Valencia.- El ayuntamiento estudia el derribo de Bombas Gens para levantar tres edificios

LEVANTE* : Cambio de planes. El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado los trámites para derribar la nave de la antigua fábrica de Bombas Gens, sita en la avenida Burjassot, para levantar, en su lugar, tres edificios de servicios. Así consta en un escrito del Servicio de Licencias Urbanísticas del consistorio, adscrito a la concejalía que preside Jorge Bellver, y que data del 16 de julio. Lejos queda, pues, la propuesta de estudiar la adquisición del edificio en cuestión y declararlo Bien de Relevancia Local, lo que extendería la actual protección con la que cuenta la fachada, a toda la construcción.

El edificio de Bombas Gens, obra del arquitecto valenciano Cayetano Borso di Carminati, ha sido calificada en distintas ocasiones como una "joya del patrimonio industrial de Valencia" porque supuso, además, la llegada del Art Decó a la ciudad.

La respuesta de la entidad cívica Cercle Obert no se ha hecho esperar y asegura que solicitará a la fiscalía que investigue al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, "por nuevos atentados contra el patrimonio cultural valenciano" y por "conceder licencia para construir tres edificios en Bombas Gens". Además, solicita sanciones para los dueños de las instalaciones "por no cuidar el patrimonio" y exige al ayuntamiento que "agilice las actuaciones administrativas, destinadas a la adquisición o expropiación de este edificio extraordinario".
Cercle Obert recuerda que es responsabilidad de las autoridades locales y autonómicas "velar por el cuidado y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico" y que es "eso lo que deberían hacer, en lugar de permitir su degradación constante, con engaños a los ciudadanos para autorizar, como ahora se puede ver, con premeditación y alevosía, en peno mes de julio, un proyecto que implica tirar abajo unas instalaciones emblemáticas para levantar tres edificios terciarios".

Piden que la fábrica sea un centro socio-cultural

Para la entidad cívica Cercle Obert, el edificio de Bombas Gens debería "ser destinado a centro socio-cultural del barrio de Marxalenes", dada la "total carencia de equipamientos y servicios públicos, destinados a fomentar la participación y las actividades culturales, artísticas y formativas en este barrio". A juicio de esta asociación "es necesario y fundamental, la activación y puesta en marcha de un plan integral de rehabilitación si, realmente, queremos recuperar y reutilizar adecuadamente el abundante y extraordinario legado histórico-artístico y ambiental valenciano, en aras a generar y reactivar nuestra precaria economía. Es el momento de impulsar y coordinar un plan integral y pluri-institucional, destinado a la rehabilitación y recuperación de todos nuestros bienes de interés cultural y local".





* Levante - 14.08.10
Foto: La antigua fábrica de Bombas Gens se encuentra en la avenida Burjassot. cercle obert


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La guerra contra la corrupción

PABLO SIMÓN COSANO* : Día tras día, los casos de corrupción se suceden en los medios de comunicación. Si somos benévolos y sólo miramos a los últimos años, Seseña, Fabra, Palau o Gürtel son ya palabras parte de nuestro imaginario colectivo. Cuando se comenta la situación, para la mayoría de los ciudadanos esto tiene una fácil explicación: «Todos los políticos iguales: son unos chorizos». Creo que conviene empezar por desmontar este mito: España es un país que tiene predilección histórica por la corrupción. en todos los ámbitos. Usar la wi-fi del vecino, fumar un cigarro en horas laborales, trabajar en negro o sin contrato, una falsa baja laboral, evadir impuestos o hacer un trabajo mal a sabiendas son ejemplos claros de corrupción. Una corrupción que no es política pero que en otros lugares, a diferencia de aquí, no se tolera. O es sancionada duramente por la ley sin hacer la vista gorda, o la propia sociedad las rechaza, que ni ve con indulgencia ni jalea tales prácticas. Por lo tanto hay que afrontar la verdad: los políticos son una extracción de nuestra sociedad y son representativos de ella. Con sus virtudes y sus defectos.

Ahora bien, dicho esto: ¿Cómo atacar la lacra de la corrupción política? ¿Se puede atajar este cáncer endémico? Por supuesto no hay ni varitas mágicas ni mucho menos leyes mágicas pero si se pulsan varias teclas a la vez se podrá, al menos, empujar en la dirección correcta.
Para tratar el tema, atacaré tres frentes diferentes pero relacionados: el ámbito local, el judicial y el político. Como es conocido, la mayoría de casos de corrupción se vinculan con las competencias de urbanismo y el ámbito local. La discrecionalidad de la administración en la adjudicación de contratos estudios, etc., genera redes de amiguismo claramente clientelar y suele facilitar que el cargo público pueda ser corrompido por otros con ánimo de lucrarse a costa de la administración, ya paguen a la cuenta del partido o a la del concejal de turno. Para atajar este problema se deberían tomar diferentes medidas. Por un lado, se debería dotar de una financiación justa a los municipios que los haga menos dependientes del urbanismo, que además debería racionalizarse incorporando a la administración autonómica, controlando mejor los ingresos del patrimonio municipal del suelo o dando mayores atribuciones a los plenos. Además, se debería reformar la Ley Electoral para aumentar las incompatibilidades de los concejales y alcalde, limitando los mandatos de este último y la propia Ley de Bases del Régimen Local debería restringir los supuestos de contratación directa de obras y servicios, el abuso del concurso frente a la oposición libre y la contratación de personal de confianza.
En el ámbito judicial también hay diferentes medidas a aplicar. Hace falta dotar de más medios a la fiscalía anti-corrupción para aumentar la eficiencia de unos funcionarios sobrecargados. Más aún, podrían crearse juzgados especializados en este tipo de delitos, lo que agilizaría su trabajo y podría servir como garantía de una mayor independencia. Además es imperativo que, ahondando en lo que recientemente se aprobó en el Congreso, se endurezcan las penas por corrupción. Algunas propuestas pueden ir desde aplicar la Ley Anti-terrorista a los corruptos con cumplimiento íntegro de condenas hasta la incautación vitalicia de bienes inmuebles y financieros hasta la devolución de la cantidad desfalcada. Sólo por poner un ejemplo de lo ridículo del actual sistema penal: ¿Sabía que a un concejal de urbanismo que concede una licencia urbanística ilícita, lucrando arbitrariamente a una constructora amiga y arruinando el urbanismo municipal, se le castiga tan sólo con la inhabilitación y una multa?
Por último, hay que centrarse en el procedimiento político ante sus dos actores principales: partidos y ciudadanos. Se debe incentivar unos partidos políticos con democracia interna, porosos con la sociedad civil y que favorezcan la transparencia. Cuanto más opacos sean, más probable es que aniden corruptos en sus filas. La ley electoral debería garantizar procesos de primarias e, incluso, podría debatirse desbloquear las listas. La Ley de Financiación de Partidos debe garantizar mayor transparencia en las donaciones privadas y mayores atribuciones al Tribunal de Cuentas. Y por último, el frente crucial: la propia ciudadanía. Cuanto más intransigente sea la ciudadanía con la corrupción, más se informe sobre política y se implique en los asuntos públicos, más probable será que sancione a los partidos que lleven corruptos en sus listas. De hecho, se trata del primer lugar donde hay que ganar la batalla, en nuestra propia manera de entender la política y lo público. Si tenemos la voluntad podemos cambiar las cosas. Si no, seguiremos teniendo lo que nos merecemos: una perenne corrupción de la que todos, por acción o por omisión, seguiremos siendo cómplices.


* PABLO SIMÓN COSANO | PROFESOR ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA


* La Rioja - 15.08.10

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La Junta insta a la Justicia a ejecutar la orden de cierre del vertedero de Torremolinos

SUR/Málaga* : Salvo por la mayor cantidad de residuos que llegan como consecuencia del aumento poblacional que se produce cada verano, nada ha cambiado en el vertedero de Torremolinos desde que a comienzos de año un juez ordenara su cierre. La actividad del único basurero al aire libre que queda en la provincia (ubicado en plena sierra) se mantiene como si nunca se hubiera producido ese pronunciamiento judicial, tal y como han constatado durante las últimas semanas agentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, que acaban de remitir un informe al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga en el que advierten de que el vertedero sigue activo.

Apoyándose en una serie de fotografías de camiones entrando y saliendo del mismo, se insta a la titular del citado juzgado a que adopte las medidas oportunas para que se ejecute el auto dictado el pasado 29 de enero en el que se ratificaba su clausura al desestimar la suspensión cautelar solicitada por la empresa municipal Litosa (Limpieza de Torremolinos, S. A.) contra la resolución de Medio Ambiente de febrero de 2007 en la que se exigía el cese inmediato de la actividad en el basurero.
La postura de la Junta es clara al entender que las instalaciones no cuentan con la pertinente autorización administrativa, carece de un estudio de impacto ambiental y, además, entraña un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra, de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. Sin embargo, no fue hasta 2006 cuando se abrió expediente sancionador contra Litosa (responsable del vertedero) a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la supuesta comisión de una infracción administrativa consistente en la gestión inadecuada de residuos peligrosos. Un procedimiento que se tradujo en la citada orden de sellado del vertedero y en una multa de 60.000 euros, cuya ejecución sí que ha quedado en suspenso de forma cautelar.
Para justificar su negativa a la paralización de la orden de cierre, la magistrada afirmó en su escrito que el interés público y la protección del medio ambiente «deben prevalecer» por encima de los posibles daños o perjuicios que se le puedan ocasionar al Ayuntamiento por el cese de la actividad. Además, recalca que Litosa tiene «otras alternativas, aunque más costosas, para no dejar de prestar el servicio», en referencia a la planta de tratamiento de Casares, gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental y a donde llega toda la basura que se genera desde Manilva hasta Benalmádena (a excepción de Mijas, que tiene su propio vertedero)
Pulso municipal
En el Ayuntamiento nunca se han mostrado dispuestos a ceder un ápice -aunque a raíz del dictamen judicial puede cambiar su actitud- y mantienen el pulso defendiendo la legalidad del basurero y agarrándose a unos estudios en los que, según apuntan, se descarta cualquier efecto sobre los acuíferos. Además, en el equipo de gobierno del PP acusan al Gobierno regional de pretender con esta actuación que los residuos sólidos sean enviados a Casares.
Una posibilidad que el Consistorio ni siquiera se plantea bajo el argumento de que el incremento de los costes derivados del transporte de las 60.000 toneladas de residuos que se producen al año (desde Torremolinos hasta el complejo medioambiental hay 96 kilómetros) tendría una repercusión directa en el recibo de la basura. Así pues, la única alternativa que están abiertos a escuchar es la construcción de una nueva planta más cercana al municipio.





* SUR - 16.08.10
Foto: Alcalde de Torremolinos, P. Montes - diariosur.es

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Playa Urbanista - Forges



Viñeta de Forges, playa urbanista - elpais.com 20100816


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Los planes urbanísticos en Ibiza doblarán la población

DIARIODEIBIZA* : Los planes urbanísticos de los municipios de Ibiza prevén un techo de población total de la isla de 261.699 habitantes, más del doble que la población existente a 1 de enero 2009 (126.902), según recoge el informe de evaluación ambiental que acompaña el Plan Territorial de Ibiza (PTE). Los nuevos planeamientos reducen sus previsiones de crecimiento con respecto a los anteriores. Es el caso de Vila, el único municipio que ya ha aprobado de forma definitiva (en agosto de 2009) su nueva normativa, que reduce su techo de población de 117.056 a 98.449 habitantes.

Esta cifra es la capacidad máxima teórica, ya que, en la práctica, «la nueva ordenación de la ciudad se considera apta para un 50 por ciento más de la población con respecto a la situación actual; es decir, cuando se lleguen a los 70.000 habitantes de derecho se deberá proceder a su revisión». La población de Vila a 1 de enero de 2009 es de 48.684 habitantes. En los últimos cinco años el crecimiento de la población municipal se sitúa en un 13,7%, por debajo del incremento de la media insular (14,2%).

Sant Antoni, con una población de 21.852 habitantes y un aumento en el último lustro del 14,8%, prevé un máximo de capacidad residencial en su normativa en vigor de 41.005 habitantes. Este municipio es el que tiene más retrasada la tramitación de la revisión de su plan urbanístico. En cuanto a Sant Josep, con una población de 22.171 habitantes (el crecimiento de los últimos cinco años fue del 15,9%), el techo de población del nuevo planeamiento en suelo urbano es de 50.079 habitantes, a lo que se debería sumar la población diseminada.

Santa Eulària cifra la capacidad máxima de residencia de su nueva ordenación urbanística en 61.911 habitantes, cuando la población a 1 de enero de 2009 era de 31.314 habitantes, un 13,6% más que cinco años atrás. Por último Sant Joan, con una población de 4.830 habitantes (13% más desde 2004), prevé en la revisión de su normativa urbanística un techo de población de 10.255 habitantes, cuando en el PGOU actualmente en vigor lo fijaba en 21.806 sin contar con la población diseminada.

Incremento estival a considerar

El informe ambiental del PTE puntualiza que la carga demográfica real que soportan algunos municipios a lo largo del año es muy diferente a la que muestran los datos del censo y el padrón debido al movimiento turístico de los meses de verano y el incremento de población como consecuencia del aumento de la oferta laboral.

La evaluación ambiental del PTE señala que con la aplicación de la nueva norma territorial se reduce el techo de población en 4.100 habitantes. Esta cifra se extrae de la desclasificación del sector 4.22 de Cala Tarida (105 habitantes), el sector 5.4 de Punta Pedrera (477 habitantes), Benirràs (834 habitantes) y Roca Llisa (4.329 habitantes). En este último caso se reduce una cantidad inferior ya que la desclasificación de esta zona afecta a una tercera parte no consolidada de su superficie. El informe ambiental concluye que, en términos absolutos, esta reducción resulta «poco significativa» en comparación con las cifras que manejan los ayuntamientos. Salvo el sector de Cata Tarida, que el PTE desclasifica ahora directamente, el resto de zonas quedaron ´blindadas´ con la ley 4/2008 de medidas urgentes de protección del territorio.





* Diario de Ibiza - 16.08.10
Foto: Parte del municipio de Vila, con el hospital Can Misses en primer plano, y la central eléctrica.- diariodeibiza.es

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Santa Cruz.- Puertos reclama la suspensión del PGO

LAOPINIÓN/Tenerife* : La Autoridad Portuaria ha elaborado un contundente informe en el trámite final del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz en el que considera que el documento introduce "determinaciones en la zona de servicio que suponen graves interferencias y perturbaciones" en la explotación portuaria. El organismo estatal llega a informar desfavorablemente sobre el Plan General al considerar que su contenido "vulnera la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante". El informe fue presentado ante la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en el pasado mes de abril a requerimiento del ejecutivo autónomo.

Por todo ello, el organismo estatal llega a solicitar la suspensión parcial de la aprobación definitiva del PGO, al menos, "en todo aquello que afecte a la zona de servicio del puerto". En este informe suscrito por el presidente del organismo, Pedro Rodríguez Zaragoza, se indica que las determinaciones sobre el sistema general viario previsto en el PGO, "afectan gravemente a los espacios destinados a usos portuarias y a la actividad portuaria, implicando por tanto, una clara interferencia y grave perturbación en el ejercicio de la explotación portuaria".

Hace un año, después de que el PGO saliera a información pública la Autoridad Portuaria elaboró otro informe en el que curiosamente se mostraban favorable hacia el Plan General aunque este parecer estaba "condicionado" a diversos aspectos. Entre ellos, al que las previsiones del PGO fueran tan sólo indicativas y que sin embargo las del Plan Especial de Puerto (PEP) fueran vinculantes.

Sistema viario

Por su parte, el PGO establece ahora como determinantes las previsiones del sistema viario, las dotaciones de usos generales y los usos y actividades no definidas como estrictamente portuarios. Este carácter obligatorio del Plan General incluso se extendía a áreas destinadas a servicios portuarios o usos mixtos.

Puertos ha alegado ahora que estas previsiones implican una interferencia y pueden perturbar el ejercicio de la explotación portuaria, toda vez que el análisis de la compatibilidad de estas actividades con la explotación portuaria le corresponde a la Autoridad Portuaria. El organismo estatal pone especialmente en solfa a la localización del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife, en el litoral de Valleseco, cuya actividad requiere del uso de las aguas del puerto de Santa Cruz. Una ubicación que la Autoridad Portuaria por criterios de explotación no considera adecuada. Puertos arremete también con el retraso para aprobar la revisión del PEP. Un documento que es básico para desarrollar la actividad portuaria pero que en la actualidad se encuentra paralizado sin que nadie sepa dar explicaciones al respecto. "Por ello no cabe ya flexibilidad interpretativa alguna respecto a la posibilidad de que el contenido del documento relativo al PGO enviado a esta Autoridad Portuaria, pueda contener determinaciones que afecten al ámbito portuario, aún en aquellas zonas de usos no portuarios".

El organismo estatal considera que las determinaciones relativas a sistemas dotaciones y a los usos y actividades no definidas como sistemas portuarios aún las que estén previstas en zonas de uso no estrictamente portuario compatible con la actividad portuaria, "suponen una interferencia y pueden perturbar el ejercicio de la actividad portuaria, toda vez que el análisis de la compatibilidad de estas actividades con la explotación portuaria le corresponde a la Autoridad Portuaria". El contenido y contundencia de este documento supone una sorpresa y trae consigo la sensación de que se han roto las buenas relaciones que hasta ahora existían entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El informe implica el posicionamiento más fuerte contra el controvertido Plan General de Santa Cruz.

La Autoridad Portuaria hasta ahora siempre había condicionado su apoyo al planeamiento a que se modificaran diversos aspectos concretos de este documento Así lo hizo constar en la última ocasión que el documento salió a información pública, hace justo ahora un año.

La revisión del se retrasa dos años

La revisión del Plan Especial del Puerto (PEP) de Santa Cruz parece haberse quedado definitivamente guardada en algún remoto cajón de la Gerencia de Urbanismo. Desde hace ya dos años y cada cierto tiempo se avisa que el documento saldrá a información pública pero no ocurre así sin que nadie sepa a ciencia cierta por qué. En realidad se desconoce la razón por la que el PEP tiene que ser revisado tres años después de su aprobación en el Ayuntamiento. En el informe elaborado por la Autoridad Portuaria sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz se deja entrever que tal vez con este retraso se busca "una flexibilidad interpretativa" a la hora de ordenar los espacios portuarios de Santa Cruz.
Puertos parece tener muy claro que el PGO no puede inmiscuirse en la labor del puerto de la capital y así lo plasma de manera meridianamente clara en el informe presentado ante la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El PEP es el documento en el que se marca la ordenación urbanística del puerto. En el mismo se recogen las inversiones en los años próximos. Se indica que hasta el presente ejercicio el mayor esfuerzo inversor se dirige al Dique del Este donde estaba previsto gastar hasta 40 millones de euros. Otras actuaciones son la construcción de vías o canalización de barrancos, pero eso sí, las que Puertos diga en cada momento.





* La Opinión Tenerife - 16.07.10
Foto: Santa Cruz Tenerife, puerto y vista - tenerifefilmorchestra.com

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«Hay una obsesión por apropiarse de las competencias urbanísticas»

LNE/Oviedo* : En su alegación al plan territorial de espacios libres del área central el Ayuntamiento de Oviedo llega a acusar al Principado de Asturias de intentar «construir una nueva organización administrativa» cuyo objetivo es, según el concejal Alberto Mortera, apropiarse de las competencias urbanísticas municipales. «La voluntad de construir una nueva organización administrativa que atribuya las competencias reales sobre el urbanismo en Asturias al Ejecutivo autonómico resulta obsesiva en todo el documento», argumenta el concejal.

En concreto, el edil ovetense se refiere a la propuesta de «creación de un departamento dentro de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda» y a la puesta en marcha de una comisión que se encargue de planificar y desarrollar la red de espacios públicos. Para el Ayuntamiento, la creación de estos organismos supone «avanzar en la línea opuesta a la oportuna», ya que se incrementaría el número de cargos públicos «en un momento de contracción de recursos».

El Ayuntamiento asegura que los espacios naturales gozan de una buena protección en Asturias y argumenta que muchas de las iniciativas para su conservación y su puesta en valor han partido de los propios ayuntamientos. Por ello, plantea que «para mejorar y completar la red de espacios libres del área central» se modernice el actual PORNA en vez de aprobar un nuevo documento.




* La Nueva España - 16.08.10
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org

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El juez suspende el cobro de nuevas cuotas a los dueños del PAI anulado de Almenara

LEVANTE/Castelló* : El juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Castelló ha suspendido de forma cautelar el cobro de nuevas cuotas de urbanización a los propietarios de parcelas en el PAI Sector Playa de Almenara, anulado por el Tribunal Supremo tras entender que creaba un efecto de "pantalla arquitectónica" en primera línea de costa. La decisión judicial paraliza el cobro de los recibos que la empresa urbanizadora Afirma Grupo Inmobiliario SA ya había empezado a presentar a los propietarios de parcelas el pasado mes de julio por la retasación de los costes del proyecto. Los propietarios contaban con un plazo de 30 días para abonar las cantidades adeudadas, sino, podían ser embargados.

El magistrado del juzgado castellonense acordó esta medida cautelar en un auto firmado el pasado 13 de julio después de aceptar la petición presentada por un grupo de propietarios, los mismos que llevaron ante el Tribunal Supremo el proyecto urbanístico y que han conseguido que se declare nulo por prever más volumen de edificabilidad de la media prevista en el municipio. En el auto, el magistrado recoge que "consecuentemente, declarada la nulidad del Plan Parcial y del PAI del Sector Playa de Almenara, ello supone, en aplicación de la precitada doctrina jurisprudencial, motivación suficiente para la adopción de la medida cautelar" solicitada por los propietarios.
El abogado de los propietarios, José Luis Ramos, ya advirtió que esta suspensión del pago de las nuevas cuotas sería la primera de las consecuencias visibles del acuerdo del Supremo sobre el sector playa de Almenara. Las facturas se habían emitido para asumir el sobrecoste que había tenido la urbanización con respecto al presupuesto inicial al no haberse contado con obras como la construcción de una depuradora para atender el aumento de demanda, la mejora del proyecto para evitar inundaciones o la necesidad de reponer un transformador eléctrico. La retasación de las cargas, que se acerca al 20% del presupuesto inicial también ha sido recurrida en los tribunales por parte de los propietarios afectados por el PAI al entender que estas obras debían de haberse previsto inicialmente en el proyecto.
El Ayuntamiento de Almenara tiene ahora la pelota en su tejado para intentar enmendar el "exceso" de edificabilidad aprobando un nuevo planeamiento para la zona y acatar así el fallo del Tribunal Supremo. De hecho, el Alto Tribunal ha vuelto a ratificarse en su sentencia en un auto dictado a finales de julio en el que desestima las pretensiones del agente urbanizador de declarar nula la resolución que dejaba sin efecto el PAI.

No hubo indefensión
La empresa Afirma Grupo Inmobiliario SA solicitó ante el Supremo un incidente de nulidad del fallo alegando indefensión en el proceso ya que no habían sido parte al haber llegado a convertirse en agente urbanizador después de una primera cesión y de una fusión por absorción posterior.
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza su petición asegurando que no tienen constancia de la fecha en que Almenamar SL, el primer agente urbanizador, "conoció la existencia del recurso pero es indudable que ya conocía la sentencia dictada en ese proceso cuando en el año 2006 presentó aquellos escritos de alegaciones ante el juzgado de lo contencioso nº2 de Castelló. Siendo ello así, no es de recibo que sea ahora, cuatro años más tarde, al producirse la sentencia de este Tribunal Supremo que casa y anula aquella sentencia de instancia, cuando Afirma Grupo Inmobiliario SA (absorbente de Almenamar SL) se decide a comparecer alegando la indefensión que se la ha causado".





* Levante-emv - 15.08.10
Foto: Una de las promociones de viviendas del PAI Sector Playa casi terminada.- levante-emv

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S.Pedro Sula.- Ciudad crece, pero sin permisos de construcción

LAPRENSA/Honduras* : La industria de la construcción en lo que va del año no ha reportado mejoría. Según estadísticas de la unidad de Control Urbano de la Alcaldía sampedrana, el trámite de permisos para grandes y pequeñas edificaciones ha bajado 40% en relación con 2009. Este descenso representa para la Alcaldía dejar de percibir medio millón de lempiras mensuales, porque el año pasado entraban en las arcas municipales alrededor de 1,700,000 lempiras mensuales y en 2010 solamente ingresa 1,200,000.

El año pasado también se reportó una baja de 23% en las solicitudes de permisos de construcción en relación con 2008.

Los ingresos económicos de la Municipalidad a través de esta dependencia son por servicios como pago de planos y solicitudes, permisos para roturas de vías públicas, factibilidad de usos de suelos, ingresos por urbanismo, directrices y multas.

Esta situación acarrea un problema mayor porque quienes sí planean hacer alguna construcción prefieren iniciarla sin permisos en vez de perder tiempo en el engorroso trámite en la oficina municipal.

Urbanizaciones ilegales

En una inspección de la unidad de Urbanismo en mayo se comprobó que en la ciudad hay aproximadamente 180 urbanizaciones que no contaban con permiso de operación.

En su mayoría, el problema se detectó en lotificadoras y residenciales en los sectores de mayor poder adquisitivo de San Pedro Sula.

El director de Urbanismo, Carlos Alvarado, justificó que la lentitud en el trámite de los permisos de construcción no es directamente responsabilidad de la Alcaldía, sino de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, que le debe extender una autorización al solicitante.

El funcionario señaló que el proceso que le corresponde a la unidad de Control de Urbano para extender un permiso de construcción es rápido.

“Una vez que el solicitante nos presenta los planos y documentos en orden, en unos cinco o diez días se le extiende el permiso de construcción. El atraso es de la Serna, que tarda hasta un año en proporcionar la licencia ambiental. Sin ese documento no podemos proporcionarle a la persona el permiso de operación”, explicó.

La licencia de la Secretaría de Recursos Naturales es solamente para construcciones de más de 2,000 metros cuadrados.

Alvarado recalcó que un buen porcentaje de inversionistas, al no obtener el permiso de construcción, están obligados a hacer sus proyectos sin autorización, violentando la ley.

“El proyectista hace sus urbanizaciones de acuerdo con las directrices que se le han dado. Al no poseer la licencia ambiental, empieza la obra y al finalizarla prefiere pagar la multa por no tener el permiso de operación”, señaló.

Alvarado comentó que para dar un permiso de construcción en grandes edificaciones primero le dan la autorización de uso de suelo extendida en dos días y después le otorgan las directrices. Con esas disposiciones, el inversionista elabora los planos y los presenta a la Municipalidad.

Zonas ilegales

El funcionario reconoció que no han hecho controles. Los sectores noroeste y noreste registran mayor número de construcciones ilegales.

“Irónicamente son los sectores de mayor poder adquisitivo y donde se reporta más desarrollo en proyectos habitacionales”, dijo.

Recalcó que definitivamente las solicitudes de permisos de operación han bajado 40% porque la construcción reporta un descenso por la situación económica.

La unidad de Control Urbano en 2009 revisaba al mes un promedio de cien planos de obras mayores y este año sólo ve unos 60.
“La Alcaldía deja de percibir alrededor de 500,000 lempiras al mes debido al paro que ha tenido la industria de la construcción, ya que no hay solicitudes de permisos de construcción”, indicó.

Alvarado agregó que la falta de controles se debe a que carecen de logística.

“Solamente tenemos un vehículo para las supervisiones. La unidad como mínimo debería tener cinco carros, uno para cada sector de la ciudad. Sencillamente, la carencia se debe a la falta de fondos de la Alcaldía”.

El comisionado de Urbanismo y regidor Aníbal Kelly reveló que la Municipalidad deja de percibir más de 100 millones de lempiras por permiso de construcción. “Se han detectado varias urbanizadoras que están edificando sin autorización y además cancelan sus impuestos como solares baldíos”, explicó.

El corporativo señaló que han instruido a la unidad de Catastro y Urbanismo para que haga una auditoría en proyectos habitacionales desarrollados en los últimos años en la ciudad.

Para el regidor, la mayoría de los proyectos se han ejecutado sin permiso por la falta de agilidad y por negligencia municipal.





* La Prensa Honduras - 14.08.10
Foto: San Pedro Sula (Honduras) - aprobana.org

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Tres años de hecatombe inmobiliaria

ELPAÍS* : La venta de viviendas en España ha empezado a crecer tímidamente y con altibajos en 2010, tras más de dos años de permanente caída, según datos hechos públicos esta semana por el INE, y el número de insolvencias se ha reducido un 14% en el segundo trimestre, aunque uno de cada tres concursos de acreedores sigue estando vinculado al inmobiliario. Magro consuelo, en cualquier caso, en el tercer aniversario de una crisis que en este sector se ha llevado ya por delante cientos de promotoras y cientos de miles de puestos de trabajo, que ha puesto en peligro y ha obligado a reestructurar una parte importante del sector financiero español, y que ha reducido a menos de una cuarta parte el valor, la capitalización, de las inmobiliarias cotizadas entre el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2010.

La depreciación de la vivienda se ha acelerado además en julio, tras entrar en vigor el alza del IVA aprobada por el Gobierno, con una caída interanual del precio de los pisos del 4,3%, según el índice Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa). El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sus efectos, no han concluido y, según el Servicio de Estudios del Banco de España, seguirán lastrando el crecimiento hasta medidos de 2011. El organismo supervisor estima que la crisis inmobiliaria restará un 5,4% del PIB total respecto al nivel al que llegó en 2007 (ese año, la inversión residencial alcanzó un umbral sin parangón en Europa, el 7,5% del PIB, y en 2011 apenas llegará al 4%).

Se prevé, además, según información recogida este miércoles por el diario Cinco Días, avalada por expertos y basada en datos del Ministerio de Fomento, que este año se construyan en España "menos de 100.000 casas, la octava parte que en 2006".

Precisamente en ese año, previo al inicio de la transformación en pandemia de la crisis estadounidense de las hipotecas basura en agosto de 2007 y al estallido de la burbuja doméstica, el sector del ladrillo fue una fiesta. Dinero barato y operaciones apalancadas, financiadas con deuda, colocaron a varias inmobiliarias, como Metrovacesa o Colonial, a la cabeza de su sector en Europa, y a sus atrevidos empresarios, en las glamurosas listas de los más ricos del año. En 2006, 12 de las 35 mayores operaciones corporativas de financiación en Europa las protagonizaron inmobiliarias españolas. Adquisiciones y fusiones y salidas a Bolsa, se sucedieron y cambiaron el mapa del sector.

Así, y solo a modo de recordatorio y de forma sucinta, en abril de ese año salió a Bolsa la inmobiliaria catalana Renta Corporación; en mayo, la vallisoletana Parquesol y la valenciana Astroc (que unos meses después, en octubre, compraría el 60% de la inmobiliaria del Grupo Rayet por 449,5 millones y Landscape, inmobiliaria del Banco Sabadell, por cerca de 1.000 millones), y en julio salió al parqué Riofisa (adquirida en 2007 por Colonial).

También en 2006 Metrovacesa, la primera inmobiliaria española, amén de refinanciar un crédito de 3.200 millones suscrito un año antes para adquirir la francesa Gecina, se convirtió en escenario de una pugna entre la familia Sanahuja y Joaquín Rivero (presidente de la compañía) y Bautista Soler, con un cruce de OPA incluido, para hacerse con el control efectivo de la misma.

Al guateque de 2006 se sumó también San José, la octava constructora, que se hizo en julio con el control de la ya citada Parquesol mediante una OPA pactada con la familia Fernández-Fermoselle, que tras la salida a Bolsa controlaba el 50,77% de su capital. Ferrovial cedió también en ese ejercicio su división inmobiliaria a la catalana Habitat por un importe de 2.200 millones de euros.

El fin de fiesta corrió a cargo de Luis Portillo, Rafael Santamaría y Fernando Martín. El primero, a través de Inmocaral, tomó las riendas de Colonial mediante una OPA pactada con su socio de control, La Caixa, valorada en 3.761 millones de euros. El segundo, en una operación similar acordada con Banesto, socio de referencia, se hizo con Urbis a través de una OPA de 3.317 millones lanzada por su inmobiliaria Reyal. Y el tercero promovió a través de la firma que presidía, Martinsa, una OPA amistosa por el 100% de Fadesa, valorada en 4.045 millones.

¿Qué ha sido de tales bodas y fastos? ¿Quién se ha hecho cargo de la factura del guateque? Valga recordar que, amén del desplome generalizado de los resultados empresariales y de las valoraciones en Bolsa de las promotoras a causa del estallido de la burbuja, algunas de ellas se han visto incursas en procesos concursales, las antiguas suspensiones de pagos, como es el caso de Martinsa-Fadesa (la mayor bancarrota de la historia, con más de 3.500 millones de euros impagados), Habitat (que en abril superó el proceso), Nozar (la sociedad con la que la familia Nozaleda participó en buena parte de las operaciones de 2006) o Sacresa (la inmobiliaria utilizada en su día por los Sanahuja para defenestrar a Rivero de la presidencia de Metrovacesa).

Muchas de las citadas inmobiliarias han cambiado en los últimos tres años de manos -es el caso de Rayet, por ejemplo, que tuvo que hacerse cargo de Astroc, la empresa que en su día la había adquirido, y lucha aún por mantenerse a flote bautizada como Afirma primero y como Quabit después- o se han visto obligadas a canjear deuda por acciones y dar entrada a los bancos acreedores en su capital y a veces en su gestión, como son los casos de Colonial, Metrovacesa o Reyal.

Ejecutivos estrella de aquellos días de vino y rosas han acabado en los juzgados por demandas y reclamaciones judiciales. Así, Luis Portillo y Mariano Miguel Velasco han sido demandados por Colonial por la compra en su día de Riofisa. La última junta de accionistas de Metrovacesa, celebrada hace unas semanas, ha acordado estudiar la presentación de demandas judiciales contra el ex presidente de la inmobiliaria Joaquín Rivero y contra Román Sanahuja. Accionistas de Astroc demandaron a su ex presidente Enrique Bañuelos. Y la familia Rodés, propietaria de Media Planning, y el dueño de Mango, Isak Andic, reclaman en el juzgado a Habitat y a sus accionistas de referencia -la familia Figueras y José Suñol- que les devuelvan su inversión en la inmobiliaria en la ampliación de capital de 2007. Algunos de aquellos ejecutivos se han quitado también de en medio: Bañuelos ha repetido jugada en Brasil y ha levantado un gran grupo inmobiliario, y Portillo se ha replegado a sus negocios agroalimentarios en Andalucía.

Todas las inmobiliarias se han desprendido de activos, en la medida que han podido en la coyuntura actual, para reducir su endeudamiento y para poder mantener su actividad con el grifo del crédito cerrado a cal y canto.

No ha sido suficiente. Las nueve principales compañías cotizadas (Metrovacesa, Renta Corporación, Quabit, Colonial, Fadesa, Reyal Urbis, Realia, Testa y Vallehermoso) sumaban un endeudamiento neto conjunto de 28.424,15 millones de euros al cierre del primer trimestre de este año. Metrovacesa se situaba como la inmobiliaria con mayor deuda, con 5.786,5 millones pendientes de refinanciación. Tras ella aparece Martinsa-Fadesa, con un pasivo financiero de 5.737 millones, aunque la deuda total con la que se declaró en concurso ascendió a unos 7.000 millones. Y en tercer lugar se situaba Reyal Urbis, que firmó en el último momento, a mediados de mayo, un acuerdo con 50 bancos y cajas acreedoras para la refinanciación de su deuda de 4.600 millones de euros, con el que la inmobiliaria evitó el riesgo de concurso. Después se situó Colonial, con un pasivo de 4.252 millones (el 29 de junio cerró un nuevo canje de deuda por acciones por importe de 1.804 millones). En ese mismo primer trimestre, Testa, filial de patrimonio de Sacyr, tenía 2.645 millones de deuda, y la promotora del mismo grupo, Vallehermoso, 1.693 millones de euros (este mes de agosto ha refinanciado 1.430 millones). La deuda de Realia alcanzó los 2.227 millones entonces; la de Afirma, los 1.480, y la de Renta Corporación, los 285,8 millones.

Son deudas de las mayores inmobiliarias, cuantiosas, pero porcentualmente limitadas en relación con las totales de su sector. Constructoras y promotoras, según desveló en marzo en la Asociación Hipotecaria Española el director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, adeudan a bancos, cajas y cooperativas casi medio billón de euros (445.000 millones, exactamente, que es una exposición excesiva de las entidades financieras en un sector con una prima de riesgo muy elevada). La tasa de dudosos de esa cartera se eleva al 9,6%, lo que significa que hay 42.720 millones de créditos impagados. Y 62.300 millones (un 14%) son préstamos subestándar, es decir, financiación al corriente de pagos, pero con riesgo de entrar en mora y degenerar en pérdidas.

La banca ha sido cómplice primero y víctima ahora de los excesos inmobiliarios. Las entidades financieras no han tenido más remedio que incorporar a su balance una gran cantidad de inmuebles, procedentes tanto de particulares como de compañías promotoras, y, con motivo de la presentación de los resultados de 2009, casi la totalidad de las entidades ha realizado provisiones para cubrir su exposición al sector. Los inmuebles no son el negocio de la banca y lastran sus balances, pero no han tenido más remedio que poner en marcha sus propias promotoras o encargar a terceros distintas estrategias comerciales para poder deshacerse de estos activos aunque sea a precios poco atractivos. De la dimensión del problema da idea el parque de viviendas a la espera de comprador que tenían las cajas de ahorros al concluir el pasado ejercicio, 137.000 inmuebles, según datos hechos públicos en mayo por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La consultora CB Richard Ellis, por su parte, calcula que a finales de este año la banca española tendrá en balance activos inmobiliarios por valor de 100.000 millones de euros.

Para afrontar la delicada situación, el Banco de España exigirá a partir de octubre a bancos y cajas provisiones hasta el 30% del valor de los inmuebles con los que se queden como pago de deudas de sus clientes, si han transcurrido más de 24 meses desde que los adquirieron. Una mayor provisión que, junto a otras nuevas exigencias, hará que el resultado de las entidades antes de impuestos se reduzca cerca de un 10%, según reconoció el banco emisor a finales de mayo.

Otros damnificados por los excesos de la burbuja son el empleo (el inmobiliario, en gran medida, situó por debajo del 8% la tasa de paro en 2007 y la sitúa hoy por encima del 20%) y las arcas públicas (la actividad inmobiliaria catapultó los ingresos públicos al 41% del PIB en 2007 y el año pasado apenas equivalió al 34%).





* El País - 15.08.10
Foto: Grúas de construcción en Barcelona vistas desde el Palau San Jordi de Montjuïc - elpais.com

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La otra 'batalla' de Trafalgar

DIARIODECÁDIZ* : Son 300.000 metros cuadrados. Limitan con un camping a un lado y con el antiguo núcleo de Zahora al otro. Muy cerca está un colegio rural con un aula prefabricada adosada impropia de la enseñanza pública española en 2010. Esos 300.000 metros cuadrados son el centro de una batalla que casi ha alcanzado la década en un lugar que ya no es el que era entonces... ni la economía es lo que era entonces. Esos 300.000 metros cuadrados, ocho años después, con el fondo del faro de Trafalgar, ya están listos para digerir ladrillos, para sostener hoteles. Pero ahora los ladrillos y los hoteles no tienen prisa.

Cuando en 2002 una de la principales cadenas de touroperadores de Europa, la alemana Tui, se fijó en este enclave para instalar uno de sus proyectos conocidos como Club Robinson, hoteles de lujo alejados del concepto 'gran resort', con cierto tinte aventurero, Los Caños ya tenía gran popularidad. La Guardia Civil organizaba batidas para combatir las acampadas ilegales y todo apuntaba a que era algo que se empezaba a ir de las manos a su alejado municipio, Barbate, sin capacidad para ordenar ese territorio ni dar los servicios necesarios. La opción Tui, a la que posteriormente se unió la cadena Hipotels, parecía ser un balón de oxígeno, con una apuesta de 600 camas que supondrían 300 empleos para un pueblo en el que la pesca se ha vuelto residual y cuya posición, rodeada del mar, el parque natural de La Breña y terrenos militares hacen imposible su expansión. Desde 2002 hasta ahora, la situación económica de Barbate no ha hecho sino empeorar, pero a principios de la década eran años de bonanza y todos pensaban que tenían derecho al reparto del gran pastel. Ahí empezó una larguísima tramitación urbanística sobre esos terrenos.

Los 300.000 metros cuadrados son propiedad de la familia Castro, muy conocida en Barbate y Vejer. En la actualidad son diez hermanos que cuentan con un preacuerdo de venta pendiente de ejecutar dependiendo de las plusvalías que generaran los futuros hoteles. La portavocía de la familia está a cargo de Patricio Castro, agricultor, con el que este medio no pudo contactar para conocer el estado de las conversaciones. Esta negociación ha sido uno de los grandes obstáculos para que, desde que en 2006 la Junta hiciera urbanizables los terrenos poniendo una serie de peros, Barbate haya podido entregar el documento que aprobó definitivamente Obras Públicas a finales de julio. En él, Barbate garantiza que nunca se permitirán apartamentos, que los hoteles no generarán el efecto pantalla, permitiendo la visión del faro desde la carretera, y que sólo se edificara un 0,15% del terreno total, es decir, 45.000 metros cuadrados, dejando el 60% para espacios libres.

Pablo Lorenzo, delegado de Obras Públicas, justifica estas restricciones apelando a que se trata de una zona muy sensible del litoral. "Era imprescindible que el desarrollo económico en esa zona, que nosotros deseamos, fuera compatible con el uso público y la conservación de un espacio privilegiado como es el tómbolo".

Pese a ello, a las asociaciones de vecinos de Zahora y Caños esta protección no les dice nada: "Van a construir hoteles en terrenos de alto valor ecológico. Allí disfrutarán de de los servicios básicos de agua y saneamiento, mientras los vecinos seguiremos sin ellos", afirma José Antonio Mármol, portavoz de estas asociaciones.

Pero no está tan clara esta predicción. A Hipotels hace tiempo que no le salieron las cuentas -la Junta redujo en un principio hasta 37.000 metros edificables los 145.000 metros iniciales- y se retiró del proyecto destinando la inversión, unos 60 millones de euros, a un hotel en Conil, en el que no tendrían que sortear tantos obstáculos, y otro en México. De hecho, según el Ayuntamiento de Barbate, ha vendido su opción a otra cadena hotelera, cuyo nombre no se ha querido desvelar. Tui sigue presente, pero sus responsables ya han explicado a la familia Castro y al propio Ayuntamiento que sus expectativas no son las de antes, ni tampoco el momento económico. Así lo llegó a manifestar el responsable regional del Club Robinson en España, Monti Galmés: "Nuestro interés no pueder ser el mismo que hace cinco años". En una entrevista en la revista This is money, uno de los principales ejecutivos de Tui, Peter Long, afirmaba, tras señalar que el operador tiene los mismos ingresos, pero no los mismos beneficios, que "estamos en una industria en permanente cambio, lo que valía antes no vale ahora".

Esto puede ser extrapolable, o no, al caso de Trafalgar, pero el alcalde de Barbate, Rafael Quirós, espera que el proyecto hotelero arranque de una vez. El asunto de los hoteles de Trafalgar, de hecho, exaspera a Quirós. Está al frente de un municipio al borde de la ruina rodeado de la riqueza de sus vecinos, que estrujan sus posibilidades turísticas. El no puede. Mientras otros municipios alardean de sus plazas hoteleras, Barbate, con algunos de los lugares más célebres de la provincia en su término municipal, tiene muchas menos plazas de las que podría absorber. El turismo se asienta en los camping o en las decenas de chalés de alquiler construidos durante estos años sin control. Lleva toda la legislatura peleando por lograr esos 300 empleos y por tener recursos para ordenar una zona tremendamente desordenada. "Nosotros nos vamos a poner a trabajar en cuanto la resolución de la delegación aparezca en el BOJA. Hay mucho trabajo que hacer y mucho tiempo que recuperar. Es necesario el nuevo colegio de Zahora, que dependía de esta aprobación, hay que ordenar ese territorio, ofrecer servicios, dignificar los accesos..." Sobre la disputa entre inversores y propietarios, se limita a decir que hay un contrato, que espera que se cumpla cuanto antes y desliza que hay opciones para que no se paralice durante más tiempo el desarrollo económico de esa zona. Sobrevuelan conceptos como junta de compensación o expropiación. "Voy a poner a trabajar ya a mi gente".

"Lo que tienen que hacer para que el turismo de calidad funcione es limpiar toda esa mierda que hay en Caños", dice un promotor turístico que prohíbe utilizar su nombre. ¿A qué se refiere? Junto al bar Las Dunas, un establecimiento legendario en el tómbolo de Trafalgar, una joven vende pantalones Aladin. Pantalones para 'perroflautas', en denominación de los 90, cuando Los Caños se hizo popular en Madrid con el boca a boca y el aterrizaje en la cercana Zahara de unos cuantos famosos. La chica que vende los pantalones los encarga a Kenia, donde se los hacen a su gusto, y se indigna ante el desdén con el que el sector turístico tradicional habla de los 'hippies' que descubrieron la playa: "Esta gente fue la que descubrió esto, la que hizo de esto un turismo diferente". Las Dunas es un bar cuyo monarca es un cocodrilo de madera labrada. Los perros tienen cara de personas bondadosas y corretean descalzos niños muy rubios por su amplio jardín. El gorrilla del aparcamiento te cobra cuatro euros por meter allí el coche, un euro por el parking y tres de consumición en el bar. El parking está atestado en este jueves de agosto, igual que todos los accesos a la playa por pequeños caminitos a Trafalgar o a la cercana playa de Zahora, a la que se llega tras sortear un laberinto de chalés. Es milagroso que no se produzca en días como hoy el 'colapso perfecto'. En la playa se mezcla sobre las cuatro de la tarde un turismo tradicional de pala y rastrillo con jóvenes que empiezan a despertar de la larga noche veraniega. Gran animación: en un centenar de metros de playa hay casi tantos chiringuitos como en tres kilómetros de la playa Victoria.

A un par de kilómetros de este bullicio, el encargado de la venta Piñero, situada entre El Palmar y Zahora, observa con escepticismo los movimientos del proyecto de los hoteles. Como tantos otros, vive en invierno en Vejer y en estas fechas se traslada a hacer el verano a Caños. "Ya veremos si se construyen, ahora la cosa está muy tiesa y, si los hacen, ya veremos si a la gente que contratan es de Barbate y de Vejer o se la traen de fuera, que no me extrañaría.Ya veremos".

Antonio Arcas, analista turístico y profesor de Economía de la UCA, considera que "ahora sólo podemos pelear en el mercado con calidad porque la competencia en precios ya nos la hacen destinos emergentes como Egipto o Turquía. Y tenemos que competir con lo que tenemos, donde zonas como Caños tienen un tirón por su belleza. Pero ahora un inversor sólo puede ver esa zona como guetto turístico al estilo de los que hay en Túnez porque las infraestructuras no son adecuadas y, poniendo los distintos costes de producción en una balanza, un promotor piensa si mete el dinero aquí o lo mete en el norte de África. Ahora mismo, desde luego, la tendencia del mercado, antes que invertir, es esperar".

Trafalgar ya no es virgen, incluso tiene 300.000 metros urbanizables. Otra cosa es que haya alguien que los vaya a urbanizar. Los vecinos no quieren hoteles, quieren servicios. Y Barbate no tiene para servicios sin hoteles.





* Diario de Cádiz - 15.08.10
Foto: Vista de los terrenos que han sido objeto de una larga tramitación urbanística. Al lado, el faro visto desde la playa de Zahora, con numerosos bañistas.- diariodecadiz.es

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Plataforma Antinuclear se manifestará contra la "ilegalidad urbanística" de la candidatura de Congosto

EUROPAPRESS/Palencia* : La Plataforma Antinuclear Norte de Palencia ha anunciado este viernes la convocatoria de una manifestación, el próximo 22 de agosto en Congosto de Valdavia, para denunciar la "ilegalidad urbanística" de su candidatura para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. El motivo de la ilegalidad, según la portavoz de la Plataforma, Josefina Fraile, reside en el artículo 100 de la normativa urbanística de la localidad, que regía "los usos prohibidos en sus terrenos" en materia de almacenaje de productos tóxicos o residuos nucleares; por ello, el lema de la manifestación será 'No me toques el artículo 100'.

La Plataforma se acoge a dicha normativa, cambiada con posterioridad el 17 de junio, que valoraría de "ilegal y fraudulenta" la candidatura de Congosto para albergar el ATC.

Con el cambio del artículo 100 "se abre la veda para todo lo que antes estaba prohibido" declaró Fraile, que explicó el desconocimiento de los vecinos sobre la candidatura hasta que ésta se hizo efectiva.

Además de la protesta del día 22, la Plataforma ha formado seis equipos que se encargarán de "buzonear" los pueblos vecinos con documentos explicativos de los problemas que generaría el emplazamiento del ATC.

"Esperamos lograr que la opinión pública responda contundentemente y hacer llegar antes del 28 de agosto tantas alegaciones como sea posible", expresó la portavoz con la esperanza de que el recurso extraordinario de revisión "pueda poner el reloj a cero y anular la candidatura".

GRANDES POSIBILIDADES DE CONGOSTO

Además la portavoz alertó de las grandes posibilidades de Congosto de Valdavia de ser elegida como la localidad que acogería el ATC debido a su ubicación. "La situación entre las colinas ocultaría las grandes chimeneas de cinco metros de diámetro", explicó.

"Estamos en el bombo a pesar de tener que estar descartados por ley, y si no se ha rechazado la candidatura como se tenía haber hecho es porque hay interés", comentó.

La portavoz también apuntó la importancia de la decisión del la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, ya que "la Junta está cualificada para proteger la montaña palentina".

La Plataforma quiere así proteger la Montaña Palentina y el "trabajo de 30 años de personas que han creído en la zona para convertirla en un destino turístico de interés".






* Europa Press - 13.08.10
Foto: Congosto (Palencia), protesta contra cementerio nuclear (archivo) - nortecastilla.es

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Tenerife.- Mucho más que barrancos

ÁLVARO MORALES* : Han servido de vivienda a guanches y canarios posteriores; han acogido agricultura, ganadería (cabras, ovejas?), arte en piedra, variada flora y fauna, y verdaderas perlas acuíferas, lo que ha hecho proliferar las instalaciones hidráulicas, como galerías, tuberías, depósitos? También han sido escenarios de catástrofes por imprevisión y egoísmo humano, al no ser limpiados, taponados con todo tipo de basura o servir de base para un alocado urbanismo, pero, al mismo tiempo, han enriquecido los mitos, leyendas (las escapadas y huidas en tiempos difíciles y de persecución?) y el consciente colectivo de una geografía social y natural, la isleña, muy compleja. Los barrancos son inherentes a estas Islas y Tenerife cuenta con infinidad de ellos, de muy distinto tipo, tamaño, complejidad y tesoros escondidos o explícitos.

Desde hace décadas, y más allá de las expediciones científicas europeas del XVIII en adelante, las excursiones por barrancos, del monte al mar o al revés, también se han convertido en una actividad cada vez más demandada y que ha originado el surgimiento de grupos, colectivos o empresas especializadas que diversifican la oferta turística y de ocio del Archipiélago.

Una de las primeras y más emblemáticas es la orotavense Patea Tus Montes, que lleva una veintena de años en esta actividad y en otras relacionadas. Aunque los 31 municipios tinerfeños cuentan con numerosos y variados barrancos, he aquí una selección de los más espectaculares y de las excursiones estelares de buena parte de esas empresas, según los criterios de la citada compañía.

Por su belleza singular, y aunque este periódico comprobó recientemente las dificultades que presenta en diversos tramos tras las fuertes lluvias del invierno, destaca el barranco de Afur, también conocido como Tamadite y ubicado en el Parque Rural de Anaga. Una auténtica reliquia de uso tradicional y conservación que, normalmente, cuenta con un fácil acceso de ida y vuelta hasta la costa, aunque en los últimos meses se ha visto deteriorando. Su recorrido es de una duración aproximada de tres horas y media para una persona normal. Según los especialistas, se trata de un barranco ideal para la familia, de 4 kilómetros de largo y con diversos charcos que, por lo menos los más cercanos a la costa, permiten chapuzones más que apetecibles tras la caminata o cuando se apresta uno a seguir con la vuelta.

Si el de Afur es conocido, quizás el más célebre en la Isla es, sin duda, el de Masca, en Buenavista y una de las numerosas joyas del Parque Rural de Teno. Es tan popular y sirve de reclamo turístico tan asentado, que, desde hace años, se oyen voces muy críticas por la falta de control en las visitas o porque el propio parque fomente las excursiones con un simple afán recaudatoria, según denuncian algunos vecinos del emblemático caserío.

Por lo demás, y al formar parte de una zona entrañable para los isleños, el barranco es una verdadera gozada que, en tan sólo 5 kilómetros, se acumula un desnivel de unos 600 que hace que, al final del recorrido, se acuse el cansancio incluso entre los montañeros, caminantes o senderistas más en forma y experimentados.

La meta es la no menos legendaria playa de Masca, que a veces ha originado noticias dramáticas, como la muerte de un joven realejero por la caída de piedras mientras acampaba, aunque, por lo general, la visita es obligada para alguien que se precie de conocer la Isla. Desde la playa, y aunque también se han oído voces críticas contra esta actividad, existe la opción de volver en barco hasta Los Gigantes (Santiago del Teide) y evitar la difícil subida. De hecho, la mayoría de los visitantes organizados optan por esta posibilidad, mientras que los caminantes con mayor trayectoria sí prefieren la vuelta a pie.

Como en otros casos, y como ocurre con los senderos forestales, se recomienda organizar bien la visita si se va por cuenta propia. Además, las empresas del subsector programan numerosas visitas y, por unos 30 euros, se puede disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos y bellos de canarias, también con la posibilidad en determinadas etapas del año de refrescar la senda con baños en los charcos.

Por supuesto, y aunque el síndrome de la playa de Los Guíos ha hecho que se cierre el acceso, en esta guía del barranco tinerfeño no puede faltar el del Infierno, en el citado municipio sureño. Pese a las medidas preventivas por posibles desprendimientos, y siempre bajo la responsabilidad de los que deciden seguir por el sendero, los caminantes pueden disfrutar de un lugar de grandes contrastes y con el premio final de una catarata que, si bien se prohibe el baño, hace las delicias visuales tras una subida de unas tres horas.

Amplia oferta de aventura

Si lo que le va es la aventura, el surtido de barrancos de la Isla es también muy amplio, aunque se necesita dominar técnicas como el rapel. Así, Tenerife ofrece cauces secos, con agua, altos, con vegetación y sin ella. Si los conocimientos sobre técnicas de descenso alpinos son nulos, las empresas y organismos públicos aconsejan no adentrarse en estas alternativas,. Si, en cambio, se posee experiencia, entidades como Patea Tus Montes le pueden acompañar con un mínimo de 6 participantes y le proporcionan todo el material necesario y homologado, entre el que destaca los obligatorios cascos.

En este caso, entre el amplio listado sobresale el barranco del Carrizal, también en el Parque de Teno. Para su descenso se necesita una autorización pública. Sólo se puede bajar en una determinada época del año y disfrutar de cascadas y charcos mediante saltos y rapel. Toda una experiencia que, los que la conocen y han gozado, definen como pirenaica.

Para los que desean iniciarse en el rapel, se halla el barranco de Los Arcos, de dificultad baja y situado en los montes del Valle de La Orotava. Este cauce presenta rapeles cortas, de no más de 9 metros, con cómodas salidas y sencillas aproximaciones. Eso sí, conviene acudir bajo un buen asesoramiento y un buen equipo de expertos.

La oferta se completa con infinidad de barrancos menores o de gran tamaño (el de La Arena, en La Orotava; Ruiz, en Los Realejos; el mítico de Acentejo; el de Santos; los que dan nombres a núcleos, como Barranco Hondo o Grande, y otros en Anaga, la Isla Baja o el Sur). Unos cauces que, dentro o no de parajes protegidos, enriquecen los atractivos de una Isla que, pese a algunos pesares, sigue siendo una joya natural.





* El Día - 15.08.10

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Guatemala.- Una capital en expansión

PRENSALIBRE* : Próxima a cumplir su 234 aniversario, este 15 de agosto, la Nueva Guatemala de la Asunción afronta una serie de retos ante una población creciente que demanda cada vez más servicios. Cada día, los reportes del tránsito dan cuenta de enormes filas de vehículos que intentan entrar o salir a la urbe a ciertas horas. El agua entubada se vuelve un bien inaccesible para muchas colonias periféricas, donde no hay bosques, pero sí un número creciente de habitantes, al punto que la capital es más bien una gran zona metropolitana, cuyos problemas involucra a más de una comuna.

El arquitecto y urbanista Alfonso Yurrita expone que prácticamente el 30 por ciento de la población urbana está concentrada en la zona central.

A esto se suma la concentración de actividades en el área metropolitana como el 45 por ciento de empleo y el 68 por ciento de los establecimientos industriales.

El 78 por ciento de la inversión privada se queda en la ciudad, así como la mayor cantidad de vehículos, ya que el 69 por ciento del parque vehicular se desplaza en el área metropolitana.

De acuerdo con cifras de Emetra, a inicios de este año se contabilizaban ya en promedio 900 mil vehículos.

“Cada año se suman entre 50 y 60 mil vehículos de cuatro ruedas”, según la página web de la comuna. Este es un desafío de la época, que nunca fue imaginado por los primeros diseñadores de la ciudad.

Corrientes urbanas

Desde su fundación en 1776, la Ciudad de Guatemala ha crecido conforme a distintas tendencias y corrientes de pensamiento urbanístico.

En sus inicios, se siguió el modelo de las ordenanzas de Felipe II de España, en donde la metrópoli parte de la plaza, en forma de tablero de ajedrez. “Se pensaba en una ciudad con diferentes barrios y cada uno de estos tenía un centro, la parroquia”, explica el arquitecto Pedro Pablo Godoy, de Estudio Urbano, quien considera que esa misma lógica puede funcionar como solución a los problemas actuales.

El posterior crecimiento de la urbe surgió de ese patrón, como extensiones de los barrios Ciudad Vieja o la avenida Bolívar, “como un proceso natural”, dijo Godoy, quien impulsa el neourbanismo.

“Preocupados por la descomposición de las ciudades, se plantean cómo funciona una verdadera comunidad”, manifiesta la arquitecta María Fernanda Sánchez, socia de Estudio Urbano. “Estas deben adaptarse al hombre, y no al carro”, afirma Sánchez.

En Guatemala, el modelo de Krier ha sido aplicado al proyecto de Ciudad Cayalá, zona 16, aún en desarrollo.

“Se busca que el carro sea una opción, no una necesidad para ir a comprar pan, por ejemplo”, agrega Godoy.

Otra influencias

A principios del siglo XX otra tendencia importante fue la “ciudad jardín”, del urbanista inglés Ebenezer Howard. “En Guatemala se desarrollaron algunos de ejemplos como Vista Hermosa, con la diferencia de que los jardines se amurallaron”, refiere Yurrita.

Surgió también el modernismo como un planteamiento que buscaba diseñar, en forma artificial, la manera en que debía funcionar la sociedad. La muestra más evidente de esa tendencia es el Centro Cívico, construido en la década de 1950, donde se concentraron instituciones de economía, servicios, cultura y el palacio municipal; sin embargo, esta tendencia no tuvo continuidad.

Crecen las distancias

Otro de los factores que influyen en la planificación es que lo vial toma prioridad. Por ejemplo, se hacen desarrollos de 500 casas sin tener un solo comercio cerca. “Eso no es normal”, comenta Sánchez.

No obstante, el neourbanismo tiene sus defectos. Según la arquitecta Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, los proyectos dentro de este enfoque requieren gran cantidad de suelo urbano.

“Siendo la tierra un bien en constante incremento, resulta inaccesible para la mayoría de la población, incluso para las clases medias”, opina.

Debido a ello, la expansión de residenciales y condominios en la periferia y municipios vecinos ha ido en aumento, al igual que el impacto sobre las vías de acceso.

Yurrita señala que en Guatemala no se creó un verdadero urbanismo para las mayorías. “Estamos todavía en la fase de la planificación, en la cual domina la economía, mientras los países desarrollados diseñan ciudades con satisfactores sensoriales”, señala.

Planes futuros

Las políticas y planes de la Ciudad de Guatemala han sido básicamente el Plan de Desarrollo Metropolitano Metrópolis 2010 y el Plan 2020. También se cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que busca regular el uso de terrenos con vocación comercial, residencial y área verde.

“El desacierto es que aún no se han puesto en práctica, y el POT tendrá implicaciones al aplicarse”, argumenta Morán.





* PrensaLibre - 15.08.10
Foto: Nueva Guatemala (Guatemala) - prensalibre.com

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La Diputación de Valencia negó tratos con la red Gürtel pese al pago de 34.829 euros de Imelsa

LEVANTE* : La Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, aseguró por escrito en febrero del año pasado no haber mantenido ningún tipo de relación contractual desde 2003 con las empresas de la trama Gürtel. Ni la corporación, ni ninguna de las firmas provinciales y patronatos dependientes. La afirmación ha quedado en evidencia con la existencia, tal como reveló Levante-EMV hace días, de una factura por importe de 34.829 euros en favor de una de las sociedades del entramado de Francisco Correa pagada por la empresa de la diputación Imelsa.

El portavoz socialista, Rafa Rubio, desempolvó ayer las cuatro negaciones, una más que San Pedro, que la corporación trasladó en el pleno del 18 de febrero de 2009 (poco después de estallar el escándalo en Valencia), para acusar a Rus de «mentir» y anunciar que reclamará al gerente de Imelsa, Marcos Benavent, todas las facturas y que aclare en una reunión «quién dio la orden y qué tipo de suministro se contrató».
Al menos una factura, por los citados 34.829 euros, fue abonada por Imelsa a una firma Gürtel que los socialistas, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, creen que se trata de Easy Concept, ubicando el pago entre los años 2005 y 2006, en la etapa del anterior titular de la diputación, Fernando Giner. Easy Concept es la empresa de la trama que realmente montó los pabellones valencianos en Fitur —adjudicados a Orange Market— durante cinco ediciones y que tuvo de administrador a Pau Collado. Éste, quien fue director de la Fundació Balears Sostenible, conecta el caso Gürtel con el Ibatur, ya que Easy Concept cobró durante la etapa de Matas 20 millones del Institut Balear de Turisme.
En febrero de 2009, Rubio preguntó al presidente si la diputación, desde 2003, había tenido alguna relación contractual con Orange Market, Special Events, Easy Concept y Orange Factory, detalle de los contratos, importe y fechas. Rus podía contestar oralmente en el pleno o por escrito. Lo hizo a través del portavoz del PP, Juan José Medina, quien lo despachó con cuatro monosílabos. «No», para cada una de las cuatro preguntas.
Año y medio después, esa negación está en el aire. Recientemente, a preguntas de este periódico, el gerente de Imelsa aseguró que desde 2007 —cuando asumió el cargo tras la llegada de Rus a la diputación— no había nada aunque de la etapa anterior no lo podía asegurar. Giner salió a la palestra para negar cualquier encargo a empresas Gürtel. Para Rubio, «Rus ha mentido, como demuestra el informe de la Agencia Tributaria, lo que acentúa nuestras sospechas».

«Tentáculos de Orange Market»
«¿Qué se esconde detrás de la mentira?», se preguntó, para constatar: «A pesar de lo que dijeron, los tentáculos de Orange Market llegaron a la Diputación de Valencia». El socialista anunció que va a pedir a Benavent todas las facturas y la convocatoria de una junta general extraordinaria de Imelsa, que es el pleno de la diputación, para que comparezca y aclare «quién dio la orden de contratar y para qué».
Así las cosas, el presidente, según su entorno, ha sacado de sus vacaciones a un responsable de la diputación para que aclare la factura de la que, según se asegura, no tenía conocimiento, tal como le informaron su colaboradores. La diputación se plantea dirigirse a la Agencia Tributaria para que le comunique a qué suministro se refiere, con el fin de identificar el gasto, en su caso, que sería anterior a 2007, según las mismas fuentes.





* Levante-emv - 14.08.10
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com

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Estepona 'busca' 7,5 millones que cobró por convenios urbanísticos

ELPAÍS/Málaga* : El pleno del Ayuntamiento de Estepona encomendó ayer a la tesorería municipal que haga un arqueo de caja con la fiscalización de la Intervención para determinar el uso que se han dado a 7.565.957 euros que ingresó el Consistorio por convenios urbanísticos y que han desaparecido. El alcalde, David Valadez (PSOE), apeló a la necesidad de aclarar si se han dispuesto o no los fondos y si se han aplicado conforme a lo permitido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) antes de tomar medidas, entre las que no descarta incluso una denuncia judicial.

Un reciente informe de la tesorería municipal puso en alerta de un desfase sin justificar. Los fondos líquidos obrantes en la tesorería por depósitos de convenios urbanísticos ascienden a 24.586.320 euros; cuando entre el 11 de noviembre de 2005 y julio de 2010 se ingresaron por ese concepto en el Consistorio 32.142.277 euros. Hay por tanto un desfase de 7,5 millones de euros "sin que en la tesorería municipal obre documento alguno que dé fe o explique la razón de tal descuadre contable, y por tanto del destino dado a esta diferencia de cantidades", según refleja el informe.

El tesorero no descarta que el desfase pueda deberse a que realmente nunca fue ingresado el total del dinero aunque figure apuntado. El tesorero admite que no existe una cuenta específica para depositar estos fondos, tal y como marca la ley.

El pleno de ayer volvió a evidenciar la complicadísima gobernabilidad del municipio, con una oposición con mayoría, 13 concejales, entre los que hay ocho imputados por corrupción en el caso Astapa. Ayer, se anuló una providencia del alcalde que limitaba al 20% la subvención de la subida del IBI por aplicación de la revisión catastral que exceda del IPC, cuando en 2008 se acordó que fuera del 100%.El equipo de gobierno optó por votar a favor de la propuesta de la oposición para evitar una derrota, "ya que de todas formas se iba a aprobar". Pese a ello, el alcalde, David Valadez, lamentó que el Ayuntamiento recaudará menos dinero por el IBI de lo previsto y se quejó amargamente de la actitud de la oposición. "Es una situación absolutamente desesperante, no quieren que se pague nada, que hagamos nada, que se cierre el ayuntamiento", expuso.

La oposición ya impuso a finales de 2009 un acuerdo plenario de eliminación de las tasas de alcantarillado, basuras y licencias de apertura, algo que no ha llegado a ser efectivo en este año porque no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA) antes de que finalizara el anterior ejercicio presupuestario.

El pleno también abordó un espinoso asunto, el uso del dinero ingresado por convenios urbanísticos para el pago de nóminas, que ya se hizo en el mes de julio y que, según anunció Valadez, tendrá que hacer de nuevo en agosto. Sobre el papel, la LOUA es taxativa y determina que el dinero que los municipios ingresen a cuenta de convenios urbanísticos quedarán depositados en una cuenta especial y se podrá disponer de él hasta que no se aprueben definitivamente los planes urbanísticos correspondientes y no haya dudas de que se puede ejecutar lo pactado en el convenio -normalmente todos los convenios quedan supeditados a que la autoridad superior apruebe el planeamiento, y de no ser así se tiene que devolver el dinero cobrado a cuenta-. La ley además determina que ese dinero deberá usarse en el patrimonio municipal de suelo.

Valadez dice estar amparado por un informe de la asesoría jurídica y otro de la tesorería municipal que sí admiten el uso del dinero de los convenios para el pago de nóminas. Pero no así la interventora municipal, que realizó un informe de reparo al pago de las nóminas de julio que el alcalde levantó mediante decreto, asumiendo así toda la responsabilidad. El portavoz del PP, Ignacio Mena, anunció ayer que denunciará a Valadez en los tribunales por infringir la ley.

Ante las posiciones contradictorias de los distintos servicios técnicos y jurídicos, el alcalde ha anunciado que se va a solicitar un pronunciamiento al Consejo Consultivo de Andalucía para despejar dudas y blindar sus decisiones de la mayor seguridad jurídica posible.

El alcalde además aduce que se trata de un uso provisional del dinero y que se repondrá a partir de enero con los anticipos que reciba del Patronato Provincial de Recaudación, dependiente de la Diputación, a cuenta de los tributos municipales. En opinión del tesorero municipal, "esta reposición con cargo a los ingresos que ha de efectuar el Patronato resulta garantía suficiente del control contable y presupuestario de los fondos afectos al patrimonio municipal del suelo, así como a su disponibilidad misma; bien llegado el caso de dar cumplimiento a los fines que impone la LOUA, bien, ante la posibilidad de que se resolviese o anulase alguno de los convenios urbanísticos que han propiciado su ingreso".

En el mismo informe en el que reconoce el desfase de 7,5 millones de euros en el dinero depositado por el cobro anticipado de convenios urbanísticos, el tesorero aborda la cuestión y se muestra partidario de la doctrina que invoca los principios de caja única y de solidaridad, según la cual "cualquier ingreso de un ente público debe utilizarse indistintamente para financiar cualquiera de sus gastos". Además, el tesorero aduce que hay pagos "de preferencia indiscutible" que no deben quedar postergados. El PP, que si reconoce la autoridad de la interventora que puso el reparo al pago de las nóminas, no reconoce sin embargo el informe favorable del tesorero porque, según su portavoz, Ignacio Mena, "es de un sustituto que tiene categoría de auxiliar administrativo",


Obligaciones

- El Ayuntamiento de Estepona necesita cada mes cinco millones de euros para hacer frente a sus gastos ordinarios.

- El pago de las nóminas supera los 3,6 millones de euros. Los servicios de recogida y tratamiento de basuras suman 553.000 y se abonan 170.000 a Endesa y unos 35.000 a Movistar.

- La deuda con la Seguridad Social y con Hacienda requiere 188.000 euros mensuales y otros 195.000 la contraída con otros proveedores.





* El País - 14.08.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org


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La marginalidad se adueña del centro de Arrecife: “Ni en el tercer mundo viven así”

DIARIODELANZAROTE* : Arrecife, agosto de 2010. Debajo de una roñosa manta canela se intuye un bulto humano. Yace en plena calle, sobre un viejo colchón y la indiferencia de quienes pasan al lado, en el mediodía de una de estas sofocantes jornadas de agosto. Cerca, un alcohólico orina contra los contenedores de basura. No muy lejos, una mujer esquelética se esconde de las miradas en una casa abandonada para inyectarse su dosis.

Juan Pérez vive en la calle Gran Canaria, con vistas a lo que ha bautizado como “la explanada de la mierda”, una hilera de casas abandonadas que están –o han estado- ocupadas por drogadictos. Las puertas principales dan a la calle Cienfuegos. El nombre de la calle es irónico: los vecinos soportan desde hace tiempo continuos incendios que les hacen incluso temer por sus propias viviendas.

Hace una semana, de madrugada, se prendió fuego una palmera. A las dos horas los bomberos tuvieron que volver a sofocar las llamas que habían calcinado uno de los “habitáculos”, como los llama Juan. El domingo, a las tres de la mañana, un estruendo le interrumpió el sueño: un muro que estaba entre una casa y la explanada se había desplomado, dejando al descubierto un bloque de basura de más de metro y medio de altura. “Y todo esto a unos metros de la calle Real... no tiene perdón de Dios”, critica.

“Nadie sabe lo que hay aquí. Ni en el tercer mundo viven de esta forma, tan próximos a cantidades enormes de desperdicios y focos de infección”, dice sin resignarse. Está harto de dirigirse al Ayuntamiento para que limpien a conciencia la zona y se queja de que no le hagan ni caso. Hace algo más de un año se desahogó escribiendo una serie de artículos en los que denunciaba el abandono municipal y las trabas para derribar las casas en ruina.

Ahora señala a unas jeringuillas –“seguro que infectadas”- que están a un paso de la acera, al lado del muro de basura. Residente en la calle Gran Canaria “desde hace 21 años”, ha llegado a ver entrar cada día al muladar “a entre 80 y 100 personas por la droga”. También ha visto morir a un chico víctima del sida, y a otro estar muy grave y resistirse a recibir ayuda.

Mientras lo recuerda, de la hilera de infraviviendas sale un joven, con una bolsa de Jack&Jones en la mano. “Ése es un traficante, un chico limpio, que vive ahí con su madre”, explica. Antes habían entrado no más de 40 kilos de mujer embutidos en un chándal rosa. Juan asegura que no ha tenido nunca conflictos con los yonkis y que no son pocas las veces que les ha dado de comer. “Me da pena de estos tíos, los tienen que cuidar”, dice. Al poco sale un pibe, con tatuajes en los brazos. “Éste es nuevo, me dijo que tenía 21...”, y sacude la cabeza.

Juan apunta que todo comenzó “hace unos seis o siete años, con la escalada de la droga”. “Había un pescador que tenía una de las casas” de la calle Cienfuegos, “donde preparaba la machucha y guardaba los atriles de pesca. Estaba sólo por la mañana, y por las tardes, los chicos que lo sabían entraban y se drogaban dentro”.

Buena parte de las calles cercanas al Charco de San Ginés, como la Cienfuegos, Gran Canaria o Jacinto Borges se han degradado por completo en los últimos años, y a la situación de exclusión social en la que se encuentran decenas de personas que vagan por ellas cada día, se une el estado de ruina que afecta a muchos inmuebles.

En la última década, hay casas viejas que se protegieron inicialmente en el avance del Plan General de 2002, se desprotegieron luego, en el catálogo arquitectónico municipal de 2008, y sobre ellas se volvió a restringir la posibilidad del derribo por el expediente para declarar bien de interés cultural el Charco de San Ginés, que en la práctica ha fenecido en vía administrativa.

“Patrimonio tiene que ver cuando se trata de pobres desgraciados; cuando se trata de ricachos, ni hablar del muerto”, sentencia Juan. Pero el urbanismo no es la única causa del estado de esta céntrica zona de la capital de la Isla. Se suma el problema social: muchas de las personas que frecuentan estas calles, hace un par de años estaban en las naves de la Rocar. Las naves se cerraron y las excavadoras las acaban de tirar al piso, pero la marginación no ha desaparecido, tan sólo se ha trasladado.

“Pero que aquí no puedes estar, que me cuesta el trabajo, fuera”. La camarera de una cafetería de la calle Real cercana a las Cuatro Esquinas increpa a un chico y consigue que retroceda un par de pasos. Se sienta en las escaleras, contrariado, hasta que a los pocos minutos una señora le toca en el hombro y le regala un bocadillo. Se levanta, le pide un cigarrillo al charcutero del Hiperdino que había salido a coger aire, y se va. Unos minutos después, su puesto lo ocupa otra persona.

A la hora del primer café, en un par de esquinas del Charco de San Ginés se bebe ya vino de cartón y cerveza de oferta. Una veintena de habituales cambia de ubicación la tertulia a lo largo del día en busca de sombra. En ocasiones la conversación sube de tono, se cruzan insultos y amenazas en medio de la confusión etílica, algún vecino llama a la policía y se disuelven un par de horas.

En el callejón Tirso de Molina, entre la calle Real y el Charco, hay un muro que rodea un solar. A un lado del muro, un magrebí que aparenta haber superado los 40 se envuelve en una manta que no alcanza a cubrirle una pierna, con las costras de suciedad propias de alguien que está tirado en la calle.

Al otro lado del muro, la imagen deplorable de lo que queda de los cimientos de una obra paralizada que, con el paso de los años, se ha convertido en una charca putrefacta en la que se acumulan toneladas de basura. Donde los carritos de supermercado se han fundido con incontables latas, botellas y bolsas en una postal precisa de lo que es, a día de hoy, el centro de Arrecife.

“Pues sí, se han venido para acá, para la calle Norte”. El dueño del supermercado, detrás de las rejas que protegen una de las puertas de acceso al local, se refiere a los 'residentes' que antes utilizaban otras casas abandonadas en calles adyacentes y que han terminado quemadas o, con suerte, tapiadas.

Donde había un par de casas viejas que debían convertirse en un edificio de varias plantas, hay un solar y unas ruinas propicias para ser ocupadas. “Lo menos ocho se quedan habitualmente, pero es un fumadero, lo que significa que aparte entran y salen unos cuarenta”, destaca con el conocimiento de quien es observador diario.

Los vecinos se quejan de que, tras ser demolidas las casas en cuestión, y toda vez que la obra nueva no salía adelante, no se hubiese impedido el acceso al solar con un muro. Alguno comenta con sorna que la Policía Local conoce bien el problema ya que algún agente estaría relacionado con la constructora.

En frente del supermercado de la calle Norte se yergue una obra recién terminada, a la que no ha afectado la crisis económica. “Allí se murió un drogata, pobrecito”, señala el dueño del súper. Ese tipo de sucesos, y la presencia de personas con problemas de adicción, no extraña a ningún vecino, pero la zona ha incrementado su mala fama. “Nosotros estamos acostumbrados y no hemos tenido problemas con ellos, pero la gente que no es de aquí se asusta, y te dicen: ¡La calle Norte, quita pa'llá!”.


manuelriveiro@diariodelanzarote.com



* Diario de Lanzarote - 13.08.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), abandono centro - diariodelanzarote.com

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La policía investiga los gastos del PP en época del' tamayazo'

PÚBLICO/Madrid* : La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge sus avances en la investigación de la presunta financiación irregular del PP a través de Fundescam, una fundación del partido en Madrid que recibió un millón de euros entre 2003 y 2004 en donaciones de empresarios a los que luego el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó contratos millonarios.

En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.

Según reveló Público en mayo de 2009, la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos que no se corres-pondían con la realidad.
Campañas para Aguirre

Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el tamayazo, la repentina deserción de dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas, propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.

Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento, se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros, límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a concurso.

Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador único era Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, que continúa en la cárcel.

La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la de-sencriptación de un pen drive hallado en un piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha sido fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red, situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.

Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.

"Que le pregunten a Pío, Pío"

En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre la primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó Fundescam entre los años 2003 y 2004.

El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones hasta bien entrado el mes de septiembre.

Una fundación creada para ‘promocionar’ Madrid pero que financió las campañas del PP

¿Cómo se financiaba Fundescam?

Con donaciones supuestamente destinadas a contribuir a los fines de “promocionar el desarrollo económico y social de Madrid”. Recibió en donaciones un millón de euros , pero nada se sabe de la actividad para la que fue creada.

¿Quiénes realizaban las donaciones?

Empresarios a los que Aguirre adjudicó después más de 200 contratos por un valor, con un cálculo a la baja, de 300 millones. El presidente de la CEOE, Gerardo Díez Ferrán, donó 246.000 euros en esa época.

¿Quién dirige esta fundación del PP?

Pío García Escudero presidió Fundescam hasta noviembre de 2004. Aguirre lo sustituyó y permaneció en el cargo hasta principios de este año, cuando fue relevada por Gádor Ongil, número tres del PP de Madrid.

¿Qué control hay sobre sus cuentas?

Fundescam presentó el balance de los ejercicios de 2003 y 2004 el 25 de mayo de 2009, seis días después de que ‘Público’ desvelara el caso de supuesta financiación irregular del PP madrileño.

Tres informes sobre Fundescam para Pedreira

Si el juez accede a las peticiones de la policía, el inicio del curso político en octubre devolverá al PP a la realidad del ‘caso Gürtel’. Aunque los conservadores se empeñan
en afirmar que el juez Antonio Pedreira no tiene una investigación abierta sobre Fundescam, los dos informes que ya ha elaborado la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, el primero en julio de 2009, contradicen su versión. Además, según publicó este periódico en abril, el magistrado espera un tercer informe, encargado a la Unidad de Auxilio Judicial, consecuencia del primero entregado al juez por la policía. “Eso de que Fundescam tiene una pieza separada en el ‘caso Gürtel’ es absolutamente falso”, proclamó el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, el pasado junio.





* Público - 13.08.10
Foto: Madrid 2003, Mariano_Rajoy_Jaume_Matas_Francisco_Camps_Esperanza_Aguirre - elpais.com


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