El consejero de Transportes de Aguirre no sabe que existe el Metrobús

PÚBLICO/Madrid* : El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha protagonizado hoy una inexplicable metedura de pata, dejando ver que desconoce la existencia del 'Metrobús'. El título de transportes usado por millones de personas en la capital "no existe" para su responsable, quien además ha recriminado entre risas al portavoz socialista de Transportes en la Asamblea, Modesto Nolla, que hablara del mismo. "Lo primero que le quería preguntar ¿qué título utiliza usted para coger el transporte público? Creo que no lo coge nunca porque el Metrobús yo creo que no existe y entonces, si usted tiene el título del Metrobús... ¡Pues nos vamos todos! ¡qué no existe!", ha dicho el consejero entre risas. Sus palabras fueron respondidas con un cerrado aplauso desde la bancada del PP, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados incluidos.

El precio del citado título -que existe desde 1998- subió en 2010 un 22%, desde los 7,40 euros hasta los 9. Actualmente cuesta 9,30 euros. El propio Echeverría anunció la subida que fue muy protestada por los usuarios.
Huida hacia adelante

Pese a que fuentes de la Consejería han pedido disculpas a los ciudadanos, a la Asamblea de Madrid y al diputado socialista Modesto Nolla por la "confusión" en su nombre, posteriormente el propio Echeverría ha tratado de justificar su metedura de pata. "El Metrobús es un título que puede estar contemplado dentro de lo que es el abono de 10 viajes", ha asegurado.

"Lo que ahora es el título general es el de diez viajes y dentro del de 10 viajes hay muchas categorías: hay un Metrobús como puede haber otras cuestiones", ha señalado, al tiempo que ha explicado que lo que intentaba decirle al diputado del PSOE, Modesto Nolla, era que "se había quedado anticuado".

"Lo que le he querido decir a este señor es: 'no me hable usted del Metrobús, no me sea usted tan antiguo, y hábleme del billete de diez viajes que es el que utilizamos todo el mundo'", ha indicado.

"¿De verdad ha dicho eso?"

Nolla había criticado en su turno de palabra que la Comunidad de Madrid se negaba a contribuir a la bajada del precio del transporte colectivo al negarse a rebajar el "5% (del precio) del Metrobús". Por si quedan dudas la web del propio Consorcio regional de Transportes denomina al título de transportes de diez viajes como Metrobús.

En los pasillos de la Asamblea esta afirmación del consejero se ha convertido en el tema de conversación más candente. "¿De verdad que ha dicho eso?", han preguntado algunos diputados que en ese momentos no han escuchado la afirmación.

Como viene siendo habitual los internautas se lo han tomado con una mezcla de indignación y de humor y los #echeverríafacts son la sensación del momento en la red de microblogging.



* Público - 10.03.11
Foto: Arriba, el consejero de Transporte de Aguirre, José Ignacio Echeverría. Abajo, un billete de Metrobús

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Las viviendas ilegales en el Almanzora se elevan a 12.697 y duplican la estimación inicial

LAVANGUARDIA/Almería* : El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación", que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

La cifra la ha dado a conocer en rueda de prensa la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien ha matizado que los 11.777 inmuebles suceptibles de ser regularizados no serán "legalizados" a través del decreto anunciado hace unos días sino que serán "reconocidos como una realidad" para, de este modo, facilitar que se les pueda conceder una licencia de primera ocupación para el acceso a los citados servicios básicos, que deberán, ha añadido, correr por cuenta de sus dueños para no incurrir en "injusticia" con aquellos que "adquirieron una vivienda legal y contribuyeron a que el Consistorio sufragase esas infraestructuras".

Los inventarios que arrojan que "no hay opción legal" para un 7,2% del total de las edificaciones sobre suelo no urbanizable detectadas se han realizado en los municipios de Albánchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, los que, según ha señalado Cruz, "tenían más problemas" en materia urbanística de entre las 29 localidades que integran el Valle del Almanzora.

En esta zona -ha revelado- la Junta ha impugnado un total de 83 acuerdos de pleno municipal al considerar que concedían licencias de obras irregulares y ha tramitado un total de 163 denuncias. Ha declinado, sin embargo, precisar cuántas están sometidas al proceso penal o a un contencioso-administrativo, y, por tanto, pendientes de que una sentencia judicial decrete su demolición.

En concreto, los ayuntamientos y la administración autonómica han localizado de manera conjunta 534 edificaciones levantadas en suelo que goza de especial protección, por lo que la infracción administrativa "no prescribe nunca" y no existe "una opción legal", y otras 386 que se encuentran bien en proceso de construcción o bien cuentan con menos de cuatro años de antigüedad, por lo que estarían en el mismo caso que las anteriores.

"Casuística enorme"

En estos casos, ha avanzado que la Junta "iniciará los procesos" necesarios para restaurar la legalidad y proceder a la demolición. Para el resto, las 11.777 edificaciones entre las que ha reconocido existe una "casuística enorme", existirán tres vías que pasan, en primer lugar, por los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que están elaborando los diez municipios afectados.

En estos casos, las viviendas, dependiendo de su localización y su ubicación próxima al núcleo urbano, quedarían dentro de suelo urbanizable y, por tanto, "legalizadas". Si la situación del inmueble o el grupo de inmuebles es aislada, el decreto que proyecta el Gobierno andaluz incluye el desarrolló de dos figuras bajo la denominación de "asimilado a fuera de ordenación" y "hábitat rural diseminado" que, si bien no los legalizan, si "reconocen su existencia" y posibilitan su acceso a servicios básicos aunque "tendrán muy acotadas las infraestructuras", ha subrayado.

"La idea es que cada una de estas viviendas sea autosuficiente, que cada vivienda tenga su placa solar o su pozo. Obviamente, dependerá de su ubicación y de las características de una u otra. Así, que el dueño tendrá que presentar un proyecto de actuación al Ayuntamiento para que este elabore un informe y le autorice de una manera u otra la dotación de esos servicios", ha explicado.

Cruz, quien ha trasladado la intención del Gobierno andaluz de "ser contundentes" para que "este fenómeno no se extienda", ha detallado que, una vez facilitados los inventarios a los consistorios, se iniciará un proceso "no inmediato" para, lo que a su juicio, es "dar cobertura" a unas edificaciones que ahora dejarán de estar en un "limbo legal" y solucionar un problema "de ocupación ilegal del territorio".

Los propietarios son, en su mayoría, residentes británicos

En este punto, y tras reconocer que en el mencionado "problema" existe "responsabilidad compartida", ha criticado a los propietarios de los inmuebles ilegales que, en el caso del Valle del Almanzora son, en su mayoría, ciudadanos residentes británicos. "Es evidente -ha asegurado- que cuando se ha construido de forma ilegal en lo que respecta a nuestra legislación, los gastos serán a costa de aquellos que han construido sin las autorizaciones pertinentes en suelo clasificado como no urbanizable".

"Sean cual sea su origen, aquellos que promueven una casa ilegalmente, que contraviene la normativa incurren en una falta de respeto a lo que significa nuestra legislación y nuestro territorio", ha asevera para, a continuación, trasladar su "sorpresa" ante "posicionamientos a favor de una situación de reconocimiento de la ilegalidad".

"Las responsabilidades son compartidas pero la primera es de quien levanta una vivienda en suelo no urbanizable. Hay una casuística enorme y el papel de los ayuntamientos en cada caso ha sido diferente. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar cobertura a este tipo de edificaciones que no se han levantado con criterios que marca la normativa", ha precisado Cruz.



* La Vanguardia - Ya Encontré - EP. - 10.03.11
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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El esperpento urbanístico de Marina de Valdecañas es ilegal y debe derribarse

ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura estima la demanda de Ecologistas en Acción ordenando la restitución de los terrenos protegidos a su estado anterior. El proyecto consistía en la construcción de más de 550 viviendas, equipamientos hoteleros, un campo de golf de 18 hoyos y puerto deportivo. La promotora urbanística “Marina de Valdecañas”, contó con el apoyo y connivencia del Gobierno de Extremadura, que declaró el proyecto como Proyecto de Interés Regional (PIR). El área de ubicación del complejo urbanístico cuenta con importantes valores naturales por lo que formaba parte de la Red Natura 2000 dada su declaración de Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), y afectaba a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC). Este humedal tiene importancia internacional por las especies que lo habitan, muchas en peligro de extinción.

El TSJ de Extremadura, tras analizar los valores naturales protegidos señalados en la Directiva 92/43/CEE habitas, así como la normativa ambiental aplicable a nivel estatal y autonómico, da por buenos los argumentos de Ecologistas en Acción en su impugnación del Decreto.

Además, el TSJ estima que la capacidad planificadora de los PIR, regulado por el art.60 y ss. de la Ley del suelo de Extremadura, no es ilimitada y que deben atender a los criterios generales contenidos en la propia Ley del Suelo de Extremadura. Este PIR reclasificó 1.340.000. metros cuadrados que pasaron de no urbanizables de especial protección a urbanizable.

El TSJ sentencia que no se ha motivado suficientemente ni la justificación del proyecto ni su utilidad pública o interés social. Entendiendo además que el proyecto no se adecua a la figura del PIR. El TSJ recuerda al Gobierno Autonómico que el PIR solo se concibe para aplicar a viviendas sometidas a promoción pública, y no a complejos hoteleros y de ocio.

Por último, la sentencia considera que hay falta de motivación en la elección del emplazamiento (aprobado por el Decreto 55/2007, de 10 de abril) toda vez que se actúa sobre un suelo no urbanizable de especial protección. Como alegó Ecologistas en Acción en su demanda, en modo alguno se motiva que sean esos terrenos “de protección ambiental extrema” los más idóneos para el interés social de proyecto, sin conocerse si era admisible la ubicación del proyecto en otros terrenos con menor protección o incluso sin protección.

Por ello Ecologistas en Acción celebra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura, que supone un nuevo varapalo jurídico en materia ambiental para el Gobierno Extremeño y evidencia la falta de sensibilidad de éste con la sostenibilidad, el medio ambiente y los enormes valores ambientales que posee esta comunidad autónoma. En tal sentido Ecologistas en Acción solicitará al ejecutivo extremeño, así como del la Confederación Hidrográfica del Tajo, el cese inmediato de las obras y la restitución del espacio a su estado anterior.

Por último, Ecologistas en Acción muestra su preocupación por la integridad física de sus activistas en la zona, pues han sido objeto de múltiples ataques desde hace tiempo. Estos ataques (a sus automóviles, viviendas y personas) han sido motivados por oponerse a este proyecto urbanístico. Ecologistas en Acción confía en que el ayuntamiento de El Gordo y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres velen por la seguridad de los miembros de Ecologistas en Acción en la comarca.



* Ecologistas en Acción - 11.03.11
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Un juez impide a una inmobiliaria echar a una anciana de su casa tras la muerte de su marido

20MINUTOS/Barcelona* : Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº29 de Barcelona ha impedido que una inmobiliaria echara a una anciana de su casa tras la muerte de su marido, que era el titular del contrato de alquiler. Según explica el escrito del juez, el contrato fue firmado el 1 de mayo de 1971 cuando la Ley no otorgaba la mayoría de edad a las mujeres, impidiendo que estas pudieran firmar este tipo de documentos, por lo que fue su marido quien formalizó la firma en nombre de ambos. No fue hasta 1975 que la Ley otorgó la mayoría de edad a las mujeres y, a partir de entonces y en este tipo de casos, se debía informar al arrendador de la muerte del cónyuge titular del contrato, en un plazo de tres meses para seguir mantenido el alquiler.

Por este motivo, la inmobiliaria entendía que la anciana, al no haber informado de la muerte de su esposo, daba por finalizado el contrato de alquiler del piso en el que vivía desde hacía 42 años, e instaba a la demandada a que lo abandonara.

El juez recuerda que el contrato fue firmado con anterioridad a la reforma de la normativa y que en el mismo se explicita que el estado civil del titular era casado; además, expone que ha quedado demostrado que el arrendatario conocía que la mujer convivía con su cónyuge en el piso.

El juez ha desestimado la demanda de la inmobiliaria impidiendo que la mujer fuera desalojada al entender que, pese haber un sólo firmante, la anciana era cotitular del contrato de alquiler.



* 20 Minutos - EP. - 10.03.11
Foto: Se alquila, cartel - ladrillos

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El Puerto.- Y ahora, la Casa de las Cadenas

DIARIODECÁDIZ* : Cuando acaban de lograr eludir la cárcel tras abonar 30.000 euros de fianza cada uno, y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por las construcciones ilegales de Pinar de Coig, en un juicio fijado para el lunes de la semana próxima, otro viejo asunto pide cuentas a la 'cúpula' de Urbanismo del anterior gobierno de Independientes Portuenses entre 2003 y 2007 en coalición con el PSOE: al exedil Juan Carlos Rodríguez y al jefe de Disciplina Urbanística y jefe de Licencias del Ayuntamiento portuense Fernando Jiménez Fornell. Se trata de la demolición del protegido edificio de la Casa de las Cadenas, el gravísimo atentado contra el patrimonio de la localidad por el que la Consejería de Cultura impuso al Ayuntamiento de El Puerto la máxima sanción administrativa contemplada en la legislación, 150.000 euros, y que fue denunciado por IU.

En este asunto, como en el de Pinar de Coig, además de Rodríguez y Jiménez Fornell, está imputado también el exalcalde Hernán Díaz, que ya fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación.

El Ministerio Fiscal acaba de enviar al Juzgado 3 de El Puerto (el mismo que lleva las diligencias que han motivado el apresamiento de Rodríguez y el técnico municipal) su calificación de los hechos, en los que pide para los tres, para Díaz, Rodríguez y Jiménez Fornell, exactamente la misma pena: nueve años en total de inhabilitación para cargo o empleo público.

El fiscal considera que Hernán, Rodríguez y Fornell conculcaron la Ley con el propósito de permitir la demolición del edificio histórico con el objetivo de dejar construir en el solar con fines especulativos.

El representante del Ministerio Público acusa por ello a los tres autores de sendos delitos de prevaricación y desobediencia. Por el primero, les reclama ocho años de inhabilitación, y por el segundo, un año d inhabilitación y una pena de multa de siete meses con cuota diaria de 18 euros, 3.780 euros en total a cada uno.

Junto a ellos, el fiscal acusa a dos representantes de Rufino Naves, la empresa que perpetró la demolición del edificio, Rufino Naves Llaneza y Juan Naves Arambarri, de un delito contra el patrimonio histórico. Y pide para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, y una multa durante 18 meses, con cuota diaria de 18 euros, 9.720 euros en total.

El Ministerio Fiscal, como en su día hizo en primer término el magistrado, deja fuera al arqueólogo municipal y director del Museo Municipal Francisco Giles Pacheco, pidiendo el sobreseimiento en su caso al no quedar acreditada su participación en los hechos.

La demolición se ejecutó en 2004 tras dos intentos frustrados previos. Uno, protagonizado en 2002 por José Pinto (al que el magistrado dejó fuera de la causa), entonces propietario de la Casa de las Cadenas, quien pidió la declaración de ruina al Ayuntamiento, y que vendió a finales de ese año a Rufino Naves la propiedad. Y otro en 2003, a instancias de los nuevos dueños, , cuando Hernán Díaz firmó un decreto para iniciar un expediente de modificación del Plan general para cambiar la catalogación de la protegida finca.

Este camino emprendido para obtener la demolición y posterior construcción de otro edificio "parece que quedó estancando habida cuenta de la no continuación del expediente, por lo que la empresa Rufino Naves, de acuerdo con los responsables del Ayuntamiento, utilizó otra vía", anota el escrito de calificación fiscal. El nuevo atajo intentado, y definitivo a la postre, se gestó en julio de 2004, cuando Juan Ignacio Naves presentó un escrito al Ayuntamiento en el que notificaba el deterioro físico de la finca, por grietas, deformación de vigas e inexistencia de forjado, por lo que pedía que se le autorizara el derribo. Y es en este punto donde comienza la a juicio del fiscal delictiva actuación de los representantes municipales. Primero, de Jiménez Fornell, quien realizó un informe en el que sostenía que, por presentar el edificio ruina inminente, el alcalde estaba habilitado para disponer las medidas precisas. Así, "se conseguía evitar la intervención de la Consejería de Cultura y que se adoptaran medidas alternativas y prioritarias a tal demolición, medidas de protección y conservación que el Ayuntamiento había omitido durante años", sigue el escrito fiscal. Rodríguez dictó un decreto, en el que ordenada a Rufino Naves la demolición. Y Hernán concedió la licencia a final de agosto.

Cultura, al enterarse de las obras, ordenó la paralización enviando dos requerimientos que, dice el fiscal, "fueron desoídos por los responsables municipales". Tanto es así que Hernán, dice el Ministerio Público, en un escrito, le dijo a Cultura que se dirigiera a la empresa, "propiciando, con la dejación y desatención del requerimiento que les era dirigido, que por parte de Rufino Naves se concluyeran las obras de demolición el 4 de octubre de 2004, resultado al que se dirigió toda la actuación de los acusados desde un principio".

A la empresa, no le reclamaron la paralización hasta el 4 de octubre, "cuando la demolición ya era un hecho".



* Diario de Cádiz - 9.03.11
Foto: Una imagen de archivo de la parte posterior de la Casa de las Cadenas, tras su demolición en agosto de 2004.- diariocadiz

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Corrupción: ¡indignaos!

FRANCISCO SOSA/MERCEDES FUERTES* : Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas. Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos. Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?

Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.

Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.

Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.

El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.

¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.

Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.

Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.

El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.

Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.

Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
* Francisco Sosa Wagner, Catedrático y Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo

* Diario del Derecho - 8.03.11

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Málaga.- Los operarios que reformaron el piso del concejal hicieron obras municipales

MÁLAGAHOY* : Los mismos obreros que ejecutaron la polémica reforma de la vivienda del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, realizaron varias obras municipales en diversos distritos de la capital por encargo de una o varias de las empresas vinculadas a Enrique Vega, supuesto mediador en la concesión de la piscina de Puerto de la Torre. Este extremo fue confirmado a este periódico por Roman Sulzycki, padre del operario que solicitó la licencia para la adecuación del piso del edil del PP. Sulzycki, en una conversación mantenida con este periódico, señaló que fueron "muchas" las actuaciones que recibían algunas de las firmas de Vega, entre las que mencionó por ejemplo Urbacon (de la que Vega fue administrador único hasta abril de 2009), por parte del Consistorio y que, posteriormente, les eran subcontratadas a ellos.

Si bien no supo precisar un número exacto, sí señaló que alguna de estas actuaciones se localizaron en Palma-Palmilla e hizo hincapié en que hubo muchos encargos para la adecuación y mejora de colegios públicos.

Según expuso, junto a su hijo creó una pequeña empresa de construcción a la que acudía Vega para poder realizar ciertas intervenciones. De hecho, según comentó, ha estado recibiendo pedidos por parte de este empresario durante "unos tres años y medio". Sulzycki mostró su malestar con el trato recibido por Enrique Vega, puesto que, según afirmó, tiene problemas de pago por las obras realizadas. Este periódico trató de conocer la versión del empresario ante las aseveraciones de Roman, sin que ello fuera posible.

"Siempre cogía buenos trabajos del Ayuntamiento", explicó, al tiempo que recordó cómo el empresario vinculado a la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, que investiga un juzgado para dilucidar la posible existencia de un presunto delito de cohecho, "muchas veces, porque yo trabajaba bien, me decía que por qué trabajaba tan rápido; me decía que fuese más lento". El nombre del hijo de Roman ha salido a relucir porque fue a él al que el edil del PP responsabilizó de que la licencia que se pidió y se concedió para la reforma de su casa se correspondiese con un proyecto valorado en 1.700 euros, cuando el coste final de los trabajos se ha elevado a unos 12.000, según Díaz.

Hay que recordar que, según admitió el concejal el pasado mes de febrero, los obreros que hicieron la adecuación de su piso le fueron recomendados por el propio Vega.

De acuerdo con la información facilitada por el equipo de gobierno del PP en octubre de 2009 sobre contratos menores adjudicados entre 2006 y finales de 2009 en los diez distritos de la ciudad, hay al menos 14 proyectos que recayeron en manos de dos firmas vinculadas a Vega, la ya mencionada Urbacon y Servicios Integrales LJS. Intervenciones valoradas en unos 434.000 euros.

Entre las acciones realizadas en este periodo por Urbacon se pueden mencionar en 2007 la mejora en los colegios Los Ángeles y Ciudad Mobile, por 30.000 euros cada una; en 2008, dos actuaciones de acerado y asfaltado en La Roca y Martiricos, por otros 30.000 euros cada una, y la mejora en colegios Cerro Coronado y preescolar Martiricos, por 45.000 euros. Todas estas obras tuvieron lugar en Palma-Palmilla.

Pero no fue el único barrio donde Urbacon actuó. A las mismas se pueden sumar, según los datos municipales, la eliminación de barreras arquitectónicas en El Palo y Pedregalejo (30.000 euros), obras de reforma y mejora en el colegio público Las Flores, en Ciudad Jardín (30.000 euros) y obras de microactuaciones en la barriada Parque del Sur y adyacentes, por otros 30.000 euros.

En el caso de Servicios Integrales LJS, el listado de contratos municipales entre 2006 y finales de 2009 incluye obras en zonas verdes en Palma-Palmilla, por 30.000 euros; dos contratos para zonas verdes en los sectores de La Roca y Martiricos, por 60.000 euros en total (ambas datan de 2008); mejoras en el colegio público Hogarsol y otras del distrito de Carretera de Cádiz, por 30.000 euros, y el mantenimiento de parques y jardines de este distrito, por otros 28.879 euros.

Más allá de los contratos menores de los distritos, el propio Ayuntamiento informó hace algunas semanas de que estas dos firmas, más otras dos vinculadas a Vega (Sermacon Seguridad, S.L. y Sermacon Servicios Auxiliares) habían recibido contratos por 1,1 millones de euros, aproximadamente. En este último periodo, la Gerencia de Urbanismo, por ejemplo, contrató a Urbacon para la realización de dos obras del primer plan Zapatero y del Proteja, por 537.864 euros. A éstas se suman otras obras por 343.000 euros por parte de otras áreas del Consistorio.



* Málaga Hoy - 9.03.11
Foto: Málaga, concejal Urbanismo y alcalde - diariosol

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Cómo nos dejamos engañar por los Bancos




* YouTube - pedromallozzi - 6.10.08


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Alhendín tendrá que pagar por unas obras inacabadas

LAOPINIÓN/Granada* : El Ayuntamiento de Alhendín, gobernado por el PSOE, ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada a pagar dos millones de euros por las obras de un polideportivo que la anterior corporación municipal, del PP, inauguró antes de terminar. La sentencia ha sido dada este viernes a conocer en rueda de prensa por el alcalde, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), quien ha informado de que el PP pretendía financiar las obras por medio de un convenio que preveía cesiones por aprovechamiento urbanístico del polígono industrial Marchalhendín. Ese convenio fue considerado ilegal por el juez que instruye la presunta trama de corrupción urbanística conocida como 'caso Marchelo', en el que hay 15 imputados, entre ellos el ex alcalde y al ex edil de Urbanismo del anterior gobierno del PP por supuesta prevaricación y cohecho.

Por el impago de las certificaciones emitidas para la ejecución de las obras del polideportivo ha sido condenado ahora el Ayuntamiento, que ha recurrido la sentencia.

Según Gamarra, el pabellón deportivo fue inaugurado por el anterior equipo de gobierno el 31 de marzo de 2007, pero no entró en funcionamiento porque las obras aún no estaban acabadas y porque el inmueble presentaba además "numerosas deficiencias".

El presupuesto total del pabellón cubierto ascendió a 3,8 millones porque aunque se licitó por 2,5 millones, con posterioridad se hizo un modificado de proyecto por valor de 1,2 millones.

La actual corporación lleva invertidos más de 300.000 euros para la puesta en funcionamiento de parte de las instalaciones, según Gamarra.


* La Opinión Granada - 7.03.11
Foto: alhendin -ideal digital

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El juez interviene la promotora que debía descontaminar una urbanización en Derio

ELCORREO/Vizcaya* : El Juzgado Mercantil nº1 de Bilbao ha aceptado finalmente la solicitud presentada por la promotora Arco Atlántico para acogerse a la Ley Concursal. Ahora, la sociedad será intervenida judicialmente y los administradores que designen los magistrados supervisarán cada una de las decisiones de cierto calado que tome el consejo. La suspensión de pagos del grupo inmobiliario es de una importancia capital ya que, entre otras cuestiones, compromete la limpieza de la parcela Rementeriñe de Derio, donde los planes iniciales preveían levantar casi dos centenares de chalés. Una urbanización de 300 pisos en Llodio quedaría, en principio, al margen de la problemática, ya que la empresa ha iniciado la venta del suelo a Balzola.

La difícil situación económica que atraviesa la firma ha puesto en alerta a un buen número de proveedores y también a las ocho familias que compraron su vivienda adosada o unifamiliar en el barrio de San Isidro de la localidad del Txorierri, pero que se negaron a escriturar por la aparición de residuos tóxicos en la zona, después de haber adelantado hasta 200.000 euros. El pasado verano, el Gobierno vasco multó a la compañía y la obligó a sanear el terreno, que durante décadas se empleó como vertedero de residuos industriales. Sin embargo, «nada» se ha hecho desde entonces, denuncian los afectados. La limpieza de la parcela, en la que aparecieron restos de aceite y metales pesados, podría suponer una factura de varios millones de euros. Por ello, y dadas las penurias económicas que los gestores de Arco Atlántico han puesto en conocimiento de los jueces, las personas que se han visto arrastradas en lo que consideran «una trampa» urbanística estiman que las labores de limpieza «nunca llegarán a efectuarse».
El pasado mes de noviembre, cuando recurrieron a la Justicia para protegerse de sus acreedores, los gestores de Arco Atlántico garantizaron que cumplirían el mandato del Ejecutivo autonómico y que procederían a eliminar la masa de vertido existente en Rementeriñe. Para ello, la promotora dijo contar con una partida de dinero reservada, donde se incluían unos 260.000 euros que cobraron de los anteriores propietarios de los terrenos. En aquel momento, también afirmaron que el inicio de las tareas de descontaminación era una cuestión de semanas, sino de días. Una afirmación que también suscribió entonces el alcalde de la localidad, Lander Aiarza. Sin embargo, lo único que se ha hecho este invierno ha sido una limpieza superficial del entorno, con la eliminación de parte del material de obra y de escombros. Ayer, este diario se intentó poner en contacto con Arco Atlántico, a través de su agencia de prensa, como hizo hace cuatro meses. Esta vez, los responsables de comunicación no ofrecieron respuesta.
Responsables subsidiarios
En gran medida, el futuro de Rementeriñe quedará en manos de los administradores judiciales que ahora sean designados. Ellos serán los que comprueben 'in situ' si la compañía tiene fondos para cumplir el compromiso o si, como sospechan los afectados, no hay patrimonio suficiente para sufragar la compleja operación. Recientemente, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco advirtió al Consistorio de Derio de que debería de hacerse cargo de los trabajos de forma subsidiaria, en el caso de que Arco Atlántico quebrase.
Las ocho familias que se han negado a escriturar mostraron ayer su disposición a presentarse como acreedores en el proceso abierto. «A fin de cuentas, hemos entregado un dinero muy importante y no nos han dado lo que nos prometieron», apuntó uno de los afectados. «De esta forma, además, podremos tener información de primera mano de todo lo que suceda», añadieron.
El conflicto de Rementeriñe ha causado una gran confrontación social en Derio. Incluso el PNV llegó a buzonear un escrito en el que se acusaba a las familias que se opusieron a recepcionar su casa de provocar con su actitud la bancarrota de Arco Atlántico.



* El Correo - 9.03.11
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com

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Roca insiste en que llegó rico a Marbella, «no en un seat panda»

SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca no se arruga. Lleva cuatro sesiones declarando ante el fiscal cómo amasó un patrimonio valorado en más de 210 millones. El principal acusado del 'caso Malaya' recurre con frecuencia a la arrogancia para explicar que fue gracias a sus 'negocios' como consiguió su enorme fortuna. Una y otra vez Roca ha negado estos días, y ayer también, el origen ilícito de su capital y por tanto que su enriquecimiento estuviera vinculado a su posición de controlador del urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, adonde llegó en 1991. «El señor Roca no llegó a Marbella en un seat panda, como dijo en una ocasión la policía, sino que llegó con dinero físico y contante y sonante; invirtió en Marbella, después desinvirtió y volvió a invertir en otra cosa», contestó irritado al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

Roca se mostró agrio durante el interrogatorio de López Caballero a quien interrumpió en varias ocasiones, llegando incluso a invertir los papeles, a preguntar él al representante del Ministerio Público, por lo que fue reprendido por el presidente del tribunal.
Insistió en que cuando llegó a Marbella en 1984 lo hizo «con dinero en efectivo y letras del Tesoro». Luego, en 1990, cifró sus bienes en 500 millones de pesetas, cantidad que el representante del Ministerio Público estima que es menor, ya que se calcula que su patrimonio en 2006 era de 210 millones de euros. «No me salen las cuentas», le advirtió López Caballero a Roca, a lo que éste rápidamente le contestó «¿Quiere que se las haga yo?».
«Un señor fenomenal»
El presunto cerebro de la corrupción urbanística, una vez más, admitió abiertamente que realizó inversiones con dinero «opaco» a Hacienda. De hecho, esa parece ser su estrategia de defensa para defenderse de las acusaciones de blanqueo de la Fiscalía Anticorrupción. Así, durante el interrogatorio reconoció que compró dos apartamentos en Marbella en 1989 por más de 140 millones de pesetas a través de dos sociedades gibraltareñas, que, dijo haber adquirido con dinero no declarado al fisco. «¿Tener oculto un dinero a Hacienda es un mérito para usted?», le preguntó el fiscal. Roca titubeó por primera vez: «Yo estoy tratando de demostrar que tenía dinero, que estaba oculto sí, pero que tenía dinero físico. No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, ni digo que fuera un señor fenomenal por no pagar».
En otro momento de la declaración, al ser preguntado por el fiscal que por qué pidió un crédito de 57 millones al banco si tenía 500 millones de pesetas, Roca replicó sarcástico: «Cómo voy a decirle al banco que tengo 500 millones en efectivo, qué hago, ¿lo meto en una bolsa y se lo enseño?».
El acusado se mostró alterado cuando López Caballero le reprochó el «descomunal desequilibrio existente entre sus ganancias y su patrimonio» y en el tira y afloja dialéctico le cuestionó por lo contradictorio que resulta que sus inversiones de mayor cuantía las realizase en una época de crisis económica (década de los noventa). «Yo siempre he comprado en época de crisis. Y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal», se justificó.
Abundando en la misma línea, el representante del Ministerio Público le recordó que en 1991 estaba inscrito en el paro. «Estaba inscrito porque interesaba, porque así se podía hacer una deducción empresarial. Pero yo ya estaba trabajando en el Club Financiero», explicó. El fiscal le sacó también que en esa época presentaba el «perfil» de una persona carente de ingresos, incluso, como «dato objetivo», le ha mencionado que en 1991 devolvió una letra de seis mil euros. «Mire usted, eso no significa que no tenga dinero. Todos los empresarios devuelven letras y no porque no tengan dinero. Si eso fuera así entonces en este país no tendría dinero ni Dios».
Respecto a Montserrat Corulla, acusada de ser su testaferro, Roca dijo que la contrató él y que tenía un salario de alta dirección de 4.000 a 5.000 euros mensuales.



* SUR - 8.03.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Orpesa rehúsa indemnizar a vecinos de Platgetes y abre otro frente judicial

LEVANTE/Castelló* : El pleno de Orpesa desestimó 12 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por vecinos de la urbanización Platgetes de Bellver por los daños ocasionados a sus viviendas durante las obras de urbanización acometidas por Sedesa. Con esta resolución, cuestionada por el portavoz nacionalista Josep Lluís Romero, se abre la vía al recurso de reposición y al contencioso, que puede llevar al consistorio a pagar cuantiosas indemnizaciones a los demandantes. Las mismas que ya han reclamado otros 9 afectados que en octubre de 2010 recibieron idéntica respuesta. Es el enésimo contencioso al que se verá abocada la corporación tras lo ocurrido con los edificios Portomar y Bernat, el primero ya demolido y el segundo a punto, tras sendas sentencias del TSJ de la Comunitat Valenciana.

La decisión del grupo de gobierno del PP con los votos del GIO se produce tras haberse resuelto el expediente abierto por la alcaldía para determinar a quién eran imputables los daños. Así, como consta en todas las propuestas de acuerdo, se asume la tesis de la firma Sedesa, concesionaria de las obras, que "niega toda relación causal de los supuestos dañosÉ ya que ninguna constancia existe de dicha causalidad, salvo las afirmaciones del reclamante".
Con ese argumento como base Sedesa va descartando su responsabilidad en daños a las viviendas y en otros objetos de propiedad del ayuntamiento. Por ello, acuerda desestimarlos porque, "de existir relación de causalidad entre la ejecución de las obras y los daños, éstos serían imputables a la empresa Sedesa, como ejecutora de las mismas".
Las obras fueron contratadas el 10 de abril de 2006 con la empresa Sedesa. Como recuerda el concejal Romero, "a la baja", algo que ha generado "molestias e incomodidades a los vecinos, que en ocasiones se han visto imposibilitados de salir con normalidad de sus viviendas".
Romero, hizo constar en el pleno su disconformidad con el argumento empleado por el consistorio para desestimar las reclamaciones recibidas, "porque no es posible que se caigan muros encima de los coches y que Sedesa diga que las obras que realizaba en la zona no tienen nada que ver, que no existe causa efecto, cuando si uno se acerca a la urbanización y comprueba la situación se da cuenta que alguna relación sí que puede existir. Una respuesta, la del consistorio que parece una nueva provocación".
Por ello, "no entendemos que el consistorio apruebe la tesis de que los muros se caen por arte de birle-birloque. Salvo que esa postura esté motivada por las vinculaciones de la empresa con un conseller" del gobierno Camps.
Entiende el portavoz del Bloc que "la resolución del pleno será utilizada por la mercantil Sedesa, en beneficio propio y para descargase de responsabilidades en el juicio". Un juicio en el que serán 21 propietarios, en el caso de que todos los afectados recurran al contencioso. "Algo que no se puede permitir un consistorio que ya tiene por delante las indemnizaciones millonarias a los afectados del Bernat y del Portomar", recalca Romero.

El polígono industrial
En el turno de ruegos y preguntas el equipo de gobierno respondió a la pregunta del Bloc sobre la devolución del aval a la empresa adjudicataria de la construcción del vial de acceso al polígono industrial. Según Romero, "el concejal de Urbanismo ,para agilizar los trabajos". Trabajos que, recordó el nacionalista, "llevan varios meses parados". El pleno de anteayer aprobó también el reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a facturas de gastos realizados en años anteriores por valor de a 229.875 euros. También se acordó la unificación de las facturas de electricidad mediante dos únicas partidas, en lugar de realizarse el pago desde las diferentes concejalías.
La corporación votó unánimemente a favor de la declaración institucional presentada por el Bloc para reclamar la vuelta de la señal de las emisiones de TV3.



* Levante - 9.03.11
Foto: Un muro derribado durante los trabajos en la urbanización en les Platgetes.- levante

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El Puerto.- Sí o sí

PIPI GAGO* : La presunta trama de corrupción urbanística desenmascarada en nuestra ciudad con las posibles implicaciones de un ex-político, funcionarios municipales y profesionales libres, ha colocado en el punto de mira la gestión realizada, en los últimos años, desde la Concejalía de Urbanismo. Años en los que han proliferado las construcciones en zonas no urbanizables, por estar claramente protegidas (lagunas, cañadas, pinares…), y en los que la revisión del PGOU sufre un retraso de casi diez años en su redacción. Y cuando hablamos de proliferación nos referimos a miles de viviendas, que han provocado un caos urbanístico difícil de enderezar a pesar del impulso que al mismo han dado los nuevos redactores contratados desde el Consistorio portuense. Si a principios de los 90 se hablaba de 5.000 edificaciones ilegales, a día de hoy se contabilizan más de 15.000 que han creado una ciudad escondida pero visible desde cualquiera de sus accesos.

Es curioso que cuando fuimos recibiendo los primeros mensajes, a través del twitter y los espacios digitales, informando de los registros que se estaban llevando a cabo en la sede de la delegación de Urbanismo y se tenían noticias de las primeras detenciones, nadie se sorprendía y el comentario más utilizado entre los mentideros era que la justicia es lenta pero no tonta, y que más tarde que nunca las contínuas denuncias interpuestas en los juzgados podrían poner en su sitio a más de uno/a.

La situación creada por el caso, declarado bajo secreto de sumario, ha dado pie a un cambio en el ambiente preelectoral que se estaba viviendo en la ciudad de cara a los próximos comicios municipales. Por mucho que los candidatos quieran dirigir sus campañas hacia temas menos delicados, el futuro urbanístico de la ciudad estará presente -sí o sí- en cada programa y debate. Y esta vez habrá de ser cumplido y puesto en marcha a rajatabla y sin ningún fleco pendiente. No debemos dejar pasar esta oportunidad para colocar las cosas en su sitio y hacer de El Puerto una ciudad habitable y organizada. Y no otra Marbella cualquiera como muchos, al parecer, siguen empeñados.


* Diario de Cádiz - El Alambique - 8.03.11

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Cangas.- El TSXG dicta un mandamiento de demolición del edificio Noria y otorga 3 meses para su ejecución

LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó un mandamiento de demolición de parte del edificio nº2 de la rúa Noria. El mandamiento fue dirigido al Concello de Cangas y a la empresa constructora, propiedad de José Luis Álvarez Souto, pero aún no tuvo entrada en el registro municipal. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Clara Millán, desconocía por completo la existencia del citado documento y no pudo ocultar su sorpresa por no haber sido informada. Había sido el Tribunal Supremo el que ratificó el fallo del TSXG que consideraba ilegal la licencia otorgada por el Concello y ya anunciaba que debía procederse al derribo de gran parte del inmueble. Transcurridos dos años después de la sentencia del Tribunal Supremo y de que la parte demandante solicitase la ejecución de la misma, todo el proceso fue devuelto al TSXG, que es el que dicta ahora el mandamiento de demolición.

Tiene fecha del día 1 de marzo y otorga al Concello y a la empresa constructora un plazo de tres meses para efectuar el derribo. Según el mandamiento, el día 1 de junio tiene que estar derribado gran parte de este edificio, la que se construyó encima del río Bouzós. Alrededor de 60 familias pueden perder sus viviendas como consecuencia de este fallo judicial. Los vecinos recibieron la noticia el lunes y no ocultaban su profundo malestar. Pese a que perdieron todas las demandas judiciales, guardaban ciertas esperanzas de que el derribo no se produjera. Ahora, la posibilidad de recurrir al tribunal de Estrasburgo, barajada en su día, le parece un poco alejada de la realidad y que no impediría la demolición. Sí es verdad que hay diferencias de criterio entre la comunidad de vecinos y la empresa constructora, respecto a cómo se debe afrontar la situación futura. No se descarta consultar casos similares como el de las Torres del Club Financiero de Vigo o el de la urbanización de la Colina de Castrelos.
La alcaldesa Clara Millán fue ayer la primera sorprendida. Hasta hace poco había estado en contacto con el letrado que defiende la legalidad del otro edificio gemelo, el Noria 4, que se encuentra en parecida situación. Éste edificio, al contrario que el número dos, carece de licencia municipal. El número 2 la tenía pero fue considerada ilegal por invadir el cauce del río. También sobre éste hay amenaza de derribo judicial. Reiteró su apoyo a los vecinos y que estaba a su disposición para encontrar soluciones que impidan el derribo de gran parte del inmueble.
El abogado de los demandantes y que es a su vez parte en el conflicto, José Carlos Lovera Núñez, aseguraba el día 1 de abril de 2009 que no había posibilidad de acuerdo y pedía ya que el Concello procediera a cortar la luz y el agua a los vecinos y a ejecutar la sentencia. El litigio surge al entender los colindantes que la construcción de estos edificios había dañado a otros dos de su propiedad. En el año 2007, el conflicto se pudo zanjar por 740.00 euros, según señala José Carlos Lovera, pero los constructores consideraron excesivo el dinero que solicitaba los demandantes, que alegaban que en esta cantidad no entraban los daños morales causados a la familia y que no había intención lucrativa de ningún tipo, simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos. Los distintos alcaldes desde que se inició el proceso judicial apelaron las sentencias que ganaba la parte demandante, pese a que estaba claro que los edificios invadían el cauce del río Bouzós. "Que lo tengan claro los propietarios actuales. Nosotros queremos tirar las viviendas ahora que la sentencia es favorable. ¡Después de las que nos hicieron pasar!"
Estos dos inmuebles de la calle Noria enfrentan también desde hace tiempo al líder de ACE, Mariano Abalo, y al ex alcalde de Cangas, el popular, José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el regidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Mariano Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar la obra. Abalo dejó claro que fue la comisión municipal de 18 de noviembre de 1999 la que otorgó la licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2, y que la gestora de Cangas lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de la licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora, así como los expedientes de infracciones urbanística que se le abrieron a la empresa por invadir el Río Bouzós, con fecha de diciembre de 1990.
También recordó que las licencias comenzaron a tramitarse en época de Lois Pena y mencionó que el edil de Urbanismo en época de la gestora, Marín García Cordeiro fue denunciado por impedir las citadas obras.


* La Voz de Galicia - 9.03.11
Foto: El edificio número 2 de la calle Noria, de Cangas, situado al lado del número 4, de iguales características y sobre el que también pesa una demanda - lavoz

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Madrid.- La Comunidad recorta la participación ciudadana en Medio Ambiente

MADRIDIARIO* : La Comunidad de Madrid ha modificado la composición y las funciones del Consejo de Medio Ambiente, el único órgano de participación ciudadana en esta materia que se salvó del recorte de la Ley de Acompañamiento. En diciembre el Gobierno regional eliminó más de cien organismos y empresas públicas para reducir gastos, entre ellos los consejos y patronatos relacionados con el medio ambiente. Ahora, a través de un decreto, se ha reformado el Consejo de Medio Ambiente, que es el único lugar donde asociaciones ciudadanas y ecologistas pueden participar todavía. Ecologistas en Acción, ARBA, GRAMA y El Soto han denunciado esta situación y han recordado que ninguno de estos órganos costaba dinero a la Comunidad de Madrid. Además, han anunciado que crearán órganos de participación ciudadana paralelos.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a Madridiario que la medida se ha tomado para simplificar y agilizar la estructura organizativa de la Comunidad. "No supone un límite en la representación. Siguen estando los mismos que estaban", recalcó.

Sin embargo, las asociaciones ecologistas critican que de su composición se "ha sacado a los consumidores, se ha reducido el número de miembros de asociaciones ecologistas (pasando de 3 a 2) y de universidades (pasando de 2 a 1), el de expertos (pasando de 3 a 2)". Además, critican que antes la frecuencia era trimestral y que ahora es anual. La norma establece que debe haber una reunión al año, pero pueden celebrarse más si se estima conveniente, aseguran desde la Comunidad.

Cuatro secciones
Los ecologistas también critican que pierden funciones, como emitir informes o impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente. La Comunidad, en cambio, desmiente este extremo y asegura que el Consejo podrá emitir informes, como hasta ahora.

Por otra parte, para suplir la eliminación en diciembre pasado de los órganos consultivos de los espacios protegidos, vías pecuarias, caza y pesca, el mismo decreto crea, dentro del Consejo de Medio Ambiente, varias secciones: Parques Regionales y Naturales, Caza y Pesca, Vías Pecuarias y Calidad del Aire.

"Todo ello reduciendo hasta casi lo imposible la participación ecologista. Por ejemplo, la sección Parques Regionales y Naturales reduce a los representantes ecologistas de siete a uno. Antes había dos representantes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, dos en el Parque Regional del Sureste, dos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y uno en el Parque Natural de Peñalara. Ahora un solo representante tendrá que dar respuesta a la situación de cuatro espacios protegidos. Igual sucede con los representantes de las universidades", denuncian en un comunicado las asociaciones ecologistas. En el caso de la sección de Calidad del Aire, directamente se omite la participación de ningún representante ecologista.


* Madridiario - 9.03.11
Foto: Madrid, edificio Medio Ambiente - madridiario

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La Generalitat mantiene el PAI de Nou Mil·lenni a pesar del fallo del Supremo

LEVANTE/Valencia* : El conseller de Medio Ambiente Juan Cotino aseguró ayer que los trámites administrativos de la macrourbanización Nou Mil·lenni de Catarroja seguirán adelante y que si se plantea «alguna pega», se subsanará «como es normal en cualquier expediente de estas características». Cotino respondía así a la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la suspensión cautelar de las obras del Plan de Actuación Integrada (PAI), que ya había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a raíz de un recurso contencioso-administrativo del grupo socialista en las Corts Valencianes. Asimismo, el conseller calificó el proyecto urbanístico de «una iniciativa buena» dado que «su desarrollo contempla un importante número de viviendas sociales». En realidad, el PAI incluye 12.000 pisos, de los que una parte serán de protección oficial.

Cotino incidió en que «si en los planteamientos de la tramitación se ha hecho algún tema que no es adecuado», se preparará «la documentación pertinente para que las personas que tengan la competencia resuelvan» y consideró que «no hay más problemas que en muchos lugares cuando se impulsa un nuevo plan». «En este caso concreto, como es habitual ya en cualquier cosa, es al PSOE el que no le parece bien que se haga casi nada en la Comunitat Valenciana», concluyó el conseller.
Por su parte, los socialistas de Catarroja consideran «una incoherencia» las declaraciones del conseller «cuando ayer mismo la alcaldesa decía que ´no es momento ahora de pensar en construir´» a causa de la crisis.
Desde el PSPV, el candidato a la alcaldía, Alberto Gradolí, considera que el fallo del Supremo es «un nuevo varapalo judicial» en este caso y critica que el ayuntamiento «haya invertido cerca de 100.000 euros entre informes y defensa jurídica» del PAI, ya que el consistorio ha recurrido, con el Consell y la promotora Llanera la decisión del TSJCV. Los socialistas opinan que es «sospechoso» que el PP siga defendiendo «esta salvajada urbanística que tiene un fuerte olor marbellí, a capa y espada con dinero público». Para Gradolí es «penoso que nos estén escurriendo los bolsillos a los vecinos a golpe de impuestos desorbitados y que nos hayan endeudado hasta los dientes para gastarse ese dinero defendiendo en los juzgados un plan privado que beneficia a unos cuantos».



* Levante - 8.03.11
Foto: Catarroja (Valencia), maqueta urbanización Nou Mileni - levante-emv.com

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Mijas busca la fórmula para subirse al carro de la amnistía urbanística en la Axarquía

SUR/Málaga* : El decreto de la Junta de Andalucía que despejará el camino de la legalización a once mil viviendas de la Axarquía construidas en suelo no urbanizable ha sido acogido con cautela en Mijas, aunque con la certeza de que puede servir para arrojar algo de luz sobre las cerca de tres mil casas irregulares repartidas a lo largo y ancho del término municipal. «Cada municipio es un caso diferente, aunque si se puede dar una solución en la Axarquía, creemos que aquí también, y por eso estamos trabajando para estar en primera línea», comentaba ayer a este periódico el concejal de Urbanismo, Juan Cruz. No obstante, hay un matiz importante, y es que en el caso de Mijas, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol ha incluido como zona protegida varios diseminados donde ya se había construido, casos de La Atalaya, Entrerríos o Macorra. «Habrá que valorar qué había antes y después de la protección», recalca.

En cualquier caso, para encontrar una solución lo principal es saber de cuántos inmuebles fuera de ordenación se está hablando. El catálogo de construcciones en suelo no urbanizable en el que están inmersos técnicos del Ayuntamiento desde hace más de dos años y que se encuentra en su recta final ha constatado hasta la fecha unas 2.500 viviendas y casas de aperos, por lo que en el Consistorio estiman que en el recuento completo no se llegarán a las tres mil. Para el Ayuntamiento, las opciones de regularización pasan por la aprobación de modificaciones de elementos y planes parciales que abarquen al mayor número posible de inmuebles y en el que los propietarios corran con las cargas urbanísticas y los gastos en urbanización, infraestructuras y equipamientos.
El conflicto de las viviendas irregulares será uno de los principales puntos a tratar en la reunión que hoy mantendrán en Sevilla el alcalde mijeño, Antonio Sánchez, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón. Como anticipo, el regidor municipal se entrevistó ayer con la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, para conocer de primera mano los planteamientos y propuestas de este colectivo, que agrupa a más de 60 colectivos de afectados en la provincia. «Es un problema genérico que debemos abordar en profundidad y sin atajos y desde el Ayuntamiento tenemos voluntad de solucionarlo. Por ello, apoyaremos todas las medidas que se planteen siempre que éstas sean plenamente legales», afirmó Sánchez.
Pero no serán los únicos trámites que se realicen hasta el momento. Mañana, a petición del PP, se celebrará un pleno extraordinario en el que los populares van a proponer una serie de medidas encaminadas a que se redacte una innovación del planeamiento en el suelo no urbanizable, donde se establezcan los parámetros para la regularización de las viviendas.
Paralización de las multas
Con esta medida, los miembros de la Asociación de Viviendas Irregulares de Mijas (ARV) consideran que se puede «ganar tiempo mientras se pone al día el PGOU». Sin embargo, ellos también solicitan «la paralización de los trámites que siguen , tanto los expedientes administrativos como los judiciales», y evitar así que se desarrollen nuevos casos «que se podrían solucionar con el desarrollo urbanístico», apuntó el presidente, Juan Antonio Blanco.
En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que eliminaron las multas coercitivas en la tramitación de los expedientes que permite a las familias ganar tiempo hasta que se alcance la solución definitiva. Sin embargo, desde el colectivo critican que las sanciones continúan llegando a muchos de los vecinos afectados.


* Sur - 8.03.11
Foto: La mayoría de las edificaciones se encuentran en los diseminados - sur

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«Una sociedad que aclama a Berlusconi o vota a Fabra está enferma»

LEVANTE* : El escritor Juan José Millás, columnista de Levante-EMV, manifestó ayer en Castelló que «toda la zona de Levante se ha berlusconizado, y parece que cuantos más casos de corrupción tienen más le gusta a la gente y más les votan. Y eso es porque la corrupción ya está dentro de la sociedad. Aclamar a sujetos de esta calaña implica que la sociedad está también corrompida. Una sociedad que vota y aclama a Berlusconi está enferma. Una sociedad que vota a Carlos Fabra está enferma». Millás levantó ayer con su conferencia el aplauso de más de 350 personas que colmataron el aforo del salón de actos de la Universitat Jaume I. La presencia de Millás no era casual y tenía por objeto celebrar de forma conjunta el XX aniversario de la Universitat Jaume I y del diario Levante de Castelló, una cabecera que se ha convertido en referente informativo.

Estudiantes, profesores, personal administrativo, vicerrectores, personalidades del mundo intelectual castellonense... pocos quisieron perderse una intervención que se enmarcó en la fotografía siempre soñada por cualquier orador: la fila de asientos al completo; estudiantes con mochila acomodados en el suelo, en los pasillos, en las puertas del salón de actos...; y cientos de miradas atentas. El director delegado de Levante de Castelló, Pepe Beltrán, hizo los honores de presentar a Millás junto al rector de la UJI, Vicent Climent.
En la pluma leída de Millás, las palabras cobraron vida para convertirse en links del disco duro de los asistentes, tal vez la única forma que tenemos de entender, o de malentender, una realidad que nos supera: «palabras colibrí», «palabras rata», «palabras miedo», «palabras que curan», «palabras que matan» y, por supuesto, palabras que arrancan una sonrisa.


* Levante - 8.03.11
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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Ineptos y corruptos

IGNACIO MORENO BUSTAMANTE* : Era, es, evidente. Alguien se estaba forrando. Alguien estaba mirando por su bolsillo y no por su pueblo. Sin importarle infringir la ley. Blanco y en botella. Tan solo hace falta darse una vuelta por El Puerto para darse cuenta. Desde Valdelagrana a Fuentebravía, pasando por la Ribera del Marisco, Crevillet, Puerto Sherry, El Aguila o Las Redes. Sin hablar de José Antonio, uno de los pocos focos de droga y marginación que quedan en toda la Bahía de Cádiz, más propio de los años 80 que del siglo XXI, o Los Milagros, otro de los barrios deprimidos. El Puerto es, desde hace años, de toda la vida, un quiero y no puedo. Y no puedo por culpa de los encargados de gestionarlo, de cuidarlo, de protegerlo. El portuense se siente orgulloso de serlo, defiende su ciudad y la ‘exporta’ allá donde va. Pero ese amor no se ve correspondido. Sus enormes posibilidades no se explotan. Es un enclave privilegiado, que podría ser el referente de la provincia como lugar de residencia o de veraneo, pero no acaba de dar el salto.

El Puerto es, o debería ser, sinónimo de luz, de playa, de tradición marinera, de ocio. Desde el punto de vista del marketing sería una marca perfecta, muy fácil de vender a toda España, para estar a la altura de Mallorca o Sotogrande para quien quiera disfrutarlo en verano, o de Las Rozas o Monte Alto para quien desee vivirlo todo el año.
Sin embargo, a día de hoy, pasear por él supone una frustración. Ver cómo han convertido Valdelagrana en una Benidorm del sur, o como el poblado marinero de Puerto Sherry se cae a cachos. O el estado abandono de parques y zonas comunes de todas las urbanizaciones del extrarradio -excepto Vistahermosa que se gestiona sola-. O las miles de viviendas ilegales que se han apoderado de zonas no urbanizables hasta prácticamente la Sierra de San Cristóbal. Un desastre.
Un desastre que no es casual. Que responde, insisto, a la pésima gestión que la ciudad viene padeciendo a lo largo de los años. A la pésima gestión y, obviamente, a la corrupción. El Puerto está como está por culpa de gente se ha creído el sheriff del lugar.Que durante años se ha pensado que podía hacer lo que le viniera en gana. Que se forraba concediendo licencias ilegales y se pavoneaba de ello construyéndose ‘chaletacos’ de tres plantas donde le venía en gana.
Esta semana, por fin, hemos asistido a lo que esperemos sea el comienzo del fin de unos cuantos presuntos delincuentes. El juez López Marchena y el fiscal Rafael Cienfuegos están poniendo toda la carne en el asador para quitarles ese cartel de presuntos y demostrar la culpabilidad delex concejal de Urbanismo y del cesado jefe del Servicio de licencias del ayuntamiento. Para demostrar con la ley en la mano lo que todo el pueblo viene comentando en los corrillos desde hace años. Y esta operación que estalló el miércoles no es más que una pequeña parte de todo lo que se está investigando en numerosas causas abiertas.
A ver si por fin se zanja un asunto, el de la corrupción, que ha tenido anestesiado, amordazado, a El Puerto durante años. Para que por fin pueda empezar a crecer y a convertirse en lo que, algún día, seguro que llegará a ser pese a tanto inepto y tanto corrupto.

* La Voz Digital - Opinión - 6.03.11

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El juez declara ilegal una obra aprobada por el alcalde de Gádor

ELPAÍS/Almería* : Medio año después de que el Tribunal Supremo acordase el sobreseimiento de la causa penal especial abierta contra el alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, por presunta prevaricación en la adjudicación de una obra municipal, se ha dado a conocer una sentencia dictada a finales de febrero por el Juzgado de lo Contencioso -administrativo 1 de Almería que declara "ilegal" la adjudicación de la obra por parte del regidor. El magistrado Tomás Cobo deja ahora sin efecto la resolución de Alcaldía por la que se ordenaba el pago de 156.062 euros a las empresas adjudicatarias de la construcción de la Escuela Municipal de Música y Danza de esta localidad del Bajo Andarax al considerar que la adjudicación no se hizo conforme a derecho y a la que, incluso, el interventor había puesto "reparos".

En este sentido, el juez refleja en su sentencia el informe realizado por el interventor municipal sobre la resolución del alcalde en la que figuran una serie de acuerdos técnicos que "no constan" en el departamento de Intervención. "No consta expediente de contratación alguno para la terminación de las obras de la Escuela de Música y Danza y si existió, sería verbal", refleja el informe del funcionario.

El alcalde aprobó fraccionar el pago para la contratación de la obra, pero el interventor argumentó que la normativa no permitía hacerlo, como tampoco un procedimiento negociado sin publicidad, como se hizo.
"Calvario judicial"

El Ayuntamiento de Gádor interpondrá un recurso de apelación ante el TSJA. El equipo de gobierno "acata y respeta" la sentencia del magistrado Tomás Cobo aunque "no la comparte", asegura la teniente de alcalde y portavoz, Lourdes Ramos, quien cuenta por "miles" los actos administrativos "que declaran nulos los juzgados, por lo que un error administrativo no es ni mucho menos un delito". En su blog, Eugenio Gonzálvez, relaciona causa y efecto. "No es coincidencia que tras la denuncia del PP de la Diputación del llamado escándalo de los asesores en mi etapa como portavoz popular, comenzara mi calvario judicial".

El Supremo archivó la causa por la presunta prevaricación de Gonzálvez al considerar que no actuó "dictando resoluciones arbitrarias a sabiendas" y que, con independencia de que fueran correctas o no, no incurrió en prevaricación.



* El País - 8.03.11
Foto: Gador (Almeria) - andaluciarustica.com

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