La Junta recuerda a los municipios que no pueden legalizar viviendas

ELPAÍS/Andalucía* : La prescripción de la infracción por construir viviendas en suelo no urbanizable, que la ley fija en cuatro años, no implica que las construcciones puedan ser legalizadas, por lo que los Ayuntamientos no tienen autoridad para otorgarle licencias de primera ocupación. La consejería de Obras Públicas y Vivienda ha tenido que hacer este recordatorio a los Ayuntamientos tras comprobar que en los últimos meses un buen número de ellos han aprobado ordenanzas municipales sobre la asimilación de casas en situación de fuera de ordenación que exceden lo establecido por la La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y por el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), porque vienen a significar una legalización indiscriminada de las viviendas construidas en suelo no urbanizable.

Las leyes autonómicas estipulan que las viviendas en suelo no urbanizable cuando han transcurrido cuatro años de su construcción sin que haya existido ningún procedimiento disciplinario quedarán en situación de fuera de ordenación -no podrán ser asimiladas en el planeamiento-. "Su régimen asimilado no constituye un procedimiento de legalización de edificaciones en sentido estricto, sino un régimen de tolerancia". Solo podrían obtener licencia aquellas casas que se ajusten a lo que la LOUA permite en suelo no urbanizable, y es que estén vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

"No queremos que se creen expectativas a los propietarios de que se les va a legalizar sus viviendas, ni que hagan ningún gasto en permisos que no tienen ninguna base jurídica alguna y que podrían encontarse después con problemas legales", explica el director general de Urbanismo, Daniel Fernández.

Dada la enorme proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, que algunas organizaciones llegan a estimar en medio millón, la Junta prepara un decreto para la normalización de estas casas. La norma establecerá la posibilidad de que obtengan un permiso de pervivencia de efecto similar a la licencia de ocupación si cumplen una serie de requisitos y se dotan de los suministros e infraestructuras esenciales por cuenta de sus propietarios, sin causar nunca gastos a las arcas públicas.

El problema es que estas ordenanzas aprobadas por los Ayuntamientos sobre la asimilación del régimen de fuera de ordenación es la confusión que generan porque explícitamente no está recogida que se trate de una legalización, pero los propios municipios se han encargado de publicitarlas como la solución al problema de las viviendas ilegales.

Es el caso por ejemplo de las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Marchena el pasado octubre, que incluyen las ordenanzas fiscales para determinar la cuantía de los pagos por equivalencia, un concepto de compensación creado por la ley para los casos de viviendas ilegales sobre las que hay una resolución de reposición de la realidad física alterada cuando ésta resulte imposible de reestablecer, y que, advierte la Junta, no es aplicable para el caso de las viviendas en no urbanizable que han prescrito.

El Ayuntamiento de Lebrija hizo una consulta a la Junta sobre estas ordenanzas para aprobar unas similares en caso de que no hubiera impedimento. La consejería contestó que el texto de la ordenanza no conculca la ley porque no se desprende que se trate de un proceso de legalización, pero que "cuestión diferente es que de la lectura de las octavillas informativas pueda interpretarse que se va a producir una masiva legalización de edificaciones o transmitirse la expectativa de un indiscriminado otorgamiento de licencias de ocupación que no tienen sustento en la legislación".


* El País - 21.01.11
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas ilegales - sur.es

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La C. Valenciana es la que más carbono emite por la mayor urbanización

LEVANTE* : La Comunitat Valenciana lidera la balanza de carbono de las comunidades autónomas españolas. Según el informe "Sostenibilidad en España 2010", presentado esta semana en Madrid, la valenciana es la autonomía que más kilotoneladas de carbono al año emite a la atmósfera (casi 300) que los expertos achacan a los cambios en la ocupación del suelo experimentados entre 2000 y 2006. No obstante, en el balance neto de CO2, lo que se emite más lo que se absorbe, la Comunitat Valenciana desciende a la cuarta posición (25.000 kilotoneladas de Co2 al año) por detrás de Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. El informe "Sostenibilidad en España" se elabora desde 2005 por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), con sede en Madrid. Los datos de la balanza de carbono los elaboran técnicos del Observatorio a partir de los datos del Corine Land Cover (la base de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El caso valenciano se destaca "por encima de todas las demás" comunidades en el capítulo 15 dedicado al cambio climático del Informe de Sostenibilidad 2010. El caso de la Comunitat Valenciana destaca en la "balanza de carbono" que analiza la "variación de la cantidad de carbono acumulada en las comunidades autónomas a partir de los cambios de ocupación en el suelo entre 2000 y 2006 y el balance neto de CO2 (lo que se emite menos lo que se absorbe), calculado a partir de los datos del Inventario Forestal Nacional y de las emisiones de CO2". La Comunitat Valenciana destaca en esta balanza porque "tiene una elevada emisión de gases de efecto invernadero (GEI) debida a los cambios de ocupación del suelo muy superior al resto de comunidades". La siguiente comunidad que más carbono emite por nivel de ocupación del suelo es Andalucía pero apenas supera las 100 kilotoneladas de carbono al año, frente a las casi 300 de la Comunitat Valenciana.
Unas cifras que quedan avaladas cuando el Informe de la Sostenibilidad 2010 realiza un análisis por provincia de las mayores extensiones de superficie artificial. Entre las cuatro primeras, dos son valencianas. "Las provincias que que presentan mayor extensión de superficies artificiales en 2006 son Madrid (110.249 hectáreas), Barcelona (85.356 ha), Alicante (49.966 ha) y Valencia (46.350 ha)".
De Madrid y Barcelona, los técnicos del Observatorio recuerdan que "son las principales regiones metropolitanas del país, donde se concentran las actividades y donde la expansión urbana es históricamente continuada, aunque no está justificado por el aumento poblacional". Sobre las provincias de Alicante y Valencia, los autores del estudios destacan que el "proceso intenso de artificialización está relacionado con el hecho de que son focos atractores del turismo litoral (además de constituir también áreas urbanas importantes) y basar su modelo de desarrollo turístico en la vivienda vacacional, lo que ha fomentado una fuerte expansión inmobiliaria y de infraestructuras asociadas".
Parte de esta suelo artificial fue a costa del suelo agrícola ya que, según señala el Observatorio, cinco provincias españolas perdieron más de 4.500 ha de zonas agrícolas entre 2000 y 2006 y de nuevo dos son valencianas: Madrid (12.915 ha), Valencia (6.585 ha), Toledo (5.316 ha), Zaragoza (4.886 ha) y Alicante (4.771 ha).


* Levante - 20.01.11
Foto: Una urbanización en la Serra Calderona, con fuerte impacto en el paisaje y construida a costa de suelo forestal.- levante

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Cemento a la carga en la Val d'Aran

ELPAÍS/Lleida* : La Generalitat pretende levantar muchas de las restricciones a la construcción que fija el plan urbanístico del Val d'Aran, aprobado hace menos de un año por el Gobierno tripartito. En la primera reunión convocada por el Ejecutivo de CiU, la Comisión de Urbanismo de Cataluña modificó ayer la normativa para dar más autonomía a los Consistorios al planificar el crecimiento urbanístico. Los alcaldes de Vielha y Naut Aran, de Convergència Democràtica Aranesa, formación afín a CiU, han liderado el frente que exige una flexibilización de la ley para recuperar el control para acometer grandes operaciones urbanísticas en la capital y en el norte del valle, donde está ubicada la estación de esquí Baqueira Beret, participada por Catalana de Occidente, empresa que ha financiado a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya.

Según la Generalitat, la modificación se hace para interpretar preceptos del documento del anterior Gobierno que generaban dudas sobre las competencias municipales; según la Comisión de Urbanismo, los nueve municipios del valle estaban preocupados "por la vulneración del principio de autonomía y las competencias de los Ayuntamientos".

El Ejecutivo de CiU ha atendido todas las reclamaciones municipales. Las dudas que se pretende resolver afectan al parque del Garona, espacios de protección patrimonial, infraestructuras viarias, normativa de edificación, regulación del enclave de Era Bordeta como suelo urbano, y reconocimiento de asentamientos preexistentes, mantenimiento y preservación de las antiguas cabañas de pastor, entre otros.

La Dirección de Urbanismo redactará el nuevo documento con la participación de los Ayuntamientos araneses. Este proceso no requiere la suspensión temporal del plan vigente, que fijaba numerosas restricciones en algunas zonas para nuevas edificaciones respecto a la normativa de 1982.


* El País - 19.03.11
Foto: Vielha (Val d'Aran) - fotonostra

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El apocalipsis inmobiliario

CARLOS MÁRMOL* : Nada volverá a ser como antes. Probablemente, además, no amainará en mucho tiempo. El estallido de la burbuja inmobiliaria, sobre la que se sustentó durante algo más de un lustro parte de la expansión económica española, ha tenido un efecto similar a un movimiento telúrico en el mapa financiero. En buena medida es también la causa por la que, con independencia de la recesión internacional (que es asimétrica; unos países están mejor que otros), la espiral en la que se encuentra la economía nacional (paro, déficit, crisis global) vaya a durar mucho más que en otros territorios. La complejidad del problema no permite reducir el fenómeno a una única causa. Pero, a tenor de la opinión de los expertos, la singularidad de la crisis española se resume en una frase: el urbanismo, esa disciplina árida y técnica sobre la que reposaba uno de los pilares de nuestra economía, ha reventado. El resultado: un espectacular excedente de activos inmobiliarios (viviendas y suelo en diferentes fases) que es el símbolo del frenazo en seco de la industria del ladrillo. El itinerario que nos ha llevado de la opulencia (relativa) a una crisis con vocación de perdurar. Un lustro como mínimo.

Las cifras sobre el stock real de viviendas son un arcano. Su valoración (el factor con mayor impacto en las economías de particulares y empresas) también. No existen cifras fiables. Tan sólo aproximaciones y diagnósticos de empresas, sociedades de tasación y patronales -como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE)- que trabajan con estimaciones parciales. La verdadera cifra, como quedó de manifiesto en el cónclave nacional que los promotores celebrado en Sevilla el pasado noviembre, es un misterio. Peligroso, además. Los estudios trabajan con metodologías diferentes que hacen imposible comparar los datos.

El último informe estadístico sobre el mercado inmobiliario español de la consultora Acuña & Asociados, que trabaja desde hace treinta años para empresas del sector y entidades financieras, hace un diagnóstico global de la situación del sector del ladrillo que narra el paso de la cima a la sima en apenas tres años. Los analistas de esta consultora estudian la encrucijada por la que pasa este importante sector económico (esencial en el PIB) y concluyen que el desajuste producido en 2007, cuando la rueda del crédito frenó en seco el mercado, no es de índole coyuntural, sino un problema estructural.

Según sus datos, que coinciden con otros estudios, en España existe un stock de viviendas y suelo (urbanizado) de 1,5 millones de pisos. La demanda actual máxima se estima en 280.000 viviendas, lo que implica que hasta que esta bolsa residencial no se diluya (un proceso imposible debido a la crisis y a los altos niveles de paro) el horizonte del sector será gris. Casi negro.

En el caso de Andalucía, el cálculo de esta consultora cifra en 281.581 las viviendas sin vender, paradas o iniciadas sin terminar. Una cifra algo inferior a la que esta misma semana ha dado el economista Ricardo Vergés en una conferencia en la Fundación Fidas. Vergés, con una metodología diferente, habla de un stock global de 385.000 viviendas en Andalucía. Su informe ha sido publicado por el Observatorio Inmobiliario y de la Construcción.

Con independencia del número exacto (que fluctúa en función del método de cálculo) el descenso de las ventas ha generado una bolsa residencial imposible de digerir a medio plazo. Sin contar, obviamente, las inversiones en terrenos (calificados o con expectativas). La estimación de Acuña & Asociados es que España sufrirá al menos seis años de ajuste inmobiliario. Hasta 2015 como mínimo. Los motivos son evidentes: la demanda de vivienda está en regresión (como resultado del paro, el descenso de los ingresos familiares, el incremento del Euríbor, la incertidumbre económica) y el stock de pisos de las entidades financieras (en su mayoría procedentes de los promotores inmobiliarios) supone un factor nuevo de distorsión del mercado ordinario que hace prácticamente imposible anticipar cuando mejorarán las cosas.

El mercado residencial, por su propia naturaleza, está atomizado. No existen parámetros comunes. Normalmente los expertos trabajan con valores medios, aunque con la prevención de que, a efectos de oferta y demanda, no es lo mismo una ciudad que otra, un piso en el litoral o en un área metropolitana y una segunda residencia o una vivienda principal. También influye la ubicación, los equipamientos y una multitud de factores (analizados por los tasadores) que complican sobremanera las conclusiones de cualquier estudio.

Lo evidente, en todo caso, es que el valor (potencial) de estos activos inmobiliarios se está deteriorando. Al menos, dada la situación actual de mercado. Si con carácter global Acuña & Asociados estima que el ajuste no terminará hasta 2015, en determinadas zonas y enclaves periféricos la recesión durará todavía más. En algunos casos hasta siete años. Incluso más. Del panorama han desaparecido, a efectos de demanda, todo lo que no es vivienda finalista. Hablamos por tanto de las residencias familiares ordinarias (nuevas y usadas) y de las viviendas que compran los extranjeros. Ambos capítulos suman el 70% de la demanda.

Nadie invierte ya en vivienda para obtener un rendimiento inmediato, como ocurría en los años del boom del ladrillo. La paradoja es que, existiendo necesidad residencial, las circunstancias económicas y financieras impiden la adquisición de los pisos.

La distancia entre oferta (el citado 1,5 millón de viviendas) y la demanda (280.000 pisos) es tal que, a juicio de estos expertos, la depreciación inmobiliaria es inevitable. ¿Cuánto bajarán los pisos? ¿Significa esto que serán más baratos? No es fácil responder a ambas cuestiones. Sobre el descenso del precio medio (una convención estadística, porque cada piso es diferente en términos de mercado) la consultora madrileña augura un retroceso que oscilaría entre un 20 y un 30% en un lustro. Las proyecciones a más largo plazo se antojan inciertas, pero en función de cómo vaya la economía estos ratios pueden aumentar. Depende de las zonas y del estado de ejecución de los proyectos.

En el caso del suelo el panorama aún es más inestable: hay inversiones en terrenos (sobre todo si no están legalmente calificados para edificar) que se dan por perdidas. El stock en suelo duplica al de la vivienda. Y eso sin entrar en la actualización de estos activos en los balances empresariales, todavía por hacer y sujeta a la nueva ley estatal del suelo y valoraciones, que permitía una moratoria en su aplicación pero manteniendo el principio de eliminar el valor de expectativa de los años dorados.

El descenso de precios no implica siempre más accesibilidad a la vivienda. Dependerá del papel de los bancos, convertidos en las nuevas inmobiliarias (se estima que tienen casi 200.000 pisos) y de elementos como el tratamiento fiscal (inexistente ya para rentas medias), el IVA o la normativa de provisiones bancarias. España tiene los hogares más endeudados de Europa.

El impacto empresarial es otro relato. Sin incluir las hipotecas particulares, la deuda global del ladrillo con los bancos sumaba 450.000 millones en 2006. El 20% de esta cifra correspondería a Andalucía. La facturación ahora es de 43.000 millones, lo que significa casi una década de sacrificios para devolver el dinero prestado. La carga financiera ha pasado de comerse el 28% de las ventas (en 2006) a fagocitar el 60% de las transacciones. Resultado: el 40% de las empresas del sector están en quiebra técnica y un 20% más con serios problemas. Sólo un 40% de las empresas sobrevivirán al actual apocalipsis inmobiliario. Nada volverá a ser como antes.


* Málaga Hoy - Opinión - 13.03.11
Foto: Bloques viviendas construcción - google

 

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Medio centenar de personas impiden que Banesto desahucie a una familia con 6 hijos en Molina

VEGAMEDIA/Murcia* : Medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia, han impedido esta mañana que la entidad bancaria Banesto desahuciara a una familia con seis hijos, de una vivienda ubicada en la calle Peñón de Gibraltar de Molina de Segura. El piquete ciudadano se había instalado media hora antes de la hora prevista para el desahucio, las 11 de la mañana, con la determinación de evitarlo. Finalmente, los funcionarios del juzgado de Molina, a pesar de que iban a acompañados por media docena de agentes de la Policía Nacional, desistieron. Ahora, la familia tiene al menos tres meses de tregua hasta que reciban una nueva orden de desahucio, “aunque para esa vez vendrán con un amplio despliegue policial para ejecutarlo”, dijeron a VMPress fuentes de la plataforma.

Quince minutos después, el piquete ciudadano se dirigió a ocupar la sucursal de Banesto ubicada en la plaza del Casino de Molina, irrumpiendo por sorpresa y gritando consignas contra los banqueros.

El intento de un vigilante de seguridad de la sucursal de retener, o "detener" al portavoz de la plataforma, José Coy, terminó en un enfrentamiento entre el guardia y manifestantes indignados, produciéndose algunos empujones e insultos. Cinco minutos después de haber desalojado el banco voluntariamente, dos unidades de la policía nacional llegaban a la entidad, alertados por los empleados.

En la comarca de la Vega Media hay previstos cerca de 200 desahucios para 2011, 9.000 en toda la Región de Murcia.

José Coy explicó a VMPress que la familia “pierde la casa, pero también una condena de por vida. Hemos planteado la dación en pago al banco. Pero es una vergüenza que en esta tierra haya 400.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Los bancos tienen más de un 25% de beneficios, y los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres”.

Coy pide que “la gente se rebele, porque está naciendo un movimiento muy fuerte en el país. Hay que perder la vergüenza. Las entidades bancarias saben que hay deudas incobrables pero no ponen voluntad de resolver los problemas. La gente tiene derecho a empezar de nuevo. Hay una gran insensibilidad de los gobiernos de la nación y de la Región”.

El candidato de IU a la alcaldía de Molina, Antonio López Vidal, criticó que “los bancos no entienden de humanidad ni de dignidad humana. Lucharemos por esta y otras familias para que no vayan a la calle”.

Asimismo, entre los vecinos se encontraba Teresa Rodríguez, que será desahuciada de su casa de Las Torres de Cotillas el 24 de marzo, por la CAM. A pesar de que fue la misma caja la que propuso la dación en pago, ahora pretenden embargar y además reclamar una deuda de intereses de 90.000 euros: “Yo firmé el contrato de alquiler, con la cuota, y la dación en pago. Me dieron ilusiones y esperanzas en la CAM y me han engañado. Si me echan de mi casa, todavía me quedo con una deuda millonaria que se han inventado”.



* Vega Media Press - 18.03.11
Foto: Molina de Segura (Murcia), contra desahucio - vegamedia

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Castilla y León da luz verde a un macrovertedero en Tierra de Campos

DIAGONAL* : Castilla León aprueba por ley un vertedero que incluye también una incineradora para la quema de distintos residuos peligrosos. Las organizaciones ecologistas y sociales se oponen. Los vecinos de la comarca de Tierra de Campos en Palencia ven peligrar su entorno. El pasado 14 de febrero la Junta de Castilla y León dio el visto bueno al estudio de impacto ambiental del macrovertedero que se situará en el municipio palentino de Ampudia y que también albergará una incineradora. La Junta de Castilla y León aprobó en 2010 por ley el vertedero como un Proyecto Regional de interés, lo que permite que éste salga adelante sin que las sentencias judiciales de posibles recursos puedan pararlo. Esta artimaña legal blinda el proyecto, como ya pasó con los macrovertederos de Santovenia, Valladolid y Freno del Río en Zamora que gestiona la constructora ACS.

El macrovertedero de Tierra de Campos ha sido adjudicado a la empresa Complejo Medioambiental Tierra de Campos S.L., creada ex profeso por Befesa, filial de la constructora Abengoa y una de las principales empresas de gestión de residuos tanto en el Estado español como en la UE, lo que hace que la zona se convierta en el destino de residuos de todo el país, pese a la ausencia de industrias importantes en el entorno.

El proyecto, denominado Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos, consta de una superficie de 18 hectáreas y una capacidad de tres millones de toneladas, y contará con una planta de estabilización, tratamiento de lodos y evaporación de lixiviados, así como un horno incinerador de residuos industriales en masa, bautizado como Planta de Valoración Energética, algo que Ecologistas en Acción de Palencia ha calificado como una “completa novedad” en Castilla y León, “no contemplada en el Plan de Residuos Industriales de la comunidad”.

Se prevé que acoja 190.000 toneladas de residuos anuales, de los que solamente el 10% podrán ser reciclados, 76.000 de ellos en la citada incineradora. Ecologistas en Acción denuncia que “la mayor parte de los residuos que se pretenden quemar serán lodos industriales, que previamente habrá que desecar, lo que invalida la justificación de que quemándolos se pretende producir energía”.

Además, esta organización apunta que también “se quemarán rechazos de papel y plástico de todo tipo, incluyendo plásticos clorados como PVC, lo que garantiza la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de hasta 2,3 toneladas al año de metales pesados cuyo alcance el propio proyecto se fija en 25 km”, lo que supone afectar a localidades importantes, incluida la capital palentina.

Para luchar contra este macrovertedero se ha constituido la Plataforma Meseta Limpia, integrada por varios ayuntamientos de la comarca, organizaciones ecologistas, sindicatos agrarios y ganaderos, cooperativas agroalimentarias y empresas turísticas de la zona.

MÁS DE 600 ALEGACIONES

La Plataforma contra el vertedero de Tierra de Campos ha presentado 600 alegaciones, entre las que destacan que no existe un estudio sobre el volumen y características de los residuos que se generan y el tratamiento que precisan, lo que vulnera la Ley de Residuos y la Directiva 2006/12/CE, que obliga a establecer una jerarquía que prioriza la prevención de residuos, y, si no fuera posible, su preparación para la reutilización, reciclado y en última instancia otro tipo de valorización y eliminación.

También afirman que con la incineración se crea un problema mayor que el que se pretende resolver incluso si se hace caso a la calificación dada por la Junta de residuos “no peligrosos” que la empresa aplica a éstos, ya que las dioxinas sí están consideradas como residuo extremadamente tóxico.

Las alegaciones al proyecto ponen de manifiesto que en las inmediaciones se encuentra la Nava de Pedraza, una de las zonas húmedas más importantes del Estado español, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) incluida en el Espacio Natural de La Nava Campos de Palencia. Según las organizaciones en contra del proyecto, éste también supondrá empobrecer la comarca “ya que perjudica al turismo rural y natural y el establecimiento de industrias limpias o de carácter agroalimentario, inutilizando los grandes esfuerzos a favor de un desarrollo sostenible realizados en los últimos años”.

El sindicato agrario COAG señala que una planta de este tipo no puede situarse en una zona agrícola sino junto a las empresas que producen los residuos.

Además, los alcaldes de la zona han tachado de demagogo al representante de la empresa promotora, Alfredo Velasco, y le acusan de ocultar del proyecto de adjudicación y de no cumplir las condiciones para licitar el proyecto.

Las organizaciones ecologistas criticaron que el periodo de alegaciones fuese sólo de 10 días y en fechas festivas (en Navidad de 2010). Tras la declaración favorable del estudio de impacto ambiental, la Plataforma contra el macrovertedero anuncia que continuará con las movilizaciones.

CUATRO INCINERADORAS EN 125 KM.

de la Planta de Residuos Industriales de Ampudia, que contempla una incineradora de 76.000 Tonelada/año, Palencia albergará la mayor concentración de incineradoras de residuos del mundo en el mínimo espacio, ya que la provincia ha autorizado ya cuatro incineradoras, de las que actualmente funcionan dos.

Palencia va a contar con cuatro incineradoras en 125 kilómetros de distancia, tres en 55 kilómetros aproximadamente y dos separadas por una distancia de 30 kilómetros.



* Diagonal - F. Pastor - 18.03.11
Foto: Palencia, protesta macrovertedero - diagonal

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El Gordo.- La ecologista gana y se va del pueblo

ELPAÍS/Cáceres* : Lo que para muchos es un sueño a punto de hacerse realidad: disfrutar del macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, para Paca Blanco, coordinadora de Ecologistas en Acción en la comarca de Campo Arañuelo, es un infierno. Hace cinco años que sufre acoso y agresiones por haber denunciado la ilegalidad del complejo, construido en un paraje protegido, que pertenece a la red natura 2000, y que ha sido declarado por la UE como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Muchos de los vecinos de El Gordo, municipio en el que se levanta el complejo, ven en las denuncias de Blanco una amenaza a los intereses económicos del pueblo, de 300 habitantes. Marina Isla de Valdecañas se encuentra a 160 kilómetros de Madrid, de donde procederán muchos de sus clientes, algunos de ellos, según Blanco, famosos del papel cuché, y contará con dos hoteles de 4 y 5 estrellas; casi 200 villas de lujo; un campo de golf y un puerto deportivo. El entorno de esta urbanización también es de lujo, está ubicada en una isla del Embalse de Valdecañas, enmarcada a por las Sierras de Gredos y de Las Villuercas.

Ecologistas en Acción lleva peleando en los tribunales desde 2007, cuando la Junta de Extremadura, entonces presidida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aprobó un decreto para poder construir en la Isla de Valdecañas, como Proyecto de Interés Regional (PIR). Ahora el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los ecologistas por considerar que la urbanización no cuenta con las condiciones necesarias para ser un PIR, y por lo tanto ordena su derribo. La Junta recurrirá al Supremo.

El miércoles, día en que se conoció la sentencia, Blanco puso un fax a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres pidiendo protección. Tenía miedo de que las agresiones que, presuntamente, viene sufriendo estos últimos cinco años pudieran acabar con una desgracia. Relata con aplomo que han tirado a su vivienda cócteles molotov. "Uno de ellos estuvo a punto de impactar contra una bombona de butano", cuenta. Le han roto varias veces los cristales de sus ventanas, han lanzado contra su casa huevos, incendiado su buzón y provocado daños en su coche por valor de más de 2.000 euros. Asegura que con ella no van a poder, pero también reconoce que no quiere poner en peligro a su familia y, en concreto, a su nieto de seis años que vive con ella. Así, ha puesto su casa en venta, quiere irse del pueblo.

"Agredirme y acosarme se ha convertido aquí en el deporte nacional. Hace cinco años lo hacía un grupo de menores, ahora han tomado el relevo otros. Lo hacen por lo que oyen en sus casas", dice. Los jóvenes a quienes ha denunciado solo se han disculpado por el incidente del buzón, el único del que existen pruebas. Lo han hecho a petición del alcalde, que no quiso hacer declaraciones a este periódico.

Blanco, de 62 años y 20 como ecologista, está acostumbrada a vivir con miedo. "Una vez en Navalmoral de la Mata (a 25 km de la Central Nuclear de Almaraz) me quemaron el coche por llevar una pegatina contra las centrales nucleares", relata.

Que no despierta simpatías en el pueblo es algo palpable. El propietario del Bar Las Cigüeñas, Teodoro Gutiérrez, lo confirmaba. "Esa mujer está empeñada en que por allí pasan aves, y por allí no pasa nada. Ha puesto el grito en el cielo, quizás demasiado alto, y en esas condiciones no puede tener a nadie del pueblo de su lado; el complejo beneficia a los bares, las tiendas y da trabajo". Gutiérrez sabe que se ha construido en zona protegida. "No pasa nada, no hace ningún daño", dice.A pesar de los sustos y sinsabores, Blanco está satisfecha con el fallo de los tribunales. Sabe que no se va a derribar el macrocomplejo pero espera que se condene a los implicados en la iniciativa, por la que se recalificó 1,3 millones de metros cuadrados no urbanizables de especial protección.

Ecologistas en Acción ha redactado un manifiesto de apoyo a Blanco, al que se están adhiriendo colectivos conservacionistas, intelectuales y artistas como la escritora Rosa Regás, el actor Alberto San Juan, el periodista y escritor, Isacc Rosa o los directores de Greenpeace y WWF-España, Mario Rodríguez y Juan Carlos del Olmo.



* El País - Reportaje - 19.03.11
Foto: Paca Blanco, ante el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en El Gordo (Cáceres).- elpais

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Barcelona.- Imputado el extesorero de CDC por comisiones ilegales en el 'caso Palau'

ELPAÍS* : El caso Palau le ha estallado de nuevo en la cara a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y esta vez como partido de Gobierno. El juez que investiga el desfalco de la entidad musical catalana imputó ayer al extesorero del partido nacionalista Daniel Osàcar por el presunto pago de comisiones irregulares que Convergència recibía a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas al grupo Ferrovial. La decisión judicial ha puesto en jaque a Convergència y ha desatado una tormenta política. Además de a Osàcar, el juez ha citado a declarar como imputados al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura; a dos responsables de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Álvaro Palao; a los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, y a la hija de este, la exadministradora Gemma Montull. Las imputaciones forman parte de una pieza separada del caso Palau, por el que se investiga el desfalco de unos 35 millones del Palau de la Música.

Según el auto judicial, el objetivo de la investigación es conocer "el destino real de las donaciones realizadas por Ferrovial al Palau de la Música" entre 2001 y 2008. El juez considera que hay indicios para pensar que las aportaciones eran, en realidad, "contraprestaciones" en las que los responsables del Palau actuaban como intermediarios en la adjudicación de obra pública a la constructora.

Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria señalan que las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones de CDC suman 2,33 millones. En esos informes aparecen cifras ligadas a un tal "Daniel", que presuntamente sería Daniel Osàcar. El auto cita como ejemplo un documento de 2008 en el que se indica que "Daniel" recibió 675.855 euros. Ese dinero iba a parar, supuestamente, a CDC y a entidades afines, como la Fundación Ramon Trias Fargas.

En ese entramado, Millet desplegaba "una amplia actividad en dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas". En el ordenador de su lugarteniente, Jordi Montull, apareció información sobre la adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Buenaventura era la "persona de contacto" de Millet en la constructora. El saqueador confeso del Palau le envió cartas comprometedoras. En una de ellas, de mayo de 2002, le informó de la adjudicación de un pabellón deportivo en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Lo hizo antes de que finalizasen los trámites y precisaba, incluso, el monto exacto de la operación. La carta termina así: "Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible".En otro escrito de la misma fecha, aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de la adjudicación del pabellón. Ese mismo porcentaje figura también en las obras de la Ciudad de la Justicia y en la adjudicación de las obras de la línea 9 del metro. El juez, Miguel Ángel Tabarés, ha pedido abundante documentación -en algunos casos, con una "cronología detallada" de las resoluciones administrativas- de estas tres obras para averiguar si hubo irregularidades.

Tabarés ha resuelto en apenas tres días las peticiones de la fiscalía de imputar a diversas personas por el cobro de comisiones, celeridad que contrasta con la lentitud de su antecesor en la investigación, Juli Solaz. El nuevo juez del caso Palau ofrece al Orfeó Català y a la Fundación del Palau de la Música que se personen en la causa "en calidad de perjudicados" por el desvío económico.

La fiscalía también había solicitado la imputación de los responsables de las empresas Altaforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic, que facturaron, supuestamente, casi dos millones al Palau por trabajos que, según los gestores de la entidad musical, nunca se realizaron. El juez considera que, por ahora, no es necesario. Sí ha atendido, en cambio, la petición de que acudan a declarar como testigos diversas secretarias de Millet y Montull, así como la ex directora general del Palau, Rosa Garicano.

La oposición en bloque exigió ayer explicaciones al líder de Convergència y presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien optó por permanecer en silencio. En su lugar, el portavoz de CiU en el Parlamento, Oriol Pujol, salió en defensa de Osàcar, que fue administrador del partido hasta el pasado noviembre. La salida de Osàcar fue disimulada entonces con la marcha el mismo día de otro peso pesado de Convergència, David Madí, que fue secretario de comunicación del partido.

En las filas de Convergència había temor porque lo ocurrido ayer podía pasar en cualquier momento. Sin embargo, la decisión del juez coge al partido en un momento delicado: necesitado de apoyos parlamentarios para aprobar los grandes recortes y a las puertas de la campaña electoral para las elecciones municipales.

La oposición, comenzando por el PSC, mantiene que más preocupado debe de estar el Gobierno. Ni el Partido Popular, que busca acercarse a CiU desde hace semanas, dejó pasar la imputación del extesorero de Convergència: el diputado Pere Calbó dijo que Mas debe dar explicaciones "de forma inmediata". En las filas de la izquierda vieron la decisión del juez como la justificación de la larga comisión de investigación parlamentaria en la que CiU siempre eximió a Osàcar de cualquier vinculación con el caso Palau. "Ahora es el juez el que cree que el Daniel de las libretas es Daniel Osàcar", dijo la diputada ecosocialista Dolors Camats. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, apuntó directamente al presidente de la Generalitat: "Ni Artur Mas ni Convergència pueden seguir escondiéndose tras esta imputación".
Una resolución judicial contundente

- Las donaciones de Ferrovial. "Parece deducirse que, en realidad, se trataba de contraprestaciones de esa empresa [Ferrovial] por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ellas. Y ello sin perjuicio de que los intermediarios también pudieran obtener algún beneficio".

- El rol de Millet. "Su posición no ha sido la de un simple mediador pasivo que cobra las cantidades (...). Reclama la adjudicación de obras y apremia a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas".

- Las cartas a Buenaventura. "Fèlix Millet dirige varios requerimientos a Pedro Buenaventura para que cumpla con los compromisos económicos de Ferrovial, manifestándole en algún caso de manera críptica que 'es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes".

- Los pagos de Daniel. "La mención a esa fundación [Ramon Trias Fargas] aparece precisamente en la columna de Daniel. Estas circunstancias conducen a pensar, tal como se hace en el informe, que el tal Daniel sea Daniel Osàcar". "Los pagos que realizaba Ferrovial al Palau estaban vinculados, en todo o en parte, a la Fundación Trias Fargas".



* El País - 18.03.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Un juez impulsa el derribo de 25 casas ilegales en zonas inundables del Guadalhorce

SUR/Málaga* : Un juzgado de Málaga ha instado al Ayuntamiento de Cártama a que proceda a la demolición de una vivienda situada en suelo no urbanizable de especial protección e inundable, una orden judicial que podría abrir la puerta al derribo de otras 24 casas más situadas en la misma zona y sobre las que pesa una sentencia de restablecimiento de la legalidad urbanística desde el año 2008. El caso, que surge en pleno debate sobre la amnistía urbanística a la que aspiran cerca de 50.000 viviendas en toda la provincia, viene a poner de manifiesto la dificultad que tendrán muchos propietarios de construcciones en suelo rústico para acogerse al decreto de regularización que prepara la Junta de Andalucía. Los últimos llamamientos en este sentido por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y la movilización ciudadana impulsada por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) no han hecho detenerse a la maquinaria judicial, que sigue avanzando con paso lento pero firme en aquellos casos sobre los que ya pesa una sentencia.

«Se ha recibido escrito del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga en el que se reitera la exigencia al Ayuntamiento de la demolición de esta construcción, y, en el caso de no realizarla en el plazo de un mes, se podrá considerar delito de desobediencia», apuntó el concejal de Urbanismo de Cártama, Jorge Gallardo. En el Consistorio se temen ahora que a este requerimiento puedan seguir otros similares por viviendas situadas en la misma zona, la de la Dehesa Baja, ya que, según explicó el propio Gallardo, esta casa es una de las 25 que se vieron afectadas por una sentencia de 2008 a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía en 2005 por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Aviso al Consistorio
«El juzgado lleva tiempo solicitándonos informes sobre el estado de algunas de estas viviendas y sobre si se han ejecutado o no los derribos», subrayó el edil de Urbanismo, quien agregó que en el último oficio por primera vez se apercibe al Ayuntamiento de que incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad si no procede a la ejecución subsidiaria de la demolición.
No es la primera vez que un juez obliga a derribar una casa en el campo en Cártama, municipio donde se contabilizan entre 3.000 y 3.500 expedientes abiertos por construcciones irregulares en suelo no urbanizable. El último caso tuvo lugar hace ahora dos años, cuando el Consistorio recibió un requerimiento para demoler un inmueble en la Dehesa Alta, no muy lejos de la zona afectada por esta última orden judicial. En aquella ocasión, finalmente fueron los propietarios los que procedieron a la demolición simplemente por razones económicas (cuando los ayuntamientos se encargan de los trabajos, luego pasan la factura a los dueños).
Después de la Axarquía, el Valle del Guadalhorce es una de las comarcas con más edificaciones irregulares en Málaga. Aunque no existen un censo exacto, se habla de hasta unas 15.000 entre todos los municipios, siendo Cártama el que presenta más casos, muchos de ellos en terrenos inundables, como sucede en la Dehesa Baja. Uno de los residentes en esa zona indicó ayer a este periódico que se encuentran «completamente desmoralizados» por la situación, ya que llevan años luchando y pagando sus impuestos al Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo señaló que habían mantenido varias reuniones con los afectados pero que el gobierno municipal no podía hacer nada porque se trata de viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de demolición.


* Sur - 18.03.11
Foto: Imagen de una demolición ejecutada por el Ayuntamiento de Cártama en 2005 - sur

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Gallardón y la M-30: ¿el tribunal le da la razón?

Estupefacta. Así se declara la organización ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* al oír las palabras del Alcalde afirmando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “le da la razón al Ayuntamiento” y que “ya ha cumplido el mandato que emana de la sentencia del TSJM”. Nada más falso. En lugar de asumir responsabilidades políticas y pedir disculpas, el Alcalde intenta confundir a la opinión pública. Como es sabido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha refrendado y confirmado la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº22, de 16 de octubre de 2008, en la que el juez acogía “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento de la M-30 junto al cauce del Manzanares. Pues bien, repasando esta sentencia que refrenda ahora el TSJM, Ecologistas en Acción le quiere preguntar al Alcalde de Madrid: ¿en qué medida le da la razón?

Efectivamente, si nos fijamos en la sentencia, en su página 33 se afirma que (los destacados en cursiva son nuestros): “La conducta de la administración que ahora se pretende hacer valer, extemporánea e improcedentemente, para que se desestime el recurso; esa conducta consistente en atender una carta de emplazamiento de la Comisión Europea y elaborar un “planning” de actuación para elaborar los preceptivos informes de impacto ambiental que había omitido durante la tramitación administrativa del expediente, no puede llevar a la conclusión de que la administración ha cumplido con sus obligaciones […] Tal conducta no supone otra cosa que el palmario reconocimiento de lo que los demandantes [Ecologistas en Acción] vienen sosteniendo en este proceso”.

O más adelante, en la misma página, en el inicio del punto séptimo, cuando la sentencia afirma que “la elaboración posterior de estudios de impacto ambiental no puede amparar la ilegalidad inicial de los actos, ni puede servir para subsanar las consecuencias de la omisión de este vicio trascendente”.

Así que Ecologistas en Acción se pregunta ¿en qué le da, pues, la razón esta sentencia al Ayuntamiento? ¿Dónde está la decencia política de Gallardón, al presentar un varapalo jurídico como un éxito de su gestión? ¿Toma a los ciudadanos por estúpidos? ¿Dónde están las explicaciones y disculpas que le debe a la ciudadanía, y más después de que la obra haya arruinado durante décadas a las arcas municipales? ¿O es que lo que piensa es que la política de los hechos consumados junto con la lentitud de la justicia puede hacer mutar una actuación ilegal en un éxito político?



* Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid - 18.03.11
Foto: Madrid, túneles M30 - terra

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Brasil.- Curitiba, el pulmón del continente

7DÍAS* : Dicen que Brasil es el pulmón del mundo, pero Curitiba es el pulmón de Brasil. Además de sus hermosos paisajes y sus atractivos turísticos, la ciudad del estado de Paraná es la más verde de América latina y se convirtió en un ejemplo mundial de soluciones de urbanismo, educación y medio ambiente. Lleva ese estandarte por sobre el resto de las ciudades del continente. En los últimos días de noviembre de 2010 se presentó en la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes la investigación realizada por un grupo de expertos reunidos por "The Economist", llamados Economist Intelligence Unit. El objetivo del trabajo presentado fue determinar el ranking de sustentabilidad de 17 concentraciones urbanas latinoamericanas. Los indicadores evaluados fueron: eficiencia energía y emisiones de dióxido de carbono, la sustentabilidad en cuestiones del uso del suelo y edificios, transportes, desechos, la situación de las aguas residuales, saneamiento, calidad del aire y políticas ambientales. Curitiba quedó en el primer lugar y fue la única en estar en la categoría de "Muy por encima del promedio".

Desde hace mucho tiempo es pionera en la región en sustentabilidad. Allí nació, por ejemplo, el sistema de colectivos rápidos que se tomó de modelo para el resto del continente. Otra de sus creativas ideas fue la implementación de la primera gran avenida peatonal de Brasil. Como ejemplo de su preocupación por implementar políticas que cuiden el planeta, desde 2009, la autoridad medioambiental ha monitoreado de forma permanente el promedio de absorción de CO2 en las áreas verdes y ha evaluado las emisiones totales de este gas. Otra de las acciones del gobierno es tratar de reubicar a las personas que habitan en asentamientos informales y darles viviendas de bajo costo con buenas condiciones de saneamiento.

La razón por la cual esta ciudad logró este desempeño en la investigación "Índice de ciudades verdes de América latina" es por que ha aplicado durante mucho tiempo un enfoque global con el medio ambiente. En los ’70, la población tuvo un crecimiento veloz y obligó a aplicar estrategias para el plan urbano. Además de un sistema eficiente de transporte público, pensaron en términos de creación de áreas verdes, reciclaje de desechos y medidas de saneamiento.

TE QUIERO VERDE. Curitiba está conformada por 30 parques y bosques creados con la infraestructura pertinente para el esparcimiento y la práctica de deportes. Culturalmente, es una ciudad ecléctica y muy influenciada por los inmigrantes italianos, alemanes, polacos y ucranianos. Tienen muchos atractivos turísticos y sus espacios verdes son los protagonistas del paisaje.

Uno de los paseos para no perderse es el Jardín Botánico, que fue creado al estilo de los jardines franceses, con campos de flores, un vivero de estructura metálica, un museo con investigaciones de todo el mundo, una biblioteca y un auditorio. El Bosque Alemão es otro atractivo que muestra las tradiciones alemanas, en un perímetro de 38 mil metros cuadrados de flora nativa. El Parque Barigüi tiene 1,4 millones de metros cuadrados, que son los más frecuentados de la ciudad, tanto por turistas como por brasileños. Preás, socós, garzas blancas, zorrinos, tico-ticos, sabiás y decenas de otros animales de la región hacen del Barigüi su hogar. Además, cuenta con parrillas, quioscos, pistas de ciclismo y aeromodelismo, canchas polideportivas, equipos para gimnasia, estacionamiento, restaurante, parque de diversiones, Museo del Automóvil, Feria de Exposiciones y Centro de Convenciones, Estación Maria Fumaça y la sede de la Secretaría Municipal del Medio Ambiente. Un plan completo para pasar una jornada al aire libre.

Otro de los espacios verdes importantes de Curitiba es el Parque da Barreirinha, considerado el más bello por la gran variedad de especies vegetales que lo habitan. Suelen dictarse clases de botánica y ahí está el huerto municipal. Para el resto de los 30 parques, cada uno tiene su atractivo, ya sea desde lo cultural por referirse a una nacionalidad o etnia o porque tienen algo que ver con la educación (hasta las universidades se crearon en torno a espacios verdes). Los cementerios también están parquizados.

La falta de playas y mar, para Curitiba no son una falencia, ya que logra suplir esto con sus otros encantos, que tientan a cualquier amante de la naturaleza y de la ecología. Porque vale la pena dar una vuelta para ver a "la ciudad más verde de América latina".



* 7Días - El Argentino - Melisa Miranda Castro - 12.03.11
Foto: Más de 30 parques y bosques, junto a políticas medioambientales, sociales y culturales convierten a la ciudad brasileña en la urbe más sustentable de América latina.- 7días

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La rebelión de los ´Pringaos´

DAMIÁN CANEDA* : L­a crisis, con su crudeza y duración, va perfilando de forma nítida y clara los distintos sectores en los que habitualmente se divide la población laboral y la diferencia con la que cada grupo transita por las dificultades. Ricos, funcionarios, trabajadores de empresas públicas, de grandes empresas, pequeños empresarios y sus trabajadores, autónomos… Cada grupo experimenta la crisis de distinta manera. A unos no les afecta nada, a otros un poco y a otros muchísimo. Estos últimos son los «pringaos», básicamente, constituido por las pymes con sus trabajadores y los autónomos. La diferencia es notable. En una coyuntura normal este grupo es el que más trabaja, con la crisis las jornadas se alargan por las dificultades, obteniendo menos ingresos y con la incertidumbre siempre de si sobrevivirá la empresa. Por el contrario, si eres trabajador de una empresa pública que ha disminuido su volumen de trabajo, simplemente, tienes más tiempo de ocio. Las pérdidas serán cubiertas subiendo impuestos a los «pringaos». Igual que si hay que ayudar a una multinacional a pagar generosas indemnizaciones o prejubilaciones. Es la ruleta de la vida. Caso especial son las empresas públicas por excelencia: los ayuntamientos.

Vemos noticias, cada vez con más frecuencia, de la imposibilidad de pagar las nóminas y del retraso en el cumplimiento con proveedores. Curiosamente la reflexión no es cuestionarse si han contratado personal innecesario o, en el mejor de los casos, necesario en su día pero no ya hoy, como claramente pasa en todas las gerencias de urbanismo, ni tampoco plantearse si se ha despilfarrado en viajes y obras innecesarias, no.

La conclusión es que necesitan más financiación. Es decir, más impuestos a los referidos «pringaos» para pagar la brillante gestión y el ocio de muchos empleados de los ayuntamientos de Barbate, Los Barrios, Vejer, Mondoñedo, Viveiro… por citar los que más salen en prensa por sus reclamaciones de ayuda, pero que es válido para cientos, miles de ayuntamientos que se acercan a la quiebra técnica. Eso si, sin preguntarse cómo es posible que un policía local gane más y trabaje menos que un policía nacional o un guardia civil. Ni por supuesto plantearse un plan de saneamiento riguroso y realista que pase por frenar el déficit, adecuando gastos y plantillas como cualquier empresa.
No, la solución es más multas e impuestos al susodicho grupo de sufridores para que graciosamente mantengan miles de televisiones públicas, municipales y autonómicas de muy dudosa utilidad.

¿Qué pueden hacer los «pringaos», chantajear a la sociedad como los controladores, los trabajadores de Aena, los del metro de Madrid o recurrir a piquetes violentos como los de los liberados sindicales? Obviamente no, están ocupados trabajando para subsistir y, por conciencia social, saben que tienen que mantener a 5 millones de parados, 9 millones de pensionistas, 3 de funcionarios y otros cuantos millones de estudiantes a los que les gusta el status y repiten curso una y otra vez.

La respuesta está siendo una rebelión silenciosa que ha detectado el cuerpo de inspectores de Hacienda, el incremento de la economía sumergida.

Hartos de legislaciones absurdas, empezando por la laboral, inspecciones constantes, impuestos confiscatorios, seguridad social abusiva, generosas subvenciones a sindicatos y partidos..., hay «pringaos» que se sumergen y escapan al control del Estado. Ya alcanza el 23% de la riqueza nacional, es decir, casi 1 de cada 4 euros que se producen es en negro.

La construcción, la hostelería, el turismo, el transporte de mercancías y de pasajeros, la agricultura… Por todos los sectores se extiende, el problema es que lo que no pagan estos sumergidos lo tienen que pagar de más los «pringaos» de superficie.


* La Opinión Málaga - Opinión - 19.03.11

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Córdoba.- El Tribunal Supremo anula el plan especial del centro de transportes

ELDÍA* : El Alto Tribunal obliga a Urbanismo y a la Junta a volverlo a tramitar por no contener una programación detallada en materia económica. Una sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad el plan especial tramitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para permitir la construcción del parque logístico de Córdoba, una iniciativa que ya es propiedad de la Junta tras la venta de las acciones de Procórdoba y que se ha integrado en una mercantil autonómica, Red Logística de Andalucía. La sentencia contraviene lo dispuesto en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que consideró en su día que el plan especial, aprobado en 2005, había tenido una tramitación totalmente correcta.

El fallo es fruto de un pleito entablado por unos titulares que se consideraban agraviados por la valoración de los terrenos expropiados por el Ayuntamiento. En contraprestación, iniciaron una batalla legal que no le ha servido, de momento, para que se le reconozcan las cantidades que se reclamaban, tan altas que una sentencia condenatoria hubiera supuesto para el Consistorio un problema de suma gravedad.

Los propietarios, que recurrieron a los tribunales cada uno de los pasos dados en este sentido, han conseguido una satisfacción anulando el proceso de aprobación del plan especial. Los efectos dependen, fundamentalmente, de lo que se tarde en enmendar la situación y de los planes que existan para el centro logístico. En estos momentos, Urbanismo y la Junta están hablando sobre la aplicación de la sentencia, dijo ayer el delegado de Obras Públicas de la Junta, Francisco García, pero no parece probable que se puedan autorizar licencias o permisos de ningún tipo ni para la construcción de nuevas instalaciones ni para el desarrollo de nuevas fases. El Gobierno andaluz metió en sus presupuestos para 2011 toda la ampliación del complejo que van unidas a la mejora de la terminal de mercancías de El Higuerón por el sistema público privado. Red Logística de Andalucía dispone además de una oferta continuada de suelo y espacio en la nave multimarca para la captación de empresas. Francisco García señaló que no cree que los efectos sean muy importantes.

De los tres motivos de casación expuestos en el recurso de los privados sobre el plan especial, sólo ha prosperado uno, a juicio del tribunal. El Supremo entiende que, según el Reglamento de Planeamiento, es de obligado cumplimiento la existencia de un informe económico financiero como parte del plan especial que garantice las fuentes de financiación de las que se nutrirá el desarrollo de la actuación. Recuerda la sentencia que toda la jurisprudencia en esta materia exige que todos los planes urbanísticos, "desde los más importantes hasta los más modestos", cuenten con un desarrollo que garantice no tanto las cifras exactas como la procedencia del dinero que se va a utilizar en una inversión inmediata. "Tales previsiones del ordenamiento jurídico han determinado que la jurisprudencia haya requerido, entre la documentación de los planes, la necesaria previsión del capital exigido por las actuaciones en él previstas y la de sus fuentes de financiación, para concluir que su ausencia vicia el plan, al convertirlo en mera apariencia, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo", afirma el fallo.

La realidad es que el equipo redactor no se quebró demasiado la cabeza en este aspecto del plan del centro de transportes. Dice la sentencia, y se puede comprobar en el texto íntegro del plan (disponible en www.gmucordoba.es) que el documento económico ocupa un folio y es una mera enumeración genérica "ayuna de cualquier indicación de su sentido y si existen -o no- las fuentes de financiación que posibilitarían su ejecución práctica y la expropiación forzosa de los suelos". "Mal puede evaluarse la viabilidad económica del plan especial cuando no se incluye una partida de gasto tan importante como el coste de la expropiación de los terrenos", dice el fallo. El Supremo ha rechazado que la inexistencia del plan funcional, anulado por una sentencia anterior, sea una cuestión anulatoria. Del mismo modo, se rechaza que la existencia de una supuesta vulneración del dominio público hidráulico del arroyo Cantarranas implique un vicio sustancial del instrumento de planeamiento en tanto la urbanización respete unas medidas correctoras.



* El Día Córdoba - 19.03.11
Foto: Instalaciones del Parque Logístico de Córdoba, en la carretera de Palma del Río.- eldia

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La crisis obliga a la Pobla de Vallbona a renunciar al PAI de 3.000 casas con golf

LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha llegado a un acuerdo con la empresa Polígon Sant Pau para rescindir su condición de agente urbanizador en el PAI del sector golf, al entender ambas partes que era la solución más beneficiosa para todos. El motivo, según explicó ayer la alcaldesa popular Mari Carmen Contelles, ha sido la difícil situación económica: "Tal como está ahora mismo el mercado inmobiliario era imposible dar salida a esas viviendas". Con una inversión de 62 millones de euros, el PAI proyectaba la construcción de 3118 pisos y un campo de golf de 18 hoyos. "Ahora el ayuntamiento queda libre para estudiar la situación y acometer su desarrollo en el futuro", ha apuntado la edil. Fuentes del consistorio explicaron a este periódico que de los 2,7 millones de euros que costaba construir la nueva Ronda Sur, 1,6 debía ser asumido por la empresa promotora -y el resto por la Diputación de Valencia-, debido a que esta infraestructura forma parte de los accesos de lo que iba a ser el nuevo residencial contemplado en el proyecto.

Según el acuerdo que rescinde el contrato, la empresa pagará el 52% de esa parte, lo que supone unos 900.000 euros, y el resto de la deuda que asume el ayuntamiento queda aplazada. Contelles quiso dejar claro que no costará ni un solo euro a los vecinos, "ya que están trabajando para encontrar otras fuentes de financiación". La primera edil advirtió que tampoco tendrá repercusión sobre los propietarios de los terrenos del PAI. "Rotundamente no. No habrá cuotas urbanísticas", aclaró.
La rescisión del acuerdo fue aprobado en pleno el martes con los votos a favor del PP, Bloc y OIV, mientras que el PSPV se abstuvo. Jaume Cortina, portavoz del grupo socialista, justificó el sentido de su voto porque el proyecto refleja el modelo urbanístico "depredador" llevado a cabo por el PP que ha demostrado no tener ningún futuro. Cortina considera que ahora debe de ser la Diputación de Valencia quien se haga cargo del coste de las obras que finalizaron hace casi dos años y no el ayuntamiento, a quien ha preguntado en varias ocasiones como va a hacerle frente a la deuda sin obtener respuesta. "Para que nos hagamos una idea es como si la autonomía se hiciera cargo de una carretera estatal, cosa que no es justa ni lógica", advirtió.
Contelles, por su parte criticó la actitud de los socialistas en un tema tan importante para la localidad. "Ni siquiera vino ningún representante de su grupo a la comisión informativa y ahora se han abstenido por el simple hecho de ir en contra. Todo lo contrario que el resto de grupos, que han aportado propuestas y se han mostrado responsables ante la situación". "Ahora buscaremos el mejor desarrollo del sector para la población. Queremos hacer de esa zona un lugar emblemático y seguiremos trabajando para conseguir la mejor y más sostenible calidad de vida para nuestros ciudadanos", concluyó.


* Levante - 17.03.11
Foto: La Pobla de Vallbona (Valencia) - laregioninternacional.com

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Astigarraga.- El TSJPV anula una licencia y obliga a derribar un pabellón industrial

DIARIOVASCO/Gipuzcoa* : Una sentencia firme y definitiva del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la cual se dio ayer información en la comisión de Urbanismo, anula una licencia concedida por el Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2005 en la zona del polígono 27, en concreto, en la parcela 30 de Ubarburu Pasealekua. La sentencia del TSJPV es clara y da la razón a la parte demandante, lo que conllevaría la demolición del pabellón en cuestión. Según la sentencia, la licencia impugnada es disconforme a derecho porque «infringe la ordenación pormenorizada resultante de las Normas Subsidiarias (NNSS), del Plan Parcial (PP)y del Estudio de Detalle (ED)». La argumentación ofrecida desde el tribunal indica que la licencia impugnada «revela con claridad que el bloque nº9 se asienta en un suelo destinado por el PP y el ED a zona de aparcamientos y vialidad interna del ámbito» urbanístico. La sentencia va más allá al indicar que dicha discordancia «se evidencia también respecto de las NNSS».

Hay que recordar que la licencia en cuestión hace referencia a la construcción de dos pabellones industriales, aunque desde el Consistorio aclararon ayer que uno de ellos no se ha levantado. Fue una empresa colindante con la zona a la que se concedió la licencia ahora anulada la que denunció ante la Justicia la situación creada y aunque en primera instancia el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de Donostia no le dio la razón, finalmente sí la ha obtenido desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Según señalaron desde Alcaldía ayer, «vamos a pedir la no ejecución de la sentencia» en referencia al derribo del pabellón que se encuentra ya levantado. Entienden que cumple con lo establecido en el Plan General y por ello señalan «no entender» la sentencia en sí. La realidad es que la petición de ejecución se puede alargar en el tiempo, con los consiguientes recursos, pero desde la oposición se ha apuntado que se tire o no el pabellón, el Consistorio deberá indemnizar a la parte demandante.


* Diario Vasco - 18.03.11
Foto: Astigarraga (Gipuzcoa), ayuntamiento - turismoa.euskadi

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La Plataforma de la Montaña de Taco denuncia la negligencia de Urbanismo

ELDÍA/Santa Cruz de Tenerife* : El colectivo que aglutina a diversas organizaciones culturales, sociales y vecinales ha puesto de manifiesto que la Gerencia aún no ha respondido a las denuncias que formuló el año pasado, en las que ponía de manifiesto el riesgo de desprendimiento en la zona, tal y como ocurrió este martes en Las Moraditas. La Plataforma Parque Urbano Montaña de Taco ha señalado como responsables indirectos de los últimos desprendimientos ocurridos en esta zona de las Moraditas al Cabildo de Tenerife y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, toda vez que, según sus representantes, "no han tenido en cuenta una denuncia formulada con fecha del 10 de junio de 2010 en la que ya se advertía de este riesgo". Por este motivo, la plataforma ha anunciado que en los próximos días presentará una denuncia por la vía administrativa ante la Dirección General de Minas, que es "una de las últimas administraciones que nos quedan por acudir", para evitar nuevos desprendimientos.

En esta denuncia urbanística, la plataforma advertía al Ayuntamiento de "la inseguridad de una morra similar a la desprendida el pasado martes y que, aún hoy, ocasiona un riesgo para las personas, vulnerando por tanto el artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística y contraviniendo el deber impuesto por el artículo 3.3.2 del PGO de Santa Cruz, que establece la conservación de los terrenos en debidas condiciones de seguridad y salubridad".

Según la Plataforma ciudadana, este hecho es "tan solo una muestra de la permisividad y la pasividad con la que vienen actuando las administraciones públicas en relación a la actividad extractiva que desarrollan en la actualidad, al menos, dos empresas, una de las cuales no cuenta con licencia por parte del Ayuntamiento capitalino y la otra tan solo la tiene para el machaqueo y reciclaje de residuos, que no para extracción de picón".

Estos hechos, tal y como ha precisado esta plataforma, "se fundamentan tanto en una inspección conjunta realizada en julio de 2010 por los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna", como en que desde el mes de agosto hasta hoy ha realizado un seguimiento mensual, aunque, "lejos de cesar la actividad, las empresas siguen extrayendo picón".

Reverón y Risueño

Por tanto, denuncian "la negligencia con la que han actuado la concejala de Urbanismo de Santa Cruz, Luz Reverón, y su gerente, Eduardo Risueño, pese a haber sido advertidos de estos riesgos en reuniones mantenidas en julio y agosto de 2010 en la propia Gerencia", pues señalan que ante la falta de respuesta a sus demandas de paralización de la actividad extractiva en la zona, "nos hacen pensar en la dejación absoluta y la responsabilidad directa".

Por último, esta asociación ha dejado constancia de su rechazo a que se siga manteniendo la actividad extractiva, ni que lo sucedido sirva como pretexto para terminar con la montaña.

Asimismo, la plataforma ha exigido al ayuntamiento "transparencia pública en la licitación del picón desprendido y que éste sea revertido a la propia montaña".

No obstante, el colectivo precisa que si bien la zona donde se produjo el desprendimiento a principios de semana "no está vinculada con los espacios donde aún se sigue extrayendo material, el desprendimiento es una consecuencia de las extracciones que se han realizado en a lo largo de los años". Por ello, identifican como consecuencias más directas, "el más que evidente riesgo de nuevos desprendimientos, tanto en Las Moraditas como en la Montaña de Taco, donde se han denunciado grietas de manera sistemática, pero no se han adoptado medidas, a pesar de que el año pasado ya se produjo un derrumbe en el lugar".

Movilizaciones

Este incidente ha generado un cierto enfrentamiento entre Santa Cruz y La Laguna, ya que la capital atribuía a Aguere los vecinos que fueron desalojados por el desprendimiento.

El secretario general del PSOE lagunero, Javier Abreu, ha instado al Ayuntamiento lagunero a supervisar la seguridad de la zona, pues el también edil ha considerado prioritario y necesario que los gobernantes locales envíen "a los técnicos para que supervisen el entorno y verifiquen si las licencias de obra cumplen con lo establecido en la legislación vigente".

Abreu aseguró que en esa montaña "se están permitiendo y haciendo excavaciones que conllevan un serio riesgo para los vecinos de San Matías. Por eso pedimos que, si hubiera que asegurar algunas áreas por posibles desprendimientos, se hiciera de forma inmediata".

La plataforma no descarta, como consecuencia de la forma tan pasiva con la que han reaccionado las administraciones, "llevar a cabo movilizaciones".

Rectificación

La Gerencia se justifica tarde

La Concejalía de Urbanismo de la capital se apresuró ayer a puntualizar lo que con tanta insistencia había dado por cierto el pasado miércoles, en cuanto a que los vecinos que habían sido desalojados de sus casas por el desprendimiento de piedras en la Montaña de Las Moraditas de Taco, pertenecían al municipio de La Laguna. Ayer, después de una obligada reflexión ante las informaciones aparecidas en la prensa de la Isla, desde la Gerencia de Urbanismo se precipitaron a justificar que lo que dijeron fue debido a un malentendido, puesto que creyeron que debían responder a las declaraciones de otros vecinos próximos, en este caso, por la extracción de áridos en la zona de la Montaña de Taco y San Matías, ya en territorio de Aguere. Sin embargo, los responsables directos no se pronunciaron respecto al incidente, ni siquiera acudieron al lugar donde al menos siete personas habían sido desalojadas de sus casas, para conocer, como mínimo, su verdadera ubicación geográfica, aunque desde las oficinas urbanísticas de la avenida Tres de Mayo, con todo el asesoramiento técnico a su alcance, sí localizaban a la empresa de almacenaje de muebles Erchiga dentro del territorio de Santa Cruz, pero no las viviendas precintadas, que justo lindan con esta nave, la infraestructura que resultó más dañada.


* El Día - EP. - 18.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, montaña Taco - canariasahora

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El alcalde de Canillas de Aceituno deja el cargo tras ser inhabilitado por delito urbanístico

SUR/Málaga* : A José Manuel Aranda no le ha dado tiempo de agotar su mandato como alcalde de Canillas de Aceituno. A dos meses vista de las elecciones municipales, a las que tenía intención de presentarse, Aranda se ha visto obligado a abandonar el cargo después de que el pasado miércoles el juzgado le requiriese para cumplir la pena de nueve años de inhabilitación a la que le condenó la Audiencia de Málaga en noviembre del año pasado por un delito urbanístico. Se trata del segundo regidor de la comarca de la Axarquía que ha sido inhabilitado por delito urbanístico en apenas dos meses. El primero fue el del municipio de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), que se vio obligado a renunciar a la vara de mando el pasado mes de febrero. La Audiencia Provincial de Málaga condenó a José Manuel Aranda el pasado mes de noviembre a nueve años de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en suelo no urbanizable, dejando sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Penal nº3 de Málaga que lo había absuelto meses antes.

«Pagamos solo algunos»
Tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia de Málaga, el regidor abandonó las filas del PSOE, siglas bajo las que fue elegido alcalde de Canillas de Aceituno en 1999. No obstante, Aranda continuó en el cargo e incluso anunció a este periódico hace una semana su intención de presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo encabezando otra lista, la del Grupo Independiente de Canillas de Aceituno (GICA).
«Lo de la ejecución de la sentencia lo veía venir, algunos teníamos que pagar por la falta de desarrollo de la ley urbanística andaluza», aseguró ayer José Manuel Aranda, quien se quejó de que «vamos a pagar sólo algunos, porque ahora que han dicho que van a regularizar las once mil viviendas, ¿qué pasa con todas esas casas y alcaldes que las han autorizado?», se preguntó el ya ex regidor.
Aunque no quiso entrar en el fondo de la cuestión por la que ha sido condenado, sí manifestó que «muchos abogados y especialistas me dicen que mi caso es increíble, que no entienden cómo me han podido condenar, cuando lo que hicimos fue autorizar un proyecto de actuación, con un informe contrario de la Junta, pero que según la ley es preceptivo pero no vinculante». Aranda añadió que «la Junta contestó fuera de plazo, por lo que se consideró silencio administrativo». Asimismo, se mostró extrañado porque después de resultar absuelto en el juzgado «en la Audiencia me despacharon en cinco minutos, sin preguntarme nada, y la sentencia salió en diez días, cuando suelen tardar tres o cuatro meses».
No obstante el ya exalcalde confía todavía en que el recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional prospere y que «algún día se reconozca la injusticia que se ha cometido conmigo».
La Alcaldía de Canillas de Aceituno ha sido asumida provisionalmente por la primera teniente de alcalde, Pilar Ortíz, quien previsiblemente será investida regidora en el pleno municipal que deberá celebrarse en un plazo de diez días.


* Sur - 18.03.11
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com

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México.- Sustentabilidad social

ALEJANDRA REYES* : En los últimos años se ha dado cada vez más importancia en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo al diseño verde o sustentable, el cual ha ido posicionándose como un tema trascendental a cubrir para el saludable desarrollo de nuestras ciudades. Sin embargo, el objetivo estético de la arquitectura continúa alejándose de dimensiones políticas y sociales y por tanto se relega el tema de la sustentabilidad o justicia social en estas y otras disciplinas, hecho que sin duda ha frenado el saludable desarrollo de varias urbes y naciones. Por tanto, Teddy Cruz, arquitecto y urbanista de origen Guatemalteco, que ha estudiado y trabajado desde hace muchos años en la frontera Tijuana-San Diego, afirma que es más importante diseñar condiciones que edificios. Encontrándose quizá en el laboratorio ideal para probar dicha hipótesis, Cruz se ha sentido inspirado a coadyuvar en el establecimiento de bases económicas, políticas y sociales para la construcción de comunidades compactas, densas y basadas en la interacción comunitaria. Cruz se ha centrado en el desarrollo y diseño urbano a pequeña escala, particularmente en asistencia a minorías o sectores marginados tanto en México como en Estados Unidos. Uno de sus lemas fundamentales reside en entender que la densidad no consiste en aglutinar cierto número de viviendas por acre, sino en crear el mayor número de intercambios sociales y económicos en un área determinada, posible con espacios que contengan diversos usos.

Sin embargo, este modelo, que cada vez se reconoce más a nivel internacional, en ciudades como San Diego se torna imposible ya que las formas de las ciudades son regidas fundamentalmente por dos razones: intereses económicos y políticos. Por un lado, el único interés de los desarrolladores privados es maximizar ganancias y minimizar la cantidad de inversión, aun cuando con ello causan la pérdida casi total del espacio público. Por otro lado, las leyes de zonificación, aun basadas en el modelo suburbano de los cincuentas, se oponen a altas densidades y usos mixtos, lo cual hace imposible que el sector privado encuentre interés monetario en proyectos de vivienda social. Mas aparte, es ampliamente sabido que es mal visto que el gobierno norteamericano utilice dinero fiscal para dichos proyectos sociales en una sociedad reconocidamente capitalista, que no por serlo deja de tener un número importantísimo de ciudadanos viviendo en niveles graves de pobreza.

Por lo mismo, y siendo residente de San Diego, California, Cruz cuestiona proyectos que en teoría suenan positivos desde un punto de vista urbanístico y ambiental, pero que son inmensamente problemáticos en la práctica y en el ámbito social. En el centro o downtown de esta ciudad californiana, se plantea un proyecto ambicioso de revitalización, así como en muchas otras ciudades norteamericanas. Sin embargo, estos costosos y glamorosos proyectos van de la mano con proyectos tácitos de marginalización donde el sector que brinda servicios, como el de la limpieza, son forzados y desplazados, por cuestiones socioeconómicas, a rodear downtown San Diego con círculos de pobreza, lo cual podría vislumbrarse como un urbanismo basado en la división.

Por tanto, y aunque nos pueda parecer extraño, a Cruz le ha servido voltear hacia el otro lado. Tijuana, una típica ciudad fronteriza, se convirtió en una ciudad de fábricas o maquiladoras, entes que se establecen en comunidades en búsqueda de mano de obra barata sin retribuir este servicio de manera digna y justa. Por tanto, y en espera de poder cruzar la frontera algún día, a diario se forman asentamientos informales en esta ciudad fronteriza usando materiales de segunda mano para desarrollar un urbanismo aparentemente efímero pero al mismo tiempo real y que en muchas ocasiones se convierte en permanente. En los últimos años se ha presentado un fenómeno en el cual, aprovechando el desmantelamiento de suburbios de la era de la postguerra en San Diego, dichos materiales o búngalos enteros se reciclan por especuladores o activistas mexicanos para formar asentamientos informales en Tijuana.

Este reciclaje o apropiación de materiales de segunda mano, como llantas, puertas, cajas de madera, etcétera, dan lugar a un urbanismo de emergencia, en el cual Teddy Cruz ha encontrado varios aspectos atractivos para replicar, sin dejar de reconocer las condiciones de opresión que se recrean en los mismos. Por esta razón ha impulsado una interesante iniciativa, basándose en los estatutos del Tratado de Libre Comercio, que aun siendo injustos para el desarrollo mexicano, no se cumplen totalmente. Según el TLC o NAFTA, las maquiladoras, por los beneficios que encuentran en establecerse al sur de la frontera, tendrían que colaborar con el desarrollo de las comunidades en las que se asientan. Sabiendo que los salarios brindados por dichas fábricas no contribuyen con el saludable desarrollo de las zonas aledañas a las maquilas, sino todo lo contrario, Cruz ha logrado impulsar, que usando los mismos sistemas de manufactura, algunas industrias donen sistemas prefabricados de construcción, diseñados por el despacho de Cruz, para complementar y fortalecer las estructuras de las viviendas de los trabajadores de las maquilas, creadas en su totalidad por materiales reciclados, lo cual las hace altamente vulnerables.

Por un lado, podría pensarse que dicho acto no resuelve ni cercanamente un problema multifacético, lo cual es real, se necesitan modificaciones profundas en política pública, económica e internacional, entre otras. No obstante, y contrario a la norma de apropiar modelos de desarrollo primermundistas en el tercer mundo, varias iniciativas de Cruz han nacido de observar en las barriadas de Tijuana algo más que informalidad y pobreza, llegando al extremo de apropiar varias ideas para desarrollos en comunidades como la de San Ysidro dentro de la ciudad de San Diego en Estados Unidos. En Tijuana, en medio de la informalidad e ilegalidad, Cruz ha encontrado el patrón de zonas en donde los usos residenciales y comerciales son prácticamente indistinguibles, lo cual promueve actividad y vitalidad las veinticuatro horas del día. La extensión urbana sin planeación ni estrategia, es generalmente negativa en términos de sustentabilidad y desarrollo social, sin embargo, Cruz observa que en Tijuana al menos se da creando al mismo tiempo un denso tejido urbano que en ocasiones llega a ser autosustentable en actividades básicas como la laboral, comercial y residencial. Se torna mucho más problemática dicha extensión urbana en términos de abastecimiento de educación, cultura y salud.

En términos específicos y pertenecientes más al diseño que a la planeación urbana, Cruz ha encontrado tipologías en Tijuana que ha recreado en San Diego. Observó en la ciudad mexicana, la recurrente elevación de viviendas mediante estructuras de acero que albergan debajo espacios semipúblicos o comerciales (i.e. talleres, restaurantes, etc.) Esto lo vislumbra Cruz como puentes o intermedios entre lo formal e informal, lo legal e ilegal, lo planeado y lo no planeado, pero que van conformando a una comunidad. Del mismo modo, en San Diego ha observado la transformación de la forzada homogenización del urbanismo y sub-urbanismo estadounidense por parte de inmigrantes o ciudadanos que se encuentran en la necesidad de modificar sus entornos por un afán de supervivencia (extensiones ilegales de viviendas para acomodar más habitantes o establecimientos comerciales informales en barrios de San Diego). En base a esto, y con la ayuda de ONGs para actuar como intermediarios en la facilitación de permisos y microcréditos para residentes estadounidenses con una situación económica precaria, Cruz ha logrado arquear las leyes de zonificación californianas para desarrollar en San Ysidro proyectos de vivienda social que contengan espacios públicos y verdes, centros comunitarios, mercados locales, oportunidades laborales, bajo el mismo esquema de Tijuana de viviendas elevadas. Esto, bajo el objetivo de incrementar densidades, ha resultado en la creación de espacios semipúblicos y semiprivados.

El meollo es promover a la sociedad y su cultura como un motor económico en lugar de ver al valor económico como el único motor de desarrollo; construir barrios que le pertenezcan a la comunidad y no al mercado; suscitar densidades que promuevan intercambios sociales y económicos versus densidades basadas en un máximo número de viviendas y mínima inversión en infraestructura pública; vislumbrar a los residentes como participantes activos en su comunidad en lugar de como simples consumidores… Aun cuando Cruz trabaje a pequeña escala, esperemos sus ideas tengan un mayor alcance y resonancia.

http://abajoyalaizquierda-alejandrareyes.blogspot.com/

* SDP Noticias - Opinión - 14.03.11

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Eco-Utopia: Las casas ecologicas del futuro

DIARIOECOLOGÍA* : No hay que ser un futurista para imaginarse una ciudad autosuficiente construida con materiales orgánicos no contaminantes, transitada con vehículos inteligentes interconectados entre sí y amoldables a los pequeños espacios, y embellecida con jardines flotantes para reducir el efecto de calentamiento urbano y depurar las aguas residuales. Lo cierto es que no estamos muy lejos de empezar a materializar esta utopía. En la actualidad, ya hay varios expertos, entre ellos arquitectos, ingenieros, científicos, urbanistas y ecologistas, que se han agrupado alrededor del mundo para diseñar proyectos urbanísticos con visión ecológica. La idea de los trabajos de estos progresistas radica en combinar arquitectura, tecnología y urbanismo con ecología, sostenibilidad y autosuficiencia con miras a la construcción de la ciudad del mañana.

Uno de estos genios ecológicos, ampliamente reconocido como poseedor de una gran mente visionaria que idea proyectos que rozan con lo fantástico, pero invitan al mismo tiempo a la reflexión sobre su factibilidad, es Mitchell Joachim, líder ecológico en diseño, urbanismo y arquitectura.

Catalogado por la revista “Rolling Stone” como uno de los 100 agentes de cambio de Estados Unidos, y considerado por el mismo Barack Obama entre las quince personas más inteligentes, según la publicación “Wired”, el urbanista Joachim ha reformulado completamente el modelo de las ciudades del siglo XXI.

Al catalogar sus trabajos, descarta el uso de la etiqueta ‘sostenible’, ya que el término tiene una acepción muy débil y a la vez ‘genérica’, pues no da esa idea de ‘evolución, inteligencia y crecimiento’.

Por tal razón, prefiere etiquetarlos como ‘socio-ecológicos’, pues es una condición que define precisamente el escenario, en el que se combina una parte cultural y social, con otra científica. Es una mezcla de ambas.

Joachim busca construir una ciudad autosuficiente: transporte inteligente, uso eficiente de recursos, generación energética, producción de alimentos y tratamiento de desechos.

Las telecomunicaciones también ayudarán al rediseño de las metrópolis y, según Joachim, no tardarán mucho tiempo en convertirse en tecnologías de uso público diario. En cuanto a los cambios en el modelo de transporte, piensa que se necesitarán 15 años para ver vehículos eléctricos en las calles.

Sin embargo, si se piensa en modificar la arquitectura de las ciudades, pueden pasar entre 30 y 40 años para ver un cambio de paradigma en el modelo de construcción de las edificaciones.

Apuesta también por el diseño de ciudades construidas a partir de desechos (plástico para el ventanaje, compuestos orgánicos para los andamios temporales, metales para las estructuras principales) y la construcción de viviendas usando organismos vivos.

Esta idea radica en construir una “casa vegetal”, usando una técnica de jardinería ancestral: el entretejido de enredaderas, arbustos y árboles para crear estructuras. Gracias a unos andamios y un sistema de control vegetal, se fuerza la dirección de crecimiento de la vegetación con geometrías calculadas.

Por otra parte, Joachim se ha adentrado también en el mundo de la biotecnología al fundar, con el biólogo Oliver Medvedik, el instituto Bioworks e iniciar cultivos orgánicos de células, haciendo crecer carne in vitro para luego fabricar productos de uso humano, como cuero.

Si bien todas estas propuestas urbanísticas pueden sonar para muchos como una utopía o una película futurista, lo cierto es que algunas de sus bases yacen en principios ancestrales basados en relaciones simbióticas y en ideales ecológicos de Thomas Jefferson.

Sin embargo, el paso del tiempo ha ayudado a aumentar la factibilidad de estos proyectos, pues se cuenta con conocimientos tecnológicos y científicos cada vez más avanzados para hacer posible un intercambio biológico más sano entre el ambiente y los habitantes, lo que contribuiría positivamente a la calidad de vida de todos.

Mitchell Joachim: No construya su casa, ¡hágala crecer!


* Diario Ecología - 18.03.11
Foto: Casas ecológicas futuristas - diarioecología

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La Fiscalía acusa por primera vez en Málaga al dueño de un chiringuito

LAOPINIÓN* : La Fiscalía pide un año y medio de prisión y una multa de 10.800 euros para el dueño del chiringuito Smile, ubicado en una playa de Rincón de la Victoria, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio cometido al ocupar más superficie del dominio público de la que en un principio se le había concedido. Es la primera vez que el área de Medio Ambiente del ministerio público acusa formalmente de un delito urbanístico al dueño de un negocio playero. Según consta en la calificación fiscal, J. C. S. A., «con la intención de explotar permanentemente un restaurante de día y bar de copas por la noche, en el dominio público de Rincón de la Victoria, pero con la autorización de un chiringuito de temporada de veinte metros cuadrados, el 2/01/2008 solicitó al Ayuntamiento la concesión de la instalación temporal de un kiosco/chiringuito (k-4) dentro de la propuesta del Consistorio a la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo de Málaga». Esa institución elabora cada año un plan de gestión del dominio público marítimo terrestre.

Ocupación máxima de 20 metros
Pese a ello, no le fue concedido el aprovechamiento como instalación desmontable de temporada, porque un real decreto exige que tengan una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y una separación mínima de 100 metros de otra infraestructura. En este caso, el negocio se halla a 200 metros de una carpa de ferias y de un parque infantil.
El entonces alcalde del municipio, José Miguel Hernández, hizo alegaciones ante el órgano competente y, entretanto, antes de la llegada del verano, le permitió instalar un chiringuito en la temporada estival de 20 metros cuadrados (y 40 para hamacas), sin posibilidad de prórroga y condicionado a las órdenes de Costas.

El 26 de junio de 2008, vigilantes de Costas comprobaron que el acusado había montado una plataforma de madera de 196 metros cuadrados (con pérgola y reservada del viento con toldos), explica el fiscal, alrededor de un cuerpo central de 24 metros cuadrados.

Costas abrió un expediente por ocupación del dominio público sin autorización. El 15 de julio, además, había construido una caseta separada para servicios y, en otoño, cerró con madera y cristales la ocupación. En diciembre de 2008, el Consistorio le requirió para que restituyera el dominio público, pero el procesado, «desconociendo las órdenes municipales y la incoación del expediente, amparado en la tardanza de los procedimientos administrativos y con la intención de obtener beneficios de la ocupación ilegítima de la playa, ante la llegada del verano, repitió el procedimiento defraudatorio», relata el fiscal.

Sin desmontar su establecimiento, el 8 de enero de 2009 solicitó autorización para un negocio de 20 metros de temporada, con el presunto objetivo de «mantener su restaurante/pub de más de 200 metros cuadrados en la playa todo el año».

El 2 de junio de 2009, el Consistorio denegó el aprovechamiento, ya que ni lo incluyó en el plan de Costas. El acusado, desde el 3 de julio hasta hoy, siempre según la Fiscalía, «mantiene la edificación desmontable pero destinando permanentemente a su actividad de restauración y ocio nocturno, ocupando en julio de 2009 una superficie de 249 metros de playa.


* La Opinión Málaga - 17.03.11
Foto: Imagen del chiringuito Smile, ubicado en Rincón de la Victoria, cuyo propietario se enfrenta a un año y medio de cárcel.- laopinion


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