EUROPAPRESS* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb), la de Vecinos del Casco Antiguo y la Red Vecinal de Ciutat Vella, pidieron hoy destituir de todos sus cargos al teniente de alcalde Ramon García Bragado, tras su imputación por el caso del hotel del Palau de la Música. La miembro de la campaña 'Actuación Popular' Ada Colau se mostró "perpleja" por la reacción del alcalde, Jordi Hereu, a quien acusó de no asumir las responsabilidades jurídicas para cesar a Bragado de todos los cargos y reclamó que se revisen los procedimientos de los servicios jurídicos.
Por su parte, el abogado de la acusación popular que representa a los vecinos, Jaume Asens, anunció que pedirán el reingreso en prisión del ex presidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, "por lo menos hasta el 12 de julio", día en el que declaran los imputados Ramón García Bragado, el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y el arquitecto Carles Díaz.
El mismo abogado quiso alabar la labor de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona que "tuvo la iniciativa de imputarles sin esperar a que lo hiciera el fiscal".
Para el abogado su tarea contrasta con la forma de proceder de Juli Solaz --juez que instruye la querella del Palau en el Juzgado número 30 de Barcelona. "Después de un año todavía no ha tenido la iniciativa de pedir responsabilidades penales", dijo.
Los motivos para pedir el reingreso son que, aunque la testifical del 12 de julio sea de imputados, según el abogado pueden seguir ejerciendo cierta influencia.
Sobre el hecho de que puedan darse a la fuga, el abogado consideró que si los abogados de Millet y Montull creen que son "unos apestados y unos marginados sociales", mucho arraigo a este país no pueden tener. Por eso pedirán que ambos vayan a firmar al juzgado, como ya hacen por la otra causa abierta, y que paguen una fianza, algo que nunca han hecho.
Además, tanto el abogado como representantes de las asociaciones expresaron que el caso del hotel "les ha costado una concejal", reconociendo el buen hacer de la ex concejal de Ciutat Vella, Itziar González, en su labor de "limpieza brutal de corrupción en el distrito".
* Europa Press - 2.07.10
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
Barcelona.- Asociaciones de vecinos piden que Bragado deje todos sus cargos
Málaga.- La Fiscalía advierte del endurecimiento de las penas para los delitos urbanísticos
SUR* : La Fiscalía de Málaga despejó ayer las dudas sobre la idoneidad de la vía penal para perseguir las irregularidades urbanísticas que han puesto sobre el tapete algunos representantes políticos e incluso judiciales. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, recordó ayer en la presentación de la memoria de 2009 que a final de este año entrará en vigor una reforma del Código Penal que endurecerá las penas para los delitos urbanísticos que cometan las autoridades o funcionarios públicos, que se castigarán con año y medio a cuatro años de cárcel (actualmente es de seis meses a dos años).
Calvo Rubio dijo no haberse sentido presionado por los movimientos que abogan por la vía administrativa para dilucidar las irregularidades del planeamiento en las que incurran los cargos públicos, como el que lidera el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y los alcaldes de la Axarquía.
«Presión ninguna», contestó fiscal, quien añadió que «el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo», en referencia al endurecimiento del Código Penal. Es más, subrayó incluso que la reforma recogerá «expresamente» el delito de prevaricación omisiva (cuando los cargos públicos no actúan contra la ilegalidad), «por la que yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria», añadió.
En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente investigó un total 438 denuncias (frente a las 360 de 2008), de las que más de la mitad, en concreto 277, estaban relacionadas con supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, 123 acabaron en denuncias y querellas en los juzgados de instrucción y otra buena parte (190) fueron archivadas. Juan Calvo Rubio destacó la «mayor concienciación» sobre este tipo de delitos de todas las administraciones públicas, incluidos las locales, que años atrás «parecían más reticentes a la hora denunciar». En ese sentido destacó como «los más colaboradores» los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga, aunque también mencionó los de Alhaurín de la Torre, Antequera, Álora y Alhaurín el Grande. También resaltó el aumento de las denuncias formuladas por la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio.
De las 59 sentencias por delitos urbanísticos dictadas el año pasado, 47 fueron condenatorias y doce, absolutorias. Además los juzgados resolvieron otros diez procesos judiciales relacionados con la flora y fauna, el patrimonio histórico e incendios forestales, de los que nueve acabaron en condena.
LOS DATOS
Diligencias de investigación: En 2009 fueron 438. En 2008 se incoaron 360.
Delitos urbanísticos. Fueron investigados 277 (276 en 2008)
Denuncias y querellas. De las 438 diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, 123 (90 en 2008) acabaron en denuncias y querellas en los juzgados. Cerca de doscientas fueron archivadas al no constituir delito (146 en 2008).
Denunciantes. La mayoría de las denuncias que llegaron a la Fiscalía en 2009 procedieron de la Guardia Civil, un total de 108 (51 en 2008); 128 de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía (82 en 2008); Ayuntamiento de Málaga, 54 (65 en el ejercicio anterior); Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 53 (22 en 2008) y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que presentó 12, frente a ninguna del año anterior.
* SUR - 2.07.10
Foto: La mayoría de las denuncias por delito urbanístico que recibe la Fiscalía procede del Seprona. - diariosur.es
Millet y Montull derriban a la cúpula de Urbanismo de Barcelona
LARAZÓN* : Los tejemanejes de Fèlix Millet y y Jordi Montull al frente del Palau de la Música han acabado por derribar a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La juez Míriam de Rosa, que investiga la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau, imputó ayer al teniente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon Garcia-Bragado; al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y al arquitecto Carles Díaz, del despacho de Óscar Tusquets, a quien Millet y Montull encargaron el proyecto. Los tres están citados a declarar como imputados el próximo 12 de julio.
Tras escuchar al grueso de los testigos llamados a declarar por el «caso del hotel del Palau», la titular del juzgado número 10 de Barcelona ve indicios de que los imputados «escondieron una operación especulativa en beneficio de intereses privados».
Acción, reacción
Según el auto, la juez sospecha que Garcia-Bragado, Massaguer y Díaz, «debido a la influencia ejercida por Millet y Montull», ocultaron la verdadera titularidad de las fincas donde debía construirse el hotel. De haberse sabido que el propietario era un privado (Olivia Hotels) y no el Palau de la Música, la operación habría peligrado. El auto relata que el conseller de Economía, Antoni Castells, admitió ante la juez que «la operación no se hubiera realizado si no se hubiera tratado del Palau de la Música».
Tras conocerse las imputaciones, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, convocó urgentemente una rueda de Prensa. Con semblante serio y acompañado de Garcia-Bragado, el alcalde anunció que acepta el relevo del máximo responsable de Urbanismo. La razones son dos, «garantizar su propia defensa y los procesos urbanísticos que la ciudad tiene en marcha». No obstante, Garcia-Bragado, que confesó que le ha «sorprendido» su imputación porque «no he hecho nada malo», seguirá como cuarto teniente de alcalde y gestionando infraestructuras y función pública. Para la oposición, PP, CiU y ERC, e incluso para ICV, socio del gobierno municipal, el relevo «provisional» de Garcia-Bragado es del todo «insuficiente». Los cuatro reclamaron su cese como teniente de alcalde y que pase a ser concejal sin ninguna atribución.
Garcia-Bragado alegó que «todos los trámites que se hicieron fueron para el bien de Ciutat Vella y por un interés colectivo». Una vez más, reiteró que no supo que Olivia Hotels era la propietaria de las fincas Sant Pere Més Alt, donde debía ubicarse el hotel, hasta julio de 2009. Su afirmación se contradice con la declaración del director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, que ayer admitió ante la juez que desde 2008 conocía la cesión a un particular de las fincas cedidas por la escuela La Salle. En los próximos días la juez decidirá si imputa también a Lambies. Y antes de que acabe la semana, Hereu anunciará el nombre del sustituto del Garcia-Bragado, así como qué futuro depara al gerente de Urbanismo. Si Garcia-Bragado estaba «sorprendido», Hereu se mostró «perplejo» por las imputaciones y reiteró su «absoluta confianza» en sus hombres. Eso sí, les avisó de que actuará sin reservas, si la jueza determina que han cometido un delito.
Los indicios
El auto juega en contra de los imputados. Una carpeta, supuestamente de Montull, localizada en el Palau acusa a Garcia-Bragado y Massaguer de acordar, ya en 2006, no publicitar el convenio del hotel entre la Generalitat y el Palau. En una charla telefónica Garcia-Bragado explica al arquitecto Carlos Díaz que había pactado con Massaguer que el Ayuntamiento podía descatalogar las fincas afectadas «sin intervención de la Generalitat» –cuando se necesitaba la intervención de Cultura– y que se firmaría el convenio a tres bandas «sin publicidad».
* La Razón - 1.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Patrimonio exigió supervisar toda obra cercana al Jardín de Monforte
ELPAÍS/Valencia* : La Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Cultura, advirtió en 1992 de que la "realización de obras" en el entorno del jardín de Monforte, en Valencia, "deberá ser autorizada" por el propio organismo. Pese a eso, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, aprobó en 2002 la construcción de un aparcamiento prácticamente debajo del jardín sin siquiera consultarle.
El grupo municipal socialista, que desveló ayer la exigencia de Patrimonio, apuntó además otras posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras y construcción del aparcamiento. El edil Francisco Carsí explicó que la unión de empresas que ganó el concurso para ponerlo en marcha, Secopsa y Ortiz, no fue la mejor puntuada. El Ayuntamiento descalificó al grupo de empresas con mejor evaluación ya que, según su informe, a una de las firmas le faltaba experiencia. El concejal Juan Ferrer, que acompañó a Carsí, calificó la operación de "tongo". El edil señaló que lo habitual es que el Consistorio determine si una empresa tiene experiencia suficiente o no antes de evaluar su propuesta y no después. "En todo caso", explicó Ferrer, "la unión podría haberse modificado, pasa todos los meses en el Ayuntamiento. Sin ir más lejos, la unión de empresarios que va a levantar el centro cultural de La Rambleta, en el barrio de San Marcelino, se ha modificado hasta en tres ocasiones". Enrique Ortiz e Hijos integra el grupo de sociedades implicadas en la presunta financiación irregular del PP a través de la trama Gürtel.
Francisco Carsí contó también que Urbanismo no solo obvió pedir un informe a la Dirección General de Patrimonio para determinar si el jardín de Monforte peligraba por las obras; tampoco lo requirió de la Comisión Municipal de Patrimonio. El edil socialista detalló que el Ayuntamiento suele ignorar los dictámenes de la Comisión, pues lo mismo ocurrió con la construcción del aparcamiento de Tabacalera o en el del número 10 de la calle Pizarro.
Bellver contestó por la tarde que "todos los informes que aparecen en el expediente del aparcamiento" del jardín de Monforte "son favorables". "En los 1.400 folios del expediente", sigue, "nadie, ni técnico, ni institución, ni asociación, ni particular, ni grupo político solicita o sugiere un informe de Patrimonio".
Bellver, imputado por un presunto delito de prevaricación y otro contra el patrimonio artístico por este asunto, argumentó la semana pasada ante el juez, igual que ayer, que desconocía la protección del jardín, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El edil popular, licenciado en Geografía e Historia, ignora entonces los requisitos que se exigen en la página web de su área en el Consistorio para iniciar una obra de nueva planta como es el aparcamiento. "Importante", reza el impreso que el interesado debe entregar al Ayuntamiento para tramitar el permiso de obra; y a continuación aparece una lista de los documentos requeridos, uno de ellos la "autorización de la Consejería de Cultura cuando el emplazamiento se ubica en ámbito de vigencia arqueológica o en entorno de BIC". De hecho, solo para ejecutar obras menores se necesita el permiso de la Dirección General de Patrimonio.
Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió ayer a trámite un recurso de Salvem Tabacalera, en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba la modificación del planeamiento urbano de Valencia para poder derribar parte de la antigua fábrica de tabacos, un edificio de principios del siglo XX, que el Ayuntamiento ha derribado en parte.
* El País - 2.07.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Delitos urbanísticos
JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE* : Como decíamos ayer, ciertas situaciones políticas de Córdoba están mucho más cerca del sonrojo que de la idealidad. Los tribunales de justicia han vuelto a derrumbar -metafóricamente, se entiende-, por tercera vez consecutiva, la primera fase de legalización de Colecor, refrendada por la Gerencia de Urbanismo del anterior Gobierno municipal con sus respectivos informes jurídicos y técnicos positivos incluidos. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respalda en su integridad la sentencia de un juzgado de Córdoba, la primera en aclarar la imposibilidad legal de aquellas naves de Colecor de sombreado recuerdo, por lo que tuvo aquello, frente a la inmensidad de los ciudadanos que tienen que plegarse a la ley, de quebranto arbitrario del principio de legalidad.
Esta sentencia surge del recurso presentado por Mezquita Sur Inversiones, una empresa filial de Arenal 2000. El fallo del TSJA desestima la apelación, por no encontrar ubicación el proyecto inicial de aquellas naves en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que es la que contempla las iniciativas empresariales que pueden ubicarse en suelo no urbanizable, como era el de Colecor. Así, según esta sentencia, se ratifica de nuevo lo que los ciudadanos ya sabían: que aquel emplazamiento era ilegal, que lo era entonces y lo sigue siendo ahora, y que aquel Ayuntamiento no es que hiciera la vista gorda, sino que respaldó y que hizo posible una ilegalidad de innegable impacto medioambiental y jurídico, por no hablar del menosprecio público y consciente del principio de legalidad: y hay que reiterarlo, porque llegados a este extremo es casi lo único que podemos exigirle a nuestros gobernantes, un cumplimiento escrupuloso del principio de legalidad, que ni siquiera puede ser vulnerado por compañeros de viaje ocasionales con complicidades sinuosas.
El proyecto empresarial presentado entonces por Arenal 2000, una nave almacén para productos de importación, no podía ser contemplada como una iniciativa de interés público. Urbanismo, ahora, ha optado por una ampliación de sus capacidades, para poder capear esa ilegalidad. Pero, pase lo que pase finalmente con las distintas situaciones procesales que protagoniza ahora el empresario Rafael Gómez, y con las dichosas naves ilegales de Colecor, lo que va a quedar en la ciudadanía es la sensación de impunidad de algunos poderosos, amparados por el Gobierno municipal, curiosamente, de Izquierda Unida. Tampoco creo que todo esto ayude a la sensación generalizada de divorcio entre la sociedad civil y la clase política, esta impresión de que unos dirigentes políticos pueden ser cómplices o cooperadores necesarios en un delito urbanístico y continuar ostentando sus mismas responsabilidades públicas, o incluso aún más altas, mientras siguen saliendo las sentencias que los desacreditan a perpetuidad, sin que ninguna autoridad judicial, moral o partidista, les enmiende la plana y la conciencia. Es una tristeza general, pero esto es lo que hay.
* El Día de Córdoba - Opinión - 2.07.10
La zona sur de Medina Azahara acumula 250 construcciones ilegales
ELPAÍS/Córdoba* : La Junta de Andalucía avanzó ayer las primeras cifras del estudio que realiza la Oficina Técnica de Medina Azahara, en Córdoba, entre cuyos fines está contabilizar las parcelaciones y casas ilegales que rodean a este yacimiento arqueológico. Sólo en la zona sur, la más sensible y afectada por el desordenado crecimiento urbano, la Junta ha censado 303 parcelaciones, divididas en tres urbanizaciones, con 250 edificaciones ilegales. Estas urbanizaciones se encuentran, desde 2003, en territorio de especial protección y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Fuentes de la Junta insisten en que los datos presentados ayer son sólo un avance y que el número final de parcelaciones y edificaciones fuera de la ley podría aumentar en otras zonas afectadas por el Plan Especial de Protección de Medina Azahara. Los representantes de la Comisión Técnica de Medina Azahara mantendrán en las próximas semanas una reunión con los residentes de las parcelaciones ubicadas en la zona Sur del Plan Especial de Protección del conjunto arqueológico.
La Oficina Técnica arrancó sus trabajos en junio de 2009. Los técnicos decidieron empezar por la zona que mejor conocían: los tres núcleos urbanizados de Córdoba la Vieja, Las Pitas y la Gorgoja II. La Junta informa de que en Córdoba la Vieja hay 52 parcelas, 47 de ellas edificadas, con una superficie media de 2.033 metros cuadrados por parcela. En las Pitas se han detectado 202 parcelas (165 edificadas), con una superficie media por parcela de 1.500 metros cuadrados. Por último, en la Gorgoja II, hay 49 parcelas con una superficie media de 5.837 metros cuadrados, de las que 38 están edificadas. La Junta ya tenía el ojo puesto en estas urbanizaciones. Entre 1995 y 2003, remitió 347 denuncias al Ayuntamiento, y alertó de la urbanización o construcción de casas en la zona.
Ahora ha procedido a hacer un primer estudio detallado. El inventario con el que se ha trabajado, informa la Junta, "contiene fichas exhaustivas con información de cada una de las parcelas sobre datos catastrales y de registros, superficie, usos del suelo (natural, urbano y agrario), características de las edificaciones si las hubiere, régimen urbanístico, afecciones sectoriales, e incluso, los antecedentes administrativos". Entre los objetivos del estudio se encuentra ofrecer apoyo técnico para desarrollar posibles actuaciones administrativas destinadas a la obtención pública de suelos, en caso de que sea necesaria la expropiación.
* El País - 1.07.10
Foto: Córdoba, vista_chalets_construidos_entorno_Medina_Azahara - el pais.com
Imputada de nuevo la alcaldesa de San Fulgencio
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ABC/Alicante* : La alcaldesa socialista de la población alicantina de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y su concejal de Urbanismo, Mariano Martí, ha sido citados a declarar hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela, acusados de autorizar la construcción ilegal de un complejo de bungalós turísticos en una zona de La Marina calificada como suelo no urbanizable de uso de deportivo.
Junto a ellos, también tendrán que declarar como imputados entre hoy y el próximo 14 de julio la ex alcaldesa Teresa Torres Murcia, los ex concejales José Mora, Luisa Alberola, Simone Elster y José Francisco Ballester (todos ellos del PSOE salvo Elster, que abandonó el PP para apoyar una moción de censura contra la alcaldesa popular Fina Mora). Los ediles están acusados de aprobar en el Pleno la licencia de obras presuntamente ilegal.
También han sido citados como imputados para el próximo día 14 los dos arquitectos municipales que informaron favorablemente la licencia, José Ángel Varo y José Antonio Bernabeu. Aunque la alcaldesa Trini Miró está citada a declarar hoy, podría aplazar su comparecencia alegando motivos de salud.
La regidora socialista y varios miembros de su Corporación también están imputados por el vídeo trampa que urdieron contra su ex edil de Hacienda Manuel Barrera.
* ABC - 30.06.10
Foto: San Fulgencio (Alicante), ayuntamiento -eleconomista.es
Àngel Colom: "Millet me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista"
ELPAÍS/Barcelona* : Àngel Colom, secretario de inmigración de Convergència Demo-cràtica de Catalunya, pasó ayer con mucho ruido y poca sustancia por la comisión del Parlament que investiga si hubo financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música. Se enfrentó con todos los diputados del tripartito e incluso con el presidente de la comisión, el habitualmente impasible Pere Vigo, con su tono provocador. También se explayó en su defensa acérrima de Convergència, su tercer partido tras dirigir ERC y fundar el fracasado Partit per la Independència. Más allá de los rifirrafes, poca cosa: sus explicaciones sobre el dinero que recibió de Fèlix Millet, el saqueador confeso del Palau de la Música, no convencieron a los diputados.
Colom explicó que recibió 75.000 euros de la institución, y narró cómo, por obra de su retórica y su trayectoria patriótica, logró que Millet le diera el dinero sin conocerle, una cantidad que el Palau de la Música cifra en 150.000 euros. Las gestiones se realizaron en el año 2000, justo cuando murió por fracaso el Partido por la Independència y Colom pasó a engrosar la militancia de Convergència. "Fui a ver al señor Millet porque unos amigos me dijeron que era un mecenas. Él me ayudó, y yo le estuve muy agradecido", narró Colom, que reconoció que pasaba un momento "apurado" por las deudas del Partit per la Independència.
El dinero que le dio Millet de fondos del Palau, pese a que figuraban como donación a una fundación que no llegó a constituirse, sirvieron para pagar "el desaguisado económico del PI". El convenio en el que se plasmaba esta transacción se falsificó cuatro años después, imitando la firma de Colom.
¿Cómo convenció a Millet para que le diera, al menos, 75.000 euros? "Me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista", sentenció Colom tras repasar su biografía. Joan Ferran (PSC) con quien mantuvo un intenso pulso, le respondió: "No creemos que el señor Millet fuera la hermanita de la caridad de los patriotas sin norte". Colom aseguró que estaba convencido de que el dinero se lo daba el saqueador a título personal. El cheque que firmó, aportado por el diputado de Esquerra Pere Bosch, lo desmiente.
El recibo que firmó especificaba que el dinero lo pagaba la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música e iba destinado a proyectos relacionados con la inmigración de la Fundació Espai Catalunya. Nada más allá de la realidad: Colom reconoció que fueron a su bolsillo para pagar deudas del PI. Sobre que el dinero salía del Palau, dijo que no se leyó el recibo: "Con lo contento que estaba, habría firmado cualquier cosa", ilustró. Aseguró que no recordaba si el dinero pasó por Hacienda, aunque lo dio por hecho porque "nadie" le ha requerido los detalles de la operación durante estos años.
Colom dedicó gran parte de su intervención a salvaguardar a CDC de cualquier sospecha de financiación irregular y cargó contra los demás partidos por crear lo que juzgó como "un tribunal politico". "Están fijados en un objetivo, en decir que CDC es culpable. Pues no, CDC es inocente", cargó Colom. Pese a que era militante de la formación cuando Millet le dio el dinero, él mantuvo que ambas cosas "no tienen nada que ver", y aseguró en varias ocasiones que las personas que le recomendaron visitar al saqueador no eran del partido. Pese a ello, se negó a aclarar los nombres de "los amigos" que le guiaron en la senda del Palau. Colom se despidió de la comisión con una última guinda: "Yo denuncio a este tribunal porque me parece un acto triste. Me entristece esta voluntad política de un tribunal de inquisición contra CDC". Sus palabras enfadaron al presidente de la comisión, que le prohibió continuar con sus valoraciones.
La influencia que Millet quería ejercer en política no solo la puso en práctica en la Administración autonómica, sino que también jugó sus cartas en su municipio, l'Ametlla del Vallès, para lograr una recalificación de unos terrenos destinados a la construcción de 55 viviendas. Los políticos que favorecieron en 2001 esta recalificación presuntamente estaban a sueldo de Millet, que anotó pagos de 1.500 euros al mes al ex alcalde, el independiente Albert Palay y otros 900 a su teniente de alcalde de CiU, Jaume Codina.
Ambos negaron estar a sueldo del ex presidente del Palau: "Lo desmiento rotundamente. Nunca he cobrado ni de Millet ni de su entorno", aseguró Palay; Codina repitió la misma fórmula. Ambos, sin embargo, no pudieron negar que recibieron dinero de Millet para sufragar gastos de sus partidos. Palay, que encabezaba el Grup Independent de l'Ametlla, no supo precisar la cantidad recibida, aunque la juzgó escasa dado que el presupuesto de su partido no alcanzó los 12.000 euros gracias a una campaña "imaginativa". El dinero se gastó en "butifarradas, pinchos, aperitivos y paellas", apreció el ex alcalde.
Codina fue más preciso: el dinero que le dio Millet -tampoco recordaba la cantidad- sirvió para pagar 100 carteles electorales para la campaña de 1999. Pese a que está retirado de la política, Codina exhibió, como Colom, una fuerte disciplina de partido. Exculpó a CiU del dinero recibido a CiU -dijo que la federación comarcal no sabía nada- y acusó al tripartito de querer hundirle "por convergente".
El tripartito y CiU mantuvieron un cruce de cartas relacionadas con operaciones de Millet en la Ametlla del Vallès. En ambas misivas, el saqueador confeso pedía ayuda al consejero de Política Territorial y Obras Públicas (primero Felip Puig, de CiU, y después Joaquim Nadal, del PSC), para acelerar la recalificación de unos terrenos. Nadal explicó a Europa Press que la carta pedía una modificación de los terrenos de Millet en la Ametlla que no aceptó. La práctica de enviar cartas a políticos era habitual en el saqueador.
Castells irá a la comisión de investigación por el hotel del Palau
La comisión de investigación del caso Palau tiene fijado su calendario hasta el lunes, cuando comparecerá, entre otros, el actual responsable de la Fundación de CDC, Agustí Colomines. Sin embargo, y dado que tiene tiempo de exponer sus conclusiones hasta el pleno del 28 de julio, la investigación abarcará más. Las nuevas revelaciones del caso han obligado a ampliarla: los documentos que presuntamente indican que CDC podría haberse quedado con 5,8 millones de euros del Palau procedentes de comisiones de obra pública concedida a Ferrovial hacen que el tripartito se plantee llamar a dirigentes de CDC, entre ellos los ex consejeros de Obras Públicas Pere Macias y Felip Puig.
También queda pendiente la visita de los dos saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull, prorrogada al estar encarcelados provisionalmente por el caso del Palau. La participación de la Generalitat en la operación del hotel llegará a la comisión, con la comparecencia del consejero de Economía Antoni Castells, que pidió acudir al Parlament tras declarar ante la juez. CiU, que ha insistido en cada sesión en la comparecencia, no dio tregua y criticó a Castells: "Compareció por la nevada cuando no quedaba nieve ni en el Aneto, y ahora vendrá cuando ya es insostenible", dijo el diputado Jordi Turull. La comparecencia de Castells no tendrá el formato del resto, de pregunta y respuesta, sino que el consejero y los grupos tendrán turnos de palabra sin interrupciones.
* El País - 30.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Palma.- Cinco detenidos por la operación Pasarela
DIARIODEMALLORCA* : Esta mañana se han practicado las primeras cinco detenciones en el marco de la ´operación Pasarela´. Entre los arrestados hay jefes de sección de Ibatur y responsables del departamento informático que están siendo interrogados en la Jefatura Superior de Policia. Mientras, continúan los registros en Madrid en las dependecias administrativas de las empresas Over Marketing y Comunicación y Match Golf Consulting.
Según han confirmado a Efe fuentes de la investigación, estos registros han sido ordenados por el juez José Castro, instructor del "caso Palma Arena", quien, junto con su colega Ignacio Lope Sola, puso en marcha ayer esta nueva operación policial contra la corrupción, en la que se investigan presuntos desvíos de fondos públicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).
El juez Castro se ha involucrado también en esta investigación por la relación de Over Marketing y Comunicación y Match Golf Consulting con algunos de los supuestos delitos que instruye dentro del "caso Palma Arena", referido a la presunta malversación de dinero de la Administración autonómica en torno a la construcción del velódromo de la capital balear en la pasada legislatura.
El juez instructor ha divido esta causa en veinticinco piezas para que sean juzgadas de forma separada, una de las cuales se refiere al patrocinio de eventos deportivos por parte del Ibatur.
Los registros de Madrid, que comenzaron ayer, están siendo dirigidos personalmente por el fiscal Anticorrupción Horrach, quien también participó en la investigación del "caso Palma Arena.
Match Golf Consulting, una de las empresas escrutadas, participó durante la pasada legislatura en la organización del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en las instalaciones del club Pula -registrado ayer- y que patrocinó el Ibatur con una aportación anual de 4,7 millones de euros entre 2004 y 2007.
En cuanto a Over Marketing y Comunicación, relacionada con el "caso Gürtel", fue la empresa encargada de publicitar la "tarjeta verde", un carné de descuentos para turistas que puso en marcha el anterior Govern de Jaume Matas para reemplazar los ingresos previstos con la ecotasa, el polémico impuesto implantado por el primer Pacto de Progreso.
La tarjeta fue gestionada por la Fundación Balears Sostenible, que dirigió de 2003 a 2007 Pau Collado, imputado en el "caso Gürtel" como consejero delegado de Easy Concept, empresa propiedad del encarcelado Francisco Correa.
* Diario de Mallorca - EFE - 30.06.10
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Greenpeace y EA denuncian por prevaricación al Gobierno de Congosto
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NORTECASTILLA/Palencia* : Ecologistas en Acción (EA) y Greenpeace han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Palencia por un presunto delito de prevaricación del equipo municipal de Gobierno de Congosto de Valdavia al haber presentado su candidatura a acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares a sabiendas de que sus normas urbanísticas municipales prohíben la ubicación en suelo rústico común de "almacenes de residuos tóxicos o peligrosos o depósitos de residuos radiactivos o nucleares".
Asimismo y en un comunicado, fuentes de las dos organizaciones precisaron que de ser probados los hechos, los cinco ediles municipales que aprobaron por unanimidad, el pasado 28 de enero, presentar la candidatura del municipio para acoger el ATC podrían quedar inhabilitados para empleo o cargo público por un periodo de entre siete y diez años.
Además, se ha solicitado al Ministerio de Industria que retire "de forma inmediata" la candidatura de Congosto de Valdavia del proceso de selección de un emplazamiento para el ATC.
"Este es un claro ejemplo de que el proceso emprendido por el Ministerio de Industria es erróneo dado que al tentar a los alcaldes con dinero público fomenta las irregularidades que, como demuestra el caso de la candidatura de Congosto de Valdavia, pueden ser constitutivas de delito", aseguró la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato.
A su juicio, lo más sensato sería que el Ministerio de Industria diera por nulo un proceso de selección que, desde el principio, "ha adolecido de evidentes carencias de transparencia y participación democrática" para, a continuación, reiniciar uno nuevo "más sosegado, justo y consensuado que evite este tipo de comportamientos caciquiles y presuntamente corruptos que han tenido no sólo ésta, sino todas las candidaturas de Castilla y León".
Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción criticaron que la candidatura de Congosto de Valdavia para acoger el cementerio nuclear es "nula de pleno derecho" y que ésta debería haber sido invalidada por el Ministerio de Industria cuando tuvo conocimiento de este hecho.
Además, según las mismas fuentes, la Comisión Interministerial para la selección del emplazamiento del ATC, en los dos únicos informes (1) de análisis del término municipal de Congosto de Valdavia, hechos públicos el 9 de marzo y el 29 de abril, omitió cualquier mención a la incompatibilidad de las normas urbanísticas municipales vigentes en esta localidad con el proyecto mientras que estos mismos informes citan expresamente que "cualquier otra restricción derivada de la normativa local deberá ser considerada".
* El Norte de Castilla - E.P. - 30.06.10
Foto: Imagen de archivo de una protesta por la candidatura den ATC en Congosto. Borja Barba / El Norte de Castilla
'Caso Gürtel'.- "El Bigotes entregó sobres o dinero a cargos públicos del PP"
ELPAÍS/Valencia* : El juez Antonio Pedreira, en un auto del pasado 28 de junio, deniega a Álvaro Pérez, El Bigotes, la retirada de las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomienda. En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se transcribe un durísimo informe de la Fiscalía donde señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa.
Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contrato, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, al que consideraba "amiguito del alma". El Bigotes llenó de regalos a la cúpula del PP valenciano en forma de trajes y otras dádivas.
El Fiscal señala en el auto notificado hoy por Pedreira: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los delitos de blanqueo, contra la administración y contra la hacienda pública y además los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 han acreditado la entrega de sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios".
Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente".
El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado".
* El País - 30.06.10
Foto: Álvaro Pérez enseña su moto a un amigo frente a la sede del PP de Valencia - elpais.com
El pisito
ELVIRA LINDO* : No es que España gastara por encima de sus posibilidades, es que se ha comportado con una insensatez en el gasto público superior a países más productivos que el nuestro. Cuando hablo de gasto público me refiero, por supuesto, al injustificado, al caprichoso, al sistema que se sacó de la manga la necesidad de miles de asesores, que multiplicó los coches oficiales, que permitió que un alcalde ganara más que un ministro o que el mismo presidente, que sufragó gastos de expediciones absurdas al extranjero para llevar una política exterior dispersa y disparatada y subvencionó o transformó (para mal) todas las fiestas populares convirtiéndolas en el escaparate del partido de turno. En fin, en esa carrera del gasto superfluo España fue campeona y cada lector puede añadir un elemento más de despilfarro.
Dicho esto, no me parece justo achacarle a las clases trabajadora y media responsabilidad en esa deriva hacia país de nuevos ricos que tomó el nuestro. La clase política, con su ejemplo, demostraba que vivir por encima de las posibilidades era asumible y productivo, y los bancos, por su parte, estimulaban el gasto de aquellos que no tenían dinero. Ese ha sido el ambiente. Teniendo en cuenta que el mercado de pisos de alquiler es lamentable y que nos hemos educado en la creencia de que no se alcanza la paz de espíritu sin un piso en propiedad, es irreprochable que los ciudadanos acudieran como locos a la miel de las hipotecas fáciles. A estas alturas la mayoría sigue cumpliendo (a duras penas) con sus plazos y es el sistema financiero quien exige ser tratado con mimo para que no seamos todos víctimas de su codicia.
Dejando a un lado que, ingenuamente, nos creyéramos que las vacas iban a estar siempre gordas, ¿qué culpa tenía el trabajador que aspiró a tener su pisito? El pisito fue siempre el paraíso de los pobres.
* El País - Opinión - 30.06.10
Detenidos el ex alcalde de San Javier y otras tres personas por corrupción
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ELMUNDO/Murcia* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de San Javier ha ordenado la detención del ex alcalde de la citada localidad murciana José Hernández, del promotor Santiago Martínez Esparza y de otras dos personas, J.V.N.A. y A.J.S.R., por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, agentes de la Guardia Civil han procedido este martes a las detenciones, así como a siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.
Martínez Esparza ha salido en libertad con cargos y sin fianza. El promotor ha salido de los juzgados de San Javier acompañado por su abogado, José Pardo Geijo, minutos antes de las siete de la tarde, y ha abandonado la sede judicial en compañía de un familiar.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier ha establecido además para Martínez Esparza la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio de la Unión Europea, al tiempo que lo ha citado nuevamente en el juzgado para continuar prestando declaración.
Este miércoles está previsto la puesta a disposición judicial del ex alcalde de San Javier José Hernández, del PP, y de los otros dos detenidos, J.V.N.A. y A.J.S.R., que se encuentran en dependencias de la Guardia Civil de San Pedro del Pinatar.
El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía, y en el marco de este procedimiento se produjeron, también, en diciembre de ese año seis detenciones, entre ellas tres arquitectos, dos de ellos funcionarios municipales.
Entre los detenidos en esa operación estaban el arquitecto municipal de San Javier M. B, y el del ayuntamiento de Fuente Álamo, J.M.S.M., así como J.P.S.T., socio de los primeros en el despacho profesional Gruparq-3, ubicado en San Pedro del Pinatar.
Tanto M.B. como J.M.S.M. ya se encontraban imputados en un presunto caso de corrupción urbanística, junto con otras 12 personas, investigado en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, en noviembre de 2007.
Asimismo el ex-edil Hernández, del PP, y Martínez Esparza ya declararon como imputados en 2006 ante el fiscal encargado de delitos urbanísticos, Juan Pablo Lozano, tras la denuncia interpuesta por el Grupo Independiente de San Javier, entre otros asuntos, por un convenio firmado entre ambos para la cesión de unos terrenos del promotor, donde estaba prevista la construcción del hospital comarcal, a cambio de "aprovechamiento" urbanístico.
* El Mundo - EFE - 29.06.10
Foto: San Javier (Murcia), ayuntamiento - regmurcia.com
Barcelona.- Una plataforma denuncia que no hubo concurso público para reformar el Born
ELPAÍS* : El antiguo mercado del Born no parece sacudirse la polémica de encima. Cuando las obras de reforma parecen encarriladas y la fecha de 2012 para reabrirlo como centro cultural para explicar la Barcelona de los siglos XVII y XVIII parece definitiva, surgen voces que denuncian supuestas irregularidades y que plantean alternativas al proyecto del Ayuntamiento de Barcelona. La plataforma El Torn del Born, formada por profesionales y vecinos del barrio de La Ribera, ya reclamó en marzo que el Born debería ser "una plaza pública abierta a cualquier tipo de expresión artística, cultural y comercial de los ciudadanos de Barcelona y no un museo cubierto". Ahora, además, denuncia supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto.
Conrado Carrasco y Francesc Fàbregas, arquitectos y miembros de la plataforma, aseguran: "no hubo concurso para adjudicar las obras del centro cultural a los arquitectos Rafael Cáceres y Enric Soria. Por romanticismo se les adjudicó la reforma porque ya no podían hacer la Biblioteca Provincial, pero, en realidad, el Ayuntamiento estaba obligado a convocar un nuevo concurso para el nuevo equipamiento". Fuentes del Ayuntamiento aseguraron ayer que "se creyó oportuno hacerlo así por el esfuerzo realizado por los arquitectos".
Según Carrasco, "no es comprensible que el edificio que se expropió en la calle Comercial, un inmueble catalogado que pasó de uso residencial a equipamiento para albergar los equipos de refrigeración necesarios para la Biblioteca Provincial, haya acabado cumpliendo otros fines diferentes de aquellos para los que se expropió; en el Ayuntamiento están muy orgullosos de un edificio que no sirve para nada".
El jueves, El Torn del Born hará públicas sus denuncias y expondrá su propuesta de uso para el mercado del Born. "No queremos que el edificio de Fontseré sea un sarcófago de lujo para las ruinas", explica Carrasco, que denuncia también falta de información de la administración.
Ayer por la tarde arquitectos, responsables del Ayuntamiento y miembros de las asociaciones de vecinos de La Ribera se vieron las caras en la segunda mesa sobre las obras del Born, celebrada en la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña. Durante el encuentro, algo tenso, arquitectos y miembros del Icub se defendieron de las acusaciones de falta de transparencia y aseguraron haber explicado el proyecto ampliamente. "Cinco veces en los últimos 30 días", afirmó García Espuche, director científico del nuevo Born. Con cierto desánimo, García Espuche lamentó la incertidumbre sobre el proyecto: "Dentro de 11 meses hay elecciones y no se sabe que puede pasar".
* El País - 30.06.10
Foto: Barcelona, mercado del Born - fotosdebarcelona.com.es
Nace en Almería la Plataforma Stop Urbanismo Salvaje que se manifestará el domingo contra el hotel en el Parque Natural
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TELEPRENSA* : Varios colectivos almerienses han constituido la Plataforma Stop Urbanismo Salvaje en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar “por la intención que tienen ciertos empresarios, con el favor de las instituciones, de construir en una zona privilegiada”. Así lo ha expresado José Enrique Martínez, miembro de la dirección de Izquierda Unida. La plataforma nace, por tanto, con el objetivo de luchar contra la construcción de un hotel en terrenos especialmente protegidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
“Por muy legal que quieran hacerlo, no vamos a permitirlo”, ha agregado Martínez.
Para ello han creado un grupo en facebook para que la gente se una y les apoye y utilizarán todos los medios que tengan a su alcance para impedir la construcción en la zona. Así, el próximo domingo 4 de julio tienen previsto realizar una manifestación que partirá a las 11 de la mañana de la iglesia de Las Salinas hasta la Fabriquilla. En ella participarán colectivos como Amigos del Alcazaba, Ustea, Ecologistas en Acción, la Asociación Argar, Caja de Pandora o el Foro Social de Almería, entre otros.
* Teleprensa - 30.06.10
Foto: Playa de Cabo de Gata - teleprensa.es
A Coruña.- El urbanismo que se puede contemplar desde la bahía
LAVOZDEGALICIA* : Media luna en el cielo. Un barco fondeado en la salida de la ría. Hace un tiempo que el sol también se fondeó en el mar. Desde la cubierta, el perfil de la costa dibujado sobre el azul oscuro de la noche naciente evoca un idílico paisaje caribeño. Es solo una evocación, lo que hay enfrente no tiene nada que envidiarle a ningún rincón al menos visto desde el mar: el poblado de As Xubias y la desembocadura de la ría de O Burgo. En la cubierta del Rías Altas I-Ferrol , micrófono en mano, uno de los mayores expertos en planificación urbanística de España, José María Ezquiaga, responde a las preguntas de un grupo de inquietos arquitectos. Palabra a palabra, pregunta a pregunta, los convocados parecen conjurarse para salvaguardar un espacio que consideran único.
«En las encuestas -explica uno de los componentes del grupo DoDó- casi todo el mundo nos mencionaba el sitio ese de la parra como el mejor de esta zona». Ezquiaga confirmaba que esos espacios con parra «son siempre emblemáticos en todos los sitios, también porque cada vez hay menos».
Aunque las reflexiones urbanísticas viajaban a otros lugares del mundo -«en Japón las lonjas son un espacio de atracción turística, bien planificado», decía Ezquiaga-, el recorrido marítimo había empezado un par de horas antes en la Dársena, ante uno de los espacios emblemáticos del borde marítimo de A Coruña como son las galerías. «¡Apaga o motor, home!, que non podemos saír», pedía el patrón de un pesquero que se disponía a salir a faenar.
Poco después zarpaba el barco de los arquitectos, para doblar la punta del dique de abrigo; a lo lejos, entre la bruma del atardecer, se atisbaba el borde marítimo de los Pelamios, San Amaro (evocando a Serrat en su petición de que le entierren «en la ladera de un monte, más alto que el horizonte...») y la Torre.
Con varios pesqueros volviendo por popa, el barco de los arquitectos inició el recorrido del borde litoral, pasando por el muelle de trasatlánticos y luego el pesquero. «Desde aquí se ve cómo la nueva lonja corta la bajada al mar de varias calles», apuntaba el presidente de la delegación coruñesa del COAG, Manuel de la Iglesia. Ezquiaga escuchaba las explicaciones, elogiaba la vieja lonja como «arquitectónicamente más interesante que la nueva» e indicaba que podría ser de un discípulo de Torroja.
«Nadie es dueño del puerto»
Comentarios sobre la ampliación del muelle de contenedores -«es un sistema que tiene menos impacto porque permite el paso del oleaje»-, y ante el muelle Calvo Sotelo uno de los responsables del grupo DoDó ofrece una publicación de Busquets sobre el puerto. En varios momentos, Ezquiaga insiste en la idea de la cohesión entre el puerto y la ciudad: «Que el puerto entienda que es un suelo público y que la lógica económica del puerto está ligada a la ciudad»; «si escucha esto el jefe del puerto dirá que es una tontería»; «nadie es dueño del puerto y menos la Autoridad Portuaria; se debe permeabilizar el puerto a la ciudad y la economía del puerto debe subordinarse a una economía más amplia, que es la de la ciudad, aunque no existe esta mentalidad».
«Esas son unas instalaciones para nitrato», apunta el fotógrafo, que un poco más adelante señala las barreras anticontaminantes de Repsol. A la altura de Casablanca, De la Iglesia destaca el amplio corredor sin edificaciones que ha provocado el paso del oleoducto.
«Estamos máis metidos na ría do que deberíamos», anuncia por altavoz uno de los organizadores, poco antes de pasar el micrófono para las preguntas y las palabras de Ezquiaga. La vivienda es el peor uso para el puerto, «el primer valor de la ría es la ría misma, es un valor irrepetible», el peligro de dilapidar un espacio como este o la adecuada programación del uso del litoral son algunos de los temas que plantea.
En el viaje de regreso hasta la Dársena, Manuel de la Iglesia insiste en que la presencia de destacados arquitectos en la ciudad, invitados por el COAG, pretende mostrar lo que se hace en otros lugares del mundo y apoyar que el plan Busquets se lleve a cabo. Fin de una clase a la luz de la luna.
* La Voz de Galicia - 30.06.10
Foto: A Coruña, barrio As Xubias - laopinioncoruna.es
La Justicia rechaza el recurso contra el convenio para desarrollar la ecociudad
LARIOJA* : Y van ocho resoluciones judiciales -al menos según las cuentas del consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar- que respaldan el polémico proyecto de ecociudad del Ejecutivo riojano. La última, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra el convenio urbanístico firmado por la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial y las promotoras privadas LMB y Progea: «El fallo ratifica también el procedimiento elegido por el Gobierno regional (convenio) para poner en marcha este proyecto de interés regional», explicó Escobar.
Y la penúltima, de la que también informó ayer el consejero, es otra nueva denegación de suspensión cautelar de los trámites, en este caso pedida por la patronal de construcción.
Así las cosas, Escobar recordó el contenido las ocho decisiones judiciales favorables: en primer lugar, el rechazo del Constitucional a la supuesta vulneración de la autonomía local, al que se suma el dictamen en el mismo sentido del Consejo Consultivo riojano; en segundo, la triple desestimación de los recursos de ecologistas, promotores y ayuntamiento contra la declaración de interés municipal; y en tercero, dos autos más denegando las medidas cautelares de paralización del proyecto y un nuevo auto confirmando el interés regional. «Teníamos competencia, el lugar elegido era el idóneo, el procedimiento el correcto y el proyecto es totalmente viable y al margen de reparo legal o jurídico alguno», recapituló el titular de Administraciones Públicas.
En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, insistió en que «las decisiones judiciales ponen de manifiesto lo escrupuloso del proyecto» y lamentó la «poca responsabilidad de algunos dirigentes políticos del Ayuntamiento de Logroño». «El varapalo judicial sufrido -agregó Escobar- debería hacer desistir de nuevos recursos por dignidad política a los responsables municipales de la capital y la única salida digna que les queda es comenzar a colaborar en el desarrollo de este proyecto».
Respecto a la última sentencia, el TSJR da plena validez al convenio urbanístico al desestimar que «haya traslación o cesión de funciones públicas a favor de personas privadas»; al argumentar que el encargo de la redacción del proyecto a quienes se van a encargar posteriormente de la urbanización «es conforme» y, por último, al señalar que sí existe valoración económica de la actuación, en contra de lo argumentado por el Ayuntamiento.
La 'guerra' seguirá
Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, restó ayer importancia a la sentencia y aseguró que en ningún caso «legitima al Gobierno regional». Ijalba indicó que todavía queda por tratar «el fondo de este asunto», es decir, el recurso sobre la aprobación del proyecto definitivo, y aseguró que «el convenio ratificado en la sentencia dejó de tener valor cuando el Irvi desapareció de la ecociudad».
LA ECOCIUDAD
Viviendas. 2.392, de las que el 90% serán protegidas: el 50% de precio general, el 40% de precio pactado y el 10% libres.
La actuación urbanística. La ecociudad se prevé levantar en una parcela de 59,9 hectáreas, cuyos propietarios mayoritarios son LMB y Progea, promotores privados del proyecto.
Medio ambiente. La 'ecociudad' contempla la construcción de dos parques eólicos y un parque solar para generar la mayor parte de la energía consumida. Contará también con un sistema de reutilización de aguas y otro de recogida neumática de basuras.
* La Rioja - 30.06.10
Foto: Maqueta del proyecto planificado en el Monte El Corvo.- larioja.com
Bruselas investigará la revisión del PGOU de Peñíscola
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LEVANTE/Castelló* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado la demanda de la asociación vecinal Camí Vell de Peñíscola de investigar el proceso que se ha seguido en el municipio para revisar su Plan General de Ordenación Urbana que va a ser aprobado en pleno esta semana. Según la comunicación recibida de la presidenta de la Comisión de Peticiones fechada en noviembre del año pasado, se había solicitado ya a la Comisión Europea que iniciara una investigación preliminar sobre los diferentes "aspectos del problema" denunciados por la agrupación vecinal, que se queja de la falta de atención a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición al público del documento urbanístico.
Así, y en relación a la presentación de alegaciones durante el verano de 2008, desde Camí Vell reprueban que "decenas de miles de alegaciones presentadas por cientos de ciudadanos no fueron admitidas pese a haber estar presentadas en tiempo y forma ante el Ayuntamiento de Peñíscola". "En consecuencia, no se puede considerar que la fase de exposición pública de este proyecto de Plan General se haya superado de forma satisfactoria. Estos hechos están siendo investigados por el Comité de Peticiones del Parlamento europeo", adelantaban ayer. El documento, fechado el pasado 18 de noviembre, está firmado por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni.
Comisión de seguimiento
Peñíscola celebró precisamente el pasado lunes una reunión de la comisión de seguimiento de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, según denuncian los vecinos, hacía "más de dos años que no se convocaba ninguna".
En este sentido, el colectivo vecinal ha denunciado que el Ayuntamiento de Peñíscola todavía no ha contestado la petición efectuada desde la entidad, para que las reuniones de la comisión de seguimiento del plan general fueran públicas y/o se grabaran las intervenciones y se facilitara copia a todos los participantes. Durante la reunión del lunes se exhibió y entregó una copia de un plano en que aseguran la asociación de Vecinos de Camí Vell "se observan variaciones muy escasas respecto al proyecto expuesto en 2008 y un CD con el informe de las alegaciones".
Desde Camí Vell aseguran que la Asociación ha solicitado durante este año 2010, "mediante varios escritos diversos documentos relacionados con el urbanismo que el ayuntamiento se ha negado a facilitar". "Sin información, la participación ciudadana no puede ser efectiva por ello exigimos que se cumpla la legislación y se faciliten los documentos", explican.
Por otro lado, el colectivo vecinal ha lamentado el "retraso" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peñíscola en aprobar un nuevo Plan General, "como demuestra el hecho que se haya tardado dos años en volver a convocar la Comisión de Seguimiento".
Esta situación provoca que se siga aplicando "un plan urbanístico anterior a la Constitución española de 1978", por lo que exigen la aprobación de un PGOU que cumpla c"on toda la legislación de aplicación, que sea socialmente justo para pequeños y grandes propietarios, medioambientalmente sostenible y económicamente viable".
Finalmente, la Asociación ha remarcado su disposición a participar en cuantas reuniones o iniciativas sean necesarias en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, siempre defendiendo los intereses de sus socios plasmadas en sus alegaciones.
* Levante-emv - 30-06.10
Foto: Imagen aérea del término municipal de Peñíscola, que el nuevo PGOU ordenará. LEVANTE-EMV
El fiscal acusa a Fabra de cobrar 300.000 euros por unas gestiones
ELPAÍS/Castellón* : La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Así lo explicó Luis Pastor el viernes ante el titular del juzgado nº1 de Nules, que presidió la vista en la que las partes debían concretar las imputaciones, previa a la decisión de archivar la causa o seguir con el procedimiento.
Según el fiscal, Fabra recibió cerca de 300.000 euros por las gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad con el fin de tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, el mismo que después le denunció y acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el fiscal, Vilar le pidió a Fabra que "valiéndose de su cargo, intermediara y tratara de influir ante los ministerios para la obtención de permisos y licencias".
Luis Pastor afirmó que Vilar entregó dinero a Fabra "en atención por las actuaciones desplegadas por aquel [el presidente de la Diputación] ante la Administración central a fin de agilizar la tramitación y conseguir las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios". Y concretó las gestiones en "diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos".
El fiscal apuntó que, por este motivo, Fabra recibió, entre septiembre y octubre de 1999, más de 150.000 euros. Posteriormente, y "con el mismo motivo", recibió otros pagos a través de la sociedad Carmacas, que facturó al grupo de empresas de Vilar. "So pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", entre 2000 y 2001, Fabra recibió otros 150.000 euros, con lo que el montante total del dinero entregado por Vilar al dirigente del PP asciende a más de 300.000, según el fiscal.La Unión de Consumidores, que representa la acusación popular, también concretó el viernes las imputaciones del caso Fabra. En su informe, la acusación desgranó la trama y concluyó que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, llegó a recibir más de 500.000 euros de Vicente Vilar, el empresario que acusó al dirigente del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. A los primeros 150.000 euros que supuestamente le entregó en 1999, la acusación popular suma otros 66.000 que presuntamente Vilar "pagó" en 2001 "en una bolsa de plástico". En su relato detalló, además, cómo, a través de distintas empresas de Vicente Vilar, Fabra recibió otros 330.000 euros como "contraprestaciones económicas", "emitiendo facturas falsas por trabajos inexistentes".
La fiscalía mantuvo la imputación contra Fabra, Vilar y contra la ex esposa de este, Monserrat Vives, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, pero consideró que no hay motivos suficientes para acusar al resto de imputados como autores, cómplices o encubridores, por lo que pidió el sobreseimiento para ellos, excluyendo también de la acusación de dichos delitos a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández.
Por el contrario, la acusación popular sostiene que los imputados a los que la fiscalía no quiere procesar "generaron presiones e influencias, cada uno a su nivel" y que entre todos crearon una "trama criminal" con la "perfecta coordinación de todos sus integrantes".
El actual titular del juzgado, Jacobo Pin, tiene así dos opciones: aplicar la doctrina Botín, que establece que si el ministerio fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular (que en el caso Fabra no existe), no es posible iniciar un juicio exclusivamente a instancias de la acusación popular; o la doctrina Atutxa, que sostiene que cuando se carece de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular (como en el caso Fabra), la acusación popular basta para instar la apertura del juicio aunque el ministerio fiscal no acuse.
En lo que sí coincidieron tanto la fiscalía como la acusación popular es en la imputación del matrimonio Fabra por fraude fiscal. Ambos hicieron referencia al informe pericial que destapó ingresos millonarios en las cuentas de Fabra y su esposa y una cantidad defraudada a Hacienda, entre 1999 y 2004, de 1,7 millones de euros. La acusación popular consideró, además, que estos movimientos "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", por lo que pidió la imputación de siete de ellos.
* El País - 29.06.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es
Despilfarro en infraestructuras en Castilla y León
ECOLOGISTASENACCIÓN* : España es el país europeo con más kilómetros de autovías por habitante, y el primer país del mundo en kilómetros de AVE. Sin embargo, no somos los más desarrollados, pero ahora lo tenemos que pagar. Si dividimos la deuda española entre cada uno de nosotros, cada español debemos unos 12.000 euros. Y esta deuda la tenemos porque España ha dilapidado grandes cantidades de dinero en obras que no han contribuido al desarrollo de las personas ni de las regiones. Un buen ejemplo es Castilla y León, con cientos de kilómetros de autovías, 4 aeropuertos y 2 estaciones de AVE, pero la región se sigue despoblando y el tejido productivo de la región pierde peso. El progreso no está vinculado a este tipo de obras.
España es el país europeo con más kilómetros de autovías por habitante, y el primer país del mundo en kilómetros de AVE. Ello ha implicado un gran coste económico de las Administraciones. Tanta infraestructura ha sido un lujo que no nos podíamos permitir. La demanda insaciable de más carreteras, más AVE y más aeropuertos, ha ocasionado que el país entero se haya endeudado hasta límites insospechados.
También hemos pagado un alto coste ambiental. Se ha ocasionado un gran impacto ambiental en muchos espacios naturales, se han enterrado bajo cemento terrenos productivos, y se ha fomentado aún más un modelo de tranporte insostenible, basado en el coche, en el avión, y en el AVE. Mientras tanto, el ferrocarril convencional y el transporte público con autobuses a los pueblos se han ido abandonando. Además echamos en falta una mejora en servicios públicos como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, o del trato de las Administraciones con los ciudadanos.
A este despilfarro y grave endeudamiento han contribuido prácticamente todas las Administraciones, desde la Unión Europea y el Gobierno de la Nación, al más pequeño y alejado de los Ayuntamientos.
En 2005 el Gobierno presentaba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT), que preveía la construcción de otros 6000 kilómetros de autovías y 9000 kilómetros de AVE. El presupuesto era de 248.000 millones de euros, unos 7.300 millones de pesetas cada día durante los 15 años de duración del Plan. En febrero de 2010, ya en plena crisis, el propio Zapatero anunció 17.000 millones de euros más para el PEIT, el mismo dinero que ahora tiene previsto ahorrarse con la congelación de las pensiones, el recorte a los empleados públicos, y la eliminación de la ayuda a la maternidad. Por ejemplo, la autovía en construcción entre Burgos y Aguilar de Campoo costará unos 281 millones de euros, o los 25 kilómetros de autovía entre Palencia y Ampudia costarán 244 millones. Los 4 aeropuertos de Castilla y León suman una deuda acumulada de 234 millones de euros. El AVE de Palencia a Santander está presupuestado por ahora en 200 millones. Y “pequeñas” obras, como los 2,4 km de la Ronda sur de Valladolid, que han costado 38 millones. La futura autovía León-Asturias discurrirá paralela a la autopista actual, y la Autopista 2 mares, que unirá Santander con Miranda de Ebro por las Merindades, cuando ya existe esa conexión por Bilbao. Otras autovías que se han construido sin la intensidad de tráfico necesaria, como la Tordesillas-Zamora, o previstas, como la Palencia-Benavente o la Valladolid-León, serían perfectamente sustituibles por un mantenimiento de las nacionales existentes con nuevas variantes que eviten las travesías de los pueblos.
Además, cuanta más obra nueva, más gasto en conservación para el futuro. El Estado gasta unos 6 millones de euros al día en conservación de carreteras.
El Estado además ha tirado cientos de millones de euros en otro tipo de obras, como por ejemplo, hidráulicas. El embalse de Castrovido en Burgos, de 120 millones de euros, o la presa de Irueña en Salamanca, de 46.
La Junta de Castilla y León también ha contribuido al endeudamiento público. Se han construido autovías sin demanda, como la Burgos-León (400 millones), o la Valladolid-Segovia (350 millones de euros), y está prevista la construcción de la Almazán-Ágreda, (Soria), dos pueblos que ya estarán unidos por la autovía que el Estado está construyendo entre Medinaceli-Soria-Ágreda. En plena crisis y en época de recortes sociales, la Junta ha sacado a estudio informativo una autovía entre Salamanca y Piedrahíta (Ávila), una carretera recién reformada. La Consejería de Fomento tenía presupuestados, sólo para este año, 139 millones de euros en nuevas infraestructuras.
El Plan Regional del Duero tiene presupuestados 1460 millones de euros, para la construcción de las famosas “Cúpulas del Duero”. Dentro de este plan está incluída la CMA de Soria con un gasto previsto de 120 millones de euros.
Las Diputaciones provinciales no han sido ajenas a este hecho. El ejemplo más claro quizás sea el de la Diputación de Valladolid, que ha gastado 12 millones de euros en un proyecto ilegal y de dudosa rentabilidad, como la estación de esquí en Tordesillas.
La inmensa mayoría de los ayuntamientos también se han endeudado enormemente en obras de escasa rentabilidad. Por ejemplo, en Valladolid se han gastado 3 millones en el tunel de la Av. Salamanca, y está previsto que el puente de La Rondilla supere los 10 millones. Este gasto se ha visto agravado por el Plan E del Gobierno, que en sus 2 fases ha transferido 13.000 millones de euros a los Ayuntamientos. Hemos visto como se ha tirado ese dinero en cambiar aceras y remozar plazas. Por ejemplo, los 4,6 millones de euros con el que se pretende desplazar la fuente de Santo Domingo de León. En Valladolid, las llamadas 5 eco-terrazas han costado más de 1 millón de euros.
Ante el grave endeudamiento al que estamos sometidos, una decisión racional sería meter la tijera recortando esta locura de gastos en obras, en vez de recortar derechos sociales y laborales, como ha hecho el Gobierno, y se han apresurado a seguir el resto de Administraciones.
Como la realidad ha demostrado, el modelo económico basado en cemento y ladrillo es insostenible. No se puede construir eternamente, ya que ni hay demanda, ni los impuestos de los contribuyentes ni el medio ambiente lo pueden soportar.
Y ante la grave crisis ambiental que sufrimos, hay que paralizar tanta construcción desaforada, que fomenta un modelo de transporte insostenible, y tiene un impacto altísimo sobre espacios naturales y terrenos de cultivo.
* Ecologistas en Acción Castilla y León - 24.06.10
