SUR* : El Ayuntamiento se las prometía muy felices hace dos y tres años cuando firmó con diversas promotoras los convenios urbanísticos asociados al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de unos acuerdos programados para aportar a las arcas municipales unos considerables beneficios económicos a cambio de aumentar los derechos edificatorios en determinados sectores de la ciudad, en los que se han proyectado elevadas torres de pisos como hitos del paisaje urbano de la Málaga del futuro. Sin embargo, las condiciones del mercado inmobiliario con las que se rubricaron estos convenios no son ni por asomo las actuales y la actual crisis pone en jaque el cobro de todos los que están pendientes, que suman más de 200 millones de euros.
Así lo entiende el grupo municipal del PSOE que, en la comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada ayer, cuestionó sobre este asunto al concejal de Urbanismo. El edil socialista Sergio Brenes llegó a insinuar que el retraso en la aprobación del PGOU se debe a que el propio equipo de gobierno no tiene prisas por dar luz verde al documento debido a que, de tenerlo en vigor, no podría hacer caja con los convenios porque el sector inmobiliario está totalmente parado y sin solvencia económica para hacer frente a las elevadas cantidades que se fijaron en su momento. «Si al Plan General se le caen los convenios, ya no le merece la pena al PP, que no tiene interés en aprobarlo», declaró Brenes.
El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Díaz, le contestó que si el PGOU no está aprobado no es por culpa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que lo rechazó en julio del año pasado en lugar de aprobarlo parcialmente. Díaz afirmó en su comparencia en la comisión que «los convenios están firmados y están para cumplirlos». «No vamos a bajar ni un euro de lo acordado. Exigiremos los pagos por nuestro sentido de responsabilidad cara a los ciudadanos», aseguró.
No obstante, al término de la reunión, reconoció a los medios de comunicación que, como adelantó este periódico ( SUR 8/2/2010), hay varias promotoras que han solicitado la negociación de nuevas condiciones del pago de las cantidades acordadas por la crisis. En concreto, se trata de las empresas vinculadas al convenio de La Térmica (58 millones de euros) y de Martiricos (23 millones). A estas cantidades hay que añadir los 28,7 millones que están pendientes del proyecto de Sánchez Blanca, que no depende del nuevo PGOU, sino del actual, y que está parado por la crisis. De hecho, Urbanismo tenía previsto financiar este año inversiones con una primera parte de los 28 millones y ha tenido que echar mano de partidas por gastar de presupuestos anteriores para no parar actuaciones como la rehabilitación de la Tabacalera. Díaz aseguró que si se accede a algún aplazamiento de los pagos se exigirá la actualización de las cantidades en función del interés legal del dinero.
Por otro lado, Sergio Brenes recordó que, según lo estipulado en el convenio con los promotores del proyecto de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, las condiciones del acuerdo podrán ser revisadas por las partes si el PGOU no está aprobado antes del 21 de marzo del año que viene. La entrada en vigor del documento para esa fecha no está del todo garantizada a tenor de las diferencias que aún mantienen el Ayuntamiento y la Junta para una cuestión clave, como es la obtención de Arraijanal. Así, no está del todo claro que el Consistorio pueda ingresar finalmente los 82 millones de este convenio, si bien Díaz aseguró que sus promotores no han planteado por ahora ni aplazamiento ni reducción.
LOS CONVENIOS
Repsol. Supondrá unos ingresos de 82,3 millones de euros por el proyecto de las torres de pisos.
Térmica. Implica unos 58 millones de euros por el proyecto residencial en esta zona industrial.
Martiricos. La ciudad ingresará 23,2 millones de euros por esta actuación, que incluye dos torres.
Sánchez Blanca. Están por cobrar 28,7 millones por este barrio junto a la carretera de Cártama.
Hipercor. La ampliación del centro comercial repercutirá en 7,5 millones de euros.
Málaga Wagen. Por la construcción de pisos en la manzana se ingresarán 2,6 millones.
* SUR - 17.06.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
Foto:
Málaga.- El parón de la construcción pone en jaque 200 millones en convenios urbanísticos
La CHJ rechaza el PAI Alt Fardatxo de Peñíscola por falta de recursos hídricos
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LASPROVINCIAS/Castellón* : El urbanismo castellonense vuelve a sufrir un nuevo revés por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Como ya ha sucedido con varios proyectos urbanísticos de la provincia, la CHJ ha informado desfavorablemente el PAI Alt del Fardatxo de Peñíscola alegando que el proyecto residencial y de golf presentado no respeta el dominio público hidráulico y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos. La falta de estudios sobre la incidencia en el régimen de corrientes sobre la cercana Rambla d'Alcalà es otra de las argumentaciones del informe.
El PAI prevé 3.967 viviendas y 1.500 plazas destinadas a dotación hotelera, así como una superficie de 34.000 metros cuadrados para uso terciario, 170.000 metros cuadrados para zonas verdes y 826.468 para uso deportivo y recreativo (campo de golf). El informe recoge que el emplazamiento del PAI ocuparía parte de los cauces de la Rambla d'Alcalà, el barranc de la Garrotxa y otros cuatro cauces sin nombre definido. Esto supondría afectar a un dominio público hidráulico, por lo que debería quedar fuera del proceso de urbanización a tenor de la propia Ley de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable. El informe recuerda que los terrenos que lindan con los cauces tienen una zona de policía de 100 metros de anchura que debe quedar expedita o autorizada por el organismo de cuenca.
El documento realiza un estudio en base a la demanda bruta anual de agua, que sería de 2,36 millones de metros cúbicos: 1,2 millones de las casi 4.000 viviendas con 3,5 habitantes/día; 219.000 metros cúbdicos de las 1.500 plazas hoteleras; 148.920 metros cúbicos al año de uso terciario; 186.150 de las zonas verdes; y 590.292 para el campo de golf. La demanda neta se limitaría a 1.584.2.2 metros cúbicos al año que, según la CHJ, no podría ser cubiertos con los dos pozos en los que el consistorio tiene derechos, como son la Font de Dins y Campament. La concesión es de 1.110.000 metros cúbicos al año.
* Las Provincias - 15.06.10
Foto: Imagen de los terrenos que ocupa el PAI Alt del Fardatxo.- lasprovincias.es
Consolidación de lo insostenible - El Roto
Viñeta de El Roto - elpais.com, 16.06.10
Orpesa.- Primer derribo por orden judicial
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LEVANTE/Castelló* : Ayer comenzó la demolición del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, que declaró ilegal y nula la licencia de obras otorgada en 2004 por el ayuntamiento. El derribo de este edificio es el primero que se efectúa en la provincia en los últimos años tras un fallo judicial que sanciona su ilegalidad. En este caso no viene determinado por la aplicación de la Ley de Costas, sino por las irregularidades de su construcción.
El consistorio pagará la demolición que asciende a 100.000 euros, tal como fija el alto tribunal valenciano.
A última hora de la tarde fueron muchos los curiosos que se acercaron a presenciar la demolición, cercana al paseo de la Concha. El pleno acordó el 2 de febrero pasado el proyecto del derribo que ayer se hacía efectivo. Dede el equipo de gobierno del PP orpesino se reitera que el derribo confirma el respeto a las decisiones judiciales, sin entrar en mayores valoraciones ni en especulaciones sobre el otro derribo pendiente en Orpesa y dictado por un tribunal, el del edificio Bernat.
El Portomar es un edificio de tres plantas, ubicado frente a la Concha, construido hace apenas dos años y que nunca ha estado habitado. Además tiene un único propietario que fue quien presentó el proyecto para demolerlo.
Tras el derribo, el propietario del inmueble deberá ser indemnizado por el consistorio, habida cuenta de que fue el consistorio actual quien en 2004 le concedió la licencia de obras para construirlo. Para ello se basó en el informe del arquitecto municipal, que avaló la legalidad de la construcción.
* Levante-emv - 16.06.10
Foto: La máquina trabaja en la demolición del Portomar frente a la playa de la Concha. levante-emv
Castilla y León.- El gestor de dos pelotazos pagó 1,2 millones a Merino
PÚBLICO* : El gestor de dos de los grandes proyectos urbanísticos más controvertidos de Castilla y León La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21, el empresario Elías Benatar, pagó entre 2004 y 2007 un total 1,2 millones más IVA a las consultorías de Jesús Merino, diputado del Partido Popular (PP) por Segovia hasta abril de 2010, cuando dimitió por su imputación en el caso Gürtel. Ambos proyectos, gestionados por Benatar a través de Eyser y Fomento Territorial, han contado con la participación destacada del constructor José Luis Ulibarri, imputado también en el caso Gürtel.
El consejero de Fomento que dio luz verde a la operación de Ponferrada fue Manuel Fernández Santiago, de quien la policía sospecha que podría tratarse del Toti que recibió pagos de la trama Gürtel, algo que el actual presidente de las Cortes de Castilla y León niega.
El pelotazo de La Rosaleda, por el que Ulibarri obtuvo 2.016 parcelas a un 20% del precio de mercado, ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero ejecutar las sentencias es imposible al estar ya todo construido. Y el de Segovia 21, que supuso la cesión de 101 hectáreas de terreno público a una sociedad con creciente peso privado liderado por la misma persona que impulsó el proyecto desde la diputación Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, está en los tribunales desde 2007: dos denuncias han sido archivadas y dos siguen vivas, la última de las cuales en un juzgado de Madrid, que la admitió a trámite el pasado abril.
La relación profesional entre Eyser, Fomento Territorial y los despachos que Merino compaginó durante años con su actividad de diputado de 2000 a 2010, incluyendo dos años como portavoz adjunto del grupo del PP y de dirigente nacional del partido secretario de Política Autonómica entre 2002 y 2005 y miembro del comité electoral en 2004 es antigua y declarada a Hacienda. Los diputados pueden dirigir también despachos profesionales privados más de 30 lo hacen siempre que no toquen asuntos relacionados con su tarea parlamentaria, un marco que deja mucho terreno para la ambigüedad.
Benatar fue el gestor de los dos polémicos proyectos urbanísticos en Castilla y León, el feudo de Merino. A petición del Ayuntamiento de Ponferrada (PP), redactó en 2001 la reforma urbanística que iba a permitir la construcción en La Rosaleda de más de 2.000 viviendas, un encargo que en 2004 le fue renovado para encauzar el proceso.
El proyecto fue declarado ilegal de cabo a rabo por los tribunales, pero cuando ya no había marcha atrás porque estaba todo construido y, en parte, vendido.
En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia ratificada por el Supremo el mes pasado, anuló la reforma urbanística porque se edificó tres veces más de lo permitido y se eliminó el 10% exigido para servicios. En 2007, el mismo tribunal anuló las adjudicaciones, que beneficiaron a Ulibarri, por falta de publicidad y concurrencia.
En 2003, Fomento Territorial recibió también el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminará previsiblemente el año que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets (estos últimos se están vendiendo ya a partir de 850.000 euros), un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros.
Apoyo empresarial
El plan fue impulsado en 2001 por Atilano Soto, entonces presidente de la diputación y también al frente de Caja Segovia, que ahora lidera al grupo de empresarios que se ha sumado a la iniciativa. Los promotores defienden que el proyecto crea riqueza y que la diputación no ha tenido que pagar y, en cambio, ha ingresado seis millones.
Los críticos denuncian que se aportaron 101 hectáreas de terreno público en un paraje de ensueño a un precio irrisorio equivalente a 16 millones, en acciones de Segovia 21 tras una tasación elaborada antes de definir el proyecto en su conjunto y que el beneficiario último será privado. Las hectáreas cedidas Monte Quitapesares se fueron descatalogando por fases pese a que el proyecto era único y se fueron aportando a Segovia 21 sin subasta pública.
El juzgado archivó dos causas en Segovia, centradas sobre todo en la descatalogación en sí. Pero queda viva una demanda por la cesión de los terrenos a Segovia 21 y otra por estafa, admitida a trámite en Madrid el pasado abril.
En declaraciones a Público, Elías Benatar defendió su relación comercial con Merino y negó que los pagos por 1,2 millones de euros más IVA tengan nada que ver con La Rosaleda o Segovia 21. "Se trata de operaciones de carácter privado entre empresas, ajenas a cualquier organismo público y sin ninguna relación con el caso Gürtel, y cuya información supondría la vulneración del secreto profesional", afirma el empresario.
La versión del ex diputado
Un portavoz del despacho de Jesús Merino afirmó que el ex diputado nunca ha trabajado para Eyser o Fomento Territorial en proyectos en Castilla y León y que los pagos obedecen a consultorías para actividades en otras comunidades, singularmente un plan para llevar empresas a Castilla-La Mancha.
Los pagos fueron declarados todos en el denominado modelo 347 que exige Hacienda para los proveedores que superen los 6.000 euros y los desveló un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel sobre las actividades empresariales de Jesús Merino, que entre 2002 y 2007 le reportaron 8,4 millones de euros. El informe destaca el vínculo entre Segovia 21 y Fomento Territorial.
En el auto en que el Supremo admitió la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009, la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputación de una conducta ilícita". El fiscal limitó su petición de imputación al hecho de que en la caja B de la trama apareciera que "Jesús Merino Serrano 50" recibió 50.000 euros en 2007.
Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 declaró un pago de 50.000 euros a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP también imputado, recibió 220.000 euros más IVA de Fomento Territorial. Algaba Consultores, que poseía el 33% de Astrolago sociedad compartida con Bárcenas y Jesús Sepúlveda disuelta en 2008 sin declarar nunca actividad, ingresó otros 372.215. Y Everland, administrada por la esposa de Merino, quien a su vez contaba con autorización en una cuenta, obtuvo 591.598.
* Público - 14.06.10
Foto: Castilla y León, trama Ponferrada y Segovia 21 - publico.es
Urbanismo deprimente
DEMETRIO PELÁEZ/Galicia* : ¿De verdad llevamos diez años fomentando las buenas prácticas urbanísticas? ¿De verdad puede el Colegio de Arquitectos de Galicia, que el lunes celebró en Santiago un acto sobre este tema, sentirse orgulloso de lo que ha ocurrido en esta santa autonomía, en toda España en general, en la última década, en las últimas décadas? ¿Estamos todos ciegos o qué puñetitas pasa aquí? Porque sí, vale que algunas cosas se han hecho bien, y unas pocas incluso muy bien, pero lo cierto es que el balance general en esta parcela es desolador. Deprimente. Capaz de hacer saltar lagrimones al tipo más insensible. El urbanismo en general ha estado tan plagado de desaciertos y cafradas que de poco vale presumir de las casas rurales que se han rehabilitado, o de los edificios históricos que han sido salvados de la carcoma, o de las ciudades que han ganado espacio para los peatones, o de los molones y modernísimos inmuebles que han salpicado algunas urbes en los últimos tiempos.
Todo eso está bien, pero cuando se haga un balance serio de lo que ha sido la arquitectura y el urbanismo en las últimas décadas deberemos destacar que hemos mandado al carallium, sin temblarnos el pulso, infinidad de pueblecitos encantadores, y que hemos llenado la costa de hotelazos sin alma, y que hemos plagado infinidad de carreteras comarcales de rotondas demenciales, y que en nombre de un progreso mal entendido hemos plantado tremebundos polígonos industriales en medio de cualquier valle, y que parajes idílicos se han saturado de urbanizaciones clónicas que parecen un monumento al horror, con lo sencillo que hubiese sido construirlas con algo de gusto, con algo de decoro... ¿Seguimos? Sí, también deberemos hablar de unas ciudades que han crecido aún peor que en los años 70 y que se han llenado de barriadas inconexas, explanadas ventosas y parques de cemento en los que los árboles se niegan a crecer. Buenas prácticas urbanísticas... Estamos de coña, ¿no?
* El Correo Gallego - Opinión - 16.06.10
Marbella.- El urbanismo abre otro foco de conflicto
SUR/Málaga* : Las aguas del urbanismo vuelven a bajar revueltas. Apenas tres semanas después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entrara en vigor la Junta y el Ayuntamiento vuelven a escenificar sus diferencias en un asunto que podría tratarse de algo puntual pero que llevaba meses en el punto de mira. El Gobierno andaluz ha requerido al equipo de gobierno que justifique la concesión de la licencia de obra a Tomas Olivo, empresario procesado en el 'caso Malaya', para levantar un bloque de seis plantas y locales comerciales en el edificio de RNE y que justifique cuáles fueron los criterios para otorgarla en diciembre del año pasado, cuando el nuevo planeamiento que cambiaba el uso del suelo estaba en su recta final, según publicó ayer el diario 'El País'.
El criterio del Ejecutivo andaluz es claro. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda entiende que el permiso se otorgó de forma indebida al estar en tramitación el nuevo Plan, que en lugar de permitir el uso residencial en la casona sindical preveía el uso hotelero y terciario y la cesión de 1.200 metros cuadrados para equipamiento público. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que en los casos donde choquen los dos planeamientos deben quedar suspendidas las licencias tras la aprobación inicial, pero el equipo de gobierno del PP aplicó esta norma más tarde, tras el visto bueno provisional. Olivo ya había pedido la licencia para la antigua casona sindical -apenas unos días antes- y el Ayuntamiento optó por seguir adelante con los permisos solicitados con anterioridad.
Con este argumento y escudado en la existencia de cuatro informes técnicos y jurídicos que avalarían el permiso el equipo de gobierno responderá de forma negativa al requerimiento de la Junta, fechado el 12 de mayo. «No se puede revocar porque los informes dicen que se otorgó conforme a derecho», señalaron fuentes municipales. La Junta parece que no se dará por vencida y amenaza con impugnar la licencia en los tribunales. El PSOE también presentó en su día un recurso contencioso y un recurso de reposición, al igual que Izquierda Unida.
«Se impone la cordura»
El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, valoró ayer positivamente el requerimiento de la Junta y exigió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que cumpla con la petición cursada por el gobierno autonómico. «Parece que en esta ocasión la Junta va a imponer la cordura y va a dar la razón a Izquierda Unida, pues a todas luces la licencia concedida por Muñoz en favor del imputado en el 'caso Malaya' contraviene la legalidad urbanística y atenta contra el interés general», añadió.
* SUR - 16.06.10
Foto: Vista del edificio de RNE, en plena avenida Ricardo Soriano, propiedad del empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya' - diariosur.es
La jueza imputa por prevaricación al alcalde y a tres ediles de Castro de Rei
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LAVOZDEGALICIA* : El caso de Castro de Rei, que en el Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo se bautizó como operación Rey, saltó a los periódicos cuando el 26 de octubre del año pasado la jueza titular, Estela San José, entró a registrar el Concello de Castro de Rei, y se incautó de numerosa documentación relativa a adjudicación de obras. El asunto tuvo una mayor repercusión porque el alcalde, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales salieron esposados por la puerta del consistorio y, tras pasar por el vecino Ayuntamiento de Cospeito para incautarse de una documentación relacionada, acabaron en los calabozos de la comisaría de Lugo casi tres días, hasta que declararon y salieron en libertad.
Pero el asunto no había comenzado ese 26 de octubre con el registro. Ahora, tras levantarse el secreto del sumario, se sabe que la jueza había ordenado casi un año antes pinchar el teléfono a un empresario de Castro de Rei que se dedicaba a traer inmigrantes marroquíes para trabajar en granjas y que eran explotados. Aquellas escuchas, integradas dentro de la también famosa operación Pollo, revelaron que dicho empresario también estaba tratando de poner en marcha un viejo plan de construir casi cien chalés mediante una cooperativa.
El proyecto seguía estancado por problemas urbanísticos y por ello entró en contacto con otros empresarios, algunos de ellos ya con problemas judiciales, que empezaron a hablar con técnicos de constructoras e incluso funcionarios de la Xunta. En las conversaciones empezaron a ser citados el alcalde de Castro de Rei y otros políticos como las personas necesarias para agilizar los trámites urbanísticos, a veces mediante la necesaria colaboración de políticos de mayor nivel.
A medida que avanzaban las conversaciones, la jueza fue ordenando más pinchazos telefónicos y así se descubrieron entre esos empresarios hasta proyectos irregulares de exportar leche en polvo o chatarra a países africanos, para lo que siempre necesitaban apoyos políticos que salían mencionados en las conversaciones.
Como el alcalde de Castro de Rei hablaba permanentemente con los concejales de su partido (PSOE), y también con el concejal bisagra (TEGA), que le da la mayoría frente al PP, en esas conversaciones salieron a relucir los acuerdos para repartir las obras municipales, siempre que fuese posible, entre las empresas del concello. El alcalde, con el ánimo de contentar a sus ediles y también a las firmas locales, trató de que todas se llevasen algunas obras. Mientras hablaba con los concejales, los funcionarios o los técnicos de urbanismo, la policía grababa las conversaciones. Y todas esas «artimañas previas a la adjudicación», como las denominó la jueza, fueron tipificadas como prevaricación y tráfico de influencias para los tres ediles, y para el alcalde, también cohecho. Por eso el 26 de octubre del 2009 la jueza entró a buscar pruebas en el Concello y ahora, una vez levantado el secreto y tomadas muchas declaraciones, el sumario camina hacia la calificación.
* La Voz de Galicia - 16.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org
El director del Palau considera "fuera de lugar" y "de difícil justificación" los convenios de Millet con la Trias Fargas
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El director del Consorci de l'Orfeó Català-Palau de la Música, Joan Llinares, ha considerado que los siete convenios que Fèlix Millet firmó con la fundación de CDC, la Trias Fargas, estaban "fuera de lugar" y son "de difícil justificación". El actual gestor del Palau ha asegurado que todavía falta mucha documentación por examinar, pero que en el Palau existen papeles "extraños y sorprendentes" relacionados con adjudicaciones de obra pública realizadas por CiU, como la L9 del metro de Barcelona o la Ciutat de la Justícia. "Se tiene que seguir investigando", ha añadido.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Palau, Llinares ha confirmado la información publicada hoy por EL PERIÓDICO sobre la coincidencia entre el dinero que recibía Millet de Ferrovial y los pagos que, pocos días después, realizaba el exdirector del Palau a la Trias Fargas. "Es una relación extraña y anormal, que no solo consta en anotaciones personales [el diario de la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull], sino también en ficheros informáticos que obran en poder de la institución", ha explicado Llinares, quien ha añadido que "no se explica" por qué estos documentos están en el Palau de la Música.
Convenio "dudoso"
Asimismo, el actual director del consorcio del Palau ha insistido en todo momento en que debe ser la justicia la que dictamine si en estos documentos existe una base probatoria de algunas actuaciones irregulares. El tripartito ha dejado entrever esta posibilidad en sus intervenciones. Por ejemplo, ERC ha asegurado que el 75% de los ingresos que recibió la Trias Fargas mientras Millet dirigió el Palau provenía de Ferrovial. Por su parte, CiU se ha aferrado a que, hasta el momento, no se tiene ninguna "constancia fehaciente" de todos estos hechos.
Llinares también ha calificado de "dudoso" el convenio que Millet firmó con la Fundació Espai Catalunya, que dirigía el actual secretario de inmigración de CDC, Àngel Colom, en el año 2000. Sobre este asunto, la directora general de Dret i Entitats Jurídiques, Elena Lauroba, ha afirmado en la comisión que dicha fundación, de carácter independentista, nunca llegó a formalizar su registro. Sin embargo, sí consta, como Llinares ha dejado claro, que Millet le otorgó 150.000 euros en dos pagos. Lauroba ha asegurado que la Generalitat consignó en una auditoría a la fundación del Palau dos pagos a la fundación de CDC, en los años 2002 y 2005. "Hubiese sido mejor que esta relación no se hubiera producido", ha remachado Lauroba.
Caja única
Respecto al grueso de las irregularidades cometidas por Millet, Llinares ha remarcado que buena parte de los delitos se vieron favorecidos por el hecho de que las tres entidades existentes en el Palau de la Música (fundación, consorcio y asociación) funcionasen como una "caja única", con el mismo equipo directivo detrás de cada una de ellas. Según la auditoría que los nuevos gestores encargaron a la empresa Deloitte, el agujero que Millet y Jordi Montull dejaron en el Palau es de 33.644.000 euros. Después de detallar la profundidad del saqueo, Llinares ha asegurado que más de una cuarta parte de esta cantidad ya ha sido resarcida a la institución.
* El Periódico - 14.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
'Gürtel'.- Anticorrupción pedirá enviar el caso a Castilla y León por nuevos imputados
ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la parte del sumario del caso Gürtel en la que aparece presuntamente implicado el actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago. Los hechos se refieren a la adjudicación de las obras de una variante de una autopista a la altura de Olleros de Alba (León) a la empresa Tecnología de la Construcción (Teconsa).
Anticorrupción quiere que se investigue a fondo la posible entrega de comisiones a la organización corrupta que dirigía Francisco Correa a partir de la adjudicación, en 2002, de la citada variante, que se hizo por el sistema de concurso y con la intervención del entonces consejero de Fomento de la Junta y hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti. Así le menciona la trama de Correa en los documentos intervenidos por la policía en sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de que el Supremo le remita las actuaciones sobre la variante de Olleros de Alba, que no fue desglosada en su día de la parte principal porque la fiscalía no quería abrir más frentes sobre la trama Gürtel, máxime tras lo acontecido en Valencia. Allí, el Tribunal Superior de la comunidad se negó a investigar al presidente, Francisco Camps.
De hecho, Anticorrupción se mantenía entonces a la espera, pues la situación le beneficiaba. La imputación por el Tribunal Supremo del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del ex diputado del mismo partido Jesús Merino, podía arrastrar al alto tribunal a Fernández Santiago, aforado al Tribunal Superior de Castilla y León en razón de su cargo. Así, Toti sería investigado por el Supremo junto a Bárcenas y Merino, sin romper la continencia de la causa. De paso, Anticorrupción sólo tenía que atender los frentes del Supremo y del Tribunal Superior de Madrid, donde se investiga la pieza principal de Gürtel, mientras no se aclarase la situación de la causa en Valencia.
La operación de ingeniería procesal urdida por el PP para que Bárcenas y Merino dejasen sus escaños en busca de un tribunal más favorable a sus intereses, como sería el Superior de Madrid -que ya ha anulado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes corruptos de la trama-, dibujó otro escenario. El Supremo se ha quedado sin clientes, Bárcenas y Merino dependen ahora del Tribunal de Madrid; el de Valencia vuelve a investigar a Camps y una eventual imputación de Fernández Santiago tiene que ser exigida ante el TSJ de Castilla y León. Eso es lo que va a intentar Anticorrupción cuando reciba las actuaciones del Supremo, según fuentes de la investigación.
En la causa hay indicios de la trama Gürtel en Castilla y León desde el primer auto del juez Baltasar Garzón en el que se implicaba a Bárcenas. Entre la documentación del contable de Correa, José Luis Izquierdo, había un fax de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por Fernández Santiago, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2,85 millones de euros a Teconsa, empresa relacionada con la trama que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel y supuesto asesor de Correa en la colocación en el extranjero del capital de sus empresas.
Del auto de Garzón se desprendía que Teconsa habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación de esa variante, un dinero que este repartió entre personas citadas con las siglas T.O.; G; L, y J. Según la policía, en alusión a Toti y al ex senador Bárcenas, entre otros. Más tarde, los investigadores hallaron otra documentación que apuntaba en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León", de otro reparto similar de 96.100 euros.
Teconsa resultó beneficiaria de 23 adjudicaciones de obra pública entre 2000 y 2009 por parte de la Junta de Castilla y León, por el procedimiento del concurso, subasta, negociado sin publicidad o contrato menor. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa realizó movimientos de efectivo con billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004; 242.000 en 2005; 893 en 2006 y 202.000 en 2007.
Las últimas investigaciones policiales señalan que la relación de Correa con el grupo de empresas de José Martín Núñez, administrador único de Teconsa, es "directa", tal como se desprende de una intervención telefónica de Correa con un consejero de Teconsa, José Luis Martínez Parra, en la que hablan de un amigo común, José Ramón Blanco Balín.
* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm
Las ocho victorias de Roca
LAOPINIÓN/Málaga* : Cualquiera podría pensar que desde el 29 de marzo de 2009, fecha en la que fue detenido el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, todo le ha ido mal a este murciano que llegó a la Perla del Mediterráneo a principios de los 90 de la mano de Jesús Gil. Actualmente arrastra más de ochenta procedimientos penales en diversos juzgados del país, la mayoría de ellos en la localidad costasoleña, pero también ha habido momentos de satisfacción: ocho en concreto. Cuatro pares de instantes en los que la Justicia le dio la razón al supuesto cerebro de la trama de corrupción conocida popularmente como «Malaya».
Ha ganado, tras arduas investigaciones, siete casos urbanísticos y uno en el que estaba imputado por un fraude a la Hacienda Pública aunque, eso sí, a partir del 27 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados por «Malaya» y todavía debe responder por «Saqueo 2» ante la Audiencia Nacional. También le resta conocer la sentencia de «Minutas», que se desarrolla estos días.
La última alegría se la llevó el 2 de junio, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella archivó una causa contra Roca y otros nueve ex ediles del Consistorio, entre ellos Julián Muñoz, por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ambos se castigan con penas que prescriben a los diez años, lo que se habría producido en este caso, en el que se investigaba la cesión por parte del Consistorio de unos terrenos a una empresa. Los delitos prescribieron.
El mismo órgano ya archivó otra causa contra el ex asesor en febrero de 2009. Se investigaba la concesión de una licencia a una sociedad para construir 63 viviendas en suelo no urbanizable, pero el pacto que la Fiscalía alcanzó con los ex concejales, por el que éstos reconocían su responsabilidad y sufrían una pena inferior, motivó que lo que eran indicios de criminalidad para Roca se convirtieran, como dice el juez, «en meras sospechas». Y es que lo que se investigaba era si el ex asesor asistía a las comisiones de gobierno que aprobaban los permisos.
Poco antes, el 27 de enero del pasado año, la Fiscalía pidió, por los mismos motivos, el sobreseimiento de la causa que había contra el murciano por la concesión de una licencia a una constructora para reformar el Hotel Guadalpín con la oposición de los informes técnicos. Al haber acuerdo entre Julián Muñoz, sus compañeros de corporación y el ministerio público, se sobreseyó el asunto.
Febrero de 2009 fue sin duda el mes de su vida. El día 10, se archivó un caso contra el ex asesor por la concesión de una licencia para la construcción de 86 casas en Guadalpín Sur. Una vez más, la asunción de responsabilidad por parte de los políticos, tras el pacto fiscal, le permitió eludir el banquillo. Sólo había sospechas de su actuación, y eso no es suficiente para condenar a nadie.
Sólo un día después, Instrucción 1 de Marbella sobreseyó las actuaciones por el otorgamiento de una licencia de obras a una promotora para la edificación de un hotel de cuatro estrellas, argumentando el magistrado lo mismo que en las ocasiones anteriores.
Instrucción 2 de Marbella se subió al carro el 17 de febrero de 2009, esta vez por otro delito urbanístico. El pacto estuvo una vez más detrás. La guinda al pastel se la puso en noviembre de 2008 el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado, que archivó una causa contra el ex asesor de Urbanismo por un delito fiscal. No se acreditó la perpetración de delito alguno.
Antes, el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga lo absolvió por la concesión de una licencia de obra al fallecido periodista Antonio Herrero. Ocho victorias que, entre otras cosas, le han permitido mantener un optimismo moderado de cara a su situación penal.
En la cárcel de Albolote, le da clases a los presos analfabetos, «sobre todo les enseña a escribir, sumar y restar». Incluso les escribe las cartas que éstos envían a sus esposas. «Tiene don de gentes y es querido y respetado por sus compañeros. Por la tarde, se dedica con entusiasmo a preparar sus procedimientos. Está siempre encima de todos», aclaran las fuentes consultadas por este periódico.
Ya se ha agotado su periodo de prisión preventiva por «Malaya», cuatro años, pero aún se tramitan contra él 42 diligencias previas por diversos procedimientos con temática urbanística de fondo. Tiene más de 80 procesos en total.
En el último juicio de «Minutas» se le ha visto muy entero contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo. Como buen jugador, Roca piensa que puede seguir ganado.
* La Opinión de Málaga - 14.06.10
Foto: Imagen de archivo de Juan Antonio Roca a la salida de uno de sus procesos judiciales - laopiniondemalaga.es
Mari Carmen lleva cinco meses sin poder entrar en su casa, que ha sido 'okupada'
20MINUTOS/Madrid* : "Puedes gastar todo lo que quieras en abogados que no te va a servir de nada". Éstas fueron las últimas palabras que Mari Carmen Peña cruzó con el grupo de personas que han okupado su vivienda del paseo de las Delicias (Madrid). Ocurrió hace dos meses en el descansillo de la escalera. Una mujer con acento latinoamericano le gritó detrás de la puerta que no volviera. "No seas tan pesada y déjanos tranquilos, bruja", recuerda que le dijeron. Mari Carmen volvió a llamar a la Policía y, entre lágrimas, abandonó una vez más el edificio en donde está el piso que compró con mucho esfuerzo cuando era tan sólo una jovencita.
Pero la pesadilla comenzó a principios de abril. Un día, un vecino le preguntó si había alquilado su casa porque llevaba meses viendo luz. Ella bromeó y le dijo que no era posible porque estaba dada de baja. Más tarde la llamó para avisarla de que había visto gente en el piso. "Fui y vi que habían roto la cerradura y que le habían puesto un candado a la puerta. Llamé a la Policía y me dijeron que pusiera una denuncia porque sólo un juez podía ordenar el desalojo. Además, me explicaron que ni se me ocurriera entrar a la casa porque sería allanamiento de morada y eso complicaría las cosas", recuerda.
Los okupas utilizaron una de las cartas del buzón de la vivienda para conseguir los datos personales de la dueña (nombre, apellidos, DNI...) y poder darse de alta de la luz y el gas por teléfono. Mari Carmen consiguió dar de baja los servicios, pero desde las compañías le advirtieron de que ellos podían estar robando el gas y la luz por otro lado.
1.500 euros en abogados
Mari Carmen ya ha gastado más de 1.500 euros en abogados, ha puesto más de una decena de reclamaciones y nadie le ha dicho cuándo podrá recuperar su casa. "Mi abogado cree que pueden tardar en marcharse entre seis meses y un año, pero que no me lo asegura porque depende de la rapidez de los juzgado, no de él", cuenta.
Esta mujer tenía pensado volver a vivir en su vivienda del paseo de las Delicias porque las cosas no le van muy bien y necesita dinero."Casi he agotado el paro y no encuentro trabajo. Había pintado la casa para mudarme porque el piso donde vivo ahora es más fácil de alquilar. Es más bonito", cuenta desconsolada.
20 minutos intentó ponerse en contacto con los okupas de Mari Carmen, pero nadie contestó a las llamadas pese a que en el interior de la vivienda se escuchaban ruidos.
"Que pase lo que Dios quiera"
Mari Carmen confiesa estar harta de la situación. Asegura que la ley deja a los propietarios desprotegidos en este tipo de situaciones y que sólo defiende a la gente que entra en las casas. Por este motivo, dice que está pensando encadenarse a la puerta de su piso cuando ellos se vayan para que no puedan volver a entrar. "Que venga la Policía y que pase lo que Dios quiera", cuenta esta mujer que asegura estar pasando el peor momento de su vida.
* 20 Minutos - 14.06.10
Foto: Madrid, vivienda okupada a Mari Carmen - 20minutos.es
Costas ha detectado 218 infracciones en el litoral balear durante el último año
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DIARIODEMALLORCA* : La Demarcación de Costas del Estado ha detectado en el último año 218 infracciones en el litoral balear. Los municipios que más han vulnerado la Ley de Costas durante 2009 y los primeros meses de 2010 son Santanyí y Llucmajor con 14 expedientes cada uno. Le sigue Pollença con 13 expedientes sancionadores. Las principales infracciones corresponden a vertidos de líquidos y de escombros en el mar, obras en el dominio público marítimo terrestre, aparcamiento y circulación de vehículos en zonas de litoral prohibida y acampadas.
Los datos facilitados por Costas separan por islas las infracciones. Mallorca cuenta con 94 expedientes, seguida de Menorca con 55 y Eivissa con 54. En Formentera se han contabilizado 12. La recaudación por las multas impuestas a raíz de infracciones en el litoral ascendió a 182.826 euros, si bien esta cantidad puede corresponder a sanciones de años anteriores que durante 2009 o principios de 2010 se ha concluido el expediente y cobrado la multa.
Los datos de este año contrastan con los de 2008, donde el número de expedientes por infracción en el dominio público marítimo terrestre aumenta en casi cien casos. En concreto fueron 316 las infracciones detectadas hace dos años. En Mallorca fueron 142 por las 110 de Menorca, las 49 de Eivissa y las 15 de Formentera. La recaudación también se incrementó y el Estado cobró por multas en el litoral de las islas 290.181 euros. Esta diferencia es puramente administrativa, ya que cada expediente antes de iniciarse tienen una tramitación diferente y puede que la infracción sea cometida en un año y el expediente se inicie en otro.
Por lo que respecta a los municipios es coincidente que en los pueblos con la costa más extensa es donde se han producido mayor número de infracciones. En el caso de Llucmajor, la mayor parte de los 14 expedientes corresponde a estacionamientos y circulación de vehículos invadiendo la zona litoral. En el caso de Santanyí, también con 14 expedientes sancionadores, un número importante son también sobre vehículos, otros son obras como es el caso de la colocación pasarelas o pavimentación por parte de propietarios. También existe algún expediente por el varado de embarcaciones.
En 2008 el municipio con más infracciones fue Campos con 22. Lo curioso del caso es que 21 expedientes son por circulación de vehículos en la costa. Le siguen Artà con 20 infracciones de los cuales 15 son por acampadas en zona de dominio púbico.
* Diario de Mallorca - 14.06.10
Foto: Llucmajor (Mallorca), nuevas construcciones - T.Ramón (El País)
Imputado el ex presidente del PP de Íllora por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio
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IDEAL/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja ha llamado a declarar en calidad de imputado al que fuera presidente del PP de Íllora, Juan Francisco Palma, por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio en suelo no urbanizable en Escóznar. Será el próximo 30 de junio cuando tendrán que aportar su testimonio ante el juez, que ha pedido además al Seprona que informe sobre el estado actual de las obras que ya fueron paralizadas por orden judicial, según consta en una providencia de fecha 7 de junio de 2010, facilitada a Europa Press.
Según informó en un comunicado el Ayuntamiento de Íllora, el juez atribuye al ex político un posible delito de desobediencia grave, al desoír tres órdenes de paralización de la construcción del tanatorio, que se levantaba en suelo de especial protección agrícola; y otro contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
El pasado 2 de junio el juez decretó la paralización "inmediata" y el precintado de las obras realizadas por Palma a través de la empresa 'Palmavalen S.L.', que "no estaban amparadas por licencia" y que, a pesar de la orden del Ayuntamiento de Íllora, continuaron ejecutándose.
Así, Palma prestará declaración ante el magistrado de Loja y también lo hará Gallego, que concedió una licencia supuestamente ilegal un día antes de que tomara posesión la nueva corporación municipal, del PSOE.
* Ideal - 14.06.10
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
Valladolid.- El TSJ de Castilla y León anula la orden del Ayuntamiento que "dio cobertura legal" al aparcamiento de Portugalete
NORTECASTILLA* : Una sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula parcialmente la orden de 22 de septiembre sobre la modificación del PGOU de Valladolid con la que se buscó "dar cobertura legal" al aparcamiento de la plaza de Portugalete, según informaron fuentes de Ecologistas en Acción (EA). Según las mismas fuentes, uno de los tres magistrados de la Sala entiende que la modificación "debía haber sido anulada en su totalidad, y no sólo en parte".
Es la tercera ocasión en que el TSJCyL procede a anular esta modificación del PGOU "pensada para intentar dar cobertura legal al aparcamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete", según explicó EA, quien recordó que el Plan General de Ordenación Urbana vigente al inicio del proyecto "no permitía la localización de aparcamientos rotatorios en el centro urbano, por lo que el Ayuntamiento de Valladolid intentó cambiarlo en marzo del 2005, y posteriormente hizo lo propio la Consejería de Fomento en noviembre del 2006 y septiembre del 2008".
Ahora, EA asegura que el aparcamiento de Portugalete "vuelve a quedar fuera del PGOU", por lo que ecologistas, vecinos e Izquierda Unida pedirán su clausura inmediata.
Los tres intentos han sido declarados ilegales, si bien el tercero y último "sólo en parte", al estimar el TSJCyL que las determinaciones de la modificación del PGOU según las cuales "es posible la construcción de aparcamientos en cualquier emplazamiento del viario que se considere técnicamente apto" y, en relación con los aparcamientos de rotación, que -"se deberán localizar en las zonas donde se produzca demanda" infringen la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que exige que el Plan General prevea los aparcamientos en suelo urbano consolidado, aunque sea de manera orientativa, "que es algo diferente de permitir su localización donde sea técnicamente apto o donde se produzca la demanda".
Dado que no es posible "la localización indiscriminada" de aparcamientos subterráneos en la ciudad, y que el estacionamiento de la Plaza de Portugalete no figura entre los previstos en los Planos de Ordenación del PGOU de Valladolid, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida solicitarán de inmediato la anulación del proyecto de construcción y las licencias ambiental y de apertura, y se proceda a su cierre "en el menor plazo de tiempo posible", hasta que el Ayuntamiento decida reconvertir las 260 plazas rotatorias en plazas de residentes.
Al tiempo, las tres organizaciones pedirán una aclaración al TSJCyL sobre si la sentencia comporta que el centro urbano no pueda ser un lugar preferente para la implantación de aparcamientos rotatorios, y valoran la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al entender que el procedimiento de aprobación de la modificación del PGOU fue "también ilegal", por omitir la preceptiva información pública, el informe previo de la Comisión de Patrimonio y el pronunciamiento de la Consejería de Medio Ambiente.
* El Norte de Castilla - 14.06.10
Foto: Valladolid, aparcamiento Portugalete - nortecastilla.es
La "llamativa" actitud judicial en los delitos urbanísticos en Ciudad Real
MICIUDADREAL* : En su edición de ayer domingo, El País hacía referencia a Ciudad Real en una información sobre delitos urbanísticos. Una vez más, nuestra provincia vuelve a ser protagonista de la actualidad por cuestiones inmobiliarias. Según dicha información los ciudadanos, conscientes y perjudicados, "se va involucrando en la lucha contra los delitos de ordenación del territorio y urbanismo, como prueba el aumento de las denuncias contra los ayuntamientos. Pero no siempre prosperan. La complejidad urbanística hace que algunas se archiven porque el ciudadano recurre por vías equivocadas, según recoge la Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo".
La memoria no puede ser más desalentadora para el diario madrileño: "describe falta de medios y, sobre todo, de personal, amén de la excesiva variedad de interpretaciones judiciales ante un mismo hecho que hace saltar por los aires los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, en palabras de los fiscales. En algunos casos, como en Ciudad Real, se describe la actitud judicial en relación con este tipo de delitos como simplemente y por no utilizar otro término, llamativa".
La memoria vendría a poner de manifiesto la falta de relaciones fluidas entre la Administración y la Fiscalía, a lo que añade duras críticas al poder municipal "porque se entremezclan los delitos de ordenación del territorio con casos -de desidia, omisión y pasividad de la Administración local que implican una auténtica corrupción administrativa".
Las comunidades autónomas no se libran, "por no controlar y supervisar, y porque se limitan a imponer sanciones pecuniarias que no llegan a ejecutarse. Hay delitos que acaban prescribiendo y llegan a conocimiento de las fiscalías sólo a través de particulares".
Continúa El País describiendo el esperpéntico caso de Ciudad Real, en el que "para entorpecer las demoliciones, un particular llega a autodenunciarse para iniciar así un proceso penal y evitar la demolición. La pena de inhabilitación apenas le afecta al no ser promotor o constructor y la de prisión acaba en suspensión de la condena con una multa inferior a la que le impondrían por la vía administrativa".
Por último, la cabecera madrileña recoge que "la memoria propone apertura de procedimientos por complicidad contra los que favorecen el suministro de agua o luz a los promotores de construcciones ilegales. Y que se tipifiquen las conductas omisivas de autoridades o técnicos municipales cuando silencian infracciones urbanísticas, para evitar que queden impunes. En el apartado de delitos contra el Patrimonio Histórico, se alude a prevaricación urbanística y se pide que se tipifiquen como delito las excavaciones ilegales".
* Mi Ciudad Real - 14.06.10
Foto: Ciudad Real, proyecto megaresort ElReinodeDonQuijote - elreinodedonquijote.com
La investigación de Gürtel destapa más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid
ELPAÍS* : La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa de la democracia vinculada a un partido político, ha descubierto nuevos negocios supuestamente fraudulentos relacionados con la Comunidad de Madrid gracias a la documentación incautada en los distintos registros que forma parte del sumario conocido. Las ilegalidades documentadas en el curso de la investigación salpican a empresarios hasta ahora no imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, tomando como base distintos informes policiales, solicitó hace varios meses que se recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y MQM.
A través de estas sociedades y a cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones, entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años adjudicó de manera irregular cientos de contratos a la red que dirigía Francisco Correa.
La investigación había descubierto hasta ahora que uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes, decidió que todos los actos en que participara la presidenta los iban a organizar empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
A cambio, López Viejo cobraba comisiones ilegales, que sumaron en todos estos años más de 250.000 euros, según demostró la investigación a través del testimonio de algunos ex directivos de las empresas de la trama y los apuntes en la contabilidad incautada en las oficinas que utilizaba la red Gürtel.
La investigación reciente, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado nuevos casos de esa práctica ilegal con decenas de contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de los intereses de Correa. Documentación que este periódico publicó el 14 de febrero de 2009 y correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa firma, la que más trabajó en los actos de Aguirre, inflaba los costes para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha.
En esa tarea, según la citada documentación, contaban con la ayuda de López Viejo y de uno de sus colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás. El jefe de la trama, Francisco Correa, reconoció a su ex amigo José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y denunciante de los hechos que han dado lugar al caso Gürtel, que López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, según las grabaciones incorporadas al sumario.
La documentación que EL PAÍS adelantó acredita que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept al que hace un año tuvo acceso este periódico (ver infografía en esta misma página) revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre.
El montaje del acto, según la documentación, lo pidieron expresamente López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Rodríguez Pendás. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que solo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".
El citado escrito detalla cómo los contratos eran encargados por López Viejo y sus colaboradores saltándose todas las normas de contratación. Todo se resolvía mediante conversaciones privadas o correos electrónicos, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación. Easy Concept, la empresa que más actos ha organizado para Esperanza Aguirre, se ocultaba a veces a través de la sociedad MQM y otras veces a través de otras empresas que también investiga la policía.
El material para el acto de los príncipes de Asturias con la presidenta de la Comunidad de Madrid les costó 39.143 euros, pero facturaron al Gobierno regional madrileño 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad de Madrid. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.
La trama del caso Gürtel afecta a casi una veintena de altos cargos de los Gobiernos regionales de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Recientemente, el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia tras observar diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps.
Pedreira, asumiendo la tesis de Anticorrupción, estimó que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos de financiación ilegal del PP y de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración regional. El PP tiene recurrida esta resolución.
* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Madrid, caso Gurtel - telecinco.es
Expertos piden proteger el patrimonio de la Alpujarra
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IDEAL/Granada* : Proteger, valorar y cuidar el paisaje y el patrimonio artístico, cultural y arquitectónico de la Alpujarra, ha sido el sentir general de las jornadas que han concentrado en la localidad de Pitres a expertos llamados por el Centro UNESCO Alpujarra Granadina, y la Asociación Abuxarra. El arquitecto, Juan Carlos García de los Reyes, uno de los doce conferenciantes que han intervenido en las jornadas, consideró que había que tomar como referencia en la Alpujarra la arquitectura y el urbanismo tradicional a la hora de proponer edificaciones.
García de los Reyes dijo que «los espacios agrícolas están en un proceso de abandono. Hay zonas con bastantes impactos. Una es La remodelada carretera Torvizcón-Cádiar-Ugíjar, que supone una herida tremenda en el paisaje. Y eso nos tiene que ayudar a pensar que las cosas se tienen que hacer de una manera más sensible», señaló.
El delegado de Cultura, Pedro Benzal, anunció que la Alpujarra contará con un elemento de gestión «para agilizar los trámites administrativos. Esta comarca dispondrá de una serie de técnicos para todos los temas que tengan que ver con Cultura. Por ejemplo, obras de restauración. Para que los proyectos tengan una repuesta inmediata», dijo.
El coordinador de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada, José Luis Rosúa, dijo estar preocupado «porque se están llevando a cabo líneas de actuación , que aunque permiten avances en el desarrollo, no contemplan iniciativas que pongan en valor la agricultura ecológica en la Alpujarra. Además no se entiende que se comercialice bajo etiquetas alpujarreñas cosas que no están producidas en la Alpujarra. De esta forma, se convierte la comarca en un intermediario, en una especie de zoco en el que todo vale» criticó el profesor Rosúa.
El presidente del Centro UNESCO de Andalucía, Miguel Carrascosa, dijo que las tierras de la Alpujarra se han abandonado. «Cuando yo era joven el 90% del censo laboral de la alta montaña se dedicaba a la agricultura. Ahora aquello ha quedado en la quinta esencia. Y eso ha influido también en los modos de vida. Se ha erosionado mucho el respeto a la naturaleza. La figura que presentaba la Alpujarra en mi infancia y juventud era la de una maceta de un verdor permanente. Yo creo que a través de estas jornadas se comiencen a corregir muchas cosas para que se recupere parte del paisaje de mi juventud. No al cien por cien porque los modos de vida son distintos», manifestó.
El diputado de Turismo, José López Gallardo, indicó que «en las últimas décadas los alpujarreños consideran más el respeto al medio ambiente y la actividad económica sostenible, y eso es bueno para todos», señaló.
El presidente del Club UNESCO Alpujarra-Granada, Ángel Bañuelos, informó que «la actual regresión demográfica de la Alpujarra, los cambios en los usos del suelo, el abandono de la agricultura tradicional y la presencia de nuevas actividades económicas, está generando una paulatina transformación del territorio que necesita de una profunda reflexión. Yo creo que es necesario ordenar, gestionar y conservar el paisaje de manera sostenible, porque solo así, podremos satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las venideras», decía el responsable de este club de la UNESCO.
* Ideal - 14.06.10
Foto: Un grupo de turistas visita el yacimiento de Galera.. :: IDEAL
Córdoba.- IU, PSOE y PP aupician la segunda 'amnistía' del urbanismo ilegal
ABC* : IU, PSOE y PP han vuelto a dejar claro en el Ayuntamiento que no les interesa combatir el urbanismo ilegal que ha campado y pervive en la ciudad desde hace mucho tiempo. Las tres formaciones, con distinto enfoque pero un mismo final, auspician lo que podría darse en llamar una segunda «amnistía» sobre irregularidades urbanísticas de calado como las 24 parcelaciones ilegales computadas en la Sierra y las naves de Colecor.
Ayer dejaron claro que van a apoyar el Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba que elude por completo medidas contundentes contra todos esos asentamientos y su impacto en una zona de alto valor ambiental y que cierran filas en torno a la última propuesta sobre el plan especial que da cobertura a las naves de Colecor con un derribo de unos 15.000 metros cuadrados de techo —dejando en pie un 60% de la construcción—, dando pie a una sensible rebaja de la multa de 24,6 millones de euros (hasta un 75%, según la ley) que aún peregrina por las instancias oficiales gracias a esta regularización urbanística.
Y todo ello pese a que en 2006 los populares, liderados por José Antonio Nieto, plantearon una comisión de investigación sobre ese mismo urbanismo que hoy «bendicen» con unos matices superfluos y hasta incluso llamativos, como el hecho de pedir daños y perjuicios para Rafael Gómez, el promotor de una de las irregularidades urbanísticas más clamorosas de los últimos tiempos.
El sacrificio de Hurtado
Y aun después de que el PSOE haya convertido el caso de los almacenes de venta al por mayor de la carretera de Palma del Río en su feroz oposición a Rosa Aguilar, llegando, incluso, a neutralizar su discurso de izquierdas provocando la fuga de 14.000 votos que le llevaron a la derrota en 2007 a la que hoy, curiosamente, es la consejera de Obras Públicas y tendrá que decidir sobre las naves que permitió levantar siendo alcaldesa. Ahora, el PSOE pide «pasar página» en un asunto que llevó a los tribunales y sacrificó el recorrido del otrora portavoz municipal socialista Antonio Hurtado.
En Izquierda Unida no resulta extraño, pues, que todas sus decisiones en los últimos tiempos han ido por esta dirección: no precintó las naves de Colecor; un juzgado le anuló el expediente sancionador y el plan especial Carretera de Palma del Río; agolpa expedientes urbanísticos sin resolución; ha visto dimitir a dos responsables de Inspección Urbanística; intentó justificar el «caso Torreblanca» de los agentes de la Línea Verde con chalés ilegales y evita soluciones de futuro para las parcelaciones afectadas por la riada del pasado febrero y que estaban fuera de toda normativa.
Echando la vista atrás, no resulta significativo este acercamiento de los tres partidos cada uno por su senda. En 2001, cuando se votó el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, tanto IU como PSOE, que cogobernaban por entonces, como el PP, dieron su visto bueno a un texto que regularizaba más de una veintena de parcelaciones ilegales en la Vega y Levante propiciando que se reclasificaran más de ocho millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable.
Elecciones a la vista
Una operación que años después se amplió con ocho asentamientos más y un millón de metros cuadrados que pasarían a ser urbanizables gracias a la modificación del Plan General para ensanchar el coladero. Mientras un cordobés pagaba a precio de oro un metro cuadrado urbanizable en las zonas de expansión de la ciudad, otro, a pocos metros, conseguía el mismo metro urbanizable a un coste irrisorio y con los mismos derechos frente a la Administración.
Resta menos de un año para las próximas elecciones municipales y el voto del parcelismo sigue muy presente en la mente de todos los partidos. Más agravado, incluso, por los efectos de la crisis. Ninguno quiere abrir batallas eternas que le detraigan opciones. IU y PP han ido más de la mano en esta línea frente a un PSOE que con este paso adelante —aunque ayer intentó desmarcarse Rafael Blanco de modo impostado— cercena su discurso del último lustro. En el caso de las naves de Colecor se imponen los hechos consumados al riguroso cumplimiento de la ley.
* ABC - 12.06.10
Foto: Panorámica de las naves de Colecor con las zonas residenciales de Poniente al fondo en una imgen tomada desde las primeras estribaciones de la Sierra de Córdoba - abc.es
