LAVERDAD* : Crece el número de imputados y aumenta el número de delitos por los que, según va trascendiendo, están abiertas las diligencias del 'caso Umbra'. Fuentes próximas a este asunto han confirmado que, al margen de los tres detenidos y siete sospechosos que se ha publicado que están inmersos en el asunto, hay otros diez imputados más que están en la diana de los investigadores. Hasta el momento habia trascendido que, además de los tres arrestados, se encuentran imputados el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el empresario y dueño del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local y esposa del Gerente de Urbanismo, María Isabel Fernández; el ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, y su mujer, Sandra de la Puente, y el constructor Francisco Arqués.
Por lo que se refiere a los presuntos delitos que se investigan, habían trascendido los de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, pero el espectro es más amplio: prevaricación, falsedad en documento público, delito contra la Hacienda Pública...
Entre los diez nuevos imputados, que serán llamados a prestar declaración en los próximos días y cuyas identidades no han trascendido, se encuentran empresarios dedicados a la promoción urbanística y varios cargos públicos, según las citadas fuentes.
Todo apunta a que la toma de manifestaciones se va a prolongar durante varias semanas. Por otro lado, en ámbitos próximos a la investigación no se descarta que a medio plazo pueda desencadenarse una nueva redada de la Unidad Central Operativa (UCO).
* La Verdad - 8.10.10
Foto: Murcia - vegamediapress.com
Murcia.- La cifra de imputados en el caso de corrupción se eleva ya a veinte
Marbella.- El hombre que sabía corromper
ELPAÍS/Reportaje* : Una calle de Marbella. El policía municipal ordena detener el vehículo, cuyo conductor ha realizado una maniobra prohibida. La multa correspondiente se paga con fondos reservados del Ministerio del Interior unos días después. El coche es de alquiler para no levantar sospechas. El infractor es un policía nacional que evita identificarse como tal. Nunca se habían extremado tanto las precauciones para investigar a un hombre y su círculo de intereses. Ni siquiera las más altas autoridades policiales de Málaga están al tanto de lo que se está cociendo: agentes llegados desde Madrid, que viven en pisos francos y evitan pisar una comisaría, vigilan cada movimiento de un empleado municipal de Marbella llamado Juan Antonio Roca.
Roca no es un asalariado cualquiera. Ni siquiera es un gerente de Urbanismo cualquiera. En ese invierno de 2005, Roca es el hombre más importante de Marbella. "Tengo todo el poder", se atreve a confesarle a un abogado. "El Ayuntamiento soy yo", dice.
Casi cinco años después, Roca es memoria viva del principal caso de corrupción urbanística conocido en España. Mañana está previsto que comience el juicio del caso Malaya. Será el mayor celebrado hasta la fecha, con 95 acusados en el banquillo y un sumario de 200.000 folios ordenados en 196 tomos. Muchas son las voces que pronostican la dificultad de gobernar un juicio semejante, que puede alargarse más de un año. Marbella exportó un modelo de urbanismo en el que arraigaron el cohecho y la prevaricación. Y su gestor fue Roca. Desde entonces hasta hoy, numerosos casos de corrupción salpican España.
»EL DESPACHO DE ROCA. El centro del poder. Es una habitación amplia, funcional, al fondo de la sede de Planeamiento 2000, SL, la empresa municipal que gestiona el urbanismo de la ciudad, en la avenida de Ricardo Soriano, la principal arteria de Marbella. La oficina tiene dos puertas. Una comunica con la antesala donde trabajan sus secretarias. La otra conecta directamente con el exterior. Es una salida discreta, reservada para las visitas que no deben pasar por el acceso principal. Sobre la mesa, Roca llega a tener alineados hasta nueve teléfonos móviles. Algunos se los ha facilitado su asesor de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, apodado El Coronel, según algunas fuentes un antiguo miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Uno de los terminales es un modelo inglés que utiliza una línea cifrada para evitar que alguien pueda interferir sus comunicaciones, pero Roca no tiene suerte en ese aspecto: a veces, su interlocutor se olvida de apretar un determinado botón, el sistema no funciona, y la conversación puede ser escuchada.
Demasiada gente llama a Roca a su despacho. Por cualquier motivo, no solo para pedir dinero. Le telefonean incluso para pedirle permiso para intervenir en un programa de televisión, para recibir instrucciones sobre lo que hay que decir sobre la situación en Marbella. Son frecuentes las llamadas del jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Posiblemente le informó de que sus hombres habían detectado dos coches camuflados de la Policía Nacional cerca de su domicilio. Para eso necesitaba nueve teléfonos móviles: nada importante pasaba en Marbella sin su conocimiento. "Cada uno tiene su función", llegó a explicarle a un empresario.
Tiempo atrás, la policía trató de convertir a Roca en confidente. Su colaboración era fundamental para investigar al alcalde Jesús Gil, que había fundado un partido (Grupo Independiente Liberal, con las siglas de su apellido) cuyo objetivo no era otro que trasladar el modelo implantado en Marbella a otros lugares de la costa, dos de ellos tan sensibles como Ceuta y Melilla. Y Gil estaba teniendo éxito. Roca colaboró un tiempo. No mucho. Luego lo dejó. Se sintió más cómodo colaborando con dos funcionarios del CNI que se hacían llamar Tomás e Ignacio. Esa información llegó a oídos del juez Miguel Ángel Torres: en todo caso, fue determinante para que se adoptaran por parte de la Policía precauciones excepcionales en la investigación. Quizás Roca pensaba que con el CNI estaría más protegido, que podía gozar de mayor inmunidad y seguir incrementando su riqueza a costa del patrimonio de Marbella. Estaba seguro de que alguien le avisaría de cualquier contrariedad.
La Operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente, todo empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus funciones como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, González habló de Roca y explicó que "actuaba como si fuera el alcalde en los temas urbanísticos". "Es la persona que decide absolutamente", dijo. Y añadió que en Marbella se cumplía "al 99%" todo lo que decidía Roca. Al final de su testimonio, González advirtió que temía que pudiera sucederle algo después de lo que había declarado. Para el joven juez Torres, que había adquirido cierta notoriedad en la investigación de la Operación Ballena Blanca, donde afloraron algunas cosas que estaban sucediendo en Marbella, ese testimonio fue suficiente para abrir unas diligencias y judicializar una investigación que llevaba unos meses esperando una oportunidad. En términos policiales, se había realizado un trabajo de "inteligencia" previo a la puesta en marcha de la operación. Lo que no sospechaba Torres era que uno de sus compañeros, con quien comentaba algunos casos y con quien había compartido piso meses atrás, el juez Francisco Javier de Urquía, había recibido presuntamente dinero de Roca para comprarse un piso.
Sin esa información previa, la Operación Malaya quizás habría sido un fracaso. Aún hoy, pocos se han preguntado cómo una investigación que provocó más de cien detenciones y un auténtico terremoto en la Costa del Sol se fraguó en tan solo cinco meses, un tiempo récord para una operación de tanta envergadura. Sin esa información previa, sin esa inteligencia preliminar, no habría sido posible.
La estrategia se diseñó desde Madrid. Se formó un equipo entre la Policía, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Se incorporó al equipo a los mejores expertos policiales en blanqueo de capitales y esos no eran otros que quienes habían trabajado en su día contra los narcotraficantes gallegos. Se dispuso un reparto de tareas muy estricto: todas las labores de vigilancia se realizarían desde Madrid, con policías enviados desde la capital, con coches alquilados para no levantar sospechas una vez que se detectó que la Policía Local de Marbella hacía labores de contravigilancia en favor de Roca. Se alquilaron pisos francos, se constituyeron empresas pantalla para dar cobertura al trabajo de algunos agentes, se evitó acudir a las notarías de la Costa del Sol o a los registros de la propiedad para no levantar sospechas. Solo un pequeño grupo de agentes de Málaga, al mando de un comisario, investigaría el patrimonio de Roca en la Costa del Sol, pero no se informó de ello a las altas instancias policiales de la provincia.
Y a pesar de todo ello, cuando fueron a detener a Roca a su domicilio, este no se sintió sorprendido. "Les estaba esperando", dijo a los agentes. En su casa de Murcia, a donde se desplazaba con frecuencia en helicóptero, no encontraron un solo papel. Una de sus secretarias, Ainoa C. G., en una declaración posterior ante el juez, dijo: "A partir de noviembre de 2005,
cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalia y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella".
Roca tuvo la certeza de que le estaban investigando. Quizás pensó que no llegarían tan lejos. O estaba convencido de que funcionaría la "protección".
»LA ALCALDÍA. No es acorde con el presunto glamour de Marbella. Decoración descuidada, no exenta de un toque de austeridad. No es un espacio generoso. Una mesa de madera noble con un sillón a juego preside la estancia. A la izquierda, un tresillo en tonos amarillos algo desgastado. Así era en el invierno de 2005. En realidad, nunca fue el centro del poder municipal. Gil gobernó casi siempre desde la sede del Club Financiero Inmobiliario, una empresa de su propiedad. Cuando hubo de abandonar la alcaldía en 2003, el despacho lo ocupó Julián Muñoz, un concejal que en tiempos fue camarero y regentó algún negocio de hostelería. Julián Muñoz hizo carrera en la prensa rosa tras un romance con la tonadillera Isabel Pantoja. Ganó las elecciones por mayoría absoluta y, desde ese momento, comenzó a tener ideas propias en materia de urbanismo, aconsejado por la cantante, según fuentes políticas. Muñoz se atrevió a destituir a Roca. Sobre su mesa de la alcaldía tenía una foto de su nieto y otra de Isabel Pantoja.
Pero el poder siguió en manos de Roca y la noche del 31 de julio de 2005 una moción de censura acabó con el Gobierno de Muñoz. Nunca hubo duda de que Roca movió todos los hilos para colocar a Marisol Yagüe, ex cantante rociera, como alcaldesa, y asegurarse el respaldo de Isabel García Marcos, la cabeza de lista del PSOE, nombrada teniente de alcalde. Para entonces, los deseos de enriquecimiento de los ediles superaban toda prudencia.
"Roca se reunía todos los lunes y los martes con la alcaldesa y el resto de concejales", explicó ante el juez otra de sus secretarias, María José L. H. "Él nunca se desplazaba a ver a nadie, pero cuando llamaba a la alcaldesa, a algún concejal o al jefe de la Policía Local venían inmediatamente a despachar con él. Roca no recibe en ningún caso instrucciones de los concejales. Más bien creo que es al contrario".
En las semanas previas al despliegue policial, el ambiente político en la ciudad estaba muy cargado. La entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, que suplía su incapacidad de gestión con altas dosis de populismo, había sido denunciada por impago por un constructor que había reformado su chalé, La Madrugada. El constructor, Alberto Piñana, había contado al juez que la regidora le debía cerca de 950.000 euros por las obras -que incluyeron, según él, tirar y levantar el mismo tabique una decena de veces- y que Yagüe había tratado de abonar los trabajos con fondos municipales. La publicación de este escándalo alarmó a Roca, que ya sospechaba que la Policía andaba tras sus pasos. En una conversación telefónica incluida en el sumario, Roca le confiaba al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo: "Es que yo no sé cómo esta chica... Yo voy a hablar muy seriamente con ella".
Otros concejales tenían conciencia de que sus días felices estaban contados. El 3 de enero de 2006, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido, hablaba con el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, con quien supuestamente amañaba el contrato de retirada de vehículos al depósito municipal:
-Vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien, y después a por el dinero, que esto se acaba.
-Ya. Coger pisos o lo que sea.
-Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba, Ismael. Lo que tienes que hacer es coger pisos donde sea porque lo puedes hacer calderilla.
La ex socialista Isabel García Marcos, otrora azote de los gilistas, y que se pasó con armas y bagajes al lado oscuro tras la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz, también dejó su frase para la historia de la corrupción. El 24 de febrero de 2006 García Marcos hablaba con el también edil José Jaén sobre el proyecto de unos empresarios para levantar una residencia de ancianos de lujo en Marbella: "Quiero cobrar provisión de gastos, porque si no, no trabajo; quiero cobrar el ítem uno, quiero cobrarlo porque nada más sobre el papel yo genero una plusvalía muy importante (...) No muevo un papel, no muevo nada, ni siquiera me pongo a leer si no tengo dinero".
Apenas un mes después de que los policías grabaran esta jugosa conversación, se inició la primera fase de la Operación Malaya. Para detener a la teniente de alcalde García Marcos los agentes tuvieron que esperar un par de días a que regresara de su luna de miel en Rusia. Sin embargo, la espera mereció la pena: en su domicilio, en el barrio de El Limonar, en Málaga, los agentes hallaron 378.000 euros en billetes de 500. "Es el fruto de mi trabajo, una herencia de mi padre y mis regalos de boda", afirmó.
De nada habían servido los consejos de Roca a los concejales sobre la necesidad de no hablar de ciertas cosas por teléfono.
Para entonces, el ayuntamiento de Marbella había llegado al paroxismo. Existía el grupo mixto A, el B, el C, el D, el PSOE, el PP, el Grupo Socialista y el PA: 17 de los 27 concejales estaban imputados en diferentes causas. Desde 1991, ocho concejales y el alcalde Gil fueron condenados por causas relacionadas con la corrupción. Cuando se destapó finalmente la operación y se practicaron las primeras detenciones, el Consejo de Ministros tuvo que intervenir el 6 de abril de 2006 el Ayuntamiento y colocar una junta gestora que presidió el abogado Diego Martín Reyes, ocupante también de aquel despacho de la alcaldía. Martín Reyes todavía recuerda que se encontró con un Ayuntamiento que "tenía unos ingresos corrientes de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones".
»EL TRIÁNGULO DE CORULLA EN MADRID. La sede del bufete de Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en la calle de Fernando VI. No muy lejos, dos oficinas más, una en la calle del Príncipe de Vergara, 47, la otra a un centenar de metros, en Goya, 59. Ese era el triángulo en el que se movía Montserrat Corulla, una joven y ambiciosa abogada que administraba algunas sociedades,entre ellas, Condeor. Si el poder político de Roca estaba en Marbella, su poder económico lo tenía desplazado en Madrid. A efectos fiscales, Roca era un empleado del Ayuntamiento con un sueldo de gerente y una sola cuenta corriente, cuyos gastos se limitaban a pagar el colegio de su hija. No había otra propiedad a su nombre. Los intereses de Roca fuera de España los llevaba, según el fiscal, el abogado marbellí Juan Germán Hoffmann.
Los abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor gestionaban las sociedades bajo las que Roca supuestamente ocultó su patrimonio, y la red de presuntos testaferros que figuraban como administradores del entramado mercantil. El fiscal atribuye al ex asesor urbanístico inversiones por 136 millones de euros en inmuebles: sus adquisiciones principales son una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz), llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y de Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.
Montserrat Corulla gestionaba parte de ese capital y ello le permitió llevar un alto nivel de vida. Una mujer guapa y elegante que se movía bien en despachos oficiales. Se hizo popular cuando durante la pasada campaña electoral, el hoy ministro Miguel Sebastián, entonces candidato socialista a la alcaldía, interpeló al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Para entonces, Corulla había tenido una experiencia dramática: había pasado varios meses en prisión preventiva por el caso Malaya. Ahora, su defensa la presenta como una mujer engañada por Roca, cuya firma fue falsificada en muchos documentos mercantiles.
La policía está convencida de que Roca nunca sospechó que habían conseguido desentrañar su red madrileña. Esa fue su sorpresa. Desde allí operaban más de cien sociedades que gestionaban sus recursos, una minucia al lado de las que operaban alrededor de Maras Asesores, su otro despacho en Marbella, un sexto piso en un inmueble apenas unos metros próximo a la sede de Planeamiento 2000. La información obtenida en Maras Asesores fue incompleta porque Roca había decidido ir destruyendo pruebas, pero, con el paso de los meses, la Policía halló una pista clave en ese despacho. Entre los papeles incautados al economista Salvador Gardoqui, supuesto contable de las empresas de Roca en Marbella, había un lápiz informático de memoria. Los agentes lo enchufaron al ordenador. Al ver su contenido entendieron por qué Gardoqui era el detenido que parecía más abatido moralmente. Allí estaba toda la contabilidad de sobornos de Roca, "una ganga para la investigación", según el fiscal Juan Carlos López Caballero.
Las hojas de Excel de Gardoqui, que tenía su despacho junto al de Roca en la oficina de Maras Asesores, explicaban todo el circuito del dinero. Supuestamente, empresarios con intereses en la ciudad pagaban fuertes cantidades a Roca a cambio de recalificaciones de parcelas, aumentos de edificabilidad, ventas de terrenos municipales a buen precio. Otros buscaban prebendas no estrictamente urbanísticas, como la concesión de la grúa municipal, un negocio que se ha demostrado muy lucrativo, o la estación de autobuses. Por las hojas de cálculo comenzaron a desfilar nombres e iniciales de los promotores más potentes de Andalucía: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, Sandokán, Aifos... Todos ellos iban asociados a "aportaciones" en metálico.
Roca se embolsaba la mayor parte del soborno, según algunas fuentes el 35%, y repartía el resto entre los concejales del equipo de gobierno encargados de dar el visto bueno político a decisiones contrarias al planeamiento urbanístico vigente en la ciudad. Las tarifas de los ediles variaban en función de su rango en el Consistorio; y las entregas de dinero negro, en ocasiones de hasta un millón de euros, se fraccionaban por cada acto administrativo necesario para la edificación: una parte a la firma del convenio urbanístico que permitía modificar el planeamiento, otra con la licencia de obras, y la última cuando la construcción estaba terminada. El fiscal calcula que los 19 empresarios procesados aportaron a la "caja única" de Roca un total de 33,3 millones de euros.
»CIUDAD DE LA JUSTICIA EN MÁLAGA. La vista oral más poblada de la historia judicial española arrancará mañana en la Audiencia Provincial de Málaga con un procesado protagonista, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y otros 94 acusados más o menos secundarios, entre ellos, los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos. El banquillo se completa con una ristra de concejales rasos, abogados, promotores, economistas, marchantes de arte y demás personajes en los que Roca se apoyó para, supuestamente, amasar y blanquear una fortuna que la Fiscalía cifra en 245,1 millones. Presidirá el juicio el magistrado José Godino Izquierdo, un hombre apacible y sonriente de 58 años, que se enfrenta al hecho más relevante en sus 27 años de carrera.
El juicio, para el que están acreditados 300 periodistas, arrancará con el estudio, durante un mes, de las llamadas cuestiones previas. Entre ellas, las presentadas por Roca, quien ha cambiado de abogado porque, al parecer, no podía abonar su minuta. ¿Una táctica dilatoria más? Hay especulaciones de todo tipo, entre ellas las de quienes opinan que lo más rentable para él sería negociar con la Fiscalía y decir la verdad. "Para él hay solicitada una pena de 30 años. Puede negociar una considerable rebaja y dejar el juicio resuelto. Ya lo hizo con el juez Urquía: confesó haberle prestado dinero", comenta uno de los investigadores del caso.
La información que poseía Roca se ha convertido en una leyenda urbana en Marbella. No es de extrañar siendo como fue el hombre cuya palabra se convirtió en ley, el gerente que puso y quitó alcaldes, el alto funcionario a quien todo el mundo pedía consejo hasta para saber qué es lo que tenía que decir en público. Todavía hoy en día, hay personas que especulan con la identidad de ciertas iniciales y cifras manuscritas en algunos de sus cuadernos de notas. Roca tuvo entre sus habilidades la capacidad de ponerle precio a la voluntad de muchas personas en la ciudad. Ha sido guardián de muchos secretos de Marbella. Y hay quien sostiene que el día que hable temblarán los cimientos de Andalucía".
Los implicados
-»JUAN ANTONIO ROCA NICOLÁS. Cartagena (Murcia), 1953. Es el supuesto cerebro de la corrupción en Marbella. El fiscal pide para él 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación, fraude y cohecho. Es el único acusado que está en prisión, desde 2006, condenado por el 'caso Saqueo'. Su esposa y su hija también están acusadas.
»MARISOL YAGÜE REYES. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1954. Alcaldesa de Marbella entre agosto de 2003 y marzo de 2006. Según el juez instructor, Miguel Ángel Torres, era una simple "marioneta" en manos de Roca. Tras seis meses en prisión preventiva, abrió un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel.
»ISABEL GARCÍA MARCOS. Salamanca, 1954. Ex teniente de alcalde expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Al salir de la cárcel retomó su puesto de inspectora médica de la Junta de Andalucía. Se enfrenta a 12 años de prisión.
»JULIÁN MUÑOZ PALOMO. Arenal (Ávila), 1947. Ex alcalde de Marbella con el GIL. Implicado en medio centenar de causas por delito urbanístico. El fiscal le reclama 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa.
»PEDRO ROMÁN ZURDO. Salamanca, 1942. Ex teniente de alcalde, considerado "la sonrisa del gilismo". Defraudó a Hacienda 2,4 millones de euros. Le piden 21 años de cárcel.
»MANUEL S. ZUBIZARRETA. Segovia, 1944. Jefe de los abogados que gestionaban las sociedades tras las que Roca ocultaba su patrimonio. En su despacho se encontraron 800.000 euros en metálico. Se enfrenta a seis años de cárcel por blanqueo.
»JESÚS RUIZ CASADO. Talveila (Soria), 1959. Dueño de la promotora Aifos, una de las más potentes de Andalucía antes de la crisis. Se le acusa de dar a Roca 4,8 millones de euros a cambio de favores urbanísticos. El fiscal pide para él seis años de cárcel.
»JOSÉ ÁVILA ROJAS. Granada, 1943. Constructor. Su empresa pagó en diversas entregas cinco millones de euros a Roca. Piden para él 10 años de cárcel y 55 millones de multa por cohecho y blanqueo de capitales.
La Pantoja, el juez Urquía y los 30 hijos del 'caso Malaya'
Los investigadores del caso Malaya encontraron un hilo de corrupción mucho más largo del que se podía abarcar en un único sumario, por grande que este fuera. Los dos jueces instructores de la causa, Miguel Ángel Torres y Óscar Pérez, apoyados por el fiscal Juan Carlos López Caballero, realizaron una labor de minería y clasificación del material que ha dado origen a 30 procedimientos nuevos. Estos casos se desgajaron de la causa principal, cuyo juicio arranca mañana en Málaga, para no hacer eterna la instrucción que ha llevado más de cuatro años.
La mayoría de las causas pendientes, que la Audiencia Provincial de Málaga ha aceptado investigar, corresponden a supuestos delitos de blanqueo de capitales y a resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Marbella que favorecen a los empresarios que pagaron sobornos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca Nicolás.
Sin embargo, la pieza malaya más conocida popularmente, y que la prensa del corazón ha identificado sistemáticamente con la causa principal sin pertenecer a ella, son las diligencias previas 3.517/07. Bajo este número figura la investigación por blanqueo de capitales contra la cantante Isabel Pantoja, para quien el fiscal pide tres años y medio de prisión.
El 2 de mayo de 2007, en una operación televisada casi en directo pese a las prevenciones policiales, la tonadillera fue detenida. Los documentos incautados en julio de 2006 a su anterior pareja, el ex alcalde Julián Muñoz, acabaron salpicando gravemente a la artista. Según la Fiscalía, Pantoja hizo pasar como suyos 1,8 millones de euros que supuestamente había recibido su ex novio como sobornos de promotores.
En su escrito, el fiscal López Caballero explica que entre 1991 y 2003, años en los que fue concejal y alcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL), amasó una fortuna ilícita de 3,5 millones de euros. Según los cálculos del ministerio público, el ex alcalde y su familia gastaron al menos 310.051 euros más de los que consiguieron ganar de forma legal, como las rentas del trabajo.
El ex regidor se apoyó en su popular novia para ocultar el dinero. Entre otras operaciones, una sociedad de Pantoja, Franbel Artis, adquirió un apartamento en el famoso hotel Guadalpín de Marbella, propiedad del grupo Aifos. Sin embargo, en la investigación quedó patente que en las cuentas de la sociedad solo había 15 euros, y que de las cuentas personales de la cantante no salió ni un solo euro para esta operación. El fiscal considera que el lujoso apartamento, valorado en 353.695 euros, fue abonado íntegramente por Muñoz "con cargo a fondos ocultos de procedencia delictiva". Además, la cuenta desde la que se pagaba la hipoteca del chalé de Pantoja en Marbella se nutría indirectamente con fondos en efectivo de Julián Muñoz.
Otro personaje que se hizo tristemente famoso a la sombra de Roca fue el ex magistrado Francisco Javier de Urquía. Este juez fue condenado por cohecho después de que el ex asesor urbanístico admitiera que le había pagado 73.800 euros a cambio de que prohibiera la emisión de un programa de televisión que indagaba en su fortuna. El Tribunal Superior andaluz condenó a Urquía en primera instancia a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa por prevaricación y cohecho. Finalmente, el Supremo anuló el cargo de prevaricación y dejó la condena en 21 meses de suspensión para el cargo de juez y multa de 73.800 euros.
Urquía, ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, recibió después otra nueva condena por cohecho y prevaricación. En este caso, se consideró probado que el ex juez cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo, que instruía Urquía, a cambio de dejarle en libertad tanto a él como a su esposa y su hijo.
El veneno gilista sigue dentro
Por JUANA VIÚDEZ
Dos de los tres grandes venenos del gilismo siguen en el Ayuntamiento de Marbella: una deuda municipal de 512 millones y una ingente plantilla (3.800 personas). El actual Gobierno local, en manos de Ángeles Muñoz (PP), no se ha desecho del millar de enchufados que entraron en la etapa de Gil. "Me duele en el alma que 72 de cada 100 euros del presupuesto municipal sigan yendo a pagar los salarios de esta gente", dice Alejandro Dogan, uno de los representantes vecinales más combativos con el gilismo. "Los funcionarios son los mismos que recibían las cestas de los empresarios imputados, no han cambiado", se queja el edil socialista Javier de Luis, en la oposición. Carlos Rubio, coordinador de personal y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Muñoz recuerda de dónde vienen. "La gente no se acuerda del desastre que era esto. Era tercermundista. Ahora hay
un ambiente de normalidad". Rubio presume de su labor en el área de recursos humanos: "Tenemos normativas ultraproteccionistas con los trabajadores, eso nos deja unas posibilidades de actuación muy limitadas (...) les estamos dando la posibilidad de que opten a sus plazas después de pasar un examen".
El tercer gran veneno, el caos urbanístico, está en vías de resolverse con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento está trayendo a la ciudad, además de la seguridad jurídica perdida durante la era Gil, numerosos inversores. Colegios privados, clínicas, residencias de ancianos de lujo y más confianza por parte de los promotores. Quedaron atrás los temores a que 18.000 viviendas irregulares de la ciudad terminaran convertidas en escombros. El documento prevé la legalización de 16.500 de estas construcciones, prácticamente todas las que estaban habitadas, a cambio de compensaciones. "La marca Marbella vuelve a tener tirón", sentencia Pablo Moro, concejal de Urbanismo. Pero sobre el PGOU también hay pegas. "Se habla del despertar de Marbella, pero la única trascendencia del caso Malaya ha sido jurídica. No ha conseguido evitar la consolidación de la especulación urbanística", comenta el edil Javier de Luis, toda una institución de Ecologistas en Acción. De Luis llegó a presentar 307 denuncias por irregularidades urbanísticas entre 1995 y 1999. Diego Martín Reyes, que presidió la gestora que gobernó Marbella tras la disolución de la Corporación, ve en el PGOU una "oportunidad perfecta" para revisar numerosos expedientes y licencias pendientes, y exigir las compensaciones a los promotores que edificaron sobre zonas verdes o de equipamiento. "Tiene que haber un propósito serio, aunque advierto una cierta resistencia a adoptar medidas poco populares", dice Martín Reyes. "La ciudad va a tener conflictos urbanísticos muchos años", vaticina Javier de Luis.
* El País - LUIS GÓMEZ / FERNANDO J. PÉREZ 26/09/2010
Foto: De izquierda a derecha, Julián Muñoz, Pedro Román, ex teniente de alcalde, y Juan Antonio Roca, en el banquillo por el caso Incopromar en 2007.- elpais.com
Firmas para someter a consulta el futuro urbanístico de Basauri
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DEIA/Bizkaia* : La plataforma Otro Basauri es posible comenzará el día de San Fausto una campaña de recogida de las firmas necesarias para exigir al Ayuntamiento la convocatoria de una consulta popular sobre el proyecto que Bilbao Ría 2000 quiere desarrollar en el centro del municipio. Los 21 colectivos que conforman este grupo entre asociaciones vecinales, ecologistas, de mujeres, sindicatos y partidos políticos pretenden con esta medida que se produzca un debate "real" sobre el futuro de Basauri. "Hasta ahora el Ayuntamiento sólo está cumpliendo el expediente respecto a la participación ciudadana. Nosotros pedimos que realmente nos escuchen", explica Pedro Pérez de Mendiola, portavoz de la asociación de vecinos de Pozokoetxe.
proceso Para conseguir que se celebre la demandada consulta, la plataforma deberá aglutinar el apoyo del 10% de los residentes en Basauri, es decir, en torno a unas 4.200 firmas. Con ellas en la mano, deberá acudir al pleno y que éste otorgue su consentimiento a la consulta, un paso difícil puesto que PSE y PP, los dos únicos partidos que no conforman la plataforma, ostentan la mayoría de la cámara.
"Si conseguimos las firmas y aun así se niegan a preguntar al pueblo diremos alto y claro que temen a la democracia, pues tienen miedo a escuchar la opinión de los propios vecinos para los que gobiernan", adelanta el portavoz.
La campaña de recogida de firmas comenzará el 13 de octubre por la mañana en Arizgoiti y la zona peatonal de Virgen de Begoña y no terminará hasta finales de diciembre, mes en el que esperan presentar las rúbricas al pleno.
en la calle y las sedes Además de en la calle, los vecinos interesados en apoyar la iniciativa podrán acudir a las sedes de los colectivos que integran la plataforma como las de San Miguel Bizirik, Txarraska Gazte Asanblada, la asociación de jubilados Lagun o las de los partidos políticos PNV, EB, Aralar, Alternativa y la izquierda abertzale. Los sindicatos harán circular las hojas a firmar por las fábricas.
Paralelamente a esta campaña, Otro Basauri es posible seguirá recabando apoyos de más colectivos de la localidad con los que se irán reuniendo para explicar sus ideas. Además, esperan poder organizar una jornada de debate a la que invitarán a arquitectos y profesionales de renombre relacionadas con el mundo del Urbanismo.
El último paso hasta ahora de los contrarios al plan de Bilbao Ría 2000 fue la moción que presentaron en el pleno del 24 de junio pidiendo la creación de una mesa específica que aglutinara las diferentes sensibilidades que conviven en el pueblo respecto al proyecto -que espera construir en el centro de Basauri hasta 738 viviendas, muchas de ellas en tres grandes rascacielos-.
Aquella acción quedó en agua de borrajas al toparse con la negativa de socialistas y populares. "Nos dicen que han elevado nuestras quejas a los arquitectos del proyecto, pero que su forma de gestión, financiándolo con la venta de pisos, seguirá siendo la misma", advierten.
* Deia - 9.10.10
Foto: Integrantes de la plataforma presentaron ayer la campaña frente al Consistorio de Basauri.- deia.com
Málaga.- El Ayuntamiento aún tiene 309 VPO de Soliva sin vender tras cuatro años
MÁLAGAHOY* : Cuatro años después del mayor sorteo realizado en Málaga de Viviendas de Protección Oficial (VPO) municipales que congregó a 23.875 aspirantes en busca de una casa, muchas de ellas aún siguen sin venderse. En el citado sorteo, celebrado en 2006, se ofertaban un total de 1.301 viviendas protegidas, aunque más tarde otras nuevas se sumaron a la nómina y la oferta ascendió a 1.353. En la actualidad el Consistorio aún tiene 309 por vender en distintos barrios de la capital.
Para agilizar el proceso de adjudicación y darle salida cuanto antes, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) actualizará la nomina de candidatos, por lo que los 21.924 aspirantes que están en cartera, deberán confirmar si siguen interesados, de lo contrario se entenderá como una renuncia voluntaria al proceso de adjudicación. El concejal responsable, Diego Maldonado, explicó que las circunstancias han cambiado respecto al pasado 2006 y ahora muchas familias por distintos motivos han dejado de estar interesadas y eso está ralentizando en la actualidad el proceso de adjudicación.
Las personas que en su momento participaron en este sorteo de VPO y aún no han tenido oportunidad de comprar una de estas viviendas protegidas, la mayoría pertenecientes a la promoción de Soliva, el nuevo espacio urbano creado al oeste de Teatinos y El Cónsul, deberán dirigirse a la sede del propio IMV o a la de algunos de los diez distritos de la capital para cumplimentar un formulario en el que manifiesten su interés por seguir en el proceso de adjudicación. El plazo para hacerlo acaba de empezar y finaliza el próximo 1 de noviembre.
Quedan por vender el 22,7% de las VPO que ofertó el Ayuntamiento de Málaga en 2006. "Para participar en el sorteo sólo era necesario inscribirse, entonces muchas personas lo hicieron y luego vieron que no cumplían los requisitos necesarios para optar a la compra. 675 personas de las que hemos llamado se autoexcluyeron antes de presentar la documentación y otras 97 sabemos que las entidades bancarias les han negarodo la financiación", explicó Maldonado.
El objetivo de la actualización de candidatos que propone el Consistorio busca agilizar las adjudicaciones. "Perdemos mucho tiempo en llamar a una persona y que rechace la oferta, los plazos son lentos y se va degradando la calidad de los candidatos", subrayó el edil. El listado de candidatos se puede consultar en la página web del IMV (www.imv.malaga.eu) así como las viviendas que quedan libres. Maldonado confía que la llamada a actualizar las listas de candidatos llegue a todos los interesados, pero mostró su compromiso de atender si fuera necesario a quien llegue tarde. Mientras se encuentra comprador, el Ayuntamiento asume la hipoteca de las 309 VPO de Soliva que le quedan por vender.
* Málaga Hoy - 8.10.10
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Murcia.- Los UCO registran las sedes de las promotoras de los 6 convenios bajo sospecha
LAVERDAD* : El coco sigue rondando por Murcia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado martes desencadenaron la redada en la que fueron detenidos tres sospechosos de corrupción urbanística, entre ellos el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, no han regresado a su cuartel de Madrid. Permanecen en la capital murciana realizando discretas gestiones en el marco de la 'Operación Umbra', como el registro de las sedes de las sociedades mercantiles que firmaron con el Ayuntamiento, entre los años 2001 y 2006, los seis convenios de la zona norte de Murcia que se hallan bajo sospecha.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que desde el pasado martes, en que se inició la operación y se produjeron los arrestos de Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el empresario italiano Renato de Noce, los especialistas de la Guardia Civil no han dejado de trabajar desde la sombra y han rastreado ya en un buen número de empresas promotoras en busca de documentación que pudiera aportar nuevos datos a la investigación.
La 'Operación Umbra' parte de la base de que las sociedades que firmaron convenios con el Consistorio, referidos a la zona norte del municipio -Nueva Condomina y sus alrededores-, pudieron recibir un trato de favor y no sólo vieron multiplicarse por cinco el aprovechamiento urbanístico de sus terrenos, permitiéndoles construir cinco veces más viviendas de las previstas inicialmente, sino que las compensaciones que por ello tuvieron que hacer al municipio habrían sido sospechosamente bajas. Tanto es así que, según informes técnicos aportados por el PSOE, las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar en torno a los 783 millones de euros. Un hecho que los representantes municipales vienen rechazando rotundamente, pues mantienen que la valoración que se hizo responde a criterios objetivos y fiables.
La veintena de sociedades que firmó los citados convenios, ahora bajo sospecha, son Fadesa Inmobiliaria S.L., Castillo de Larache S.L., Ideas y Desarrollos Urbanos S.L., Mediterráneo Hispagroup S.A., Tricenter Albamur S.L., Andrés Muñoz Cánovas, Nicolás y Bienert S.L., Profusa, Mirallevant S.L., Lo Navarro de Murcia S.A., Actividades e Inversiones Futuras 3000 S.L., Urbamur 2003 S.A., Visionaria S.L., Obralia del Sureste S.L., Agrumexport S.A., Ageco S.L., Euroland S.L. y Inveralrahu S.L. Las sedes de un buen número de estas mercantiles han sido ya registradas por los UCO en los últimos días.
Un dato, el de estos registros, que apunta a que las investigaciones no se van a quedar limitadas a tomar declaración a los tres detenidos y a los siete imputados en la primera fase de la operación, entre los que se cuenta el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que entre los nuevos imputados, alrededor de una docena, estarían administradores y legales representantes de algunas de esas firmas.
Un gran pelotazo
El juzgado también investiga si uno de los detenidos el martes, el italiano Renato de Noce, pudo contar con información privilegiada, procedente del departamento de Urbanismo de Murcia, ya que apenas dos meses antes de que se firmara un convenio urbanístico del norte de Murcia adquirió terrenos en esa zona, lo que le permitió beneficiarse de las millonarias plusvalías.
* La Verdad - 9.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
Barcelona.- La trama de Ciutat Vella consiguió licencias ilegales para 34 edificios
ELPAÍS* : Apartamentos turísticos sin licencia, órdenes de cese de actividad incumplidas, pisos segregados sin permiso, certificados falsificados y establecimientos abiertos al público que deberían estar cerrados por deficiencias técnicas. Esas son algunas de las irregularidades que afectan a 34 edificios del distrito de Ciutat Vella que obtuvieron el beneplácito de la Administración para funcionar a cambio del supuesto pago de cantidades de dinero que alcanzaron hasta los 70.000 euros por operación.
El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona investiga esa presunta trama de corrupción y hace unos meses reclamó del Ayuntamiento que le informase de los establecimientos beneficiarios de licencias bajo sospecha y de las personas responsables de las mismas. El informe señala como responsable de muchas de esas licencias ilegales a la jefa de la Asesoría Jurídica de los Servicios Técnicos del distrito de Ciutat Vella. Se trata de Elena Ariza, imputada en esta causa, al igual que el funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Heliodoro Lozano y el ingeniero Joaquim Quílez.
En algunas conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario se alude a dos cargos municipales y a un ex concejal de Unió en el distrito de Ciutat Vella, pero hasta ahora no han declarado ni ante la policía ni en el juzgado. La Fiscalía, además, no tiene intención de citarlos a declarar, por el momento, ni siquiera como testigos.
Un ejemplo de ilegalidad. El edificio del número 12 de la calle de Gombau tramitó 14 expedientes. Se trata de viviendas de uso turístico que funcionaban sin licencia. El Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad y así lo certificó Ariza, pero no está documentado que se produjera.Otro ejemplo recogido en el informe. La propiedad del número 9 de la calle Comtal pidió licencia de cambio de uso para siete viviendas turísticas. Al final se concedió permiso para una sola, tras la propuesta de la abogada, que ni siquiera fue inscrita en el registro de empresas y actividades turísticas de Cataluña. En realidad, se realizó una segregación en siete pisos nuevos que el informe califica de "imposible" porque incumple la normativa. Lo mismo ocurrió en el número 13 de la calle de Canuda. Se pidió licencia para el cambio de uso de una vivienda turística y así se concedió, pero acabaron saliendo 10 pisos independientes.
Otro ejemplo ilustrativo: el dueño del hotel situado en el número 20 de la calle de Unió pidió licencia para su reforma integral, división y derribo de una planta. La licencia concedida no ampara las obras que se hicieron ni el distrito hizo nada para "restituir la legalidad urbanística alterada".
En una de las conversaciones que constan en el sumario, los papeles se invierten. Y es el consejero de distrito de Ciutat Vella, de Unió, Víctor Badia, el que hace un comentario en tono amenazador al ingeniero Quílez con relación a la construcción de un hotel. Le advierte que puede buscarle problemas en el distrito para obtener la licencia si no se aviene a lo que le plantea. Badia no está inculpado. El presidente del grupo de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, conoció esa conversación en julio porque se la explicó la edil Assumpta Escarp. Pese a que Badia le comunicó a Trias que dimitía como consejero, ayer, su nombre seguía en el pleno de Ciutat Vella. Su relevo, formalmente, no se ha realizado, señalaron fuentes de CiU.
Esa conversación, así como la referencia a otros funcionarios municipales en otras intervenciones telefónicas fue motivo de bronca en el pleno del distrito. En algunas llamadas mantenidas por Quílez y Lozano con terceras personas, aparecen los nombres del actual concejal de Comercio del PSC, Roger Pallarols -hasta mayo pasado consejero de distrito y nombrado edil tras el cese de Carles Martí- de Paco Salvador -consejero de Ciutat Vella- y Albert Dalmau, gerente del área de Seguridad. Mientras la portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, defendía la honorabilidad de aquellos y recalcaba que ninguno de esos funcionarios estaba inculpado, los partidos de la oposición se cebaban en la enésima crisis del gobierno de Jordi Hereu.
Por ejemplo, Esquerra Republicana defendió en el pleno del distrito que los consejeros nombrados en el sumario deberían ser relevados de sus funciones si hay "dudas razonables sobre su honorabilidad" -aunque no estén inculpados - "y en aras de la credibilidad política ante la ciudadanía". Trias también pidió a Hereu que tome decisiones y actúe. Y el PP exigió información. Eso sí, cada uno, por su lado. Tanto que en el pleno no fueron capaces de consensuar una posición.
Lo hicieron ante una sala repleta de vecinos que presenciaban cómo sus más directos representantes hacían todo tipo de fintas para marcar su territorio en un caso que está extendiendo la sombra de la sospecha sobre el funcionariado de Ciutat Vella. Las caras de hastío ante el argumentario político eran evidentes y una mujer abandonó la sala al grito de "sinvergüenzas, chorizos. Lo que se ha sabido es por Itziar González [la ex edil amenazada por la trama]".
* El País - 8.10.10
Foto: Ciutat Vella - Ecodiario
Castro.- Muguruza declara hoy por la concesión «irregular» de licencias en Santa Catalina
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tendrá que declarar hoy ante el magistrado Luis Acayro Sánchez como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en relación a los instrumentos urbanísticos aprobados en la Unidad de Ejecución 1.26 (en un área próxima al polideportivo Pachi Torre) y en el SUP 4 (en la zona de Santa Catalina).Esta imputación del alcalde, que se conoció a finales del mes de agosto, vino aparejada de la paralización de las obras de 51 viviendas, promovidas por Proconor junto al polideportivo Pachi Torre, y de otras 81 construidas por la empresa Azagra entre las calles Alfonso VIII y Libertad.
El juez Acayro asegura en un auto que el 24 de mayo de 2007, Fernando Muguruza otorgó la licencia para la construcción de 51 viviendas sin que «tuviese el informe jurídico que exige el artículo 4 del reglamento de disciplina urbanística que avale que se ajusta a planeamiento». El instructor dice que el alcalde no hizo caso a los cinco informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) advirtiendo de la ilegalidad de la actuación. «Tampoco se publicó la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incumpliendo otro trámite esencial para evitar publicidad y posibles recursos. No había informes de los servicios técnicos municipales que avalen tales actuaciones, ni informe jurídico que avale la licencia en la que se basa la promotora». Acayro también destaca el «grave perjuicio» producido al municipio o la «clara connivencia entre el alcalde, el secretario y promotores, acudiendo previamente a un notario que ha actuado, cuanto menos, con falta manifiesta de competencia».
El juez dice que «se ha impuesto la voluntad personal del alcalde sobre la legalidad urbanística reiteradamente advertida y recordada».
* El Diario Montañés - 7.10.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - castro-urdiales.net
Granada.- 'Cerrojazo' a las plazas públicas
GRANADAHOY* : El Ayuntamiento ha abierto la veda para el cierre de las plazas y espacios públicos. Urbanismo ha accedido a la petición de los vecinos y vallará la Plaza de la Libertad (detrás de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía). El motivo que estos alegan es que están hartos del botellón y de las 'molestias' que les genera que ese espacio sea una plaza pública y abierta. Con esta actuación se pierde la filosofía urbanística y arquitectónica de las plazas: ser lugares públicos para uso y disfrute de los vecinos. Sea la hora que sea y el día que sea.
Ahora, si más vecinos o asociaciones deciden que se tiene que cerrar su plaza para evitar 'molestias', ¿se terminarán cerrando todos los espacios públicos? Lo que está claro es que se abre el 'cerrojazo' de las plazas públicas. Un cierre, además, apoyado en la ordenanza recientemente aprobada por el Ayuntamiento de que las asociaciones de vecinos puedan vallar los espacios de dominio público.
"Estará abierta por el día y cerrada por la noche. Ya veremos cómo se establece el horario porque además hay un colegio cerca y lo lógico es que se abra y cierre con su horario", matizó ayer la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. La Junta de Gobierno Local adjudicará hoy el contrato para el cierre de la misma.
Este espacio se sumará a otros ya cerrados como los jardines del Triunfo, el parque Eras de Cristo, el Cruz de Lagos...
La actuación se suma a otro paquete de medidas de intervención y reforma en calles, plazas y distintas zonas de la ciudad. El valor total será de 1.172.000 euros con cargo al Plan Proteja.
Entre las medidas está la reforma del entorno de la Plaza de Toros. Lo que se pretende es dar tratamiento al suelo para evitar los arrastres del albero de alrededor con la lluvia, limpiar los grafitis, arreglar el mobiliario y las zonas verdes. En total, se invertirán 66.250 euros.
Otra medida es la adjudicación del proyecto de reforestación del Parque Beiro. Esto es un proyecto ambicioso que consiste en crear un gran parque (600.000 metros cuadrados) que conecte la ciudad con Víznar por la zona de El Fargue y toda la rivera del Río Beiro. El problema es que ese suelo tiene que ser urbanizable para hacer un parque y todavía no se ha hecho el cambio, por lo que los trabajos consisten en ir acondicionando el terreno para darle ese tratamiento de parque. La inversión actual será de 90.000 euros.
También merece una reseña el plan de acerado para unir la ciudad con Lancha de Cenes por la Carretera de la Sierra. En total son casi dos kilómetros y ya hay ejecutados más de uno. Ahora se avanzará 180 metros con un gasto de 150.000 euros.
La Glorieta de Arabial también se arreglará para reparar el mobiliario urbano y sustituir la acequia por unas jardineras.
* Granada Hoy - 8.10.10
Foto: La Plaza de la Libertad, detrás de la Delegación del Gobierno de la Junta. - granadahoy
Rearmar el urbanismo
HERMINIO PICAZO* : Es triste que una tan trascendente técnica, ciencia o como quiera definirse el Urbanismo esté en boca de todos como un escenario en donde parezca sencillo que el dinero fácil cabalgue a lomos del caballo ganador de las malas artes. También es triste que, en los casos en los que urbanismo y prácticas perversas se puedan dar la mano, el objeto de los enriquecimientos ilícitos sea el territorio, un bien que por esencia es de todos. Y es particularmente triste que estas cosas tiendan además a destrozar la imagen y la reputación de zonas completas y sectores de actividad con independencia de la limpieza de muchos negocios o la rigurosidad de tantas otras decisiones, provocando que el ciudadano normal no sepa dónde termina el desarrollo razonable y donde se inicia la truculencia. Y, finalmente, es triste que debamos estar ocupados o preocupados por estos temas en unos momentos en que nuestros políticos, empresarios, agentes sociales e instituciones se deben emplear al ciento veinte por ciento en asuntos tan trascendentes como capear la crisis.
Sé que muchos —la gran mayoría— de los profesionales y gestores que se relacionan con el urbanismo abominan de las prácticas en las que nuestro futuro parece estar más pegado a los intereses personales que al colectivo.
Porque el buen urbanismo, el que se enseña en las escuelas técnicas, tiene mucho que decir hacia el presente y el futuro de unas sociedades y unos territorios que, de no reflexionar, de no intervenir inteligentemente, se nos escaparán de las manos en términos de ocupación del espacio, de movilidad, de paisaje, de impactos ambientales, de estrés, y de formas excesivamente autónomas y compartimentadas de vivir y relacionarse.
El urbanismo es una técnica absolutamente imprescindible para recuperar la cordura en la organización del espacio y para dotar a los lugares de habitación humana de un mínimo de calidad de vida. Las infraestructuras, las garantías de la dotación de los servicios básicos, los espacios de encuentro y ocio ciudadano, la movilidad, el futuro de las ciudades y los ciudadanos, dependen, en suma, de cómo se decida sobre el papel las formas en que se evolucionará sobre el terreno.
Sin buen urbanismo no habrá buenas ciudades y buenos territorios, y sin planificación sensata no será posible aplicar los márgenes razonables de desarrollo que garanticen la satisfacción de las necesidades de la gente y el respeto por los valores subyacentes del nuestra tierra.
Por eso, a despecho de coyunturas, toca formular un rearme moral del urbanismo en el que sus actores —uno a uno y en conjunto— jueguen integralmente al juego de la honradez, la trasparencia y la democracia que quizás unos cuantos —ni idea de cuántos ni de quiénes— hayan decidido abandonar.
* La Opinión de Murcia - Opinión - 8.10.10
Roca destruyó 15 cajas con pruebas de 'Malaya' tras un chivatazo policial
ECODIARIO/Málaga* : Juan Antonio González, el jefe de la Policía Judicial, hombre de confianza del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y máximo responsables de todas las investigaciones judiciales abiertas, incluido el caso Gürtel, se encuentra entre la espada y la pared. Las agendas personales de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama Malaya, podrían acabar vinculándole con la misma. Sus iniciales aparecen en numerosas ocasiones y en el sumario se deja claro que "J.A.G. conoce la estructura policial" y, presuntamente, habría cobrado 200.000 euros de Roca a cambio de informarle de la evolución de la investigación, tal y como adelantó elEconomista el 19 de marzo de 2009.
¿Pruebas culpatorias?
El problema se agrava, según consta también en el sumario, porque Roca habría utilizado esa información para destruir algunas pruebas que le hubieran acabado inculpando. Gracias a la información recibida, el antiguo responsable del urbanismo marbellí hizo desaparecer a tiempo al menos quince cajas de documentos sobre sus sociedades, de las que nadie sabe su paradero hasta la fecha.
Las investigaciones en torno a J. A. G. siempre estuvieron envueltas en la polémica. De hecho, dos agentes encargados de la investigación presentaron su dimisión al juez que inicio la operación Malaya, Miguel Ángel Torres, por las trabas que les estaban poniendo para "desvelar" lo que había detrás del alto mando policial "que cobraba cantidades millonarias por informar a Roca".
Acusación de un abogado
Torres decidió no investigar y apartó todas las pruebas que apuntaban al jefe de la policía judicial en una pieza separada. Sin embargo, el caso puede revivir ahora porque el abogado de uno de los acusados, el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokan y presunto testaferro de Roca, ha pedido ahora que se le investigue. Se trata del letrado Antonio Urdiales, para el que no cabe ninguna duda de que las siglas que aparecen en las agendas se corresponden con Juan Antonio González.
Urdiales se ha mostrado contundente ante el actual juez instructor de Malaya, Miguel Ángel Pérez: "Lo poco que tardaron en identificar a quienes aquí se sientan por sus acrónimos, y para identificar a su alto cargo policial con las iniciales J. A. G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de los comisarios", aseguró.
El abogado José Cosín revela además en su libro Mafia y Corrupción que en enero de 2005 González acudió como jefe de la Policía Judicial a Marbella "con el fin de instalar una base operativa de la unidad de élite Greco, para lo que solicitó ayuda a Juan Antonio Roca, que propicio una reunión con Marisol Yagüe".
* Ecodiario - 8.10.10
Foto: Roca - ecodiario
Una sentencia prohíbe construir el edificio judicial y un centro de salud en Ourense
20MINUTOS* : La Xunta no podrá comenzar la construcción de nuevo edifico judicial y del centro de salud de O Couto por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Ourense a notificar la expropiación de los terrenos a todos sus herederos. Las dos obras suman más de 20 millones de euros, 18,5 estaban y 2,7 millones, respectivamente. La sentencia del Juzgado nº2 de Ourense retrotrae el proceso expropiatorio al año 2008, momento en que "debió realizarse la primera comunicación o publicación con los datos ya corregidos" en cuanto a los titulares de los terrenos.
Tras conocerse la sentencia, la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, ha comunicado que en la actualidad, y a pesar de la sentencia, "no hay ningún tipo de excusas" para que la Xunta de Galicia "deje de invertir en Ourense".
En este sentido, Áurea Soto ha explicado que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Ourense "aprobó la licencia de obra" para la construcción del edificio judicial, "lo cual es relevante porque la licencia adquiere firmeza, independientemente de lo que pueda suceder con la caída del plan general".
En cuando la sentencia, Áurea Soto ha indicado que "requiere la subsanación de un defecto de notificación en el proceso de los terrenos", porque "la sentencia dice que hay herederos sin notificar" y "no dice" que tengan que "subsanar esos errores de notificación".
Remisión de providencia
La edila de Urbanismo ha indicado que este mismo miércoles, y tras conocer la sentencia judicial, el Ayuntamiento de Ourense ha remitido un "escrito providencia" para "presentar recurso de apelación de inmediato den el TSXG" por lo que, ha añadido, "no será firme hasta que el TSXG entienda de su firmeza si es que esto es así".
Asimismo, Áurea Soto ha afirmado que, paralelamente y "para subsanar cualquier eventualidad" respecto de la notificación, "se procedió de inmediato la notificación que requiere esta sentencia" a los titulares de la parcela "que por lo vista estaban sin notificar según dice la sentencia sus herederos".
Según ha comentado, "no se generó ningún conflicto" y se pueden ejecutar las obras "cuando está previsto", porque "la situación es exactamente lo mismo". "El recurso de apelación no paraliza porque la situación es la misma", ha advertido la concejala socialista.
Áurea Soto ha indicado que la sentencia "dice que se debía haber notificado a otros cotitulares" de los terrenos, "que no habían sido notificados" en el momento de la expropiación.
En este sentido, quiso destacar que como la situación actual "puede dar por parte de algunos" a "intentar impedir la edificación del proyecto queremos dejar muy claro que no existe ningún motivo de disculpa para que no pueda ser adjudicada la obra del edificio judicial".
Áurea Soto ha señalado que ya comunicaron todo el proceso a la Secretaria Xeral de la Consellería de Presidencia y que "si hay que subsanar un error de notificación se subsanará". "El proyecto puede ejecutarse aunque se caiga el PGOM", ha sentenciado.
Proyecto paralizado por "soberbia"
Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ourense junto al candidato a la alcaldía, Rosendo Luis Fernández, han apuntado que se trata de un "día triste, porque es una mala noticia para Ourense" y calificaron al gobierno municipal de "tribipartito" con "su alcalde a la cabeza", que no "es capaz de lograr que se cumplan las inversiones del estado" y "ahora impide que la Xunta de Galicia invierta en Ourense".
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique Nóvoa ha asegurado que el proyecto se encuentra "paralizado", porque el gobierno local ourensano "peca de chulería y de soberbia" y de "falta de realidad". "Este fallo judicial viene ahora por no hablar y no ser humilde en política", ha dicho.
Enrique Nóvoa ha señalado que "cuando las cosas se hacen mal y con prepotencia ocurre esto" y "las cosas no se arreglan con chulería" porque "hay que estar con los pies en el suelo, hacer valer el consenso, y hablar con la gente".
En este sentido, se ha referido a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, de la que dijo "se cree una Premio Nobel" y le pidió que "baje un par de escalones y hable más con la gente" y "que no vaya con esa soberbia y ésa chulería", porque "sino, frenará proyectos importantes de otras administraciones en Ourense".
"sumido en una crisis"
Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Ourene, Rosendo Luis Fernández, ha afirmado que esta sentencia es un "claro ejemplo" de que el gobierno local ourensano "está sumido en una crisis municipal, política e institucional permanente" mientras que "los ourensanos sufren las consecuencias de esta situación".
Rosendo Luis Fernández ha recordado que "ya se marcharon dos tenientes de alcalde y tres directores generales" y por ello, el alcalde de Ourense "está más preocupado en solucionar estas marchas y no se preocupa de los ourensanos", ha diagnosticado. "Además no atiende y no contesta ni las sugerencias del PP en esta cuestión a la que hizo caso omiso y las consecuencias son estas".
En este sentido, Fernández ha señalado que la "falta de diálogo, la prepotencia y el desconocimiento" del "tribipartito" ha posibilitado que la "mayor inversión de la Xunta con Ourense no se pueda efectuar", porque la sentencia "obliga a retrotraer el expediente al año 2008".
* 20 Minutos - EP. - 7.10.10
Foto: Ayuntamiento Ourense - fotosdegalicia.es
Murcia.- El 'caso Umbra' destapa un pelotazo del gerente de Urbanismo
PÚBLICO* : Alberto Guerra, gerente de Urbanismo de Murcia y detenido el martes, logró en 2005 un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos que había comprado en el municipio de Ulea junto con el abogado Higinio Pérez Mateos, igualmente arrestado. Según fuentes de la investigación del caso Umbra, fue Pérez Mateos, vinculado al alcalde de Ulea (PP), quien negoció el convenio recalificatorio. Poco después de que, con la venta de esos terrenos, ambos y sus esposas obtuvieran una plusvalía conjunta superior a 1,2 millones de euros, Pérez Mateos firmó con el Ayuntamiento de Murcia (PP) uno de los seis convenios ahora investigados.
El abogado y empresario actuó en representación de las cuatro empresas que, en mayo de 2005, consiguieron que el ayuntamiento les otorgase un plus de edificabilidad cifrado en 138.813 metros cuadrados en el norte de la ciudad. A cambio, garantizaban la rehabilitación del Casino de Murcia.
Anoche, tanto Alberto Guerra como Higinio Pérez Mateos quedaron en libertad bajo fianza: de 100.000 euros en el caso del abogado y de 70.000 en el del gerente. El tercer detenido el martes, el ingeniero Renato del Noce, no irá a prisión si paga los 120.000 euros impuestos por el juez. A los tres se les atribuye un delito de cohecho (soborno). Del Noce también está vinculado al convenio del Casino. Los investigadores creen que en la rehabilitación del edificio se inflaron facturas.
En el sumario, declarado secreto por el juez de instrucción número 8 de Murcia, hay ya diez imputados, entre ellos el edil de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Murcia, Jesús Samper. Basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes conocen el caso sospechan que el ayuntamiento perdonó más de 300 millones de euros a los firmantes de los seis convenios investigados. Presuntamente, el consistorio infravaloró el precio del suelo conveniado, de forma que las compensaciones exigibles a los beneficiarios de los convenios se vieron mermadas.
* Público - 7.10.10
Foto: Berberena, el martes durante el registro en Urbanismo - publico
Jerez.- Una empresa de 'renting' deja al área de Urbanismo sin coches por los impagos
ELMUNDO* : La Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha perdido 13 coches por impago, después de que la empresa de 'renting' haya ordenado la retirada de esos vehículos que permanecen inmovilizados en un aparcamiento subterráneo. Estos vehículos están destinados a labores de inspección urbanística, de otorgamiento de licencias y de inspección de obra, en definitiva, las labores diarias de la Delegación de Urbanismo.
La deuda que mantiene el Ayuntamiento jerezano con esta empresa asciende a unos 85.000 euros, según el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, que ha reconocido que la empresa emitió un requerimiento al Consistorio hace tres meses reclamando el pago, pasados los cuales, ha decidido retirar los vehículos. "Estamos pendientes de conversaciones para ver si es posible afrontar el pago de alguna manera y poder continuar con las labores".
Crisol no ha ocultado las graves consecuencias que está teniendo en su Delegación el haberse quedado sin los coches, que se encuentran inmovilizados en un aparcamiento subterráneo del centro de la ciudad. "Las consecuencias lógicas de no poder disponer de las herramientas normales del trabajo diario".
Entre otras cosas, que los inspectores y notificadores tengan que cumplir sus obligaciones a pie, mientras que Correos tampoco certifica los avisos y notificaciones a consecuencia de la deuda del Consistorio jerezano. "Ahora mismo estamos haciendo las labores de inspección de la mejor manera posible aunque, obviamente, sin tener los vehículos se ralentizan las tareas de inspección de obra, de otorgamiento de licencias, de comprobación de proyectos. Ese tipo de tareas diarias se ven afectadas por no disponer de los vehículos que facilitan la movilidad del personal", ha subrayado el delegado de Urbanismo.
Juan Pedro Crisol, que no ha ocultado lo complicado de trabajar en estas extremas condiciones, ha manifestado que se está intentado solventar el problema de la mejor manera posible y ha justificado este hecho en la difícil situación económica de las arcas municipales. “Estamos trabajando y a ver si es posible encontrar una solución”.
Algunos trabajadores de la Delegación Municipal de Urbanismo han reconocido que en las últimas fechas llegaron a prestar servicio en los coches sin el pertinente seguro obligatorio ya que la empresa de 'renting' no los renovó debido a los impagos del Ayuntamiento. Este extremo no ha sido desmentido por el delegado de Urbanismo que reconoce que la empresa comunicó al Ayuntamiento la posibilidad de retirar los seguros.
El Ayuntamiento, ante el elevado coste, se está planteando suprimir la figura del 'renting', por lo que la solución podría pasar en un futuro por alquilar o comprar los coches.
* El Mundo - 7.10.10
Foto: Jerez - absolutjerez.com
La Fiscalía "preocupada" por la puesta en libertad de De Noce en el caso de corrupción de Murcia
EFE* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia está "preocupada" por la puesta en libertad bajo fianza del ingeniero Renato de Noce, uno de los tres detenidos en el marco de un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la expansión de la zona norte de la capital murciana, han informado a EFE fuentes de este órgano judicial.El juez instructor del caso, David Castillejo, decretó ayer, tras tomar declaración a De Noce, la prisión eludible bajo fianza de 120.000 euros, frente a la solicitud del fiscal de prisión incondicional. Para la Fiscalía, existe el riesgo de que Noce se sustraiga a la acción de la Justicia, lo que el juez instructor ha descartado por tratarse de una persona con "arraigo" en Murcia.
El juez Castillejo, que ayer tomó declaración durante todo el día a los tres detenidos, también decretó la puesta en libertad bajo fianza de 70.000 euros del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y del abogado Higinio Pérez, para quien fijó una fianza de 100.000 euros.
La Fiscalía había pedido para Guerra una fianza de 150.000 euros y para Pérez otra de 240.000.
Los tres tienen de plazo hasta mañana para presentar estas fianzas y eludir la prisión.
En relación con estas diligencias, fuentes judiciales han indicado hoy que numerosos funcionarios públicos y empresarios pasarán en las próximas semanas por el Juzgado, entre ellos personas que puedan contribuir al esclarecimiento del caso como testigos.
Las mismas fuentes no han descartado la posibilidad de que también sea citado algún cargo público.
Todo dependerá, han añadido las fuentes, de la información que se obtenga del material incautado en los registros efectuados el pasado martes, que está siendo analizado por agentes de la Guardia Civil y por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región.
Entre las personas que deberán prestar declaración ante el juez instructor como imputados se encuentran el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, que está citado para mañana, y el empresario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que deberá comparecer el próximo 15 de octubre.
La operación, iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo de esta zona, entre ellos el del complejo Nueva Condomina promovido por Jesús Samper.
Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.
* EFE - 7.10.10
Foto: La Fiscalía "preocupada" por la puesta en libertad de De Noce en el caso de corrupción de Murcia - efe
Valencia disimula sus contratos a dedo con obras del Plan E
ELPAÍS* : En la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia de 2008, el interventor, director del análisis, informaba de que el Consistorio había adjudicado sin concurso el 71,3% del dinero que dedicó a inversiones. En 2007, el porcentaje resultaba similar, el 72,4%. En la auditoría de las cuentas municipales de 2009, conocida ayer, la cantidad apenas asciende al 13,3%. ¿Es que el Ayuntamiento promueve ahora el concurso público en vez de las adjudicaciones a dedo? No tiene por qué, ya que como explica el interventor, la incidencia del primer Plan E "condiciona de forma sustancial cualquier comparación a efectuar" con años anteriores.
En la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia de 2008, el interventor, director del análisis, informaba de que el Consistorio había adjudicado sin concurso el 71,3% del dinero que dedicó a inversiones. En 2007, el porcentaje resultaba similar, el 72,4%. En la auditoría de las cuentas municipales de 2009, conocida ayer, la cantidad apenas asciende al 13,3%. ¿Es que el Ayuntamiento promueve ahora el concurso público en vez de las adjudicaciones a dedo? No tiene por qué, ya que como explica el interventor, la incidencia del primer Plan E "condiciona de forma sustancial cualquier comparación a efectuar" con años anteriores.
El Gobierno exigía que las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, el primer Plan E, cumpliesen unos criterios de contratación. Así, la vía municipal mayoritaria de adjudicación de contratos en 2008, que burlaba el concurso público, no servía para las obras del Plan E en 2009. Como el volumen de inversión del fondo estatal triplicó a las inversiones municipales el año pasado, la cantidad de contratos a través de concurso público creció paralelamente, igual que las contrataciones a dedo menguaron.
El interventor analiza al margen de la contratación la gestión del gasto en 2009. De los cientos de inversiones realizadas, la auditoría recoge una muestra y la analiza. Así, el interventor pone reparos a un 38,3% de las inversiones, mayoritariamente por gastar "sin autorización, disposición ni fiscalización previa". En 2008, las objeciones del alto funcionario afectaron al 24,6% del gasto y en 2007 al 15,4%.
Los informes negativos en la gestión del gasto trascienden a las inversiones, pues en el estudio de los gastos en bienes y servicios superiores a 3.005 euros, el interventor observa problemas en el 49,4% del dinero empleado en este apartado en 2009. Igual que con las inversiones, el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá, abusó de los gastos "sin autorización, disposición ni fiscalización previa".
El concejal socialista Juan Ferrer, tras estudiar los datos de la auditoría, criticó que "el Ayuntamiento aumenta la opacidad, intensifica la contratación furtiva y vulnera la normativa cada año". Ferrer avisó además del peligro de la llamada cuenta 413, un cajón de facturas sin pagar arrastradas de año en año que disminuyó en 2009 porque Barberá destinó fondos del Plan E a ese fin. "En 2010 crecerá a más de 105 millones de euros", opinó Ferrer, "ya no hay planes E que la paguen".
* El País - 6.10.10
Foto: Ayuntamiento Valencia - wanadoo
Bruselas sigue viendo "sobrevalorado" el precio de la vivienda en España
ELPAÍS* : La Comisión Europea (CE) cree que los pisos en España, a diferencia del resto de la Eurozona, siguen caros. Dice el Ejecutivo comunitario en un informe trimestral publicado hoy que la corrección de dichos precios se aplicó en casi todos los países de la Eurozona a finales de 2009. Pero no en España, donde se seguía mostrando una "considerable sobrevaloración" del 17% a principios de 2010.
La CE destaca las "diferencias significativas" entre los estados europeos en el ritmo de corrección de los desequilibrios. "A finales de 2009 la corrección en los precios se hallaba bastante avanzada en algunos estados miembros, pero todavía tenía trecho por recorrer en otros", se lee.
De hecho, la Comisión aprecia una tendencia contraria a la española en otros países. El coste de la vivienda en, sobre todo, Alemania está infravalorado. El estudio recuerda que entre 1998 y 2006 estos precios en la Eurozona subieron de media un 4% anual. Esta fase de escalada fue seguida de otra a la baja, a finales de 2007. Su declive llegó en el tercer trimestre de 2009, con una caída acumulada del 8,3%.
La CE reconoce, eso sí, que España es de los países donde más se han equilibrado los costes, con un -18%. Solo la supera Irlanda (-37%).
* El País - 5.10.10
Foto: Carteles de venta de viviendas - elpais.com
Corulla, la dama de hielo
LNE/Marbella* : Es curioso ver la rapidez con la que descarga agua una fugaz tormenta de verano. Pero las malas rachas, sobre todo en la vida, no suelen dejar ver sus consecuencias con la misma prontitud. Esta metáfora debe de haber pasado por la cabeza de Montserrat Corulla (Madrid, 1971) de forma habitual a lo largo de los últimos cuatro años y medio. Montse, como la llaman sus amigos, vive atormentada desde que el 29 de marzo de 2006 fue detenida en el marco de la «operación Malaya», una época aciaga que se ha prolongado hasta estos días, puesto que está acusada de blanquear más de 44 millones de euros para el supuesto cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca. El fiscal quiere prorrogar sus desvelos, porque le pide cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.
No es una más entre los 95 procesados de esta causa, y vale más por lo que calla que por lo que dice. Los rumores sobre una hipotética relación de amistad o de negocios con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han provocado que los focos la iluminen a ella con más mimo que a otros procesados.
Pasó cinco meses en prisión preventiva, hasta que el 28 de agosto de 2006 decidió que no aguantaba más y optó por hablar. No le importó que otros tuvieran que pagar un precio alto por sus palabras. La libertad bien vale una delación.
En esa charla, con el juez Miguel Ángel Torres, la letrada reconoció ser supuesta testaferro de Roca, es decir, «una mujer de paja». Es administradora de Condeor, la joya de la corona del imperio del ex asesor urbanístico y de otras tres sociedades, todas con sede en Madrid. Su misión: comprar antiguos palacetes y reconvertirlos en hoteles de lujo.
A finales de los noventa Corulla, una bella mujer que ha dejado tras de sí una retahíla de corazones rotos, conoce a Juan Antonio Roca, todopoderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, a través de unos amigos comunes. Poco después, entra a trabajar en el despacho madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, supuestamente la firma que esculpe la red societaria a través de la que el capo marbellí lavó cantidades astronómicas.
Su talento no le pasa desapercibido a nadie: ni a Manuel Sánchez Zubizarreta, el responsable del despacho, ni al propio Roca, que, más allá de sus conocimientos jurídicos, descubre en ella un sexto sentido para los negocios, la capacidad de hacer que los demás se sintieran cómodos y se avinieran al acuerdo del que se tratase. Ella misma fue reclamando a Roca más protagonismo. Su olfato no le falló y la nombró administradora de Condeor en 2002.
Entre las operaciones en las que interviene Corulla santifica la adquisición de dos palacetes en Madrid, así como la compraventa de otras tantas fincas. Está por ver si su intermediación, y las operaciones en sí, son ilegales, algo que su abogado, Gonzalo Rodríguez, rechaza en el escrito de defensa. Cobraba 4.000 mensuales y, según fuentes consultadas por «La Opinión» de Málaga, del grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, utilizaba al chófer que Roca tenía en Madrid para desplazarse, lo que provocó varias discusiones con la hija del ex asesor, que entonces estudiaba Derecho en Madrid y también quería disponer de ese coche.
Tras cambiar la declaración, el juez Torres la dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Cinco meses entre rejas son más que suficientes para ablandarse. Un ex compañero la define como una persona «fría y pija», lo que contrasta con la actitud que mostró hacia su compañera de celda, a la que dio apoyo moral ante la proximidad de su juicio. Aficionada a vestir de marca, Corulla habló claro ante el magistrado: «Para Roca nunca nada es suficiente».
En su charla con Corulla, el juez Torres también descubre su «destacable valía» y su inteligencia, cualidades vitales para la supervivencia de la organización criminal. La abogada aclaró al togado que es habitual ver a Roca dar órdenes a los empleados del bufete madrileño, y aseguró que Sánchez Zubizarreta le ordenó que siempre obedeciera al murciano.
Además de intervenir en numerosas operaciones, Montserrat Corulla realiza diversas gestiones ante la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, no sólo las vinculadas a los palacetes ubicados en esa ciudad, sino que también representa a otros clientes que nada tienen que ver con el «caso Malaya».
Su intensa actividad inmobiliaria tardó poco tiempo en llamar la atención en Madrid. La Policía cree que participó en una operación a través de la cual un grupo inversor trató de construir un hotel de lujo en un antiguo frontón. El PSOE interpuso un recurso ante el Ejecutivo autonómico por las intenciones de la promotora, al estar declarado el edificio bien de interés cultural. La formación socialista pidió que se diese a las instalaciones un uso deportivo y de ocio. Corulla defendió los intereses del grupo privado y, siempre según la Policía, «si sacase adelante el proyecto recibiría una comisión de tres millones de euros a repartir con otro de los intermediarios».
Sus labores profesionales propiciaron que sus relaciones en la capital se desarrollaran en el más alto nivel y, entre otros, es probable que conversara con miembros del equipo de gobierno del PP, incluido Gallardón. Según varias fuentes judiciales, hay conversaciones entre Corulla y el alcalde de Madrid que han sido suprimidas del sumario de «Malaya» porque no tenían interés para la causa. Ni la operación sobre el frontón ni la legalidad de sus relaciones han sido objeto de la investigación.
Corulla saltó a la portada de los medios nacionales cuando Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en mayo de 2007 y hoy ministro, le preguntó a Ruiz-Gallardón en un debate televisado por los vínculos entre ambos, mostrando a la vez una revista en la que se hallaba la imagen de la abogada. Gallardón montó en cólera por lo que consideró un ataque personal, y acabó arrasando en los comicios.
El hecho de que esas conversaciones desaparecieran del sumario contrasta con que se mantuvieran otras de carácter personal e íntimo. Sobre una de ellas, la Policía llega a decir: «Él intenta ligar con ella». El abogado ha solicitado al tribunal que retire estas grabaciones al haberse lesionado su derecho a la intimidad.
Estos días la abogada ha mostrado su imperturbable rostro a todos los que han acudido al juicio del «caso Malaya». Impecablemente vestida y haciendo uso de tonos pastel para tratar de pasar desapercibida, sus llegadas y salidas de la Ciudad de la Justicia de Málaga han merecido una gran expectación de los medios de comunicación.
En la sala, mira impasible a los letrados y a las cámaras que inmortalizan tan histórico proceso, pero marca distancias con su pasado. Eso sí, cree que no tiene por qué esconderse y se sienta en segunda fila. «Desde que la metieron en prisión, no se relaciona con nadie. Ha roto lazos con todo el mundo, incluido con Roca», señalan las fuentes.
Un nuevo pico informativo en torno a su persona se vivió en junio de 2007, cuando Gallardón y la jurista comieron en el mismo restaurante. El Ayuntamiento negó entonces que hubiera sido beneficiada en operación alguna. Ella lo niega todo y ha pedido una pericial caligráfica para que se decrete la falsedad de su firma en varios documentos. Corulla espera que esta mala racha, de cuatro años y medio, pase pronto. Sólo le queda mirar al cielo para comprobar si todo esto no ha sido más que una tímida tormenta de verano.
* LNE - JOSÉ ANTONIO SAU - 2.10.10
Foto: EL GOLPE DE SEBASTIÁN. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, candidato a la Alcaldía de Madrid en 2007, preguntó a Gallardón en un debate por sus relaciones con Corulla y, por sorpresa, sacó una foto de la letrada, como muestra esta imagen televisiva. El golpe fue considerado bajo. Sebastián perdió.
'Malaya'.- "¿Qué hace aquí la Junta de Andalucía?"
DIARIODESEVILLA/Málaga : Las defensas de los procesados cuestionan la acción popular que ejerce el Ejecutivo autonómico. El abogado José Rebollo, que representa al promotor granadino José Ávila Rojas, cuestionó ayer el papel de la Junta en el caso Malaya. Aunque se refirió exclusivamente a su posición jurídica, no dejó escapar la ocasión para referirse también al rol político que supuestamente puede jugar cuando dijo que "desde otro punto de vista también cabe preguntarse qué hace aquí la Junta de Andalucía".
La defensa de Ávila Rojas, que se sumó a las cuestiones previas planteadas por otros letrados relativas a la vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales (juez predeterminado por la Ley, legalidad de las escuchas, falta de motivación de autos restrictivos de libertades y escuchas temporalmente sin amparo judicial) criticó que la Administración autonómica, que ejerce la acción popular, acuse al empresario granadino de malversación, en calidad de inductor, cuando nunca ha sido interrogado en el procedimiento por este delito.
"Es una acusación extravagante", porque "no es admisible acusar por unos hechos por los que no ha sido procesado" y "si consideraba que se habían producido que hubiese recurrido el auto de procesamiento". Finalmente resaltó que en su escrito de acusación provisional la Junta no hubiera determinado el importe de la malversación y que se le permita pedir indemnizaciones por responsabilidad civil cuando no es una institución perjudicada.
La postura de la Junta de Andalucía también ha sido cuestionada por la defensa de Carlos García Puente. El abogado Javier Morato tachó de "acusación sorpresiva" porque en el escrito de provisional también le atribuye a este procesado un delito de malversación, mientras que el letrado Javier Álvarez de Neira, que representa al ex comisario Florencio San Agapito, reprochó que se le haya permitido exigir responsabilidad civil. El abogado Manuel Salinero, que defiende a los hermanos Sánchez-Dalp, fue incluso más allá al referirse a la "legitimidad" de la Administración autonómica en esta causa, una situación que sugirió es un "despilfarro" de fondos que sólo "aporta dividendos publicitarios".
* Diario de Sevilla - 6.10.10
Foto: Juicio Malaya - lavozlibre.com
