El precio de la vivienda en España cayó un 3,8% en 2010

20MINUTOS* : El valor medio de la vivienda de segunda mano en España cierra el año con un descenso del -3,8% respecto al precio de hace un año, mientras que 2009 se cerró con una caída del -10%. Así lo señala el Informe anual de 2010 del precio de la vivienda en España, que recoge la evolución de su precio desde enero de 2005, elaborado por el portal inmobiliario fotocasa.es, junto con la escuela de negocios IESE. El año 2010 se convierte en el cuarto año natural consecutivo que se cierra con caídas en el precio de la vivienda, después del -1,1% de 2007, del -8,7% de 2008 y del -10% experimentado en 2009. En definitiva, se suman ya 38 meses consecutivos con descensos en las tasas de variación anual (que comparan los precios de un mes con el mismo mes del año anterior).

Las caídas se suavizan

Según el informe de fotocasa.es, que recoge la evolución del precio de la vivienda desde enero de 2005, durante este año ha continuado la tendencia a la baja en el precio de la vivienda a nivel nacional. Sin embargo, si se observan las tasas anuales registradas mes a mes éstas se han ido reduciendo: en 2009 oscilaron entre un -10% y un -11%, mientras que en el primer semestre de 2010 lo hicieron entre un -4% y un -7% y en la segunda mitad del año entre el -3% y el -4%.

En diciembre de 2010 el precio del metro cuadrado de vivienda de segunda mano en España se sitúa en 2.262 euros por metro cuadrado (€/m2), lo que para un piso tipo de 80 m2 este valor supone un valor de venta de 180.960 euros. La caída acumulada de los precios desde que se registrara el valor máximo de la vivienda en España (que fue en abril de 2007 con un valor de 2.952 €/m2) es del 23,4%, es decir, 690 euros por metro cuadro.

Los precios suben en Baleares y Asturias

Según los datos de fotocasa.es, al cierre de 2010 y en términos de variación anual, todas las comunidades autónomas cierran el año con caídas excepto dos. Se trata de Baleares y Asturias que acaban el año con crecimientos del 2,1% y del 0,4% respectivamente. Asimismo, hay tres comunidades más que llegan a final de año con caídas anuales suaves: Cataluña (-0,9%, frente a los precios de diciembre de 2009), País Vasco (-1,9%) y Comunidad Valenciana (-2,5%).

Extremadura es la CC.AA. que mayor caída de precios registra al cierre de 2010, con un -8,7% respecto al precio de la vivienda en 2009. Entre las comunidades que más reducción de precios han experimentado se encuentran Castilla–La Mancha (-7,9%), Cantabria (-6,6%), Andalucía (-6,1%) y Murcia (-5,3%).

Regiones caras y baratas, las mismas que en 2009

Las cinco comunidades autónomas con mayor precio en diciembre de 2010 son las mismas que en 2009: País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra y Cantabria. País Vasco, con 3.736 €/m2, se sitúa como la CC.AA. más cara para comprar una vivienda de segunda mano.

Las CCAA con los precios más bajos en diciembre de 2010 también son las mismas que en 2009: Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. La comunidad con el precio más económico sigue siendo Extremadura con 1.569 €/m2.



* 20 Minutos - 3.01.12
Foto: Bloques vivienda - GurusBlog

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Lecciones de urbanismo

MANUEL PIÑEIRO/Lugo* : Los lucenses nos estamos despertando de un sueño idílico: nuestra urbe figuraba como muestrario de una ciudad paradisíaca, donde la tranquilidad era la moneda de cambio de una vida ausente de problemas, por el bajísimo índice de delincuencia existente, entre otras cosas. Pero hete aquí, que en los últimos tiempos el nombre de Lugo brota en los telediarios y demás medios de comunicación por un carrusel de hechos, supuestamente punibles, de toda índole. Aquí hemos pasado de dar lecciones de civismo y convivencia a sacar todos los trapos sucios de una sociedad corrupta en grado superlativo. Desde una trama de burdeles, tráfico de drogas, prostitución y proxenetismo, con supuesto asesinato y desaparición incluida; tráfico de influencias con la expedición de carnés de conducir a orientales que no sabían ni jota de castellano; policías locales con doble vida laboral; otros policías presuntamente implicados en el primer apartado; hasta los últimos episodios judiciales que han paralizado auténticos atentados urbanísticos o bajo sospecha.

Pero lo más surrealista surge cuando los autores del mamotreto del Garañón se escaquean de cualquier responsabilidad política y penal, pasándose la pelota de unos a otros. Aquí nadie le puso el cascabel al gato de la corruptela. Todo surgió por generación espontánea, incluidas la licencia municipal y el plan urbanístico que lo autorizó. Es como si ahora recibiera luz verde la construcción de una edificación en pleno adarve de la Muralla, y se nos dijese que no existían autores del desaguisado.

Y no pasa nada, porque, ya lo verán, los autores e irresponsables se irán de rositas, sin ningún coste penal ni político. El cajón de sastre de la corruptela carece de fondo. Ahora hay otro proceso judicial abierto por otra causa semejante en un edificio ya habitado de la calle República Argentina. En Lugo se dan lecciones de urbanismo. Se nos trata de imbéciles y asentimos, y esa es la peor noticia para el futuro de esta urbe.


* La Voz de Galicia - Opinión - 31.12.10

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El Guadalquivir agoniza

ELPAÍS* : El estuario del Guadalquivir, formado por sus 110 kilómetros finales, agoniza. El caudal de agua dulce es mínimo, un 60% menos que hace 70 años y cinco veces inferior al necesario, los espacios que inundaban las mareas en ciclos alternos, conocidos como llanos mareales, han desaparecido en un 85%, la salinidad del mar refleja puntas altas hasta unos 40 kilómetros río arriba, la turbidez impiden la luz necesaria para el crecimiento del fitoplancton (seres vivos de origen vegetal con capacidad de realizar la fotosíntesis y que son el origen de la cadena alimenticia acuática), las zonas agrícolas aportan residuos orgánicos que originan un importante desequilibrio ecológico y que se une a la falta de oxígeno, los niveles de dióxido de carbono (CO2) son altísimos y convierten el río en una fuente de emisión a la atmósfera y se han detectado niveles de toxinas (microcistinas) capaces de matar a los peces.

Esta es parte de la descripción que hace del río Guadalquivir el informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades de Córdoba y Granada que se ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente para analizar la compatibilidad de usos. El CSIC pide una urgente gestión integral de la zona e identifica numerosos elementos que han llevado al Guadalquivir a este estado. El que menos influye: el dragado del río; el que más, la falta de agua dulce.

Este informe se encargó para analizar el estado actual del estuario, la desembocadura y la zona marina adyacente, así como el efecto de las acciones humanas en esta área con el fin de aportar datos para que "las partes interesadas" identifiquen los usos futuros compatibles y se tenga en cuenta la incidencia que podrá tener el cambio climático.

Los factores más críticos son la ocupación agrícola de los llanos de marea; la entrada de sedimentos, que afecta a las industrias pesqueras y salineras y tapona el río; la presa de Alcalá (Sevilla), que impide la renovación del agua y, sobre todo, la insuficiente carga fluvial o aportes de agua dulce, que es el elemento más determinante para llevar al río a la preocupante situación actual. Una actuación como el dragado del río para el paso del tráfico marítimo tiene impactos de menor consideración o que no pueden ser considerados de forma individual.

En cualquier caso, el informe deja claro que todas las actividades humanas, desde la agrícola a la industrial, "repercuten negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y no mejoran los episodios extremos (turbidez y salinidad)".

Entre los elementos más llamativos del informe se encuentra que la turbidez hace que la luz del sol llegue a una profundidad entre 20 y 40 veces menor que en estuarios similares.

Esta falta de luz y el exceso de materia orgánica hacen que los niveles de oxígeno hayan estado en el 90% del tiempo analizado por debajo de los niveles críticos. Además, frente a unos niveles de CO2 atmosféricos de 382 partes por millón, en la boya 47 (entre Isla Mayor y Puebla del Río) se registraron durante el mes de enero de 2009 niveles de 3.112 partes por millón.

Esta concentración de dióxido de carbono y un reducido grado de acidez (pH) tiene "consecuencias particularmente drásticas" en el plancton animal y en la fauna bentónica (la que vive en el fondo de los ecosistemas acuáticos). Los organismos que dependen de la fotosíntesis se "encuentran en un estado extremo, aparentemente próximo a la supervivencia". Además, es poco diverso e incluye especies tóxicas, la principal es la cianobacteria Microcystis aeruginosa, muy persistente y hallada en peces y moluscos. Por si fuera poco, en cinco especies de peces y coquinas se halló la toxina microcistina en "concentraciones suficientemente elevadas como para provocarles la muerte".

El CSIC y las universidades aportan dos alternativas ante la crítica situación del río: "Esperar a que cesen las causas y que el sistema se recupere a su buen saber o entender o la gestión integral de los recursos del estuario". Obviamente, urgen la segunda. Precisamente, la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir está en estos momentos pendientes de una decisión del Tribunal Constitucional.

La investigación ha llevado a un grupo científico a considerar incompatible una única actuación, el dragado del río. Sin embargo, el texto es claro en identificar numerosos proyectos sobre la zona, que van desde balsas de riego para los arrozales hasta la presión urbanística, y la principal causa de la agonía del Guadalquivir: la escasez de agua dulce, que tiene un promedio de 50 metros cúbicos por segundo cuando la salinidad y la turbidez "se reducen significativamente a partir de 250 metros cúbicos por segundo", un caudal cinco veces superior al actual.

"Esta escalada de usos y la descoordinación práctica de la gestión que, en general, se desarrolla sin cuantificar previamente sus consecuencias (...) se manifiestan a través del agotamiento de los recursos básicos de suelo y agua e imposibilitan la satisfacción de todas las demandas". Las consecuencias de gestión son "crispación social, turbidez, toxicidad, erosión, intrusión de arena, reducción del canal navegable, sobreexplotación de acuíferos y reducción crónica de la diversidad biológica y del potencial pesquero y marisquero", entre otras.



* El País - 2.01.10
Foto: El río Guadalquivir a su paso por Coria del Río (Sevilla) - elpais

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Las Palmas.- El Supremo 'tumba' la Biblioteca del Estado por ser ilegal la licencia que otorgó Soria

CANARIASAHORA* : El Tribunal Supremo notificó el pasado 29 Dic. una sentencia por la que ratifica la nulidad de pleno derecho la ordenación de la parcela de la Biblioteca Pública del Estado, situada en la Avda Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, por "haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la sentencia de 10 Oct. de 2002" del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo del Supremo obliga a ejecutar la demolición del edificio, anulando el auto del TSJC que declaraba la inejecución de la referida sentencia. En 1997, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria, presidente del PP canario, y concejal de Urbanismo Jorge Rodríguez Pérez, se otorgó licencia para edificar esta biblioteca en base a un proyecto del Ministerio de Cultura. Como quiera que la ley exigía entonces que se elaborara un plan especial para desarrollar esa parcela, sometida a la calificación de sistema general en el Plan General de 1989 y tal prescripción se incumplió, la licencia fue declarada nula por el TSJC en 2002 y ratificada por el Supremo en 2006.

El Ayuntamiento alegó que la sentencia era inejecutable, pero los vecinos de la zona volvieron a recurrir al Supremo, que acaba de ratificar su resolución de 2006 obligando al consistorio a demoler esa edificación, situada junto al parque de San Telmo de la capital grancanaria.

La nueva sentencia del Supremo, conocida este lunes, propina un severo correctivo al Ayuntamiento de la ciudad. Entre otras afirmaciones, el ponente recuerda que "la aprobacibn del planearniento municipal, que ahora se esgrime como causa para declarar inejecutable la sentencia, tuvo lugar el 9 de marzo de 2005, es decir, dos años y medio después de que la Sala de instancia [el TSJC] anulase la licencia por no ajustarse al planeamiento urbanistico vigente, aunque dicha sentencia se hubiese recurrido en casacion".

Y remacha el Supremo: "Con la aprobación del nuevo planeamiento municipal se levantaron los escollos que el planeamiento urbanístico anterior ofrecía para el otorgamiento de la licencia de obras y construcción del edificio destinado a biblioteca pública, a pesar de que, como certeramente expresa la representación procesal de la Comunidad recurrente al articular el motivo de casación aducido, el referido cambio no responde a eventuales circunstancias sobrevenidas en el desarrollo de la ciudad, sino al designio de conferir cobertura a una actuación declarada contraria a derecho por sentencia".



* Canaria Ahora - 3.01.11
Foto: Biblioteca Pública del Estado - canarias ahora

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La Fiscalía investiga un supuesto delito de falsificación del Plan Xeral de Ordenación de A Guarda

FAROVIGO* : Afecta a terrenos Red Natura 2000, donde se concedieron tres licencias urbanísticas. La Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Pontevedra investiga la denuncia interpuesta por un posible delito de falsificación en documento público y de prevaricación continuada contra el actual aparejador del Concello de A Guarda, Hermelindo Martínez González, autor de un informe técnico solicitado por la Consellería de Medio Ambiente en el que supuestamente y según consta en el escrito de denuncia “realiza una falsificación en un importante documento público como es el vigente PGOU de A Guarda”, con relación a la ampliación de un ámbito urbanístico, el núcleo rural de bajada a la playa de Camposancos, situado en la parroquia del mismo nombre.

El denunciante, Eulogio Abeleira, afirma que en el informe incluye unos terrenos cuya vivienda inacabada, además de otras, está fuera de ese ámbito y en terrenos rústicos. Interpreta que supuestamente lo hace con el fin de sobrepasar el 50% de consolidación del citado ámbito que supondría eliminar las trabas edificatorias establecidas por la disposición transitoria primera, apartado 1e) de la LOUG, que obliga a los núcleos rurales a presentar un grado de consolidación de la edificación superior al 50% para no aplicarles el régimen establecido para áreas de expansión de los núcleos rurales.

Actuaciones urbanísticas

Eso permitiría futuras actuaciones urbanísticas en la zona que, de adaptarse al vigente planeamiento, estarían prohibidas. Además se logra que parte de diversos terrenos, clasificados como rústicos en el PGOU, queden fuera, incluso en esa área de expansión. Afecta a terrenos ubicados en Red Natura 2000, donde se otorgaron tres licencias urbanísticas, alegando ser terrenos rurales, para construcción de viviendas aisladas, donde no se ha observado por el Juzgado delito alguno, en su momento.



* Faro de Vigo - 4.01.11
Foto: A Guarda (Pontevedra) - wikipedia.org

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Écija.- La irresponsabilidad de unos políticos lleva al kaos a este municipio sevillano

KAOSENLARED/Sevilla* : Écija ha vuelto a anegarse esta madrugada, por quinta vez en este mes, por el desbordamiento del arroyo Argamasilla, afectando principalmente al barrio de Puerta Osuna y a las calles La Victoria, Ancha y Arroyo, según han informado fuentes municipales. En torno a las 6:50 horas, el agua del Argamasilla empezó a salir por las alcantarillas de Puerta Osuna, dañadas por las continuas crecidas del arroyo. La ciudad está en alerta amarilla por lluvias, tras los 28 litros por metro cuadrado caídos en las últimas horas, aunque preocupa sobre todo la lluvia que todavía puede caer en la cabecera del Argamasilla.

Según ha informado el Consistorio astigitano en una nota, las lluvias han anegado las zonas por las que pasa el arroyo, que son Puerta Osuna y aledañas, inclyuendo a las calles Arroyo, Paloma. Asimismo, está anegada parte de la avenida Cristo de Confalón.

En las calles Cava y Emparedamiento hay dos tractores desaguando a otras alcantarillas cercanas para evitar que suba más el agua. La situación general, por otra parte, ha propiciado que los dispositivos de emergencia se encuentren activados.

Algunos vecinos de la calle Arroyo han visto como el agua empezaba a entrar en sus viviendas a través de los husillos y el agua amenazaba también a la calle Cava.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Écija se ruega a los ciudadanos afectados que extremen las medidas de precaución y tengan “prudencia”, rogándose asimismo a los vecinos que no utilicen los vehículos particulares por estas zonas anegadas y las aledañas “si no es estrictamente necesario”.



* Kaos en La Red - 1.01.11
Foto: Écija (Sevilla), quinta inundación en un mes - kaosenlared

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Palma.- El juez imputa a José Luis Moreno por sus contratos millonarios con IB3

DIARIODEMALLORCA* : El juez José Castro, instructor del sumario por presunta corrupción vinculada al velódromo público Palma Arena, ha imputado al productor audiovisual José Luis Rodríguez Moreno para interrogarle sobre sus contratos con la televisión del Govern IB3 entre 2005 y 2007. El juez también preguntará a Moreno por los presuntos sobornos de 250.000 euros que habría pagado, en metálico, al entonces president del Govern del PP Jaume Matas a cambio de dichos contratos. La imputación de Moreno se ha producido tras la práctica de una serie de diligencias que han ratificado, en parte, el testimonio de Luis Velasco Ortiz, el antiguo jefe de las empresas de Moreno en Balears. Velasco denunció a su patrón ante la fiscalía anticorrupción en octubre del 2008. Velasco declaró, en calidad de imputado ante el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, en abril del año pasado y se ratificó íntegramente en su denuncia inicial.

Según el denunciante, Moreno pagaba sobornos a cambio de conseguir suculentos contratos con televisiones autonómicas. En el caso de IB3 el empresario madrileño se habría compinchado con el president Jaume Matas, también encausado en esta pieza separada, para conseguir contratos por 5 millones, a cambio de dar un 10% en sobornos, es decir medio millón.
La mitad de esa dádiva la habría pagado José Luis Moreno a Matas en el vestíbulo del Casino de Mallorca, donde se hizo la gala inaugural de la televisión pública balear. Tanto Matas, ante el juez, como Moreno, a través de cartas remitidas a la fiscalía y a los medios de comunicación, han negado tajantemente las acusaciones de Velasco.

Yate y decorados

Velasco también reveló que Moreno consiguió, fuera de plazo, hacerse con los concursos públicos convocados por IB3 para construir los decorados de algunos programas. La calidad de uno de esos escenarios dejó mucho que desear y tuvo que ser construido por otra empresa.
El juez ya ha interrogado a varios testigos, en su mayor parte extrabajadores o excargos de la televisión autonómica, sobre aquellos concursos y ha encontrado algunos indicios que avalarían la versión de Velasco. La Guardia Civil, por su parte, ha analizado los expedientes y correos electrónicos intercambiados entre Velasco y responsables de las empresas de Moreno que trabajaron para IB3. En algunos de estos mensajes se habla de los problemas de Moreno para cobrar ciertas facturas de los decorados y otros servicios, que Nani Bohígas, testigo en la pieza separada y exjefa de producción de IB3, se negó a abonar, al estimar que habían sido hinchadas. Velasco también asegura que Moreno habría dado sobornos a María Umbert, la primera directora general de IB3 (y exjefa de gabinete de Matas, y a Arturo Orrico, responsable de antena del ente.



* Diario de Mallorca - 4.01.11 Foto: Palma de Mallorca, velódromo Palma Arena - diariodemallorca.es

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El urbanismo de birlibirloque

ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR* : Cuando uno repasa la historia de Tablada, con sus luces y sus sombras siniestras (principalmente las del papel decisivo que jugó en la sublevación de Franco), siente una mezcla de perplejidad y de rabia. Cómo es posible que un territorio mítico que a lo largo de siete siglos perteneció al pueblo de Sevilla, como pasto comunal, haya terminado siendo, mordida tras mordida, pasto de especuladores. Muchas cosas han ocurrido entre los ocho millones de pesetas de 1934 que aceptó un Ayuntamiento sumido en la miseria, a cuenta de los 16 con que cerró la compra el Ministerio de Defensa en 1946; entre una República ya controlada por la derecha, y el apogeo del franquismo; y hasta los 210 millones de euros en que tasan los terrenos sus actuales propietarios, las 14 inmobiliarias agrupadas en Tablada Híspalis. Hitos todos dignos de figurar en los anales de la época más negra del malabarismo inmobiliario que ha conducido a este país al hondón en que se encuentra. Para que se hagan una idea rápida, la conclusión económica de todo ese tejemaneje, ese arte de birlibirloque en que tan duchos son los inversores del ladrillo, un terreno que valía hace pocos años a veinte duros (100 pesetas) el metro cuadrado, como agrícola que era en su mayor parte, y que todavía es en el catastro, sus actuales propietarios lo tasan en 60 euros, casi 10.000 pesetas. Y sin haber movido un pedrusco. Nunca vióse en este país transmutación más sublime.

La pregunta es, naturalmente, quién le dijo a las dos cajas de ahorro que compraron a Defensa, en 1997 y en 2000, que Tablada sería urbanizable algún día. Pues se lo dijeron Rojas Marcos y Soledad Becerril un 18 de febrero de 1999 (día de triste memoria para Tablada) cuando el primero firmó con las afamadas dos entidades financieras y sus intrépidos paladines de entonces -dos ex socialistas de cuyos nombres no quiero acordarme- un convenio de urbanización que les prometía poder construir a placer en la antigua dehesa; convenio que fue llevado a ratificación del Pleno municipal una semana más tarde, donde recibió los parabienes de PP y PA, y la radical oposición de PSOE e IU. Eso sí, nunca jamás ese acuerdo pasó a los planos definitivos que avalaran tan magna operación.

En paralelo a la trapisonda dineraria ha corrido la suerte judicial. A demandas y más demandas de los propietarios actuales, por el negocio que veían escurrírsele, se han producido sentencia tras sentencia de lo Contencioso, ratificando lo que dicen palmariamente los documentos oficiales (PGOU, Potaus y LOUA), a saber, que Tablada es territorio de especial protección, no urbanizable, donde se podrá crear un parque periurbano de baja intensidad, como quiere la plataforma ciudadana que se constituyó al efecto hace siete años y que acaba de dar a conocer su propuesta de usos. Es más -y ésta es la gran noticia jurídica- una providencia de la Audiencia Nacional (Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso), de 13 de octubre de 2009), cuestiona la legalidad de la primera subasta, la de 1997, por defectos de forma. Es decir, que todas las compra-ventas posteriores podrían ser anuladas y el grueso de los terrenos devueltos al patrimonio del Estado. Y a partir de ahí, empezar una nueva historia mucho más sensata.

Una lectura política del asunto, inexcusable en estos tiempos que corren, es que Tablada nos la han ido arrebatando a los sevillanos siempre gobiernos de derecha, en Madrid como en Sevilla, y que sólo los gobiernos de izquierda, sensibles a la presión ciudadana, han podido salvarla, hasta con dos intentos de expropiación, fallidos, porque en su momento no había cobertura legal suficiente. Hoy sí existe esa cobertura. También hoy, por suerte, los cuatro grupos con representación municipal dicen apoyar la opción Tablada verde y pública. Enhorabuena. Pero estamos en puertas de nuevos desafíos políticos, por lo que convendría actuar cuanto antes, no sea que...

* Antonio Rodríguez Almodóvar es escritor y miembro de la plataforma Tablada Verde y Pública.


* El Correo Andalucía - Opinión - 26.12.10

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Unas 500 personas están imputadas en Balears por casos de corrupción

DIARIODEMALLORCA* : Se imaginan a todos los habitantes de Escorca (276 almas), multiplicados por dos e imputados en enrevesadas y millonarias causas judiciales, ese es el balance de los veinte principales casos de corrupción en las administraciones públicas y de tramas de evasión fiscal que tramitan los juzgados de Balears. Los quinientos encausados en unos sumarios de gran complejidad variarán a lo largo de este nuevo año. No será hasta la fase final de la instrucción, coincidiendo con la calificación provisional de las acusaciones, cuando se sepa la cifra exacta de encartados. Las veinte causas aún "vivas" sobre presuntas corruptelas en Ayuntamientos, Consells insulares, Govern y otras administraciones públicas, cometidas en las pasadas y la actual legislatura, son las siguientes: Bomsai; Inestur-Voltor; Palma Arena; Andratx; Can Domenge; Son Oms; Maquillaje; Ibatur; Peaje-Carreteras; Fundació Illes Balears-Torre de Sant Elm; Scala-Consorcio per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB); Bitel-2; Turismo Jove; Ibatur; Funeraria de Palma-EFM; Ayudas del Consell de Mallorca; Mar Blau-Puertos del Estado; Relámpago; Canteras del Govern e Eivissa Centre.

En el año 2010 se archivaron 2 sumarios y también se dictó el sobreseimiento para unos cuantos encausados en otros casos. Las causas archivadas fueron las del Plan Territorial de Mallorca y la última viva contra la ex alcaldesa socialista de Calvià Margarita Nájera, por un solar urbanizable comprado por su ex marido Manuel Barajas hace ya casi 10 años.

140 imputados en Andratx
El caso que, con diferencia, ha dado lugar al mayor número de imputados ha sido el de Andratx, la cada vez menos presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de dicha localidad. La también conocida como Operación Voramar se ha saldado nada menos que con unos 140 imputados, en las 77 piezas separadas abiertas para esclarecer un sinfín de corruptelas urbanísticas. Los principales encausados, algunos de ellos ya en prisión, son: el exalcalde de Andratx por el PP, Eugenio Hidalgo; el exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y el antiguo celador municipal de obras, Jaime Gibert.
El segundo sumario con más implicados es el bautizado como Operación Maquillaje, hijuela del caso Son Oms y que ya tiene 63 imputados. Las previsiones apuntan a que esta supuesta trama de desvíos millonarios de fondos públicos a empresas afines a UM y militantes de ese partido seguirá creciendo.
Los acusados de mayor relumbrón constituyeron en su día la cúpula de UM: María Antònia Munar; Miquel Nadal; Miquel Àngel Flaquer; Bartomeu Vicens; Josep Lliteres; Miquel Àngel Grimalt; etc. Junto a ellos son sospechosos un carrusel de testaferros, parientes y empresarios, entre ellos el esposo de Munar, Miguel Munar, y los primos de Nadal, Miquel Sard y su esposa.
La tercera causa más poblada es el Palma Arena, un presunto entramado de desvío de fondos y financiación irregular del PP a través de las obras y eventos del velódromo del mismo nombre. Ya casi nadie se acuerda de que el Palma Arena nació como Operación Espada, en honor a la mítica bicicleta de Induráin. Hoy, ronda el medio centenar de encausados. Su imputado más famoso, y más fotografiado, es el expresident del Govern Jaume Matas, quien comparte sumario con su esposa y su cuñado (extesorero del PP).



* Diario de Mallorca - 2.01.11
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com

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Madrid.- La Comunidad cierra por sorpresa un albergue juvenil

MADRIDIARIO* : El albergue juvenil de Santa María del Buen Aire, dependiente de la Dirección General de Juventud y ubicado en el municipio de San Lorenzo del Escorial, echa el cierre este viernes. Los doce trabajadores que han sido despedidos aún no se explican la fulminante decisión, mientras que el director del centro, funcionario regional, será reubicado en otro albergue. El albergue para jóvenes Santa María del Buen Aire dejará de funcionar este viernes, 31 de diciembre. Utilizado de manera habitual para acoger jornadas de convivencia o campamentos, está emplazado en un paraje natural envidiable, rodeado de amplias praderas y a espaldas del monasterio de El Escorial. Se reinauguró, tras una reforma, hace cinco años, en concreto el 27 de mayo de 2005.

Venía siendo utilizado con frecuencia por asociaciones que trabajan por la integración de jóvenes discapacitados como CEPRI -especializada en el tratamiento de personas con autismo- o APAMA -Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas- por su "excelente emplazamiento libre de coches y baños y habitaciones adaptados", explica un trabajador de CEPRI.

Ahora, nadie se explica el por qué del cierre. Rosa Ariza, una cocinera que llevaba varios años prestando allí sus servicios, se enteró "hace menos de una semana" de su despido: "Estamos muy indignados porque no sabemos nada, nadie nos ha dado ninguna explicación". Igual que ella, otros once trabajadores de Gastronomía Las Murallas -empresa que tenía adjudicada la gestión del centro- se han quedado sin trabajo "de la noche a la mañana".

Muchas son las especulaciones sobre el cierre. La crisis o la intención de la Comunidad de privatizar el centro son algunas de las que más suenan entre los afectados. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura y Deporte, organismo del que depende la Dirección General de Juventud y la red regional de albergues y refugios, se aseguró a este digital que la intención no es otra que la de "realizar un cierre temporal para estudiar la viabilidad y mejora de los servicios que venían prestándose en este albergue, puesto que en los últimos años ha experimentado una progresiva disminución en la ocupación y demanda".

Y es que, según datos facilitados por la Dirección General de Juventud, "en 2008 el porcentaje de ocupación fue del 45,53 por ciento, en 2009 del 44,35 por ciento y en 2010 la media de ocupación es del 40,23 por ciento". Estas cifras contrastan con la opinión de los trabajadores, quienes afirman que "el sitio está muy preparado y siempre estaba lleno de gente, no entendemos el por qué de la decisión, aunque es verdad que desde primavera ya no se aceptaban reservas para enero".

La Comunidad de Madrid quiere además hacer constar que dispone de otro albergue en San Lorenzo del Escorial: "Estas instalaciones podrían absorber la posible demanda que se presentara durante el cierre temporal".

José García, coordinador de CEPRI, por su parte lamentó la decisión porque "el sitio se había convertido en un albergue ideal para venir con chicos con discapacidad intelectual y, a diferencia de otros, éste estaba abierto todo el año a excepción de Nochebuena y Nochevieja". "Es una verdadera pena", concluyó.



* Madrididiario - 30.12.10
Foto: San Lorenzo del Escorial, albergue juvenil cerrado - madridiario

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Galiza non se Vende pide una huelga general urgente

LAOPINIÓN* : La plataforma 'Galiza non se vende', que aglutina a diferentes asociaciones, ha hecho público un manifiesto en el que reclama una "huelga general urgente" que sea continuada con más protestas, como paros, boicots y activismo, para lograr un "cambio de rumbo en las políticas sociales y económicas". En un comunicado, critica que "desde el Gobierno central y la Xunta se subvenciona, como siempre y sin contar con el pueblo" a los bancos, a las grandes empresas y a instituciones como la eclesiástica y la militar. Al mismo tiempo, ha reprochado, "se están recortando todos los gastos sociales". Además, la plataforma ha considerado que la Xunta desarrolla una legislación que se basa en "la desprotección del territorio" y "agrava la actual permisividad" en el urbanismo.

"Son normativas pensadas, ideadas y preparadas para entregar lo que es patrimonio de todas y todos a las manos del capital, con todas sus caras", ha denunciado y ha citado, entre otras normas, el Plan de Ordenación del Litoral, la modificación de la Ley del Suelo, la Ley de Montes, las Directrices de Ordenación del Territorio, el plan de acuicultura o el de gestión de residuos.

Asimismo, ha criticado que el decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza "menosprecia" la lengua propia de Galicia y "toda" su cultura. "Este modelo es inviable; necesitamos otro modelo que ponga en el centro al medio ambiente, la cultura y las personas", ha reclamado el colectivo.



* La Opinión - 31.12.10
Foto: galiza_non_se_vende

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Marbella.- Un inmueble marcado porla polémica desde su adquisición en 1991

SUR* : La imagen del edificio de Urbanismo, al que durante mucho tiempo se conoció como 'el otro Ayuntamiento', está ligada por asociación a la figura de Juan Antonio Roca. Entrar en su día en el inmueble suponía adentrarse en los dominios del principal acusado del 'caso Malaya', los despachos desde donde el ex asesor municipal supuestamente manejaba a su antojo el urbanismo de Marbella. Sin embargo, antes de que Roca los convirtiera en su fortaleza, los dos locales comerciales que el Consistorio cederá a la Junta de Andalucía ya estaban marcados por la polémica. Tanto, que las operaciones llevadas a cabo para la adquisición del edificio derivaron en un procedimiento penal por los presuntos delitos de fraude, alzamiento de bienes y falsedad en documento oficial: el denominado 'caso Sermosa'. Según la Fiscalía Anticorrupción, la compra de los locales por parte de la Administración local presidida por Jesús Gil a una sociedad del propio alcalde supuso un perjuicio de más de 1'2 millones de euros -200 millones de pesetas- para las arcas municipales.

La causa judicial tiene su origen en la denuncia presentada en 1994 por la entonces edil socialista Isabel García Marcos, que en la actualidad comparte banquillo con Roca en el 'caso Malaya', aunque los hechos se remontan a 1991. Según Anticorrupción, en octubre de ese año Gil y el propietario de la mercantil Servicios Monetarios SA (Sermosa), Benigno Vázquez, acordaron enajenar los bienes de dicha sociedad para evitar que fueran embargados por los acreedores. Para ello, el Club Financiero Inmobiliario, empresa propiedad de Gil, compró a Sermosa dos inmuebles en Madrid y siete en Marbella -los dos locales de Urbanismo y cinco plazas de garaje- por 2.295.866 euros.
Nuevas escrituras
Dos meses después, el ex alcalde y Vázquez anularon la operación y firmaron unas nuevas escrituras por las que los inmuebles de Marbella se vendían a la empresa municipal Contratas 2000. Según el Ministerio Público, en la operación se fijó un «precio ficticio» de 3 millones de euros, «superior en más de 200 millones de pesetas al fijado para las mismas fincas dos meses antes». De esta forma, según la Fiscalía, los bienes de Madrid «pasaron a la propiedad de Gil sin que éste pagara cantidad alguna por ellos, pues el desembolso lo efectuó el Ayuntamiento de Marbella mediante el sobreprecio ficticio que se le impuso».
El fiscal solicitaba seis años de prisión para los tres acusados en el procedimiento: Gil, Vázquez y José Luis Jiménez, hombre de confianza del ex alcalde y que participó en la operación como gerente de Contratas 2000. El juicio por el 'caso Sermosa' dio comienzo en la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2003, pero, tal y como habían solicitado los acusados en las cuestiones previas, la causa se remitió finalmente a la Audiencia Nacional al considerar el tribunal que los supuestos delitos tenían conexión con los hechos investigados en el 'caso Saqueo'.
Finalmente, en junio de 2009, fallecidos ya Jesús Gil y José Luis Jiménez, la Audiencia Nacional condenó a Benigno Vázquez a seis meses de arresto mayor por un delito de apropiación indebida.



* Sur - 31.12.10
Foto: El edificio de Urbanismo, registrado por la policía el 29 de marzo de 2006, día en que estalló la 'operación Malaya'.- sur

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Icomos acusa al PP de favorecer a los constructores

LAVOZDEASTURIAS* : A pesar de las críticas que recibe por parte del concejal de Urbanismo de Oviedo, el presidente del Comité Internacional de Icomos sobre Itinerarios Culturales, Víctor Fernández Salinas, acude a la ciudad para analizar la nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) y sus repercusiones sobre los edificios catalogados que ahora quedan desprotegidos. El asesor de la Unesco en España sobre aspectos de patrimonio es claro: “El conjunto histórico de Oviedo no es sólo patrimonio de la ciudad, lo es de todo Asturias”, comentaba en alusión a la decisión del PP de revocar la protección a 600 inmuebles. Una catalogación que daba la propia norma municipal. “Llama poderosamente la atención que un PGOU de 2005 se tenga que cambiar para permitir actuar en los inmuebles catalogados; es una deslegitimación de la propia norma”, sentenció. “Aquí lo que se está haciendo es fomentar la actividad del constructor a costa del patrimonio”.

El asesor de Icomos, profesor de Geografía en la Universidad de Sevilla, visitaba el casco antiguo de Oviedo y se fijaba en el edificio que será el primero de los afectados por la nueva norma municipal: San Isidoro 22, en la plaza del Paraguas. Este inmueble catalogado será derruido completamente para volver a ser reconstruido; eso sí, recreando la fachada. “Este tipo de actuaciones va en contra de la protección del patrimonio; lo que se hace es crear una ciudad de mentira”. Fernández Salinas señala que, desde Icomos, poco se puede hacer ya para salvar el edificio. Pero no se rinde. Una de las medidas que va a solicitar al director general de Patrimonio en Asturias, con el que se va a reunir el próximo mes de enero, es ampliar el ámbito que, en la actualidad, comprende el casco histórico, protegido por ser Bien de Interés de Cultural (BIC). El asesor de la Unesco considera que este ámbito de protección es muy reducido. “Aún así, hay edificios incluidos en el catálogo municipal que están dentro del área de protección y, que según la modificación del PGOU, pueden ser también derruidos”. El profesor recuerda que la Ley de Patrimonio prohíbe el derribo de inmuebles que estén dentro de un BIC, salvo que se encuentren en situación de ruina.

Fernández Salinas adelanta que Icomos redactará un informe que será remitido a la Consejería de Cultura, al Ministerio, a la Unesco y al propio ayuntamiento, alertando de los riesgos que conlleva la desprotección de los edificios. “El valor de los inmuebles, aunque no sean monumentales, se tiene que dar aquí mismo; tienen que ser los propios ovetenses quienes tienen que valorar lo que poseen”, añadió. “Nos gustaría hablar con el ayuntamiento, pero con cualquiera que no sea Mortera -el concejal de Urbanismo-. Este señor nos insulta y no tiene conocimientos sobre aspectos de patrimonio”, afirma. Y es que para Fernández Salinas, una persona como Mortera que “defiende el modelo del Fontán”, una plaza porticada que fue completamente derruida y reconstruida posteriormente, “no puede ser un interlocutor válido”.

Quiso también responder a las acusaciones de Alberto Mortera. “No, no tengo el carnet del PSOE”, comentaba. “Pero tampoco tengo el del PP, algo de lo que también nos acusa el Gobierno local de Sevilla por criticar la construcción de la torre de Cajasol”. Mortera acusaba, recientemente, a Fernández de tener “menos credibilidad que Paloma Sainz presentando el palacio de Justicia en El Vasco”. El responsable popular acusó al asesor de la Unesco de estar politizado; “todo el mundo sabe que se encuentra en las antípodas de las posturas del PP”. Y Mortera puso como ejemplo que, mientras Salinas se moviliza con cualquier movimiento que realiza el equipo de Gobierno del PP, “se pierden murales del siglo IX en San Miguel de Lillo sin que diga nada”, aludiendo a que no ataca al Principado.



* La Voz de Asturias - 2.01.11
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org

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Todos al suelo

MONCHO ALPUENTE* : La noche del 24 de diciembre se hizo la luz en las cuatro torres de la Castellana, cuatro menhires erigidos a mayor gloria de la especulación inmobiliaria y monumento póstumo al Señor de los Ladrillos, supremo urbanizador de la Tierra Media (la que media entre dos terrenos previamente edificados), gran Mammón (deidad aramea de los bienes materiales), insaciable Moloch (dios de los fenicios, adicto a los sacrificios humanos). Cuatro torres entre paréntesis y en entredicho, torres de Babel milagrosamente culminadas cuando sus constructores empezaban a no entenderse y se mezclaban sus lenguas y sus cifras, soberbios pináculos que se elevaron sobre suelo común, patrimonio de todos los madrileños, suelo expoliado. La tierra para el que se la trabaja con herramientas financieras, con exenciones, subvenciones y recalificaciones. Las torres inclinadas de la plaza de Castilla fueron nuestras horcas caudinas bajo las que pasamos todos con la cerviz humillada, torres de KIO que nacieron de la estafa y fueron prontamente barridas del skyline de Madrid por la prepotencia de las cuatro torres: Espacio, Sacyr Vallehermoso, Torre de Cristal y Torre Caja Madrid.

Durante tres horas y media brillaron las cuatro luminarias, como cuatro cirios votivos de las Pascuas más infelices de las últimas décadas. No brillaron más por criterios medioambientales y de economía de costes pero sus luces alumbraron las nuevas tarifas eléctricas que llegarán con el Año Nuevo de nuestras desdichas.

A la deslumbrante ignición de las torres de la frontera norte se contraponía el persistente apagón de los primigenios rascacielos de la plaza de España, símbolos que fueron del desarrollismo franquista. El edificio España con reminiscencias imperiales y la esbelta Torre de Madrid cubren hoy de sombras la amplia explanada, huyen don Quijote y Sancho hacia la Casa de Campo para escapar del mercadillo instalado en sus dominios, la celebrada Gran Vía desemboca en este agujero negro que absorbe y diluye su energía. De Madrid al cielo, de Madrid el suelo, tierra de nadie con la que todos especulan. ¡Todos al suelo!, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha levantado la veda y ha suprimido el "impuesto revolucionario", así llamó la consejera del ramo a la cesión del 20% que las inmobiliarias y promotoras que construyen en Madrid hacían a la Comunidad para hospitales, carreteras, parques o viviendas públicas. Puro chantaje según las autoridades comunitarias, injusto peaje que obstaculizaba la libertad de los constructores, una ofensa grave a los principios fundamentales del post-neoliberalismo que pregona y predica con sus actos y sus pactos la presidenta Aguirre, cuyo lema habría pasado del clásico "Dejar hacer, dejar pasar" al "Pasemos de todo y que hagan lo que les dé la gana". En un artículo publicado el pasado domingo en estas páginas, el arquitecto Eduardo Mangada calificaba las recientes modificaciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid como perversas y retrógradas. Bajo el expresivo título de Incultos y sin vergüenza, Mangada denunciaba la ley de acompañamiento de los Presupuestos comunitarios, subterfugio y artimaña que el Gobierno regional ha utilizado para colar de matute, con auto-enmiendas y disposiciones transitorias nuevas y escandalosas restricciones de los intereses públicos para mayor provecho de los intereses privados. Incultos y sin vergüenzas, nuestros gobernantes han decidido "flexibilizar el procedimiento para la modificación de los usos asignados" a los suelos cedidos por las inmobiliarias y promotoras, que ya no tendrán que ser destinados obligatoriamente a servicios y equipamientos públicos. Como avisa Mangada: "Cuando la derecha utiliza los mantra, 'agilizar' y 'flexibilizar' para conquistar una mayor 'eficiencia' está anunciando un serio y prolongado programa de privatizaciones".

Esperanza Aguirre nos quita el suelo que pisamos, nos agiliza y nos flexibiliza, utilizando su mayoría absoluta para aplastar nuestros derechos y libertades que terminan donde empiezan los suyos y los de los suyos, por donde pisan sus caballos no volverá a crecer la hierba pública, los prados comunales en los que hoy pacen sus vacas sagradas. Una vez agilizado y flexibilizado, cautivo y desarmado, desmantelado y privatizado el patrimonio común, Esperanza Aguirre podrá dimitir en paz y dejar a sus sucesores la administración del corralito restante, la educación y la sanidad públicas volverán a ser, como antes patrimonio de la Beneficencia.

* El País - Opinión - 29.12.10

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Barcelona.- Un error retrasa año y medio la entrega de 22 pisos protegidos en el Carmel

ELPAÍS* : Son 22 viviendas protegidas nuevas, están en el barrio del Carmel y llevan un año y medio esperando a sus dueños. Pese a su aspecto inmaculado, son inhabitables porque no tienen electricidad. Los malentendidos entre Fecsa-Endesa y la promotora han impedido hasta la fecha instalar la estación transformadora que debe conectar el inmueble a la red. "No entiendo cómo se puede tardar 18 meses en poner luz en un edificio", se queja Ana Guelbenzu, una de las vecinas afectadas. La eléctrica afirma que no puede instalar la estación porque le falta el contrato de cesión de un local que debe otorgarle la Fundación Larcovi para el Desarrollo, la promotora. Esta, en cambio, dice que este trámite ya está hecho desde hace muchos meses. Uno y otro se cruzan acusaciones ante la mirada atónita de los propietarios, indignados porque, además de soportar el retraso, perderán miles de euros en desgravaciones fiscales.

Si no escrituran la vivienda mañana, algo ya imposible, sufrirán la entrada en vigor de la nueva Ley de Economía Sostenible, que acaba con los beneficios fiscales por la compra de la vivienda habitual para aquellos que ganen más de 24.000 euros brutos al año.

Ana ha adelantado 6.420 euros por la reserva del piso y otros 18.773 euros por la compraventa, una suma que sí podrá desgravar. Pero nada más, tampoco los 100.000 euros que, mediante hipoteca, le quedan por pagar. "Habría podido desgravar durante 25 años si no fuera por la mala gestión de esta gente. Ahora ya no hay nada que hacer", lamenta.

Según el contrato de compraventa, la promotora tiene la obligación de entregar los pisos tres meses después de la calificación definitiva, resolución que el edificio aún no tiene justamente porque la falta de luz.

"Soy el primero que quiere entregar los pisos, pero lo único que puedo hacer es esperar a que Endesa construya la estación. Es desesperante. Ojalá no la necesitáramos", explica el promotor, Francisco Campos. La eléctrica responde que no pueden "colocar el transformador por falta de documentación".

"Me siento de todo menos protegida", asegura Ana, traductora de 31 años que ha dejado de llamar al Ayuntamiento de Barcelona para reclamar "por desgaste mental". Ana participó en el sorteo de 592 pisos de protección oficial destinados a la venta que el Ayuntamiento de Barcelona sorteó en febrero de 2007, dentro del Plan de Vivienda 2004-2010. En julio de ese año supo que era una de las afortunadas y escogió la promoción del número 160 de la calle de Dante, en el barrio del Carmel, situado en la colina del mismo nombre del distrito de Horta-Guinardó. "Me gusta la zona y había vivido cerca, en Vallcarca", explica.

Es un edificio de 24 viviendas construidas por la Fundación Larcovi (una sociedad sin ánimo de lucro que se nutre del 0,7% de los beneficios de empresa Larcovi), que se ocupa de construir viviendas sostenibles para sectores con pocos recursos. En el bloque hay 18 viviendas destinadas a jóvenes (hasta los 35 años) y seis a realojados del barrio (el plan de reforma del Carmel prevé el derribo de 720 viviendas en mal estado). Los pisos del bloque tienen 63 metros cuadrados y cuestan 125.969 euros.

En abril de 2008, la mujer recibió una carta del Instituto Municipal de Urbanismo en la que se le informaba de que la promotora no había podido iniciar la construcción del edificio porque Fecsa-Endesa debía retirar del terreno una de sus estaciones transformadoras. Tres meses después le comunicaron que las obras ya habían empezado. Un año más tarde eligió el piso, el cuarto primera, y firmó la compraventa. La promotora afirmó que en junio entregaría las viviendas, pero en septiembre todos los vecinos seguían sin llaves. Les anunciaron que podrían instalarse en diciembre. "Dejé el piso de alquiler en el que vivía y me instalé en casa de mi novio. En noviembre, como todavía no me habían dicho nada llamé a la promotora pero nadie contestó el teléfono durante semanas", recuerda.

Hasta junio de 2010 no pudo contactar con la constructora, con oficina en Madrid. No le dieron una fecha concreta. "Al fin tuve una respuesta del Ayuntamiento, que había esquivado el caso hasta entonces. Dijeron que el problema era que faltaba por construir una estación transformadora", explica.

El resto de viviendas de protección oficial del sorteo de 2007, que están repartidas entre el 22@ y la zona Fórum, han sido entregadas a sus propietarios, según afirma el Ayuntamiento.



* El País - 30.12.10
Foto: Barcelona, barrio del Carmel - R.Cugat, elperiodico.com

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Sta. Cruz.- Urbanismo, obligada a pagar más de dos millones en intereses a Dragados

ELDÍA/Tenerife* : La Gerencia Municipal de Urbanismo celebró a mediodía de ayer una sesión extraordinaria y urgente de su consejo rector para dar salida antes de que finalice el año a 29 expedientes administrativos que habían quedado pendientes de aprobación. Entre ellos, los de seis ejecuciones de sentencia dictadas por juzgados de lo contencioso-administrativo solicitando a la Gerencia que abone a la empresa constructora Dragados los intereses de demora por el retraso en el pago de certificaciones de obras ya ejecutadas y que formaban parte de varios proyectos. El importe total del pago de las certificaciones de obras ejecutadas y los consiguientes intereses de demora asciende a más de dos millones de euros. Las obras con parte de sus certificaciones impagadas corresponden a los proyectos "Acciones puntuales en barrios 2003", "Reparación y restitución de infraestructuras dañadas por el temporal del 31 de marzo de 2002", "Campo de tiro, gimnasio y vestuarios en la Unidad Especial de la Policía Local" y "Piscina cubierta de Añaza".

Estas seis ejecuciones de sentencia contaron con la abstención de los ediles del PSC, José Ángel Martín y Marián Franquet, quienes criticaron que las citadas obras disponían de presupuesto cuando salieron a licitación pero que "por la mala praxis de la administración" no se pudieron pagar en tiempo y forma. Por ello, la empresa concesionaria acudió a la vía judicial, que le ha dado la razón en los seis procesos. Además, Martín recriminó que no sólo se paguen los intereses de demora sino también los intereses legales "castigando a los ciudadanos a pagar una obra dos veces más cara por no haber pagado puntualmente".

Por otro lado, el consejo rector aprobó (con el voto negativo del PSC) tres expedientes de reconocimiento de la obligación por la prestación de servicios de asistencia sanitaria, seguridad de las dependencias y limpieza ya que al finalizar la vigencia de los contratos suscritos con las tres empresas que realizaban los citados servicios, así como sus respectivas prórrogas, la Gerencia se vio condicionada a reconocer la obligación de pago para que las empresas adjudicatarias siguieran prestando los servicios.

Así, la Gerencia reconoció la obligación de abonar los servicios prestados de enero a septiembre en el caso de la asistencia sanitaria (unos 38.000 euros), de febrero a julio en el caso de la seguridad (63.000 euros), y de febrero a abril en el caso de la limpieza (50.000 euros). El PSC tachó de "negligente" la actitud de Urbanismo por no prever la necesidad de sacar a concurso en tiempo y forma los contratos de servicios básicos.


* El Día Tenerife- 31.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org

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Anticorrupción actuará contra el ex alcalde de La Línea en el caso Roseworld

DIARIODECÁDIZ* : La fiscal anticorrupción de la provincia de Cádiz, Virginia Alonso, actuará en sala en el juicio del llamado caso Roseworld, que dará comienzo el próximo 13 de enero. Y es que fue la Fiscalía Anticorrupción la que efectuó las calificaciones en esta causa penal, en la que están procesados el ex alcalde Juan Carlos Juárez (PP) y los concejales también del Partido Popular Juan Montero, Francisco Muñiz y María Cruz Atienza, así como el ex coordinador de Urbanismo y Hacienda, Carlos Ruiz Calama, entre otros. La fiscal anticorrupción acusó a los miembros de la mesa de contratación de recibir dos millones por la venta de cuatro parcelas municipales a la empresa Roseworld "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación, en la que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, adjudicó en 2005, en una subasta pública, cuatro terrenos de suelo propiedad del Ayuntamiento a una empresa que carecían en ese momento de cualquier actividad mercantil: Roseworld. Un informe policial vinculó a esta compañía con el concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama.

Por ello ha pedido para Juárez, Montero, Muñiz, Atienza y Calama cuatro años de prisión por delitos de prevaricación y cohecho, así como una multa de 500.000 euros a cada uno de ellos, y una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y seis meses.

Para el administrador de Abuztúa Inversiones, que luego compró esos terrenos, solicitó una multa de 25 millones de euros por blanqueo de capitales.

El juicio oral por este caso comenzará en la Audiencia Provincial el próximo 13 de enero. Los procesados están llamados a declarar los días 13, 18, 19 y 20 de enero. Unos días después lo harán los testigos y las conclusiones serán en febrero.

Juárez se sentará además en el banquillo de los acusados junto al concejal Manuel Aguilera en marzo por otra causa: se trata del juicio de los contratos realizados en el Ayuntamiento en 1999.



* Diario de Cádiz - 30.12.10
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com

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En Cudillero la CUOTA hace la cama a los promotores inmobiliarios

ASTURIASVERDE* : La Coordinadora Ecoloxista y SOS Cuideiru recurrirán en los tribunales el acuerdo por unanimidad de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la revisión parcial de Villademar - Cudillero. Las organizaciones denuncian que “La Cuota una vez más ha actuado como colaborador necesario para facilitar una salida favorable al promotor inmobiliario”. La Cuota una vez más ha actuado como colaborador necesario para facilitar una salida favorable al promotor inmobiliario Anjoca para el convenio que habían firmado con el Ayuntamiento de Cudillero para construir una urbanización en Villademar. La ampliación del número máximo de viviendas fijadas en la ficha urbanística de las Normas Subsidiarias de Cudillero correspondiente al suelo urbanizable de Villademar, era de 132 y en el año 2006 se modificó a favor de Anjoca y pasó a ser un máximo de 240 viviendas. Ahora gracias al milagro de la Cuota pasa a 700.

Eran 108.629 m2 de suelo Urbanizable y ahora son 122.406, por tanto se incremento en 13.777 m2 que provienen de una recalificación de suelo que era NO urbanizable pendiente de calificación. Ahora la superficie total de la urbanización con una edificabilidad del 0.4 m2/m2, permite construir 48.962 metros cuadrados de vivienda. Calculando sobre viviendas de 70 metros cuadrados se podrían hacer 699 viviendas, lo que demuestra la colaboración una vez más del Principado con los intermediarios urbanísticos para que se hagan más ricos. Encima les permiten construir hasta en 4 alturas para que el impacto paisajístico en un núcleo rural sea aún más duro.

Este proyecto obedece al desarrollo del Convenio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Cudillero y ANJOCA el 24 de de mayo de 2005. Este grupo inmobiliario, con anterioridad al acuerdo, era dueño de 135.016 m2 de fincas situadas a la izquierda de la carretera al puerto de Cudillero. Estos terrenos carecían de valor o interés inmobiliario, pues estaban en la franja de 500 m de Suelo No Urbanizable de Costas protegido por el POLA. Conviene recordar que este convenio formó parte de la operación urbanística por la que se aprobó la construcción del nuevo campo de fútbol, ya ejecutado, y una zona deportiva en esa margen izquierda de la carretera, todo lo cual fue denunciado, no por la naturaleza de las obras en si, sino por ser utilizado como excusa precisamente para esta operación urbanística a la que ahora aludimos, y cuyos hechos demuestran por desgracia lo acertado de nuestras previsiones.

Cuando se aprobó inicialmente el proyecto en Pleno del Ayuntamiento de Cudillero (2 de marzo de 2006), tanto el Alcalde como el portavoz del PSOE hicieron encaje de bolillos intentando justificar su supuesto interés social en la demanda que se ofrecería para los jóvenes y la tercera edad (adviértase que se tratan de viviendas libres exclusivamente), según consta en Acta. No podemos olvidar que más de la mitad de las viviendas del municipio son segundas residencias, con lo cual no hay falta alguna de viviendas, este complejo que se comercializó con el nombre de Cudillero Ciudad Jardín no se parece a la vivienda tasada que piden los jóvenes para poder llegar a comprarlas.

El ámbito de la Revisión Parcial afecta a los terrenos situados al sureste de la carretera CU-3, actualmente clasificados como suelo urbanizable, más una parcela situada al sureste del mismo, calificada como Núcleo Rural y terrenos situados al noroeste de la carretera, actualmente clasificados como suelo no urbanizable, pendiente de calificación.

Los terrenos situados al sureste de la carretera CU-3 actualmente clasificados como suelo urbanizable alteran sus parámetros modificando la tipología edificatoria y eliminando la densidad máxima con una edificabilidad igual a la prevista en las NNSS. Los terrenos situados al noroeste de la carretera CU-3, se reclasifican, asignándoles la calificación zona verde pública con la particularidad que dejan de ser No Urbanizables y computan para aumentar la edificabilidad del resto, Anjoca se encuentra con el Principado le incrementa 13.777 m2.

Hay que recordar que la zona residencial prevista se ubica en el entorno inmediato de la Turbera de las Dueñas, declarada Monumento Natural por Decreto 99/2002, de 25 de julio, y designada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental, además es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En el Art. 5 de la declaración, quedan prohibidas las actividades, obras, actuaciones o procesos que son claramente lesivos y por tanto incompatibles con la preservación del Monumento, citando entre otras las siguientes:
- 6. La construcción de edificaciones u otras infraestructuras permanentes que transformen el entorno paisajístico del Monumento.
- 11. La ejecución de cualquier obra que altere el equilibrio hídrico del Monumento.

Este acuerdo por unanimidad de la Cuota permitiendo este pelotazo en Villademar entra en clara contradicción con el acuerdo de CUOTA de 3 de febrero de 2006, por el que se deniega la aprobación definitiva de adaptación de suelo no urbanizable genérico en Cudillero, en el Anexo 4: "Reclasificación de determinadas zonas como suelo urbanizable residencial, considera que “con carácter general la incorporación de desarrollos urbanísticos con usos, intensidades y ordenaciones propias de suelos urbanos, colindantes con núcleos rurales y desligados de las tramas urbanas existentes, son inadecuados atendiendo a las características del entorno en el que se implantan”.

* Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y SOS Cuideiru

* Asturias Verde - 23.12.10
Foto: Zona afectada - Foto Coordinadora Ecoloxista

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Coín regulará 2.000 viviendas en diseminados rurales

LAOPINIÓN/Málaga* : El Ayuntamiento de Coín iniciará a partir de enero un plan especial de regularización de viviendas en diseminados rurales, cuyos propietarios pueden ya iniciar los trámites. El próximo mes de enero el pleno votará el plan especial para la regularización del diseminado que permitirá realizar modificaciones de elementos y afrontar la situación real de las viviendas de los diseminados rurales, como Valdeperales, La Charca, Huertas Viejas o El Ejido. Esta decisión supone la elaboración de un censo en el que se prevé que figuren cerca de 2.000 viviendas, lo que posibilitará la prestación de servicios en las zonas de diseminado y la consolidación de las urbanizaciones blandas que legalicen la situación de la mayor parte de estas construcciones.

«Aunque la mayoría de las casas tienen carriles acondicionados al tráfico y agua de la red municipal, con esta regularización se podrá solucionar además el servicio de conducción de aguas residuales», según el alcalde, Gabriel Clavijo.
El plan permitirá que haya un marco normativo para las viviendas del campo, una vez que se cuantifiquen y se analice cada caso. «También habrá excepciones como que quedarán fuera de la regularización aquellas viviendas construidas en zonas de especial protección medioambiental, conforme a la ley de 1997», aclaró Clavijo.



* La Opinión Málaga - 29.12.10
Foto: Coín (Málaga), edificaciones ilegales - malagahoy.es

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De urbanismo e intereses públicos

JOSÉ IBARROLA/Cantabria* : La firma que debe demoler 144 casas ilegales en Cantabria denuncia amenazas»; «los vecinos [...] en una junta, decidieron que cada uno enviaría una carta 'informativa' a las empresas»; «yo me dirigí a ellos para contarles cuál era la situación y preguntarles si querían ser los verdugos de cien familias inocentes, pero nunca hubo amenazas»; «estamos muy pendientes porque no queremos que nos pillen a traición. La mayoría vivimos fuera y tenemos en [...] nuestra segunda residencia, pero el día que lleguen las excavadoras estaremos defendiendo nuestras casas. Tendrán que pasar por encima». Las transcritas son, apenas, una somera pincelada. Las referencias periodísticas a los problemas suscitados con ocasión de la ejecución de sentencias (firmes) que declaran la ilegalidad de planes y licencias urbanísticos pueblan la prensa, nacional y regional, de los últimos años.

2. El anverso del momento presente del urbanismo: la 'corrupción urbanística'. El reverso: la situación de las personas afectadas por la ejecución de sentencias firmes de derribo.

3. Los usos del suelo son una determinación del plan (general de ordenación urbana; normas subsidiarias de planeamiento, en su caso), que, elaborado por el municipio, es aprobado definitivamente por la Comunidad Autónoma.

4. La intervención autonómica en la aprobación del plan se concibe, y así se viene aplicando, en términos de control de legalidad, de suerte que solo cuando el plan elaborado por el municipio afecta a 'intereses supramunicipales' la Comunidad Autónoma se ve impelida a introducir las oportunas correcciones (¿de mera legalidad o también de oportunidad, vale decir de conveniencia?)
5. Esta 'autorestricción' de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo se asienta en un presupuesto más o menos implícito: el urbanismo, el diseño de la ciudad, es el paradigma de la autonomía municipal, de modo que cualquier modificación de las determinaciones del plan elaborado por el municipio sólo puede ampararse en razones de legalidad y, a lo sumo, en la preservación de los sedicentes 'intereses supramunicipales'.
6. Más: -el urbanismo, como la ordenación del territorio (de la que aquél no es sino un componente) es, constitucional y estatutariamente, competencia autonómica, de suerte que la autonomía municipal [artículo 25.2 d) de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y doctrina del Tribunal Constitucional al respecto] queda a resguardo con la preservación de un «ámbito de decisión -y ejecución» propio (que, en todo caso, no diluya, en una suerte de burla o fraude, el 'contenido esencial' de dicho ámbito de actuación autónoma);
-el territorio es, en resumidas cuentas, único, de modo que, en términos puramente dialécticos, ¿cómo no puede ser de interés supramunicipal -autonómico y, aún, nacional, vale decir estatal- la concreta determinación de los usos (la edificación, sin duda, es el más relevante por visible) que se pretende localizar en el territorio?
7. La reacción frente a la patología en la aplicación del plan por el municipio:
-cualquier persona -más allá, obviamente, de los propios afectados o interesados- puede, mediante el ejercicio de la acción pública, impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las oportunas decisiones municipales, así como la Comunidad Autónoma a través del cauce previsto en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local;
-mas, en la eventualidad de un plan no aprobado (definitivamente) por la Comunidad Autónoma, las impugnaciones de esta, amén de por la vía antecitada, podrían en su caso hacerse valer a través de la del artículo 66 de la Ley de Bases de Régimen Local («actos o acuerdos de las entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas entidades»), cuya sustantividad estriba, precisamente, en el privilegiado régimen de suspensión previsto en el segundo párrafo de dicho precepto.
8. Ejecución de sentencias (firmes) que ordenan el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada: -la ejecución en sus propios términos (derribos incluidos) es una inexcusable exigencia constitucional y legal (artículos 24.1 y 118.1 de la Constitución y 103.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998);
-una eventual modificación del plan para 'legalizar' lo indebidamente construido sería 'nula de pleno derecho' (artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; con carácter ilustrativo, Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2001 -caso: Fortí de la Reina-);
-difícilmente podría argüirse la 'mposibilidad material' como causa para obtener un pronunciamiento judicial que declarara la no ejecución (artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa);
-la 'imposibilidad legal' de ejecución derivaría de una eventual 'reordenación normativa', esto es, del dictado de una ley autonómica que, en la ponderación de los diferentes intereses implicados, se decantara por la primacía de los anudados a la no ejecución; más una ley que, como la recientemente aprobada por el Parlamento de Cantabria, pudiera erigirse en óbice a la ejecución en sus propios términos de las sentencias que ordenan el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, habría de pasar por el tamiz de la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 73/2000 -caso: presa de Itoiz-), de suerte que, suscitada en el incidente de ejecución la 'imposibilidad legal' de llevar a puro y debido efecto lo declarado en sentencia firme, sería en última instancia el Tribunal Constitucional, de promoverse por el órgano judicial la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, el llamado a pronunciarse sobre la compatibilidad de la ley en cuestión con el mandato constitucional;
-la eventual expropiación de 'los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración' (artículo 105.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en tanto que cauce para alcanzar el designio de no ejecución, requeriría de la consideración, como 'causa de utilidad pública o interés social', por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la ejecución (debida, por principio) como circunstancia a la que se anuda un «peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos». ¿Es plausible una conclusión de este tenor? Más aún: supuesta, motivación adecuada mediante, la bondad de una declaración de este cariz, ¿qué derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración constituirían el objeto o bien expropiado, habida cuenta de que en la mayoría de estos casos la sentencia firme de que se trata ha sido dictada en el seno de un proceso iniciado mediante el ejercicio de la acción pública?; a mayor abundamiento, ¿cómo se cuantificaría el justiprecio, elemento esencial en toda expropiación, en estos supuestos?.
9. Desaparecido el mecanismo que contemplaba el artículo 228 de la Ley del Suelo de 1956, que, justamente, permitía la inejecución de sentencias de derribo (la no ejecución en sus propios términos de una sentencia firme sólo es posible hoy en los términos, ciertamente angostos, pormenorizados en el punto anterior), una defensa de la legalidad urbanística que no condujera a las situaciones traumáticas que son habituales en este ámbito habría de articularse (supuesto que en el curso del oportuno proceso judicial no se haya decretado la medida cautelar que, al amparo de los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, paralice la construcción en tanto no recaiga un pronunciamiento firme sobre la legalidad de la actuación urbanística pretendida) a través de un mecanismo preventivo reforzado, del tipo del que hoy contempla, como exigencia del Derecho comunitario europeo, la legislación de contratos del sector público, que dispone la suspensión de la adjudicación definitiva de un contrato en tanto se sustancia y dirime la oportuna impugnación . Un mecanismo que, en el caso del urbanismo, reclamaría en su favor una justificación más que razonable, dada la índole de las actuaciones en que se materializa la ejecución de planes urbanísticos.
y 10. Cierto que una generalización por ley del tipo de medidas preventivas a que se alude en el punto anterior abocaría derechamente a una (casi segura) paralización de la actividad administrativa en tanto no hubiera recaído (¿cuándo?) un pronunciamiento judicial firme que avalara la legalidad de cuantas decisiones administrativas se hubiesen impugnado en vía contencioso-administrativa. Pero esto, naturalmente, es otra (¿seguro?) historia.
* JUAN MANUEL ALEGRE ÁVILA  ::  JOSÉ IBARROLA | CATEDRATICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE CANTABRIA


* El Diario Montañés - 2.01.11

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