CUARTOPODER* : Entre la apreciables novedades del décimo informe Destrucción a Toda Costa publicado por Greenpeace recientemente –ya reflejado en cuartopoder– hay una que destaca por su acierto: el lazo necesario entre la corrupción política y urbanística con la devastación del litoral español. Señala el informe en sus conclusiones que “como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no”. Efectivamente en esa decisión está la madre del cordero. Pero la capacidad de ejercerla no se la han inventado las corporaciones locales, aunque imaginación sí le han echado. Es peor. La potestad la otorgó en su momento la Ley estatal del Suelo de finales de 1998 que consecuentemente secundada por las diversas leyes autonómicas del ramo dejó en manos de los poderes periféricos la decisión de declarar lo que es suelo urbanizable y lo que no lo es.
A eso se sumó la lenta y tímida aplicación de la Ley de Costas de 1988, a pesar de los esfuerzos del periodo inicial de Cristina Narbona en el Ministerio de Medio Ambiente, véase el caso de El Algarrobico o el lío de los chiringuitos playeros. El resultado ha sido que las administraciones locales y regionales han tenido carta blanca para cambiar clasificaciones de suelo, presionadas siempre por la avidez constructora que no ha parado en mientes a la hora sobornar a quien fuera necesario, seguros como estaban los promotores de la multiplicación de los beneficios. Hasta el estallido de la crisis y el hundimiento de bastantes chiringuitos que no eran playeros, sino ladrilleros.
En el momento en que estamos es cuando afloran sin parar las consecuencias legales de todo ese caos urbanístico en el que el dinero mandaba sin cortapisas legales. Son cientos los sumarios abiertos en juzgados de toda España, sobre todo en comunidades costeras, por corrupción político-urbanística en sus múltiples variantes: desde reclasificaciones irregulares de espacios protegidos hasta compra directa de concesiones de servicios públicos pasando por alteraciones de documentos públicos para conseguir los objetivos inmobiliarios deseados.
Hay múltiples ejemplos que se conocen cada día, por lo que una lista exhaustiva para ser justa ocuparía cientos de páginas referidas a toda España. Aunque el informe de Greenpeace que comento es solamente sobre la costa, no se puede ignorar que la locura corruptora relacionada con el urbanismo ha alcanzado también a territorios interiores y a las montañas españolas, donde también hay decenas de actuaciones judiciales.
El problema es transversal. Lo vemos en la personalidad de los que ahora comparten banquillo con algunos políticos para explicar cómo hicieron determinadas trapacerías: hay viejos y nuevos ricos, grandes empresarios y empresas, representantes de profesiones de prestigio, advenedizos sin oficio ni beneficio, mafiosos, conseguidores, lacayos que se escudan en la obediencia debida y oportunistas cuya única habilidad consiste en arrimarse a donde huela a dinero.
Y todos ellos relacionados convenientemente con prebostes de primera y segunda fila que han tenido la capacidad de permitir los negocios sucios y lo han hecho a cambio de participación en beneficios a priori o a posteriori. Aquí y ahora, sigue siendo tremendamente revelador de cómo se ha ejercido el tráfico de influencias urbanísticas y corruptas el libro “Conspiraciones Tóxicas” escrito por los periodistas Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal, con quienes, por cierto, no tengo otra cosa que la admiración a su trabajo. El subtítulo es revelador: “Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales”. Muy recomendable para comprender el daño moral perpetrado por los lobbies a la clase política en general y a la mayoritaria ciudadanía honrada. Perjuicio que va a ser difícil de eliminar, casi tanto como la destrucción material a la que ha sido sometida la costa, reflejada en el informe de Greenpeace, y en la que todos hemos perdido algo de nuestro patrimonio público.
* Cuarto Poder - 22.08.10
De la destrucción del litoral a las Conspiraciones Tóxicas
Madrid.- Donde dije alquiler social digo subasta
ELMUNDO* : Cuando en mayo de 2005 Alberto Ruiz Gallardón les hizo entrega de sus viviendas, los vecinos de la promoción Sanchinarro X -al noreste de Madrid- oyeron de los labios de su alcalde que "cuando la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, éste tiene que ser articulado por las administraciones públicas, y muy especialmente de los ayuntamientos". Un lustro después, la misma institución pública, ese mismo alcalde, ha decidido vender al mejor postor esas viviendas dignas y las que albergan otros tres edificios municipales.Escribe el resto del post aqui
Los inquilinos creen que el futuro propietario lo primero que hará, entre otras cosas, será actualizar los alquileres a precios de mercado. "Si no conseguimos parar esto ahora, más adelante vendrán más subastas y habrá más afectados", estima Alejandro Muñoz, portavoz de las 630 familias afectadas.
No van desencaminados. La EMVS -la sociedad que desarrolla la política de Vivienda municipal- necesita fondos. De otra manera, jamás hubiera puesto a la venta cuatro promociones en los barrios de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Pavones, todas entregadas entre 2003 y 2005, por los que espera obtener 64 millones de euros, a razón de 102.000 euros por vivienda.
De hecho, es la primera vez que el Ayuntamiento emprende una operación semejante, la cual materializará, con extrema rapidez, el próximo 13 de septiembre. "La EMVS pone en marcha medidas aprobadas por el gobierno Zapatero dentro de su Plan de Vivienda, que permite la enajenación de promociones completas destinadas a alquiler, no permitiendo la enajenación de las viviendas de manera individual mientras las viviendas estén sujetas al régimen de protección de alquiler", justifica Pablo Olangua, su director general de Gestión de la EMVS.
Por el mencionado edificio de Sanchinarro, de 300 viviendas, el ayuntamiento espera obtener 29 millones, cuando hace cinco años declaró que había invertido apenas quince.
Lo miren por donde lo miren, los vecinos se sienten engañados. Nadie les consultó y, más allá de una carta enviada el 2 de agosto, nadie se ha dirigido a ellos. Tampoco les ha sentado bien que la decisión se haya hecho pública en verano. Les ha costado reunirse y aclararse y planificar una estrategia en torno a una Plataforma de Afectados por la subasta municipal. Ahora lo tienen claro, hacerse oír hasta el final.
A mediados de agosto, durante un primer plante frente a las oficinas de la EMVS, "nos dijeron que la cosa no tenía marcha atrás", dice Muñoz. Los vecinos no pararán hasta que alguien les haga caso y mañana por la mañana se personarán por tercera vez ante la sede de la EMVS en la calle de Palos de la Frontera de Madrid. Después volverán a hacerlo el 27 de agosto y 1 el 3 de septiembre.
Saben que la Ley no permite que les vendan a ellos las casas individualmente, "por mucho que nos gustase", pero también estiman que "ninguna Ley obliga al Ayuntamiento a tomar esta decisión y podrían esperar hasta la finalización del contrato de arrendamiento y buscar otra opción que no fuese el vender el conjunto de viviendas a una empresa privada".
Además, están convencidos de que, de alguna manera, se les había dado a entender que al cabo de diez años, cuando terminase el contrato de arrendamiento, podrían optar a comprar las casas. Es decir, que se trataba -como reza la nota de prensa que el ayuntamiento envió a los medios de comunicación en su día- de un régimen en alquiler con opción a compra.
Sin embargo, el Ayuntamiento les invita a revisar los contratos que ellos mismos firmaron "Los contratos suscritos en todas estas promociones son de alquiler, conforme a la calificación que tienen las viviendas. En ningún caso puede hablarse de contratos de alquiler con opción a compra, ya que las viviendas no tienen esa calificación", afirma Olangua.
Sin políticos detrás
Los vecinos no quieren que se les vincule con ningún partido político, aunque por ellos se han interesado representantes de PSOE e IU. Se consideran la avanzadilla de un movimiento vecinal que, creen, aflorará a medida que más promociones se vean afectadas. "Las actuaciones futuras dependerán de la situación económica del sector inmobiliario y de las posibilidades que ofrezcan los planes de vivienda estatales", señala Olangua, que no se cierra puertas a futuras ventas.
A los inmuebles no les faltarán novias. El alquiler cautivo y de renta elevable a partir de 2015 y con fecha de caducidad, como es el caso, se ha convertido en uno de los segmentos de inversión refugio para fondos patrimoniales, gestoras inmobiliarias y grandes 'family offices'. Firmas como Lazora, especializadas en gestión de alquiler protegido, los fondos de Amancio Ortega, la familia Lara, Alicia Koplowitz o Manuel Jove podrían optar a la compra.
* El Mundo 23.08.10
Foto: Gallardón, rodeado de los inquilinos de la promoción Sanchinarro X, en Hortaleza, en el año 2005. | Elmundo.es
Los ecologistas achacan los daños en las playas a la mala planificación costera
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LNE/Avilés* : La comarca avilesina presenta un medio ambiente con muchos grises. Greenpeace acaba de publicar un informe -«Destrucción a toda costa»- que recoge las actuaciones que se han desarrollado en los últimos diez años en detrimento del litoral. Ecologistas en acción, por su parte, también acaba de editar un documento - «Caos en la costa»- en el que otorga una bandera negra a la comarca. Estos galardones son críticos con aquellas obras que afectan principalmente al litoral y cuyo impacto es irreversible o severo. Ambas agrupaciones critican sobre todo la «mala planificación costera». Un ejemplo, sentencian, es la playa de Salinas (Castrillón).
«Desde hace muchos años se repiten episodios de pérdida de arena, desperfectos en el muro que sustenta el paseo marítimo y una preocupación por la estabilidad de las viviendas», aseguran. Ecologistas en Acción precisa en su informe: «La mala planificación implica actuaciones de urgencia muy costosas que podrían haber sido evitadas fácilmente».
El colectivo ecologista lleva tiempo reclamando al Ministerio de Medio Ambiente que se dejen de autorizar y financiar las regeneraciones de playas en aquellos municipios en los que la construcción de infraestructuras como puertos, espigones o paseos marítimos estén impidiendo el aporte sedimentario a los arenales. La demarcación territorial de Costas en Asturias, pese a las propuestas de los ecologistas, tiene previsto realizar una aportación urgente de como mínimo 300.000 metros cúbicos de arena a la playa de Salinas con el doble objetivo de contrarrestar los efectos negativos que origina la pérdida de árido en la estabilidad del muro del paseo marítimo y mejorar las condiciones de uso lúdico del arenal.
Greenpeace también dedica unas líneas en su último informe al principal arenal castrillonense. «Debido a la especulación urbanística de los setenta y a la construcción de un paseo a diez metros de la línea de marea para la construcción de chalés y edificios de trece pisos, sumando a otras causas como los mencionados dragados, el aumento del nivel del mar, los cambios estacionales de los depósitos de arena y otros que no conozcamos o están por determinar, el arenal de Salinas se muere», sentencian. Otra bandera negra de Ecologistas en Acción se la ha ganado, también en Castrillón, el «recorte de protección» de la playa y las dunas del Espartal, catalogadas como Monumento Natural en el Porna (Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de Asturias).
Pero, ¿que actuaciones se han llevado a la práctica en la comarca en detrimento del litoral? Greenpeace ha hecho recuento de las mismas en la última década. Las resume en: crecimiento de la edificación, proyección de campos de golf, vertidos a la ría y la ampliación del puerto avilesino. De la construcción, manifiestan: «La indefensión del territorio asturiano se hace evidente a la luz de los datos de 2006 sobre el crecimiento de la edificación, que en ese año fue del 46 por ciento y se concentró en Villaviciosa, Avilés, Gijón, Castrillón y Llanes», recalcan.
Respecto a la construcción de «megaestructuras» portuarias, Asturias, a juicio de los responsables de Greenpeace, no ha parado de ampliar las existentes «en una carrera por convertir a Gijón y Avilés en grandes puertos del Atlántico a costa del medio natural y la calidad de vida de sus habitantes». «La ampliación del puerto de Avilés va a a acabar con los últimos vestigios naturales de la ría, las marismas de Recastrón. Un espacio único para fauna marina y aves que agoniza por la ampliación de los muelles del puerto, un grave ejemplo de lo poco verde que ha sido la política ambiental del Principado durante la última década», dicen.
De Gozón, los ecologistas ligados a Greenpeace hacen recuento de la modificación urbanística que se efectuó en 2006 «amparándose en el silencio administrativo». «Las normas subsidiarias fueron modificadas para construir en la parroquia de Verdicio un campo de golf de 27 hoyos y 500 viviendas en 167 hectáreas de terreno clasificadas como suelo no urbano y ocupando el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas y el Lugar de Interés Comunitario Cabo Busto-Luanco», explican, y advierten al respecto: «La Cuota denegó la aprobación de un cambio de las normas subsidiarias de Gozón, pero el Consistorio sigue empeñado en sacar adelante el plan y está pendiente de una nueva resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias».
El informe elaborado por Greenpeace también incluye como herencia de la contaminación que sufrió la región en la última década los vertidos que afectaron a la ría de Avilés. «Esta ría recoge vertidos de las principales plantas metalúrgicas asturianas. Aunque entre 2002 y 2006 se extrajeron de sus fondos 160.000 metros cúbicos de lodos muy contaminantes debido a los vertidos históricos de las diferentes fábricas, el problema no se ha solucionado ya que estos vertidos no se han detenido». Dicen también de la playa de San Juan: «En 2004, la dirección general de Costas detectó la presencia de metales pesados como cinc, mercurio, cadmio y plomo que contaminaban gravemente 24.000 metros cúbicos de arena donde los veraneantes extendían sus toallas. Se señaló a la empresa Asturiana de Zinc como el origen de la contaminación».
Ante estos datos, Greenpeace insta al Gobierno regional a «abandonar su servilismo con las empresas contaminantes e incidir en su responsabilidad de proteger la salud y el medio ambiente». «Debe desarrollar un control férreo sobre las irregularidades de la industria que provoca vertidos sistemáticos en las rías asturianas», concluyen los ecologistas en el informe «Destrucción a toda costa».
* La Nueva España - 23.08.10
Foto: Obras de ampliación del puerto de Avilés - lne.es
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Una obra en Xàbia amenaza su última zona agrícola
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ELPAÍS/Alicante* : Casi fue un milagro que durante los años dorados de la expansión urbanística la partida La Soberana de Xàbia, uno de los últimos pulmones medioambientales junto al casco urbano, mantuviera su tradicional fisonomía de paisajes agrícolas, viviendas rurales centenarias y muros de piedra. De hecho, a finales de los años noventa y bajo el gobierno del PP, el Ayuntamiento planificó un plan de reparcelación que hubiera acabado con este entorno de propiedades vinculadas a la tierra y heredadas desde décadas de padres a hijos. Aquel proyecto acabó frustrado después de una prolongada resistencia vecinal.
Sin embargo, ahora otro peligro se cierne sobre este enclave: el nuevo plan general que tramita el ejecutivo local (Bloc y PP) prevé ampliar un Plan de Reforma Integral para prolongar la circunvalación de la Ronda Norte de la ciudad que comportaría en la zona un número incalculable de viales e infraestructuras de cemento.
70 casas amenazadas
La ampliación del plan afectaría a 163.885 metros cuadrados situados en La Soberana y en parte de otra zona rural próxima en Els Putxols, y tendría incidencia sobre 90 propiedades agrícolas, que se verían obligadas a ceder en algunos casos hasta el 30% de sus solares, y sobre 70 viviendas antiguas, que quedarían irremediablemente cercadas por nuevos viales de circulación rápida. Y los propietarios deberán hacer frente por esa hipotética reparcelación a fuertes cargas económicas que pueden llegar a 40 euros por metro cuadrado. "No sólo perdemos nuestras tierras sino que tenemos que hacer frente a un gasto inasumible para la mayor parte de los vecinos" señaló un portavoz de los residentes. Y agrega: "La mayor parte de las familias de La Soberana somos propietarios de toda la vida de Xàbia, de clase media, que sólo aspiramos a dejar nuestras parcelas a nuestros hijos como hemos hecho toda la vida".
Los residentes, organizados en asociación, preparan acciones para frenar el documento urbanístico. "En realidad, se trata de reanudar la lucha contra este tipo de acciones que ya comenzamos en los años 90". Exigen coherencia: han recordado que los integrantes de la coalición de nacionalistas y centristas que apoya al alcalde, Eduardo Monfort, consideraron la anterior reparcelación como "un intento para destruir una zona medioambiental consolidada de gran valor paisajístico para Xàbia".
* El País - 23.08.10
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev; wikipedia.org
Castro.- La Fiscalía imputa a Muguruza por la gestión urbanística de Santa Catalina
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DIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tendrá que visitar los Juzgados de la ciudad el próximo 7 de octubre. El Ministerio Fiscal le ha llamado a declarar, en calidad de imputado por presunta prevaricación urbanística, en una pieza separada abierta dentro de las diligencias 840/08, en las que el magistrado Luis Acayro Sánchez investiga presuntas irregularidades urbanísticas en la zona de Santa Catalina. La investigación se centra ahora en el SUP 4 (Suelo Urbanizable Programado), una área urbanística en la que se levanta el quinto colegio de la ciudad, el denominado Colegio de Santa Catalina. Desde que comenzara la investigación judicial en el Consistorio castreño, es la primera vez que el Ministerio Fiscal llama a declarar al regidor municipal.
El desarrollo urbanístico de Santa Catalina es un asunto que tiene entre manos el juez Acayro desde hace tiempo. Fuentes cercanas a este periódico aseguran que en los últimos meses ha estado recabando información sobre esta zona. En diciembre de 2008 la Guardia Civil detuvo a un responsable de la empresa de urbanismo e ingeniería Dirsur, F.J.L., y al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el Suelo Urbanizable Programado (SUP-4), en la zona de Santa Catalina. En aquella ocasión se les investigaba por una modificación que realizaron en el Plan Parcial de la zona que la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) no aprobó. Al parecer, los dos detenidos, pese al no de la Crotu, informaron favorablemente sobre la modificación, que después fue aprobada por el Pleno.
Denuncia de Pacheco
El SUP 4 también es conocido por la polémica que se generó en abril de 2007 y que tuvo como protagonista al consejero Mediavilla sobre el que se vertieron varias acusaciones desde el PP de Cantabria. Además, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), informó en aquellas fechas de la denuncia ante el Ministerio Fiscal que presentó contra el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, por la tramitación seguida por la Crotu en el SUP-4 que incluía la construcción del quinto colegio y viviendas. El primer edil de Piélagos criticaba el trato diferente que la Crotu había dado a la zona de El Cuco con respecto al Plan Parcial castreño. Su denuncia se fundamentaba en la presunta relación familiar entre Mediavilla y el promotor inmobiliario de los terrenos de Santa Catalina.
* El Diario Montañés - 24.08.10
Foto: El colegio de Santa Catalina se levanta en el área urbanística que la Fiscalía investiga en este momento - eldiariomontanes.es
Greenpeace denuncia que una constructora española pretende destruir la única Reserva del golfo de California
GREENPEACE*, junto con las organizaciones Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana en México DF el informe Cabo Cortés: destruyendo el paraíso. En él se expone cómo Hansa Urbana, controvertida empresa de origen español, tiene previsto construir un megacomplejo turístico en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones piden que no se lleve a cabo este proyecto, que pone en riesgo un ecosistema considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
En 2008 Hansa Urbana obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) la autorización para iniciar la construcción de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California Sur). Proyectado sobre una extensión superior a 3.800 hectáreas, contaría con un puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún. Este desarrollo colinda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que es parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008 fue incluido en el Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Tras dos años de lucha, y tras interponer recursos legales ante el CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), la SERMANAT decidió recientemente que no debía autorizar el proyecto.
Greenpeace considera que el hecho de que se otorgara inicialmente la autorización y ahora se pretenda modificar debido a irregularidades pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de aprobar proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente. “Es increíble que autorice un proyecto depredador como Cabo Cortés con un solo trámite y dos años después, sólo por la presión de la sociedad y recursos legales, se decida modificar la autorización. ¿Cuántos proyectos similares existen con autorizaciones que implican el daño a ecosistemas? No queremos que se modifique la autorización de Cabo Cortés, queremos que se cancele pues hay argumentos que van más allá de los recursos legales, que ponen en riesgo a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera, portavoz de Greenpeace México.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) emitió en julio de 2009 una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa, y sobre el impacto potencial del proyecto. También existe una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. A pesar de esto la Semarnat decidió autorizarlo en 2008.
“Cabo Cortés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema. Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas deficiencias que no han sido corregidas; se basa en información falsa o errónea; no analiza a fondo algunos de los impactos potenciales más graves; y no tiene en cuenta los problemas sociales que puede generar la llegada masiva de trabajadores a una región poco poblada y escasa de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay portavoz de Wilcoast.
La empresa promotora de Cabo Cortés, la constructora Hansa Urbana acumula en España una serie de investigaciones por irregularidades en el proceso de aprobación de su proyecto Novo Carthago (Cartagena, Murcia) especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de los delitos superaría los seis millones de euros.
Greenpeace considera inaceptable que las empresas inmobiliarias y turísticas españolas, actores clave en el desarrollo insostenible llevado a cabo en España durante los últimos años, y que ahora se demuestra agotado, pretendan reproducir en otros países el desastre que ya han causado aquí. “Su modelo de negocio a corto plazo deja de lado los peligrosos impactos sociales, medioambientales y laborales de sus proyectos e hipoteca el bienestar de las generaciones futuras a cambio de beneficios rápidos para unos pocos. El proyecto de Cabo Cortés puede tener un impacto especialmente nefasto al afectar un ecosistema único, protegido nacional e internacionalmente y cuidado por los habitantes de la zona. Por eso nunca debe construirse”, ha explicado en México Mabel Bustelo de Greenpeace España.
Las organizaciones demandan que Cabo Cortés no sea autorizado y en su lugar proponen que se promuevan intensivamente los esfuerzos de protección de Cabo Pulmo por parte de la comunidad local, que ha usado un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente.
“Nosotros hemos vivido del ecoturismo y de la protección al área marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto Cabo Cortés pone en riesgo nuestro sustento de vida. No hemos sido considerados a pesar de que estamos en su área de influencia. Es injusto que se le otorgue la concesión de 4,5 millones de metros cúbicos anuales de agua en una zona desértica cuando a nosotros nos hace falta y que se descarguen salmueras que vayan a dar al arrecife”, concluyó Mario Castro, habitante de la comunidad de Cabo Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.
Impactos del proyecto:
- La planta desalinizadora descargará 500 litros por segundo de amargos y salmueras que pueden ir hacia al arrecife de Cabo Pulmo.
- Contraviene la legislación que establece que cualquier nuevo proyecto turístico debe asegurar su propio abastecimiento de agua y el de los núcleos de población que se generen como consecuencia. Sin embargo este proyecto, si se desarrolla íntegramente, consumirá el agua equivalente a una ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones de metros cúbicos anuales).
- No se tienen en cuenta los posibles impactos del cambio climático y los pronósticos de un cambio del nivel del mar en el Pacífico.
- La marina modificara el perfil de la costa y afectará a la vida en los fondos arenosos y a la disposición de la arena. Cuando esté funcionando se generará un importante tráfico, que previsiblemente causará vertido de combustibles, basuras y ruidos que afectarán a la zona y más allá.
- La autorización contraviene lo recomendado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin duda en la zona de influencia del proyecto.
- El estudio presenta problemas de identificación y de falta de muestreos adecuados y suficientes se presentan en relación aves, mamíferos y reptiles, varios de ellos especies en riesgo.
* Greenpeace - 24.08.10
Foto: Vista aérea del Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California. México.- greenpeace.org
Palma: La crisis comienza a vaciar las naves de los polígonos industriales
DIARIODEMALLORCA* : La crisis económica está dejando sin inquilinos a muchas de las naves existentes en los polígonos industriales de la isla. Los malos resultados de muchos negocios están obligando a colocar carteles de ´se alquila´ o ´se vende´ en unos espacios que años atrás registraban una fuerte demanda, y que en este momento se quedan en muchos casos sin nuevos ocupantes a causa de los elevados precios que se reclaman por ellos. Tal y como reconocen el director de la asociación de polígonos de Mallorca (Asima), Alejandro Sáenz, y el presidente de Pimem-Industria, Salvador Canudas, "en este momento sobra suelo industrial en la isla, pero sigue siendo demasiado caro para la mayoría".
Polígonos ´estrella´, como Son Castelló y Can Valero son los primeros que están sufriendo el aumento de los espacios que se quedan desocupados, y que incluyen tanto naves como locales de restauración. Alejandro Sáenz destaca que está situación está arrastrando los precios a la baja, un hecho que confirma también Salvador Canudas, y que cifra en descensos que se mueven en la mayoría de los casos entre un 10% y un 20%, aunque subraya que pese a ello los costes siguen siendo demasiado elevados para muchas empresas. En cualquier caso, Sáenz apunta que este fenómeno está haciendo que los problemas de tráfico y de estacionamiento que se daban en esta zona se han reducido considerablemente.
La imagen de esta situación la marca la torre Asima, que en este momento sólo cuenta con dos plantas ocupadas por la Televisió de Mallorca y otra por Acciona. Pero durante los últimos meses se han ido sumando otras muchas instalaciones a esta lista de espacios desocupados.
El director del Instituto de Innovación Empresarial (IDI) del Govern, Ángel Pujol, reconoce también la existencia de ese problema, y no oculta su esperanza de que los precios sigan bajando hasta convertirlos en asumibles para las pequeñas y medianas industrias de las islas, pese a no ocultar que ello no va a resultar fácil.
Sobre este punto, Canudas y la directora de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Catalina Barceló, coinciden en que el suelo industrial disponible cuenta con dos grandes trabas para que su valor alcance unos niveles adecuados. Para empezar, los principales polígonos se han convertido en zonas de servicios y muchos de sus espacios han sido ocupados por concesionarios de vehículos, dependencias bancarias o comercios, mucho más rentables y que se pueden permitir desembolsos más elevados. Este hecho hace, según apunta también Ángel Pujol, que el precio de un terreno pueda superar ampliamente los 1.000 euros por metro cuadrado en puntos como Palma, cuando una carpintería, ferretería o similares dificilmente puede superar los 400 o los 500, valor este último con que están saliendo al mercado los terrenos del nuevo polígono de Sóller, según destacó.
Pero además, todas las personas consultadas señalan que buena parte del suelo industrial existente ha sido adquirido por promotores y empresas con el objetivo "lícito de especular con él y obtener beneficios", lo que está haciendo que los valores de estas instalaciones se mantengan altos pese a la caída de la demanda.
Evidentemente, todos apuntan igualmente un tercer factor. La crisis económica está teniendo sobre los industriales un durísimo impacto, lo que impide que en este momento puedan acceder a la financiación necesaria para poner en marcha su traslado desde su actual emplazamiento en zonas urbanas o en terrenos rústicos.
Según destaca Salvador Canudas, el problema alcanza unos niveles especialmente graves porque está provocando que muchas industrias de las islas opten finalmente por trasladar su actividad productiva a otras comunidades autónomas en las que el precio del suelo industrial es "infinitamente más bajo", dejando sólo en Mallorca sus departamentos de diseño, algo a lo que contribuye también el sobrecoste que conlleva el tener que afrontar el transporte hasta la península.
* Diario de Mallorca - 24.08.10
Foto: El polígono de Son Castelló cuenta ya con varias naves vacías y con su torre infrautilizada.- diariodemallorca.es
Castilblanco.- La Audiencia deja en pie un chalé de Las Minas ante su 'previsible' legalización
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ELCORREOWEB/Sevilla* : Nueva sentencia dispar sobre las viviendas ilegales construidas en el paraje de Las Minas. Después de no considerar una piscina como construcción, pero sí la casa, o de rebajar la condena después de demoler una nave, ahora la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha anulado la orden de derribo de un chalé de 170 metros cuadrados construido porque el lugar se ha convertido en una "zona residencial de facto" y los tribunales "son proclives a la regularización" de este tipo de construcciones.
La Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Efe, confirma la condena de seis meses de cárcel impuesta por el juzgado penal 3 de Sevilla al matrimonio propietario de la parcela, pero anula la parte de la sentencia que ordenaba demoler el chalé. Los acusados J.L.B.V. y su esposa G.V.S. son propietarios de una parcela en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos donde levantaron entre 2003 y 2006 una vivienda de 170 metros cuadrados con muro de contención de 20 metros, caseta para el motor del pozo, una fosa séptica y una conexión al servicio eléctrico.
De acuerdo con la jurisprudencia vigente, el juzgado penal ordenó la demolición, a costa de los acusados, de todo lo levantado ilegalmente y la reposición del terreno a su estado primitivo. Sin embargo, la Audiencia anula ahora esa parte del fallo porque, según dijo en el juicio el arquitecto municipal, "es posible que en un futuro las construcciones sean autorizables" y el terreno está clasificado como rural pero "no especialmente protegido".
"La zona en la que está la construcción constituye una zona residencial de facto" y "es un hecho notorio que tanto la política administrativa como la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo son proclives a la legalización y regularización de zonas como la urbanización Las Minas", dice la Audiencia.
Los jueces recuerdan que la propia sentencia ahora rectificada recoge que la zona "cuenta con diversos viales, acometida de luz eléctrica y telefónica, así como servicio de recogida de basuras", y que más de 500 propietarios pagan al Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles.
El hecho de no acordar la demolición en la vía penal "no significa en absoluto que la resolución santifique la obra", dice el fallo, que recuerda que dicha medida puede ser tomada por el Ayuntamiento o la Junta como administraciones con competencias en materia de urbanismo.
La sentencia de la Audiencia recoge que el propio Ayuntamiento de Castilblanco "toleró la construcción de decenas de viviendas contrarias a las normas urbanísticas en el mismo paraje", hechos por los que el ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) ha sido imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentra pendiente de juicio.
Por otra parte, la Audiencia rechaza el argumento de los acusados de que desconocían la ilegalidad de su comportamiento, y dice que en un mundo tan intercomunicado como el actual "es difícil acreditar el desconocimiento de la antijuridicidad de un hecho de esa naturaleza".
* El Correo de Andalucía - 21.08.10
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - elcorreoweb.es
Huelva.- La conexión Matalascañas-Sanlúcar por Doñana choca con los ecologistas
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DIARIODESEVILLA* : Era uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Almonte para explotar su privilegiado entorno natural de Doñana y comunicar Matalascañas con el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda a través del litoral. Y aunque la Corporación alumbró la iniciativa con importantes guiños a los ecologistas y buscando poner en primer plano los beneficios medioambientales, lo cierto es que, lejos de entusiasmarles, ha servido para abrir la caja de Pandora, dando pie a un cruce de acusaciones que ha acabado con unas relaciones prácticamente rotas.
La iniciativa municipal proponía cubrir los 34 kilómetros que separan ambos núcleos urbanos a través del litoral y haciendo uso de un transporte público en vehículos todoterreno de características similares a los que realizan las visitas al parque, alcanzando la Punta de Malandar para, posteriormente, cruzar en barcaza el Guadalquivir hasta Sanlúcar. El trayecto se realizaría a una velocidad nunca superior a los 50 kilómetros por hora, por lo que se estimaba que la distancia se cubriría entre 40 ó 75 minutos, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del terreno.
De momento no es el único problema que ha de sortear el proyecto. La implantación del transporte regular a través del litoral está explícitamente prohibida en la Ley de Costas e incluso va en contra de las propias normativas del parque nacional de Doñana. Aun así, parece más fácil doblegar la voluntad de la Administración central o que los responsables del parque bendigan la iniciativa a que lo hagan los ecologistas. Aunque en un primer momento fue sólo WWF quien se postuló en contra de la propuesta almonteña, Ecologistas en Acción se ha sumado a las críticas a un transporte que consideran "inviable y agresivo".
WWF califica la propuesta de "innecesaria" al entender que corrompe los objetivos de conservación de este importante ecosistema. La organización ecologista ha comenzado a hacer campaña para que la Consejería de Medio Ambiente, junto con la Estación Biológica de Doñana, establezca condiciones inviolables para minimizar los tránsitos de vehículos por la playa. En juego, mantienen, está el que los 32 kilómetros de costa virgen de la playa del parque nacional continúen siendo "el último vestigio que se mantiene impertérrito en el Sur de Europa de un ecosistema totalmente indemne al urbanismo desmedido y las actividades humanas sin control".
Para la entidad ecologista, las medidas deberían de ir orientadas a lograr un "mayor grado de protección, investigación y de ordenación", no con una "mayor presión". Asimismo, denuncia que un número importante e indeterminado de vehículos al día atraviesan la zona como la cooperativa Marismas del Rocío, los mariscadores y los de vigilancia.
La réplica no se ha hecho esperar y el portavoz socialista del Consistorio almonteño, José Villa, ha arremetido contra los ecologistas a los que acusa de no presentar propuestas alternativas por parte de "aquellos que se consideran sabios sobre este tema".
El énfasis que ha puesto el Ayuntamiento en esta propuesta tiene su razón de ser en la posibilidad de atraer turistas que desembarquen en el aeropuerto de Jerez. Históricamente, el sector hotelero en Matalascañas se ha quejado del hecho de que las comunicaciones lastrasen la llegada de turistas, principalmente por las tarifas tan altas que fija el aeropuerto de Sevilla, lo que deriva en que el turismo extranjero sea casi testimonial. Entretanto, tratar que los interesados en conocer Matalascañas aterricen en la portuguesa Faro (con mucho menor coste) es una utopía, ya que se requieren cuatro horas de desplazamiento.
Con estos precedentes, la alternativa más viable es que los turistas utilizasen el de Jerez y, posteriormente, se trasladasen mediante este transporte que se vendería por los touroperadores como un paseo único a través de playas vírgenes flanqueadas por el pulmón de Europa: Doñana. Precisamente el alcalde, Francisco Bella, ha defendido en innumerables ocasiones que "serían pocos los que se resistirían a disfrutar de un viaje único en el mundo".
La medida supo sumar incluso el apoyo de los populares almonteños, si bien matizaron que la iniciativa tendría que estar circunscrita al ámbito turístico y no podía llevar implícito renunciar a la vieja aspiración de conectar Huelva y Cádiz por el trazado norte como se proponía en el primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y cuyo proyecto finalmente ha quedado en el cajón del olvido, y que sería para el PP la que verdaderamente tendría tremendos beneficios económicos y de desarrollo para la zona.
* Diario de Sevilla - 22.08.10
Foto: Vehículos todoterreno que circulan por Doñana y que el Ayuntamiento quiere habilitar como transporte público para la conexión con Sanlúcar.- diariodesevilla.es
Mogán.- Anfi Tauro renace tras 20 años de litigios
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Más de 20 años de litigios, reformulaciones normativas, varias moratorias y el origen de tormentas jurídico-políticas. Ahora, dos sentencias del Tribunal Supremo acaban con un truculento proceso al dar luz verde al proyecto turístico de Anfi Tauro, que contempla la construcción de 7.500 camas, al que seguirán dos playas artificiales y un atraque para barcos. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido restablecer la plena legalidad del planeamiento urbanístico de Anfi Tauro y despeja el horizonte inversor en una zona que en noviembre de 1987 comenzó a promover el empresario Santiago Santana Cazorla.
"Ya no nos va a parar nada y ahora sólo queda trabajar duro para construir el sueño y convertir este punto de Gran Canaria en un referente turístico de primer orden". Cazorla, que no oculta su satisfacción por el dictamen judicial, sí lamenta que "invertir se ha convertido en un verdadero martirio, cuando lo único que pretendemos es generar riqueza, atraer turismo y crear empleos".
Además, este empresario grancanario señala cómo en 1997 los promotores suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo grancanario y el Gobierno de Canarias para estudiar la explotación turística de las zonas de costa de Mogán, acudiendo al modelo de resort único, con puerto deportivo para 500 atraques, campo de golf de 18 hoyos y una clínica especializada en enfermedades respiratorias. "Han sido años en los que nos hemos golpeado una y otra vez con la rémora de la burocracia, que es la culpable del estrangulamiento económico que sufre Canarias", reflexiona.
Un paso más en esta tramitación tuvo lugar en 1999, con la revisión del Plan Parcial Tauro, que delimitaba dos áreas o polígonos de actuación. El primero, en función del campo de golf, de cerca de un millón de metros cuadrados a desarrollar en ocho años y el segundo, en función del parque litoral y el puerto deportivo, de 130.0000 metros cuadrados y una previsión de cuatro años. Del polígono I se ha llegado a ejecutar un campo de golf de 18 hoyos, así como varias villas y el hotel Emerald. "Éstas son las primeras semillas de un árbol que impulsará el desarrollo de la zona y que será uno de los resorts turísticos más importantes de Europa", continúa el empresario, que prevé invertir hasta 400 millones de euros.
* La Provincia - 22.08.10
Foto: Una imagen virtual del valle de Tauro, que incluirá 13 hoteles.- LA PROVINCIA / DLP
Rafael Fernández (TS) aboga por que planificación urbanística e hidrológica vayan "de la mano"
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20MINUTOS* : El magistrado del Tribunal Supremo y ex_vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Fernández Valverde, ha aseverado que "la planificación urbanística y la hidrológica deben ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible". Así lo ha dicho en la conferencia 'El régimen de las concesiones de aguas; en particular, la suficiencia hídrica como requisito para el desarrollo de actuaciones de urbanización', con la que ha clausurado los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir", que se han desarrollado durante todo el mes de agosto en el Seminario Diocesano de monte Corbán de Santander.
Fernández Valverde ha recalcado que actualmente vivimos un "momento histórico" del desarrollo urbanístico, que se caracteriza por el cambio hacia un urbanismo sostenible.
De ahí que la planificación hidrológica y la relacionada con el planeamiento urbano "deban ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible, porque hasta ahora urbanismo y Medio Ambiente han campado por sus respetos".
El magistrado del TS ha subrayado que el gran reto consiste en resolver los conflictos que suscita la coordinación de ambos intereses, en cuanto que las administraciones con competencias urbanísticas son municipales y autonómicas, mientras que la titularidad de los recursos naturales recae en el Estado.
En este punto, ha especificado que "el diseño de la ciudad no puede ser aislado, sino que depende de un planeamiento global, de manera que principio de autonomía municipal debería integrarse en una legislación más amplia, como la relativa a la regulación del Derecho de Aguas, que es el que hoy nos ocupa".
"Hay que coordinar los intereses de cada municipio con el interés general y, necesariamente, deben convivir", ha apostillado Fernández Valverde.
Fernández Valverde ha apuntado la necesidad de que las confederaciones hidrográficas -que son los organismos responsables de emitir los informes de suficiencia hídrica- profundicen en materia jurídica, "puesto que hasta ahora han funcionado con técnicos muy buenos, especialmente ingenieros, pero muchos expedientes administrativos no han contado con un asesoramiento jurídico suficiente", aunque esta tendencia ha empezado a cambiar en los últimos tiempos, ha admitido el magistrado del Supremo.
"Es evidente que no existe agua para todo el planeamiento", ha colegido el magistrado del TS, quien ha reconocido también que el principio de solidaridad nacional debe estar por encima de la gestión de las diferentes comunidades autónomas, porque "el agua se ha enquistado demasiado políticamente al situarla en un ámbito estrictamente autonómico".
* 20 Minutos - E.P. - 20.08.10
Foto: Almazora (Castellón), construcciones ilegales desembocadura del Millars - gecen.net
Brunete.- El PGOU, parado porque los dueños del suelo "no quieren invertir" y falta aprobar el plan de infraestructuras
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QUÉ/Madrid* : El alcalde de Brunete, Félix Gavilanes, ha asegurado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está "parado" debido a que los propietarios del suelo "no quieren invertir" y a que el Plan de Infraestructuras, previo a la puesta en marcha del PGOU, está "pendiente de aprobar". "Estamos parados porque nadie quiere tirar para adelante. Los mismos propietarios del suelo ahora no quieren invertir. El plan de infraestructuras marca al Plan General porque es previo al inicio de la construcción. En momentos buenos este plan hubiera tirado hacia adelante.
Una vez que lo haga el Ayuntamiento, la Comunidad tendrá que decir al respecto", ha puntualizado en una entrevista concedida a Europa Press.
El primer edil ha recordado que el PGOU, un proyecto "ambicioso y muy estudiado", está aprobado por la Comunidad de Madrid pero que "ahora" hay que "desarrollar" el documento para "empezar a trabajar".
"Como alcalde, mi primer objetivo fue sacar adelante el Plan de Urbanismo porque Brunete no tenía. Quisimos hacer un plan ambicioso y muy estudiado. De una sola tacada, quisimos hacer un plan pensando en el Brunete del futuro, ordenar todo el suelo, lo que se va a quedar protegido, lo que va a ser urbanizable. Fue tanto tiempo en el que se tardó en sacar adelante el Plan que Brunete no podía dar licencias. Cuando ha llegado la crisis es cuando ya hemos tenido PGOU", ha aseverado.
Con todo ello, ha explicado que en el nuevo Plan se reserva suelo terciario para la creación de industrial limpia, zonas comerciales y de ocio. "Se ha creado suelo para cubrir todas las necesidades y puestos de trabajo", ha puntualizado.
En cuanto a la construcción de viviendas, el primer edil ha precisado que el 50 por ciento de las mismas tendrá "algún tipo de protección".
"El Plan tiene todos los vistos buenos y queda pendiente de aprobar el Plan de Infraestructuras. Sin embargo, aún no se puede empezar a construir viviendas", ha indicado el alcalde, quien ha mantenido que "el Ayuntamiento y los propietarios del suelo tienen que apostar para que el Plan tire hacia adelante".
* Qué - E.P. - 21.08.10
Foto: Brunete (Madrid) - brunete.org
La destrucción de las playas españolas
MIGUEL A. LOSADA* : Más del 50% de las playas y el 70% de las dunas en la costa española están degradadas o profundamente alteradas; el 60% de los humedales que había en 1950 ha desaparecido; más del 60% del entorno inmediato de las playas de las costas mediterránea, atlántica sur y de los archipiélagos está urbanizado. Con los ritmos de ocupación seguidos en los últimos 60 años, incluidos los tres periodos de recesión económica habidos, hacia el año 2030 la totalidad de la costa española estará tocada por actividades humanas. La costa es la franja marítimo-terrestre donde la corteza pasa de estar permanentemente sumergida a ser tierra firme; un paisaje complejo de múltiples colores y texturas; un organismo vivo en permanente proceso de remodelación y embellecimiento por la acción de las fuerzas de la naturaleza; el destino final de las olas y de los maremotos; una esponja que amortigua y controla sus acciones; el principio de los encuentros del hombre con el mar.
El Reino de España tiene algo menos de 10.000 kilómetros de costa; calas, rasas y acantilados, ramblas y deltas, estuarios, rías y marismas, flechas, cordones y lagunas litorales, playas de arena y guijarros, dunas..., son algunas de las formas naturales que albergan ecosistemas esenciales para la diversidad biológica, que se podían encontrar a lo largo y ancho de la costa española y que formaban parte de su patrimonio paisajístico único, finito, frágil y sensible.
Posiblemente, fueron las cualidades excepcionales de la costa y la tradición jurídica las que motivaron que la Constitución Española, Artículo 132.2, proclamara como bienes de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, y ordenara su regulación por Ley. La Ley de Costas, Ley 22/1988, reconoce el carácter público de la costa y define la parte terrestre de estos bienes y los integra en un concepto territorial, la ribera del mar, utilizado en el Código de las Siete Partidas por el rey Alfonso X el Sabio; además, acota, regula y administra su uso y ocupación temporal. Ella y la normativa adicional de las Comunisdades Autónomas son los instrumentos jurídicos indispensables para que el patrimonio colectivo, especialmente valioso como espacio natural de libertad, sea preservado para el uso y disfrute de los ciudadanos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios son responsables de que así sea.
El deslinde es el procedimiento que establece la Ley de Costas para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Cualquier uso no común, que por su naturaleza no pueda realizarse sino en la ribera del mar, requiere de un título administrativo, concesión, reserva o adscripción. Desde el deslinde, la ley proyecta su incidencia hacia el interior del territorio, en bandas paralelas a la línea de costa, estableciendo servidumbres de acceso y tránsito y protección (limitación) frente a la urbanización, imprescindibles para garantizar la integridad física y el uso común del DMPT.
Sin embargo, una parte de la costa española está en manos privadas, urbanizada, alterada profundamente o destruida. Ya en 1988, en la exposición de motivos de la Ley de Costas, se decía: "Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, (...) con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos (...) la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales...".
La realidad es que la Ley de Costas no ha podido frenar los motivos por los que fue promulgada. Desde hace una década, los informes anuales Destrucción a toda costa de Greenpeace son referencia crítica de la creación de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas con lo que ocurre en las costas españolas.
A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, se accedía a las playas al norte de Oropesa (Castellón) hasta Alcossebre por caminos rurales, entre campos de olivos y naranjos. Formaban parte de la denominación turística de costa de Azahar. Los desarrollos urbanos de Marina d'Or y Torrenostra han transformado de forma radical la costa primitiva y han encajado el Parque Natural del Prat de Cabanes. Al norte, las urbanizaciones de Alcossebre rampan por las estribaciones del Parque Natural Sierra de Irta; ¿qué les depara el futuro al Prat de Cabanes y a la Sierra de Irta?
Son Bou es una de las playas de Es Migjorn en Menorca. Sus arenas blancas, sus dunas y el humedal que a mediados del siglo pasado aún se comunicaba con el mar por varias golas son sus principales cualidades naturales. Al este reposan las excavaciones de una basílica paleocristiana, encajonadas por edificios irrespetuosos e ignorantes y levantados sobre las dunas. La reciente construcción de una carretera y un aparcamiento sobre la laguna litoral anuncia lo peor: ¿en los próximos años se urbanizarán la laguna y las dunas de Son Bou?
A principios del siglo XX, entre los cabos de la Huerta (Alicante) y Palos (Murcia) dando apoyo a la Manga, se podían disfrutar unos 100 kilómetros de costa formada, en su mayor parte, por playas barrera y lagunas litorales entre pequeños tramos acantilados. Sobre aquellas se construyeron pueblos barrera de edificios barrera. Lo que fue bello ahora es lineal, monocromático y simple, sin valor ambiental; todos ellos están amenazados por la subida del nivel del mar asociada al calentamiento global. Se pronostica que, en este siglo, el mar ascenderá entre medio metro y un metro. ¿Se protegen o se desmantelan estos desarrollos urbanos? ¿Quién paga?
La construcción de un hotel mastodóntico sobre el acantilado de la playa del Algarrobico, posiblemente para delimitar (colonizar) un tramo de costa "urbanizable" en las cercanías de Carboneras, ha disparado todas las alarmas. Ocupa terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata, que alberga un entorno privilegiado donde todavía es posible el diálogo libre del hombre y la costa. Otros desarrollos penden sobre este parque natural: el crecimiento brutal de San José acosando la playa de los Genoveses y las propuestas urbanizadoras de las Salinas y la Fabriquilla. ¿Son compatibles estas ocupaciones con la Constitución y la Ley de Costas?
Son solo algunos ejemplos. Si las evidencias naturales, las consecuencias y las leyes son tan contundentes, ¿por qué se sigue destruyendo el patrimonio colectivo e ignorando lo que dicen la ciencia y el conocimiento? Si en las últimas elecciones generales todos los partidos llevaron en su zurrón de promesas la sostenibilidad de la costa, ¿por qué allá donde gobiernan porfían con el desarrollo urbanístico a toda costa? ¿Dónde quedó la política del anterior Gobierno, conflictiva, sí, pero a favor de la sostenibilidad de la costa, de los derechos de más de 45 millones de ciudadanos y de un legado ejemplar, justo y solidario, y acorde con el valor ambiental de la costa española?
Desde hace más de 60 años, con breves y notorias excepciones, la costa española se gestiona, principalmente, como un espacio económico donde las todopoderosas industrias de la construcción y del turismo marcan las pautas de uso y explotación, y los municipios costeros encuentran la vía de construir y mejorar sus infraestructuras y financiar sus gastos corrientes. Cuando hay desastres naturales, todos ellos son los primeros en demandar la reconstrucción y las subvenciones pertinentes. Entonces, los partidos políticos callan ante la sinrazón y otorgan. Si las leyes no son las adecuadas, se deben cambiar, pero, entretanto, se deben cumplir con tolerancia cero.
El futuro es desesperanzador, pues la experiencia pasada y la realidad cotidiana nos muestran que, en el Reino de España, no se consigue manejar con inteligencia el binomio desarrollo socioeconómico y proceso evolutivo natural de la costa. La ambición personal de unos pocos y la complicidad de otros están provocando la pérdida irreparable de nuestro patrimonio y dejan un legado insostenible para las siguientes generaciones.
* Miguel A. Losada es director del Centro Andaluz del Medio Ambiente y catedrático de la Universidad de Granada.
* El País - Opinión - 20.08.10
Los planes parciales de Benidorm están parados o en los juzgados
ELPAÍS/Alicante* : Una de las grandes debilidades de los sucesivos gobiernos y alcaldes del PP de Benidorm entre 1991 y 2009 es que han sido incapaces de desarrollar el Plan General de la ciudad que se aprobó en 1990, siendo alcalde el socialista Manuel Catalán Chana. Casi todos los planes parciales que pudieron ejecutarse al calor de la evolución de la legislación urbanística valenciana, que arrancó con la aprobación de la LRAU en 1994, han quedado paralizados, algunos con largos procedimientos judiciales todavía sin resolver.
De hecho, únicamente se ha ejecutado en todas sus fases uno de los 10 planes parciales previstos, el PP 6/1, conocido como Xixo, de aproximadamente 600 viviendas. El resto de sectores: Armanello, Poniente, Industrial, Ciudad Médico Residencial, Golf, Discotecas, Murtal, Serra Gelada y Salt de l'Aigua se han visto interrumpidos por diferentes motivos y algunos sufren procesos judiciales que duran un decenio.
Todo el crecimiento se ha basado en el suelo urbano que ya tenía. Y las consecuencias han sido que en 20 años no se ha construido ninguna vivienda protegida y que el consistorio apenas tiene suelo en su patrimonio procedente del 10% del aprovechamiento lucrativo que le corresponde de cada plan.
Dos ejemplos. El Armanello ha estado paralizado desde que fue adjudicado, en junio de 2000, a Enrique Ortiz, y no ha sido desbloqueado definitivamente hasta mayo de este año, tras 10 años de litigios. En sus 667.000 metros está previsto levantar 23 torres de hasta 29 alturas. El plan parcial Poniente, de 131.200 metros, también ha sido desbloqueado recientemente. Estaba parado desde marzo de 2003 a expensas de la aprobación por la Consejería de Medio Ambiente de su homologación y de la autorización por la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la canalización de sus barrancos.
Pero el caso más grave es el plan parcial Murtal, adjudicado en 2000, de 907.000 metros en los que caben 2.000 viviendas. El urbanizador, Prometosa Construcciones, SA, mercantil de Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, reclama al Ayuntamiento 74 millones por la paralización del sector. La denuncia sostiene que "la ineficiencia y la dilatoria actitud" del Ayuntamiento han impedido aprobar el proyecto de reparcelación. También denuncia que en la tramitación del expediente no han participado técnicos municipales, sino asesores externos, dado que el anterior alcalde, Manuel Pérez Fenoll, del PP, eliminó hasta al secretario municipal del procedimiento administrativo. Tanto el Armanello como el Murtal acabaron en el Tribunal Supremo.El plan parcial Ciudad Médico Residencial, que prevé construir chalés de lujo y servicios sanitarios privados en 43,7 hectáreas, está paralizado por la CHJ porque entiende que las canalizaciones de los barrancos deben hacerse en abierto y la mercantil Residencial Siglo XXI ha acabado demandando a la Confederación. Y así sucesivamente. Se ha llegado a firmar un convenio con el urbanizador del plan parcial Discotecas para liberar suelo y, por ejemplo, poder hacer los nuevos juzgados o la estación de autobuses, pero el sector sigue sin desarrollarse.
Así las cosas, un informe del arquitecto municipal, José Luis Camarasa, que sirvió de base para rechazar la urbanización de un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable junto al PAU de Serra Gelada, descubre que "el suelo residencial vacante clasificado todavía tiene un horizonte de colmatación de entre veinte y treinta años", en función del crecimiento demográfico. Para llegar a esta conclusión, Camarasa valora que la capacidad de los nuevos desarrollos es de unas 26.099 viviendas, mientras que entre 1991 y 2007 el parque residencial creció en 20.179 (10.674 viviendas y 9.505 apartamentos), lo que se tradujo en un crecimiento vegetativo de 30.403 habitantes. Pero también alude a que cuando se acabe de ejecutar el PGOU un gran número de viviendas habrá superado los 50 años de vida, lo que provocará su renovación "por obsolescencia estructural, funcional, energética, etc.", un fenómeno que retraerá la demanda de suelo.
El 25% del término municipal es urbano y los planes parciales consumirán cuando se ejecuten otro 17%, así que el 58% sigue siendo no urbanizable común o protegido. Camarasa alude a otros informes que abogan porque Benidorm "no se verá revitalizado con ningún desarrollo urbanístico suburbial de media o baja densidad, modelo territorial del resto de municipios de la comarca, sino todo lo contrario, se perdería (...) una futura oportunidad de continuidad de un modelo de ordenación basado en la concentración y la continuidad del tejido urbano".
Aunque el suelo urbanizable esté pendiente de ser desarrollado, la práctica totalidad de los PAI están adjudicados a diferentes urbanizadores pendientes de reparcelarse, así que la Concejalía de Urbanismo ha decidido ponerse a trabajar en un documento llamado Plan de Crecimiento de Benidorm 2010-2020, que apuesta por "las ideas consensuadas, escuchar a todos los vecinos y crear un plan de crecimiento que sea una síntesis del Laboratorio de Ideas Urbanas y las Jornadas previas a la revisión del PGOU de Benidorm", posterior a este plan decenal.
La metodología para generar nuevas ideas "para actualizar la estrategia de futuro de la ciudad e ir más allá", en palabras del edil de Urbanismo, Jaime Llinares, pasa por "generar el mayor número de ideas posibles, formar un grupo horizontal sin jerarquías y buscar un efecto multiplicador" en sesiones de tormenta de ideas de menos de una hora y 5 ó 6 personas, que podrán emitirse por internet.
Llinares reconoce que Benidorm ya "dispone de un modelo de ciudad físico", así que "ahora debemos fijarnos en aspectos más intangibles como la cultura ciudadana, la creatividad, la gestión de redes, el gobierno relacional o el compromiso cívico de la residencia urbana".
* El País - 22.08.10
Foto: Benidorm, desde playa - diarioinformacion.com
El pleitista urbanístico de Vigo pierde su primera gran batalla
ELPAÍS* : La definitiva legalización de la urbanización Jacinto Benavente, de 178 viviendas, ha abierto una importante fisura en la estrategia del pleitista urbanístico Eduardo Canabal, cuyos procedimientos contra el Ayuntamiento de Vigo ejerciendo la acción popular han generado órdenes de demolición de unas 1.500 viviendas. Entre ellas estaba, desde 1999 y de manera insistente en la prensa local hasta el mes pasado, la citada urbanización. Su legalización abre la puerta a otras futuras y, por añadidura, evita que Canabal perciba compensaciones como parte que desencadenó y mantuvo el proceso en candelero durante más de una década.
"Cada edificio es un caso singular", precisa el alcalde vigués, Abel Caballero, para atajar cualquier asomo de euforia. "Tanto el Tribunal Superior de Galicia como el Tribunal Supremo establecen, por una parte, que los edificios sean legalizables por un plan general y, por otra, que haya existido buena fe entre los distintos agentes que han participado en su construcción. Ambas cosas se dan en este caso, lo que ciertamente no sucede en todos", añade Caballero.
La causa que motivó la orden de demolición de la urbanización de Jacinto Benavente remite a la aplicación del polémico plan general de urbanismo de 1993, que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, y, singularmente, a "errores administrativos" de la propia Xerencia Municipal de Urbanismo. En lugar de subsanarlos y enfrentar la demanda de Eduardo Canabal, el Ayuntamiento, en una actitud que aún nadie ha explicado, se allanó y dejó correr la bola judicial sin hacer valer sus criterios. Lo mismo que la Xunta de Galicia, codemandada en el proceso y que tampoco compareció.
En 2005, cuando el proceso llevaba ya una década de rodaje, el abogado José Luis Barros, alegando la "teórica ignorancia de los propietarios", ya que las condenas judiciales se dirigían exclusivamente al promotor de la urbanización, Conproint, consiguió retraer la causa a su inicio en función de la tutela judicial que los propietarios no habían obtenido y que, a partir de ahí, se convierten en parte activa del procedimiento.
Todavía a finales del año pasado la prensa local, con datos y argumentos desfasados, jaleó la "inexorable" demolición del edificio, predicada y perseguida por Canabal. De ejecutarse esa demolición y habida cuenta de que el edificio está valorado en unos 50 millones de euros, al pleitista le hubiera reportado el 0,75% de ese valor, es decir, unos 375.000 euros. El auto judicial del pasado mes de julio declara "la inejecutabilidad legal de la sentencia" de 1999 "en lo que ataña a la demolición del inmueble", sin perjuicio, dice en sus razonamientos jurídicos, "de que por la parte interesada [Canabal] se pueda instar la compensación económica suficiente y sustitutiva".
El hecho de que esa compensación no se fije en la resolución del propio auto, como sería lo adecuado, y que este obligue a reclamarla en pieza separada anuncia al pleitista severos obstáculos si llegara a reclamarla, de lo que por el momento no hay constancia. El abogado Barros ya expuso su oposición a cualquier indemnización al pleitista por considerar que solo "se vistió con los ropajes del ciudadano honrado" para ejercer la acción popular, en la que subyace la pretensión poco altruista, que el propio Canabal explicitó en declaraciones a este periódico, de que se le reconozca el daño personal causado, se le pidan disculpas y se le paguen las minutas como condición para retirar sus contenciosos.
Barros anticipa que mantendrá su oposición a que se derive ninguna compensación para Canabal. "Si actúan, los esperamos", advierte también Caballero, "y confío que con el fiscal general del Estado al lado", añade.
"Inmenso pelotazo"
"En Jacinto Benavente no hubo ni pelotazo ni enriquecimientos oscuros: la gente compró los pisos de buena fe y han sido víctimas en la situación", aduce el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al glosar la legalización definitiva del edificio y si esta marca un precedente para el resto de los condenados a la demolición. "Creo que hay muchos legalizables, pero cada caso ha de seguir su propio camino", insiste el alcalde.
Las circunstancias que han facilitado la salvación de Jacinto Benavente y que podrían ser aplicables a otras urbanizaciones remiten a que las licencias fueron dadas de acuerdo con la normativa del momento, con informes técnicos favorables y con demostrable buena fe. Ahora cada uno de los edificios condenados tendrá que pedir nuevas licencias de acuerdo al nuevo plan general, "cuyas normas no se alteran en régimen de excepción para dar entrada a esos inmuebles, sino que estos se integran a la generalidad normativa del planeamiento", precisa Caballero.
Finca do Conde (230 pisos) es una excepción en esa dinámica. El Ayuntamiento ya le negó nuevas licencias para iniciar el procedimiento "Ahí faltó buena fe: las licencias fueron dadas con informes jurídicos en contra y lo que se produjo fue un inmenso pelotazo", aduce el alcalde.
* El País - 22.08.10
Foto: Vigo, edificio Jacinto Benavente - lavozdegalicia.es
Santander.- Carencias urbanísticas
DIARIOMONTAÑÉS* : El Ayuntamiento deber revisar la calificación otorgada a zonas de Corbán, La Albericia, Ojaiz y Camarreal. Son las últimas objeciones, el listón definitivo que debe superar el Pan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU) tras varios años de tramitación. La gran discrepancia que dificulta su aprobación estriba en los errores en la calificación de suelos que han detectado los técnicos de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas. Y reclaman una modificación/revisión sin la cual será difícil que el nuevo planeamiento de la capital cántabra reciba el visto bueno.
A juicio de los evaluadores del Gobierno el Plan General presenta diversas carencias que deben ser subsanadas. Las más problemáticas son urbanísticas y requieren una modificación de la programación de usos y de la calificación de suelo que se ha otorgado a algunas zonas de la ciudad. Además, se han enumerado otras anomalías que afectan tanto a las proyecciones del número de viviendas del 'Santander futuro' como a las necesidades de infraestructuras derivadas de su desarrollo.
En materia urbanística, los informes -en teoría los últimos que se enviarán al Ayuntamiento para su discusión- plantean que hay defectos en la consideración urbanística de zonas como Ojaiz, Camarreal y La Albericia.
En otras casos, el documento es categórico: el PGOU presenta un «déficit general de partida de espacios públicos libres, más acentuado en la zona centro de la ciudad», con el añadido de que «en la propuesta se aprecia la ausencia de una distribución homogénea» de estas áreas en las zonas de nuevo crecimiento. Un «debe» que tendrá que justificarse y motivarse o, en su defecto, modificarse por los redactores del planeamiento y los técnicos municipales que ya vienen trabajando desde hace semanas en los documentos de 'rectificación' que plantea el Ejecutivo regional. La enumeración de defectos del texto es extensa, pero en fuentes cercanas a Obras Públicas se mantiene que «las discrepancias no son insalvables». Se confía en que pueda alcanzarse un consenso y que el PGOU sea sometido a la a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en breve para su aprobación final.
Los requerimentos que el Gobierno demanda del Ayuntamiento de Santander para su inclusión en el Plan General no tienen carácter oficial (administrativamente a Urbanismo sólo le corresponde pronunciarse cuando se remita el documento final) pero se cree que un «trabajo previo» y consensuado facilitaría la aprobación.
Las propuestas incluidas en varios documentos de análisis son concretas. Se demandan cambios de calificación de algunas zonas y a veces se propone que se fije la categoría contraria de 'suelo no consolidado'. Es el caso de áreas ubicadas en Corbán (28.546 metros cuadrados), Peña de Peñacastillo (26.854 metros cuadrados), La Albericia Este (29.775 metros cuadrados), la zona destinada a sede del Cuerpo de Bomberos y talleres de ese servicio municipal (75.534 metros cuadrados), y el sur de La Remonta (22.138 metros cuadrados).
También se requiere que se proceda a la revisión de la calificación concedida a los terrenos ubicados en las áreas denominadas El Millajo (de 93.700 metros cuadrados y situada al Norte de la S-20 tras superar el túnel de Albericia), Ojaiz Norte y Ojaiz Sur y El Pedroso-Camarreal (en la periferia Oeste de Santander). En estos casos se explica que «gran parte de sus ámbitos no reúnen requisitos de suelo urbano y tienen características urbanísticas similares a los sectores urbanizables de su entorno».
Con carácter global, los técnicos mantienen que el Plan General adolece de una falta de programación lógica que defina el futuro desarrollo del suelo y una articulación de usos adecuada. Y es que se considera que esa 'articulación' no está garantizada y por ello se exigen mayores definiciones sobre qué se entiende por barrios y ámbitos funcionales. Específicamente, los técnicos creen que en las fichas urbanísticas de suelo que contiene el PGOU se regulan los usos previstos pero «no se favorece la mezcla de los mismos predominando el uso residencial como único uso en gran parte de ellos, reservando en otros casos porcentajes para uso terciario y productivo que oscilan entre el 3% y el 10%». El uso productivo masivo -se añade- se concentra principalmente al Oeste del municipio. Y otra sugerencia: «parece conveniente y en defensa de un desarrollo sostenible, fomentar el uso hotelero frente a la segunda residencia y viviendas vacías que de acuerdo con los datos de la memoria del Plan representan aproximadamente el 30% de las viviendas actuales».
La enumeración de defectos a corregir se extiende: el sistema general de Peña Castillo no cumple con los requisitos precisos de los estándares urbanísticos; los espacios libres proyectados junto a viales no tiene dimensiones suficientes; el futuro Parque Litoral Norte debe zonificarse de forma que se desarrollen en primer lugar las zonas más próximas a los núcleos ya existentes...
En materia de infraestructuras también se apuntan deficiencias a corregir y se demanda un estudio y planificación de los parkings disuasorios a construir; el estudio de las conexiones transversales, principalmente de General Dávila y la Calle Alta; la revisión de la categorización de la red viaria, incluyendo una red de itinerarios peatonales y de carril bici, y una modificación del ancho de las aceras, que se estima insuficiente.
El análisis de la calificación de suelo que detalla el Plan General es el que provoca los mayores reparos para la aprobación del texto. Hay discrepancias sobre la calificación que debe darse a aquellos suelos que hayan ido desarrollándose durante la tramitación de la norma urbanística. En este caso, y ante los diferentes criterios, el Ejecutivo requirió un informe jurídico que establece que no hay inconveniente en aceptar la consideración de suelos en vías de consolidación para 120 supuestos que así han sido registrados en la revisión del Plan General.
Como norma se prevén dos situaciones para aquellos terrenos que no cuente con la correspondiente licencia antes de la aprobación del Plan: que hayan alcanzado la consideración de solar, pero sin licencia; o que ni siquiera tengan esa consideración. Los jurídicos dan por correcta la interpretación municipal referida a los primeros, en tanto que para los segundos queda supeditada su consideración de suelo urbano consolidado a la propia modificación del Plan General.
Se pide también al Ayuntamiento que aclare con precisión qué es lo que ocurrirá con los suelos que habiendo iniciado su transformación no sean compatibles con el nuevo planeamiento, ya que los técnicos del Gobierno han detectado que el documento ha considerado como urbanos «todos los terrenos que se encontraban en esta situación».
La programación urbanística también es contestada.Como norma cree que el texto debe dejar sentado con total claridad que «a la hora de programar los nuevos crecimientos hay que plantear no sólo el desarrollo temporal sino también el espacial de manera que los sectores más alejados no se desarrollen en tanto no se edifiquen los bordes de la ciudad». Aunque para los técnicos son discrepancias 'menores' tampoco hay coincidencia a la hora de analizar la hipótesis de las que parte el Plan General para establecer las futuras necesidades de infraestruturas de servicios básicos de Santander.
* El Diario Montañés - 22.04.10
Foto: Suelo. Entre las sugerencias planteadas se propone la revisión del área de El Millajo, cercana a la Albericia, enclavada junto al túnel de salida de la S-20.- eldiariomontanes.es
Santa Cruz de Tenerife - Anticorrupción cerca al Ayuntamiento
LAOPINIÓN* : Desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, el Ayuntamiento de la capital se ha convertido en uno de los objetivos principales de la fiscal, María Farnés Martínez. Entre los casos más conocidos está sin duda el de Las Teresitas. Pero ha habido más. Por ejemplo, todas las circunstancias que rodearon la remodelación del edificio García Cabrera, las contrataciones a determinadas empresas, la financiación del Partido Popular (PP) de Tenerife o la contratación de una trabajadora que durante años estuvo contratada por un empresa particular en Urbanismo. La última investigación que ha trascendido gira entorno a las cuentas del Carnaval 2008.Pero han sido múltiples las denuncias que los vecinos han planteado ante una Fiscalía que se ha convertido en una suerte de salvavidas a la hora de hacer valer sus derechos frente a la administración municipal.
Las Teresitas. La investigación se inició en el año 2004 y concluyó en 2006. A finales de este ejercicio, la fiscal puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las circunstancias que rodearon la operación de compraventa del frente y la trasera de la playa. Años después todavía permanece el secreto sobre gran parte del sumario. Por el camino han ido surgiendo nuevas imputaciones que recaen sobre los protagonistas principales de este caso: el alcalde, Miguel Zerolo, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como una retahíla de funcionarios, cargos de la Junta de Compensación y concejales. Sobre ellos han recaído imputaciones como cohecho, malversación de fondos o prevaricación. Se trata del caso estrella de la Fiscalía Anticorrupción, aunque de su resolución final podrá depender también en gran medida la credibilidad de este órgano
García Cabrera. En este caso se investigan las circunstancias que han rodeado a las obras de remodelación del antiguo instituto de Ofra. Las actuaciones se ejecutaron con el fin de acondicionar este inmueble para que albergara a los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz que iban a ser desalojados de las dependencias de la sede central por su mal estado. A grandes rasgos, los hechos que la formación política Ciudadanos de Santa Cruz denunció ante la Fiscalía se concentran en que el Ayuntamiento realizó diversas adjudicaciones por medio de contratos menores hasta sumar seis millones de euros. Todos ellos, además, a la misma empresa, Imes. Curiosamente, el TSJC desde Gran Canaria se ha interesado por este asunto, con lo cual se cree que el nombre del alcalde, aforado al ser diputado regional, podría de nuevo estar involucrado. También se habla de Guillermo Núñez, entonces concejal de Economía y Hacienda.
Contrataciones. El pasado verano, coincidiendo con el cese de Ángel Llanos como miembro del grupo de Gobierno y el consiguiente abandono del resto de integrantes de su grupo para seguirle durante la pequeña travesía del desierto, se produjo una acusación bastante fuerte de los populares hacia los miembros de Coalición Canaria (CC). Los primeros dijeron tener pruebas de que el Ayuntamiento elegía siempre sospechosamente a las mismas empresas para realizar obras. La concejal que firmó este escrito, Sheila Trujillo, fue llamada a declarar ante la Fiscalía después de que la ex edil, Odalys Padrón, presentara la denuncia en Anticorrupción. Nada trascendió de aquella entrevista hasta ahora. Ya se sabe que la concejal del PP se retractó de sus palabras y dijo que las acusaciones se limitaban al normal juego político de enfrentamientos entre partidos. El caso se ha archivado, aunque Padrón, que firmó la denuncia junto con otras 19 personas, no ha recibido ninguna notificación al respecto.
Lerena. Este caso tiene como vértice la contratación por parte del área de Medio Ambiente del Consistorio chicharrero de una trabajadora que durante años había prestado sus funciones en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, pero que había sido contratada por un empresario privado, el que da nombre a este caso. La denuncia apunta a que esta empresa pudo beneficiarse de contratos por parte del Ayuntamiento. En concreto se apunta a 80 adjudicaciones por valor de casi dos millones de euros.
´Bragasgate´. Hasta la Fiscalía Anticorrupción llegó también una denuncia de Justicia y Sociedad a raíz de que trascendiera la financiación supuestamente irregular del PP de Tenerife. Es el último caso que ha llegado al despacho de Farnés. La Intervención del Ayuntamiento detectó partidas elevadas referidas a comidas y viajes. Por ejemplo, de un total de 153.138,17 euros justificados, algo más del 30% correspondían a comidas y casi un 10%, a viajes. Pero también se entregaron facturas inferiores a 10 euros, lo que significa que no podían corresponder a comidas de trabajo, sino personales. El documento también aclaraba que en las cantidades asignadas a los grupos se prohibía "la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial". A pesar de ello, en el anexo se recogían un total de 2.302,91 euros en ropa y complementos, un concepto que no respeta la citada prohibición.
Parque Marítimo. Es otro de los asuntos especialmente peliagudos a cuya investigación está sometido el Ayuntamiento chicharrero. En estos momentos, el caso se encuentra bajo secreto sumarial en los juzgados de Santa Cruz sin que nada haya trascendido de su alcance. El abogado Felipe Campos, que fue el que inició las denuncias, no duda en señalar que este recinto se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero de la que se nutrió durante años, supuestamente, lo que el abogado suele llamar de manera peyorativa como "el régimen".
* La Opinión Tenerife - 20.08.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
LEVANTE* : Las familias de 1.800 mayores dependientes de la Comunitat Valenciana atendidos en residencias han recibido una inquietante carta en la que los centros les comunican que sus seres queridos pueden verse literalmente en la calle. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre", asegura la carta recibida por una vecina de la Marina que tiene a su madre ingresada en una residencia.
Los responsables del centro explican en la misiva que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008".
Esta decisión podría afectar a 1.800 beneficiarios a quienes la administración paga, de media, un 80% del coste de la residencia. "Los centros se quedarían sin recursos económicos" para prestar los servicios, salvo que "cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar con casi total seguridad".
"Si los contratos con la administración "no se renuevan, significaría la desaparición efectiva de las 1.800 plazas concertadas" y, para las empresas que dan el servicio "la imposibilidad de seguir ofreciendo este servicio con las condiciones actuales de estabilidad y precio".
Además, advierten las residencias, "con las 1.800 plazas desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y suspenderían pagos algunas de las empresas que actualmente conciertan servicios con la Generalitat".
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 para conceder ayudas a la financiación de la estancia en centros residenciales a las personas con recursos económicos insuficientes. Dentro de esta planificación se distinguen las plazas privadas, el bono residencia y las plazas de accesibilidad social que se consideran como una especie de cupo de las plazas públicas que deben tener todas las residencias aunque sean privadas. En 2005 existían 1.118 plazas de accesibilidad social frente a 6.056 de bono residencia.
Este periódico intentó ayer obtener la versión de la Conselleria de Bienestar Social sobre el futuro de las plazas de accesibilidad social, sin éxito pese a haberlo intentado en tres ocasiones porque, alegaron, "la mayoría del personal está de vacaciones".
* Levante-emv - 21.08.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Madrid.- El tijeretazo de la crisis se carga el local de los vecinos del barrio Prosperidad
ELMUNDO* : Ningunos 'okupas', dicen. Los integrantes de la Asociación de Vecinos Valle-Inclán (AVVI) de Prosperidad están indignados con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que les ha enviado una petición de desalojo 'urgente' para que dejen el local donde funciona la entidad desde hace cinco años. La propiedad, de 600 metros cuadrados, se encuentra ubicada en la calle Luis de Cabrera 51, paralela a López de Hoyos, a 150 metros de la plaza principal del barrio. Fue facilitada por Patrimonio a la asociación en 2004, a través de un contrato que venció hace alrededor de un mes.
Según explica la presidenta de la AVVI, María Gainzarain, en octubre de 2009, iniciaron las gestiones para poder continuar en el lugar más allá de la fecha de caducidad. "Mantuvimos distintas conversaciones con Educación, Patrimonio y Hacienda durante todo este tiempo y en ningún momento nos dieron muestras de que no podríamos seguir allí, hasta que llegó la carta de desalojo", relata.
La nota daba a la asociación cinco días para desocupar el inmueble a partir del 30 de junio, el día que concluía el convenio de cesión del local. Un mes después, recibieron otra petición de desalojo con carácter de "urgente", recuerda la responsable de la entidad.
Las llaves, no
Los vecinos no se fueron, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y organizaron una campaña de protesta, con recolección de firmas en la web y una plataforma en Facebook. También anunciaron una serie de concentraciones en la plaza Prosperidad para este mes. La primera había sido prevista para el segundo fin de semana de agosto, pero se pospuso. La "kedada", finalmente, será este sábado 21 a las 12.00.
"Siempre hemos tenido una muy buena relación con las autoridades, pero nos sorprende la falta de diálogo, la imposibilidad de sentarnos a negociar porque alternativas hay muchas", se lamenta Gainzarain. Desde la Consejería instan a la AVVI a entregar el local y a solicitar subvenciones de las que ofrece la Comunidad de Madrid para iniciativas de estas características.
Los vecinos han anunciado que resistirán al desalojo y que no devolverán las llaves. Ante la negativa, Educación ha dicho que iniciará los trámites administrativos y judiciales necesarios para la recuperación del inmueble.
"Sentimos que nos han destrozado el proyecto", dice Gainzarain, al repasar las distintas actividades que la entidad tiene actualmente en curso y las que ha programado para las próximas semanas. Talleres, ciclos de charlas, estrategias de promoción de la lectura, acciones de intervención comunitaria y defensa de los distintos espacios barriales colman la agenda de la asociación.
Para septiembre, sus integrantes han convocado a un encuentro debate sobre educación y no saben si para entonces aún tendrán su sede para recibir a los expositores y al público que acudirá de toda la Comunidad de Madrid. "En la zona, hay muy pocas propuestas culturales y sociales y los vecinos notan nuestro trabajo", asegura la presidenta de la entidad, que lleva 35 años en Prosperidad y posee 450 socios.
'No es gratis'
Desde su fundación, la AVVI tuvo muchas casas alquiladas y prestadas. "No tenemos dinero ni lugar adonde llevar los muebles y demás pertenencias que hemos ido reuniendo entre todos los vecinos: nuestras cosas van a quedar en la acera".
Uno de los argumentos de Educación es que la asociación vecinal de Prosperidad es "la única en la Comunidad de Madrid que disfruta de un local gratuito para su sede social cedido por la Consejería". Gainzarain dice que no se puede hablar de una utilización sin costo alguno para la entidad porque, cuando les fue cedido, el local llevaba diez años cerrado, no tenía permiso de habitabilidad y debieron invertir unos 50.000 euros para ponerlo en condiciones y se hicieron cargo de los gastos cada mes.
Desde Educación, indican que el inmueble se pondrá en el mercado, al igual que se está haciendo con otras propiedades, pertenecientes a distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. Las fuentes consultadas señalan que el desalojo obedece a "instrucciones de la Consejería de Economía y Hacienda, enmarcadas en el plan de reducción del déficit que todas las administraciones del país están afrontando con motivo de la crisis económica".
Para Gainzarain, abundan los locales vacíos dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid y el que le quitarán a su asociación probablemente permanezca muchos años en inactividad. "Si nos echan a nosotros, podrán hacer lo mismo con otras de las numerosas entidades, algunas privadas, que funcionan en locales del Gobierno Regional", sostiene.
* El Mundo - 20.08.10
Foto: El local de la Asociación de Vecinos de Valle-Inclán, sobre la calle Cabrera.- elmundo.es
