcance real de la influencia de la corrupción en la inseguridad, la catedrática aseveró: "Una recalificación prevaricadora supone inseguridad en el sentido más amplio, es decir, de generar el descrédito de las instituciones, lo que antes se decía, que se vea a los políticos como seres que buscan el interés propio de los partidos".
Juanatey subrayó otras características que hacen de Alicante, "una oportunidad para el delito", entre ellas, su carácter turístico, con más blancos para el delito patrimonial y su desordenado urbanismo, escondite perfecto para los grupos mafiosos. "Nadie, incluyendo Ayuntamiento, la hacienda pública y los tres cuerpos de policía sabe exactamente quién vive en la provincia", dijo.
Juanatey concluyó que la fórmula para combatir las prácticas corruptas relacionadas con la actividad urbanística no es endurecer las penas, sino a través de jueces "muy especializados" y dotados con los agentes necesarios para investigar las complejas tramas.
Juan Carlos Carbonell resumió: "Los delitos urbanísticos afectan en la medida en que los ciudadanos tendrán cierta desconfianza en las instituciones, en la sociedad, y en definitiva en el Estado. El urbanismo feroz produce un tipo de delincuencia violenta, fundamentalmente contra el patrimonio, que favorece las bandas y grupos organizados".
En esa dirección, el catedrático González Cusac, destacó que determinado modelo de crecimiento urbano y económico alimenta las expectativas de enriquecimiento rápido y, por tanto, atrae "la criminalidad que busca blanquear dinero".
El País, 12/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/urbanismo/salvaje/factor/riesgo/seguridad/ciudadana/elpepuespval/20070212elpval_3/Tes
¡Sonría!
elEconomista.es 1/12/06
www.eleconomista.es/espana/noticias/112692/12...
Un tercio de los recursos municipales son del sector inmobiliario
PD/Agencias* : "El 32% de los ingresos de las corporaciones locales proceden de las actividades e impuestos relacionados directamente con el sector inmobiliario, según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, que señala que la administración local es la que está más estrechamente relacionada con la evolución de este sector.
Por su parte, las comunidades autónomas han obtenido un volumen de recursos procedentes del mercado inmobiliario del 8% de todos sus ingresos no financieros.
A continuación y ocupando el tercer lugar aparece la Administración Central, cuyos ingresos directamente relacionados con la actividad inmobiliaria representan el 4,5% del total.
BBVA advierte de que la mayor dependencia de las corporaciones locales de los ingresos derivados del sector inmobiliario implica que los municipios serán las administraciones que más notarán una desaceleración del mismo, al tener vinculada gran parte de su financiación (el 32% de sus recursos) a este negocio.
En este sentido, la entidad financiera prevé un descenso del número de transacciones inmobiliarias superior al 12%, hasta situarse en torno a 1,2 millones en 2010, por lo que el descenso de la recaudación procedente del sector sería muy acusada.
En concreto, estima que, sin modificaciones de la normativa fiscal, la participación de los ingresos ligados al sector inmobiliario se podría reducir un punto porcentual, hasta situarse en niveles próximos al 2% del PIB.
SUPONE EL 3,2% DEL PIB.
Actualmente, las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y los tributos que gravan este tipo de operaciones aportan el 9,3% del total de ingresos de las administraciones públicas (27.000 millones de euros en 2004), hasta alcanzar el 3,2% del PIB, según las estimaciones realizadas por el BBVA.
Así, tributos como las licencias municipales de obras, el Impuesto sobre la Construcción, el IVA, el IBI, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentaos (ITP-AJD) o las ganancias patrimoniales incluidas en el IRPF, junto con operaciones como la venta de terrenos de propiedad municipal y de aprovechamientos urbanísticos están detrás de uno de cada diez euros que ingresan las administraciones públicas, en línea con el importante desarrollo de la construcción en los últimos años.
Por figuras impositivas, el IVA relacionado con actividades inmobiliarias aportó el 2,2% del total de los ingresos no financieros de las administraciones públicas en 2004, con 6.313 millones de euros, seguido del IBI (el 2,1% y 6.029 millones), transmisiones patrimoniales (1,9% y 5.387 millones), IRPF (0,9% y 2.692 millones) y Actos Jurídicos Documentados (0,5% y 1.360 millones).
CRECE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
En el caso concreto del ITP-AJD, un tributo que grava las transacciones inmobiliarias de segunda mano, sus ingresos presentan una tasa de crecimiento medio anual superior al 18% desde 1997, alcanzado a cierre de 2004 un importe equivalente al 1,4% del PIB, frente al 0,8% que representaba en 1997.
En todo caso, BBVA señala que debe tenerse en cuenta que parte del incremento de la recaudación de este tributo se debe también al aumento de los tipos impositivos, que han pasado en todas las comunidades autónomas del 6% al 7% en Transmisiones y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos.
Ladrillos, 07.02.07
http://blogs.periodistadigital.com/ladrillos.php/2007/02/07/mas_de_un_tercio_de_los_recursos_de_los_
Emergencia urbanística
Editorial ElPAÍS* : "La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político.
Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal.
Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria. Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.
La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política. Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.
Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización. La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.
El País,11/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Emergencia/urbanistica/elpepuopi/20070211elpepiopi_2/Tes
Nace una plataforma contra el urbanismo desaforado
GRANADAHOY* : "Colectivos ecologistas de la provincia se han unido en la plataforma Una nueva cultura del territorio de Granada que, bajo el lema "La Tierra no la heredamos de nuestros abuelos, la heredamos de nuestros hijos", trabajará para fomentar la participación ciudadana y su implicación para tratar de poner freno a los macroproyectos urbanísticos previstos en la provincia.
A través de blogs y una página web, la plataforma difundirá los proyectos que considera atentan contra la sostenibilidad de los municipios, en algunos de los cuales se ha llegado a consumir el cien por cien del suelo.
El nuevo colectivo pedirá a los ayuntamientos el cumplimiento íntegro de documentos oficiales que promueven la conservación del medio ambiente.
"Alguien nos quiere explicar para qué necesitamos diez campos golf en el Área Metropolitana", se preguntó durante su comparecencia uno de los portavoces del nuevo colectivo, quien agregó que tratarán de parar aquellos macroproyectos que sólo traerán problemas de movilidad e incomodidades a los municipios.
Los integrantes de la plataforma ecologista destacaron que su intención no es sólo vigilar supuestas irregularidades, sino desempeñar una labor educadora.
Entre las asociaciones ecologistas que se han sumado a la iniciativa se encuentran la Asociación la Huerta, las comunidades de regantes Río Verde de Almuñécar, Defensores de la Charca Suárez deMotril y la Asociación por un Transporte Digno en Atarfe
10/02/07
http://www.diariogranadahoy.com/41711_ESN_HTML.htm
«Nuestra justicia es ineficaz, se ha descuidado la lucha contra la corrupción»
Entrevista al magistrado V.GIMENO* por M.GALLEGO :
-Usted ha afirmado que la corrupción urbanística no se persigue.
-Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla.
La Policía aún no ha comenzado a actuar y las unidades de la Guardia Civil de delincuencia urbanística están todavía en mantillas. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella.
-Si nos ha caído encima es porque estaba ahí.
-Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero «b» al que es complicado seguirle el rastro.
-¿Quiénes son los corruptos?
-Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones.
-Si hay corrupción, se sabe y no se persigue ¿eso es delito, no?
-Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio? Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo.
-Además de formación y ganas, ¿qué más falta?
-Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una policía especializada en temas de urbanismo(...), pero la realidad es que, hoy por hoy, las fuerzas de seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo.
-¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella?
-No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral [municipio de Alicante a cuyo ayuntamiento la Generalitat ha retirado las competencias en Urbanismo tras contarse por miles la viviendas construidas la margen de la ley]. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos.
-¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral?
-Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.
-Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.
-Hay un punto también de falta de sensibilidad por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo.
-La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece?
-Me parece una monstruosidad que se haya aprobado esto en el ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.
-¿Control por parte de quién?
-Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunitat. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.
-¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas?
-Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena. Habría que subir las penas por prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos (...)
-¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos?
-Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo.
-Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas?
-Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata.
-¿Existe solución contra los malos tratos?
-Viene a ser lo mismo que lo anterior.
-¿Y para la violencia escolar?
Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficiente en equipos de psicólogos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.
«Los ayuntamientos no pueden ser reinos de taifas»
-El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías?
-Hubo una sentencia sobre la Ley del Suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo.
-Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada?
-En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de Taifas de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo.
-¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Dénia a la que no le gusta casar a homosexuales y que arremete contra los fiscales?
-Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objeción de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el Parlamento tiene que ser aplicada por los jueces (...).
-¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia?
-Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.
LEVANTE, Noviembre 06
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3347&pIdSeccion=19&pIdNoticia=248767&rand=1163911328033
*Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vicente Gimeno Sendra (Gandia, 1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado que más votos particulares ha presentado.
