El Ayuntamiento alegó que la sentencia era inejecutable, pero los vecinos de la zona volvieron a recurrir al Supremo, que acaba de ratificar su resolución de 2006 obligando al consistorio a demoler esa edificación, situada junto al parque de San Telmo de la capital grancanaria.
La nueva sentencia del Supremo, conocida este lunes, propina un severo correctivo al Ayuntamiento de la ciudad. Entre otras afirmaciones, el ponente recuerda que "la aprobacibn del planearniento municipal, que ahora se esgrime como causa para declarar inejecutable la sentencia, tuvo lugar el 9 de marzo de 2005, es decir, dos años y medio después de que la Sala de instancia [el TSJC] anulase la licencia por no ajustarse al planeamiento urbanistico vigente, aunque dicha sentencia se hubiese recurrido en casacion".
Y remacha el Supremo: "Con la aprobación del nuevo planeamiento municipal se levantaron los escollos que el planeamiento urbanístico anterior ofrecía para el otorgamiento de la licencia de obras y construcción del edificio destinado a biblioteca pública, a pesar de que, como certeramente expresa la representación procesal de la Comunidad recurrente al articular el motivo de casación aducido, el referido cambio no responde a eventuales circunstancias sobrevenidas en el desarrollo de la ciudad, sino al designio de conferir cobertura a una actuación declarada contraria a derecho por sentencia".
* Canaria Ahora - 3.01.11
Foto: Biblioteca Pública del Estado - canarias ahora
1 comentarios :
La impresión que saca uno de todos los asuntos que afectan al Sr. Soria y sus secuaces es que las decisiones tomadas y posteriormente castigadas por la Justicia no fueron aprobadas a la ligera, sino que se hacía a sabiendas de que: a) de entrada beneficiaban a las empresas favorecidas, lo cual es muy típico de la forma de gobernar de este político; b) poco importaba si la aprobación se ajustaba o no a derecho, pues se daba por supuesto que ello no iba a perjudicar a los ejecutores político-administrativos o a los ejecutores técnico-empresariales; sólo podía perjudicar al ciudadano de a pie, y eso no es una cuestión a tener en cuenta; eso no es ni un problema ni un cargo de conciencia para el político causante de todos los males. ¿Hay prevaricación? ¿Hay imprevisión? ¿Hay vista gorda? ¿Hay estupidez? ¿Qué importa eso si al final todo lo paga el ciudadano? No existe ninguna posibilidad de que el desaguisado lo paquen los políticos venales con su patrimonio. ¿Seguirá siendo esto la norma en el futuro o se cambiarán la leyes en este sentido? ¿Votará el ciudadano a estos políticos corruptos?; y si es así ¿cabe en lo posible que el votante se solidarice en el pago con su corrupto? Ahul.
canariasahora
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