Málaga.- La Fiscalía ve ´innegociable´ la demolición de viviendas ilegales

LAOPINIÓN* : La Fiscalía Provincial de Málaga no quiere darles ni agua a los propietarios de casas en suelo no urbanizable. Así, en una nota interna dirigida a todos los acusadores públicos que han de participar en juicios por delitos contra la ordenación del territorio, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del ministerio público asegura que «es importante dejar claro y como no negociable la demolición de la construcción». Esta postura debe defenderse ante el acusado, su letrado y el magistrado, «en el sentido de que cuando el legislador decide criminalizar la conducta porque la administración no sabe, no puede o no quiere abordar y resolver el problema de la construcción ilegal, contempla la demolición como parte de responsabilidad civil».

Sería «ilógico y contrario al espíritu de la norma y del propio principio de proporcionalidad que la construcción no se consiga demoler». «En tal caso sería rentable al delincuente la criminalización, si así consigue su propósito de que la vivienda no se derribe a su costa», añade la Sección de Medio Ambiente en la nota.
Los supuestos de no demolición, por tanto, deben «ser excepcionales» y aplicables, únicamente, cuando la casa sea de algún modo legalizable a corto plazo. «El restablecimiento de la legalidad urbanística como bien jurídico protegido sólo se defiende y protege con la demolición», indica el ministerio público.
Además, hay que transmitir, señala la acusación, «que no se trata de ¡qué más da una vivienda más!». Realmente «el atentado al bien jurídico no es visual o estético, sino que la protección tiene un alcance mucho mayor en cuanto que daña y contamina el entorno rústico, su hábitat, flora y fauna, pues se perjudica con el tendido eléctrico, las tuberías de agua, los pozos ciegos que contaminan las aguas subterráneas, los viales que provocan atropellos de fauna, etcétera..., la demolición forma parte de la restitución y reparación del daño causado», subraya en su escrito el área de Medio Ambiente.
En el mismo sentido, «no procede la suspensión de la ejecución hasta tanto no se repare o restituya la responsabilidad civil, como cualquier otro delito, que nos envía a la necesidad de demolición».
Por último, la sección hace un llamamiento a los fiscales para que se coordinen, antes del juicio, con el titular del área, Juan Calvo-Rubio Burgos, así como para que se le notifiquen las sentencias dentro del plazo para recurrir.
Los juzgados de la provincia abrieron el pasado año 257 causas por delitos contra la ordenación del territorio, la mayor parte en la capital (175), aunque el interior (65) y la costa (35) no se quedan atrás.





* La Opinión de Málaga - 5.08.10
Foto: Imagen del derribo de una vivienda ilegal ubicada en Mijas. La Opinión


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Hacienda acredita que Millet pagó a un dirigente de CDC de L'Ametlla

ELPAÍS/Barcelona* : Las supuestas comisiones por la adjudicación de obra pública no son el único quebradero de cabeza de Convergència Democràtica (CDC). El ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet supuestamente también sufragaba los gastos electorales del partido en L'Ametlla del Vallès, según consta en una carpeta incautada en el Palau que lleva el epígrafe Campaña CiU. Esteve Escuer. Elecciones Ametlla. Mayo 2007. En ella se halló un recibo extendido al ex dirigente local Esteve Escuer, que certificaba haber recibido 13.000 euros de Millet. En su informe para el juez instructor, la Agencia Tributaria acredita esa salida de dinero de las cuentas del Palau.

La carpeta sobre la campaña de CiU en L'Ametlla que los actuales gestores del Palau remitieron al juez relaciona a Escuer con la campaña municipal de 2007, a pesar de que la formación aseguró que este dejó su cargo de presidente local en 2005. En un comunicado, además, desmintió que Escuer hubiera cobrado 13.000 euros como consta en un recibo firmado el 27 de febrero de 2007.

La Agencia Tributaria, sin embargo, señala que el 27 de febrero de ese año salieron 13.000 euros de las cuentas de la fundación con el concepto "aportación Orfeó". Según los peritos de Hacienda, ese documento "coincidiría con la disposición de efectivo por ese mismo importe y esa misma fecha". Pero esta no fue, según los papeles de la investigación, la única aportación a L'Ametlla, donde el entonces alcalde, Albert Palay, recibía cada mes 1.500 euros, y el concejal de Urbanismo, Jaume Codina, de CiU, 900.

La Agencia Tributaria calcula que entre 2002 y 2008 del Palau salieron 19,5 millones de euros; de esa cantidad, todavía se desconoce el destino de 8,3 millones. A los pagos opacos que realizó la institución bajo el mandato de Millet se une la maraña de empresas que presuntamente colaboraron con el saqueador confeso. Entre ellas, Hacienda señala a la constructora GPO, vinculada a Triobra, investigada por falsificar facturas a Millet.

Los peritos sostienen que GPO compartía una cuenta bancaria con el Palau en Banc Sabadell y que no estaba dentro de la contabilidad oficial de la entidad. Hacienda ve "altamente curioso" que los Mossos d'Esquadra hallaran la declaración de Emilio Vidal, administrador de la empresa, ante la policía judicial y que este proporcionara el nombre de empresas inactivas cuando la ex directora financiera Gemma Montull necesitaba falsificar facturas. Pero además GPO aparece en numerosos documentos hallados -en los que aparecen las supuestas comisiones a CDC- que apuntan a que Millet esperaba cobrar de la empresa.






* El País - 5.08.10
Foto: L'Ametlla del Vallés (Barcelona) - wikimedia.org

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Sanxenxo y sus escombros

ELPAÍS/Pontevedra* : Ante el mirador de Palacios, poco antes de entrar al centro urbano de Sanxenxo, se despliega una bonita panorámica de la ría de Pontevedra que no tarda en perderse de vista tras los primeros edificios. No hace mucho, mirando desde allí hacia el interior, resultaba difícil llevar la cuenta de las grúas de obra que atestaban el perfil costero de la localidad. Hoy pueden contarse con los dedos de una mano.

Son las luces que se van apagando con el fin de fiesta del bum inmobiliario, un fenómeno que el Ayuntamiento pontevedrés llevó al límite en la última década y que ha dejado tras de sí un rastro de desempleo y persianas bajadas en el sector local de la construcción, acompañado de la práctica desaparición de los últimos restos de actividad pesquera y agrícola.

Palacios es también un buen sitio para observar el puerto deportivo. El flamante muelle, uno de los mayores de su clase en Galicia, fue inaugurado oficialmente el 5 de noviembre de 2005. La Volvo Ocean Race, una de las competiciones de vela más importantes del mundo, salía desde Sanxenxo y ese día se organizó una de esas reuniones de vips, Rey a la cabeza, que ponían entonces el toque de glamour al desenfreno económico.

Fue el colofón a un año en el que el ayuntamiento, que apenas supera los 17.000 habitantes censados, expidió 140 licencias para edificaciones de nueva planta, la cifra más alta de su historia. En 2006 fueron 130, y en 2007, 133. Cuando en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria, este tipo de licencias se quedaron en 77. Se notó en el presupuesto municipal, muy sensible a los vaivenes inmobiliarios, y cuya evolución da idea de la dimensión del batacazo. El de 2007, de 114 millones de euros, fue el segundo más alto -tras Vigo- de toda la provincia. El de los dos últimos ejercicios se sitúa en torno a los 55 millones.

"No hay poco que no llegue ni mucho que no se acabe", dice, mirando también al puerto desde la ventana de la inmobiliaria más antigua de Sanxenxo, Javier Abal, agente desde 1973. Es uno de los supervivientes, esos que ahora deben conformarse con poco. Su inmobiliaria llegó a cerrar entre 25 y 30 operaciones al año durante 2004 y 2005. Ahora rondan la media docena.

Sobre los que tuvieron mucho y vieron cómo se les acababa, dice que "se mezcló la ignorancia de los recién llegados con la avaricia de algunos ya veteranos, que cayeron en sus mismos errores". Errores que ahora parecen muy evidentes, pero que entonces casi nadie esquivó: caer en la tentación de la barra libre en los bancos y empezar más y más obras sin asegurar la viabilidad de empresas recién creadas por y para el bum.

Pensar en muy pocos y a muy corto plazo fue la norma durante los años salvajes de la construcción, y la protección del enorme valor paisajístico del municipio o el apoyo a otras actividades económicas más allá del turismo y el ladrillo no ofrecían beneficios inmediatos.

La pesca, que fue la principal actividad económica hasta la llegada del turismo masivo, ha sido arrinconada. Literalmente: unas 15 embarcaciones sobreviven en un pequeño pantalán en una esquina de las modernas instalaciones del puerto. En la década de los noventa el número de barcos pesqueros se acercaba al medio centenar.

"Desaparecerá de Sanxenxo en unos años", augura a su oficio Lito, patrón de un barco de bajura. Él y la mayoría de sus compañeros de la pequeña cofradía de Santa Rosalía se acercan a la edad de jubilación y ya no hay relevo generacional para un trabajo que siempre había pasado de padres a hijos. "Con la crisis vienen chavales a pedirme empleo, pero los trámites burocráticos los desaniman. Se necesita al menos un año de cursos y papeleo para poder salir a faenar", comenta.

"Sufrimos la competencia de la pesca foránea, los fuertes impuestos o el abuso de los intermediarios", resume. "Pero pescado y marisco hay". El que él captura se vende en la plaza de abastos, un mercado que languidece y en el que cada vez resisten menos puestos. Algunos venden verduras cultivadas en Sanxenxo. Una pequeña heroicidad donde el valor de la tierra se mide en alturas permitidas.




* El País - MARÍA RODIÑO - 1.08.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Ribas de Sil.- Un monasterio abandonado

LAVOZ/Ourense* : A finales de los años ochenta del pasado siglo comenzó su restauración, que fue pionera en su procedimiento. Unos años antes, en 1982, se inició la declaración del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil como monumento histórico-artístico, aunque hubo que esperar al año 2007 para que la Xunta iniciase la incoación del expediente para declararlo bien de interés cultural (BIC). A pesar de conseguir tres años después este reconocimiento, esta joya monástica situada en el cañón del Sil es presa del abandono.

La señalización que indica al visitante que ha llegado al monumento está laustro, una pintada en negro, con una fecha y los nombres «Gema Nico», mancha la pieemborronada. El acceso en rampa es peligroso para el público. Al llegar al cdra. Los paneles interpretativos del claustro tampoco están enteros, pues a uno le falta la lámina en color que daba datos sobre tan singular edificio y en su lugar se leía, hasta que lo denunció La Voz, «espírito da natureza» , escrito con bolígrafo o rotulador. Esta pequeña limpieza la hizo el alcalde.

En las pasarelas que permiten ver el claustro hay goteras, y en el suelo de las estancias inferiores, rastros de hogueras. Las maderas de las pasarelas tienen nombres de personas grabados con objetos punzantes. Varios cristales están dañados. En dos habitáculos de la planta baja quedan restos de pintura mural que se están estropeando, pues se han caído trozos de policromía y de cal. La puerta de acceso al campanario está forzada y rota, por lo que ascender por la escalera de madera puede resultar un peligro.

En la iglesia, hay tejas en mal estado y la vegetación crece en los huecos de campanas. De estos instrumentos hubo uno y fue robado. En su día fueron robadas laudas sepulcrales. Y no hace muchos meses, a este nuevo BIC le tuvieron que levantar de nuevo un muro que sostiene el terreno sobre el que se levanta en medio de una impresionante ladera.

El alcalde de Parada de Sil, Francisco Magide, quiere intervenir para atender el monumento y protegerlo del gamberrismo, pero el BIC tiene dueños. El Obispado de Ourense conserva la iglesia, cuyas puertas fueron forzadas varias veces. Y el claustro es de al menos cinco propietarios privados. Santa Cristina recibe al año unas 25.000 visitas. Magide lo dice claro: «Eu xa non podo facer máis. Temos un proxecto de mellora do entorno, queremos poñer unha persoa para limpeza e atender aos visitantes cobrando un euro a cambio dun folleto e ter audioguías». Nada se puede hacer mientras no cedan al Concello el monumento.

La profesora Yolanda Barriocanal, de la Universidade de Vigo, acercó al público la mejor guía sobre Santa Cristina. El pasado año, el joven investigador Víctor Rodríguez presentó un trabajo que permite conocer la vida del cenobio porque transcribió del latín los 129 documentos que se conservan de los años 876 al 1515. Son las luces y las sombras de un monumento que no puede seguir así.





* La Voz de Galicia - Jesús Manuel García - 12.03.10
Foto: El abandono al que se ve sometido el monumento provoca que la puerta de acceso al campanario esté reventada y destrozada, permitiendo el acceso a un lugar de riesgo por la altura que tiene - lavozdegalicia.es

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Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergència a cambio de obra pública

ELPAÍS* : El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña y Convergència Democràtica (CDC). Así lo indica el informe que la Agencia Tributaria entregó ayer al juez instructor del caso, que indica que la constructora Ferrovial pagó supuestamente 5,9 millones de euros para hacerse con obras de Administraciones gobernadas por CiU entre 2001 y 2008. Dos terceras partes de estas cantidades salieron en efectivo de las arcas de la entidad musical , mientras que el resto se abonó a la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, y a empresas que realizaban campañas electorales para la federación nacionalista.

La Agencia Tributaria analiza las aportaciones al Palau procedentes de Ferrovial, que dio más de 12 millones de euros a la entidad entre 1998 y 2008. Lo hizo, según sus responsables, en concepto de patrocinios. Pero Hacienda no está de acuerdo y determina que en realidad el destino de ese dinero era "la contraprestación correspondiente" por "la adjudicación de obras públicas". La documentación hallada en el coliseo barcelonés apunta a que la constructora de la familia Del Pino pagó comisiones por la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia, dos de las mayores obras adjudicadas en Barcelona. Con la primera obra, CDC se habría asegurado ingresos regulares para todo el periodo que ha estado en la oposición, puesto que los pagos se fraccionaron.

La comisión que abonaba la constructora de la familia Del Pino al Palau de la Música, según Hacienda, correspondía "habitualmente" al 4% del presupuesto de ejecución. De esa cantidad, una parte -entre el 0,5% y el 1,5%- iba presuntamente al bolsillo de Millet, mientras que la otra iba a CDC a través de sus responsables financieros Carles Torrent -ya fallecido- y Daniel Osácar.

El principal documento que acredita esa salida de dinero hacia la formación nacionalista es un archivo de Excel que lleva el nombre de Quadre Ferrovial 29 abril, en concreto una pestaña llamada "cuadro cobros". Se trata de un documento con varias columnas: una de ellas detalla las aportaciones de Ferrovial y otra los "pagos a Daniel", el destinatario de los 5,9 millones de euros. ¿Quién es Daniel? La Agencia Tributaria razona que se trata Daniel Osácar i Escrig, responsable de finanzas de CDC y de su fundación. Las tablas examinadas por Hacienda coinciden con los movimientos de dinero que la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, anotaba en su agenda.

Antes de Osácar, quien desempeñaba esa función era supuestamente Carles Torrent, que ejercía el mismo cargo dentro del partido. La investigación ha hallado al menos ocho documentos en los que el ex dirigente de CDC aparece vinculado a las adjudicaciones de obra pública. Entre ellos, hay una carta en la que Millet apremia a Torrent a adjudicar una depuradora en la Costa Brava a Agromán -del grupo Ferrovial-. "Estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas", insiste Millet.

Este "triángulo" entre Ferrovial, Millet y "personas ligadas a la Administración pública adjudicante", en palabras de la Agencia Tributaria, defraudó presuntamente 3,7 millones de euros en efectivo y 2,2 a través de la fundación Trias Fargas y cuatro empresas que, según los gestores del Palau, nunca trabajaron para la entidad pero sí realizaban las campañas de CiU. Una de ellas, Altraforma, tiene como socio a Jordi Vilajoana, actual portavoz de CiU en el Senado y consejero de Cultura entre 1999 y 2003.






* El País - 4.08.10
Foto: Millet, rodeado de periodistas, en el Parlamento de Cataluña el mes pasado - elpais.com

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Un mercadillo en Marbella

JAVIER NAVAS* : Juan Antonio Roca se está desembarazando del capital que acopió en Marbella durante su época de turbio asesor de urbanismo. La vedette del caso Malaya, el tipo listo que se forraba en la sombra mientras sus compinches se forraban a la luz de focos televisivos, abandona sus bienes como una vez los rebañó. Sólo que de forma más rápida y visible… y polémica. Después de todo no se discute lo que no se puede ver (o no se quiere ver: si el dinero cabe en el tímido espacio de una libreta bancaria, los tochos con vistas al mar difícilmente se escapaban a un juez o un político atento) pero ahora el discurrir del caso, que fluye por las páginas de nacional y los platós de petardos, hace que todos lo miren, opinen y critiquen. No sólo a Roca sino también al que mira desde la otra orilla.

El astuto y amnésico cerebro de la trama ha aceptado que el tribunal ponga a la venta su botín. Roca tiene problemas de liquidez, como pasa con los ricos genuinos, que nunca llevan dinero suelto. Aparte de las deudas con la Justicia, ha contraído otras con Hacienda y con varios bancos, que son deudos que no olvidan. Para saldarlas ya han colocado siete mercedes que un día detentó (quedan más) y en la sala Sotheby's subastarán sus cuadros. Hay ofertas para su helicóptero y una imperiosa impaciencia por endilgar los caballos, que comen como descosidos. Mejor librarse hasta de la última alfombra antes de que quiebre el tapiz de sociedades a nombre del acusado.

Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno marbellí, ha protestado porque la restitución no llega a Marbella. Acusa al Gobierno de la nación de hacer "negocios" con ese patrimonio que, afirma, perteneció al pueblo. El Ayuntamiento también debe lo indecible tras el paso del GIL y Gil por sus pasillos; sólo a la Seguridad Social, 300 millones. Nadie tiene intención de perdonar tanta trampa al Consistorio, la institución más vapuleada y la que peor va a llevar la recuperación. El dinero también fluye, sí; pero no suele remontar su curso.





* Málaga Hoy - 3.08.10


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Tres fallos firmes declaran ilegales las instalaciones de una marina de Vigo

ELPAÍS* : El deambular judicial del lujoso puerto deportivo de A Lagoa, en Teis (Vigo), sigue adelante con idénticos resultados: sentencias contrarias a la marina promovida por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. En esta ocasión sube el rango. Ya no son los juzgados de Vigo los que declaran la ilegalidad de las obras, sino el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha dictado tres sentencias firmes en las que desestima todos los recursos promovidos por la empresa.

Las sentencias tienen fechas del 29 y 15 de abril y del 6 de mayo de este año. En ellas, distintas salas del tribunal con sede en A Coruña ratifican la denegación de licencia de actividades y la solicitud de legalización de la nave industrial vinculada al puerto deportivo, una edificación de más de 1.000 metros cuadrados visible desde el otro lado de la ría. Uno de los fallos ratifica la multa de 33.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Vigo por una infracción urbanística, consistente en la construcción de la nave en el camino de A Lagoa. Las sentencias aceptan de forma prácticamente total los fundamentos jurídicos de los fallos emitidos en primera instancia.

El puerto deportivo de A Lagoa fue impulsado por un acuerdo de Fernández de Sousa con la Autoridad Portuaria de Vigo, cuando estaba presidida por Julio Pedrosa, del Partido Popular. A la marina, que carecía de amparo municipal, le queda pendiente el recurso presentado contra otra sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo, en la que se confirma el derribo de la nave ilegal. La demolición fue decretada por el Ayuntamiento vigués. Astilleros y Construcciones A Lagoa, nombre de la sociedad que explota la marina, también ha tenido que precintar un restaurante construido con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros cuadrados, que se sustituyó por un edificio que quintuplicaba la superficie autorizada y que carecía de la posibilidad de ser retirado.

Una de las nuevas sentencias del Tribunal Superior, como resultado de las denuncias presentados por los vecinos de Teis, revela que la dirección del puerto deportivo "ni siquiera llegó a solicitar (...) la licencia de obra, lo que no impidió que alzara las construcciones que le servían de soporte". Esa fue la causa de que las autoridades municipales ordenasen la demolición.

"La entidad local sí era competente para conceder o denegar las licencias de actividad que se pretendían llevar a cabo en unas instalaciones ya erigidas dentro del dominio público de un puerto de interés general", relata la sentencia en sus fundamentos de derecho, que añade que "las naves de un puerto deportivo son obra pública de interés general".

Multa confirmada
El Tribunal Superior utiliza argumentos muy similares, y siempre acordes con los de las sentencias recurridas, para rechazar la petición de que se anule la sanción de 33.000 euros impuesta por el Ayuntamiento vigués. En este caso, el puerto solicitó la necesidad de audiencia a la Autoridad Portuaria en el expediente de reposición de la legalidad urbanística tramitado por la Gerencia de Urbanismo de Vigo. "Dicha Autoridad no había tenido participación alguna en la realización de la obra, y por lo tanto no era interesada en ella", concluye la sentencia. El fallo añade que sólo lo realizado conforme a la legalidad puede ser reintegrado a la Autoridad Portuaria, "no lo que fuese fruto de actuaciones ilegales".

Los vecinos de Teis han celebrado las sentencias como la demostración de que la razón les acompaña en el largo litigio emprendido contra el puerto deportivo de A Lagoa, según los afectados, una de las obras más agresivas con la ría de Vigo, al pie del monte de A Guía.


Un paseo en el camino
Las instalaciones del puerto deportivo de A Lagoa se levantaron sin permisos para las obras en tierra, que consistieron en la ejecución de las dos naves y el restaurante declarados ilegales. Para la construcción del complejo y como vía de acceso a los usuarios se utilizó durante años un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento. El paso constante de camiones retrasó un año tras otro una inversión del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de un paseo marítimo, cuyo trazado coincidía con el del camino usado por el puerto deportivo.

Después de muchos titubeos, el Ayuntamiento de Vigo acabó por cerrar al tráfico el cortafuegos, lo que supuso el desbloqueo del proyecto del paseo. El pasado 19 de junio, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, inauguró el bulevar, realizado de forma conjunta con la rehabilitación del borde marítimo del monte de A Guía. La inversión del Gobierno superó los 1,4 millones de euros. Su finalización supuso la culminación de una lucha vecinal que se prolongó durante casi dos décadas, en las que tuvieron que intervenir los juzgados para certificar la titularidad municipal de los terrenos del cortafuegos, puesta en entredicho por la dirección de A Lagoa.





* El País - 4.08.10
Foto: Puerto Marina Punta Lagoa - barcoamotor.es

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El reconocimiento mundial de l´Albufera peligra por las nuevas viviendas de Pinedo

LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Medio Ambiente le exige al ayuntamiento que acate el informe de la misión Ramsar y regenere y clasifique la zona sur con la máxima protección. Declarar la zona sur de Pinedo como suelo no urbanizable protegido y realizar un plan especial de regeneración medioambiental ante la "degradación" del terreno. Estas fueron dos de las conclusiones de la misión Ramsar, organismo internacional encargado de la protección de los humedales más importantes del mundo. Sin embargo, de eso hace ya tres años y el Ayuntamiento de Valencia, lejos de acatar las recomendaciones, ha dejado una puerta abierta a un posible desarrollo urbanístico en la zona.

Es más, muchos de los terrenos de cultivo que ocupan esta zona han sido abandonados y su lugar lo ocupan ahora vehículos aparcados (durante el año) y camiones y caravanas de feriantes, en los meses estivales.
Pero formar parte del convenio Ramsar implica algo más que pertenecer a la lista de Humedales de Importancia Internacional. L'Albufera podría dejar de formar parte del acuerdo si el ayuntamiento no acata sus recomendaciones. Así se lo ha hecho saber el organismo internacional al Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, el pasado 15 de julio, el Servicio de Conservación de Humedales del ministerio volvió, una vez más, a exigirle al ayuntamiento que acate el dictamen del convenio Ramsar y proteja la zona con el máximo nivel, ahora que está realizando la revisión del Plan General de Ordenación urbana (PGOU).
En el escrito sobre el incumplimiento de las conclusiones del informe de la misión Ramsar, el Ministerio de Medio Ambiente le recuerda al ayuntamiento que todos los terrenos localizados dentro de los cascos urbanos "están incluidos en la zona de l'Albufera, por lo que obligatoriamente deben clasificarse como suelo no urbanizable protegido en aplicación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana" por lo que, si dichas consideraciones no están incluidas en la memoria ambiental del PGOU de Valencia "deben incorporarse a la propuesta que se está redactando en estos momentos".
Además, el ministerio también asegura que si, finalmente, la sentencia del Supremo es declarada firme "quedarían anuladas sin excepciones las posibilidades de expansión urbanística del núcleo de Pinedo".

Protección transitoria
Y es que en la memorial ambiental del PGOU de Valencia, la conselleria afirma que, de forma transitoria, la zona se debe catalogar como "área de uso agrícola-huerta (A-H) y "área de uso agrícola-arrozal (A-A)", hasta que exista un fallo firme sobre el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) que, en la actualidad, está pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo.
Es más, en la memoria medioambiental de la conselleria se asegura que la zona sur de Pinedo tendrá una protección mínima "de forma transitoria" hasta que se clarifique su situación jurídica, es decir, hasta que el Tribunal Supremo diga si la zona existente entre el suelo urbano residencial consolidado de Pinedo y el nuevo paseo marítimo y la franja litoral debe ser una zona regenerada y con la máxima protección o, por el contrario, podría ser susceptible de futuras edificaciones. Hasta que los jueces dicten sentencia, el ayuntamiento mantiene la puerta abierta y se muestra reacio a proteger estos 89.171 metros cuadrados.

Pendiente del Tribunal Supremo
El escollo de la cuestión reside en que el PRUG, en su artículo 35.4 afirma que, con carácter excepcional, "el Consejo Directivo del Parque Natural, a propuesta de los ayuntamiento respectivos, podrá emitir informe favorable, preceptivo y vinculante, sobre la realización de las actuaciones urbanísticas necesarias en determinados ámbitos colindantes al suelo urbanos, entre ello el de Pinedo". Acció Ecologista Agró llevó el PRUG a los tribunales que declararon parcialmente contrario a derecho el decreto en cuestión. La Generalitat Valenciana, sin embargo, no acató la sentencia y la recurrió al Tribunal Supremo.





* Levante-emv - 3.08.10
Foto: La zona sur de Pinedo es, en la actualidad, un aparcamiento de camiones y caravanas - levante

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Lisboa, la capital del vacío

ELPAÍS/Portugal* : El corazón de Lisboa está envejecido. Este es el diagnóstico de Helena Roseta, concejal de vivienda, al describir el despoblamiento de la capital portuguesa y el abandono de muchos edificios. Las casas desocupadas abundan en el centro histórico, en barrios tan conocidos como Chiado, Baixa, Alfama, Graça o Alcántara. Es una imagen que se repite hasta en las zonas más cotizadas. Entre tiendas de lujo, hoteles, bancos y empresas multinacionales asoman edificios en avanzado estado de degradación.

El Ayuntamiento contabiliza una quincena en la Avenida da Liberdade, la principal arteria lisboeta, comparable con el paseo de la Castellana de Madrid o el paseo de Gracia barcelonés. Lisboa y Oporto se encuentran a la cabeza de las ciudades de la UE que más se han vaciado desde 1999 y con el mayor índice (24%) de habitantes de más de 65 años.

Helena Roseta, arquitecta de profesión, trabaja desde hace años a favor de una política de vivienda decente y fue reelegida en octubre pasado como concejal independiente en la lista del Partido Socialista. Roseta menciona tres elementos comunes del panorama urbanístico de ciudades como Lisboa, Oporto y Braga: el elevado número de pisos desocupados, el declive demográfico y el envejecimiento de la población.

Según un recuento de 2008, en Lisboa hay 4.000 edificios abandonados, de un total de 55.000. "Una parte ya tienen programas de rehabilitación aprobados por el Ayuntamiento, otros no pueden ser recuperados y tendrán que ser demolidos", explica el también arquitecto Manuel Salgado, teniente de alcalde y responsable de Urbanismo. De su estudio salieron proyectos urbanísticos como el Centro Cultural de Belem, los espacios públicos de la Expo de Lisboa, el estadio de Oporto y el paseo marítimo de San Miguel (Azores). En 2007 cambió la arquitectura por la política activa, y de momento no parece desencantado en su papel de brazo derecho del alcalde socialista António Costa.

En los últimos 30 años, Lisboa perdió unos 100.000 habitantes por década, y pasó de 800.000 habitantes al medio millón actual. Salgado dice tener "perfectamente identificadas" las causas del despoblamiento: "La mala calidad de los equipamientos de proximidad: guarderías, escuelas, centros de salud; la búsqueda de viviendas unifamiliares; y, la más importante, el coste del metro cuadrado, que en Lisboa es dos o tres veces más caro que en los municipios limítrofes".

Una cuarta parte de la población de la ciudad vive en el umbral de pobreza, según cálculos del Ayuntamiento. Jubilados, desempleados, gente que vive del subsidio mínimo, en un extremo. En el otro, quienes tienen más recursos y pueden acceder sin problemas al mercado de la vivienda en Lisboa. En muchos casos tienen casa en las zonas más exclusivas de los alrededores, como Estoril y Cascais. "Queremos acabar con la brecha enorme que existe en Lisboa entre los muy ricos y los muy pobres, y para ello es muy importante que la clase media y los jóvenes sean parte importante de la población de la ciudad", señala Manuel Salgado.

La ciudad tiene 650.000 puestos de trabajo, pero solo 500.000 residentes, de los que una cuarta parte son activos, explica el teniente de alcalde. "Esto significa que cada día entra y sale de Lisboa más de medio millón de personas. Es una situación prácticamente única en Europa, solo comparable con Oslo, que tiene más puntos en común con las ciudades estadounidenses". El geógrafo João Seixas, profesor de la Universidad de Lisboa, define el fenómeno como "una enorme fragmentación de residencia".

Las consecuencias de este trasiego diario son dramáticas para una ciudad que se llena y vacía como un pulmón. Desequilibrio, congestión de la vía pública, contaminación y ruido. "Hay 162.000 vehículos registrados en Lisboa y entran cada día unos 400.000, que suponen un gran desgaste para la ciudad y no aportan ingreso alguno a las arcas del Ayuntamiento porque pagan sus impuestos en otros municipios", explica Salgado.

Las noches y los fines de semana, Lisboa se vacía y hay zonas que adquieren un aire fantasmagórico. Algunos barrios más céntricos, donde abundan edificios abandonados, tienen notables carencias de servicios. Ante la falta de demanda hay poca oferta de tiendas, bares o taxis, lo que ahuyenta a los moradores jóvenes, que optan por vivir en barrios más lejanos pero con más vida.

Propietarios, inquilinos y autoridades municipales se acusan mutuamente del deterioro del parque inmobiliario. Los primeros se quejan de la ley de arrendamientos urbanos, que se remonta a los años cincuenta, en plena dictadura salazarista, y mantiene congelados alquileres irrisorios que no permiten afrontar obras de rehabilitación. "La propiedad se ha convertido en Portugal en una asistencia social privada al inquilino", dice Monteiro de Barros, de la Asociación Lisboeta de Propietarios.

Los contratos firmados desde 1990 son libres y el nuevo régimen de arrendamiento de 2006 permite aumentar los alquileres si la casa está en condiciones de habitabilidad, lo que no ocurre en bastantes barrios. Pero no se han tocado las rentas antiguas porque, según Manuel Salgado, "provocaría un choque social muy serio". Romão Lavadinho, presidente de la Asociación de Inquilinos Lisboetas, reconoce que "hay muchos pisos en mal estado, por los que el inquilino paga unos 70 euros al mes". "Pero no es menos cierto", añade, "que muchos propietarios dejan que las casas estén al borde de la ruina, para lograr su demolición y construir un inmueble con más pisos y más rentable". Lavadinho también acusa a los ayuntamientos de ciudades como Lisboa y Oporto: "Son los mayores propietarios y los que tienen el patrimonio más deteriorado".

A pesar de la decadencia de la Lisboa antigua y señorial, la belleza de la ciudad, con sus siete colinas y el río Tajo omnipresente, sigue siendo un poderoso imán para el visitante extranjero. Consciente de ello, el Ayuntamiento ha encontrado un instrumento para recuperar la vitalidad de la ciudad: el programa Erasmus, que facilita la movilidad académica de los estudiantes dentro de la Unión Europea. "Nuestro objetivo es transformar Lisboa en una ciudad Erasmus", asegura Manuel Salgado. Según los indicadores municipales, los 3.000 estudiantes extranjeros que llegan por año están contribuyendo a dinamizar el mercado de vivienda de alquiler.





* El País - 1.08.10
Foto: Lisboa, centro - viajesdefindesemana.net

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Miño: Todo por los terrenos

LARA GRAÑA/ A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló, en 2006, a favor de los afectados por las expropiaciones que el Concello de Miño llevó a cabo para que la entonces Fadesa acometiera su macrourbanización. Obra que ha quedado a medio hacer y que ocupa unos terrenos que se pagaron, en su día, a seis euros el metro cuadrado. Tanto el concello como la compañía inmobiliaria, hoy Martinsa-Fadesa, interpusieron un recurso de casación contra dicha sentencia del TSXG aludiendo a que esta tenía fallos de “claridad, falta de motivación” o que incurría en una “infracción de jurisprudencia estatal”. Su recurso no tuvo en cuenta, como le acaba de recordar el Supremo, que son las comunidades autónomas las que tienen competencia sobre materia urbanística y que, por tanto, lo que falló en 2006 el TSXG es perfectamente válido y ha de acatarse.

Dicen los tribunales que la concesión de dichos terrenos, articulada a través de un convenio firmado por Fadesa Inmobiliaria y el concello –antes, por cierto, de la aprobación de un Plan Xeral y sin plan parcial de obra–, es nula. Que las expropiaciones se hicieron de manera ilegal porque “se produce la falta de información pública y la citación a los propietarios”, que no tuvieron opción a que sus propiedades dejaran de ser suyas por mandato municipal. ¿Qué implica esto? Que hay una urbanización que se mira en el espejo de la de la inhóspita ciudad fantasma de Seseña –de Paco El Pocero–, que se edificó sobre terrenos expropiados de manera ilícita. Que la concesión de estos queda anulada.

No se puede demoler lo ya construido y devolver a los dueños sus propiedades tal y como ellos las tenían antes de que les fueran desposeídas, por lo que deberán ser indemnizados. Pese a que Fadesa había abonado entonces a seis euros cada metro cuadrado de los más de un millón que ocupa la urbanización, otro fallo judicial elevó esta cifra a más de 25 euros. Ahora, y con las leyes en la mano, el Concello de Miño tendrá que desembolsar un 25% adicional. En cifras redondas, este ayuntamiento debe abonar a los afectados unos siete millones de euros procedentes, claro está, de las arcas públicas. Se dará la circunstancia de que los expropiados, habitantes del municipio, recibirán dinero que ellos mismos sufragan con sus impuestos.

¿Y por qué ha de ser Miño el que ponga el dinero sobre la mesa? Porque fue el Ejecutivo municipal, en una sesión plenaria, el que decidió que las propiedades de la zona de Perbes-San Xoán de Vilanova tenían que ser carne de recalificación y urbanización.

Ha vuelto a pasar lo que se ha venido repitiendo en muchas localidades españolas. Expropiaciones que, a posteriori, fueron calificadas como ilegales o nulas una vez que sobre ellas ya había veinte chalés, catorce adosados, dos pistas de tenis y una parcela con un pequeño parque infantil. Y, al final, es el contribuyente el que repara, como siempre, aquel acuerdo plenario que prometió una vez mucho progreso para una localidad gallega.


* Lara Graña, xornalista



* Xornal - Opinión - 29.07.10

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La Xunta reduce a la cuarta parte las ayudas para rehabilitar viviendas

ELPAÍS/Galicia* : El propietario de una vivienda en un casco antiguo podía recibir una subvención máxima de 24.000 euros para rehabilitarla. Hasta el pasado 20 de julio, cuando entró en vigor la resolución de la Xunta que convoca las ayudas a fondo perdido para recuperar viviendas en conjuntos históricos, que rebaja el límite hasta 6.600 euros. La reducción del máximo en un 72,5% está provocando la alarma en los alrededor de 70 ayuntamientos gallegos con cascos históricos, que ya están experimentando las consecuencias de una medida que rompe con década y media de políticas de decidida apuesta por la rehabilitación en Galicia.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, publicó el pasado 19 de julio en el Diario Oficial de Galicia la resolución. La nota de la Xunta hacía referencia al total de los fondos destinados, 4,98 millones de euros, pero no decía ni una sola palabra de la rebaja de los máximos subvencionables. Fue a partir del día siguiente, cuando la orden entró en vigor y se abrió el plazo de un mes para la presentación de solicitudes, cuando la alarma se comenzó a extender por los ayuntamientos con casco histórico. Ayer, concejales y alcaldes socialistas de varios de ellos expusieron el problema a la dirección del Grupo Parlamentario del PSdeG, que anunció la presentación de iniciativas en la Cámara para forzar una rectificación de la consellería que dirige Agustín Hernández.

"Con una subvención máxima de 6.600 euros, ningún vecino se mete a rehabilitar nada", lamenta el alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, que lidera a los ayuntamientos de la provincia de Ourense afectados por el drástico recorte. A la reunión de ayer con las diputadas Mar Barcón y Carmen Cajide asistieron alcaldes, concejales y portavoces de otros ayuntamientos que están acusando la rebaja de las subvenciones, como Ourense, A Coruña, Ferrol, Castro de Rei, Baiona o Castro Caldelas.

La caída de las ayudas se agrava por su aplicación a obras que están en ejecución o a subvenciones que ya estaban concedidas, cuyos solicitantes han firmado créditos para financiar las rehabilitaciones. Barcón acusó a la Xunta de ir "contra los ciudadanos" y contras las pequeñas y medianas empresas que ejecutan los trabajos, y que estaban encontrando en la rehabilitación una válvula de escape a la crisis en el sector inmobiliario. "También las pequeñas empresas locales de albañilería o fontanería se van a ver afectadas", lamenta Marcos Blanco.

La resolución del IGVS establece ayudas a la rehabilitación y a la renovación de viviendas. En ambos casos distingue entre cascos históricos y en el medio rural, a los que se destinan 2,58 y 2,4 millones de euros, respectivamente. En los primeros, el recorte es tan severo en las ayudas a la rehabilitación como en las concedidas para renovación de viviendas, cuyo límite pasa de 30.000 euros a 8.600. Las subvenciones en el medio rural se establecen por un sistema distinto que considera la renta de los solicitantes, aunque, según los socialistas, supone igualmente un recorte global de las ayudas.

La propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras asumió ayer la reducción de las subvenciones, que justificó por los "incrementos irresponsables" que llevó a cabo la antigua Consellería de Vivenda, que dirigía la nacionalista Teresa Táboas. La Xunta argumenta además que "pese al ajuste", las cuantías concedidas son "más elevadas que las del Ministerio de Vivienda". La misma línea sigue para defender al Gobierno gallego el PP, que salió al paso de las acusaciones del PSdeG con una crítica a la "falta de vergüenza política" de este partido por censurar el caso gallego y no "los recortes del ministerio".

La consellería de Hernández justifica no sólo los recortes, sino otras restricciones incluidas en la nueva reglamentación de las ayudas, como que ningún miembro de la unidad familiar que las solicita disponga de otra vivienda. También se prohíbe que las casas rehabilitadas se destinen al mercado del alquiler, para evitar "que se haga negocio con fondos públicos".






* El País - 3.08.10
Foto: Lugo, rehabilitación - coaglugo.es

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Chile.- ¿Se debe insistir en un proyecto ya rechazado?

LANACIÓN/Santiago* : Lo que hace falta en la generación de las políticas públicas referidas a las ciudades es planificar, sin miedo al qué dirán, teniendo a la vista todas las variables disponibles. Todos sabemos que el Consejo Regional (CORE) Metropolitano rechazó el pasado 30 de junio el proyecto de expansión urbana denominado PRMS 100, concebido por el gobierno de Michelle Bachelet y reafirmado por el gobierno de Sebastián Piñera, que contemplaba en el lenguaje oficial una actualización de las áreas de extensión urbana y reconversión. El motivo que justificaba esta iniciativa era estar preparados para asumir el crecimiento vegetativo de la población hacia el 2030, que superaría en esta región los 8 millones de habitantes.

En casi 10 mil hectáreas agrícolas se iban a crear las zonas urbanizables condicionadas (ZUC), en terrenos fusionados de 60 hectáreas localizados en siete comunas con la siguiente composición: 6 mil 236 hectáreas para actividades inmobiliarias; 2 mil 731 hectáreas para parques y áreas verdes ligadas a las anteriores; 795 hectáreas que son industriales se reconvertían a habitacionales.

Los proyectos inmobiliarios podían tener densidades brutas máximas de 165 habitantes por hectárea, los que en quebradas adyacentes a los trazados viales y a los canales y en otros elementos naturales (es decir, en sectores no aptos para edificar), tendrían áreas verdes materializadas o garantizadas, incluyendo su mantención por un plazo de cinco años: ergo, los privados que se iban a beneficiar con los cambios de uso de suelo después de ese corto período no tenían ninguna obligación con tales áreas verdes y como los municipios siempre están escasos de dinero, esas tipologías irremediablemente se transformarían en peladeros.

Cada ZUC debía contar con la vialidad necesaria para sus futuros habitantes, la que debía tener una conexión con la vialidad existente y 6% del terreno tenía que ser para equipamiento. Sólo un escaso 8% del terreno destinado a uso residencial era para construir viviendas sociales, lo cual desmiente el discurso oficial de que esta expansión se hacía para beneficiar a los pobres. El PRMS 100 también exigía que cada privado tenía que suprimir los riesgos naturales en los terrenos de su proyecto, lo que es bastante obvio.

Ahora bien, el CORE es presidido por el intendente y está conformado por 26 consejeros. En la votación en que se rechazó este proyecto intervinieron todos los consejeros y el resultado fue 13 votos en contra, una abstención y 12 votos a favor; los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta y cuando hay empate el intendente dirime. Pero de manera irregular se ordenó una segunda votación, suponemos que con el deseo de llegar a un empate 13 a 13 de modo que el intendente, interesado en la expansión, cargara la balanza a la aprobación. No fue así porque quien se abstuvo votó en contra, con lo cual el resultado de esta absurda segunda votación fue 14 en contra y 12 a favor.

Como en nuestro país se habla tanto de transparencia y se practica tan poco, en atención a que la ciudadanía no sabía quiénes se iban a beneficiar patrimonialmente con esos cambios de usos de suelo, conforme con la Ley Nº 20.285, que garantiza a los habitantes tener libre acceso a la información pública que manejan las instituciones del Estado, el 8 de julio pasado le pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos indicara los nombres de las personas jurídicas o naturales propietarias de los diez más extensos predios por cada una de las comunas donde se contemplaban las ZUC, con número de rol asignado al predio y su superficie. Ese ministerio traspasó nuestra solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que en los próximos días nos entregará la información, la cual, inmediatamente, daremos a conocer a la opinión pública para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Pero, inexplicablemente, hemos sabido que se están articulando los promotores de la expansión y que, para ello, se está conformado un task force con funcionarios muy idóneos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Intendencia Metropolitana y el Ministerio de Vivienda con el propósito de efectuar cambios cosméticos en el PRMS 100 y así, con el fundamento de que se trata de un proyecto distinto, llevarlo al CORE para someterlo a una nueva votación, en el entendido de que un indeterminado número de consejeros que anteriormente habían rechazado la expansión ahora estarían dispuestos a aprobarla.

Estaremos atentos al desarrollo de los hechos y esperaríamos del gobierno que, haciendo valer la probidad, se inhiba de torcer la voluntad mayoritaria de los consejeros regionales, porque éstos ya optaron por el rechazo debido a que, en razón de los terrenos disponibles al interior del área urbana, no era necesario seguir ampliando los actuales límites de esta colapsada megalópolis.

Lo que hace falta en la generación de las políticas públicas referidas a las ciudades es planificar, sin miedo al qué dirán, teniendo a la vista todas las variables disponibles para que así el futuro de sus habitantes sea promisorio. Asociado con lo anterior, constatamos con preocupación que todavía no se anuncia la urgente Ley de Ordenamiento Territorial, la que sería una eficaz herramienta para darle sustentabilidad al desarrollo de los asentamientos humanos.






* La Nación - 3.08.10
Foto: Santiago de Chile - descubra.info

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Málaga.- Propuestas vecinales para los solares vacíos

CARMEN CAMPOS* : No deja de llamarme la atención el número de solares vacíos que hay en el Centro Histórico. Concretamente, leo en la prensa que la Gerencia de Urbanismo contabiliza hasta 225 espacios sin uso y cerca de 40 sin vallar, en algunos casos en situación de abandono. Como vecina del centro creo que esta ciudad debe y puede dar uno a estos espacios teniendo en cuenta la escasez de equipamientos públicos que sufre la zona. El centro no es sólo el punto de encuentro de los malagueños y turistas que inician su viaje en el corazón de la ciudad, sino un barrio donde viven familias, aunque no siempre se entiende así.

A los vecinos nos gustaría bajar al parque infantil con los críos o disponer de un gimasio al aire libre como tienen otros barrios, pero no disponemos de esos privilegios. Bien es cierto que tenemos otras muchas ventajas por vivir en el centro y somos conscientes de ello, aunque eso no debería restarnos las opciones de ocio y cultura que hay en otras zonas de la ciudad.

Mi propuesta es scar partido a los solares sin uso y trasformarlos en espacios adecuados para la práctica deportiva o recreativa. Sin grandes lujos, algo operativo y práctico que dé otro aire a estos solares tan demacrados que tanto afean la imagen del centro. aal número de solares vacíos que hay en el centro de Málaga. Pienso que rehabilitar o recuperar espacios no siempre es sinónimo de construir un edificio o pavimentar una calle, sino de mejorar la calidad de vida de los residentes transformando el entorno en un espacio agradable y productivo.

¿No es mejor esta opción a la realidad que tenemos en el Centro Histórico? Solares amplios y con luz que se han convertido en vertederos de basura y focos de delincuencia. Los vecinos convivimos con malas condiciones higiénico-sanitarias e inseguridad, lo que poco benefician a la capitalidad de Málaga 2016. Esta ciudad debería ofrecer otra imagen y quiero pensar que desde el equipo de gobierno se tiene consciencia de la problemática con los solares del centro y se valoran las sugerencias de los residentes. Sólo falta plasmarlo si es que hay voluntad política.





* SUR - Opinión - 3.08.10
Foto: Los residentes del centro echan en falta espacios públicos de convivencia vecinal.- SUR

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A Coruña.- Reyal Urbis señala al gobierno local como único responsable de la legalidad de la torre

LAVOZDEGALICIA* : Portavoces de Reyal Urbis S.?A. aseguraron ayer que el Ayuntamiento «es el único y último responsable» de la licencia de construcción del edificio Torre Urbis, en Someso, que el juzgado Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña acaba de declarar nula a través de una sentencia. Remarcaron que la constructora actuó «ajustándose escrupulosamente a la legalidad» y que el garante de todo ello son las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento. Por su parte, desde el gobierno municipal anunciaron que presentarán recurso de apelación contra la sentencia y la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, insistió en que la licencia se concedió «conforme a derecho».

En su fallo, el tribunal estima parte de la demanda presentada por el despacho Talín Abogados de A Coruña y considera que en Torre Urbis, un edificio de 17 plantas y 144 viviendas, no se ha cumplido la reserva mínima de plazas de garaje previstas en el PGOM y en la legislación gallega. De hecho, en el proyecto inicial se proyectaron seis plantas de sótano para plazas de garaje y trasteros, pero con la modificación posterior solo se hicieron tres sótanos y la mayor parte de los garajes se trasladaron a otro párking bajo suelo dotacional público, algo que solo está permitido para casos excepcionales. En este sentido, el juez explica en su sentencia que los informes que precedieron a la concesión de la primera licencia en 2006 acreditan que era viable la construcción de las seis plantas y que, por ello, «debe concluirse que no es admisible la utilización de dominio público viario sin haberse justificado por parte de la demandada la imposibilidad, dado el carácter excepcional del supuesto y sin que la ordenanza 2.1.3.5. puede ser causa de autorización en contrario de dicho precepto».

Desde Reyal Urbis puntualizaron ayer que la licencia que modificaba el proyecto se concedió cuando el edificio todavía estaba en construcción (por lo tanto, según matizaron, el edificio no estaba terminado) y que en este momento solo quedan dos personas pendientes de escriturar sus pisos «tras negarles el juzgado la resolución del contrato privado de reserva», indicaron. Confirmaron que tienen de plazo hasta el 8 de septiembre para presentar el correspondiente recurso, un trámite que, según indicaron, realizarán conjuntamente con el Ayuntamiento aunque deberá ser la administración local «la que lidere el proceso» ya que es el demandado principal, aseguraron. Los portavoces de Reyal Urbis también restaron importancia a la posibilidad de que, en última instancia, el juzgado pueda ordenar la demolición del edificio. «Eso es pura especulación. El caso está en manos de la Justicia, habrá recursos y ya se verá lo que pasa», aseguraron.

Por su parte, la concejala de Urbanismo insistió en que la licencia se ampara «en un articulado modificado de la Lei do Solo que permite la concesión de plazas de aparcamiento privadas en parcelas que no son estrictamente las reservadas para este fin». Añadió que el juez pudo haber realizado una «interpretación» del artículo original de la ley para dictar sentencia e insistió en que el recurso que presentará el Ayuntamiento «permitirá ratificar la correcta actuación de los servicios urbanísticos municipales».
Por su parte, el grupo municipal del PP acusó ayer al alcalde, Javier Losada, de haber conseguido judicializar el urbanismo en la ciudad y crear una sensación «de inseguridad jurídica a los coruñeses que solo pretenden comprar una vivienda». Pide que el gobierno local garantice que no va a existir ningún problema con este edificio al cabo de un tiempo y le exigió explicaciones «sobre esta nueva ilegalidad urbanística». Indica que este caso se une a la lista de «chapuzas urbanísticas» como el edificio Conde de Fenosa o el Papagayo, según citaron.





* La Voz de Galicia - 3.08.10
Foto: A la izquierda, la Torre Urbis de Someso - laopinioncoruna.es

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Greenpeace denuncia que la superficie urbana de las Islas Canarias creció un 54% en sólo siete años

GREENPEACE* : Tras diez años vigilando el litoral, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección. En el caso concreto de las Islas Canarias, Greenpeace resalta que en sólo siete años (entre 1997 y 2002) la superficie urbana del archipiélago aumentó un 54%.

Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. En todo el Estado, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.

“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”.

Urbanismo salvaje

Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral como “negro”, ni la previsión más pesimista podía prever lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. La presión urbanística se ha centrado particularmente en Fuerteventura, donde la superficie edificada ha crecido un 159% en los últimos 17 años, en Lanzarote, donde ha aumentado un 60% y en Tenerife, con un 51%. El mismo modelo se fue trasladando a islas menos saturadas, en 2004, en La Palma se proyectaron 25.000 nuevas camas. La locura urbanística alcanzó su cenit en 2007, en pleno boom del ladrillo se aprobaron planes para construir 380.000 nuevas viviendas.

Construcción de infraestructuras

La fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral. En Tenerife, se ha proyectado un crecimiento del 500% en número de amarres desde 2007. La proyección desmesurada en Gran Canaria se iniciaba mucho antes, en 2001 se pretendía aumentar la oferta de amarres a 2.000.


Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. Tenerife acoge uno de los peores ejemplos de desprecio al medio ambiente, con la proyección del puerto de Granadilla. La historia de los intereses especulativos con este puerto es la historia que se inicia en 2003 con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en una zona completamente virgen hasta la paralización por parte del TSJC por la “descatalogación a la carta” de los sebadales protegidos donde se proyecta el puerto. En 2010, el Gobierno de Canarias desprotege en el Catálogo Canario de Especies Protegidas el sebadal para saltarse así el bloqueo judicial.

Contaminación endémica

A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la CE ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas.

Respecto a Canarias, Greenpeace alertaba en 2001 de la existencia de 90 emisarios submarinos a través de los que se vertían aguas residuales urbanas e industriales sin depurar. En 2006, lejos de mejorar, existían 330 puntos de vertidos en las islas y el 80% de estos eran ilegales.

¿Diez años más de destrucción?

Tras esta radiografía de destrucción costera en los últimos diez años, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral.

Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasan por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente.

“En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60” ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. “Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas. Es imprescindible sentar las bases hacia una economía sostenible en la costa antes de que sea demasiado tarde”, subraya Marcos.

Greenpeace señala cinco asignaturas pendiente en la gestión del litoral. Las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen promovidos por las correspondientes administraciones:

- La única alternativa posible al Puerto de Granadilla es la ordenación portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de España debe anular la declaración de impacto ambiental favorable que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 y denunciar por inconstitucionalidad el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

- El Gobierno de Canarias debe abandonar todos los intentos por legalizar los hoteles de Lanzarote, reflejo de la especulación urbanística en la isla.

- Los proyectos de plantas regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria deben ser rechazados, pues suponen un foco de contaminación térmica y química muy importante.

- Canarias debe cumplir de manera estricta la directiva europea de depuración de aguas residuales.

- La declaración de la Zona Marítima Especialmente Sensible al tráfico marítimo de todo el archipiélago no puede seguir siendo un gran parque de papel sin ninguna gestión e implementación de los objetivos que llevaron a su declaración.


“Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual pero que encierra un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca”, declara Marcos. Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero.

En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, escadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe. Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.





* Greenpeace - 16.07.10
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias.- greenpeace.org

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La fórmula valenciana

ABELARDO MUÑOZ* : Meninfot es como se conoce en Valencia a quien todo se le da una higa. Palabra ad hoc que bien puede aplicarse a la izquierda valenciana y su base ciudadana, sumidas desde hace lustros en la sima de una perpetua oposición. Secas como el cauce del río Turia. Mientras la izquierda de la ciudad de Valencia, y del País Valenciano en general, es más bien meninfot, la derecha se dedica a sus negocios, privados y/o públicos. Algunos, como Terra Mítica, parque temático ubicado en un secarral, pierden millones con alegre despreocupación. Otros, como la visita del Papa en 2007, han supuesto el despilfarro de 84 millones de euros del erario público. La punta de lanza de la actual derecha política valenciana es la burguesía agraria que llegó desde las comarcas a las ciudades con el talante de un llauro (labrador) a lo Paco Martínez Soria. Se mudaron con su subcultura y son los que hoy mandan.

La progresía, entre tanto, lleva años mesándose los cabellos sin entender cómo el AVE de la historia puede ir para atrás, pues en menos que canta un gallo se pasó de celebrar que la ciudad de Valencia había sido capital de la II República en su etapa postrera a fastos papales y marianas procesiones dignas de una superproducción de Cecil B. de Mille.

Fuera de aquí la gente se pregunta: ¿cómo es posible que el PP valenciano lleve 19 años seguidos sin perder las elecciones autonómicas y municipales? ¿Ha cambiado algo desde que se reventara ese forúnculo de merendones que es el caso Gürtel? ¿Son los votantes de Castellón inmunes el caso Fabra y los de Alicante inmunes al caso Ripoll? ¿Cómo es posible que, pese a todo lo que se sabe de Paco Camps, tantos de sus votantes le estén agradecidos por la oportunidad que les ha brindado de asarse al sol los domingos en las gradas sin techado del puerto para disfrutar de la fórmula 1 y de Fernando Alonso en acción?

Los socialistas valencianos ven cómo siempre les adelanta un PP de tono chulesco, que aprendió el inestimable valor político del golpe de efecto, los fuegos artificiales tan queridos en las tierras valencianas. El populismo político valenciano del siglo XXI es una mascletá, como las risotadas de la alcaldesa Rita Barberá ante las acusaciones de que El Bigotes le compró el bolso. La edil exhibe una mueca a lo Millán Astray, y con la cabeza echada hacia atrás, parece decir: "Da igual lo que penséis, de aquí no nos moveremos".

Todo comenzó a torcerse para la izquierda a finales de los 80 cuando el conocido popularmente como búnker barraqueta comenzó a avivar el anticatalanismo y fabricó de la nada un monstruo secesionista, el blaverismo, que logró divorciar este país perplejo de sus primos naturales del norte. Apareció una caricatura salida de un sainete de Bernat i Baldoví llamado Vicente González Lizondo para enarbolar el pendón anticatalán y con un remake del Vivan las caenas y otro del Muera la inteligencia, el blaverismo empezó a subir como la espuma.

La burguesía urbana ilustrada fue acorralada por una clase venida del campo y extremadamente conservadora. Al principio, el PP sudó tinta para frenar el populismo de los blaveros, pero luego llegó el llamado Pacto del Pollo que disolvió Unión Valenciana en las filas del PP. Lo que catapultó a Rita Barberá a la alcaldía de Valencia en 1991, y ahí sigue.

Empezó la larga marcha por el desierto de la izquierda del País Valenciano. Muerto Joan Fuster, diluidos los periódicos impulsados por la burguesía urbana progresista como Diario de Valencia, situada en la marginación la izquierda nacionalista (Acciò Cultural), el terreno estaba libre para el peor de los escenarios posibles: un urbanismo salvaje impulsado por la derecha ruralota. Hoy la destrucción del litoral valenciano es tal que Benidorm es casi un parque ecológico. Entre 1997 y 2006 se construyeron en el país perplejo 750.000 viviendas, lo que supuso la desaparición de 180 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Y esta insaciable clase dominante barrunta ya, con el beneplácito de Paco Camps y su Consell, unos planes de ordenación del territorio que suponen añadir 718.000 viviendas en tan solo 57 municipios. Se expande la pesadilla a lo Mad Max.

Los socialistas valencianos también tienen su responsabilidad. Gobernaron la ciudad y la comunidad a finales de los setenta y comienzos de los ochenta y tomaron algunas decisiones relacionadas con la actual situación. La más vistosa fue el modelo de la televisión pública autonómica: el actual híbrido entre ramplonería folclórica y desfachatez partidista nació con ellos. Bajo mandato socialista, Canal Nou fue diseñado como una botiga para marujas a fin de no enfadar a los blaveros.

Valencia no siempre fue así. El historiador Ramiro Reig escribe que en los primeros lustros del siglo XX, durante la Feria de Julio, el pueblo pedía a la banda municipal que tocara La Marsellesa, y que el Viernes Santo los concejales republicanos paseaban en tartana por la ciudad contra la orden que lo prohibía. Valencia era laica, liberal y progresista hasta el punto de que en las elecciones de abril de 1931 la candidatura de Alianza Republicana alcanzó porcentajes superiores al 75% en los distritos populares.

Pero la Valencia de hoy continúa seca como el Turia bajo el cruel sol de julio. Ni siquiera parece interesada en recuperar su espíritu extraviado.


* Abelardo Muñoz es periodista y escritor.




* El País - Opinión - 31.07.10


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La Vila permite que ´el Culto´ lleve activo 9 años sin licencia

INFORMACIÓN/Alicante* : La Iglesia Evangélica de Filadelfia, más conocida como "El Culto", lleva activa más de nueve años sin licencia municipal de actividades. Según denuncia la comunidad de propietarios, la iglesia, situada en un local comercial del edifico Rabassa, está funcionando con el consentimiento del Ayuntamiento a pesar de no contar con las autorizaciones administrativas correspondientes.

Jaime Lloret, alcalde del municipio, afimó que "nos hemos reunido cuatro veces con el administrador de la finca y somos conscientes del problema. Es cierto que no tienen licencia, estamos intentando que cumplan con la legalidad o que busquen otra ubicación". A pesar de las promesas que se hacen desde el Consistorio, el problema está presente desde 2001 y no se ha tomado ninguna medida al respecto.
Por lo tanto, el gobierno local está incurriendo en un delito de prevaricación, ya que como expone la denunca presentada en el Ayuntamiento se está cayendo además "en agravio comparativo con otros locales, ya que careciendo estos de la correspondiente licencia de actividad y funcionamiento, han sido clausurados de inmediato, atendiendo a lo establecido en el artículo 323 del Decreto 52/2010 de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003 de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos".
Además de la situación de ilegalidad en la que se encuentra el local, dede la comunidad de propietarios se denuncia que "son muchas las molestias que causan. Han tomado el local como un lugar de encuentro y reunión en el que se hacen fiestas hasta altas horas y con la música a un volumen muy elevado". En las ocasiones que esto ocurre afirman que "se llama a la Policía pero ésta nunca acude". Además, Gerardo Coloma, administrador de la finca, añadió que "el patio comunitario ha sido confiscado por ellos, por lo que las molestias son innumerables" y que "sólo ha habido confrontaciones verbales, nunca se ha llegado a lo físico, probablemente por la separación de los balcones".
Desde la administración de la finca se hace hincapié en que además de los problemas que la iglesia causa a los vecinos, al no tener esta licencias, es también un peligro para los que acuden a "el culto". Por ello, han solicitado que el local pase "una inspección de Urbanismo para que se cerciore de la existencia de medidas de seguridad y aseguranza".
El primer edil afirmó que "la iglesia puede pedir la licencia porque tiene compatibilidad urbanística, pero eso lo lleva la concejal de Urbanismo". Pero Charo Escrig, la edil en cuestión, tampoco ha restablecido la legalidad del local. El responsable de la comunidad de vecinos apuntó que "desde el Ayuntamiento sólo se han hecho promesas y vertido falsas esperanzas sobre los vecinos afectados.
En el último escrito los propietarios amenazan con "presentar en el juzgado de instrucción toda la documentación del tema para solicitar que se dé traslado a la fiscalía del expediente". Sin embargo, Gerardo Coloma asegura que "este es un proceso muy lento y costoso para una comunidad de propietarios. El alcalde y los concejales son conscientes de ello y por eso no nos toman en serio".
Vista la falta de iniciativa ante las reiteradas noticias, la administración de la finca ha hecho llegar el expediente al concejal del Bloc, Vicent Serra. Este declaró que "el Ayuntamiento debe de dar una respuesta ante las quejas de los vecinos y más aún si se está incumpliendo la ley".
El administrador de Rabassa aseguró que "es un problema que el gobierno no ha podido negar, lo que ocurre es que no quieren actuar".
Al parecer, tal y como explica Vicent Serra,"el problema es, que todos moros o todos cristianos", a lo que Gerardo Coloma añade, "no creo que lo hagan por votos, lo que ocurre es que aunque no lo parezca éste puede ser un colectivo conflictivo en un momento dado".




* Información - 2.08.10
Foto: La fachada de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en el edificio Rabassa - diarioinformación.com

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La Xunta demolerá un tanatorio en Pontevedra por orden del Supremo

ELPAÍS* : La Consellería de Política Territorial que autorizó su construcción el 20 de diciembre de 1993 es la que ha dictado 17 años después la orden de demolición del tanatorio de Montecelo , lindante con el hospital público pontevedrés, tras década y media de pleitos en los tribunales. La Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU) dependiente de la cartera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que dirige Agustín Hernández tiene listo ya el proyecto de demolición del edificio para devolver la finca a su estado original, tal y como mandata una sentencia del Tribunal Supremo.

Las máquinas tumbarán la construcción el próximo 12 de agosto. El presupuesto para demoler el tanatorio declarado ilegal por varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificadas posteriormente por el Supremo, es de 198.075 euros, IVA incluido, a los que habrá que sumar otros 3.000 euros para que los trabajos de derribo respeten al máximo las medidas de seguridad y salud, dado que el edificio está pegado al hospital de Montecelo.

El coste de las obras lo asumirá en primera instancia la Xunta que ya las ha adjudicado provinsionalmente por un importe de 105.867,67 euros, más IVA. La Consellería pasará después la factura a las empresas Pompas Fúnebres SL, Central Funeraria SL, y Alianza y Barros SA, porque según se deriva de la sentencia judicial deben ser estas firmas las que asuman el coste.

Con su decisión, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cumple con la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que requirió a la Consellería de Medio Ambiente el pasado 4 de diciembre de 2009 para que ejecutase una sentencia previa del Supremo y decretase "el cierre de la actividad [del tanatorio], la demolición de la edificación para restaurar la legalidad urbanística".

A la vista del requerimiento judicial, la APLU, dictó el pasado 3 de marzo de 2010 -cuando su anterior director, Hipólito Pérez, todavía no había sido cesado por el conselleiro, una orden para seguir el mandato de los tribunales. El servicio técnico de la agencia concluyó la redacción del proyecto de demolición de las obras e instalaciones el pasado junio. Ahora sólo falta que la empresa adjudicataria presente la documentación correspondiente. Deberá hacerlo necesariamente antes del 7 de agosto. El 12 de este mismo mes las excavadoras empezarán a desmontar el tanatorio de Montecelo que según ha decretado el Tribunal Supremo se construyó hace 17 años sobre un terreno no urbanizable según el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pontevedra.

La sentencia declaraba ilegal la licencia concedida por la Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra, de la Consellería de Política Territorial que dirigía entonces (en 1993) Xosé Cuiña, para edificar el tanatorio sobre suelo rústico y anula por tanto el permiso municipal. Tanto el Ayuntamiento de Pontevedra, como la Xunta y las adjudicatarias recurrieron sin éxito en varias ocasiones hasta el Tribunal Supremo. Perdieron la batalla legal y el tanatorio queda ahora a merced de la piqueta.
Las firmas podrán reclamar a la Xunta

La decisión de la Consellería de Política Territorial -que presidía en 1993 el fallecido Xosé Cuiña- de dar licencia a las promotoras del tanatorio de Montecelo para levantar el edificio sobre suelo rústico puede salir cara a la Administración 17 años después. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificada por el Supremo declara ilegal ese permiso otorgado entonces por el Gobierno gallego, lo que ahora se traducirá en el derribo del tanatorio. El fallo judicial estipula que el coste de la demolición -que en un primer momento asume la Xunta- debe ser repercutido posteriormente a las empresas promotoras. Sucede que, con ese fallo judicial en la mano -que declara nula la licencia de la Xunta- , es más que previsible que Pompas Fúnebres, Central Funeraria SL y Alianza y Barros SA inicien otra batalla legal para reclamar al Gobierno gallego que pague no sólo el coste de las obras de derribo, sino también los daños y perjuicios que la sentencia ocasione a estas empresas, además del lucro cesante.

El hecho de contar con una licencia de la Xunta ampara legalmente al administrado para llevar a cabo las obras. Si finalmente un tribunal declara nulo el permiso otorgado por la Administración, el particular puede presentarse como perjudicado y litigar para que se le indemnice por los perjuicios causados.

El caso tiene su origen en el recurso presentado por unos vecinos de la zona contra la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Xunta que autorizó la obra sobre suelo rústico. El Tribunal Superior de Xustiza dio la razón a este particular por primera vez en mayo de 1997. Antes, el mismo vecino había presentado reclamación ante la Xunta sin obtener respuesta alguna.





* El Páis - 2.08.10
Foto: Pontevedra, ayuntamiento - e-global.es

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Anticorrupción reclama 11 años cárcel para Massot por tres piezas del "caso Andratx"

EPA/EFE/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 11 años de cárcel para el ex director general del Territorio de Baleares Jaume Massot por tres piezas del "caso Andratx" relativas a la construcción ilegal de sendas casas en terrenos protegidos, por las cuales tiene que pagar fianzas civiles por 210.000 euros. El juez instructor de esta extensa causa de corrupción urbanística en el municipio mallorquín durante la anterior legislatura del PP ha ordenado la apertura de juicio oral por las piezas 6, 9 y 54, de las más de 70 en que está dividido el caso.

Las dos primeras las juzgará la Audiencia de Palma y la tercera corresponderá a los Juzgados de lo Penal de Palma, según los autos de apertura de juicio oral a los que ha tenido acceso Efe.

En la pieza número 6, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para Massot -ex jefe de Urbanismo de Andratx- y en ella también figura como acusado el ex celador municipal de obras del Ayuntamiento Jaume Gibert, que confesó sus delitos.

La pieza versa sobre la construcción, por parte de dos matrimonios de una casa unifamiliar entre los años 2002 y 2004 en una finca rústica de su propiedad, conocida como Ca'n Mena, en el municipio de Andratx.

Massot y Gibert -para este último el fiscal pide 2 años de prisión- están acusados de delitos de falsedad, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Figuran también como acusados los dos matrimonios y el letrado asesor del consistorio Jacobo R.M., que se enfrentan a entre seis meses y 3 años y medio de prisión.

El juez instructor del caso, Francisco José Pérez, ha impuesto fianzas para hacer frente a posibles responsabilidades civiles, que cifra en 75.000 euros para Massot, 17.000 euros para Gibert y 137.000 euros para cada uno de los componentes de los dos matrimonios acusados.

En la pieza número 9, que también se juzgará en la Audiencia, figuran ocho personas, entre ellas una funcionaria del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y un abogado.

En ella se juzga la construcción entre los años 2002 y 2004 de una vivienda unifamiliar en un terreno calificado como suelo rústico con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) en el que no se podía edificar.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, para iniciar la construcción, tres de los acusados, propietarios del terreno, consiguieron que la funcionaria del Ayuntamiento -Ángela H.R.-, a instancias de Massot, escribiera que en la finca existía una vivienda de 50 metros cuadrados, lo cual era falso.

Gracias a esto y a los informes favorables de dos de los acusados, uno de ellos el abogado asesor del Ayuntamiento Jacobo R.M., para quien el fiscal pide 6 meses de cárcel por prevaricación, se consiguió la licencia de la casa.

Para Massot y la funcionaria, el fiscal reclama 3 años y medio de cárcel por dos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, para los propietarios del terreno pide 3 años y medio de cárcel y para el arquitecto director de las obras 2 años más.

El juez impone a Massot en el auto de apertura de juicio una fianza civil de 90.000 euros, la misma que para la funcionaria de Urbanismo.

Finalmente, en la pieza número 54, que se juzgará en los Juzgados de lo Penal, aparecen como acusados Massot y dos arquitectos más, en relación a la construcción de una tercera vivienda en suelo rústico gracias a una licencia que expidió Massot en 2003 como jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, a sabiendas, según la Fiscalía, de que era ilegal.

Por estos hechos, Anticorrupción pide 3 años de cárcel para Massot por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, así como 1 año y medio para los arquitectos por prevaricación. El juez impone además a Massot una fianza civil de 45.000 euros.





* European Press Agency - EFE - 1.08.10
Foto: Andratx, puerto - andratx.net

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Málaga.- Propuestas para una conexión

LAOPINIÓN* : Cuatro arquitectos cuentan cómo ven el debate suscitado en torno al Puerto y ofrecen soluciones para la conexión con la ciudad después de que el Ayuntamiento y la Junta hayan llegado a un acuerdo para eliminar la valla que separa las instalaciones portuarias de las calles de Málaga. El debate no está cerrado. Ahora queda estudiar qué se hace con el espacio libre y cómo queda la transición entre el Paseo de los Curas y el Palmeral de las Sorpresas, situado en el muelle 2. El soterramiento de la vía parece indispensable para la conexión, pero la solución definitiva debe ir más allá.

Alfonso Peralta | Elementos suaves que no generen barreras

El arquitecto Alfonso Peralta sabe de lo que habla cuando se le pregunta por el Puerto. Conoce lo que es llevar a sus espaldas el peso de ordenar estas instalaciones, ya que fue uno de los responsables de la redacción en 1997 del Plan Especial del Puerto.

Para Peralta, quitar la verja no resuelve el problema, ya que hay un desnivel que dificulta el paso entre el Paseo de los Curas y el muelle 2.
La única manera de que esto se resuelva es con elementos que cumplan con las normas de accesibilidad. Por eso, apuesta por una rampa o una pendiente suave. «Hay que echarle imaginación», dice. Se trata de elementos suaves que no generen barreras arquitectónicas y que reduzcan el impacto psicológico.

Iñaki Pérez de la Fuente | La solución es el soterramiento del Paseo de los Curas

Iñaki Pérez de la Fuente está detrás de proyectos como la remodelación de calle Larios. Asegura que lo mejor es soterrar el tráfico en el Paseo de los Curas, aunque sea una obra costosa en estos tiempos en los que hay que mantener la austeridad.
En su opinión, el Plan del Puerto debía haber sido «más ambicioso» e incluir esta actuación con el consenso de todas las administraciones implicadas. «No se puede pretender un plan que parece que solo contempla la redistribución del espacio para un plan de negocio», dice.

Mientras llega el soterramiento, este arquitecto apuesta por instalar en el paseo señales de tráfico para reducir la velocidad máxima hasta los 30 kilómetros por hora, pintar pasos de peatones e incorporar semáforos intermedios.

Salvador Moreno | Unión del Puerto con la ciudad en la Plaza de Torrijos

Fue Premio Nacional de Urbanismo en 1985 y firmó el PGOU de Málaga de 1983. Salvador Moreno Peralta asegura que hablar ahora de rampas o escaleras son «idioteces». «Sin conocer a fondo las razones por las que se planteó de esa manera el proyecto, los comentarios ahora son frivolidades sin ningún fundamento», dice.

Para él, el proyecto tiene un autor, Jerónimo Junquera, un «arquitecto magnífico» y un «extraordinario profesional». Es él el que tiene que dar una solución al desnivel.

Como solución al tráfico en el Paseo de los Curas, este arquitecto se muestra también partidario del soterramiento de esta vía, aunque éste no tiene por qué ser completo.

En cuanto a la fusión del Puerto con la ciudad, Moreno Peralta defiende que ésta no tiene por qué ser continua. Hay otros puntos en los que pueden unirse.

La solución ideal seria trasladar la conexión al hueco que existe en la Plaza de Torrijos. «Es ahí donde se debe hacer, dejando ese vacío simplemente», dice.

Agustín Benedicto | La clave está en el Paseo de los Curas

Agustín Benedicto es uno de los padres del Auditorio del Puerto de la ciudad. Apuesta también por dejar actuar al responsable del proyecto, Jerónimo Junquera, ya que es él «el que tiene más datos para dar una solución». Aún así, reconoce que no sabe si es posible «una buena solución» y si «se llega tarde».

Para Benedicto, «lo estamos haciendo absolutamente al revés» y se están planteando numerosas contradicciones respecto al proyecto inicial. Este arquitecto reconoce que la esencia del problema recae en el Paseo de los Curas y lamenta que haya sido una cuestión que no se haya abordado junto al rediseño del muelle 2.





* La Opinión de Málaga - 2.08.10
Foto: El Paseo de los Curas con la verja que separa el Puerto de la ciudad a la derecha.- laopiniondemalaga.es

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