LARA GRAÑA/ A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló, en 2006, a favor de los afectados por las expropiaciones que el Concello de Miño llevó a cabo para que la entonces Fadesa acometiera su macrourbanización. Obra que ha quedado a medio hacer y que ocupa unos terrenos que se pagaron, en su día, a seis euros el metro cuadrado. Tanto el concello como la compañía inmobiliaria, hoy Martinsa-Fadesa, interpusieron un recurso de casación contra dicha sentencia del TSXG aludiendo a que esta tenía fallos de “claridad, falta de motivación” o que incurría en una “infracción de jurisprudencia estatal”. Su recurso no tuvo en cuenta, como le acaba de recordar el Supremo, que son las comunidades autónomas las que tienen competencia sobre materia urbanística y que, por tanto, lo que falló en 2006 el TSXG es perfectamente válido y ha de acatarse.
Dicen los tribunales que la concesión de dichos terrenos, articulada a través de un convenio firmado por Fadesa Inmobiliaria y el concello –antes, por cierto, de la aprobación de un Plan Xeral y sin plan parcial de obra–, es nula. Que las expropiaciones se hicieron de manera ilegal porque “se produce la falta de información pública y la citación a los propietarios”, que no tuvieron opción a que sus propiedades dejaran de ser suyas por mandato municipal. ¿Qué implica esto? Que hay una urbanización que se mira en el espejo de la de la inhóspita ciudad fantasma de Seseña –de Paco El Pocero–, que se edificó sobre terrenos expropiados de manera ilícita. Que la concesión de estos queda anulada.
No se puede demoler lo ya construido y devolver a los dueños sus propiedades tal y como ellos las tenían antes de que les fueran desposeídas, por lo que deberán ser indemnizados. Pese a que Fadesa había abonado entonces a seis euros cada metro cuadrado de los más de un millón que ocupa la urbanización, otro fallo judicial elevó esta cifra a más de 25 euros. Ahora, y con las leyes en la mano, el Concello de Miño tendrá que desembolsar un 25% adicional. En cifras redondas, este ayuntamiento debe abonar a los afectados unos siete millones de euros procedentes, claro está, de las arcas públicas. Se dará la circunstancia de que los expropiados, habitantes del municipio, recibirán dinero que ellos mismos sufragan con sus impuestos.
¿Y por qué ha de ser Miño el que ponga el dinero sobre la mesa? Porque fue el Ejecutivo municipal, en una sesión plenaria, el que decidió que las propiedades de la zona de Perbes-San Xoán de Vilanova tenían que ser carne de recalificación y urbanización.
Ha vuelto a pasar lo que se ha venido repitiendo en muchas localidades españolas. Expropiaciones que, a posteriori, fueron calificadas como ilegales o nulas una vez que sobre ellas ya había veinte chalés, catorce adosados, dos pistas de tenis y una parcela con un pequeño parque infantil. Y, al final, es el contribuyente el que repara, como siempre, aquel acuerdo plenario que prometió una vez mucho progreso para una localidad gallega.
* Lara Graña, xornalista
* Xornal - Opinión - 29.07.10
Miño: Todo por los terrenos
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La Xunta reduce a la cuarta parte las ayudas para rehabilitar viviendas
ELPAÍS/Galicia* : El propietario de una vivienda en un casco antiguo podía recibir una subvención máxima de 24.000 euros para rehabilitarla. Hasta el pasado 20 de julio, cuando entró en vigor la resolución de la Xunta que convoca las ayudas a fondo perdido para recuperar viviendas en conjuntos históricos, que rebaja el límite hasta 6.600 euros. La reducción del máximo en un 72,5% está provocando la alarma en los alrededor de 70 ayuntamientos gallegos con cascos históricos, que ya están experimentando las consecuencias de una medida que rompe con década y media de políticas de decidida apuesta por la rehabilitación en Galicia.
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, publicó el pasado 19 de julio en el Diario Oficial de Galicia la resolución. La nota de la Xunta hacía referencia al total de los fondos destinados, 4,98 millones de euros, pero no decía ni una sola palabra de la rebaja de los máximos subvencionables. Fue a partir del día siguiente, cuando la orden entró en vigor y se abrió el plazo de un mes para la presentación de solicitudes, cuando la alarma se comenzó a extender por los ayuntamientos con casco histórico. Ayer, concejales y alcaldes socialistas de varios de ellos expusieron el problema a la dirección del Grupo Parlamentario del PSdeG, que anunció la presentación de iniciativas en la Cámara para forzar una rectificación de la consellería que dirige Agustín Hernández.
"Con una subvención máxima de 6.600 euros, ningún vecino se mete a rehabilitar nada", lamenta el alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, que lidera a los ayuntamientos de la provincia de Ourense afectados por el drástico recorte. A la reunión de ayer con las diputadas Mar Barcón y Carmen Cajide asistieron alcaldes, concejales y portavoces de otros ayuntamientos que están acusando la rebaja de las subvenciones, como Ourense, A Coruña, Ferrol, Castro de Rei, Baiona o Castro Caldelas.
La caída de las ayudas se agrava por su aplicación a obras que están en ejecución o a subvenciones que ya estaban concedidas, cuyos solicitantes han firmado créditos para financiar las rehabilitaciones. Barcón acusó a la Xunta de ir "contra los ciudadanos" y contras las pequeñas y medianas empresas que ejecutan los trabajos, y que estaban encontrando en la rehabilitación una válvula de escape a la crisis en el sector inmobiliario. "También las pequeñas empresas locales de albañilería o fontanería se van a ver afectadas", lamenta Marcos Blanco.
La resolución del IGVS establece ayudas a la rehabilitación y a la renovación de viviendas. En ambos casos distingue entre cascos históricos y en el medio rural, a los que se destinan 2,58 y 2,4 millones de euros, respectivamente. En los primeros, el recorte es tan severo en las ayudas a la rehabilitación como en las concedidas para renovación de viviendas, cuyo límite pasa de 30.000 euros a 8.600. Las subvenciones en el medio rural se establecen por un sistema distinto que considera la renta de los solicitantes, aunque, según los socialistas, supone igualmente un recorte global de las ayudas.
La propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras asumió ayer la reducción de las subvenciones, que justificó por los "incrementos irresponsables" que llevó a cabo la antigua Consellería de Vivenda, que dirigía la nacionalista Teresa Táboas. La Xunta argumenta además que "pese al ajuste", las cuantías concedidas son "más elevadas que las del Ministerio de Vivienda". La misma línea sigue para defender al Gobierno gallego el PP, que salió al paso de las acusaciones del PSdeG con una crítica a la "falta de vergüenza política" de este partido por censurar el caso gallego y no "los recortes del ministerio".
La consellería de Hernández justifica no sólo los recortes, sino otras restricciones incluidas en la nueva reglamentación de las ayudas, como que ningún miembro de la unidad familiar que las solicita disponga de otra vivienda. También se prohíbe que las casas rehabilitadas se destinen al mercado del alquiler, para evitar "que se haga negocio con fondos públicos".
* El País - 3.08.10
Foto: Lugo, rehabilitación - coaglugo.es
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Chile.- ¿Se debe insistir en un proyecto ya rechazado?
LANACIÓN/Santiago* : Lo que hace falta en la generación de las políticas públicas referidas a las ciudades es planificar, sin miedo al qué dirán, teniendo a la vista todas las variables disponibles. Todos sabemos que el Consejo Regional (CORE) Metropolitano rechazó el pasado 30 de junio el proyecto de expansión urbana denominado PRMS 100, concebido por el gobierno de Michelle Bachelet y reafirmado por el gobierno de Sebastián Piñera, que contemplaba en el lenguaje oficial una actualización de las áreas de extensión urbana y reconversión. El motivo que justificaba esta iniciativa era estar preparados para asumir el crecimiento vegetativo de la población hacia el 2030, que superaría en esta región los 8 millones de habitantes.
En casi 10 mil hectáreas agrícolas se iban a crear las zonas urbanizables condicionadas (ZUC), en terrenos fusionados de 60 hectáreas localizados en siete comunas con la siguiente composición: 6 mil 236 hectáreas para actividades inmobiliarias; 2 mil 731 hectáreas para parques y áreas verdes ligadas a las anteriores; 795 hectáreas que son industriales se reconvertían a habitacionales.
Los proyectos inmobiliarios podían tener densidades brutas máximas de 165 habitantes por hectárea, los que en quebradas adyacentes a los trazados viales y a los canales y en otros elementos naturales (es decir, en sectores no aptos para edificar), tendrían áreas verdes materializadas o garantizadas, incluyendo su mantención por un plazo de cinco años: ergo, los privados que se iban a beneficiar con los cambios de uso de suelo después de ese corto período no tenían ninguna obligación con tales áreas verdes y como los municipios siempre están escasos de dinero, esas tipologías irremediablemente se transformarían en peladeros.
Cada ZUC debía contar con la vialidad necesaria para sus futuros habitantes, la que debía tener una conexión con la vialidad existente y 6% del terreno tenía que ser para equipamiento. Sólo un escaso 8% del terreno destinado a uso residencial era para construir viviendas sociales, lo cual desmiente el discurso oficial de que esta expansión se hacía para beneficiar a los pobres. El PRMS 100 también exigía que cada privado tenía que suprimir los riesgos naturales en los terrenos de su proyecto, lo que es bastante obvio.
Ahora bien, el CORE es presidido por el intendente y está conformado por 26 consejeros. En la votación en que se rechazó este proyecto intervinieron todos los consejeros y el resultado fue 13 votos en contra, una abstención y 12 votos a favor; los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta y cuando hay empate el intendente dirime. Pero de manera irregular se ordenó una segunda votación, suponemos que con el deseo de llegar a un empate 13 a 13 de modo que el intendente, interesado en la expansión, cargara la balanza a la aprobación. No fue así porque quien se abstuvo votó en contra, con lo cual el resultado de esta absurda segunda votación fue 14 en contra y 12 a favor.
Como en nuestro país se habla tanto de transparencia y se practica tan poco, en atención a que la ciudadanía no sabía quiénes se iban a beneficiar patrimonialmente con esos cambios de usos de suelo, conforme con la Ley Nº 20.285, que garantiza a los habitantes tener libre acceso a la información pública que manejan las instituciones del Estado, el 8 de julio pasado le pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos indicara los nombres de las personas jurídicas o naturales propietarias de los diez más extensos predios por cada una de las comunas donde se contemplaban las ZUC, con número de rol asignado al predio y su superficie. Ese ministerio traspasó nuestra solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que en los próximos días nos entregará la información, la cual, inmediatamente, daremos a conocer a la opinión pública para que cada uno saque sus propias conclusiones.
Pero, inexplicablemente, hemos sabido que se están articulando los promotores de la expansión y que, para ello, se está conformado un task force con funcionarios muy idóneos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Intendencia Metropolitana y el Ministerio de Vivienda con el propósito de efectuar cambios cosméticos en el PRMS 100 y así, con el fundamento de que se trata de un proyecto distinto, llevarlo al CORE para someterlo a una nueva votación, en el entendido de que un indeterminado número de consejeros que anteriormente habían rechazado la expansión ahora estarían dispuestos a aprobarla.
Estaremos atentos al desarrollo de los hechos y esperaríamos del gobierno que, haciendo valer la probidad, se inhiba de torcer la voluntad mayoritaria de los consejeros regionales, porque éstos ya optaron por el rechazo debido a que, en razón de los terrenos disponibles al interior del área urbana, no era necesario seguir ampliando los actuales límites de esta colapsada megalópolis.
Lo que hace falta en la generación de las políticas públicas referidas a las ciudades es planificar, sin miedo al qué dirán, teniendo a la vista todas las variables disponibles para que así el futuro de sus habitantes sea promisorio. Asociado con lo anterior, constatamos con preocupación que todavía no se anuncia la urgente Ley de Ordenamiento Territorial, la que sería una eficaz herramienta para darle sustentabilidad al desarrollo de los asentamientos humanos.
* La Nación - 3.08.10
Foto: Santiago de Chile - descubra.info
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Málaga.- Propuestas vecinales para los solares vacíos
A los vecinos nos gustaría bajar al parque infantil con los críos o disponer de un gimasio al aire libre como tienen otros barrios, pero no disponemos de esos privilegios. Bien es cierto que tenemos otras muchas ventajas por vivir en el centro y somos conscientes de ello, aunque eso no debería restarnos las opciones de ocio y cultura que hay en otras zonas de la ciudad.
Mi propuesta es scar partido a los solares sin uso y trasformarlos en espacios adecuados para la práctica deportiva o recreativa. Sin grandes lujos, algo operativo y práctico que dé otro aire a estos solares tan demacrados que tanto afean la imagen del centro. aal número de solares vacíos que hay en el centro de Málaga. Pienso que rehabilitar o recuperar espacios no siempre es sinónimo de construir un edificio o pavimentar una calle, sino de mejorar la calidad de vida de los residentes transformando el entorno en un espacio agradable y productivo.
¿No es mejor esta opción a la realidad que tenemos en el Centro Histórico? Solares amplios y con luz que se han convertido en vertederos de basura y focos de delincuencia. Los vecinos convivimos con malas condiciones higiénico-sanitarias e inseguridad, lo que poco benefician a la capitalidad de Málaga 2016. Esta ciudad debería ofrecer otra imagen y quiero pensar que desde el equipo de gobierno se tiene consciencia de la problemática con los solares del centro y se valoran las sugerencias de los residentes. Sólo falta plasmarlo si es que hay voluntad política.
* SUR - Opinión - 3.08.10
Foto: Los residentes del centro echan en falta espacios públicos de convivencia vecinal.- SUR
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A Coruña.- Reyal Urbis señala al gobierno local como único responsable de la legalidad de la torre
LAVOZDEGALICIA* : Portavoces de Reyal Urbis S.?A. aseguraron ayer que el Ayuntamiento «es el único y último responsable» de la licencia de construcción del edificio Torre Urbis, en Someso, que el juzgado Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña acaba de declarar nula a través de una sentencia. Remarcaron que la constructora actuó «ajustándose escrupulosamente a la legalidad» y que el garante de todo ello son las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento. Por su parte, desde el gobierno municipal anunciaron que presentarán recurso de apelación contra la sentencia y la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, insistió en que la licencia se concedió «conforme a derecho».
En su fallo, el tribunal estima parte de la demanda presentada por el despacho Talín Abogados de A Coruña y considera que en Torre Urbis, un edificio de 17 plantas y 144 viviendas, no se ha cumplido la reserva mínima de plazas de garaje previstas en el PGOM y en la legislación gallega. De hecho, en el proyecto inicial se proyectaron seis plantas de sótano para plazas de garaje y trasteros, pero con la modificación posterior solo se hicieron tres sótanos y la mayor parte de los garajes se trasladaron a otro párking bajo suelo dotacional público, algo que solo está permitido para casos excepcionales. En este sentido, el juez explica en su sentencia que los informes que precedieron a la concesión de la primera licencia en 2006 acreditan que era viable la construcción de las seis plantas y que, por ello, «debe concluirse que no es admisible la utilización de dominio público viario sin haberse justificado por parte de la demandada la imposibilidad, dado el carácter excepcional del supuesto y sin que la ordenanza 2.1.3.5. puede ser causa de autorización en contrario de dicho precepto».
Desde Reyal Urbis puntualizaron ayer que la licencia que modificaba el proyecto se concedió cuando el edificio todavía estaba en construcción (por lo tanto, según matizaron, el edificio no estaba terminado) y que en este momento solo quedan dos personas pendientes de escriturar sus pisos «tras negarles el juzgado la resolución del contrato privado de reserva», indicaron. Confirmaron que tienen de plazo hasta el 8 de septiembre para presentar el correspondiente recurso, un trámite que, según indicaron, realizarán conjuntamente con el Ayuntamiento aunque deberá ser la administración local «la que lidere el proceso» ya que es el demandado principal, aseguraron. Los portavoces de Reyal Urbis también restaron importancia a la posibilidad de que, en última instancia, el juzgado pueda ordenar la demolición del edificio. «Eso es pura especulación. El caso está en manos de la Justicia, habrá recursos y ya se verá lo que pasa», aseguraron.
Por su parte, la concejala de Urbanismo insistió en que la licencia se ampara «en un articulado modificado de la Lei do Solo que permite la concesión de plazas de aparcamiento privadas en parcelas que no son estrictamente las reservadas para este fin». Añadió que el juez pudo haber realizado una «interpretación» del artículo original de la ley para dictar sentencia e insistió en que el recurso que presentará el Ayuntamiento «permitirá ratificar la correcta actuación de los servicios urbanísticos municipales».
Por su parte, el grupo municipal del PP acusó ayer al alcalde, Javier Losada, de haber conseguido judicializar el urbanismo en la ciudad y crear una sensación «de inseguridad jurídica a los coruñeses que solo pretenden comprar una vivienda». Pide que el gobierno local garantice que no va a existir ningún problema con este edificio al cabo de un tiempo y le exigió explicaciones «sobre esta nueva ilegalidad urbanística». Indica que este caso se une a la lista de «chapuzas urbanísticas» como el edificio Conde de Fenosa o el Papagayo, según citaron.
* La Voz de Galicia - 3.08.10
Foto: A la izquierda, la Torre Urbis de Someso - laopinioncoruna.es
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Greenpeace denuncia que la superficie urbana de las Islas Canarias creció un 54% en sólo siete años
GREENPEACE* : Tras diez años vigilando el litoral, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección. En el caso concreto de las Islas Canarias, Greenpeace resalta que en sólo siete años (entre 1997 y 2002) la superficie urbana del archipiélago aumentó un 54%.
Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. En todo el Estado, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.
“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”.
Urbanismo salvaje
Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral como “negro”, ni la previsión más pesimista podía prever lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. La presión urbanística se ha centrado particularmente en Fuerteventura, donde la superficie edificada ha crecido un 159% en los últimos 17 años, en Lanzarote, donde ha aumentado un 60% y en Tenerife, con un 51%. El mismo modelo se fue trasladando a islas menos saturadas, en 2004, en La Palma se proyectaron 25.000 nuevas camas. La locura urbanística alcanzó su cenit en 2007, en pleno boom del ladrillo se aprobaron planes para construir 380.000 nuevas viviendas.
Construcción de infraestructuras
La fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral. En Tenerife, se ha proyectado un crecimiento del 500% en número de amarres desde 2007. La proyección desmesurada en Gran Canaria se iniciaba mucho antes, en 2001 se pretendía aumentar la oferta de amarres a 2.000.
Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. Tenerife acoge uno de los peores ejemplos de desprecio al medio ambiente, con la proyección del puerto de Granadilla. La historia de los intereses especulativos con este puerto es la historia que se inicia en 2003 con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en una zona completamente virgen hasta la paralización por parte del TSJC por la “descatalogación a la carta” de los sebadales protegidos donde se proyecta el puerto. En 2010, el Gobierno de Canarias desprotege en el Catálogo Canario de Especies Protegidas el sebadal para saltarse así el bloqueo judicial.
Contaminación endémica
A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la CE ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas.
Respecto a Canarias, Greenpeace alertaba en 2001 de la existencia de 90 emisarios submarinos a través de los que se vertían aguas residuales urbanas e industriales sin depurar. En 2006, lejos de mejorar, existían 330 puntos de vertidos en las islas y el 80% de estos eran ilegales.
¿Diez años más de destrucción?
Tras esta radiografía de destrucción costera en los últimos diez años, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral.
Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasan por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente.
“En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60” ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. “Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas. Es imprescindible sentar las bases hacia una economía sostenible en la costa antes de que sea demasiado tarde”, subraya Marcos.
Greenpeace señala cinco asignaturas pendiente en la gestión del litoral. Las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen promovidos por las correspondientes administraciones:
- La única alternativa posible al Puerto de Granadilla es la ordenación portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de España debe anular la declaración de impacto ambiental favorable que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 y denunciar por inconstitucionalidad el Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- El Gobierno de Canarias debe abandonar todos los intentos por legalizar los hoteles de Lanzarote, reflejo de la especulación urbanística en la isla.
- Los proyectos de plantas regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria deben ser rechazados, pues suponen un foco de contaminación térmica y química muy importante.
- Canarias debe cumplir de manera estricta la directiva europea de depuración de aguas residuales.
- La declaración de la Zona Marítima Especialmente Sensible al tráfico marítimo de todo el archipiélago no puede seguir siendo un gran parque de papel sin ninguna gestión e implementación de los objetivos que llevaron a su declaración.
“Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual pero que encierra un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca”, declara Marcos. Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero.
En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, escadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe. Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.
* Greenpeace - 16.07.10
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias.- greenpeace.org
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La fórmula valenciana
ABELARDO MUÑOZ* : Meninfot es como se conoce en Valencia a quien todo se le da una higa. Palabra ad hoc que bien puede aplicarse a la izquierda valenciana y su base ciudadana, sumidas desde hace lustros en la sima de una perpetua oposición. Secas como el cauce del río Turia. Mientras la izquierda de la ciudad de Valencia, y del País Valenciano en general, es más bien meninfot, la derecha se dedica a sus negocios, privados y/o públicos. Algunos, como Terra Mítica, parque temático ubicado en un secarral, pierden millones con alegre despreocupación. Otros, como la visita del Papa en 2007, han supuesto el despilfarro de 84 millones de euros del erario público. La punta de lanza de la actual derecha política valenciana es la burguesía agraria que llegó desde las comarcas a las ciudades con el talante de un llauro (labrador) a lo Paco Martínez Soria. Se mudaron con su subcultura y son los que hoy mandan.
La progresía, entre tanto, lleva años mesándose los cabellos sin entender cómo el AVE de la historia puede ir para atrás, pues en menos que canta un gallo se pasó de celebrar que la ciudad de Valencia había sido capital de la II República en su etapa postrera a fastos papales y marianas procesiones dignas de una superproducción de Cecil B. de Mille.
Fuera de aquí la gente se pregunta: ¿cómo es posible que el PP valenciano lleve 19 años seguidos sin perder las elecciones autonómicas y municipales? ¿Ha cambiado algo desde que se reventara ese forúnculo de merendones que es el caso Gürtel? ¿Son los votantes de Castellón inmunes el caso Fabra y los de Alicante inmunes al caso Ripoll? ¿Cómo es posible que, pese a todo lo que se sabe de Paco Camps, tantos de sus votantes le estén agradecidos por la oportunidad que les ha brindado de asarse al sol los domingos en las gradas sin techado del puerto para disfrutar de la fórmula 1 y de Fernando Alonso en acción?
Los socialistas valencianos ven cómo siempre les adelanta un PP de tono chulesco, que aprendió el inestimable valor político del golpe de efecto, los fuegos artificiales tan queridos en las tierras valencianas. El populismo político valenciano del siglo XXI es una mascletá, como las risotadas de la alcaldesa Rita Barberá ante las acusaciones de que El Bigotes le compró el bolso. La edil exhibe una mueca a lo Millán Astray, y con la cabeza echada hacia atrás, parece decir: "Da igual lo que penséis, de aquí no nos moveremos".
Todo comenzó a torcerse para la izquierda a finales de los 80 cuando el conocido popularmente como búnker barraqueta comenzó a avivar el anticatalanismo y fabricó de la nada un monstruo secesionista, el blaverismo, que logró divorciar este país perplejo de sus primos naturales del norte. Apareció una caricatura salida de un sainete de Bernat i Baldoví llamado Vicente González Lizondo para enarbolar el pendón anticatalán y con un remake del Vivan las caenas y otro del Muera la inteligencia, el blaverismo empezó a subir como la espuma.
La burguesía urbana ilustrada fue acorralada por una clase venida del campo y extremadamente conservadora. Al principio, el PP sudó tinta para frenar el populismo de los blaveros, pero luego llegó el llamado Pacto del Pollo que disolvió Unión Valenciana en las filas del PP. Lo que catapultó a Rita Barberá a la alcaldía de Valencia en 1991, y ahí sigue.
Empezó la larga marcha por el desierto de la izquierda del País Valenciano. Muerto Joan Fuster, diluidos los periódicos impulsados por la burguesía urbana progresista como Diario de Valencia, situada en la marginación la izquierda nacionalista (Acciò Cultural), el terreno estaba libre para el peor de los escenarios posibles: un urbanismo salvaje impulsado por la derecha ruralota. Hoy la destrucción del litoral valenciano es tal que Benidorm es casi un parque ecológico. Entre 1997 y 2006 se construyeron en el país perplejo 750.000 viviendas, lo que supuso la desaparición de 180 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Y esta insaciable clase dominante barrunta ya, con el beneplácito de Paco Camps y su Consell, unos planes de ordenación del territorio que suponen añadir 718.000 viviendas en tan solo 57 municipios. Se expande la pesadilla a lo Mad Max.
Los socialistas valencianos también tienen su responsabilidad. Gobernaron la ciudad y la comunidad a finales de los setenta y comienzos de los ochenta y tomaron algunas decisiones relacionadas con la actual situación. La más vistosa fue el modelo de la televisión pública autonómica: el actual híbrido entre ramplonería folclórica y desfachatez partidista nació con ellos. Bajo mandato socialista, Canal Nou fue diseñado como una botiga para marujas a fin de no enfadar a los blaveros.
Valencia no siempre fue así. El historiador Ramiro Reig escribe que en los primeros lustros del siglo XX, durante la Feria de Julio, el pueblo pedía a la banda municipal que tocara La Marsellesa, y que el Viernes Santo los concejales republicanos paseaban en tartana por la ciudad contra la orden que lo prohibía. Valencia era laica, liberal y progresista hasta el punto de que en las elecciones de abril de 1931 la candidatura de Alianza Republicana alcanzó porcentajes superiores al 75% en los distritos populares.
Pero la Valencia de hoy continúa seca como el Turia bajo el cruel sol de julio. Ni siquiera parece interesada en recuperar su espíritu extraviado.
* Abelardo Muñoz es periodista y escritor.
* El País - Opinión - 31.07.10
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La Vila permite que ´el Culto´ lleve activo 9 años sin licencia
INFORMACIÓN/Alicante* : La Iglesia Evangélica de Filadelfia, más conocida como "El Culto", lleva activa más de nueve años sin licencia municipal de actividades. Según denuncia la comunidad de propietarios, la iglesia, situada en un local comercial del edifico Rabassa, está funcionando con el consentimiento del Ayuntamiento a pesar de no contar con las autorizaciones administrativas correspondientes.
Jaime Lloret, alcalde del municipio, afimó que "nos hemos reunido cuatro veces con el administrador de la finca y somos conscientes del problema. Es cierto que no tienen licencia, estamos intentando que cumplan con la legalidad o que busquen otra ubicación". A pesar de las promesas que se hacen desde el Consistorio, el problema está presente desde 2001 y no se ha tomado ninguna medida al respecto.
Por lo tanto, el gobierno local está incurriendo en un delito de prevaricación, ya que como expone la denunca presentada en el Ayuntamiento se está cayendo además "en agravio comparativo con otros locales, ya que careciendo estos de la correspondiente licencia de actividad y funcionamiento, han sido clausurados de inmediato, atendiendo a lo establecido en el artículo 323 del Decreto 52/2010 de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003 de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos".
Además de la situación de ilegalidad en la que se encuentra el local, dede la comunidad de propietarios se denuncia que "son muchas las molestias que causan. Han tomado el local como un lugar de encuentro y reunión en el que se hacen fiestas hasta altas horas y con la música a un volumen muy elevado". En las ocasiones que esto ocurre afirman que "se llama a la Policía pero ésta nunca acude". Además, Gerardo Coloma, administrador de la finca, añadió que "el patio comunitario ha sido confiscado por ellos, por lo que las molestias son innumerables" y que "sólo ha habido confrontaciones verbales, nunca se ha llegado a lo físico, probablemente por la separación de los balcones".
Desde la administración de la finca se hace hincapié en que además de los problemas que la iglesia causa a los vecinos, al no tener esta licencias, es también un peligro para los que acuden a "el culto". Por ello, han solicitado que el local pase "una inspección de Urbanismo para que se cerciore de la existencia de medidas de seguridad y aseguranza".
El primer edil afirmó que "la iglesia puede pedir la licencia porque tiene compatibilidad urbanística, pero eso lo lleva la concejal de Urbanismo". Pero Charo Escrig, la edil en cuestión, tampoco ha restablecido la legalidad del local. El responsable de la comunidad de vecinos apuntó que "desde el Ayuntamiento sólo se han hecho promesas y vertido falsas esperanzas sobre los vecinos afectados.
En el último escrito los propietarios amenazan con "presentar en el juzgado de instrucción toda la documentación del tema para solicitar que se dé traslado a la fiscalía del expediente". Sin embargo, Gerardo Coloma asegura que "este es un proceso muy lento y costoso para una comunidad de propietarios. El alcalde y los concejales son conscientes de ello y por eso no nos toman en serio".
Vista la falta de iniciativa ante las reiteradas noticias, la administración de la finca ha hecho llegar el expediente al concejal del Bloc, Vicent Serra. Este declaró que "el Ayuntamiento debe de dar una respuesta ante las quejas de los vecinos y más aún si se está incumpliendo la ley".
El administrador de Rabassa aseguró que "es un problema que el gobierno no ha podido negar, lo que ocurre es que no quieren actuar".
Al parecer, tal y como explica Vicent Serra,"el problema es, que todos moros o todos cristianos", a lo que Gerardo Coloma añade, "no creo que lo hagan por votos, lo que ocurre es que aunque no lo parezca éste puede ser un colectivo conflictivo en un momento dado".
* Información - 2.08.10
Foto: La fachada de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en el edificio Rabassa - diarioinformación.com
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La Xunta demolerá un tanatorio en Pontevedra por orden del Supremo
ELPAÍS* : La Consellería de Política Territorial que autorizó su construcción el 20 de diciembre de 1993 es la que ha dictado 17 años después la orden de demolición del tanatorio de Montecelo , lindante con el hospital público pontevedrés, tras década y media de pleitos en los tribunales. La Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU) dependiente de la cartera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que dirige Agustín Hernández tiene listo ya el proyecto de demolición del edificio para devolver la finca a su estado original, tal y como mandata una sentencia del Tribunal Supremo.
Las máquinas tumbarán la construcción el próximo 12 de agosto. El presupuesto para demoler el tanatorio declarado ilegal por varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificadas posteriormente por el Supremo, es de 198.075 euros, IVA incluido, a los que habrá que sumar otros 3.000 euros para que los trabajos de derribo respeten al máximo las medidas de seguridad y salud, dado que el edificio está pegado al hospital de Montecelo.
El coste de las obras lo asumirá en primera instancia la Xunta que ya las ha adjudicado provinsionalmente por un importe de 105.867,67 euros, más IVA. La Consellería pasará después la factura a las empresas Pompas Fúnebres SL, Central Funeraria SL, y Alianza y Barros SA, porque según se deriva de la sentencia judicial deben ser estas firmas las que asuman el coste.
Con su decisión, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cumple con la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que requirió a la Consellería de Medio Ambiente el pasado 4 de diciembre de 2009 para que ejecutase una sentencia previa del Supremo y decretase "el cierre de la actividad [del tanatorio], la demolición de la edificación para restaurar la legalidad urbanística".
A la vista del requerimiento judicial, la APLU, dictó el pasado 3 de marzo de 2010 -cuando su anterior director, Hipólito Pérez, todavía no había sido cesado por el conselleiro, una orden para seguir el mandato de los tribunales. El servicio técnico de la agencia concluyó la redacción del proyecto de demolición de las obras e instalaciones el pasado junio. Ahora sólo falta que la empresa adjudicataria presente la documentación correspondiente. Deberá hacerlo necesariamente antes del 7 de agosto. El 12 de este mismo mes las excavadoras empezarán a desmontar el tanatorio de Montecelo que según ha decretado el Tribunal Supremo se construyó hace 17 años sobre un terreno no urbanizable según el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pontevedra.
La sentencia declaraba ilegal la licencia concedida por la Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra, de la Consellería de Política Territorial que dirigía entonces (en 1993) Xosé Cuiña, para edificar el tanatorio sobre suelo rústico y anula por tanto el permiso municipal. Tanto el Ayuntamiento de Pontevedra, como la Xunta y las adjudicatarias recurrieron sin éxito en varias ocasiones hasta el Tribunal Supremo. Perdieron la batalla legal y el tanatorio queda ahora a merced de la piqueta.
Las firmas podrán reclamar a la Xunta
La decisión de la Consellería de Política Territorial -que presidía en 1993 el fallecido Xosé Cuiña- de dar licencia a las promotoras del tanatorio de Montecelo para levantar el edificio sobre suelo rústico puede salir cara a la Administración 17 años después. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificada por el Supremo declara ilegal ese permiso otorgado entonces por el Gobierno gallego, lo que ahora se traducirá en el derribo del tanatorio. El fallo judicial estipula que el coste de la demolición -que en un primer momento asume la Xunta- debe ser repercutido posteriormente a las empresas promotoras. Sucede que, con ese fallo judicial en la mano -que declara nula la licencia de la Xunta- , es más que previsible que Pompas Fúnebres, Central Funeraria SL y Alianza y Barros SA inicien otra batalla legal para reclamar al Gobierno gallego que pague no sólo el coste de las obras de derribo, sino también los daños y perjuicios que la sentencia ocasione a estas empresas, además del lucro cesante.
El hecho de contar con una licencia de la Xunta ampara legalmente al administrado para llevar a cabo las obras. Si finalmente un tribunal declara nulo el permiso otorgado por la Administración, el particular puede presentarse como perjudicado y litigar para que se le indemnice por los perjuicios causados.
El caso tiene su origen en el recurso presentado por unos vecinos de la zona contra la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Xunta que autorizó la obra sobre suelo rústico. El Tribunal Superior de Xustiza dio la razón a este particular por primera vez en mayo de 1997. Antes, el mismo vecino había presentado reclamación ante la Xunta sin obtener respuesta alguna.
* El Páis - 2.08.10
Foto: Pontevedra, ayuntamiento - e-global.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Anticorrupción reclama 11 años cárcel para Massot por tres piezas del "caso Andratx"
EPA/EFE/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 11 años de cárcel para el ex director general del Territorio de Baleares Jaume Massot por tres piezas del "caso Andratx" relativas a la construcción ilegal de sendas casas en terrenos protegidos, por las cuales tiene que pagar fianzas civiles por 210.000 euros. El juez instructor de esta extensa causa de corrupción urbanística en el municipio mallorquín durante la anterior legislatura del PP ha ordenado la apertura de juicio oral por las piezas 6, 9 y 54, de las más de 70 en que está dividido el caso.
Las dos primeras las juzgará la Audiencia de Palma y la tercera corresponderá a los Juzgados de lo Penal de Palma, según los autos de apertura de juicio oral a los que ha tenido acceso Efe.
En la pieza número 6, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para Massot -ex jefe de Urbanismo de Andratx- y en ella también figura como acusado el ex celador municipal de obras del Ayuntamiento Jaume Gibert, que confesó sus delitos.
La pieza versa sobre la construcción, por parte de dos matrimonios de una casa unifamiliar entre los años 2002 y 2004 en una finca rústica de su propiedad, conocida como Ca'n Mena, en el municipio de Andratx.
Massot y Gibert -para este último el fiscal pide 2 años de prisión- están acusados de delitos de falsedad, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Figuran también como acusados los dos matrimonios y el letrado asesor del consistorio Jacobo R.M., que se enfrentan a entre seis meses y 3 años y medio de prisión.
El juez instructor del caso, Francisco José Pérez, ha impuesto fianzas para hacer frente a posibles responsabilidades civiles, que cifra en 75.000 euros para Massot, 17.000 euros para Gibert y 137.000 euros para cada uno de los componentes de los dos matrimonios acusados.
En la pieza número 9, que también se juzgará en la Audiencia, figuran ocho personas, entre ellas una funcionaria del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y un abogado.
En ella se juzga la construcción entre los años 2002 y 2004 de una vivienda unifamiliar en un terreno calificado como suelo rústico con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) en el que no se podía edificar.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, para iniciar la construcción, tres de los acusados, propietarios del terreno, consiguieron que la funcionaria del Ayuntamiento -Ángela H.R.-, a instancias de Massot, escribiera que en la finca existía una vivienda de 50 metros cuadrados, lo cual era falso.
Gracias a esto y a los informes favorables de dos de los acusados, uno de ellos el abogado asesor del Ayuntamiento Jacobo R.M., para quien el fiscal pide 6 meses de cárcel por prevaricación, se consiguió la licencia de la casa.
Para Massot y la funcionaria, el fiscal reclama 3 años y medio de cárcel por dos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, para los propietarios del terreno pide 3 años y medio de cárcel y para el arquitecto director de las obras 2 años más.
El juez impone a Massot en el auto de apertura de juicio una fianza civil de 90.000 euros, la misma que para la funcionaria de Urbanismo.
Finalmente, en la pieza número 54, que se juzgará en los Juzgados de lo Penal, aparecen como acusados Massot y dos arquitectos más, en relación a la construcción de una tercera vivienda en suelo rústico gracias a una licencia que expidió Massot en 2003 como jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, a sabiendas, según la Fiscalía, de que era ilegal.
Por estos hechos, Anticorrupción pide 3 años de cárcel para Massot por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, así como 1 año y medio para los arquitectos por prevaricación. El juez impone además a Massot una fianza civil de 45.000 euros.
* European Press Agency - EFE - 1.08.10
Foto: Andratx, puerto - andratx.net
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Tema: NOTICIAS Baleares
Málaga.- Propuestas para una conexión
LAOPINIÓN* : Cuatro arquitectos cuentan cómo ven el debate suscitado en torno al Puerto y ofrecen soluciones para la conexión con la ciudad después de que el Ayuntamiento y la Junta hayan llegado a un acuerdo para eliminar la valla que separa las instalaciones portuarias de las calles de Málaga. El debate no está cerrado. Ahora queda estudiar qué se hace con el espacio libre y cómo queda la transición entre el Paseo de los Curas y el Palmeral de las Sorpresas, situado en el muelle 2. El soterramiento de la vía parece indispensable para la conexión, pero la solución definitiva debe ir más allá.
Alfonso Peralta | Elementos suaves que no generen barreras
El arquitecto Alfonso Peralta sabe de lo que habla cuando se le pregunta por el Puerto. Conoce lo que es llevar a sus espaldas el peso de ordenar estas instalaciones, ya que fue uno de los responsables de la redacción en 1997 del Plan Especial del Puerto.
Para Peralta, quitar la verja no resuelve el problema, ya que hay un desnivel que dificulta el paso entre el Paseo de los Curas y el muelle 2.
La única manera de que esto se resuelva es con elementos que cumplan con las normas de accesibilidad. Por eso, apuesta por una rampa o una pendiente suave. «Hay que echarle imaginación», dice. Se trata de elementos suaves que no generen barreras arquitectónicas y que reduzcan el impacto psicológico.
Iñaki Pérez de la Fuente | La solución es el soterramiento del Paseo de los Curas
Iñaki Pérez de la Fuente está detrás de proyectos como la remodelación de calle Larios. Asegura que lo mejor es soterrar el tráfico en el Paseo de los Curas, aunque sea una obra costosa en estos tiempos en los que hay que mantener la austeridad.
En su opinión, el Plan del Puerto debía haber sido «más ambicioso» e incluir esta actuación con el consenso de todas las administraciones implicadas. «No se puede pretender un plan que parece que solo contempla la redistribución del espacio para un plan de negocio», dice.
Mientras llega el soterramiento, este arquitecto apuesta por instalar en el paseo señales de tráfico para reducir la velocidad máxima hasta los 30 kilómetros por hora, pintar pasos de peatones e incorporar semáforos intermedios.
Salvador Moreno | Unión del Puerto con la ciudad en la Plaza de Torrijos
Fue Premio Nacional de Urbanismo en 1985 y firmó el PGOU de Málaga de 1983. Salvador Moreno Peralta asegura que hablar ahora de rampas o escaleras son «idioteces». «Sin conocer a fondo las razones por las que se planteó de esa manera el proyecto, los comentarios ahora son frivolidades sin ningún fundamento», dice.
Para él, el proyecto tiene un autor, Jerónimo Junquera, un «arquitecto magnífico» y un «extraordinario profesional». Es él el que tiene que dar una solución al desnivel.
Como solución al tráfico en el Paseo de los Curas, este arquitecto se muestra también partidario del soterramiento de esta vía, aunque éste no tiene por qué ser completo.
En cuanto a la fusión del Puerto con la ciudad, Moreno Peralta defiende que ésta no tiene por qué ser continua. Hay otros puntos en los que pueden unirse.
La solución ideal seria trasladar la conexión al hueco que existe en la Plaza de Torrijos. «Es ahí donde se debe hacer, dejando ese vacío simplemente», dice.
Agustín Benedicto | La clave está en el Paseo de los Curas
Agustín Benedicto es uno de los padres del Auditorio del Puerto de la ciudad. Apuesta también por dejar actuar al responsable del proyecto, Jerónimo Junquera, ya que es él «el que tiene más datos para dar una solución». Aún así, reconoce que no sabe si es posible «una buena solución» y si «se llega tarde».
Para Benedicto, «lo estamos haciendo absolutamente al revés» y se están planteando numerosas contradicciones respecto al proyecto inicial. Este arquitecto reconoce que la esencia del problema recae en el Paseo de los Curas y lamenta que haya sido una cuestión que no se haya abordado junto al rediseño del muelle 2.
* La Opinión de Málaga - 2.08.10
Foto: El Paseo de los Curas con la verja que separa el Puerto de la ciudad a la derecha.- laopiniondemalaga.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El 'caso Brugal' cerca al alcalde de Fortuna por pedir dinero para el PP
LAVERDAD/Murcia* : La UDEF, basándose en 'pinchazos' y en las grabaciones que hizo el empresario Fenoll, sostiene que Matías Carrillo pidió fondos para los comicios del 2007 a cambio de favores urbanísticos. El empresario Ángel Fenoll viene a ser para la clase política lo que un mono con dos pistolas para la tranquilidad del resto de los animales de la selva. Todos los que alguna vez hayan cruzado dos palabras con él deben de llevar semanas repasando mentalmente en qué términos se desarrolló la conversación; si algo de que lo que se dijo pudo sonar a sospechoso, irregular o ilegal; si hubo algún tipo de petición o requerimiento por uno u otro lado...
Porque Fenoll muestra algunas particularidades que lo han convertido en un personaje problemático. Inquietante. Peligroso. La primera de esas características peculiares es su conocida a afición a grabar y registrar las conversaciones y encuentros que mantiene con cargos públicos -aunque seguro que la clase política no tiene la exclusiva en eso-; la segunda, que está inmerso en asuntos judiciales por un rosario de imputaciones tan poco edificantes como cohecho, inducción al fraude, inducción a la prevaricación, tráfico de influencias, amenazas y financiación irregular de partidos políticos; la tercera, que lleva años siendo investigado por el 'caso Brugal' y con el teléfono previsiblemente intervenido al menos desde mediados del 2006, y la cuarta, que tiene el 'gatillo' fácil y no le importa disparar contra todo y contra todos, incluido contra sí mismo, si con ello consigue llevarse por delante a quien le haya hecho alguna jugarreta.
Lo demostró hace casi cinco años, a principios del 2006, cuando entregó a la prensa la grabación de unas conversaciones que había mantenido con el entonces edil oriolano del Centro Liberal (CL) CL, Jesús Ferrández, en la que se desvelaban presuntos intentos de compra de voluntades, para lograr el millonario concurso de recogida de residuos sólidos urbanos, por parte de la firma Urbaser.
La denuncia pública acabó dando origen al conocido 'caso Brugal' y le supuso al propio Fenoll y a su hijo pasar un mes en la cárcel y varios registros en su domicilio y en las sedes de sus empresas, que sirvieron a la Policía para incautarse de un menos inesperado que valioso tesoro: su archivo particular de grabaciones a políticos, que tanto parece que están dando de sí. Una prueba irrefutable, la de su denuncia contra Ferrández, de que Fenoll no renuncia a resultar herido en la refriega si con ello logra llevarse por delante a sus enemigos.
Los teléfonos los carga el Diablo
Recalificación en Fortuna
Como los teléfonos los carga el Diablo, nadie sabe dónde acabará nada de lo que por ellos se dice. Y acaban deparando muchas sorpresas. Una de ellas, ésta sí inesperada, iba incluida en la citada cinta que Fenoll entregó a los medios de comunicación, con el contenido de su conversación con el edil oriolano. En un momento dado, en concreto a partir de 1h.8'.26'' del CD, se escucha a Fenoll asegurar que «alguien» del Ayuntamiento de Fortuna, «con el suficiente poder», le ha garantizado que le van «a reclasificar 200.000 metros cuadrados» de una finca que había adquirido en ese municipio. «Venga..., pues, pásalo, ehhhh... y ya está», asegura que le dijo su 'contacto' municipal.
Los hechos vinieron a demostrar que el ínclito Fenoll no hablaba a humo de pajas. Los hechos ocurrieron tal y como los describió, y ello pese a que la citada conversación con Ferrández se había desarrollado hacia el mes de febrero o marzo del 2006, diez meses antes de que se aprobara el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Fortuna, incluyendo el convenio urbanístico que Fenoll quería impulsar en la zona de la Rambla Salada.
«Tengo confirmación asegurada», presumía el empresario, que estaba convencido de que el Consistorio le permitiría construir 661 viviendas en un paraje que en ese momento estaba calificado como No Urbanizable Inadecuado (NUi), por tratarse de una zona de regadíos del trasvase Tajo-Segura, y que pretendía que fuera declarado como Urbanizable Sectorizado (UZs).
No es hasta el 26 de septiembre del 2006 cuando los vaticinios de Fenoll se hacen realidad y el Pleno aprueba ese convenio -junto con otros 13-, que permitirá a una de sus empresas, Proambiente, levantar las citadas 661 viviendas sobre 270.167,30 m2, que han pasado, como el empresario había anunciado, de NUi a UZs. El milagro se ha consumado, al menos en apariencia, y el promotor se compromete a entregar 324.741,09 euros al Consistorio para acometer diversas inversiones en el municipio.
Pero el milagro -convertir una zona de regadíos, clasificada como no urbanizable por su utilidad agrícola, en otra urbanizable- se consumó sólo a medias, ya que la Comunidad Autónoma dejó en suspenso posteriormente la mayor parte de los convenios urbanísticos de Fortuna, entre ellos el de Fenoll en la Rambla Salada: 'Villas del Sol', se iba a llamar la urbanización, que paralizada sigue.
En manos del 'Anticorrupción'
Atentos al 'esclavejío'
Los informes técnicos que sirvieron para justificar el cambio de clasificación en esta operación, de sospechosas características, venían a aportar argumentos tan llamativos como el siguiente: «La reducción de superficie rural por actuaciones urbanas va a suponer una afección negativa por la desaparición de cultivos actuales y la pérdida de superficies aprovechables, a pesar de que hoy en día la situación de la agricultura tiene un futuro incierto para los regadíos murcianos por la escasez de agua». Algo que apunta a que en ese reinados del PP murciano no venía del todo mal la oposición de Castilla-La Mancha a seguir cediendo agua del trasvase, pues ello justificaba que se 'sembraran' ladrillos en vez de lechugas.
Este periódico ha podido saber que el asunto de 'Villas del Sol' lleva ya meses en manos del fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, y se espera que en cualquier momento pueda 'pegar el esclavejío', como se dice en la huerta.
Los motivos de preocupación para los moradores del Consistorio fortunero no se quedan, sin embargo, en lo expuesto hasta ahora. El 'caso Brugal', que se compone de más de un centenar de tomos y que se reactivó hace unos días con relevantes detenciones en Alicante, contiene datos que apuntan hacia esta localidad y, más concretamente, hacia su alcalde, el popular Matías Carrillo. Fuentes de toda solvencia han asegurado a 'La Verdad' que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, sostienen que Matías Carrillo «solicitó y recibió apoyo económico para las elecciones de mayo del 2007, pudiendo proporcionar a cambio ventajas a Ángel Fenoll sobre las promociones de viviendas» que éste impulsaba a Fortuna.
Las conclusiones policiales se basan en los 'pinchazos' telefónicos realizados con orden del juez instructor de Orihuela, en el análisis de las grabaciones y pruebas localizadas en la vivienda y los despachos del empresario Fenoll, así como en investigaciones propias.
Unos datos que, según las fuentes mencionadas, podrían concretarse en posibles imputaciones por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y prevaricación, entre otros.
El contenido de esta parte del 'caso Brugal', contenido en las diligencias 851/07, ha sido remitido por el juez oriolano Carlos San Martín a los juzgados de Cieza, por considerar que son los competentes para instruir esta rama del asunto. El magistrado está a la espera de que sus colegas murcianos le informen sobre si aceptan su competencia.
El alcalde se defiende
«Es imposible y es falso»
El alcalde Matías Carrillo, con quien este periódico se puso en contacto para conocer su versión, negó rotundamente los hechos que le atribuyen los especialistas de la UDEF. «No tengo ni idea del asunto. ¿Que yo pedí dinero? ¿Eso quién lo dice? Es totalmente falso». El primer edil aseguró que «es imposible» que pueda aparecer vinculado a esas actuaciones. «Ya tendré noticias y sabré quién dice lo que me está comentando usted», añadió Carrillo, quien confirmó que Fenoll tiene un convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento, aunque aseguró no saber si estaba suspendido por la Comunidad. Insistió en que nunca le dio trato de favor.
EN EL MISMO SACO
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESPINOSA EX PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE FORTUNA
Tuvo que dimitir el pasado abril, tras conocerse que el juez de Orihuela había remitido a los juzgados de Cieza una parte del 'caso Brugal'. López Espinosa figura en unas grabaciones, realizadas por el propio Fenoll, en las que el entonces edil de Economía le pide dinero por adjudicarle el servicio de recogida de basuras. Fenoll obtuvo esa concesión en 2004, a través de Colsur, por la cual ingresará 211.999 euros anuales durante 15 años.
MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA EX CONCEJAL DE EMPLEO Y PERSONAL
Aparece en grabaciones realizadas por Fenoll hablando de entregas de dinero. La entonces edil reconoce en la conversación que habrían estado comprando votos por correo a cambio de puestos de trabajo. María Dolores ya tuvo que declarar en un juzgado como imputada y acabó acusando al alcalde Carrillo y a varios ediles por la compra de votos en el 2003. El fiscal pide 12 fines de semana de arresto, multa de seis meses y 5 años de inhabilitación para el alcalde y los concejales M. Dolores Sánchez y José Antonio López Espinosa.
El 'milagro' consistió en convertir una zona de regadíos del trasvase, calificada como no urbanizable, en un solar para levantar 661 casas
En una de sus grabaciones, Fenoll afirma que tiene a «alguien» en el Consistorio «con el suficiente poder» como para recalificarle 200.000 m2.
* La Verdad - 1.08.10
Foto: Paraje natural. Una imagen de la Rambla Salada de Fortuna, en la zona donde Fenoll pretendía construir 661 viviendas - laverdad.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
La SGAE se queda sin el palacio de Boadilla
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, aseguró ayer que el palacio del Infante don Luis, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, tendrá finalmente uso público y cultural y no se traspasará a ninguna entidad privada, una vez se resuelva el conflicto con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
El Ayuntamiento de Boadilla rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. Se basó en la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.
El proceso de rescisión del contrato aún no está cerrado porque se tienen que resolver las alegaciones presentadas por la SGAE. Siguero reconoció que la entidad ha ido corrigiendo el proyecto "en función de las sugerencias que ha dado la Comunidad, pero ha habido un punto donde no han podido, porque las dependencias que iban debajo de los jardines, como el auditorio o la biblioteca, eran la clave de su proyecto".
* El País - 1.08.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), palacio - 20minutos.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Puebla de Lillo.- El fiscal imputa al constructor por el derribo de la Casa de los Escudos
DIARIODELEÓN* : El expediente sobre el derribo de la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo, presentado por el Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo al Juzgado de Instrucción de Cistierna, solicita la declaración como imputado al titular de la empresa promotora Oriental Resorts, S.L. Además la denuncia de la fiscalía va también contra cuantas personas puedan resultar con responsabilidad penal en los hechos. El Ministerio Público señala en su escrito que el constructor debe considerarse «como autor de los hechos toda vez que es la persona que ha ordenado la realización del derribo de la casa, todo ello sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción de la causa se puedan determinar que existen otros partícipes o copartícipes en los hechos denunciados».
A la denuncia presentada por el Fiscal ante Juzgado de Cistierna acompaña además un total de 285 documentos que conforman el expediente así como la declaración de testigos y un perito. Uno de los informes señala que en los escudos se aprecian deterioros en forma de golpes y desprendimientos pequeños. «Así mismo el resto de materiales no almacenados, mampostería, piezas escuadras y parte de los enrejados de forja junto con los de otra construcción colindante que posiblemente fuera de otro palacio, se han arrojado a una improvisada escombrera sin posibilidad de discriminación y, por tanto, de recuperación».
Dentro de la documentación se encuentran las denuncias presentadas por un particular, por la asesoría jurídica de la Junta de Castilla y León y por Izquierda Unida.
Los hechos se inician el 18 de agosto de 2009 cuando el Ayuntamiento de Puebla de Lillo concede licencia urbanística a la entidad Oriental Resorts para construir un hotel y un spa en el edificio blasonado de Puebla de Lillo conocido como Casa de los Escudos. Entre los meses de octubre de 2009 y enero de 2010 la empresa procedió al derribo total del edificio sin que exista autorización por ningún organismo competente.
Este edificio blasonado de Puebla de Lillo se encuentra protegido. Tras el hecho se sucedieron la exigencias de responsabilidades políticas y judiciales sobre un derribo que no cuenta con licencia.
* Diario de León - 1.08.10
Foto: Lugar donde se encontraba la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo.- diariodeleon.es
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
"La corrupción en el franquismo era de calderilla si se compara con la actual"
LEVANTE/Entrevista a Rafael Arnanz* : En 39 años ha sido secretario de dos diputaciones y ocho consistorios de toda España. El último, el Ayuntamiento de Valencia, donde se jubiló como secretario general en 1991 tras 15 años de servicio. Rafael Arnanz (Zaragoza, 1927), doctor en Derecho y académico de la Real Academia de Jurisprudencia propone cambiar el Código Penal y la legislación local para combatir la corrupción municipal, a su juicio la "más importante". Rafael Arnanz se jubiló como secretario general del Ayuntamiento de Valencia en 1991, pocos meses después de asumir Rita Barberá la vara de mando. Dejaba atrás 39 años como secretario municipal, 15 de ellos en Valencia y otros 9 en Sagunt y Puçol, en ocho ayuntamientos repartidos por toda la geografía española y las diputaciones de Girona y Tarragona.
Cuando está cerca de cumplir los 83 años, nació en Zaragoza en noviembre de 1927, este doctor en Derecho y Ciencias Políticas ha publicado tres libros y más de 150 trabajos de investigación en Derecho. El último de ellos en la separata "Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España" de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es académico. En este artículo propone introducir cambios en el Código Penal y la legislación local para luchar contra la corrupción en ayuntamientos y diputaciones.
Desde sus 39 años como secretario municipal ¿cómo ve la evolución de la corrupción en la Administración Local?
Es como una mancha de aceite que cada vez se extiende más y que parece que no va a tener fin. Y esto, contando ahora, que con la crisis se supone que tiene que haber una contracción, sobretodo en el urbanismo, que es lo que más afecta al ámbito municipal. Pero cuando se recupere la economía volverá a incrementarse aún más la corrupción. En el ámbito municipal es, según mi opinión, en el que se da la mayor corrupción porque es donde se maneja el urbanismo.
Eso le lleva a calificar este país como "La España del maletín"
Ese ha sido el instrumento para llevar los sobornos y las cantidades que se dedican a esto. Supongo que en la época de la peseta haría falta un mundo para equiparar las cantidades que se manejan ahora con las de entonces. Un mundo, sí, esa maleta antigua que por su enorme tamaño era como un mundo.
Y en esa geografía de la corrupción, la Comunitat Valenciana parecen tener un papel estelar con el presidente Camps imputado en el caso de los trajes, con una solicitud del fiscal de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y ahora con su homólogo en Alicante, Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.
Ha coincidido que ahora con el asunto Brugal se ha redondeado el mapa y ya ha habido una homologación en este sentido. Lo que quizá haya es un agravamiento en algunos momentos, como por ejemplo el caso Polop. Este asunto es un cambio cualitativo porque ahí hay un homicidio dentro del propio partido de uno que era alcalde, presuntamente instigado por otro que quería sucederle. Es estremecedor. También supone un cambio cualitativo el tono no ya crispado, sino envenenado, que se utiliza a veces, y hasta de pésima educación, como lo de "hijo de p..." de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y en este "y tú más" en que se enzarzan los dos grandes partidos ante la corrupción, ¿quién se lleva la palma?
Hombre, establecer el "quantum" es muy difícil. El PSOE no se ha librado ni se libra de esto. Lo que si que hay es un estudio que dice que las fianzas que se han pedido para el caso Gürtel casi suman más de la cantidad que, digamos, se "distrajo" en el caso Filesa, el más paradigmático de los socialistas. Las cifras cada vez son mayores. Ya sin ir al caso Matas, que ha sido un telón de fondo temporal de lo aquí ya llevamos añas atrás en Castelló, con el caso Fabra. Por que aquí también se han aumentado los costes de muchas obras públicas. Este es otro de los asuntos graves, además del urbanismo.
Como secretario ha convivido con la dictadura y con la democracia. Existe la imagen de que había más corrupción en la Administración franquista, pero usted opina lo contrario.
Aquella España era, no sólo más gris y plomiza, sino indudablemente más pobre. Esa puede ser una posible explicación. Los casos que se daban entonces, como el de Vilá Reyes o Matesa -el escándalo financiero más importante de finales del franquismo-, eran de calderilla si se comparan con cualquiera de los actuales, sin necesidad de recurrir a los más grandes. ¿A qué se debe esto? ¿A que somos más ricos? No sabría explicarlo. Tal vez tenga que ver con eso que habla el sociólogo polaco Zygmunt Bauman del "estado líquido". Que no es la liquidez económica, sino de las relaciones humanas en las que se han perdido todos los valores. Así, por ejemplo, cuando recordamos que a Pi i Margall le parecía caro ir a comer al restaurante Lhardy de Madrid a cargo del erario público, parece que estemos hablando de políticos de otra galaxia. No ya del siglo XIX, sino de un señor que ha venido de otro planeta.
¿Por qué afirma que sale barato ser un político corrupto?
Porque en la mayor parte de los casos, lo difícil es echarle el guante al dinero que sustraen. Creo que se tendría que cambiar el Código Penal para que las penas aumenten o disminuyan en función de lo que se reintegre a las arcas públicas. No estoy proponiendo una amnistía fiscal, simplemente que la pena que corresponda se module de acuerdo con la cantidad defraudada que se devuelva al Estado o a la corporación municipal o autonómica.
La sociedad en general, tal vez, no castigue la corrupción, ya que vemos como algunos políticos sacan incluso más votos tras ser imputados, como el mismo Fabra.
Marañón decía que "cada uno tiene el gobierno que se merece". Es increíble, pero hay como una insensibilización social o, quizás, habría que llamarlo pasotismo ante la corrupción política. A lo mejor puede ser que tenga que ver con el fútbol. En la época de Franco ya se decía aquello de "panem et circenses", donde el circo que mantenía entretenida a la población era el fútbol. Y ahora estamos con mucho más fútbol. ¡Todos los días hay en la televisión partidos históricos!. Tal vez influya tanto fútbol en este desapego de la gente ante la corrupción o, quizás, sea una forma del pueblo de anestesiarse ante este problema.
Presenta como un "agujero negro de la corrupción" que los alcaldes puedan nombrar y cesar a secretarios e interventores.
Eso no lo digo yo solo, sino también Alejandro Nieto, un gran experto en Derecho Administrativo que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La independencia que deben tener el secretario y el interventor para que haya un control en los ayuntamientos se pierde si te nombra y desnombra el mismo a quien tienes que, sino vigilar, procurar que su actuación se adecue a la legislación municipal. Yo no digo ya que ahora sea el Gobierno de Madrid quien los nombre, porque supongo que eso ya es irreversible, pero sí que se efectúe desde los ejecutivos autonómicos de acuerdo a una terna de candidatos y el nombramiento se haga por méritos.
Otra de las modificaciones a la Ley de Régimen Local que propone es que tanto el secretario como el interventor recuperen la obligación de la advertencia de ilegalidad en los casos de grave incumplimiento de la ley.
Esa obligación se introdujo durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego la mantuvo la República y también el régimen franquista. Entonces se debía dar cuenta de las infracciones graves al gobernador. Ahora, por supuesto, si se recupera dicha función de advertencia, en todo caso, se debería informar a la Fiscalía Anticorrupción.
También plantea que secretarios e interventores vuelvan a tener la potestad de paralizar decisiones municipales si tienen dudas sobre su ilegalidad.
Esa facultad de dejar sobre la mesa un expediente si se dudaba sobre su legalidad existió hasta principios de los años 80. Era una medida extrema que yo la tuve que utilizar una vez en el Ayuntamiento de Valencia. Fue el 9 de abril de 1979, en la última reunión de la Comisión de Urbanismo del consistorio predemocrático. Iba un expediente que proponía la construcción de cuatro torres de apartamentos en el Saler análogas a las que ya había. Pedí que quedará sobre la mesa amparándome en esa disposición. El expediente ya paso a la nueva corporación democrática y jamás se construyeron.
Todas estas medidas merman la autonomía municipal. ¿Cree que esa autonomía es mala?
No. El problema es la falta de controles. Ahora solo hay un control judicial, a través del contencioso-administrativo y otras vías judiciales que son largas y caras. Debe de haber un control interno en los ayuntamientos que ahora, en cierta manera, no existe desde el momento en que el alcalde a quien tienes que asesorar y controlar te puede cesar. Si que existe el control externo, el judicial, pero en este caso no estamos hablando de prevenir sino del fait acomplí, del hecho consumado, ante el que sólo un posible contencioso defiende al vecino de las arbitrariedades municipales.
También piensa que deberían suprimirse las diputaciones.
Parece que es redundante y duplicante que existan estando los gobiernos autonómicos. Ortega y Gasset llamaba a las diputaciones "ese torpe tatuaje de la piel de España", un tatuaje que ya se ha quedado como definitivo. Jordi Pujol lo intentó, pero se encontró con que no podía porque está en la Constitución. Por eso creo que en España se sacraliza demasiado nuestra Carta Magna ante la posibilidad de introducir cambios. En este sentido opino que habría que recordar aquello que decía Jean-Paul Sartre, que "las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas". Es decir, que la Constitución debería ser para el ciudadano, no al revés.
* Levante-emv - RAFEL MONTANER - 1.08.10
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Sanxenxo.- Una burbuja inflada desde la política
ELPAÍS/Pontevedra* : La desmesura alcanzada por la construcción en Sanxenxo recibió el empujón definitivo con la redacción de un documento que, paradójicamente, ofreció una buena oportunidad de poner orden y sensatez al desarrollo urbanístico de una localidad plagada de segundas residencias, donde el número de viviendas vacías duplica al de ocupadas en cuanto agosto termina y los turistas hacen la maleta hasta el verano siguiente. A principios de 2003 el Ayuntamiento aprobó su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El plan, redactado a toda prisa para llegar a punto a los tiempos de la burbuja, terminó por convertirse en la legitimación de la marbellización de la localidad.
El PXOM de Sanxenxo da luz verde al desarrollo de una treintena de suelos urbanizables y a la construcción, en total, de 13.454 viviendas. Dos años antes de la redacción del polémico documento, el recuento del censo registraba 13.706 viviendas ya construidas en la localidad.
Es decir, el plan contempla duplicar el parque inmobiliario de un ayuntamiento cuya población se mantiene estable y viene creciendo desde los ochenta al lento ritmo de un millar de habitantes por década.
Ahora, los mayores desarrollos previstos en el plan han dejado el paisaje del municipio salpicado de proyectos frustrados, máquinas paradas y obras que avanzan imperceptiblemente tras años de construir a velocidad de vértigo.
Si se entra a Sanxenxo desde Poio, por la carretera de la costa, no tardan en aparecer los primeros desmontes sobre el mar. Donde hace unos años se localizaba una gran zona forestal que se hundía en la ría, se dibujaron en los planos del PXOM tres suelos urbanizables, los de A Granxa, Os Cotos y Festiñanzo en los que se prevé la construcción de más de 1.000 viviendas.
En A Granxa puede verse el trazado de la futura urbanización sobre la tierra que ha quedado tras deforestar los terrenos. Cuándo se terminará el complejo es una incógnita. Lo único terminado es la época de las presiones a los pequeños propietarios de lo que antes había sido suelo protegido y las revalorizaciones en porcentajes de cuatro cifras.
Unos kilómetros más adelante, en Miraflores, el desplome de Fadesa en 2008 dio una de las primeras señales de aviso del final de los días de vino y rosas de la especulación. La constructora tenía previsto edificar allí, sobre unos terrenos que han sido adquiridos finalmente por Caixa Galicia, más de 400 viviendas.
En Noalla, al otro extremo del municipio, se diseñó lo que se ha convertido en un símbolo de la destrucción ambiental de Sanxenxo. En las dos bolsas de suelo de Monte Faro se contempla la construcción de casi 3.000 viviendas de lujo alrededor de un campo de golf. Aquí fue Caixanova la que heredó parte del enredo de un delirio faraónico con varias denuncias en los juzgados por su inviabilidad ambiental.
Cuando una de las promotoras iniciales de este proyecto, la valenciana Sedesa, apareció en el sumario del caso Gürtel se visibilizó una muestra del complejo entramado de vínculos entre la política y el sector inmobiliario tejidos en Sanxenxo durante los años del bum.
Su regidor entre 1999 y 2007, el ahora candidato por el PP al bastón de mando de Pontevedra, Telmo Martín, encarnó con su doble ocupación de alcalde y promotor esta concepción de la gestión municipal como un desenfrenado despliegue de planos sobre la mesa.
Tanto descuidó su entorno Sanxenxo en la última década que su mayor atractivo turístico, la playa de Silgar, perdió buena parte de su arena con la construcción del puerto deportivo y tuvo que ser regenerada. Bajo el edificio Herpi, una de esas primeras aberraciones edificadas en los setenta, otra playa, la de A Carabuxeira, también sufrió los cambios en las corrientes.
Martín creó durante su mandato varias empresas de gestión municipal. Una de ellas, Ínsula Sanxenxo, nació en 2006 con el objetivo de promover la creación de vivienda protegida en el municipio. Desapareció el pasado año sin que el bum haya dejado en la localidad ni un solo piso de protección oficial.
Su sucesora en el cargo, Catalina González, ha declinado, a través de su departamento de prensa, hablar para este reportaje. Aducen que en Sanxenxo, sobre urbanismo, "no hay nada que contar".
* El País - 1.08.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Madrid.- La asociación vecinal de Prosperidad se niega a abandonar su local
DIAGONAL* : De poco han servido para la Comunidad de Madrid las reuniones mantenidas con los responsables de las consejerías de Educación y de Hacienda, las concentraciones de protesta o las adhesiones de personalidades con la entidad vecinal. Ignorando todo esto pero, sobretodo, el hecho de que la asociación lleva más de 35 años trabajando en el barrio de forma complemante altruista, el Gobierno de Esperanza Aguirre le comunicó ayer que el próximo sábado 31 de julio iniciará “el procedimiento de recuperación posesoria” de su local. A tal fin, vuelve a demandar a la organización ciudadana la entrega de las llaves de su sede, algo que ésta no tiene ninguna intención de hacer.
Gloria Cavanna, presidenta de asociación de 2000 a 2009, recuerda que “en un acto público, el 5 de julio entregamos las llaves del local a los vecinos de Prosperidad, que son los que lo usan a diario, y éstos optaron por no consignarlas a la Comunidad de Madrid, así que no lo vamos a hacer ahora. Resistiremos ante el desalojo pues consideramos que es necesario un local público para seguir con las actividades en el barrio”, remacha.
En una auténtica carrera contra el reloj, Valle-Inclán acaba de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consejería de Educación, actual propietaria del inmueble, que tras ceder a la asociación el local situado en el número 51 de la calle Luis Cabrera durante cinco años, se apremia ahora en recuperarlo con objeto de obtener liquidez. Por ende, el colectivo ciudadano ha lanzado una campaña de recogida de firmas on-line (http://noaldesalojoavvalleinclan.org) y convoca a los vecinos y vecinas a protestar todos los sábados de este mes de agosto a las 12h en la plaza de Prosperidad.
La amenaza de desalojo de la sede vecinal se remonta al pasado 15 de junio. A pesar de que funcionarios del Gobierno regional habían garantizado la renovación de la citada cesión, Valle-Inclán recibió ese día una carta en la que la Comunidad de Madrid le instaba a la entregar las llaves del local antes del pasado 5 de julio. El colectivo no sólo no lo hizo sino que, en ese periodo, recabó centenares de adhesiones ante una medida medida que “constituye un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía con el pretexto de la coyuntura económica”, según Cavanna. Además del PSOE e IU y de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) (de la que forma parte), la FAPA Giner de los Ríos, ATTAC Madrid o la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid, personalidades como Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid o Federico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco han mostrado su apoyo cerrado a la entidad ciudadana frente a una “decisión incomprensible e injustificable” de la Comunidad de Madrid, en palabras de este último. Entre las innumerables solidaridades recogidas en estos días, hay que destacar el sostén contínuo de la Escuela Popular de Prosperidad, que se encuentra en el número 19 de la misma calle en la se ubica la sede de Valle-Inclán. Precisamente "La Prospe", después de varios años de batalla, consiguió sortear de manera existosa la amenaza de desalojo que pendía sobre su local.
Según Gloria Cavanna, la orden del Gobierno regional "es un ataque más al movimiento vecinal y requiere una respuesta. El desalojo es un nuevo recorte a los derechos sociales que afecta a toda la ciudadanía. No sirven los criterios puramente monetaristas ni el pretexto de la crisis, el local es imprescindible, por lo que seguiremos movilizando a los vecinos, denunciando lo que consideramos es obstaculizar la labor de esta asociación en su justa lucha por tener un barrio cada día mejor”.
La amenaza que pende sobre Valle-Inclán no es un hecho aislado. Tal y como informó el pasado 30 de junio Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, “Hacienda ha dado orden de poner a su disposición todos los locales de las asociaciones de vecinos propiedad de las consejerías, pero ha cometido el error estratégico de comenzar el ataque por la parte más difícil, una asociación que tiene fuerza, presencia en el barrio, capacidad de movilización, y que va a poner muy difícil este primer asalto”. “Aquí nos jugamos mucho. No podemos permitir que con la excusa de la crisis hagan lo que les da la gana”, concluyó el representante ciudadano.
* Diagonal - 29.07.10
Foto: Concentración contra el desalojo de la asociación vecinal, el pasado 5 de julio.- diagonalperiodico.net
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Tema: NOTICIAS Madrid
El equipo de Camps avisa de que seguirá si es "condenado"
PÚBLICO* : Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión.
“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó.
En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell.
En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP.
En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran.
El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.
“Confiar en la justicia”
Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien.
En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe.
Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal.
La tapadera de Fabra
Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.
La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”.
Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.
* Público - 31.07.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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