Un 'kosovo' en el corazón de Ferrol

ELPAÍS/A Coruña* : Patrimonio niega protección cultural al casco histórico ante su fuerte deterioro. Sobre el barrio más antiguo de Ferrol se diría que ha caído una bomba de tiempo y abandono. "Es como nuestro pequeño Kosovo", resume Alberto Saavedra, presidente de la asociación de vecinos del barrio. No exagera. Por cada vivienda habitada hay otras dos tapiadas o en ruinas.

Los tejados de muchas casas se han desplomado por completo dejando al aire vigas de madera podrida y grietas tan profundas que dejan pasar la luz. Los árboles han colonizado el suelo de lo que en otro tiempo fueron habitaciones y cocinas, y las ramas se asoman por las ventanas enredándose en los postes de la luz junto al parque infantil de la Praza Vella, a 50 metros del puerto. Degradado, despoblado y bordeando la marginalidad. Con este panorama urbanístico, el ayuntamiento ferrolano se ha topado esta semana con la negativa de la Xunta a reconocer el barrio como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta catalogación abre las puertas a la obtención de nuevas ayudas. El chasco para el gobierno local y los vecinos, que promovieron la iniciativa, ha sido monumental. "Es una bofetada moral" admitió el alcalde, Vicente Irisarri, del PSOE, que recurrirá la "caprichosa" decisión de la Consellería de Cultura confiado en que el Gobierno gallego "tendrá que rectificar".

La Dirección Xeral de Patrimomio se aferró al único de los tres informes que desaconsejaban la catalogación de Ferrol Vello y desechó los dos que abogaban por la protección del barrio. "Los argumentos son débiles y fácilmente rebatibles", apunta el regidor. Defiende que en el barrio se cuentan decenas de viviendas con más de 200 años que deben formar parte de un conjunto monumental junto con el Arsenal Militar, los castillos y el barrio modernista de A Magdalena, que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. "Ya está bien de que Galicia sea tan tacaña consigo misma", protesta Irisarri, que advierte al PP que el barrio "no se abrirá a la especulación urbanística".

Asomado a la ría y pegado al muelle, Ferrol Vello fue el asentamiento primigenio de la ciudad, que fue creciendo en torno a un castro. Conserva parte de su estructura medieval del siglo XIII con media docena de calles semicirculares ordenadas de forma concéntrica mirando al mar. Como en cualquier barrio portuario, proliferaron pensiones y tabernas, hoy abandonados. No hay supermercados ni cajeros. Apenas sobreviven una docena de bares, una tienda de barrio y un par de estancos con suvenirs de la posguerra.

Los bajos conservan los rótulos de licorerías y negocios muy antiguos, y sólo un par de tascas abren sus puertas hasta la madrugada. De los 36 inmuebles de la calle Carmen Curuxeiras, por donde discurre el Camino Inglés a Compostela, sólo 11 están habitados. De una sus casas de tres plantas y completamente derruida, cuelga el cartel de "se vende" por 70.000 euros.

Desde la asociación vecinal calculan que en todo el distrito de Ferrol Vello están censadas poco más de 2.000 personas de los 74.696 habitantes que tiene el municipio. "El 35% de las casas están habitadas y el 65%, abandonadas o en ruinas", apunta Saavedra. Los vecinos denunciaron "solares que parecían selvas" llenos de ratas. La singularidad del barrio llamó la atención de los Callejeros de Cuatro, que lo patearon de casa en casa esquivando cascotes. Los bomberos se aburren de apuntalar viviendas y de sofocar pequeños conatos de incendio, y la policía, de encontrar indigentes durmiendo entre cartones bajo estructuras que amagan con desplomarse en cuanto sopla el viento.

Desde que se inició el expediente para la catalogación del barrio como BIC, en abril del año pasado, todas las licencias quedaron en suspenso. Hay trece viviendas con la obra de rehabilitación paralizada, y los vecinos se quejan de infinitas trabas administrativas "para poner un ascensor o cambiar un azulejo". Reparten la responsabilidad entre todas las corporaciones que en las tres últimas décadas se cruzaron de brazos viendo "morir el barrio".

Las ayudas del Ministerio de Vivienda y de la Xunta para rehabilitar la ciudad en 2010 fueron tacañas: menos de 50.000 euros a repartir entre 30 intervenciones en A Magdalena, A Graña y Ferrol Vello. En los últimos meses, el municipio ejecutó mejoras en la Praza Vella, la Praza de Carbón y las calles Virxe, Merced o San Antonio que no han logrado cambiarle la cara al barrio. Sin embargo, Ferrol Vello tiene otra oportunidad este año con una partida de los presupuestos participativos de la ciudad. También le corresponden fondos europeos para la recuperación los casos históricos.




* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: Una de las casas al borde la ruina en el casco histórico de Ferrol.- Gabriel Tgizón, elpais.com

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¿Cuánto vale mantener las calles?

CARME MIRALLES-GUASCH* : En un momento en el que las administraciones públicas buscan estrategias para acomodar sus gastos a sus menguantes ingresos, es oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta al erario público mantener las calles, conservar la red de aguas y de saneamiento, el alumbrado público, la urbanización, la limpieza o el transporte? Esta cuestión depende del modelo urbano que se haya optado en el municipio. El coste de mantener el espacio público en condiciones aceptables obedece a cuestiones de índole urbanística y, especialmente, a la densidad urbana.

En los últimos años, en muchas ciudades se ha optado por construir urbanizaciones de carácter disperso, caracterizadas por la producción de espacios residenciales de baja densidad y con tipologías de vivienda de tipo unifamiliar. Los conjuntos de casas aisladas y adosadas muestran el alcance de un paisaje residencial ajeno a los procesos urbanizadores de antaño, definidos por la contigüidad y su carácter compacto.
En muchas ocasiones, esta expansión residencial de baja densidad selecciona lugares en función de la accesibilidad a la red de autopistas y a la alta velocidad ferroviaria, especialmente en las estaciones intermedias del recorrido. Además, lo hace en unas proporciones hasta ahora desconocidas en España y no sólo como segunda residencia, sino como vivienda principal. De hecho, en los últimos diez años, estas zonas residenciales han llegado a representar en muchas ciudades más del 50% de las nuevas construcciones.
Sin embargo, el problema de estas tipologías urbanas de baja densidad aparece cuando las construcciones están terminadas y sus nuevos habitantes ya viven en ellas. Es entonces cuando el municipio empieza a ser realmente consciente de los costes públicos que supone mantener sus calles y plazas, ya que estos pueden ser mucho más altos respecto a las calles de densidades medias y de urbanización compacta. Así, por ejemplo, el mantenimiento de la red de aguas y del alcantarillado se duplica, y el mantenimiento de la urbanización y de la limpieza se cuadriplica. Unos costes diferenciales que difícilmente repercuten en la misma proporción a los vecinos de estas viviendas y que tienen un coste vivienda/año siete veces mayor en baja densidad que en un bloque de viviendas.
Los modelos urbanos, que son opciones elegidas por los gobiernos municipales y se aprueban en pleno, repercuten directamente en los presupuestos municipales y, más concretamente, en los gastos corrientes y obligados por ley. Sin embargo, al iniciar una nueva promoción de viviendas, en muy pocas ocasiones se contabiliza el aumento de estos gastos corrientes que tendrá que sufragar el erario público en relación al aumento de ingresos, que en bajas densidades siempre es menor.
En una época en la que los presupuestos públicos son cada vez más difíciles de nivelar, especialmente los de las administraciones locales, es imprescindible pensar qué modelo de ciudad se prefiere y cómo se va a sufragar. Pensar en todo el ciclo y no sólo en los beneficios a corto plazo forma parte de la nueva economía.


* Profesora de Geografía Urbana


* Público - Del Consejo editorial - 19.03.10

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Almuñécar: El TSJA decreta ilegales las 51 viviendas de Los Pinos cuya licencia fue concedida por PSOE y PP en el año 2002

COSTATROPICAL/Granada* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia fechada el 15 de marzo de 2010, rechazando la causa de inadmisibilidad aducida por las partes demandadas, Ayuntamiento de Almuñécar y la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.”, estimando el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía en marzo de 2002, contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar el 14 de enero de 2002...
... -durante el gobierno tripartito PSOE-PP-PILH, siendo alcalde Juan Luis González y concejal de Urbanismo el socialista Antonio Manuel Rebollo- otorgando a la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.” licencia para la construcción de 51 viviendas en la Urbanización Los Pinos.

La base del recurso estima que la licencia concedida por el Tripartito, “incumplía las previsiones del PGOU en cuanto a zonificación y edificabilidad, pues, mediante la aprobación del Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar el 20 de diciembre de 2001, a cuyo amparo se concedió la licencia, se ha producido una diferente zonificación de la zona verde privada y de la zona residencial, así como un aumento de la edificabilidad prevista en el PGOU, lo que supone una modificación del Planeamiento General que no está permitida al Estudio de Detalle”.

Tras una amplia argumentación técnica basada en el uso del suelo y los niveles de edificabilidad, el TSJA considera que el recurso de la Junta “debe ser estimado” y en consecuencia “anulado el acto de concesión de la licencia”. Así mismo, el fallo anula el acto impugnado por “no ser conforme a derecho”, aclarando que contra la sentencia cabe interponer “Recurso de Casación” en el plazo de 10 días, plazo tras el cual se “llevará a efecto la resolución impugnada”.

Concesión de la licencia
El acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001, bajo la presidencia del alcalde Juan Luis González Montoro, siendo concejal de Urbanismo el ex alcalde del PSOE Antonio Rebollo -quienes compartieron alcaldía en la citada legislatura- señala en el punto 18 que se somete a aprobación el “Proyecto de Compensación en Los Pinos” presentado por la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.”. Del mismo modo, aparece indicado que el Ayuntamiento Pleno celebrado dos meses antes, el 9 de octubre de 2001, acordó por mayoría la aprobación inicial de las figuras urbanísticas de “Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Los Pinos”.

Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos a favor de los concejales del PP, PSOE e independentista, y siete votos en contra del Partido Andalucista, acuerda desestimar las alegaciones presentadas, argumentando que “pretenden invalidar una escrupulosa tramitación urbanístico-administrativa con apelaciones a la ética”, añadiendo que el procedimiento seguido para la formulación y tramitación del proyecto de compensación que se trata, “se ajusta plenamente a la legislación urbanística vigente, a la normativa del PGOU vigente y a la forma de aplicarla”, resultando aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación en la citada urbanización.

Seguidamente, el punto 19 somete a aprobación el Estudio de Detalle en los Pinos presentado por la misma mercantil para la ordenación de volúmenes. Del mismo modo y con la misma votación, contando de nuevo con el voto en contra de los concejales del Partido Andalucista, el gobierno del Tripartito desestima las alegaciones presentadas en base a los mismos argumentos anteriores, resultando igualmente aprobado.

Igual resultado alcanza el punto 20 que somete a aprobación la Delimitación Poligonal en Los Pinos, quedando rechazadas las alegaciones presentadas en los mismos términos que los anteriores puntos, resultando finalmente aprobada con el voto en contra de los andalucistas “la delimitación de la Unidad de Ejecución promovida por la mercantil Playa Costa Tropical S.L.”

Cabe señalar que el acta acara que al citado Pleno no asiste el concejal andalucista Manuel Novo Guerrero y que el concejal del PILH, Juan Mora Barbero, se ausenta de la sesión durante el desarrollo de los citados puntos 19 y 20.

Valoración de la sentencia del Equipo de Gobierno de Convergencia Andaluza
El portavoz del Equipo de Gobierno, Jesús García Alabarce, ha manifestado que “pese a que en este asunto, gestionado y aprobado por el Tripartido PSOE – PP – PILH, nosotros votamos en contra en los tres puntos que afectaban a aprobación de la citada licencia, nos preocupa que ocho años después de su concesión se dicte sentencia en contra de la misma, a sabiendas de que esas viviendas están habitadas en su práctica totalidad por vecinos de Almuñécar y algunos residentes, que ahora ven peligrar su estabilidad familiar, sus casas y su economía”.




* Costa Tropical - 19.03.10
Foto: Almuñécar (Granada), viviendas los pinos - costatropicalinformacion.info

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Alerta: el agua siempre vence al ladrillo

ELPAÍS* : La construcción salvaje en zonas inundables suma víctimas o daños en Madeira, el Guadalquivir o La Rochelle. Las vidas de Nicolas Sarkozy y Verónica Monges no tienen nada que ver, pero en las últimas semanas se han enfrentado a un enemigo común. El presidente francés visitó La Rochelle el pasado 1 de marzo tras la tormenta Xynthia, que se llevó la vida de medio centenar de personas mientras dormían tranquilamente en sus casas. "No se puede transigir con la seguridad. Debemos reflexionar sobre los planes urbanísticos para que esta catástrofe no vuelva a suceder", dijo Sarkozy.

Monges vive en el asentamiento de casas ilegales en la ribera del río Guadarrama, en el municipio madrileño de Móstoles. "Los días que llueve mucho, esto se inunda y nos vamos a la casa de un familiar unas calles más arriba. Hace dos semanas, tuvimos que sacar agua con cubos del salón de una vecina", cuenta desde la puerta mientras trata de que su hija no moleste al niño más pequeño. "¿Que si tenemos miedo de que aquí un día pase algo? Pues claro que sí", responde sin dudar.

La catástrofe de La Rochelle se cimentó en un cóctel formado por vientos de más de 150 kilómetros por hora, subida de la marea y lluvias torrenciales. Los problemas de Monges se deben, sin embargo, a la posible crecida del río que ve cada mañana desde su casa. Pero tanto en un caso como en otro -así como en las lluvias de Madeira, que a finales de febrero dejaron una cuarentena de muertos, o las crecidas del río Guadalquivir, sin víctimas mortales pero con cuantiosos daños materiales- la construcción de viviendas en zonas peligrosas es el gran problema. La proliferación de un urbanismo que ha ignorado los caminos del agua suscita un debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de esas personas a seguir viviendo en su propia casa. Ninguna solución -expropiaciones, obras de ingeniería...- dejará contento a todo el mundo.

El fenómeno se ha extendido en estos años en los que el ladrillo se convirtió en la herramienta más fácil y más rápida de los ayuntamientos para hacer caja. No hay cifras oficiales, pero las de los ecologistas asustan. "Estimamos en 40.000 las construcciones en dominio público hidráulico, la gran mayoría viviendas, pero también cámpings, polideportivos, residencias de ancianos, colegios, restaurantes...", sostiene Santiago Martín Barajas, autor de un informe de Ecologistas en Acción. Los responsables políticos prefieren, sin embargo, quitar hierro. "Me parece una cifra exagerada, algo alarmista", responde Jesús Yagüe, subdirector de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente. "Estamos realizando la cartografía de zonas inundables, que estará plenamente operativa en 2012", añade.

Tras años de mirar hacia otra parte, la radiografía del problema dio un salto de gigante en 2007, con la directiva de la Comisión Europea que daba de plazo hasta 2013 para que los Estados detecten en mapas sus áreas con riesgo de inundación. "La reforma de la Ley del Suelo de 1998 ya estableció que había que declarar como no urbanizable el suelo que conllevara riesgos, pero ese artículo nunca se cumplió", recuerda el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina. "Como no había mapas de riesgo, se construía. Durante el boom inmobiliario nadie quería mirar hacia un problema en el que se está jugando con vidas humanas", concluye Olcina, que estima en 300 las muertes causadas por inundaciones en España en los últimos 15 años.

Vidas como las de los 87 veraneantes que murieron el 7 de agosto de 1996 en Biescas (Huesca). Fueron 87 cuerpos arrastrados por una riada que arrasó un cámping construido en el curso de un torrente, cerca de un barranco. Los informes técnicos que desaconsejaban la ubicación del establecimiento en ese lugar no sirvieron para nada.

Tras un suceso que dejó en shock a todo un país -y que obligó a las administraciones a pagar 11,2 millones de euros por no haber evitado un suceso previsible-, el Senado creó una comisión que sacara conclusiones de la tragedia. "Dieron unas recomendaciones de enorme interés pero que no se pusieron en práctica. Han tenido que pasar más de 10 años para que volvamos a retomar esas conclusiones", añade el catedrático de la Universidad de Alicante. Es probable que catástrofes como la de Biescas no hubieran pasado antes porque a nadie se le habría ocurrido levantar un cámping en el curso de un torrente cerca de un barranco. "Hemos perdido la memoria del territorio. Antes se elegían los lugares donde asentarse con un cierto conocimiento del territorio. La moderna promoción de viviendas ha olvidado estas enseñanzas, por lo que se hace imprescindible un estudio científico riguroso del suelo", asegura el premio Nacional de Urbanismo José María Ezquiaga.

Los estragos del agua tampoco son baladíes desde el punto de vista económico. Se trata del riesgo natural que más daños causa en España al año: un 0,1% del producto interior bruto, es decir, unos 1.000 millones de euros. Y puede ir a más. Porque a medida que el cambio climático se haga más presente, será necesario reevaluar los riesgos que conlleva. "Aumentarán, por ejemplo, los problemas de inundación en áreas costeras, hasta ahora muy poco importantes en España", pronostica Ezquiaga.

El mapa que prepara el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, del que ya ha dibujado más de 60.000 kilómetros, permitirá poner en marcha una política preventiva para evitar licencias de obras en zonas de riesgo. Además del mapa, el Gobierno ha invertido en cuatro años más de 300 millones en conservación y limpieza de cauces y ha puesto en marcha el Sistema Automático de Información Hidrológica para prevenir las avenidas de agua. Las inundaciones de la costa mediterránea, donde son más habituales, no suelen causar muchos daños a pesar de ser una de las zonas más vulnerables por su alta densidad de población. "Las grandes inundaciones, normalmente originadas por lluvias continuadas, son menos usuales y se suelen localizar en Andalucía o Extremadura", explica la profesora de meteorología Carmen Llasat.

Ahora bien, una vez detectadas las áreas peligrosas, ¿qué se hace con las personas que viven en esas decenas de miles de casas ya construidas? "Es la pregunta del millón", reconoce el alto cargo del ministerio. "Tendremos que ver qué medidas adoptamos. Los propietarios deberán fomentar los seguros frente a inundaciones. Y es necesario abrir un debate público sobre la expropiación", añade Yagüe. Francia forma parte de la avanzadilla en este sentido: ha dibujado un mapa con tres niveles de riesgo, y se reserva la expropiación sólo para las áreas más peligrosas.

"No caben más que dos alternativas. O se inician obras hidráulicas muy costosas que, si se hacen con fondos públicos, implicarán transferencias de rentas a los que en muchos casos construyeron ilegalmente. O se reubican estas urbanizaciones. A pesar de que sea una medida muy impopular y que plantea muchos interrogantes, creo que habrá que avanzar en este camino", señala el urbanista José María Ezquiaga. Como un primer paso, el Gobierno ha comenzado en los últimos cuatro años a recuperar terrenos para dar más espacio al río. El alto coste de estas expropiaciones, más enfocadas en la mejora medioambiental que en la seguridad, provoca que se hagan muy lentamente.

Se adopte la decisión que se adopte, será un camino lento, caro y que no cubrirá todos los flancos. Por eso el profesor de geología de la Universidad de Barcelona Joan Manuel Vilaplana insiste en la educación. "Las canalizaciones son necesarias, pero no suficientes. Dan una falsa sensación de seguridad. Creo en el ejemplo francés, que implica planes de prevención para sensibilizar a la población. Hay que enseñar a la gente a convivir con el riesgo y no hablar sólo de esto cuando hay una tragedia. Las administraciones públicas han escondido la cabeza el resto del tiempo", dice Vilaplana.

Pero no todos se esconden. El Ayuntamiento de Móstoles lleva años pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno central la demolición de los dos centenares de viviendas en el cauce del río Guadarrama. "Antes de que haya una tragedia humana, como la de Biescas", decía el alcalde, Esteban Parro, hace ya dos años y medio.

Este poblado nació en los años sesenta del siglo pasado. Las viviendas que en un principio se utilizaban para el descanso de fines de semana se convirtieron en residencias habituales. Este conglomerado de casas al margen de la legalidad recibió más tarde población gitana e inmigrante, principalmente marroquí. Algunos llegaron a tiempo para ver con sus propios ojos la inundación de 1989 y la menos importante de 1995. "No es para tanto. Aquí ya no hay ningún peligro", dice Rebeca, detrás de la barra de uno de los dos bares del lugar, que no ve con buenos ojos la presencia de periodistas por ahí. "Luego decís que esto está fatal y no es verdad", protesta. Durante estas últimas semanas, tras el febrero más lluvioso de los últimos 30 años, los responsables del municipio de Móstoles hicieron llegar a todos los que querían escucharles su preocupación por la posibilidad de que se desencadenara una tragedia en el lugar. Finalmente, no ocurrió nada. Habrá que ver qué pasa la próxima vez.

Las grandes inundaciones

- Bastó con 10 minutos de lluvias para acabar con las casas de cientos de vecinos de Badajoz el 7 de noviembre de 1997. Fallecieron 18 personas. Cinco, de una misma familia.

- El 7 de agosto de 1996 murieron 87 personas en el camping de Biescas (Huelva), construido en el cauce de un torrente cercano a un barranco.

- Bilbao sufrió la peor inundación de su historia durante las fiestas del verano de 1983. En las 24 horas del 26 de agosto cayeron 1.500 toneladas de agua. Hubo 34 muertos y cinco desaparecidos.

- Unas lluvias torrenciales que en algunos puntos superaron los 500 litros por metro cuadrado lograron borrar del mapa un pueblo entero del Pirineo. Entre el 6 y el 9 de noviembre de 1982 murieron por la inundación 14 personas.

- La presa de Tous, incapaz de contener la crecida del Júcar, se vino abajo el 20 de octubre de 1982. La catástrofe se saldó con una treintena de muertos y más de 5.000 damnificados en 32 poblaciones distintas.

- La crecida de un río insignificante, el Ripoll, causó el 25 de septiembre de 1962 una de las mayores tragedias del agua de la historia de España. En el Vallès murieron unas mil personas en unas pocas horas.





* ELPAIS.com - Reportaje - 19.03.10
Foto: Una lancha navega entre parcelas inundadas por la crecida del Guadalquivir en febrero en Córdoba.- F. J. V. elpais.com

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Málaga: Gena considera que el “derribo exprés” no detendrá el urbanismo ilegal

INFOAXARQUÍA* : El Gabinete de Estudios para la Naturaleza de la Axarquía (Gena–Ecologistas en Acción) ha rechazado el reglamento de disciplina urbanística aprobado por la Junta de Andalucía conocido ya como “derribo exprés”. La asociación considera que si bien la medida acelera la tramitación de las demoliciones de las viviendas ilegales ya que se faculta a los ayuntamientos a ello, han sido éstos los que “han mostrado sobradamente a lo largo de los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable”.

Además, la medida, según ha expuesto el colectivo, supone trasladar a los ayuntamientos “una responsabilidad que sin duda tiene consecuencias políticas”, ya que “al afectar a las tramas inmobiliarias creadas en los municipios, la impopularidad de las medidas de demolición acarreará una pérdida de votos que pondría en peligro la perpetuación en el poder de los partidos políticos gobernantes en dichos ayuntamientos”.

Para el portavoz de Gena, Rafael Yus, es impensable, que “las mismas instituciones que han consentido o alentado la construcción de viviendas en suelo no urbanizable ahora vayan a utilizar esta poderosa herramienta cuando lo que está en peligro, desde su punto de vista, es el desarrollo de su municipio y el apoyo social a la formación política gobernante”.

Así, la asociación ha calificado la medida de insuficiente y considera que la alternativa debe estar en eliminar la competencia urbanística en el suelo no urbanizable de todos los municipios de Andalucía “pues ninguno ha demostrado saber, poder o querer gestionarla”.

También proponen crear una estructura, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con carácter provincial, desvinculada de los ayuntamientos y suficientemente equipada de técnicos apropiados, para diligenciar los expedientes de ilegalidad y demolición conforme a este Reglamento de Disciplina Urbanística. La última medida que sugiere el colectivo es solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente el SEPRONA y la Policía Autonómica, así como la ciudadanía, para la detección de las infracciones.




* InfoAxarquía - 17.03.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es

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La Vila modifica el plan general y avala el exceso del hotel Atrium

ELPAÍS/Alicante* : El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó ayer por unanimidad la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el cómputo de la edificabilidad en las parcelas hoteleras, que permitirá otorgar a los hoteles de cuatro y cinco estrellas entre un 50% y un 70% más de superficie destinada a habitaciones.

En la práctica, la primera consecuencia de la medida es que da cobertura legal definitiva al hotel Atrium Beach, en la playa de la Cala, y el hotel Elbim de la playa Centro. Ambos sufrieron la paralización de las obras por incumplir el proyecto original y sobrepasar la edificabilidad autorizada por el planeamiento, y fueron regularizados mediante un Plan de Reforma Interior y Mejora. En el caso del hotel Atrium, el exceso de obra que oficialmente reconoció el Consell fue de 53.000 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, del PP, admitió tras el pleno que ambos hoteles saldrán favorecidos por el cambio en la normativa urbanística del municipio. "Aunque no hemos hecho números", puntualizó. Lloret, sin embargo, defiende que los cambios en el PGOU van más allá del intento de eliminar cualquier duda sobre la legalidad de ambos hoteles y aseguró que el objetivo "es estimular la inversión hotelera y contribuir a la dinamización de la economía local". "No sólo sale beneficiado el constructor y el hotelero, sino que también lo hará el mismo Ayuntamiento en el momento de la recaudación por metros construidos y, sobre todo, los restaurantes, bares y pubs de la zona y todo el comercio vilero, generando esto una espiral de empleo en todo el municipio", añadió.

Pero el Ayuntamiento de La Vila ha tomado esta decisión en plena crisis económica, cuando algunos hoteleros de la comarca están incluso invirtiendo en el extranjero y después de que en 35 años sólo se hayan iniciado las obras de los dos hoteles paralizados de un total de 11 que preveía el PGOU de 1998 repartidos a lo largo de la fachada litoral de municipio.

Siete años después de la paralización de las obras del hotel Atrium que se levantaba en primera línea de la playa de La Vila Joiosa a raíz de la muerte de tres albañiles, la polémica sobre el complejo hotelero sigue viva. La paralización de los trabajos por la muerte de los operarios destapó que el proyecto vulneraba el PGOU del municipio al superar la volumetría autorizada. El exceso de obra se fijó finalmente en 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas), según la resolución última del Consell.

La Generalitat, no obstante, sólo obligó al dueño del hotel a tirar 14.700 metros, además de imponerle una sanción de 12 millones de euros. La multa no se ejecutó. Una sentencia del Tribunal Superior anuló la sanción por un defecto de forma. Y tampoco, según un informe de un técnico municipal, el promotor llegó a echar a tierra el exceso de volumetría. El promotor, en cambio, mantiene que sí demolió lo exigido y el hotel es plenamente legal, con independencia del acuerdo del pleno de ayer que aumenta la edificabilidad del suelo para uso hotelero.

El concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, reconoció ayer la existencia de un informe urbanístico que sigue detectando casi 3.000 metros cuadrados de exceso de obra en hotel Atrium. Pero el vicepresidente de la empresa promotora, Javier García, insiste en que el hotel está ya regularizado y en que la licencia de obras que obtuvo del consistorio el 18 de diciembre de 2006 está en vigor.

Mientras, el hotel Elbim, el primero en el caso urbano de La Vila en mitad de la playa Centro, inició las obras en 1998. También sufrió una paralización por exceso de edificabilidad y no retomó las obras hasta el 2008, tras serle aprobado en 2006 un PRIM que no ha cumplido. Además, los promotores del hotel deberán devolverle al consistorio la parcela contigua que compraron, una zona verde de titularidad pública que fue vendida ilegalmente por el anterior propietario aprovechando que seguía a su nombre en el Registro de la Propiedad.

En ambos casos, los promotores confiaron en la aprobación del premio hotelero del que disfruta Benidorm para incentivar la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas, pero el Gobierno valenciano lo denegó para La Vila con el argumento de avanzar en una legislación autonómica igual para todos los municipios turísticos que nunca se desarrolló.

Los dos hoteles pretenden ser de cuatro estrellas, así que en función de su grado de eficiencia energética, podrían acceder a una bonificación del 60% de la superficie de cada habitación que supere el mínimo legal de 16 metros. Y cuando se acojan a la bonificación, podrán levantar incluso una altura más y una planta técnica por encima de la baja. A efectos de cómputo, una habitación de 116 metros cuadrados sólo sumará 56 metros de edificabilidad, los 16 mínimos exigidos y 40 de los otros 100.

Aplicando este rasero, tanto el hotel Atrium, que ni siquiera está aún tabicado, como el Elbim, que está a punto de ser inaugurado y dispone de 106 habitaciones de entre 26 y 52 metros, verán legalizada definitivamente su situación.

La modificación del planeamiento de La Vila Joiosa deberá estar un mes expuesto al público y pasar el filtro de la consejería de Urbanismo. El gobierno de La Vila considera que la modificación aprobada afecta sólo a la ordenación pormenorizada del Plan General y no necesita el visto bueno autonómico, pero es el Consell quien deberá decidir si es una modificación estructural del planeamiento, lo que condicionaría su entrada en vigor a la aprobación de la comisión territorial de Urbanismo de Alicante.




* ELPAIS.com - 19.03.10
Foto: La estructura del Hotel Atrium, todavía sin tabicar, ayer.- Rosa Fuster, elpais.com

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Los tribunales anulan una licencia por la que se construyeron 48 viviendas en Elviria

SUR/Marbella* : La vía judicial y la tramitación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no discurren, por el momento, por caminos paralelos. Los tribunales disponen de un tempo propio y mantienen su empeño en dejar constancia, en forma de sentencias, de las ilegalidades urbanísticas cometidas durante varios lustros en el municipio, ajenos a lo que pueda ocurrir tras la entrada en vigor del nuevo planeamiento de la ciudad.

La última resolución en este sentido procede del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que ha decretado la nulidad de las licencias de obras que permitieron la edificación de 48 viviendas unifamiliares en la zona de Elviria.
La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, condena al ex alcalde Julián Muñoz y a seis ex concejales del Ayuntamiento marbellí a penas de entre nueve meses y un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En el caso del ex regidor, a doce meses de cárcel. La resolución judicial se ha dictado con la conformidad de los acusados, dado que es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los ex ediles por el que estos ingresaron en prisión a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados.
El tribunal establece como hechos probados que los condenados concedieron licencias de obras a los proyectos básico y reformado presentados por la empresa Holanda En Nueva Andalucía SL para la construcción de 48 viviendas con una edificabilidad de 2.300 metros cuadrados en una parcela de Elviria. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron «a sabiendas» de que eran contrarios a las normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes.
La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad y el área de chalés dibujada sobre plano se convirtió en un poblado marinero de ocho bloques. Su regularización, sin embargo, está prevista en el sistema de compensaciones que recoge el PGOU para la normalización de inmuebles ilegales. Para ello, la promotora deberá ceder 654,32 metros cuadrados de suelo de una parcela calificada como parques y jardines y situada en la misma zona de Elviria, al sur del complejo inmobiliario.





* SUR - 18.03.10
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)

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Urbanismo religioso

ÓSCAR CELADOR* : Uno de los grandes males que azota nuestra política es la corrupción urbanística, y los desmanes de algunos gobiernos municipales han jugado un papel capital en este contexto. El urbanismo desaforado no ha discriminado entre ideologías, ya que, cuando se habla de convenios, recalificaciones, contratos o adjudicaciones urbanísticas, ningún partido político puede decir aquello de que el que sea inocente que tire la primera piedra. Algunas confesiones religiosas se han beneficiado de la discrecionalidad administrativa, ya que gracias a la misma han conseguido que los ayuntamientos les cedan patrimonio de titularidad pública para fines privados.

Los ayuntamientos pueden entregar suelo o terrenos a las confesiones religiosas utilizando el paraguas del interés general sin tener que dar prácticamente ninguna explicación al respecto. Esto explica por qué Madrid es la única comunidad autónoma en la que existen más centros educativos de titularidad privada –en su mayoría escuelas concertadas con ideario católico– que públicos. La privatización del servicio educativo ha sido factible gracias a la connivencia entre el Gobierno regional y aquellos municipios que han cedido parcelas de suelo destinadas a fines educativos a empresas privadas, con las que posteriormente el Gobierno autonómico ha concertado el servicio educativo. De esta manera, en el suelo público se han construido escuelas que pertenecen a una empresa privada pero que son financiadas con fondos públicos.
La situación de los solares públicos destinados al culto religioso es igual de preocupante. Las confesiones religiosas pueden conseguir suelo para construir sus lugares de culto de diferentes maneras, bien mediante una cesión discrecional de suelo municipal o la concesión del derecho de superficie sobre dicho suelo, bien mediante una permuta, o bien comprando directamente el solar en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la regla general es que, cada vez que se diseña un plan de ordenación urbanística, la Iglesia católica reciba de forma gratuita una o varias parcelas para construir sus iglesias, mientras que los demás grupos religiosos tienen que acudir al mercado libre, pese a la evidente discriminación que esta situación representa.
El convenio suscrito entre la corporación municipal y el Arzobispado de Madrid de 1997 ilustra esta situación, pues a través del mismo, el ayuntamiento cedió de un solo plumazo 41 parcelas a la Iglesia para la construcción de lugares de culto. Todo ello por no hablar de la reciente cesión de 25.000 metros cuadrados al arzobispado en el corazón histórico de la ciudad para la construcción de diversos edificios religiosos, pese al impacto medioambiental que supondrá la eliminación de zonas verdes y de ocio para los madrileños.
Los intereses religiosos no pueden financiarse con el dinero público, ya que se lesiona el principio de laicidad, y esto es lo que ocurre cada vez que los poderes públicos ceden suelo a una confesión religiosa. Pero además, en este caso concreto, los gobernantes están permitiendo que se expolie un patrimonio que pertenece a todos los españoles.


* Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas



* Público - Opinión - 18.03.10

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Baleares: El juez ordena prisión preventiva o 350.000 euros de fianza para Munar

ELPAÍS/Palma* : La Fiscalía Anticorrupción solicitó y el juez ordenó prisión preventiva, eludible con una fianza de 350.000 euros para Maria Antònia Munar, ex presidenta del Parlamento de Baleares, que deberá pagar antes del viernes. También le ha sido retirado el pasaporte. Además, el juez le impuso otra fianza civil, para hacer frente a los daños que haya podido causar, de 2,5 millones. Munar está imputada en el caso maquillaje sobre la presunta financiación ilegal de UM a través del desvío de fondos del Consell de Mallorca, que presidió desde 1995 hasta 2007, alternativamente con los votos del PP y del PSOE.

Munar, que estuvo 30 años en el poder, se derrumbó emocionalmente ayer ante el juez Juan Ignacio López Sola al escuchar la petición de cárcel y la acusación del fiscal Juan Carrau por los delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y electoral. Durante su declaración, de más de tres horas, se declaró inocente. Dijo no tener ninguna relación con la trama ilegal que se investiga y culpó de todo a su antigua mano derecha en el Consell y en UM, el ex consejero de Turismo Miquel Nadal, a quien acusó de "mentir" y querer "congratularse con la fiscalía para hacerle daño político".

Nadal, imputado en éste y otros tres de los siete escándalos judiciales que implican a UM, pactó con los fiscales, se autoinculpó ante el juez y vinculó a su ex protectora Munar en el manejo de 300.000 euros de dinero en efectivo de UM. Nadal detalló que le entregó esta cantidad en su coche oficial para comprar la productora Vídeo U que poseía la televisión local de Mallorca para convertirla en pública. Además de Nadal, tres empresarios del sector audiovisual implicados en el caso acusaron a Munar de estar detrás de la trama. Tras negociar con el fiscal una reducción de pena, confesaron haber recibido los 300.000 euros en 2004, al ejecutar Nadal y Munar y sus testaferros familiares la compra de su productora Vídeo U.

La televisión fue rebautizada como [M], casi un logo de UM, el partido de Munar. Desde las arcas del Consell, la ex presidenta de Parlamento balear y Nadal concedieron a su propia productora y a M cerca de dos millones de euros en subvenciones sospechosas por facturas simuladas y programas no realizados. Además, empresas vinculadas a la televisión contrataron a militantes de UM para la campaña electoral de 2007.

Munar delegó en Nadal cualquier responsabilidad de lo que ante el juez consideró como un "marrón" y un "problema muy gordo" derivado de la compra de Vídeo U. Afirmó que la operación "no ayudó" a su formación y remachó que en la malla clientelar de UM no había "nadie de su confianza". Munar negó que manejara los fondos del partido y aseguró que sólo firmó talones en casos excepcionales. La ex presidenta del Parlamento balear aseguró que el ex propietario de la productora y operador en la trama con Miquel Nadal, Miquel Oliver, era socialista y desveló que el ex presidente balear del PP Jaume Matas decretó su marginación total. A Oliver "ni agua", dijo Matas, según Munar.

Por otra parte, la juez dictó ayer fianza de 100.000 euros para el ex consejero de Turismo Francesc Buils, también de UM, implicado en el caso Voltor, por malversación y cohecho. La misma cantidad tendrán que pagar dos empresarios informáticos de la firma Minser y el promotor inmobiliario y de medios de comunicación Jacinto Farrús, de la confianza de Jaume Matas.




* ELPAIS.com - 18.03.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com

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La Iglesia quería construir garajes en parcelas reservadas para parroquias

ELPAÍS/Madrid* : Los terrenos cedidos por el Ayuntamiento no pueden tener uso lucrativo. Además de cuidar de las almas de los feligreses, los párrocos de las iglesias de Beata Teresa de Calcuta y de Santo Tomás Apóstol ejercían hasta ayer otra función mucho más terrenal. Asumían el papel de vendedores de aparcamientos, preocupándose también por su "calidad de vida", según reza su publicidad. Ante la dificultad de encontrar sitio para dejar el coche, se advierte: "No le des más vueltas, es tu oportunidad".

No faltan algunas técnicas de mercadotecnia más avanzadas. Como crear ansiedad al cliente para que compre rápido: "Se ponen a la venta las últimas plazas disponibles", dice la hoja tipo octavilla de buzoneo.

Después no andan con florituras: un mapa de la zona, el coche (un Renault Scenic), la familia con niño como potenciales clientes y los datos, que van al grano: el precio, las dimensiones de la plaza, la forma de pago... Hasta el número de licencia de la obra. Esas octavillas estaban a disposición de cualquiera en ambas parroquias. Además los curas se habían tomado la molestia de repartirlas por el barrio.

Pero, el frenazo, ayer, fue en seco. Porque en realidad estaban vendiendo humo. Los dos solares a los que pensaban trasladar y construir ambas iglesias-en virtud del convenio de 1997 entre el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), y el arzobispo Antonio María Rouco Varela para la permuta de parcelas- están en régimen de cesión gratuita por 75 años para la edificación de templos y no para usos lucrativos. Por lo tanto, al ser de derecho municipal no se le permitía construir aparcamientos que financiaran la construcción de ambas parroquias.

La pregunta que llevó el concejal socialista Daniel Vicente Viondi ayer a la Comisión de Urbanismo y Vivienda en relación con las parcelas cedidas al arzobispado destapó la caja de los truenos. El edil preguntó por qué el Ayuntamiento había concedido dos licencias urbanísticas donde no estaba permitido su uso lucrativo: una en 2009, en la confluencia de las calles de Campo de la Torre y Minerva (parroquia de Beata Teresa de Calcuta) y otra en 2008, entre las calles de Portugalete y Emilio Ferrari (Santo Tomás Apóstol). Viondi calculó en 3,8 millones netos el beneficio que iba a sacar el Arzobispado de la venta de los garajes en ambas parcelas.

La coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, respondió que el Consistorio había requerido por escrito al Arzobispado que se abstuviera de construir dichos aparcamientos, ya que vulnerarían el convenio firmado en 1997 por Álvarez del Manzano. Añadió que el Ayuntamiento haría una visita a dichas parcelas -en las que no se han comenzado las obras- para comprobar que no se pretende construir aparcamiento alguno y, si las obras hubieran empezado, instar a que se paralicen "automáticamente".

Concluida ya la Comisión, la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, anunció a la salida que el Arzobispado le había comunicado "verbalmente" que, atendiendo el requerimiento del Ayuntamiento, no construirá los dos aparcamientos que tenían previstos. Este periódico intentó ayer sin éxito hablar con el Arzobispado.

Pero queda un importante fleco pendiente. Varios de los futuros compradores habían depositado un adelanto en concepto de señal, según reveló Viondi. En el caso de la iglesia de Beata Teresa de Calcuta, en Vicálvaro, se ofertaban 240 plazas de garaje, en tres niveles, que se localizarían "bajo la nueva ubicación del complejo parroquial". El precio, según la planta, oscilaba entre 27.000 y 30.000 euros, IVA no incluido, por una parcela de 12 metros cuadrados de superficie media aproximada. Había que poner 4.500 euros a la firma del contrato.

"El importe recaudado se destinará a la construcción del complejo", dice la publicidad. Viondi se pregunta por qué el Ayuntamiento se lanzó a conceder las licencias. Sospecha que si no se hubiera denunciado "el garaje habría salido adelante". El Arzobispado "dispone a su antojo y el Ayuntamiento calla. En esta ocasión les ha toreado como ha querido. Ustedes han dado carta de validez jurídica a estos negocios del Arzobispado", dejó dicho el edil en la Comisión.

¿Y qué futuro le esperan a estas dos parcelas si, finalmente, no se construyen las parroquias, porque sin aparcamientos no hay dinero? "Pues que tendrán que devolverlas al Ayuntamiento, como ya pasa con otras", sentencia Viondi.




* ELPAIS.com - 18.03.10
Foto: Madrid, iglesia Sto.Tomás Apóstol - madridiario.es

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El fiscal solicita cuatro años y medio para el alcalde de Alhaurín el Grande, que no dimitirá

SUR/Málaga* : El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel y a diecinueve de inhabilitación por recibir, presuntamente, distintas cantidades de dinero a cambio de facilitar a determinados promotores un aumento de la edificabilidad en sus construcciones en el municipio. Pese a la acusación y petición de cárcel solicitada por la Fiscalía de Málaga contra Martín Serón, el regidor sacó pecho y aseguró ayer que no sólo no va a dimitir, sino que piensa presentarse a las próximas elecciones.

Además del alcalde, la Fiscalía acusa, en el conocido como 'caso Troya', al concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, para el que pide siete años y medio de prisión, y a dos asesores jurídicos municipales y dieciséis promotores para los que solicita penas que suman casi cincuenta años de cárcel.
El Ministerio Público sostiene que al menos desde el año 2002 y hasta 2006 ha venido operando en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande «una trama cuyo objetivo era el enriquecimiento personal e ilícito de ciertas autoridades municipales ofreciendo una mayor edificabilidad a los promotores inmobiliarios a cambio de la oportuna retribución económica». Al frente de esta trama sitúa al concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, «encargado de negociar con los constructores las condiciones urbanísticas y las contrapartidas económicas que debían abonar, en cargándose él mismo de su recaudación», afirma el fiscal en su escrito de calificación provisional.
«Estos hechos eran conocidos por el alcalde, quien permitió la conducta delictiva de su concejal y a cambio de su silencio obtuvo participación en el dinero», añade la acusación pública. De esta manera, Martín Serón registró numerosos ingresos en efectivo en sus cuentas y las de su esposa-que no ha sido acusada-, que ascendieron a un total de 238.785 euros. Además, subraya la adquisición de tres fincas por importe de 16.000 euros; 64.780 euros en efectivo hallados en su casa y 7.000 euros en su despacho.
El exceso de edificabilidad y del número de viviendas con respecto a lo legalmente establecido en el planeamiento urbanístico tenía un precio previamente fijado en el Ayuntamiento de Alhaurín. De esta manera, el metro cuadrado de techo construido de más se cifraba en la cantidad de 80 euros, mientras que la vivienda extra se pagaba a seis mil euros.
Las licencias eran concedidas por el edil de Urbanismo con el visto bueno de los dos asesores jurídicos municipales acusados, pese al informe técnico negativo del arquitecto del Ayuntamiento. De esta manera se habrían otorgado hasta diez licencias de obras, previo pago de distintas cantidades que oscilaron entre 168.000 y 6.000 euros. Las sumas solicitadas y/o percibidas por Guerra ascendieron a 782.445 euros, según la Fiscalía.
Se volverá a presentar
El alcalde de Alhaurín el Grande volvió a defenderse ayer con la misma vehemencia con la que lo ha venido haciendo desde que fue detenido hace tres años, achacándolo todo a un montaje auspiciado por sus rivales políticos. «Hemos ganado una nueva batalla en el 'caso Troya' y estamos totalmente seguros de que vamos a ganar la guerra y este asunto pasará a la historia por ser un caso más de persecución política del PSOE contra gente inocente», manifestó en un comunicado. Martín Serón aseguró que no sólo no va a dimitir, porque tiene «la conciencia tranquila», sino que piensa presentarse a las próximas elecciones municipales de 2011.
En el seno del gobierno local de Alhaurín el Grande destacaron como positivo que la Fiscalía no haya acusado finalmente ni a Serón ni a su esposa ni al dueño de la compañía Conextran, al que se le impuso la «escandalosa» fianza de 100.000 euros, del delito de blanqueo que inicialmente les imputó cuando fueron detenidos.





* SUR - 18.03.10
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es

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Imputados por corrupción un diputado foral y relevantes miembros del PNV alavés

ELCORREO* : Ocho personas fueron detenidas y luego puestas en libertad con cargos, acusadas de cobrar comisiones urbanísticas ilegales. La corrupción golpeó ayer en la línea de flotación del PNV de Álava. Ocho personas vinculadas con el partido, y entre los que destaca Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial y vicepresidente segundo de la Caja Vital, fueron arrestadas ayer por la mañana por la Ertzaintza acusados de un presunto delito de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Pese a que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, decretó el secreto de sumario, fuentes de la investigación, impulsada desde hace meses por la Fiscalía de la Audiencia Provincial a raíz de una denuncia anónima, señalaron a EL CORREO que la acusación se basa en el supuesto cobro de comisiones ilegales derivadas de operaciones de compraventa de terrenos realizadas en el parque tecnológico alavés de Miñano, y que al parecer fueron efectuadas a través de una sociedad llamada Kataia Consulting S.L.
Los detenidos, que estuvieron durante toda la jornada de ayer en dependencias judiciales prestando declaración, fueron puestos en libertad con cargos a primera hora de la noche. No tuvieron que hacer frente a fianza alguna. La conmoción en las filas jeltzales era evidente. El Araba buru batzar (ABB) y la Diputación se convirtieron en un hervidero de rumores, dado el desconocimiento de lo que ocurría y la relevancia de las personas arrestadas, al ser nombres clave en el 'aparato' del partido en el territorio en los últimos años.
A saber: Alfredo de Miguel, el 'hombre fuerte', presente y futuro del PNV en Álava (también es consejero del parque tecnológico); Aitor Tellería, actual burukide del ABB, ex procurador de las Juntas Generales, ex concejal en Vitoria y director del Centro de Empresas e Innovación de Álava (ubicado en Miñano); Alfonso Arriola, gerente del mismo recinto tecnológico entre 2003 y 2007 y actual asesor del Tribunal Vasco de Cuentas; Koldo Otxandiano, gerente del Instituto Foral de Bienestar Social durante el primer año del mandato de Xabier Agirre -presentó su dimisión en julio de 2008-; Jon Iñaki Etxaburu, el más desconocido de todos ellos; Iratxe Gaztelu, candidata al Parlamento por Álava en las elecciones autonómicas (no salió al ir en el puesto 18); Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel, y Araceli Bajo, mujer de Aitor Tellería.
Estas tres mujeres constan como administradoras mancomunadas en Kataia Consulting S.L., empresa ahora investigada, y que fue constituida el 22 de junio de 2005 con el objeto de «asesorar a personas físicas y jurídicas en todos los ámbitos de su actividad». Su sede social se ubica en la sociedad gastronómica Etxezarra, en el número 35 de la calle que lleva el mismo nombre, en el barrio de Zabalgana).
Cese o dimisión
Los registros policiales se sucedieron a lo largo de toda la jornada. Por la mañana, agentes de la Policía autónoma acudieron al Centro de Cálculo de la Diputación -complejo informático de la institución- para recabar información sobre De Miguel, mientras que por la tarde estuvieron en su despacho del Palacio de la Provincia -sede del Ejecutivo- para rastrear su equipo informático y requisar varios aparatos. Los agentes, además, acudieron a los domicilios de los arrestados y a la sede de la calle Etxezarra.
La sorpresa y la desolación entre las filas jeltzales era total. Un sentir expresado con singular indisumulo por el diputado general, Xabier Agirre, que tajante advirtió de que su Gabinete será inflexible ante cualquier irregularidad. «Presunción de inocencia, pero también tolerancia cero, sea quien sea. Estamos aquí como servidores públicos y en este sentido no permito absolutamente nada», apostilló en una declaración pública efectuada a las once de la mañana, apenas dos horas después de conocer los arrestos.
Arropado por su equipo de gobierno -integrado sólo por PNV y EA tras el cese del diputado de Aralar-, Agirre, visiblemente desencajado, reconoció que «no tenía la más repajolera idea» de lo sucedido y admitió que el trago por el que estaba pasando era «muy duro». Pese a todo, no le tembló el pulso al asegurar que si De Miguel sale del juzgado con cargos, como ocurrió, «lo correcto» sería que presentase su dimisión. Por contra, el presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, fue más cauto y abogó por esperar a que se levante el secreto de sumario.
La duda es saber si Agirre cesará a su diputado o esperará a que haya algo de luz sobre un caso que ha dejado muy tocado al PNV.

LOS INVESTIGADOS

ALFREDO DE MIGUEL | DIPUTADO FORAL
A sus 38 años es también vicepresidente segundo de la Caja Vital.
ALFONSO ARRIOLA | ASESOR DEL TCPV
Economista, ocupó entre 2006 y 2009 la dirección del Parque Tecnológico de Álava.
AITOR TELLERÍA | DIRECTOR DE CEIA
Burukide, fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria de 1998 a 2004 y procurador en las Juntas Generales de Álava de 1999 a 2003.
KOLDO OTXANDIANO | EX GERENTE DEL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
Militante del PNV ocupó este cargo desde septiembre de 2007 a julio de 2008, cuando dimitió
IRATXE GAZTELU-URRUTIA | MÉDICO
Natural de Vitoria, es licenciada en Medicina y ocupó el puesto 18 en las elecciones al Parlamento vasco
AINHOA BILBAO LASA | ESPOSA DEL DIPUTADO FORAL ALFREDO DE MIGUEL
Es administradora mancomunada de la sociedad Kataia Consulting SL, cuya sede fue registrada.
JON IÑAKI ETXABURU
Detenido en la operación.
ARACELI BAJO LÓPEZ | ESPOSA DE AITOR TELLERÍA
Es administradora mancomunada de la sociedad Kataia Consulting.




* El Correo - 18.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com

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Los extranjeros protestan para que no derriben sus casas ilegales

LAOPINIÓN/Málaga* : Siempre se les cita pero hasta ahora no se sabía quiénes eran. Ellos se definen como "compradores de buena fe", pero ayer perdieron la paciencia y se concentraron en la plaza de la Marina para exigir una solución a su problema. En cierta manera, se rebelaron contra el sistema. Un millar de extranjeros llegados desde todos los rincones de la provincia se dio cita ayer en la capital para protestar por los abusos urbanísticos convocados por la asociación ´Save Our Homes Axarquía´(SOHA).

En un ambiente festivo, foráneos propietarios de casas irregulares ubicadas en la Axarquía, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental o incluso en diversos rincones de Almería se rebelaron contra la Junta de Andalucía, administración a la que hacen responsable de la situación que atraviesan.
Así lo expuso el presidente de SOHA, el británico Philip Smalley: "Nos sentimos engañados y estafados". ¿Por qué? El caso prototípico es el siguiente: extranjeros que se instalan en diversos puntos de la provincia a principios de la década, compran un terreno y tramitan los permisos en los ayuntamientos, pagando sus tasas y, según creían, con todos los papeles en regla para hacerse una casa. Pero en el último bienio, han recibido inquietantes cartas de la Junta y de los consistorios, en las que se les comunica que sus viviendas están en situación ilegal y habría que plantearse demolerlas. Por ello, se han impugnado sus licencias ante los juzgados.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, no se dejó impresionar por el acto de fuerza, convocado bajo el lema ´Castigad a los culpables, no a las víctimas´. De hecho, pidió "paciencia" a los extranjeros, ingleses y alemanes en un 90%. Y, de paso, les reclamó que "no ejerzan presión". "Hay que buscar soluciones pero sin exigirlas. No caben las leyes de punto final, sino el análisis caso a caso tras un breve inventario de licitaciones de cada municipio", agregó.
SOHA y otras organizaciones afines piden tres cosas en una carta remitida al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán: si se demuele, que los propietarios sean compensados; que se inicie un proceso de regularización de forma inmediata y que se paralice ya la expedición de órdenes de derribo y multas. Mario Blánquez es británico, portavoz de Los Verdes en Alcaucín y miembro de SOHA. Su caso es paradójico –¿un verde hablando de una regularización masiva?–, pero lo defiende con vehemencia: "La gente tiene órdenes de demolición, aun con la documentación en regla y pagando sus impuestos. Calculamos que puede haber más de 50.000 casas en esta situación en Málaga y 200.000 en Andalucía. No estamos a favor de lo que es ilegal, pero nosotros no podemos pagar los platos rotos. Ni sus alcaldes apoyan a la Junta". El problema es que muchos de ellos pueden perder la inversión realizada, cercana o superior a los 600.000 euros en muchos casos.
La intervención más dura fue la de la eurodiputada británica Marta Andreansen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia: "El Gobierno español o resuelve el problema de las irregularidades urbanísticas o se podrían bloquear parte de los fondos europeo destinados a las regiones afectadas".
En España hay 400.000 afectados –incluyendo a algunos nativos–, ya que "tienen órdenes de demolición de sus casas o amenazas de ello con la excusa de que están construidas en terrenos ilegales".
La buena fe se esgrime como defensa ante lo que parece inevitable. Además, ironías del destino, la manifestación se celebró un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara un reglamento de disciplina urbanística que da competencias a los alcaldes para tirar casas en el plazo de un mes, lo que se ha bautizado popularmente como el ´derribo exprés´. Sólo se podrán regularizar las que tengan algún encaje legal; el resto, si nadie lo remedia, se echará abajo. Se endurecen las sanciones y se persigue el beneficio económico del promotor que no haya hecho las cosas bien.

Opiniones

Los alcaldes sonríen cuando se les habla de ´derribo exprés´. La regidora marbellí, Ángeles Muñoz, lo ve bien, pero la Junta, dice, "no ha sido tan diligente en 20 años en lo que respecta a Marbella". Su colega de partido y de comarca, Esperanza Oña –alcaldesa de Fuengirola–, cree que la medida "llega treinta años tarde", mientras que Torremolinos dice que no tiene viviendas ilegales en su territorio. Los socialistas, por su parte, aplauden con entusiasmo, al menos en público, la iniciativa, salvo algunos casos. José Sánchez, regidor de Álora, afirma que se trata de "una barbaridad más de la Junta de Andalucía". Hay de todo, por tanto.
Los alcaldes axárquicos llevan meses pidiendo una salida a su situación, angustiada, desde luego, debido a los numerosos procesos judiciales que soportan. Sin ir más lejos, Espadas se comprometió ayer a desbloquear los planeamientos urbanísticos de los municipios de la comarca más oriental de la provincia. El consejero dice que el plan de choque autonómico está dando sus frutos y habló del intenso trabajo que se ha hecho con los dieciséis municipios afectados, muchos de ellos con medios muy precarios para vigilar sus zonas.
En cuanto al ´derribo exprés´ –en sólo un mes, adiós a su apreciada casa–, la Junta asegura que analizará "caso a caso". No habrá una masiva demolición, pero tampoco una amnistía general similar a la del 77 con los presos políticos. "En caso de que la vivienda ilegal pueda ser reconducida a la ordenación urbanística, el propietario deberá compensar al municipio mediante una aportación económica o la entrega de terrenos", alegó Espadas.
En cuanto a las obras irregulares ya construidas, explicó que "el primer paso es inventariar las casas edificadas fuera de ordenamiento urbanístico y, a continuación, analizar en cada caso el planeamiento urbano y tomar decisiones respecto a las situaciones más delicadas". O sea, que va a tirar únicamente las que no tienen ningún tipo de salvación.
El edil de Urbanismo de Vélez, Salvador Marín (IU), cree que esto es más trabajo para los consistorios. "Se les endosan más responsabilidades a los ayuntamientos de la provincia".
Los que no lo ven nada bien son los ecologistas. Sí hay algo positivo: "Se acelera el proceso", pero también extremos negativos: es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, vienen a decir. "La medida gravita en exceso sobre los ayuntamientos y supone que estas instituciones han mostrado en los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable", dijo ayer Ecologistas en Acción.
En fin, que es un instrumento "insuficiente" y aclaran que ellos preferirían un texto algo más duro: de momento, lo que proponen es quitarles las competencias a todos los municipios sobre el urbanismo, crear un organismo de la Junta que se encargue del ´derribo exprés´ y solicitar más apoyo a la policía.




* La OPinión de Málaga - 18.03.10
Foto: Movilización. Un millar de extranjeros se manifestó ayer por las calles del Centro Histórico para pedir el fin de los abusos urbanísticos. - Carlos Criado, laopiniomdemalaga.es

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La respuesta penal a la corrupción urbanística

UAM/Madrid* : Las recalificaciones, la licencia de las promociones fraudulentas, la inhabilitación, las multas, la demolición de la obra ilegal y el comiso de los beneficios generados en un delito contra la ordenación del territorio son herramientas del derecho penal muy útiles, pero tienen algunas lagunas.
Las recalificaciones
El derecho penal apenas presta atención a uno de sus principales problemas: la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico en contra de los intereses generales y en beneficio de los intereses privados, lo que se conoce como las "recalificaciones" de suelo, de capital importancia porque es un proceso relativamente sencillo que genera mucho dinero.

Hay dos supuestos principales de prevaricación en relación con los planes urbanísticos: construir donde antes estaba prohibido y cambios en el planeamiento con el objetivo de legalizar unas obras que contravenían la legalidad urbanística. Es difícil probar la existencia de una dádiva como la conexión entre los diferentes sujetos activos de cohecho.

La licencia
Lo que más influye es que las infracciones urbanísticas de cierta entidad no suelen carecer de licencia. Lo que suele suceder es que previamente se ha puesto los medios para obtenerla a través de un oportuno cambio en el plan urbanístico y, con ello, del destino y los usos de un suelo concreto, de forma precia o incuso coetánea de la concesión de la licencia, previo acuerdo de la entidad que construye y el representante correspondiente de la Administración local. Y si eso no ocurre así, tampoco es extraño que se legitime posteriormente la ilegalidad sin demasiadas dificultades. Incluso en el caso de que se haya perseguido la ilegalidad y haya una solución que obliga a la demolición de la construcción ilegal también nos encontramos con una situación de generalizado incumplimiento. Esto es especialmente grave, ya que se trata de una situación de desobediencia a las decisiones judiciales, amparada por la propia administración, que no insta a la ejecución efectiva de las mismas. Todo ello fomenta la convicción de una una vez terminada la construcción, sus irregularidades se acabarán viendo siempre legalizadas. Esto es materia de derecho penal, ya que estas conductas están tipificadas como prevaricación y cohecho.

La inhabilitación pública
En virtud de la ley actual pueden cometer un delito tanto promotores, constructores y técnicos-directores, o varias personas que actúan de forma conjunta y organizada. El código penal sanciona tanto a los promotores como a la autoridad o funcionarios por delitos de delito urbanístico y prevaricación, respectivamente, un acierto puesto que tipifica no sólo la conducta de promotores, constructores y técnicos-directores, con penas de prisión e inhabilitación, aunque la redacción de la ley puede ser farragosa y no ayuda a la labor del juez.

288.000 euros de multa como máximo
La pena de inhabilitación es un acierto, pero entre los aspectos negativos hay una intolerable previsión de que la sanción económica se establezca por el sistema de días-multa en vez del sistema de multa proporcional, ya que la cuantía máxima a pagar serán 288.000 euros, cantidad irrisoria comparada con las ganancias que se pueden llegar a obtener mediante un delito urbanístico. Debería ser proporcional estableciendo la cuantía en relación con el valor del objeto del delito o del beneficio reportado. Ésta haría sido la solución más responsable desde el punto de vista político, y habría revelado que el legislador de verdad presentía hacer frente a este tipo de infracciones con los medios con los que cuenta el derecho penal.

La demolición
En el ámbito urbanístico no hay dificultades insalvables, ni técnicas ni legales para abrir la posibilidad de persecución en los delitos de prevaricación y de cohecho. "Es imprescindible que se incremente el interés para perseguir este tipo de infracciones, pero no hay más dificultades. El derecho penal cuenta con más posibilidades para hacer frente a problemas derivados de los atentados contra la ordenación del territorio, en concreto, los relativos a la demolición de obras ilegales. Es endémica inejecución de las de por sí escasas órdenes de demolición dictadas desde lo contencioso-administrativo o lo penal. Se puede tardar más de cinco o diez años en demoler una obra para la que existe orden de demolición y a veces no se hace nunca.

El juez penal se puede ver en una compleja situación antes de dictar la orden de demolición de la construcción ilegal, cuando desde la defensa se alega que no procede decretarla porque ya no es posible o razonable. En ambos casos, el resultado pretendido por los constructores de una suerte de legalización de las construcciones a través de una modificación de los planes urbanísticos para que esas obras ilegales pasan a estar confirme con la legalidad. Es decir, que en un análisis de coste-beneficio, las empresas constructoras y promotoras tienen, por un lado, tanto el coste de la sanción por la infracción urbanística como el coste de la eventual demolición y, por otro, el beneficio que se puede obtener por la venta o explotación de lo edificado. Si se tiene en cuenta la escasa persecución de este tipo de infracciones como la prácticamente nula ejecución de las órdenes de demolición, las posibilidades de obtener el beneficio rayan en la certeza. Si no hay persecución, su coste es asumible.

El comiso
Cuando hay una construcción ilegal, el juez puede ordenar la demolición, pero si por el transcurso del tiempo las necesidades urbanísticas varían y se acaba modificando el plan urbanístico antes de que se dicte sentencia, puede dar lugar a que ya no sea posible o razonable ordenar la demolición. En estos casos, la alternativa a la orden de demolición ha de ser el comiso de los efectos y las ganancias provenientes del delito. La institución del comiso de efectos es un instrumento idóneo para el problema político-criminal que se plantea: cumple con el efecto preventivo-general de evitar el enriquecimiento delictivo, el principal estímulo para la comisión de estos delitos. Además, permite soslayar ciertas eventualidades materiales y procesales que frenan a otra clase de medidas penales, y así no se ve detenida por ciertas declaraciones de exención de responsabilidad criminal y la posibilidad de comiso de la ganancia obtenida por la venta de los inmuebles permite evitar alegaciones como la eventual buena fe- real o ficticia- de los adquirientes de las viviendas.

En cuanto a la cuantía del comiso, las ganancias se han de calcular ateniendo al calor de la construcción: o bien la ganancia obtenida con su venta o transformación menos el valor del suelo en el momento del enjuiciamiento o la venta y lo que exceda el valor del suelo puede considerarse provecho del delito, y si no fuera posible el comiso de las ganancias, se acuerda el comiso de otros bienes por un valor equivalente. El comiso de las ganancias provenientes del suelo es una alternativa para cuando no se puede ordenar razonablemente una demolición, ya que si no se procede al comiso de las ganancias del delito, se corre el peligro de reducir hasta dejar casi anulados los costes que ha de conllevar un atentado contra la ordenación del territorio, de modo que el infractor tan sólo obtendría beneficios.


* Fuente: Urbanismo y corrupción. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ed. Ángel Menéndez Rexach (BOE)



* Expansión - 16.03.10

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La corrupción urbanística sigue saliendo a cuenta

UAM/Madrid* : El urbanismo y la corrupción están indisolublemente unidos y en España es algo todavía generalizado. Sobre todo en el entorno del Gobierno local, la ordenación del territorio sigue siendo un foco de corrupción permanente, lo que hace perder la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede luchar contra este tipo de delicuencia? Hay instrumentos legales suficientes, pero seguirá habiendo delitos mientras no se persigan lo suficiente y cometerlos siga siendo rentable para el infractor.

Los Informes Globales de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional señalaban en 2005 que "ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción". El Informe Global sobre la corrupción en España de 2007, emitido también por esta institución, concluía que "la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes, contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas".

En estos últimos años, no obstante, la situación de la corrupción urbanística ha mejorado, según los índices de la ONG, y en 2009 los ayuntamientos españoles mejoraron sus indicadores de transparencia -79 de los 110 consistorios analizados superaron el aprobado frente a sólo 55 en 2008. Los consistorios mejoraron su transparencia en todas las áreas, incluso en la de urbanismo y obras públicas, donde la nota media ha aumentado en 22 puntos, hasta los 72,2 puntos en 2009, y el año pasado España se situó en el puesto 28 del Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI) tras caer seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.

La multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes

El motivo de esta variación se atribuye, sobre todo, a una menor percepción de la corrupción urbanística. Para el director de la ONG en España, Javier Lizcano, estos delitos “han aflorado” mucho más que años atrás gracias a ”la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”, señaló durante la última presentación del informe.

Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en esta área, señala que el 'boom' inmobiliario a raíz de la liberalización del suelo ha dado lugar a más supuestos de corrupción en el ámbito urbanístico. "El hecho de que haya existido un crecimiento desproporcionado de la construcción en nuestro país ha generado mucho dinero, una parte del cual ha acabado en los bolsillos de autoridades y funcionario públicos de la Administración local en forma de cohecho". Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis económica, "ha contribuido a que el crecimiento urbanístico se haya detenido, lo que sin duda afecta a unos menores índices de corrupción. En casos como éstos, el movimiento de dinero ilegal y con ello, la corrupción, suele desplazarse a otros ámbitos, pero aún es pronto para poder hacer un diagnóstico". Por otro lado, ha aumentado el nivel de persecución de estos supuestos y su repercusión mediática, lo que influye en la percepción de que existe más corrupción.

La clave, perseguir los delitos para poder aplicar la ley
Desde el caso de Marbella, en el que se terminó implicando a casi todos los estamentos del Ayuntamiento y "en el que un juez decidió ir a por todas" y empezó a "tirar de la manta" se ha intensificado la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio", afirma Pozuelo. "Desde Marbella ha habido un efecto dominó", señala la experta. "No es que haya ahora más corrupción, pero sí se persigue más, se da a conocer en los medios y por ello la opinión pública es cada vez más sensible al respecto".

Esto se suma a un avance significativo en la legislación sobre delitos urbanísticos y el mayor empeño de las autoridades públicas para perseguir las mafias del ladrillo, pero sigue habiendo carencias importantes, señala Pozuelo en su informe Urbanismo y Corrupción, que acaba de hacer público la UAM. La corrupción urbanística sigue favoreciendo el enriquecimiento fácil a quienes participan en él, tanto desde la esfera pública como privada. En la administración local, que cuenta con una gran autonomía en urbanismo, "tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, porque de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo con un enorme valor de mercado".

Para Pozuelo, el problema es que estos delitos siguen siendo rentables, sobre todo en el ámbito local, aunque hay tres instrumentos legislativos fundamentales que podrían reducir este tipo de delitos a su mínima expresión: perseguir los delitos de prevaricación y cohecho para sancionar tanto al funcionario como al promotor, elevar las multas y no dilatar en el tiempo las órdenes de demolición y comiso. "Es importante que el delito no salga a cuenta, que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura".

El estudio de esta experta señala que "a menudo, quien otorga las licencias y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio es la misma persona o son muy próximas, lo que abre la puerta a la corrupción". El resultado es la existencia de un enorme margen de impunidad. Y lo que es más grave, el lucrativo fenómeno de la corrupción está también vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos, por lo que cada vez que se destapa un caso de corrupción urbanística la confianza de los ciudadanos de los partidos y en las instituciones democráticas se tambalea.

La implicación de funcionarios suscita un profundo rechazo social
Además, la implicación de los funcionarios y cargos como alcaldes y ediles provoca un profundo rechazo social ya que son representantes públicos que deberían velar por el buen común, por eso la sociedad les condena más y "se carga" contra los que toman las decisiones: "Hay un sentimiento de mayor reproche al hecho de que quien se enriquezca ilícitamente sea un representante público más que el promotor infractor, por otra parte, tan culpable como el primero.

El problema de fondo es que la corrupción local es algo muy antiguo, lleva implícita una especie de resignación que se manifiesta en la expresión de "dar a dedo"... aunque las cosas están cambiando, de momento, sigue haciendo un escenario favorable al delito. Se sabe que 'de facto', se llega a incluir en el presupuesto para una determinada planificación urbanística qué cantidad de dinero se dedica a los sobornos, y quien quiere concurrir honradamente tiene menos oportunidades.

Es importante que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura

A ello se une que para los jueces, además de la ya de por sí complicada instrucción de los casos, es habitual que se den problemas probatorios tanto en los delitos de prevaricación como de cohecho, y también que la instrucción de los casos puede llegar a ser muy compleja. "En los casos en los que el dinero fluye por doquier y no hay transparencia, se crean empresas títere que hacen difícil probar que ha habido dádiva y las dificultades técnicas se suman a todo lo demás", señala Pozuelo.

¿Da respuesta la Justicia?
Es frecuente pensar que la respuesta del derecho administrativo es insuficiente para perseguir estos delitos porque la normativa es enrevesada, lo que dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita y se reducen las posibilidades de sanción, y además las administraciones públicas no cuentan con suficientes recursos preventivos y represivos. Algo, según Pozuelo, "no del todo cierto, puesto que la normativa sí es clara al describir qué comportamientos son punibles, aunque faltarían recursos materiales y humanos para gestionar los delitos, y además no parecen que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas", explica.

"Para responder de forma efectiva a este tipo de delincuencia no existen, en puridad, problemas legales, en el sentido de que deban crearse nuevos delitos o cambiar la respuesta jurídica; ahí están las diferentes formas de prevaricación administrativa y el delito de cohecho. El problema está en la insuficiente persecución de esas infracciones, que se explica porque hay muchos intereses en conflicto, en ocasiones incluso de alto nivel, pues el dinero procedente de la corrupción urbanística ha llegado a financiar ilegalmente partidos políticos", argumenta la profesora de la UAM.

"La norma no es laxa, pero no se aplica"
"La impunidad se explica porque no se persigue suficientemente los supuestos de delincuencia urbanística pese a contar con recursos suficientes para ello. La respuesta al problema no está en modificar la ley y en endurecerla: la solución está en la mayor persecución de esas infracciones. La normativa, siempre mejorable, no es laxa, el problema es que no se aplica. Sólo la certeza de la aplicación de la ley puede dar resultados en materia de prevención de delitos", sentencia.

De hecho, los delitos contra la ordenación del territorio no constituyen el principal problema de la delincuencia urbanística: el núcleo se encuentra en los supuestos de aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias urbanísticas en contra de la normativa vigente y, por último, en el hecho de que prácticamente nunca se proceda a la demolición de las construcciones ilegales, bien porque no se llega a ordenar, bien porque se incumplan las órdenes de demolición. Para todos estos supuestos, los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho pueden dar una respuesta suficiente, sin olvidar la aplicación de la institución del comiso y el cumplimiento de las órdenes de demolición.

Junto a estos instrumentos estrictamente penales, aquellos con los que cuenta el Derecho administrativo también pueden resultar muy útiles: En primer lugar, el efectivo cumplimiento de lo establecido en el 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a los representantes locales a dar cuenta de su patrimonio antes de la toma de posesión del cargo y una vez finalizado su mandato. Si esto se controlara suficientemente, ayudaría mucho a evitar la corrupción urbanística".

El núcleo del problema: la aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias y la no demolición de las obras ilegales

La demolición y el comiso son útiles, pero lo más importante es tomarse en serio la aplicación de la ley. Además, "es muy importante sancionar al cargo público que ha cometido un delito de cohecho, porque como representante de la Administración tiene el deber de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Pero esto no quita importancia a la necesidad de sancionar al constructor que corrompe a la autoridad o funcionario o se deja corromper con él, pues es una pieza absolutamente esencial en la dinámica de la corrupción urbanística. Creo que es muy útil y muy necesario dirigir una respuesta penal a ambos". "Que se investigue y se inspeccione más", pide la experta, ya que disuadirá a los posibles infractores de cometer el delito".

Multas proporcionales, no máximas
Eso sí, Pozuelo cree que la norma todavía no es lo suficientemente eficiente en algunos puntos para evitar que estos delitos sigan "mereciendo la pena" a los infractores. "Es el caso del delito contenido en el art. 319 del Código penal, en el que se sanciona al promotor, constructor o técnico-director que construye o edifica ilegalmente en suelos de especial protección, y en el que la multa se configura conforme al sistema días-multa, lo que beneficia económicamente al infractor. Conforme a este sistema, el máximo a imponer sería una multa de 288.000 euros, lo que resulta ridículo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ganar con este tipo de delito. Es mucho más efectivo el sistema de multa proporcional, que obliga al pago de un múltiplo de las ganancias obtenidas; de este modo ya no resulta tan rentable la infracción.

El hecho de que la demolición de la construcción ilegal no se llegue a ordenar o bien, en caso de que sí haya orden de demolición, ésta no se cumpla, supone una especie de “regalo” al infractor. No pierde nada: existe la alta probabilidad de que no se sancione penalmente su conducta por falta de persecución y, en caso de que sí se haga, no perderá la obra construida, porque la probabilidad de que se produzca la demolición es mínima. "Por esta razón, tanto en este trabajo como, en especial, en uno publicado conjuntamente con otro penalista específicamente sobre la materia, propongo que si ya no resulta posible la demolición, se ha de producir el comiso. Esto significa que al infractor se le decomisarán las ganancias obtenidas con la construcción ilegal. En definitiva, hay dos alternativas: o hay demolición de la obra ilegal o hay comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas con ella", señala la experta en su compendio".

Tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance

Las empresas títere, estratagemas contra la inhabilitación
"Y en lo que se refiere al cumplimiento de la pena de inhabilitación, suele eludirse a través de la técnica de creación de empresas para cada construcción o edificación, que desaparecen una vez que éstas han terminado. Esos costes se eliminarían o al menos se atenuarían si el legislador optara el sistema de multa proporcional y la administración dedicara más medios materiales y humanos para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones penales".

Lo que resulta insostenible, en opinión de Pozuelo "es que el beneficio obtenido o que se vaya a obtener de la realización de un delito quede en manos de infractor, cuando esto no sucede en el resto de infracciones penales. Imaginemos a alguien que sustrae unos bienes ajenos y después los vende, ¿sería razonable que, al margen de la condena por un delito de hurto o de robo, se le permitiera al infractor quedarse con las ganancias obtenidas de la venta de los bienes sustraídos? Pues en el supuesto de los delitos contra la ordenación del territorio el esquema es el mismo: un sujeto sustrae de forma ilícita un aprovechamiento del suelo al construir en un lugar prohibido -suelo no urbanizable de especial protección".

"Si a continuación vende la construcción y obtiene con ello una ganancia", prosigue, "debemos dar exactamente la misma respuesta que al ladrón que vende el botín. Bajo ningún concepto puede admitirse que los beneficios que se deriven de una construcción ilegal, ya procedan de su venta, de su arrendamiento o de cualquier otra modalidad a través de la cual se genere dinero a favor del infractor, puedan enriquecer a quien atenta contra la ordenación del territorio". Por otra parte, es necesario "que no quede impune el incumplimiento de las órdenes de demolición y pueda ser sancionado por delito de desobediencia, pues la no demolición de las obras ilegales obstaculiza enormemente la lucha contra la delincuencia urbanística".


* Informe de la UAM


* Expansión - 16.03.10
Foto: El TSJ de Cantabria anuló el de de abril de 2007 el plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizó a la empresa Fadesa a construir 500 viviendas en el Alto del Cuco, en grandes desmontes que han transformado su ladera sur. En la imagen, vista general de la urbanización situada a unos 15 kilómetros de Santander. EFE/Esteban Cobo

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'Abusos Urbanísticos No' rechaza los subterfugios de la nueva ley

LEVANTE/Valencia* : Abusos Urbanísticos No (AUN) ha elaborado un informe en el que critica y rechaza la reforma de la legislación urbanística propuesta por la Generalitat Valenciana, a la que califica de " compendio de artículos y subterfugios jurídicos". El informe destaca que se sigue primando la actuación discrecional de la Administración y se favorece al agente urbanizador en detrimento de los propietarios del suelo.

Así, en el análisis del Artículo 16 del nuevo texto legal, actualmente en información pública, se insiste en que no ha cambiado "nada" desde la Ley de Reforma de la Actividad Urbanística (LRAU) en relación a la figura del agente urbanizador.
Insisten en que la única intención de agente urbanizador es obtener suelo edificable "con seguridad" y "buen precio" y añaden que hasta ahora se le ha dado "la facultad de actuar como juez y parte. "Sólo podría ser aceptable-añaden en relación al agente- si se tratara de un profesional colegiado que minute la confección del proyecto y la dirección de los trabajos de urbanización sin tener ningún interés añadido en el proceso, es más, teniéndolo prohibido expresamente".
AUN reivindica un redacción el texto que contemple sin generar dudas "ni trampas" el derecho de adjudicación preferente a las Agrupaciones de Interés Urbanístico que ya figuraba en la LRAU. "Al fin y al cabo en cualquier procedimiento de gestión urbanística quien financia y paga el coste total hasta el último céntimo son los propietarios por lo que es de razón que organizados como AIU tengan derecho a la adjudicación preferente.
Rechazan expresamente la alusión -Artículo 18,3- a que el agente urbanizador pueda ser beneficiario de una expropiación realizada por la Administración y proponen que sea ésta la beneficiaria "en los casos de los propietarios que opten por no participar en el programa".
Piden que el informe de Sostenibilidad Ambiental sea obligatorio siempre y que incluya con carácter vinculante el informe sobre suficiencia de recursos hídricos.




* Levante-EMV - 17.03.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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La Junta abre la puerta al ´derribo exprés´ de viviendas

LAOPINIÓN/Málaga* : El ´boom´ del ladrillo tuvo indudables efectos beneficiosos sobre la economía de la provincia, pero dejó consecuencias perniciosas en lo que a ordenación del territorio se refiere. Para poner coto a esa viña sin amo que ha sido el urbanismo salvaje a lo largo de los últimos años, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un reglamento de disciplina urbanística que compendia toda la normativa al respecto y que será puesto a disposición de los municipios, muchos de ellos sin medios personales y materiales para vigilar su entorno natural, aunque dependerá del uso que se le dé por parte de los regidores.

Como medida más innovadora, destaca el llamado ´derribo exprés´ de obras ilegalizables, una medida que permitirá a los municipios iniciar procedimientos de demolición por vía de urgencia para las viviendas sin encaje en ningún recoveco de la ley. El plazo de ejecución será de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente (once meses menos que con el actual procedimiento). La competencia podrá ser ejercida subsidiariamente por la Junta, aunque en este caso la demolición tardaría hasta dos meses.
Veintiséis regidores y ex alcaldes de la provincia están imputados en procedimientos por delitos urbanísticos y otros cinco han sido condenados ya por estos desmanes a penas de cárcel –generalmente inferiores a los dos años– y de inhabilitación. La ex alcaldesa de Cártama Leonor García Agua y el ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas han sido recientemente absueltos también por hechos similares. No en vano, los alcaldes de la Axarquía se han revelado contra el encorsetamiento que, en su opinión, impuso la Ley de Ordenamiento Urbanístico de Andalucía (LOUA) al desarrollo de pequeños municipios.
En total, Málaga acumula más de 27.000 casas ilegales, un problema especialmente sangrante en la Costa del Sol Occidental, en la Axarquía y en el Valle del Guadalhorce.
El reglamento también contempla la legalización de viviendas siempre que con su demolición se cause un daño mayor, como ocurrió en Marbella. Para ello, se elaborará un registro de construcciones ilegales, identificando, "caso a caso", todas estas casas, según explicó el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Como contrapartida, el promotor tendrá que compensar a la ciudad con parcelas o dinero.
En el capítulo sancionador, la principal novedad es la eliminación de la posibilidad de beneficio económico del infractor. Para ello, el texto dispone incrementos en la cuantía de la multa si tanto ésta como el coste de la reposición se sitúan por debajo del lucro ilegalmente obtenido.
El reglamento es especialmente duro en el ámbito de las parcelaciones ilegales, para las que se estipulan sanciones en ningún caso inferiores al 150% del beneficio. Las muy graves conllevan multas de entre 6.000 y 12.000 euros, mientras que las más leves oscilan entre los 600 y los 2.999. Si el infractor acata la resolución, podrá reducir en un 50% la cuantía de la multa.





* La Opinión Málaga - 17.03.10
Foto: Hay numerosas viviendas ilegales en la provincia - laopiniondemalaga.es

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