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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El urbanismo en Cantabria no progresa adecuadamente. Desde la última evaluación hecha hace un año por la Dirección General de Urbanismo poco se ha avanzado. Si entonces siete municipios no habían iniciado el proceso para adecuar sus planes generales, hoy la situación casi no ha cambiado. Se mantiene el 'club' de los ayuntamientos de los que nada se sabe en materia de urbanismo, integrado por El Astillero, Cabuérniga, Reinosa, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Tudanca y Valdeolea. Y lo que es peor, tampoco se ha avanzado en el polo opuesto y en Cantabria sólo cuatro municipios (Argoños, Potes, Santillana del Mar y Comillas) cuentan con planes generales aprobados y adecuados a la normativa legal.
Ese estancamiento está echando por tierra las previsiones voluntaristas planteadas por el Gobierno de Cantabria que estimaban que en 2012 cerca de 70 ayuntamientos dispondrían ya de Plan. La respuesta es simple: la Dirección General de Urbanismo no oculta su preocupación. La realidad es concluyente: un 42% de los ayuntamientos cántabros (43 de 102) tienen parada y «sin actividad» la modificación de la norma que define su desarrollo urbano. Un planeamiento básico y del que depende todo: la calificación de los solares, las dotaciones de suelo para servicio público, los aprovechamientos, el volumen de crecimiento de cada zona, las licencias de construcción, las zonas de expansión, la planificación industrial...; en definitiva, el texto legal que marca el futuro de cualquier municipio y es determinante para la tesorería de las menguadas arcas municipales. En el informe de coyuntura que maneja Obras Públicas no todo es negativo. La consejería cree firmemente que antes de acabe el año Santander contará con Plan General ya que las diferencias de criterio existentes son «salvables». Si se produce la aprobación definitiva «habremos dado un gran paso, ya que hablamos del Plan de Urbanismo más complejo y que afecta a un tercio de la población de Cantabria».
Otros dos ayuntamientos también pueden cerrar en este ejercicio su proceso. Es seguro en el caso de Medio Cudeyo, cuyo documento ya dispone de la aprobación provisional y recibirá el definitivo visto bueno en la próxima reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Es posible que Puente Viesgo también obtenga la luz verde este año, ya que sólo está pendiente de la Memoria Ambiental. El desánimo entre los técnicos de Urbanismo viene de la mano de la actitud de algunos grandes municipios que tienen «paralizado su Plan y de los que no tenemos noticias desde hace más de un año». Eso en el mejor de los casos, porque en otros «la administración regional ignora las intenciones de varios ayuntamientos, que no han iniciado el proceso previo para modificar su planeamiento». El último informe interno de situación elaborado por la Dirección General de Urbanismo refiere que 43 municipios de la región tienen «parados sus planes generales». Algunos no los han iniciado y otros tienen la tramitación paralizada y sin actividad desde hace años. De ellos, 14 ayuntamientos únicamente acometieron en su día el inicio de la modificación de sus planeamientos, pero sólo tres contrataron un equipo redactor. En el chequeo interno de Urbanismo, el epígrafe «último contacto» está vacío para esos municipios y la conclusión final es que esos planes están «sin actividad».
Avance inicial
Tampoco parece avanzar el desarrollo urbanístico de 26 ayuntamientos que sólo cuentan con un avance inicial de su plan. Todos ellos han obtenido un Informe de Sostenibilidad Ambiental positivo, pero en su mayor parte están a la espera de recibir la aprobación inicial que posibilite seguir con el procedimiento. Y no es que se esmeren: el informe revela que el 'último contacto' de algunos de ellos data de mediados de 2008 y en otros casos de hace un año. Torrelavega es de los que se encuentra en esta categoría. En su caso, el último acto administrativo o contacto con la administración regional referido al proceso data de julio de 2009. En esta categoría también figura Suances, cuyo planeamiento puede llegar a romper la coalición de gobierno por fuertes discrepancias entre los socios, PSOE (Alcaldía) y PRC. La denuncia es concreta: desde 2005 no se mueve un papel y el contrato con el equipo redactor expiró hace cinco años.
La realidad de hoy no difiere mucho de la que existía en 2009, pero tampoco de la que que se registraba en 2001. La gran justificación siempre ha sido que los intentos de modificar la planificación urbana se han topado con cambios de legislación.
Desde 2001, la radiografía de los planes urbanísticos ha mudado, pero no tanto. Hace nueve años, el panorama era negro: contaban con planeamiento aprobado 12 municipios de la región (un 11,80%), en tanto que 64 disponían de normas subsidiarias (el 62,70%). En ese mismo ejercicio, 20 ayuntamientos de Cantabria echaban mano de proyectos de Delimitación de Suelo Urbano para ir regulando sus planificaciones urbanísticas, en tanto que 6, el 5,90%, nada tenían. Una realidad de entonces que hoy es inservible ante la promulgación de nuevas leyes a las que quedan sometidos todos los ayuntamientos.
* El Diario Montañes - 19.09.10
Foto: El municipio de El Astillero en primer término, con Camargo al otro lado de las marismas - eldiariomontanés.es
El 42% de los municipios cántabros tiene parados sus planes urbanísticos
Lecciones Malayas
ENCARNA MALDONADO* : El macroproceso de Marbella marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción, pero el riesgo no ha desaparecido · El catedrático Díez Ripollés advierte de que si no se presta atención volverá a aflorar con el argumento de superar la crisis. Prácticas ilícitas en la actividad urbanística fue el elocuente título de un estudio publicado a finales de 2004 por un grupo de expertos del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología dirigidos por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. El equipo avisaba de que existía riesgo real de que el crimen organizado tomara el control político. Es más apuntaba que en algunos puntos de la Costa del Sol esto ya podía estar sucediendo. La investigación levantó ampollas y agentes económicos, políticos y hasta policiales se apresuraron a descalificarla.
El próximo 27 de septiembre se sentarán en el banquillo 95 acusados en la denominada operación Malaya. Todos los alcaldes y concejales que han gobernado Marbella entre 2003 y la primavera de 2006 están procesados, junto a 19 promotores inmobiliarios, abogados, testaferros, contables y hasta el secretario municipal y el jefe de la Policía Local. Sobre ellos pesa la sospecha de haber participado en un cóctel de corrupción política y urbanística orquestada por Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del municipio desde mediados de la década de los 90. A grandes rasgos las acusaciones sostienen que Roca se encargaba de mantener bajo control la voluntad de los cargos públicos a cambio de sobres que presumiblemente recibía de los empresarios para amoldar la política urbanística a los intereses del mejor postor. Supuestamente parte de ese dinero lo repartía entre el equipo de gobierno y otra jugosa parte se la quedaba. La operación policial implicó la disolución de la Corporación municipal. Algo tan común en el sur de Italia que, sin embargo, sucedía por primera vez en España.
Desde que la operación Malaya explotó nunca más se puso en duda la tesis de la investigación Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Seis años después el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés recuerda que a pesar de los pesares fueron la Policía y luego la jurisdicción penal los primeros en reaccionar contra la corrupción. De hecho, el cabo del hilo que desembocó en la operación Malaya se encontró en un juzgado: el magistrado Miguel Ángel Torres investigaba por delito urbanístico el exceso de edificación en el hotel Guadalpín, y citó a declarar al jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo en Marbella, Jorge González. El funcionario tiró de la manta.
Díez Ripollés considera que la jurisdicción contencioso administrativa fue "excesivamente pasiva". La sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) optó por no adoptar medidas cautelares para impedir que prosiguieran las construcciones amparadas en licencias de obras recurridas. Y cuando el tribunal, aquejado de un dramático colapso, se pronunciaba años después los edificios estaban en pie y ocupados. Mientras, los juzgados penales acostumbraban a esperar las resoluciones administrativas antes de seguir sus procedimientos, generando una sensación generalizada de impunidad.
Aún así, cuando la operación Malaya comenzó la Fiscalía Anticorrupción ya contaba con un delegado en Málaga, el fiscal Juan Carlos López Caballero, y la Policía Nacional acababa de reforzar sus unidades especializadas. Hasta entonces todos los jueces que habían tratado de aproximarse al avispero marbellí por una razón u otra habían salido escaldados. Pero en este caso la investigación permaneció secreta más de un año, mientras la atención pública se focalizaba en el caso Ballena Blanca, centrado en el despacho de abogados DVA, por presunto blanqueo de capitales.
¿Cómo había podido ocurrir algo así a la vista de todos sin que nadie diera la voz de alarma? "En realidad la sociedad todavía no ha reaccionado contra la corrupción. Sólo hay que ver las expectativas electorales de los implicados en el caso Gürtel", precisa el catedrático de Derecho Penal. José Luis Díez Ripollés relaciona esa ausencia de censura social con la falta de cultura política además de con la confusión de valores que ha generado la respuesta de las instituciones "que han vendido como realismo político la renuncia al efecto intimidatorio del Derecho sancionador". Es decir, la masiva legalización de viviendas que se ha producido después en Marbella bajo el argumento de evitar un daño mayor a terceros de buena fe ha asentado la sospecha de que nunca sucede nada y que compensa infringir la ley.
En la misma línea interpreta la atemperación que han sufrido normas como el Decreto de Campos de Golf de la Junta de Andalucía o la propia Ley de Costas del Gobierno central. De hecho, este catedrático de la UMA opina que el interés público que genera el caso Malaya reside en el morbo de los famosos implicados: "La atención está en los famosos y en lo que se va a conocer de su vida privada. No en la relevancia del juicio para nuestra democracia y nuestras instituciones". El caso Malaya marcó un antes y un después en la persecución de las prácticas corruptas en las administraciones. De este a oeste y de norte a sur la Policía registró ayuntamientos por toda la geografía española, descubrió botines ocultos bajo los colchones y los jueces imputaron a alcaldes y cargos públicos.
¿Se ha puesto el punto final a descomposición de la vida pública en España? El catedrático José Luis Díez Ripollés tiene sus dudas. Opina que esa falta de reacción social puede favorecer que "una vez superada la crisis económica , o con el argumento de superarla, se sienten otra vez las bases de la corrupción si no prestamos atención".
* Málaga Hoy - Opinión - 19.09.10
'Caso Brugal': La mafia que controlaba votos, voluntades y toneladas de basura
ELPAÍS/Alicante* : En vísperas de la Navidad de 2007, dos personajes pasean por el puerto de Alicante. Son Enrique Ortiz, dueño de un imperio inmobiliario en Alicante y máximo accionista del Hércules, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y ex presidente de la fundación del club alicantino. Hablan de repartir entre el propio Ortiz y Ángel Fenoll (que gestionaba la concesión a dedo del servicio de la basura) una contrata que todavía no se ha adjudicado. La policía, que les sigue los pasos, graba a Gregori cuando comenta el encuentro con Fenoll, cuyos intereses representa: "Le he visto en buena línea... Yo creo que eso es fácil, lo podemos arreglar".
Con acceso directo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, Gregori hace de intermediario en una trama cuya investigación comenzó la primavera de 2006 porque Fenoll dejó entonces sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, una bomba de relojería en forma de DVD con un supuesto soborno por la contrata de la basura de la ciudad de Orihuela. Fenoll pretendía reventar la concesión del concurso a otro adjudicatario, pero aquel DVD puso al fiscal y a la policía a revolver en los desechos de la comarca de la Vega Baja y, sobre todo, a seguir los pasos del propio Fenoll. Cuatro años después, la investigación ha dejado a la intemperie una trama político-empresarial que salpica al presidente de la Diputación de Alicante y a otros cargos del PP, e incluso al portavoz socialista en la institución provincial, expulsado de su partido hace unos días.
En la investigación han aflorado sobornos y pagos de favores (pisos, viajes de recreo a bordo de lujosos yates y entrega directa de dinero en sobres). Fenoll, verdadero corruptor de la Vega Baja y cosechador de votos para el PP desde que Luis Fernando Cartagena alcanzara la alcaldía con una moción de censura a finales de los años ochenta, pretendía quedarse con la contrata del Ayuntamiento de Orihuela (valorada en 190 millones de euros) y con la del plan zonal de La Vega Baja (valorada en 360 millones a lo largo de 20 años). Condenado en su día por comprar votos para el PP y por ayudar a Cartagena a falsificar una coartada cuando fue condenado y tuvo que dejar la política, Fenoll se movía en las entretelas del PP alicantino. Ortiz, a su vez, lo hacía en las del PP regional (es uno de los implicados en la supuesta financiación del partido de Francisco Camps en el caso Gürtel).
Fenoll gestiona la concesión a dedo del servicio de la basura en la playa de Orihuela y media docena de contratas menores, en este caso mediante concurso, en otros tantos municipios de La Vega Baja. El trabajo de la costa oriolana se lo adjudicó Cartagena cuando era alcalde, con el beneplácito del protector de Fenoll, Manuel Lorente, padre de Mónica Lorente, la actual alcaldesa de Orihuela, también imputada en el caso Brugal.
Pero el industrial, que de pequeño empujaba el carro de recogida de su padre, quería más. Quería ser el rey de la basura en toda la comarca. Comprar voluntades de políticos y técnicos llevó a que el 30 de mayo de 2007 fuera detenido con cinco miembros de su equipo por extorsión y cohecho. Era la primera fase de la Operación Brugal. Fenoll estuvo un mes en la cárcel y salió con una fianza de 100.000 euros. La investigación se incautó de centenares de grabaciones que destaparon su vocación extorsionadora. El industrial grababa las entregas de dinero a cargos del PP.
Tras el arresto y con el respaldo de su hijo Antonio Ángel, y el gerente del grupo, el edil del PP de Orihuela Javier Bru desplegó sus peones a dos bandas. Para la contrata de Orihuela, se aseguró el apoyo de tres concejales del PP de esa corporación (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez) y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Los tres le asesoraron para comprar dos empresas tapadera "sanas" al tiempo que confeccionaban un pliego de condiciones a la medida de su oferta, en unión con la mercantil Sufi, que lograría el contrato el 28 de octubre de 2008.
Por otra parte, aunque la intención del presidente de la Diputación, Ripoll, era otorgársela a él, la contrata de la planta de basura del plan zonal de la Vega Baja cambió de rumbo a causa de su arresto y de la postura de la Generalitat, que prefería a Ortiz. Gregori, amigo personal de Ripoll y socio de Fenoll desde 2007, fue el encargado de la negociación. El plan era que el grupo ganador hiciera la planta en la finca La Pistola (en la pedanía oriolana de Torremendo) propiedad de Fenoll. Para ello se cambiaría la ubicación inicialmente propuesta.
Gregori desplegó una frenética labor de intermediación entre Ortiz y Fenoll en vísperas de la adjudicación. El contrato se otorgó el 3 de enero de 2008 como estaba previsto a una UTE integrada por Cespa y la empresa de Enrique Ortiz. Sin embargo, aún no había un pacto definitivo entre Ortiz y Fenoll y las presiones del entorno de Ripoll para cerrar el acuerdo eran constantes. El líder del PP tenía que tener contento a Fenoll, porque lo necesitaba para reflotar las precarias finanzas de dos televisiones locales controladas por los populares. La policía sostiene que el presidente de la Diputación recibió dos pisos o su equivalente en dinero, entre 800.000 y un millón de euros. Los corruptos financiarían la millonaria dádiva con el sobreprecio de la finca La Pistola y el aumento del canon a los usuarios de la futura planta comarcal de basura de la Vega Baja.
Tanta negociación estrechó lazos de amistad y Ripoll, Ortiz y Gregori coincidieron en una fiesta en la Feria de Sevilla y dos viajes (veranos de 2008 y 2009) a las Baleares a bordo del lujoso yate Elena, propiedad de Ortiz. Fenoll, que monopoliza el negocio de la basura en la Vega Baja, merced a un vertedero ilegal, estratégicamente ubicado en el límite entre las provincias de Alicante y Murcia, prefirió quedarse en Orihuela y seguir a lo suyo: repartir sobres.
* El País - 19.09.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
El TSJ emite una cuarta sentencia contra el plan urbanístico de Mestrets
LEVANTE/Castelló* : Nuevo revés al programa urbanístico de Mestrets. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido una nueva sentencia contraria al PAI al cargar en los vecinos los costes urbanísticos de obras públicas. Mestrets ya suma así cuatro fallos en contra. En esta ocasión, el TSJ estima parcialmente el recurso presentado por cuatro vecinos de la asociación de afectados de Mestrets, concretamente, invalida la intención del Consell y el ayuntamiento de hacer asumir a los propietarios las cargas urbanísticas del encauzamiento de los barrancos del Sol y Canters, cuyo coste está establecido en más de 4 millones de euros, y anula la parte de la resolución concerniente a la obtención del suelo para dicha infraestructura, que fue aprobada en 2007 por la Conselleria de Infraestructuras.
"No es conforme a derecho en lo que se refiere a la obtención de suelo dotacional y al estudio de inundabilidad", apunta el tribunal refiriéndose al encauzamiento en su sentencia, con fecha del 17 de septiembre, a la que ha tenido acceso Levante de Castelló. Los demandantes alegaron contra la inclusión en el PAI de dicha obra pública al atender que su financiación debía corresponder a la administración y no a los propietarios al ser una infraestructura pública, y el juez asume este punto y considera que el coste de esta actuación depende de las instituciones públicas. La resolución no es firme, por lo que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Castelló pueden presentar un recurso de casación en el plazo de diez días.
En cambio, el resto de argumentos de los vecinos han sido desestimados por el TSJ. La asociación de residentes de Mestrets había recurrido también la tipología edificativa, así como el proceso de adjudicación seguido por la administración. Esta vez, el juez no hace mención a las cargas fijadas a los propietarios para la obtención de suelo de otros proyectos públicos como 3.000 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la sede de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló y la ronda oeste de circunvalación.
Los tres fallos anteriores anularon el plan por cargarse en los vecinos parte de las cargas de dichas dotaciones públicas.
El TSJ, de esta manera, golpea de nuevo contra uno de los PAI de mayor envergadura que ha planificado el Ayuntamiento.
La Conselleria de Infraestructuras y el consistorio se han visto obligados a desvincular la ronda Oeste del desarrollo urbanístico para ejecutar sus obras y han optado por la expropiación forzosa para obtener los terrenos necesarios.
Luisa Pérez, portavoz de la asociación de afectados del PAI Mestrets, instó al Ayuntamiento de Castelló a modificar la unidad urbanística.
* Levante - 18.09.10
Foto: Mestrets, protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com
Una marcha ciclista conmemora la Semana Europea de la Movilidad
MADRIDIARIO* : Representantes de las Instituciones Europeas en España han celebrado hoy la Semana Europea de la Movilidad con una marcha ciclista de ocho kilómetros que ha recorrido el interior de la madrileña Casa de Campo. La marcha, organizada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, tenía como objetivo cambiar los hábitos de transporte del público ofreciendo alternativas al automóvil respetuosas con el medio ambiente.Para el director de la oficina de representación de la Comunidad Europea en España, Francisco Fonseca, lo verdaderamente importante es que esta Semana Europea de la Movilidad "la siguen ciudadanos de más de 1800 ciudades en toda Europa, demostrando que los ciudadanos reivindicamos sostenibilidad y calidad de vida".
Esta iniciativa de la Unión Europea, a la que cada año se suman más ciudades, quiere concienciar a los ciudadanos de las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
Se trata de animar a las autoridades y a los ciudadanos a "fomentar alternativas al automóvil" y a "realzar su impacto positivo para la salud pública y el medio ambiente", continúa Fonseca.
El lema de esta Semana de semana 2010, 'Muévete con inteligencia y vive mejor' reconoce los efectos perjudiciales de las tendencias actuales del transporte urbano para la salud de los ciudadanos.
La Semana de la Movilidad culmina con un día sin coches, el 22 de septiembre, día en que las ciudades reservan zonas destinadas exclusivamente a peatones, ciclistas y transporte público
La marcha, celebrada en un ambiente festivo con música y charanga, ha contado con la participación de adultos y niños que al final del acto han participado en el sorteo de una bicicleta y de un viaje a Bruselas para dos personas.
* Madridiario - 18.09.10
Foto: Madrid, bicicletada Semana Movilidad 2010 - madridiario.es
El ATC a Zarra: la sombra de la corrupción planea sobre la instalación
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Finalmente, el Consejo de Ministros no ha tomado la decisión de designar Zarra (Valencia) como el candidato a albergar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC), pero todo indica que éste será el elegido. Para ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* es significativo que el lugar elegido se caracterice por la sombra de la corrupción, donde el propio alcalde está imputado. El paso final en la instalación del ATC, donde se depositarán todos los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, no ha podido ser más rocambolesco. Ante la fuerte oposición encontrada en todos los municipios candidatos, finalmente se ha optado por enviarlo a uno donde planea la sombra de a corrupción y donde la comunidad autónoma no opondrá resistencia alguna.
La decisión aún no está tomada, pero todo indica que Zarra será finalmente el elegido.
Esta probable decisión es indicativa de la actitud de la industria nuclear y es el culmen de un proceso que ha pecado de ocultismo y de contactos clandestinos con los alcaldes implicados. Finalmente, el dinero ha tentado a quien podía tentar. El Ministerio de Industria y la propia ENRESA no han sido capaces de arrojar alguna luz sobre el proceso y de hacerlo mínimamente democrático. La casi segura elección de un municipio caracterizado por la corrupción urbanística es un hecho muy sintomático.
Una prueba más de la falta de democracia de todo el proceso es que la decisión se quiere tomar sin tener en cuenta ni siquiera las alegaciones presentadas a la candidatura de Zarra, que todavía no han sido respondidas.
Ecologistas en Acción recalca que la gestión de los residuos radiactivos no puede acometerse de forma independiente del futuro de la energía nuclear. Sólo será posible llegar a un consenso social cuando se establezca un calendario de cierre admisible de las centrales nucleares. Hasta entonces, sólo se podrá actuar comprando voluntades, tal como se viene haciendo desde la fundación de la propia ENRESA.
Sin embargo, esta posible decisión no significará la construcción del ATC. Ecologistas en Acción recuerda que la plataforma local es muy activa en la lucha contra el cementerio y que, a partir de ahora, toda la lucha contra el cementerio nuclear, desperdigada por la Península, se va a centrar en este único sitio.
Por último, Ecologistas en Acción expresa su solidaridad con los/as habitantes de la comarca y les ofrece su apoyo para intentar que el ATC no se instale.
* Ecologistas en Acción - 17.09.10
Foto: Zarra (Valencia), manifa contra cementerio nuclear (archivo) - EFE
Urbanismo sólo ordena derribar los galpones de tres de las trece casas expedientadas
LAOPINIÓN/A Coruña*: Los galpones de A Zapateira se ofertan de nuevo en las paradas de buses de los campus sin que el Ayuntamiento haya terminado con esta irregularidad. El departamento de Urbanismo arrancó hace dos años una investigación a raíz de la denuncia de la Universidad, que detectó al menos 150 infraviviendas. En total, el Gobierno municipal abrió trece expedientes, de los que sólo tres están pendientes de demolición. Existen siete casos donde ya no se puede ejecutar la orden de derribo porque los microapartamentos funcionan desde hace más de seis años. Los vecinos y la Universidad piden que se agilice la construcción de la residencia.
La Concejalía de Urbanismo reaccionó a finales de 2008 a la denuncia de la Universidad, tras detectarse la existencia de 150 galpones para estudiantes en A Zapateira, y notificó a los propietarios que era preciso el cese "inmediato" de la actividad. Dos años después, con el inicio del curso y con la problemática sin resolver, el Ayuntamiento asegura que es complejo conseguir el derribo de estas infraviviendas. De los trece expedientes abiertos, en sólo tres el Gobierno municipal tramita la orden de demolición. En otros casos, responsabiliza a la Xunta del problema o argumenta que ha pasado tanto tiempo que ha prescrito la posibilidad de decretar la desaparición de estas habitaciones para estudiantes.
En las paradas de los autobuses próximas a los campus universitarios se pueden leer carteles, con número de teléfono incluido, donde se alquilan galpones a alumnos de Elviña y A Zapateira. Regresan los estudiantes a las aulas y vuelven las infraviviendas. La Universidad denunció en 2008 la existencia de al menos 150 galpones y las posteriores inspecciones de los técnicos del Ayuntamiento no han servido para poner fin a esta situación.
Los trece expedientes que abrió el Ayuntamiento para que se restablezca la legalidad urbanística apenas han surtido efecto. Sólo en tres de los casos, el departamento de Urbanismo sigue con el proceso administrativo para la demolición de los galpones, una tramitación que desde María Pita puntualizan que se alarga porque los interesados han presentado recursos para evitar el derribo de las infraviviendas.
En siete de los casos analizados, el Concello reconoce incluso que se ha llegado tarde para obligar a los propietarios a demoler las habitaciones que alquilan a los universitarios, es decir, que la situación irregular de los galpones no es nueva, sino que más bien se ha convertido en una forma habitual que tienen varias familias de A Zapateira para aumentar sus ingresos. "En siete expedientes se comprobó que las edificaciones tenían más de seis años y, por tanto, está prescrita la posibilidad de, en su caso, ordenar su demolición. En estos casos se ordenó el cese de uso de esas edificaciones para usos residenciales, excepto uno en el que la edificación puede albergar el uso residencial comunitario", puntualiza un portavoz local.
El Ayuntamiento también responsabiliza a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de las irregularidades urbanísticas de A Zapateira. Destaca que en dos casos la Xunta es la administración competente para reponer la legalidad urbanística porque los galpones están en suelo rústico.
La existencia de microviviendas para estudiantes en A Zapateira es una realidad. El colectivo vecinal del barrio reclamó el jueves el derribo de estas construcciones como "medida ejemplar", para evitar la proliferación de esta actividad en los alrededores del campus. Los residentes están convencidos de que la otra forma de solucionar este problema es con la construcción de la tan demandada residencia universitaria de Elviña, pues entienden que es la mejor contraoferta a los bajos precios de los galpones si se comparan con los alquileres que se pagan por pisos en el resto de la ciudad.
"Es importante abrir la nueva residencia universitaria porque, de lo contrario, esto es carne de cultivo para los especuladores", apostilló Juan Manuel Sánchez-Albornoz, presidente de la asociación de vecinos. La Universidad está de acuerdo con esta hipótesis, convencida de que mientras no se ponga en marcha la residencia será imposible acabar con los galpones del barrio de A Zapateira.
El vicerrector de Infraestruturas de la Universidad, Xosé Lois Martínez, reclamó a la Xunta que acelere los trámites para la contratación de la obra de la residencia de Elviña, que contará con más de 600 plazas para estudiantes y profesores: "Está sin adjudicar pese a que se concedió la licencia y se licitó hace más de un año".
* La Opinión - 18.09.10
Foto: Planos aéreos de cuatro parcelas en las que los dueños de chalés de A Zapateira tenían en 2008 sus galpones, que aparecen enmarcados. / la opinión
El Cabanyal: La suspensión del Pepri no implica denegar licencias
LEVANTE/Valencia* : La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que mantiene que la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal de Valencia "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien", ubicado en esa zona. El texto, fechado el 15 de septiembre y difundido este viernes por la asociación de vecinos del Cabanyal, añade que "habría que analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del Pepri sobre las mismas, y sólo posteriormente conceder y denegar aquellas".
La suspensión del Pepri, añade, "debe limitarse a aquellos aspectos que supongan expolio" en los términos que establece la orden CUL 3631/2009 del Ministerio de Cultura que ordenaba al Ayuntamiento de Valencia parar la ejecución de los derribos en el conjunto histórico. "En base a los principios de proporcionalidad y menor onerosidad, así como el de conservación de actos administrativos, deben entenderse aplicables las restantes disposiciones del Pepri".
La institución ha realizado este informe a petición de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura, después de que éste conociera la decisión del Consistorio valenciano de suspender diversas licencias de obra y actividades económicas solicitadas por vecinos sobre inmuebles situados en el ámbito de aplicación del Pepri y justificándolo en el cumplimiento de la orden ministerial, explica.
Por ello el Ejecutivo central planteó a la Abogacía del Estado si, teniendo en cuenta los términos de la orden y la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el decreto del Consell que avalaba el Pepri, esta suspensión de concesión de cualquier licencia en el barrio "podría repercutir gravemente en la protección y conservación de los inmuebles singulares del conjunto histórico-artístico del Cabanyal".
El escrito, consultado por Europa Press, señala que a la hora de determinar, aplicando las previsiones del Pepri, qué licencias pueden o no concederse, "habría que distinguir si los permisos solicitados lo son de obra o de actividad, y, a su vez, dentro de las licencias de obra, estudiar individualmente cada una de ellas y distinguir tipos de intervenciones, ya que habrá solicitudes para ejecutar obras de conservación, rehabilitación o adecentamiento de los bienes que será necesario conceder para garantizar y contribuir activamente a la conservación del Bien de Interés Cultural".
Habrá otras obras, por ejemplo que sean "indiferentes", a los objetivos de conservación del patrimonio histórico, respecto a la cuales, "tampoco existirían inconvenientes jurídicos, tras su estudio sobre el valor específico y su papel urbano para concederlas", apunta.
En definitiva, "únicamente aquellas solicitudes de licencia de demolición o transformación que afecten a la conservación del conjunto histórico en los términos de la orden CUL 3631/2009 son las que deberían denegarse".
Lo mismo sucedería con las licencias de actividad, prosigue el informe, en las que habría que distinguir su finalidad, ya que incluso algunas "pueden contribuir a la conservación del patrimonio histórico como actividades tradicionales o simbólicas del barrio".
"Luego en principio entendemos que a priori la orden de Cultura que determina la suspensión parcial de la aplicación del Pepri, no puede implicar la denegación de la concesión de cualquier tipo de licencia municipal, sobre cualquier inmueble ubicado en el citado barrio, con carácter general", insiste.
ESTUDIO INDIVIDUAL
En esta línea, manifiesta que el Ayuntamiento de Valencia debería estudiar individualmente cada licencia para determinar en cada caso si la aplicación de la suspensión parcial del Pepri permite o no la concesión de las mismas, correspondiendo exclusivamente a los interesados el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales pertinentes, frente a la denegación de licencias por la corporación municipal.
La Abogacía del Estado --que matiza que desconoce las resoluciones desestimatorias del Ayuntamiento sobre las licencias y sus argumentos, por lo que sus consideraciones son generales-- añade que la suspensión en la aplicación del Pepri del Cabanyal "afecta sólo a aquellas determinaciones o previsiones del plan cuya ejecución pueda ser causante de expolio del patrimonio histórico español".
"Es sólo este ámbito, el de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expoliación, al que se circunscribe la competencia exclusiva del Estado atribuida por la Constitución", aclara.
* Levante- EP- 17.09.10
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
La última prueba contra Blanco avala que el plan de Cabueñes cambió cuando aún era jefe
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LNE/Asturias* : La plataforma de Cabueñes entregó ayer en el Juzgado la última prueba pericial con la que se pone fin a las diligencias previas sobre el denominado «caso Blanco». Y basándose en las cuales esperan que el juez instructor «no albergue ninguna duda para abrir juicio oral» contra Ovidio Blanco, ex arquitecto jefe del Ayuntamiento, imputado por tres posibles delitos -cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada- derivados de las importantes plusvalías que logró con la venta de una finca en Cabueñes recalificada.
La prueba pericial, aceptada por la Audiencia pese al recurso presentado en su día por el abogado de Ovidio Blanco -y que supuso una dilación de más de seis meses en el proceso-, ha consistido en la presentación ante el magistrado instructor de todos los planos y documentos con los que se acredita la clasificación y calificación urbanística que tuvo en los últimos años la finca «La Llosona» (de la que se desgajó una pequeña parcela, «La Llosina», que fue con la que el ex arquitecto jefe logró unas plusvalías de 600.000 euros); en concreto, durante la validez del Plan General de Ordenación elaborado por Rañada en 1998, hasta que se producen los cambios a raíz del PGOU firmado por Luis Felipe Teixidor en 2007. La conclusión a la que llega el perito de la acusación, que es asesor a su vez de la Plataforma de Cabueñes, Ignacio Martínez, no es otra que la ya conocida: durante la vigencia del «plan Rañada», las fincas «La Llosona» y «La Llosina», de continuo, tuvieron una asignación como fincas «no urbanizables» y, por tanto, con valor económico escaso. Pero desde el mismo momento (año 2003) en que Luis Felipe Teixidor inicia la revisión del plan urbanístico hasta su conclusión en 2007, a ambas fincas «se les asignó un valor económico elevado como urbanizables».
El informe incluye también un gráfico explicativo de la situación de Ovidio Blanco en el Ayuntamiento de Gijón, con la que se visualiza que el implicado fue jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento desde 1992 hasta el 1 de enero de 2004, cuando pide una excedencia. Ese período de vinculación municipal incluye una fecha clave para el proceso, según la plataforma vecinal: la del 15 de diciembre de 2003. En ese día está fechada una aprobación de información pública previa del documento de prioridades de la adaptación del plan urbano, donde ya figura el gran cambio que va a sufrir el área de Cabueñes y la transformación de una gran mancha de suelo (incluidas las fincas «La Llosona» y «La Llosina») de no urbanizable a urbanizable. En esa fecha, por tanto, Blanco aún era arquitecto jefe. Éste siempre ha mantenido que el hecho de que comprara en el año 2004 (cuando ya estaba en marcha la recalificación de «La Llosina» y él ya no ocupaba cargo municipal), a un bajo precio, la citada finca (que luego revendió y que le generó unas ganancias de 600.000 euros) no tiene más interpretación que la de un buen gesto por parte de los propietarios de «La Llosona», a los que había beneficiado con anterioridad en la operación previa de compraventa de la citada finca. «Niego tajantemente que esa devolución o reventa fuera una forma de pagar mi actividad en relación a la recalificación de esa finca», dijo Blanco ante el juez hace un año.
Ignacio Martínez lamentó ayer el tiempo que se ha perdido hasta que se pudo presentar esta última prueba pericial, y todo por culpa del recurso en contra que presentó el abogado de Ovidio Blanco. Un recurso que la Audiencia consideró injustificado y por lo que le sancionó imponiéndole el pago de las costas. Ahora, la Plataforma de Cabueñes espera una rápida definición del juez en el sentido más positivo a sus intereses: que declare la apertura del juicio oral.
Ignacio Martínez puso ayer el acento en un curioso «baile» de fechas que afecta a uno de los planos presentados en el informe pericial. Se trata del plano correspondiente a la información pública previa del documento de prioridades del PGOU, que pese a haber sido ideado en 2003, cuando el Ayuntamiento lo presentó en el Juzgado no apareció compulsado y se hizo constar que era de 2004. Para los vecinos, es «un indicio claro de la posición que está teniendo el Ayuntamiento: no defiende los intereses de los ciudadanos, sino los de Ovidio Blanco. Querer hacer pasar el año 2003 por el 2004 no es baladí. Son los 15 días que median entre que Blanco fuera arquitecto municipal o trabajador en excedencia», sostienen. En la fotografía superior, el diseño urbanístico de Cabueñes según el plan de Rañada; abajo, el primer diseño del plan de Teixidor, ya en 2003.
* La Nueva España - 18.09.10
Foto: La última prueba contra Blanco avala que el plan de Cabueñes cambió cuando aún era jefe. El «baile» de fechas de un plano - lne.es
La falta de dinero tiene paralizadas decenas de obras y rehabilitaciones en Granada
IDEAL* : Casi la mitad de las obras de nueva construcción y rehabilitación de inmuebles en la capital se quedan sin terminar por la falta de dinero. Son víctimas de la crisis que permanecen en estado perenne de obra sin posibilidades de futuro. Ocurre en el espacio situado frente al Centro Cívico del Zaidín, sitio del antiguo Colegio Progreso, que espera desde hace cinco años convertirse en un gran compleo administrativo y de apartamentos. La obra lleva más de año y medio cerrada a cal y canto y así, decenas de proyectos salpicados por toda la capital.
Desde la Gerencia de Urbanismo ven las cosas negras. No existen datos exactos sobre cuántos inmuebles están en este estado y con los tiempos que corren, Urbanismo hace la vista gorda en exigir tiempos de ejecución e imponer sanciones. "Ya tienen bastante con la situación económica que padecen", comentan fuentes de la Gerencia.
La imagen que dan estos inmbueles no es nada bonita, y más en zonas turísticas como la calle Cárcel Baja, en el área de Villamena, donde lleva años parada la obra de un gran hotel. Han pasado siete años desde que se emitió la licencia que luce el cartel de obra y la obra parada desluce toda la zona. Lo mismo pasa en la placeta del Lino donde un inmueble de cuatro plantas y ático en plena calle Alhóndiga tendría que ser un gran centro de tiendas y oficinas desde el año pasado. Ahora esperan el cambio de uso porque no han alquilado lo suficiente para continuar el proyecto.
Las rehabilitaciones sufren pero los planes parciales de urbanización tienen aún menos posibilidades de prosperar. Algunos, como la Azucarera de Bobadilla y el plan de ocio, con hoteles y tiendas junto a los túneles del Serrallo están paralizados. «No tienen dinero para poder llevarlo a cabo. Con los tiempos que corren sería una verdadera faena exigirles su puesta en marcha u otras medidas», dicen fuentes municipales. En la zona Norte, en el plan parcial de la Azulejera no han iniciado ni los cimientos los constructores privados y lo único que sigue en marcha son viviendas de VPO de Emuvyssa.
Administración
Por parte de la Administración, el Centro Lorca y el Auditorio Manuel de Falla han sufrido retrasos pero por lo menos, abrirán. Otros, como el Banco de España que ya tendría que estar funcionando como la Escuela de Fiscales, no lucen ni cartel de obra.
* Ideal - 18.09.10
Foto: El complejo administrativo y de apartamentos del Zaidín está parado.- ideal.es
Denuncian en la Fiscalía la construcción de un hotel en la Serra d´Irta de Castelló
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LEVANTE* : El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunció ayer ante la Fiscalía la supuesta construcción ilegal de un complejo hotelero en pleno Parque Natural de la Serra d´Irta en Alcossebre. Dicho escrito, presentado con el respaldo de varios vecinos de la zona, alega que se han alzado dos nuevos edificios, una piscina y un aparcamiento de 500 metros cuadrados "sin autorización alguna" e "incumpliendo tanto la normativa del Parque Natural como la urbanística a nivel del municipio y de la Comunitat Valenciana".
Las críticas ecologistas entran en contradicción con la versión oficial del concejal de Urbanismo de Alcossebre, Javier Tosar, quien aseguró ayer que la construcción "es legal". Según el edil, se trata "simplemente de la rehabilitación de un edificio ya existente que cuenta con la correspondiente licencia, la cual pidieron y fue concedida con informe favorable de la Conselleria de Medio Ambiente".
Tosar también insistió en que el ayuntamiento "no ha recibido oficialmente ninguna denuncia" y añadió que, no obstante, los técnicos de su concejalía visitarán la zona y llevarán a cabo "la correspondiente labor inspectora para comprobar que todo está correcto y conforme a la licencia de obras que se solicitó".
Pese a ello, Gecen exige que se abran diligencias de investigación penal y argumenta que, al margen de las obras en el local ya existente, "se ha talado una buena parte de masa forestal para la construcción de dos nuevos pabellones, piscina y parking y elevado en altura la construcción preexistente, ampliando, con todo ello, muy por encima del 20% la superficie construida respecto a la ocupada por la construcción inicial". En concreto, la denuncia se dirige contra la constructora, el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Además, los ecologistas denuncian que la zona está custodiada por vigilancia privada para evitar que se tomen fotografías. "La obra está vallada y hay guardas particulares que no dejan pasar y no permiten fotografiar más que desde el exterior, lo cual no da imagen suficientemente clara de las obras".
Los ecologistas exponen que existe un supuesto contrato de concesión por un periodo de 16 años y solicitan a la Fiscalía que incoe al menos cinco diligencias penales de investigación: una inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la aportación de licencias por parte del ayuntamiento, la entrega del contrato de explotación de la concesionaria y dos informes elaborados por el arquitecto y el ingeniero municipal.
* Levante - 17.09.10
Foto: Denuncian en la Fiscalía la construcción de un hotel en la Serra d´Irta de Castelló - levante-emv.com
Agentes de la Guardia Civil ordenan la suspensión de las obras de Son Bosc
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DIARIODEMALLORCA* : La finca de Son Bosc fue ayer el escenario de un nuevo episodio del tira y afloja que mantienen la conselleria de Medio Ambiente y la promotora Golf Playa de Muro con respecto a las obras de construcción de un campo de golf. Dos agentes de la Guardia Civil requeridos por la Conselleria se desplazaron ayer hasta la finca de Muro para obligar a la promotora del proyecto a acatar la orden de paralización que ayer, por tercera vez en algo más de un mes, volvieron a emitir los agentes medioambientales.
El motivo de esta nueva paralización de las obras se debe a que varios agentes de la conselleria de Medio Ambiente que diariamente visitan las obras comprobaron que una máquina excavadora de la promotora había penetrado en la zona que pretende declararse como ZEPA y había realizado "movimientos de tierra" en el ámbito protegido, según los propios agentes.
Acto seguido, los funcionarios procedieron a levantar un acta de paralización de las obras y a informar a la Guardia Civil de lo sucedido, ya que la promotora podría haber incurrido en un "posible delito de desobediencia".
Como se recordará, la pasada semana la conselleria de Medio Ambiente ya ordenó a la promotora que parase los trabajos que desarrollaba en la zona protegida, aunque al día siguiente la empresa constructora volvió a entrar en el ámbito ZEPA. En esa ocasión, los agentes no suspendieron la actividad porque ésta consistía en la retirada de escombros y residuos. La promotora dijo entonces que no tenía intención de paralizar los trabajos al entender que el proyecto está avalado por la aprobación parlamentaria de una ley que declara el golf de interés autonómico, lo que derogaría la orden del Govern de iniciar el expediente para ampliar la protección ZEPA en la finca de Son Bosc.
* Diario de Mallorca - 17.09.10
Foto: Momento en que la Guardia Civil llega a la zona de obras.- diariodemallorca.es
País Vasco: La investigación de las compras de suelo llega al Parlamento
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ELPAÍS* : La comisión especial que investigará en el Parlamento las presuntas irregularidades de gobierno anteriores desveladas por los casos De Miguel y Tellería, inició ayer su trámite avalada con la firma y la presencia de los representantes del PSE-EE, el PP, EA, EB y UPyD, las cinco fuerzas que han respaldado su constitución. Como incorporaciones de última hora a sus cometidos, la comisión abrirá su tarea a investigar compras y recalificaciones de suelo realizadas tanto en Álava como en Vizcaya. Se investigará, dice el texto, "el objeto de las operaciones, finalizadas o no, de recalificaciones de grandes cantidades de suelo en diferentes localidades de Álava y Vizcaya".
La referencia expresa deja la puerta abierta a la revisión por los parlamentarios de operaciones como las desarrolladas en la localidad alavesa de Zambrana o las vizcaínas de Abanto y Santurtzi.
En la primera, sobre la que existe una denuncia anónima, y el juez Roberto Ramos podría abrir una tercera causa, se produjo una compra masiva de terrenos por una empresa captada por personas del círculo de confianza de Alfredo de Miguel, cuando el pueblo, gobernado por el PNV, se barajaba como localización de una central térmica. De Miguel se volcó luego en defensa de la recalificación desde su puesto en la Diputación, y pese a la oposición de EA que dirigía Medio Ambiente del Gobierno. Él mismo echó el freno tras perder el PNV el poder, pero con un defecto de forma que permitió a la empresa recurrir. Es el núcleo de lo que podría convertirse en el caso Zambrana . En la segunda, el episodio fue la adquisición por Sprilur, sociedad del Gobierno presidida por el hoy imputado Antton Zubiaurre, de unos terrenos rústicos, poco practicables para actividad industrial alguna, y por unas cinco veces su valor. El vendedor fue J. C. A. B., primo del dirigente del PNV Andoni Ortuzar.
De la foto que ofreció el registro de la iniciativa ayer resulta especialmente significativo que dos miembros de los dos últimos Gobiernos tripartitos de Juan José Ibarretxe, EA y EB, hayan prestado su firma, y apenas un año después, a una investigación en cuya justificación se apuntan graves presuntas irregularidades sobre cargos de su socio, el PNV. Más aún cuando es más que previsible que al menos tres consejeros de esos gobiernos de los que EA y EB formaron parte, Miren Azkarate (Cultura) Ana Aguirre (Industria) y Javier Balza (Interior) vayan a ser llamados a declarar ante la comisión. La primera por contratos adjudicados, la segunda por la ampliación de los terrenos del parque de Miñano y el último por la implicación de dos agentes de la policía vasca en el supuesto espionaje a políticos y empresarios.
En la investigación sobre Zambrana, EA y sus responsables en el anterior Gobierno pueden resultar decisivos, porque fueron los únicos que se opusieron en la COPU a la recalificación de los terrenos en cuestión. El parlamentario de esa formación, Juan José Agirrezabala, alto cargo él mismo del Gobierno anterior, dijo que el código ético de su partido obliga a apoyar cualquier comisión de investigación.
El respaldo obtenido garantiza a la iniciativa 41 votos sobre 75. Fuera de ese respaldo ha quedado el PNV, tal y como su ejecutiva decidió el lunes, y como principal afectado como responsable de los departamentos del anterior Gobierno donde presuntamente se habrían dado las irregularidades. Tampoco Aralar prestó su firma. Ambos han visto intenciones "electoralistas" en la iniciativa y han preferido mantenerse al margen. La ejecutiva del PNV decidió también que su Grupo Parlamentario enmiende a la totalidad el escrito registrado ayer. Su portavoz, Joseba Egibar, consideró que el primer borrador que se presentó a su partido contenía "una sentencia", y, pese a reconocer que la redacción final respeta la presunción de inocencia, dijo que las declaraciones de dirigentes de otros partidos la hace "saltar por los aires. El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, deploró la falta de unanimidad en el respaldo, máxime después de haber introducido los proponentes "cautelas" para evitar "juicios a priori", dijo. No ha habido "ningún ánimo electoralista" ni de "revanchismo", sino la intención de fomentar en la política "los bolsillos de cristal". El PSE espera que EA, EB o UPyD presidan la comisión. El popular Leopoldo Barreda llamó al PNV a contribuir a aclarar lo sucedido en el convencimiento de que "la confusión entre partido e instituciones" está en el origen. Gorka Maneiro (UPyD) destacó la importancia de mostrar a la ciudadanía que "nadie está por encima de la ley".
Cargos... y cargos
La comisión de investigación parlamentaria va a seguir un curso paralelo al de las actuaciones judiciales. La alarma por estas últimas, de las que han ido creciendo imputaciones a cargos del gobierno anterior y del PNV, ha originado la investigación parlamentaria. Las personas imputadas son ya quince -las detenidas inicialmente fueron ocho- y los cargos han ido también creciendo: a los iniciales cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de infuencias, el juez añadió alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental y prevaricación. Imputados están por ahora dos altos cargos del Departamento de Cultura en la época de la consejera Miren Azkarate, el viceconsejero Gurutz Larrañaga y el director de Juventud Xabier Sánchez Robles; el presidente de la Red de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y del de Miñano, Alfonso Arriola, y dos veteranos agentes de la Unidad de Información y Análisis que presuntamente espiaron -recabaron "información ilegítima", reza el texto registrado ayer- para el dirigente del PNV Aitor Tellería.
* El País - 16.09.10
Foto: Santzurzi (Vizcaya), vista - bizcaia.net
Donde dije digo, digo Diego
JOSÉ MANUEL NAREDO* : El pasado mes de agosto se cumplió el tercer aniversario de la explosión del mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidense que marcó el inicio de la crisis, lo que nos otorga ya cierta perspectiva. Al revisar lo ocurrido sorprende que la falta de un diagnóstico acertado de los problemas haya llevado en tan poco tiempo a un mismo gobierno a adoptar interpretaciones y tratamientos no sólo dispares, sino contrapuestos. La misma percepción que ha ofrecido el Gobierno de la crisis mudó desde su negación inicial y su paulatino reconocimiento, hasta subrayar su gravedad para imponer sacrificios, sin que por ello se dejara de anunciar la continua aparición de “brotes verdes” que prometían la salida de la misma. El hecho de que la banca española apenas se viera contaminada por las hipotecas subprime estadounidenses –porque se dedicaba a titulizar y vender las suyas propias– hizo cantar victoria antes de tiempo, al no advertir los inconvenientes que entrañaba esa ventaja.
En vez de planificar la gestión de la crisis bancaria que se avecinaba, el Gobierno alardeó entonces de la fortaleza de la banca española, para cuestionarla de hecho a renglón seguido ofreciéndole cuantiosas e incondicionadas ayudas y, finalmente, un fondo millonario para reflotar las entidades en apuros. A la vez que, sin decirlo, se acabó acordando con la derecha abrir la puerta a la privatización de esos últimos residuos de banca pública que son las cajas de ahorros.
Mayores bandazos si cabe se observaron en los planteamientos de fondo del Gobierno que pasaron, del afán de paliar la crisis aumentado alegremente el gasto público y perdonando impuestos, a recortar con igual alegría gastos y aumentar impuestos. O también, defender a capa y espada el gasto social como antídoto contra la crisis, para cercenarlo después y promover reformas orientadas a rebajar retribuciones y derechos de los trabajadores y abaratar el despido. Ese mismo Gobierno pasó, en suma, de abrazar el keynesianismo a aplicar la ortodoxia liberal, atendiendo supuestas exigencias de la UE –a la sazón presidida por Zapatero– acentuando con ello la recesión y dañando la cohesión, al erosionar salarios y pensiones que se sitúan tan por debajo de la media comunitaria como los de Rumania, Grecia, Portugal…o España. Semejantes bandazos, sin un ápice de autocrítica, provocan el malestar de los trabajadores y perjudican las perspectivas electorales.
* Economista y estadístico
* Público - Consejo Editorial - 13.09.10
'Zombie Buildings': en España hay 1,5 millones de pisos inacabados y sin vender
COTIZALIA* : Si el auge de las ciudades trajo consigo la proliferación de pueblos fantasma, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado el fenómeno de los edificios 'zombie'. Esta es la expresión que utiliza el WSJ para referirse a las imponentes edificaciones en España que se han convertido en gigantes vacíos y deteriorados.La Torre Lugano, en Benidorm, es el prototipo de esta situación. El rascacielos residencial más alto del país atrajo en su día a constructores con sus muchos encantos: fachada acristalada, ascensor transparente y vistas a las aguas del mar Mediterráneo. Ahora la realidad ofrece una imagen muy distinta y poco idílica: garajes y servicios se hallan desbordados por aguas residuales, las corrientes de aire en las viviendas son habituales y los residentes se ven obligados a ducharse en baños comunitarios porque las tuberías de sus apartamentos están dañadas.
El rotativo detalla que "hay 1,5 millones de unidades residenciales inacabadas, sin vender y aisladas a lo largo de la Península, producto de una burbuja inmobiliaria devaluada que amenaza con minar la economía en los próximos años". La resaca de la fiesta que celebramos 'cuando pensábamos que éramos ricos'.
Largo tiempo para la recuperación
Ahora, "la capacidad de España para recuperse es una prueba vital de la futura estabilidad de la moneda y la salud económica europea", explican en el artículo. España es la cuarta economía de la zona euro, lo que representa aproximadamente el 11% de la producción total de la zona. Con estos datos, la incertidumbre y la presión atenazan la deuda y los presupuestos españoles. El rotativo no deja de hacerse eco de los recortes acometidos por Zapatero, de la huida por parte de inversores extranjeros y de la rebaja de rating por parte de las agencias de calificación. Y es que la recuperación llevará su tiempo.
Los economistas calculan que en un mercado inmobiliario 'saludable' costaría por lo menos tres años deshacerse de todas las viviendas con el cartel de for sale que fueron construidas durante el 'boom'. Mucho más tiempo tardará la economía en general en despertar de este mal sueño, que es real, y sobre todo, la de los consumidores.
Casi todos lamentan los tiempos en que el exceso y el lujo eran los mandamientos del mercado, porque ahora toca pagar los pecados. Como ejemplos, el ártículo cita el aeropuerto de Ciudad Real -sin usar y con millones de deuda encima- y el recinto ferial construído en Zaragoza para la Expo del Agua -vacío dos años después-.
Viviendo entre chapuzas
Pero en la joya de la costa valenciana, en ese pequeño skyline que es Benidorm, es donde mejor se observa este efecto. La promoción de Torre Lugano -que correspondía a un proyecto joint venture de Acciona y Bancaja- se realizó en 2003, con un precio para los apartamentos que oscilaba entre los 180.000 y los 710.000 euros. Estos tenían acceso a pistas de tenis, piscina, parque infantil y gimnasio.
Pero en 2006 llegaron los problemas y las promotoras informaron a los compradores de que los constructores no iban a cumplir los plazos de ejecución porque el auge en la costrucción había provocado una escasez de mano de obra y materiales. A esto se unió que la crisis global dio sus primeros golpes a la economía española. Resultado: más de un tercio de las viviendas de la torre no se vendieron.
Las que sí lo hicieron acogen ahora a familias desencantadas y víctimas de un engaño. Una fachada pulida que se suponía iba a asemejarse al mármol es hormigón rugoso pintado de blanco; los accesorios de metal en las zonas al aire libre han sido corroídos por la sal y ahora son meros hierros oxidados; una alarma contra incendios se desconecta y se dispara por error decenas de veces en un solo día; las paredes de yeso carecen de la insonorización prometida, lo que permite a los residentes escuchar las conversaciones o discusiones de los apartamentos vecinos -en el caso de que estén ocupados-. La lista de despropósitos es interminable. Y los gastos para hecerles frente, incontables.
Denuncia contra Acciona
La asociación de residentes en Torre Lugano dice, según WSJ, que ha gastado 900.000 euros en los últimos dos años en reparaciones de las áreas comunes y recientemente aprobó un presupuesto que incluye 400.000 euros más para más arreglos y costes asociados con la demanda que han interpuesto contra los promotores.
La denuncia contra Acciona y bancaja es de 28,2 millones de euros por "defectos de construcción". Dicen que esa es la diferencia entre el valor del edificio si lo habrían construido tal y como lo prometieron y el valor actual de lo que les vendieron: un gigante de la estafa.
* Cotizalia - 16.09.10
Foto: Vista de la aglomeración de edificios en la costa de Benidorm.- cotizalia.com
El ex alcalde de Alozaina acepta veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos
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SUR/Málaga* : El ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) ha aceptado una pena de veinte años de inhabilitación por los dos delitos urbanísticos de los que le acusaba la Fiscalía de Málaga. Esta misma semana Blanco ha presentado su renuncia al acta de concejal, en representación de IU, cargo que ocupaba actualmente en el Ayuntamiento de Alozaina, según ha podido saber este periódico. La Fiscalía de Málaga imputó a Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder sendas licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de vivienda en 2002 y 2003, en suelo rústico, por lo que pedía una condena de dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación.
Durante el juicio, la defensa del ex regidor y el fiscal sellaron un acuerdo de conformidad mediante el cual el ex alcalde se conformaba con una pena de inhabilitación para cargo público de veinte años.
La Fiscalía concluyó en su escrito de calificación provisional que las licencias concedidas por Blanco, que también fue vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Medio Ambiente, no eran legales porque tanto su construcción como su reforma se llevaron a cabo sobre suelo considerado rústico, que no es urbanizable en ningún caso. «Dichas licencias fueron concedidas con pleno conocimiento del acusado de que eran incompatibles con la normativa urbanística vigente».
Ediles de confianza
El Ministerio Público también solicitaba la misma pena, dos años de prisión, para dos de sus concejales de confianza durante su mandato, Salvador Arroyo, edil de Hacienda, y Salvador Chaves, responsable de Obras. Ambos formaban parte de la junta de gobierno local de Alozaina.
Esta misma semana Antonio Blanco ha decidido abandonar el Ayuntamiento de Alozaina, ahora gobernado por el PSOE, de cuya corporación municipal aún seguía formando parte como edil en representación de IU. Según han confirmado las fuentes consultadas, Blanco ya ha registrado su escrito de renuncia al acta de concejal.
Se trata del primer alcalde de IU condenado por un delito urbanístico. En la Axarquía son cinco los regidores, tanto del PSOE como del PP, que ya han sido sentenciados: Salares, Cómpeta, La Viñuela, Arenas y Canillas de Albaida. Precisamente el mandatario de este último municipio, Antonio Gregorio Díaz, ha iniciado los trámites para solicitar el indulto tras confirmar la Audiencia de Málaga la condena de siete años de inhabilitación que le impuso un juzgado de lo penal.
* SUR - 16.09.10
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com
PP y BNG se alían para reclamar que se legalicen los núcleos del litoral
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LAVOZDEGALICIA* : El grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta abrió ayer una nueva vía en el Parlamento para intentar legalizar los núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde de Costas, donde el usufructo de la propiedad privada está en entredicho. El PP propuso que Galicia ejercite el derecho de iniciativa ante el Congreso con el fin de reformar la Ley de Costas y sacar estos enclaves del limbo legal en el que están. La propuesta fue secundada, aunque muy a regañadientes, por el BNG, pero se topó con el rechazo del PSdeG, al entender que lo que en realidad se estaba reclamando es «que se privatice o uso do litoral».
Por 50 votos a favor (los del PP y el BNG) y 25 en contra (los del PSdeG), la Cámara de O Hórreo aceptó a trámite una proposición de ley para remitir a las Cortes en la que se pide que los núcleos consolidados del litoral que existiesen antes de la Ley de Costas, es decir, antes de 1988, puedan ser legalizados. También se reclama que en los terrenos clasificados como urbanos antes de dicha fecha se puedan autorizar «novos usos e construcións», pero siempre que se respeten las servidumbres y estén conformes con los planes de ordenación municipal.
«Esta lei só beneficia a quen inxustamente pode perder a súa propiedade», manifestó el diputado popular José Fervenza, defensor de la iniciativa, y observado desde la tribuna por medio centenar de afectados por el deslinde de Costas procedentes de concellos como Moaña, Marín o Vilaboa, que al igual que los de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, A Illa, Gondomar, Redondela, Dumbría, Ponteceso o Malpica tienen núcleos o construcciones particulares en situación alegal. Una de ellas es, por citar un ejemplo, la casa de la diputada socialista Carmen Gallego.
«Circo, circo, circo»
La portavoz de urbanismo del BNG, Teresa Táboas, atacó con dureza al PP por esta iniciativa, hasta el punto de acusarlo de «cinismo ideolóxico» por tramitarla en O Hórreo en vez de en Madrid. «Circo, circo, circo», repitió Táboas, antes de retar a los populares a que presentaran la misma iniciativa en el Congreso para tramitarla de inmediato, en vez de esperar dos años por esta vía.
Pero la crítica no impidió al Bloque sumarse a la propuesta, algo que no secundó el PSdeG. Su portavoz de urbanismo, Mar Barcón, advirtió de que la iniciativa popular no va a legalizar núcleos rurales del litoral, sino otra cosa: «Isto vai de business [negocios]», dijo, antes de remarcar que el PP lo que está pidiendo es la «privatización» del litoral, pero no puntualmente la legalización de los núcleos costeros. «Tentan consolidar o uso privativo do litoral», insistió, aludiendo a la renovación de las concesiones por 60 años que también invocan desde el PP.
Fervenza discrepó abiertamente y emplazó a Barcón a leer la prensa, «que é o primeiro que hai que facer pola mañá», matizó irónico, para aludir de esta forma a las noticias vinculadas con la vivienda particular de la socialista Carmen Gallego, que según el PP podría ser rescatada del derribo con esta ley.
* La Voz de Galicia - 15.09.10
Foto: La propuesta aprobada ayer pretende sacar del limbo legal a los núcleos litorales afectados por el deslinde de Costas (en la foto, el de Loira) - la vozdegalicia.es
Sevilla como litoral devastado
CARLOS COLÓN* : Apliquen a Sevilla lo que sobre el litoral decía en nuestro periódico Miguel Ángel Losada, director del Centro Andaluz del Medio Ambiente, y tendrán una descripción exacta de los daños producidos por un concepto erróneo de modernidad y progreso idéntico bajo la dictadura y la democracia. Tras evocar las playas salvajes de su infancia, le pregunta Charo F. Cotta: "Ahora lo salvaje es el urbanismo, ¿no cree?". Y Losada contesta: "Duele reconocer lo que se ha dejado atrás, lo que hemos perdido y que nunca volverá a ser; y no encontrar respuesta a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿ha compensado pagar este peaje?".
Tener memoria o ver fotografías de la Sevilla de hasta principios de los años 60 provoca un dolor y plantea unas preguntas que tienen idéntica respuesta: "Irresponsabilidad… Que todo valga con tal de generar una supuesta riqueza". En nuestro caso lo de la supuesta generación de riqueza valdría para el franquismo; porque ahora, además de estética y patrimonialmente, se arruina económicamente la ciudad con engendros como las setas, que duplican su presupuesto hasta alcanzar los cien millones de euros, a los que se suman los 3,6 millones que se pagarán a Sacyr por el alquiler del edificio de Hacienda.
Cuando se le pregunta a qué equipararía el deterioro de las costas, Losada contesta: "A un suicidio social, una pesadilla que ojalá nunca hubiese ocurrido, la destrucción de algo único e irrepetible". Buen resumen de lo sucedido en Sevilla en el último medio siglo, desde que todo se inició con los pisos de la calle Imagen hasta que todo se consuma allí con las setas. Suicidio social es destruir lo único e irrepetible, privar a una ciudad de su memoria cotidiana, arrancarle su corazón histórico, despojarla de los referentes que hacen ciudadanía y convertirla en un contenedor sin capacidad de acogimiento. Losada se refiere a la naturaleza; yo, a esa segunda naturaleza que para Marx era la cultura.
"Cuando veo un acantilado ocupado por unas construcciones, calculo (con amargura) los años que les queda a las viviendas antes de deslizarse hacia el mar", dice Losada. Cuando veo lo que se ha hecho y está haciendo (o dejando de hacer) en el centro y los barrios, pienso en los años que les queda a sus habitantes antes de deslizarse en la marginalidad, en unos casos, el desarraigo de toda cultura, en otros, y la apatía cívica, en todos. Preguntado por la corrupción como causa de este deterioro, Losada afirma: "Corrupción no es sólo saltarse las leyes para enriquecerse, sino ignorar principios básicos: éticos, ambientales, sociales". Aplíquese a Sevilla.
* Diario de Sevilla - Opinión - 14.09.10
Foto: sevilla_global (archivo) - hackitectura.net
El Consell debe 400.000 euros a vecinos de casas sociales de Gandia que pagaron unas obras
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LEVANTE/Valencia* : Mientras el conseller de Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, visitaba ayer en Gandia las obras de rehabilitación del grupo Porta, los vecinos denunciaban que llevan tres años esperando cobrar las ayudas que, el Consell, les adeuda por las obras que realizaron en sus viviendas. Y es que, los residentes en este grupo de viviendas son personas modestas que han tenido que abonar de sus bolsillos el coste de las obras a la espera de recibir la subvención que la Generalitat Valenciana les prometió. Unas ayudas que, en global, ascienden a 400.000 euros y que los vecinos obtienen como única respuesta la frase de "está en trámite".
José Todolí es un vecino de 80 años de edad que reside en una de las viviendas reformadas. Ayer explicó a Levante-EMV que lleva tres años esperando cobrar la ayuda de 9.500 euros. "Yo contraté a los obreros, les pagué y presenté las facturas en la oficina que el ayuntamiento instaló en la zona" explica el vecino. Todolí se interesó por la ayuda y le indicaron que las facturas "habían sido todas aprobadas, que en poco tiempo me lo ingresarían". Y así pasó un año. De nuevo, José Todolí, se puso en contacto con los responsables de pagarle la subvención y le señalaron que "ahora ya se ha publicado y está aprobada la ayuda definitivamente". Pero el dinero no llegaba. Así hasta hoy, tres años después de las obras.
También deben al consistorio
Pero la situación no sólo afecta a los vecinos sino también al Ayuntamiento de Gandia, al que la Generalitat le adeuda sólo en esta obra del grupo Porta, 4,2 millones de euros. Así lo reconoció el alcalde Orengo a preguntas de Levante-EMV, al explicar que "nosotros hemos pagado y no hemos cobrado", recordando que el consistorio gandiense ha pagado "en un plazo inferior a 60 días" a las empresas que realizaron los trabajos. Orengo ha desvelado además que el Ministerio ya le ha pagado a la Generalitat.
No obstante, Orengo quiso quitar importancia al asunto al calificar que "no es un problema grave" que al Ayuntamiento de Gandia le deba la Generalitat más de cuatro millones de euros. "Estamos aguantando más de seis millones de deuda de la conselleria y nosotros tan contentos", dijo refiriéndose a que es asumible por parte del consistorio. Lo que no le parecía bien al alcalde es que, personas con pocos recursos, no hayan recibido las ayudas por lo que "pedimos a la conselleria que esos 400.000 euros sean abonados a los vecinos", recordando que "ellos confiaron en nosotros y en la conselleria para realizar las rehabilitaciones".
* Levante - 16.09.10
Foto: Gandía (Valencia), plaza Escuelas Pías - pueblos-espana.org
Urbanizaciones vacías
CARME MIRALLES-GUASCH* : En estos días de vacaciones, yendo a la playa, descansando lejos de la residencia cotidiana o circulando por carreteras poco habituales, en las periferias de muchas ciudades y pueblos hemos podido observar un fenómeno común: urbanizaciones vacías. Construcciones de grupos de viviendas, de tipología diversa, unifamiliares o plurifamiliares, de distintas alturas, algunas con jardín y otras no, donde no vive nadie, o casi nadie. Algunas acabadas y otras a medio construir, que conviven con grúas y materiales de la construcción abandonados. No hay alumbrado y, la poca gente que vive allí no tiene servicios, ni siquiera nombres en sus calles (siempre que estas existan. Es un paisaje de periferia urbana desolada, como si los operarios se hubiesen ido para regresar al día siguiente. Pero llevan meses sin aparecer. Son lugares abandonados que salpican las periferias de ciudades y pueblos. Es el paisaje del fin del boom inmobiliario, de fin de ciclo económico, de crisis.
A los pocos que viven allí les parece inaudito que les hayan abandonado a su suerte, que a ellos les haya sucedido esto. Les prometieron zonas comerciales, equipamientos, buena red viaria y, en algunas de ellas, incluso algún lujo.
Es un fenómeno idéntico en otras latitudes donde la burbuja inmobiliaria estalló. Irlanda tiene más de 300.000 viviendas vacías, la mitad de su parque inmobiliario. Algunas zonas de California están pensando en demolerlas y en recalificar los terrenos como no urbanizables.
Porque el problema, más allá de las familias atrapadas en estos lugares desamparados, está en qué hacemos con estas urbanizaciones. ¿Quién asume la responsabilidad y el coste de estos espacios urbanizados, sin habitantes? Y ¿hasta cuándo pueden estar unas viviendas vacías o sin terminar sin que se deterioren y con ellas sus alrededores?
Las periferias de nuestras ciudades se merecen entornos más cuidados y paisajes más armónicos. Igual la solución es deconstruir y recalificar los terrenos como no urbanizables o incluso darles un uso agrícola o de espacio verde. Lo que no se puede permitir es que los entornos de nuestras ciudades parezcan antiguos poblados del far west donde sólo corren motas de polvo.
El fin del boom inmobiliario nos ha dejado secuelas periurbanas bien visibles donde no sólo puede actuar el tiempo.
* Profesora de Geografía Urbana
* Público - Consejo Editorial - 15.09.10
