La justicia obliga a Orpesa a tirar los tres apartamentos Porto Mar

MEDITERRÁNEO/Castellón* : La justicia ha dado finalmente la razón a los denunciantes de una irregularidad en la concesión de la licencia de obras del edificio Porto Mar de Orpesa y este tendrá que ser derribado. El concejal de Urbanismo de la localidad, Tomás Fabregat, explicó que, en una primera instancia, el Ayuntamiento recurrió la denuncia y “los juzgados nos dieron la razón, pero ahora otro juez nos la quita, por lo que se pone de manifiesto la diferente interpretación de las mismas normas”, explicó, apuntando que la licencia se concedió “en base a los informes de los propios técnicos municipales".

El inmueble en cuestión está construido hace aproximadamente un año y medio cerca de la playa de la Concha y consta de tres viviendas, “aunque es de un solo propietario”, aseguró Fabregat. El dueño, precisamente, según el mismo edil, ha presentado al Ayuntamiento el proyecto de demolición del bloque “y aunque no puedo avanzar plazos, estamos seguros que cumplirá con las fechas que se le marquen para tirarlo”. Fabregat también aseguró que no ha llegado a habitar nadie en las viviendas construidas.

La noticia del derribo de Porto Mar llega una semana después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que obliga a derribar el edificio Bernat, con medio centenar de afectados. H




* Mediterráneo - 27.02.10
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com

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El Fiscal abre diligencias por la urbanización del Monte Sacro

LAOPINIÓN/Cartagena : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha abierto diligencias informativas por las obras de urbanización del monte Sacro a raíz de la denuncia presentada por el profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia Javier García del Toro. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, se presentó ayer ante el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díez Manzaneda, quien citó al edil en calidad de testigo para preguntarle todos los detalles relativos a la urbanización del cerro.

Segado, quien acudió a la Fiscalía acompañado por el jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena, Francisco Pagán, y por el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, señaló: "Ha sido una conversación muy cordial en la que he explicado todo el proceso urbanístico desde 1987 hasta la actualidad, así como la concesión de la licencia de obra mayor que data de 2004".

Sin querer entrar en más detalles "por respeto a la investigación judicial", el concejal de Urbanismo recordó que hace una semana el Ayuntamiento envió al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena el expediente del monte Sacro. Posteriormente, el juzgado decidió el sobreseimiento provisional de este caso y derivó la documentación aportada por el Ayuntamiento a la Fiscalía, que por su parte ha abierto diligencias informativas.

"La citación para que acudiese como testigo llegó el lunes o el martes al Ayuntamiento", aclaró Segado, quien añadió que ayer le llevó al fiscal más documentos, como el Plan Especia de Reforma Interior del Monte Sacro y el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOP).

El profesor García del Toro, al saber que el juzgado había archivado la denuncia, manifestó que confiaba en la investigación de la Fiscalía. En su denuncia, el arqueólogo solicita la paralización de las obras de construcción de cuatro torres en el monte Sacro porque considera, al igual que los vecinos y el colectivo Ecologistas en Acción, que esta urbanización es un acto de expolio y degradación del patrimonio de la ciudad.

Según el Real Decreto 3046/1980 del ministerio de Cultura, el Monte Sacro formaba parte del conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Cartagena y dentro de la delimitación de este área figura la Muralla de Tierra. Este es uno de los argumentos esgrimidos por García del Toro y el resto de denunciantes. Por su parte, los vecinos volverán a manifestarse hoy en contra de estas obras. A su vez, el presidente de la Federación Vecinal de Cartagena y Comarca, Leandro Sánchez, se reunirá esta mañana con el fiscal de Medio Ambiente para intentar que detenga las obras.




* La Opinión Murcia - 26.02.10
Foto: El profesor Javier García del Toro, en primer plano, durante una de las protestas contra la urbanización del Monte Sacro - JAVIER CONESA, laopiniondemurcia.es

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Más leña al fuego: España construye el doble de viviendas que vende

ELCONFIDENCIAL* : La distancia entre oferta y demanda de viviendas se ensanchó un poco más en 2009. O dicho en términos más directos: el stock de viviendas sin vender continúa creciendo de forma importante en medio de la mayor crisis del ladrillo a lo largo de más de medio siglo. Los datos los dio ayer el Ministerio de Fomento, y reflejan que el año pasado se concedieron 387.075 certificaciones de fin de obra. Por el contrario, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado la compraventa de viviendas nuevas ascendió únicamente a 220.633 pisos. Es decir, que el mercado tendrá que absorber otras 166.442 viviendas ya terminadas que buscan comprador.

La cifra de viviendas terminadas es la más baja desde el año 2001, pero continúa siendo muy elevada respecto de la demanda real debido al tiempo que transcurre entre el inicio y el final de una obra. Muchas de las viviendas con certificado de fin de obra en 2009 comenzaron a construirse en 2007 o, incluso, los primeros meses de 2008, cuando la crisis del ‘ladrillo’ comenzaba a manifestarse de forma intensa. Pese a que la crisis era evidente, los promotores inmobiliarios continuaron adelante con las obras como mal menor.

La consecuencia de esta estrategia -en algunos casos se trata de una verdadera fuga hacia adelante- no puede ser otra que un aumento relevante en el stock de viviendas sin vender. Hasta el punto de que es probable que existan ya en estos momentos más de 1,2 millones de viviendas sin comprador, un parque residencial equivalente al que existe hoy en la ciudad de Madrid. Recientemente, el Servicio de Estudios del BBVA estimó que el número de pisos sin vender se situaba en 1,1 millones, a los que habría añadir los 166.000 pisos nuevos con certificado de fin de obra entregado a lo largo de 2009. El propio BBVA ha estimado que la absorción de esta sobreoferta sólo podrá materializarse “a partir de principios de 2010 y seguirá empujando los precios a la baja durante todo 2010 y 2011”.

Creación de nuevos hogares

El Ministerio de la Vivienda ha rebajado el stock a cerca de 700.000 viviendas, en cualquier caso una cifra que tardará años en absorberse debido a que la creación de nuevos hogares (la variable fundamental) ha caído por la crisis. El año pasado se crearon 225.500 hogares, según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando en la fase expansiva del ciclo económico se llegaron a sobrepasar ampliamente los 300.000. La patronal de los promotores inmobiliarios, por su parte, ha elevado el número de pisos sin vender a unos 750.000.

Para hacerse una idea de lo que significa el parón del sector de la construcción, hay que tener en cuenta que en 2009 el número de visados de dirección de obra nueva ascendió a 110.849 viviendas, la cifra más baja desde que se tienen series históricas. De ese número, la cuarta parte son viviendas unifamiliares. La cifra es, incluso, inferior a los registros de los años 70, cuando la población española era sensiblemente inferior a la actual. Sólo hay que tener en cuenta que hace apenas tres años, en 2006, el número de visados alcanzó una cifra histórica que tardará años en superarse. Ese año se concedieron nada menos que 865.561 visados de dirección de obra. Si se incluyen los visados de reformas y restauraciones, se llegaría a un increíble número de 911.568.

Esa cifra, sin embargo, nunca se llegó a ejecutar en su totalidad, ya que una cosa es pedir el visado y otra muy distinta finalizar las obras, lo que explica que ese año el número de certificaciones de fin de obra se situara en 585.583. Es decir, que la construcción de unas 280.000 viviendas se quedó por el camino. Sólo existieron sobre los planos de los arquitectos.

El año en que se concedieron más certificaciones de fin de obra (las efectivamente construidas) fue 2007, cuando, según datos del Ministerio de Fomento, se concluyeron 641.419 viviendas, dato que marca un hito en la historia del sector de la construcción. Se trata de una cifra que representa casi el doble de los pisos que se acabaron en el año 2000, al comienzo del boom del ladrillo. Ese año, se entregaron 366.776 certificados de fin de obra, una cifra similar a la del ejercicio pasado. Las diferencia, sin embargo, radica en el stock de viviendas sin vender, que ha alcanzado el año 2009 cotas históricas.

La caída en la actividad inmobiliaria es tan acusada que en una ciudad como Málaga, con más de 550.000 habitantes y con un indudable influjo turístico e inversor, se concedieron el año pasado visados de obras para construir únicamente 808 viviendas, cuando en 2003 se llegaron a dar licencias para levantar 7.544 pisos. El caso de Madrid capital es, igualmente, signficativo. El año pasado se entregaron visados de dirección de obras para construir 3.375 viviendas, a años luz de los 35.286 concedidos en 2003. Prácticamente la décima parte.




* El Confidencial - 26.02.10
Foto: Imagen de archivo de un edificio de viviendas con precios de oferta (Efe).

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Hay 500 pueblos a la venta, y al precio de un piso

20MINUTOS* : Comprar un pueblo entero por menos de lo que vale un piso. Con esta atractiva consigna, los promotores inmobiliarios intentan abrir un canal novedoso en el sector. Hay más de 500 aldeas en estas condiciones. El pueblo de Lacasta, en la provincia de Zaragoza, es el precedente más conocido de este tipo de transacciones. Se puso en venta hace dos años por 189.000 euros y tuvo un gran impacto mediático. Y, como éste, ha habido otros, incluso más económicos.

Para muestra, Oteruelo de Ocón, en La Rioja, donde se ofrecían once edificaciones del casco urbano y 5.000 metros cuadrados de terreno a cambio de 176.000 euros.

La oferta parece tan buena que lleva a preguntarse si es real o, al menos, dónde está el truco.

Cualquier núcleo de población, aunque esté deshabitado, se compone de bienes privados y públicos. Es posible comprar varios inmuebles en una aldea, incluso comprarlos todos, pero siempre habrá zonas de carácter público con jurisdicción municipal, autonómica o estatal. Y ésas no están en venta.

Es posible comprar todos los inmuebles de una aldea, pero siempre hay zonas de carácter público que no se venden

Perfiles de comprador

Entre los perfiles habituales de comprador destacan los inversores inmobiliarios y los particulares con un proyecto concreto de negocio. Los primeros centran su interés en la compraventa: adquieren por separado un buen número de propiedades y, después, las venden como un paquete urbanístico

Los particulares, por el contrario, se sienten atraídos por el conjunto y sus posibilidades. Orientan sus expectativas al sector turístico o a los proyectos sociales y ecológicos, como las comunidades naturistas, los huertos orgánicos, los balnearios y casas rurales o los centros de meditación. El agroturismo está de moda y las propuestas rurales "antiestrés" funcionan.

Entre los perfiles más usuales de comprador destacan los inversores inmobiliarios y los particulares con un proyecto concreto de negocioUn ejemplo muy conocido y próximo -aunque fuera de las fronteras-, es el del prestigioso chef Alain Ducasse, quien adquirió un pequeño conjunto urbano en Bidarray (Francia) y reconstruyó todos los inmuebles para fundar allí mismo un hotel. Desde entonces, las antiguas casas funcionan como alojamiento y una de ellas, la más grande, como recepción y restaurante. Proyectos como éste son viables, pero requieren mucho dinero.

Otras personas interesadas en comprar son quienes tienen un gran poder adquisitivo, encuentran un pueblo abandonado que les gusta y deciden reconstruir sus edificios para uso personal, no lucrativo.

Por otra parte, muchas veces son los propios vecinos o ex vecinos de una aldea quienes empiezan a comprar algunas casas y acaban convertidos en los únicos dueños. Este caso es frecuente y no pasa tanto por el dinero como por la parte afectiva: los antiguos moradores de un pueblo intentan así evitar que desaparezca.

Ventajas y desventajas

Por el mismo dinero que cuesta un piso de tamaño medio en la ciudad, pueden adquirirse varios inmuebles de mayores dimensiones e, incluso, restaurar uno de ellos para transformarlo en un hogar. Más espacio, más terrenos, calidad de vida en un entorno natural y, además, la posibilidad de encontrarle una salida comercial.

No es tan fácil, sin embargo, resumir las contraprestaciones. Como primera cuestión, hay que tener en cuenta que la mayoría tiene problemas de accesibilidad: quedan lejos de otros núcleos urbanos o los caminos para llegar hasta el lugar son malos. A su vez, muchos pueblos abandonados se encuentran reducidos a escombros.

Los pueblos abandonados rara vez cuentan con suministros eléctricos o tienen servicio de saneamiento Los pueblos abandonados rara vez disponen de suministros eléctricos o servicio de saneamiento, ya sea porque quedaron deshabitados o porque nunca los tuvieron. Tampoco hay conexión a la red telefónica y, por su ubicación, los móviles no siempre tienen buena cobertura.

Los ayuntamientos, por ley, están obligados a brindar ciertos servicios, como el cableado eléctrico y el alcantarillado, por lo que habrá que dirigirse al consistorio responsable y concretar sus obligaciones. A partir de ahí, será responsabilidad del propietario continuar con la conectividad y las obras.

La excepción a esta regla se da cuando los ayuntamientos tienen especial interés en revitalizar una zona. Puede ocurrir que el enclave en cuestión tenga posibilidades de progreso y beneficio colectivo si se aúnan los recursos privados y públicos.

Consejos útiles en la elección

* En primer lugar, averiguar cuáles son las aldeas abandonadas y dónde se encuentran. La ubicación, las condiciones climatológicas y orográficas, así como la facilidad de acceso.

* Una vez seleccionados los posibles candidatos, lo siguiente será conocer cuáles son los bienes privados que lo componen, y se pueden comprar, y a quiénes pertenecen. Esta información puede solicitarse en la Oficina de Catastro, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.

* Antes de contactar con los propietarios para saber si están interesados en vender sus inmuebles y terrenos, es muy importante dirigirse al ayuntamiento correspondiente para saber cuáles son las posibilidades reales de abastecer al pueblo de los servicios básicos, qué trámites hay que hacer, cuánto tiempo tardaría la gestión y evaluar qué coste tendría.




* 20 Minutos - 26.02.10
Foto: Lacasta es el pueblo abandonado y vendido más conocido - 20minutos.es

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Vigo: El Tribunal Superior reclama al Concello que ejecute la sentencia que anuló el plan urbanístico Sensat

LAVOZDEGALICIA* : El Concello vigués tiene que ejecutar con rapidez la sentencia del Tribunal Supremo que hace algo más de un año anuló el plan urbanístico Sensat, en Alcabre, en el que se encuentra el hotel Los Escudos, el edificio anexo del centro hotelero, una batería de viviendas unifamiliares y un inmueble con 113 pisos. Tras un largo pleito que se inició a finales de los años noventa el Supremo confirmó la anulación del plan en diciembre de 2008.

La causa de este varapalo judicial para el Concello fue un motivo formal, concretamente la no publicación de la ficha de la unidad de actuación Sensat, que considera una verdadera norma del Plan Xeral entonces vigente. Aunque existían otros motivos para la demanda, al no ejecutarse la publicación los jueces decidieron la anulación sin entrar en el fondo del asunto.

Ahora, pasado unos meses, el Concello acaba de recibir una resolución de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativa del Tribunal Superior para que «proceda a ejecutar en debida forma la sentencia del presente proceso». A fin de que el asunto no quede olvidado en el Concello reclama igualmente que «en el plazo de un mes se informe a esta sala de las medidas adoptadas en orden a tal ejecución, indicando quien es el funcionario encargado de la ejecución de la sentencia».

Las fuentes consultadas consideran que dicha ejecución consistiría en retrotraer el proceso administrativo al momento de la publicación de la ficha del anterior Plan Xeral. El problema que puede plantearse es que los inmuebles construidos en dicho ámbito con seguridad incumplirán normas legales que han entrado en vigor en la última década. Este hecho puede dificultar el cumplimiento del fallo judicial y añadir un nuevo quebradero de cabeza a los responsables del urbanismo municipal.

En el ámbito afectado existía entonces un pazo protegido, que contaba con una finca que llegaba hasta el mar. A cambio de la cesión de la finca el Concello autorizó la construcción de un edificio que junto al remozado pazo constituye actualmente el hotel Los Escudos, el único de cinco estrellas existente en la ciudad. También se autorizó la edificación de un inmueble de 113 viviendas y una urbanización de viviendas unifamiliares.

La reclamación contra este proyecto urbanístico fue presentada por Eduardo Canabal, un particular que se ha dado a conocer por la presentación de numerosas demandas. Algunas de ellas han colocado en la ilegalidad importantes proyectos urbanísticos que contaban con licencia municipal.





* La Voz de Galicia - 26.02.10
Foto: El hotel Los Escudos y el edificio de pisos están afectados por el fallo - lavozdegalicia.es

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Madrid: Las chabolas se dispersan por la región en nuevos micropoblados

20MINUTOS* : Cuando se destruye un hormiguero, las hormigas no desaparecen sin más, sino que se desperdigan y crean nuevas colonias. Algo similar, salvando todas las distancias, está ocurriendo con los poblados chabolistas en Madrid. Sobre el papel, los planes de erradicación del chabolismo (dirigidos por la Comunidad y los ayuntamientos, principalmente el de la capital) se encargan de derribar los grandes poblados y realojar a sus habitantes en viviendas salubres.

Sin embargo, en la práctica no todos consiguen una nueva casa, con lo que se quedan a la intemperie y sólo tienen la opción de construirse una nueva chabola en otro punto.

Este fenómeno está provocando una dispersión de los chabolistas por el territorio regional y el surgimiento de nuevos microasentamientos con cinco familias como máximo. Actualmente hay 8 grandes poblados en la región (sin contar la Cañada Real), frente a 23 pequeños núcleos, según el censo del Instituto de Realojo e Inserción Social (Iris), de la Consejería de Vivienda. En total hay 900 chabolas en la comunidad.

Patrulla de chabolas

"El plan de desalojos no tiene sentido si no se evita que reaparezcan las chabolas. Se tolera la construcción de pequeños asentamiento", explica la portavoz de Servicios Sociales de IU en Madrid, Milagros Hernández. El área municipal de Urbanismo reconoce que "no se realiza un censo de asentamientos", ya que ésa es tarea del Iris. Este organismo dispone de un grupo de inspectores (el Siviris) que patrulla los núcleos para contabilizar a los chabolistas. El plan de desalojos no tiene sentido si no se evita que reaparezcan las chabolas

La mayoría de microasentamientos surgen en el norte, en los distritos madrileños de Fuencarral y Hortaleza, y en el Corredor de Henares. Mientras, los grandes poblados, como la Cañada Real o Las Mimbreras, se extienden por el sur de la capital.

Los vecinos conviven sin problemas con los pequeños poblados. "Son pocas familias, no generan molestias y están alejados de las viviendas, en descampados o zonas industriales", explica el portavoz de Urbanismo de la Fravm, Vicente Pérez. "Si pierden su vivienda, en algún lugar tendrán que vivir, ¿no? El problema es que se descontrolen y crezcan", concluye Mariano Manjavacas, de la plataforma vecinal de Vallecas.

"Si te echan, te vas a otro lado"

M.ª Jesús y su familia se han hecho una nueva casa en el Cabezón (Fuencarral). Mientras, a San Fernando acaba de llegar un grupo de rumanos. En plena Nochebuena, M.ª Jesús y sus 12 hijos, de etnia gitana, fueron desalojados de la vivienda que ocupaban en Fuencarral. En menos de dos días volvieron a levantar una casa con tablas, chapas y plásticos en la calle Antonio Cabezón. "Si te echan de un sitio, pues te vas a otro. No tenemos casa fija, ¡pero anda que no hay campo!", dice Lola, una de las hijas. Nos tiran y a empezar de nuevo... así es nuestra vida

"Nos tiran y a empezar de nuevo... así es nuestra vida", se lamenta M.ª Jesús, acostumbrada a vivir con la casa a cuestas. Pronto se volverá a mudar: la prolongación de la Castellana pasará sobre los terrenos de su casa provisional.

Veinte metros más abajo, junto a un polígono, se levanta otro pequeño asentamiento. "Son gitanos extremeños, buena gente, no dan problemas", explica un trabajador de una fábrica cercana. "Los chungos son los otros, los rumanos de arriba", añade. Se refiere a otro micropoblado surgido en la otra punta del descampado. "No paran de llegar y nos tienen a todos agobiados", explica una vecina. Los chungos son los otros, los rumanos de arriba

También acuden rumanos a La Fuentecilla (San Fernando), junto al antiguo poblado de Las Castellanas. "Llevamos aquí nueve meses. Hace poco estábamos solos, ahora somos 20 familias", dice Gervase. Éste es un ejemplo de que los pequeños núcleos se convierten en grandes focos si no hay control.

Junto a una casa en ruinas, este grupo de rumanos (y albaneses y marroquíes) han creado su submundo. No confían en los extraños, les cuesta abrirse y echan a los visitantes bajo amenazas. Nada que ver con los gitanos españoles, como Esther, que resiste en Las Castellanas pero desea otra vida: "Sólo quiero que mis hijos no sean como yo, que se eduquen como los payos y salgan a flote, salir de la chabola, vivir en una barriada... Quizá mis nietos tendrán mejor suerte".




* 20 Minutos - 26.02.10
Foto: Núcleo chabolista de La Fuentecilla (San Fernando). -JORGE PARÍS - 20minutos.es

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Andalucía: Más de mil 'puntos negros' por riesgo de inundación en 400 municipios

DIARIODESEVILLA*: El mapa de la Junta que alerta de las zonas inundables no satisface al Defensor del Pueblo, que culpa a las administraciones de permisividad en la ordenación del territorio. La Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, detectó en octubre de 2007 un total de 1.099 puntos de riesgo por inundaciones en tramos urbanos que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de alta peligrosidad al estar en juego vidas humanas.

Este mapa es uno de los instrumentos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de 2002 y delimita las zonas inundables en los puntos más conflictivos y con mayor actividad urbanizadora. Tanto el Acuerdo Andaluz por el Agua del año pasado como el borrador de la futura Ley de Aguas urgen a la actualización tanto del plan como del mapa. Para ello, se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías (Red Lidar) para identificar zonas inundables, no sólo de conjuntos de municipios, sino subcuencas enteras empezando por las de Guadiaro, Guadalete y Barbate. El horizonte de finalización de los trabajos estimado es 2015.

Pero con el diagnóstico inicial ya realizado, hay instituciones, como la del Defensor del Pueblo andaluz, que consideran que esos estudios deberían haber servido para algo más en materia de prevención. "Estos trabajos de científicos no se han incorporado al planeamiento de los municipios, donde se ha permitido la edificación de viviendas ilegales con la pasividad de las autoridades. Ahora vienen avenidas de agua e incluso pueden hacer de pantalla y perjudicar a las que están legalmente construidas", comentó ayer un portavoz de la institución a esta redacción. De hecho, no hay pronunciamiento sobre las posibles indemnizaciones a los propietarios de viviendas que en su día se construyeron sin control sobre llanuras, arroyos, zonas próximas a montes y donde ahora circulan con natural lógica las correntías de aguas. "No adelantamos acontecimientos", dijo el miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, preguntado al respecto.

En un repaso del trabajo del Defensor del Pueblo en los últimos 15 años, sobresalen decenas de quejas por inundaciones o avenidas de agua que provocaron actuaciones urbanísticas o diversas infraestructuras, con las consiguientes pérdidas materiales e, incluso, desgracias personales.

Se investigaron las inundaciones a finales de 1996 en Andújar, ahora de nuevo en alerta, por el continuo desbordamiento del Guadalquivir, que incluso registró la pérdida de una vida humana. El Gobierno, al que llegó el PP, y la Junta se cruzaron "graves" acusaciones sobre a quién correspondía la responsabilidad, recoge aquel informe anual. En 1998 se publicó la formulación del Plan de Prevención, que no llegó a aprobarse hasta 2002 y cada año el Defensor preguntó.

La institución investigó el desarrollo urbanístico de Rincón de la Victoria tras la catástrofe de marzo de 2004. Y tras las graves inundaciones de Almuñécar a finales de 2007, el Defensor del Pueblo hizo un análisis exhaustivo, que sirve de recopilatorio de esos 15 años, de la ocupación de las zonas inundables por parte de las actuaciones urbanísticas, una de las causantes de las inundaciones.

José Chamizo no dudó en responsabilizar a la Junta de las omisiones en la tutela del territorio tras 25 años de gobierno, entonces .

En una resolución que este periódico publicó en octubre de 2008, el Defensor achacó a la inacción de la Junta el aumento de zonas inundables y consideró que la situación creada es fruto de las omisiones en la tutela del territorio "de aquellas administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras".

La Agencia Andaluza del Agua, dirigida ahora por Juan Paniagua, llegó a responder que el riesgo de inundaciones no se agravaría por la disminución del crecimiento urbanístico debido a la crisis, lo que se aprovecharía para "planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo".

El Defensor del Pueblo andaluz difirió de que la construcción en zonas inundables tenga que ver con la coyuntura económica y culpó a las administraciones públicas. En especial, llamó la atención sobre la Junta de Andalucía, "que posee competencia exclusiva desde la aprobación de su Estatuto en 1981 de la política territorial y el urbanismo". "Con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de Almuñécar y de otros de la comunidad no debió aprobarse", expone el Defensor.

Chamizo reclamó además que se actualice el mapa de riesgos al advertir las experiencias recientes que "no están valorados en su totalidad o debidamente" los escasos 1.099 puntos negros. También el plan de prevención: "No nos cabe ninguna duda de que cuando se formuló este plan, se pudieron hacer unos análisis rigurosos de riesgos y elaborar propuestas de medidas para evitarlos", asegura Chamizo.

La Agencia Andaluza del Agua se excusó a requerimiento de esta redacción de informar sobre las actualización del mapa de riesgo de inundaciones y sobre las inversiones ejecutadas desde la advertencia del Defensor. Expusieron que los técnicos se encuentran trabajando en las emergencias. "Se nos está inundando Andalucía", comentó un portavoz de la Agencia.





* Diario de Sevilla - 26.02.10
Foto: Sevilla, inundaciones - elpais.com

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Gijón: Ante el PGO: democracia sí, participación no

MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Finalizó el período de "Información Pública", la fase previa del proceso para la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón que se expuso a la opinión de los ciudadanos mediante lo que técnicamente se denomina "Documento de Prioridades". Ante algo tan complejo como es la planificación y la ordenación de un municipio de 280.000 habitantes y 182 km2, resulta que en sólo 40 días los ciudadanos han tenido que "estudiar" la documentación del nuevo Plan "definido" en un documento de 144 páginas y tres planos con los que pretenden configurar el futuro del municipio, tanto el urbano como el rural. Aunque parece que todo está en orden y que se ha seguido un cuidadoso proceso no ha sido así, como no lo fue en el Plan anterior anulado porque sólo se cumplió con lo superficial de la legalidad.

Lo que ahora se ha sometido a información pública se da ya como irreversible. Es decir, no se plantea cómo queremos que sea la zona urbana, la rural y sus núcleos, las áreas industriales y las de servicios. Porque si de verdad se pretendiera cumplir con la legalidad habría que reconocer el derecho de los ciudadanos a “participar efectivamente” en los procedimientos de elaboración y de ordenación del territorio como así recoge la Ley del Suelo. Es decir, no ha habido ninguna participación en lo ahora sometido a información pública. Es más, el Plan que ahora se pretende “sacar” es una revisión del anterior y guarda en su gestación alguna de sus corruptelas.

Los redactores del plan definen cómo ha de ser este modelo que ya lo dan por hecho y, además, sólo se ofrece la posibilidad de elegir entre tres variantes pero que, esencialmente, son las mismas porque en poco o en nada difieren. Así es que la posible respuesta queda reducida a decir amén.

Pero conviene no olvidar que el pasado verano el TSJA anuló el anterior PGO porque, aparte de los graves defectos en la forma y en el fondo y que ahora se están repitiendo ya desde el inicio, no se contó para nada con la participación ni con el consenso de los ciudadanos, porque no sólo se escamoteó a la opinión pública, sino que incluso todo discurrió con la oposición explícita y expresada en las tres marchas verdes que congregaron a miles de ciudadanos. Pero, aún así, como todo siguió adelante acabó siendo anulado y, ahora, vuelta a empezar pero, una vez más, con el mismo planteamiento aunque agravado por las circunstancias sociales y económicas mucho más complicadas ahora para los ciudadanos y de cuya situación no es ajena la política económica "impuesta" cuando se apuesta por emplear la mayoría de los recursos en la construcción, la recalificación y, en definitiva, para tirar por una economía de especulación con ningún contenido social conocido.

En Gijón hay 20.000 pisos vacíos, miles de bajos comerciales, sin uso, de los que algunos o muchos podrían ser rehabilitados para vivienda, miles de antiguas viviendas que también podrían ser remodeladas, pero no, como consideran que este patrimonio no es suficiente equipamiento, la opción que ahora dan los promotores del nuevo PGO se concreta en tres alternativas (0, 1 y 2) para las que prevén construir respectivamente 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que se sumarían a todos los inmuebles mencionados que están improductivos.

El Documento de Prioridades del Plan sacado a información pública, omite actuaciones tan importantes y con tanto impacto medioambiental como puede ser la incineradora, la regasificadora, la ampliación del puerto y otras grandes obras que después no podrán ser ejecutadas como si fueran simples “modificaciones” cuando en realidad son “revisiones”. Porque un PGO puede admitir “modificaciones” pero nunca “revisiones” ya que darían lugar a su anulación como así sentenció el TSJA anulando el anterior Plan.

Construir más o hacer algo que no se va a utilizar no ofrece más ventajas ni crea más empleo que abrir una zanja para después volver a taparla. La única diferencia es saber en cual de los dos sinsentidos se puede ganar más, hacer más negocio, no otra cosa. Aunque la cuestión es un poco más complicada, y al mismo tiempo simple, Gijón, es un municipio con 28.000 parados, y en aumento, que no puede esperar a que cualquiera de las tres propuestas, que requieren ingentes recursos, sirva para que éstos generen a su vez una espiral de inversiones provechosas en el sentido de que vayan hacia una economía justificable y sostenible. El Plan ahora propuesto es volver de nuevo a otra burbuja que se sumaría a la todavía existente.

Lo mismo que en el anterior PGO anulado, se vuelve a repetir ahora, de modo oficial y oficioso, que estamos ante un período de "sugerencias" y negando reiteradamente que sean "alegaciones" cuando en el primer caso, las “sugerencias” tendrían la papelera municipal como destino, mientras que contrariamente, en el segundo caso, las “alegaciones” ha de ser contestadas razonadamente por los redactores del Plan. Esto no es opinable porque la Ley del Suelo (RDL 2/2008) reconoce el derecho de los ciudadanos a "participar" en la ordenación del territorio, en la ejecución urbanística y, también reconoce, el derecho a la "formulación de alegaciones" y a “obtener de la Administración una respuesta motivada". La "participación" se ha escamoteado y se pretendió negar el derecho a presentar “alegaciones”. Similares derechos también se recogen en la Ley de Ordenación del Territorio de Asturias (DL 1/2004).

Como vemos, en ambas leyes y en alguna más, todo ello viene reconocido explícitamente, como un derecho de los ciudadanos exactamente en los términos citados. Y, por ello, esto es algo muy grave y nada superfluo, porque mantener e insistir ahora en lo contrario supone una buena dosis de dolo por parte de los responsables de la revisión del Plan. Primero han negado la participación en la revisión del Plan y ahora se pretende tergiversar el contenido de las “alegaciones” dejándolas en piadosas “sugerencias”.


* www.asturbulla.org



* Rebelión - Opinión - 25.02.10

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El TC falla que no cabe suspender derribos por futuras legalizaciones

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística que legalizarían lo construido. El Constitucional se pronuncia así en una sentencia sobre una construcción de Siero (Asturias) que puede tener repercusión sobre la veintena de urbanizaciones que han recibido orden de derribo en los últimos años en Cantabria y también sobre el Plan del Gobierno para intentar legalizarlas.

En el caso que examina el Alto Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) había decidido suspender la ejecución de una sentencia de derribo dictada en 2001 contra una vivienda porque el Ayuntamiento de Siero le había informado de que estaba tramitando una reforma de su PLan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podía legalizarla. En ese caso, el TSJPA entendió que, aunque la sentencia había sido declarada firme por el Supremo, convenía otorgarse «un plazo prudencial» para examinar si la situación legal de esa vivienda podía cambiar con la futura reforma del PGOU de Siero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que esa medida vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de quien denunció una irregularidad urbanística, obtuvo una sentencia que le dio la razón en sus planteamientos y pidió que se hiciera cumplir.
El TC admite que una modificación normativa sobrevenida puede ser causa para examinar si una sentencia se ha convertido en «inejecutable» por haber cambiado las normas por las que se rigió el litigio, pero no acepta suspender una ejecución por meras expectativas de futuro.
«Suspender la demolición acordada en sentencia firme en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística que, eventualmente, la legalizará, supone una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos», razona el magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps, ponente de la decisión del Tribunal.
Esta sentencia del Constitucional puede tener repercusión sobre la situación de la veintena de urbanizaciones de Cantabria que han recibido sentencias de derribo en los últimos años. Aunque el Gobierno de Cantabria ha presentado un plan de reformas urbanísticas destinado a legalizar la mayoría de esas urbanizaciones, hasta la fecha el TSJC ha negado validez jurídica a sus propuestas en todas las ocasiones en las que ha tenido oportunidad de examinarlas.




* El Diario Montañés - 25.02.10
Foto: Argoños - eldiariomontanes.es

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Miranda: El TSJ ratifica la anulación del uso excepcional de suelo rústico para el crematorio

ELCORREODEBURGOS* : Después de un largo viaje por los tribunales, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación de vecinos de El Crucero contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que en 2006 dieron vía libre a la ampliación del tanatorio y la consiguiente instalación del crematorio ha salido adelante.

Y es que, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de dar la razón a los vecinos, desestimando el recurso de apelación planteado por el Ayuntamiento y Servicios Funerarios de Miranda contra la sentencia emitida al respecto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos el pasado mes de septiembre y anulando los mencionados acuerdos de la Junta de Gobierno.

En aquel entonces, la sala planteaba que "no concurren los requisitos exigidos legalmente para acordar la autorización de uso excepcional del suelo rústico de especial protección agropecuaria" sobre el que en su día se levantó la ampliación del tanatorio. En este sentido, se subrayaba que la parcela en cuestión es de 9.122 metros cuadrados, cuando la normativa especifica que la superficie mínima debe ser de 20.000 metros cuadrados. Así, y a pesar de que existen ciertas excepciones a esta norma, el Juzgado señalaba que los informes técnicos correspondientes no hacen referencia alguna a la justificación que permita saltarse la normativa.

De hecho, El TSJ afirma en la última sentencia que "no puede comprender como pese a la claridad y rotunda conclusión de los referidos informes, las partes apelantes afirmen que los informes obrantes en el expediente administrativo justifican la excepción". No en vano, "dichos informes lo que remarcan es que no resulta procedente la autorización de uso excepcional solicitada respecto a la instalación de crematorio".


Sentencia firme



Con todo, este fallo es firme y contra él no cabe interponer recurso ordinario alguno. De esta forma se cierra un proceso que ha acabado en los tribunales por partida doble, fallando en ambos casos en contra del Ayuntamiento. Y es que, el TSJ estimaba el pasado mes de diciembre un recurso planteado de manera paralela por dos vecinos del barrio, quienes denunciaban el incumplimiento de la normativa medioambiental. A este respecto, el tribunal consideró que "la documentación presentada" a la hora de aprobar la licencia de ambiental "era incompleta", ya que "no se describía la actividad o instalación, ni se indicaban las fuentes de las emisiones y el tipo y magnitud de las mismas, ni se trataba la incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado". Es decir, en ningún caso justificaba la instalación del crematorio en los terrenos donde se ubica.

Habrá que ver cómo afectan estas dos sentencias a una instalación que, contando con el beneplácito municipal, lleva funcionando desde verano de 2008.



Varapalo por partida doble

En 2006, la Junta de Gobierno Local acordaba conceder a Servicios Funerarios de Miranda autorización de uso excepcional en suelo rústico para ampliar el tanatorio de la carretera de Orón, permitiendo así la instalación de un horno crematorio. Las protestas vecinales desembocaron en la presentación de dos recursos contencioso-administrativos paralelos en los que se denunciaba el incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística respectivamente.

Después de 3 años de espera, la Justicia emitía el primer fallo en julio del año pasado, dando la razón al Ayuntamiento y ratificando la licencia ambiental. Ese fallo fue recurrido por los vecinos y el TSJ la estimó, quitando validez a la anterior y dando la razón a los demandantes. Paralelamente se publicaba la sentencia relativa al segundo proceso judicial. En este caso, la justicia estimó los argumentos vecinlaes y anuló el uso excepcional de suelo rústico, sentencia ratificada con el fallo emitido esta semana.




* El Correo de Burgos - 25.02.10
Foto: Crematorio - elcorreodeburgos.com

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ANSE y ADECA piden que no se urbanice Calarreona

TERCERA/Alicante : La Asociación para la Defensa de Cabo Palos y la Asociación de Naturalistas del Sureste denuncian que la revisión del PGMO de Cartagena pretende rescatar el obsoleto Plan Parcial de Calarreona (Cartagena) y permitir la urbanización en primera línea del Mar Mediterráneo e inmediatamente colindante al Parque Regional de Calblanque. Ambas organizaciones se han dirigido a los responsables políticos de la Administración local, autonómica y estatal pidiéndoles la retirada de la reclasificación por su elevado impacto ambiental.

Los visitantes más respetuosos con el Parque Regional de Calblanque (aquellos que acceden a pié a través del sendero de Calarreona) pueden verse sorprendidos en los próximos años por la urbanización de la entrada oriental del Parque en caso de consumarse las propuestas de la revisión del PGMO.

ADECA y ANSE denuncian que el Ayuntamiento de Cartagena pretende reclasificar los terrenos actualmente No Urbanizables (de Protección Ambiental, de Protección Forestal y Común) a Suelo Urbanizable de baja densidad. Mediante esta reclasificación, el Ayuntamiento pretende resucitar un Plan Parcial obsoleto que no llegó a aprobarse en la década de los 80. Resulta particularmente llamativo que Suelos No Urbanizables de Protección Ambiental (máxima categoría de protección del PGMO vigente y que ostenta el Parque Regional de Calblanque) pasen a Suelo Urbanizable sin justificación técnica alguna.

A juicio de ambas organizaciones, el objetivo es urbanizar en primera línea de costa sobre unos terrenos de incalculable valor ambiental y paisajístico. Por esta razón, ANSE y ADECA han alertado del impacto ambiental que tendría esta actuación urbanística, ya que la zona alberga hábitats de interés comunitario y poblaciones de diversas plantas amenazadas y protegidas por el Decreto 50/2003 así como terrenos con pendientes superiores al 50 %. Además, la urbanización de esta zona tendría efectos sobre el propio Parque Regional de Calblanque que resulta inmediatamente colindante.

Por esta razón, ambas organizaciones se han dirigido a la Alcaldesa de Cartagena pidiendo la retirada de la reclasificación. Asimismo, han remitido sendos escritos al Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, al Director General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y al Director General de Urbanismo pidiendo que informen desfavorablemente la propuesta y que los terrenos sean incluidos en el Lugar de Importancia Comunitaria. Además, hemos pedido a la Demarcación de Costas que amplíe a 200 metros la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.




* TerceraInformación - 25.02.10
Foto: tercerainformacion.es

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La Justicia investiga una supuesta trama de prevaricación con contratos de la Xunta

LAVOZDEGALICIA : En calidad de perjudicada, la Consellería de Cultura acaba de personarse como acusación particular en una causa que el Juzgado de Instrucción nº3 de Santiago abrió hace 11 meses para esclarecer posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el seno del mencionado departamento autonómico. Los hechos en sí, ocurridos esencialmente durante la etapa del bipartito al frente de San Caetano, salpican no solo a personal de la Administración, sino también a miembros de la Iglesia y del sector de la construcción.

Entre los imputados, 12 en principio, hay quien ha conseguido amasar un volumen de propiedades que la policía considera «desorbitado».

A raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía del área de Compostela en base a testimonios que previamente había recabado de varios funcionarios, el tribunal inició el 13 de marzo del 2009 «una investigación acerca de presuntas irregularidades en la concesión y adjudicación de obras para la restauración y rehabilitación, en la mayor parte de los casos, de piezas de arte y retablos de iglesias [...] en las provincias de Pontevedra y Ourense», describe el sumario. Entre otras acciones, se han intervenido teléfonos, efectuado interrogatorios, revisado documentos, cotejado datos tanto bancarios como registrales e incluso realizado detenciones.
La unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía cree haber destapado una trama urdida por trabajadores de la Xunta para, con la anuencia de algunos párrocos, lucrarse favoreciendo a determinadas empresas en la concesión de contratos relacionados con la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Al frente de dicha organización, siempre de acuerdo con la versión inicial de los investigadores, se situarían sendos técnicos pertenecientes a los dos citados organismos: José Manuel Pichel Pichel, arquitecto del primero actualmente apartado del servicio, y Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, supervisor de proyectos en el segundo desde 1999 hasta que el verano pasado cambió ese empleo por otro en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena. Las imputaciones se extienden a otro integrante de Patrimonio, tres religiosos y seis cargos de cinco compañías beneficiarias de las operaciones.
Con diversas pruebas periciales aún pendientes de práctica, el procedimiento se encuentra hoy en fase de diligencias previas. O sea, se desconoce si finalmente va a terminar siendo sobreseído o bien derivará en la convocatoria de un juicio al uso. Adoptar dicha decisión corresponderá al titular de la sala encargada del expediente, Luis Aláez, el cual no resolverá nada al respecto, como poco, hasta finales de marzo, dado que apenas han transcurrido un par de semanas desde que tomó posesión del cargo y ponerse al día en este tema -ha de estudiar más de dos mil folios- le requerirá su buen tiempo.
Diez motos y 69 inmuebles
Cuando lo lea en profundidad, en el sumario hallará sorprendentes pasajes referidos a las posesiones que atesoran los supuestos cabecillas de la red. Acerca de Pichel, los expertos policiales subrayan: «Llama poderosamente la atención el desorbitado patrimonio que el mismo y su entorno familiar poseen, ya que entre los dos cónyuges tienen un total de 69 inmuebles, [...] constándoles además dos urbanos a nombre de la empresa de ambos, AAD Arquitectura y Urbanismo». «Le constan también -añaden- diez motos de gran cilindrada de precio muy elevado y un vehículo».
El dosier contiene igualmente un detalle de 39 ingresos de efectivo de entre 1.000 y 15.250 euros -suman 122.471,65- en una cuenta corriente cuya titularidad comparten Gómez-Gil y su mujer. El primero se remonta al 6 de octubre de 1998, mientras que el último se efectuó el 20 de abril del 2009, la jornada en que Roberto Varela (PP) relevó a Ánxela Bugallo (BNG) como conselleiro de Cultura. «Se sospecha que dicho dinero pueda proceder del pago de comisiones por la adjudicación de obras de restauración. Es de resaltar que no proviene del salario percibido a través de la Xunta», concluyen los agentes para luego precisar que los abonos «aumentaron de forma ostentosa en número y cuantía en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, el período que en la denuncia presentada por el ministerio público se hacía constar la existencia de anomalías».




* La Voz de Galicia - 25.02.10
Foto: EL GRAN NEGOCIO. El Obispado de Tui-Vigo accedió a vender a uno de los supuestos cabecillas de la trama, Carlos Gómez-Gil, la rectoral de Paraños (Covelo) por 60.000 euros y luego él intentó colocarla - lavozdegalicia.es


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Inca: El Consell ratifica la ilegalidad del chalet del regidor de Urbanismo

DIARIODEMALLORCA* : El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha desestimado, en base a un informe técnico fechado el pasado 17 de febrero, el recurso de alzada presentado en abril de 2006 por el regidor de Urbanismo de Inca, Bartomeu Seguí (PP), contra un acuerdo de la comisión insular de Ordenación del Territorio del 3 de marzo de ese mismo año que declaraba "fuera de ordenación" la vivienda unifamiliar que el regidor posee en una zona rústica del municipio de Alcúdia, a pesar de que la comisión urbanística consideró que la infracción urbanística que se había cometido ha prescrito.

De esta forma, la institución supramunicipal concluye que el chalet de Seguí está fuera de ordenación y avala el corte de suministro eléctrico a la vivienda irregular que el Consell había ordenado a la compañía Gesa-Endesa y que ésta hizo efectivo el día 3 de febrero.
El caso resuelto ahora por el Consell se remonta a julio de 1988, cuando el ayuntamiento de Alcúdia concedió la licencia de obras para levantar una vivienda unifamiliar en una zona rústica. Oficialmente, las obras del chalet finalizaron en noviembre de 1990, aunque tres años después se abrió un expediente de infracción urbanística por realizar obras al margen de la licencia. En 1997, Seguí reclamó el certificado municipal de finalización de las obras, pero no se le concedió porque, entre otros requisitos, el constructor no aportó el certificado de inscripción en el registro de la propiedad de la indivisibilidad de la finca, una de las condiciones establecidas en la licencia de construcción.
Posteriormente, se constató que después de haberse solicitado el final de obra se ejecutaron nuevas construcciones como una piscina, parte del sótano y algunas terrazas.
El concejal Seguí había alegado en su recurso que el Consell no podía declarar el edificio en situación de fuera de ordenación ni ordenar el corte del suministro eléctrico porque son medidas complementarias de una orden de demolición que no podía adoptarse porque la infracción había prescrito. Sin embargo, el reciente informe técnico de la institución insular considera que ambas soluciones "son consecuencia ineludible de la comisión de la infracción", tal y como está recogido en la Ley de edificios e instalaciones fuera de ordenación, por lo que las medidas "no están afectadas por la prescripción de la infracción".
Según el Consell, la infracción urbanística "está constatada", a pesar de que el acuerdo de la comisión de Ordenación del Territorio impugnada por Seguí admitía la prescripción de la ilegalidad. Sin embargo, el nuevo informe del Consell "discrepa" sobre la posible prescripción de la infracción al cuestionar la fecha de noviembre de 1990 como el punto de partida del plazo de prescripción ya que resulta "bastante evidente" que se realizaron obras con posterioridad al certificado firmado por los directores de la licencia.
Por todo ello, el Consell ha acordado desestimar el recurso de alzada de Bartomeu Seguí y ratifica la declaración de fuera de ordenación de la vivienda unifamiliar del regidor de Urbanismo de Inca.




* Diario de Mallorca - 25.02.10
Foto: Una imagen de la vivienda unifamiliar que posee Seguí en el municipio de Alcúdia. - Guillem Bosch,diariodemallorca.es

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¿Qué ha hecho Aguirre con el dinero estatal para la rehabilitación de viviendas en Madrid?

NUEVATRIBUNA* : Son 107 millones sin justificar y varias denuncias de comunidades de vecinos que se han visto obligados a poner de su bolsillo el pago de las obras realizadas en sus inmuebles. Muchos de ellos son pensionistas. 248 vecinos de la Colonia Nuestra Señora del Loreto no han recibido ni un euro de la ayuda que les correspondía al declararse en rehabilitación integral sus viviendas en 2006. 720 vecinos de la plaza Nicaragua de Móstoles están en la misma situación desde que en 2005 se declarase la zona de rehabilitación integral. 2.500 viviendas de la primera fase de rehabilitación de Entrevías, que fue declarada en 2007 esperan todavía dichas ayudas.

Son algunos de los casos denunciados por el Partido Socialista de Madrid sobre las subvenciones dadas por el Estado para la rehabilitación de viviendas en la región. En todos los casos, los vecinos, muchos de ellos pensionistas, se han visto obligados a pagar al banco los recibos mensuales del crédito otorgado para las reformas, una cantidad que previamente había sido autorizada en virtud del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobado por el ministerio. En total, el Gobierno central ha destinado para Madrid 185 millones de euros de los cuales sólo 78,24 están justificados, es decir que han llegado a sus destinatarios. Aún restan 107 millones, de los que la Comunidad no ha dado cuentas. ¿Qué ha pasado con ese dinero?

Esa es la pregunta que se hace la oposición y la propia ministra del ramo, Beatriz Corredor, que este miércoles ha participado en las Jornadas Parlamentarias de Políticas Públicas de Urbanismo y Vivienda en la Asamblea de Madrid. Y la respuesta para los socialistas está clara: “Esperanza Aguirre bloquea en las arcas regionales y retrasa el pago de las ayudas estatales” hasta tres años.

Recientemente la ministra puso en duda en el Congreso de los Diputados que la Comunidad de Madrid esté transfiriendo en el plazo acordado las ayudas estatales a los beneficiarios para la rehabilitación de viviendas. Entre las excusas dadas por la propia presidenta regional se argumentó que si las ayudas no se habían tramitado es porque los solicitantes superan el tope máximo de renta establecido por el plan, lo que es una “falsedad” según el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, ya que “existen miles de viviendas que se acogieron al plan de rehabilitación que comenzó en 2005, que están a punto o ya han terminado sus obras y que aún no han percibido la ayuda que sí ha transferido el Ministerio de Vivienda a la Comunidad de Madrid”.

Además -destacó Fernández Gordillo- “en algunos casos y dado que la mayoría de las personas que solicitan una ayuda son de renta media y baja, nos encontramos con casos de solicitantes que tuvieron que pedir un crédito personal para pagar las obras y que ahora tienen verdaderas dificultades económicas para cerrar su deuda con el banco”. Este diputado recordó que la administración regional “tiene la obligación de entregar al beneficiario la mitad de la ayuda cuando se inicia la obra y la otra mitad, al concluirla. No lo está haciendo quizá para solucionar algunos problemas de liquidez de las arcas regionales a costa de los madrileños”.

Pues bien, la polémica ha vuelto a tomar actualidad en las Jornadas celebradas en el Parlamento regional donde Corredor ha vuelto a pedir al Ejecutivo del PP “lealtad institucional y colaboración con las políticas del Gobierno de España en beneficio de los madrileños”. En el acto también ha participado el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que acusó a Aguirre de “poner siempre que puede palos en las ruedas a todo lo que hace el Gobierno de España”, y no sólo en cuestiones de vivienda sino también respecto a las ayudas para que 50.000 niños dispongan de ordenador en las aulas; la dificultad que tienen los jóvenes de acceder a la Renta Básica de Emancipación; o los dependientes que no perciben los servicios y prestaciones que les corresponden por ley ”porque Aguirre ha decidido hacer oposición a Zapatero”.

“Vale ya de utilizar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid para hacer oposición al Gobierno central. Estamos en un momento en el que hay que dejar al margen las luchas partidistas y en el que hay que buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos”, ha dicho Gómez.

El Plan estatal beneficiará a 117.500 familias madrileñas y el Gobierno de España ya ha abonado 60 millones de euros a más de 26.000 jóvenes que en Madrid han percibido la Renta Básica de Emancipación “lo que demuestra el inequívoco compromiso del Gobierno con los madrileños”, dijo Corredor. La ministra también subrayó que estas medidas pueden beneficiar especialmente a la Comunidad de Madrid, por lo que apeló al Gobierno de Esperanza Aguirre a “dirigir sus esfuerzos en esta dirección impulsando estas medidas que acabamos de ampliar”.




* Nueva Tribuna - 24.02.10
Foto: Comunidad de Madrid - fotocommunity.es

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Desmantelan una red dedicada a la construcción ilegal en El Puerto con tres detenidos y 25 imputados

EUROPAPRESS/Cádiz* : La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha desmantelado una organización presuntamente dedicada a la construcción ilegal de viviendas en El Puerto de Santa María en la denominada operación 'Juncal', en cuyo marco fueron detenidas tres personas e imputadas otras 25.

Según explicó la Junta en un comunicado, en la causa están encartadas 28 personas por su presunta participación en los delitos contra ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes; todo ello por la construcción y venta fraudulenta de viviendas ilegales, así como por la constitución de préstamos hipotecarios sobre estas viviendas con tasaciones fraudulentas, en el conocido como pago Los Desmontados de la localidad portuense.

El Grupo de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía desarrolló la operación desde el pasado mes de julio bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, Juan José López Marchena, quien mantuvo las diligencias bajo secreto de sumario hasta hace pocos días.

En la operación también se contó con la colaboración del grupo Udyco III de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz, a quién el Juez encargó la investigación de un supuesto blanqueo de capitales que habría cometido por esta organización desarticulada.

LA ORGANIZACIÓN

Entre las 28 personas detenidas e imputadas se encuentran el promotor-constructor, cuatro arquitectos, el director de una entidad bancaria, un jefe de obras, cuatro personas interpuestas que actuaban como testaferros para la obtención de los préstamos hipotecarios y un funcionario.

Según indicó, la organización estaba estructurada de forma piramidal constituyendo una asociación ilícita integrada principalmente por tres personas: el promotor, el jefe de obras y uno de los arquitectos, ya detenidos en reiteradas ocasiones.

Las construcciones ilegales realizadas en el pago Los Desmontados afectaban a un total de 13 chalés con parcelas de aproximadamente 350 metros cuadrados, y dos parcelas pendientes de construcción, siendo la superficie total de la zona donde se ubican las viviendas de 5.000 metros cuadrados y el valor estimado de venta podría alcanzar la cantidad de cuatro millones de euros.

INFORMES FALSOS

Las pesquisas policiales determinaron que en 2002 la empresa 'Los Viñazos' adquirió la practica totalidad de la parcela de 5.000 metros cuadrados de Los Desmontados a "muy bajo precio", ya que estaba catalogado como suelo de sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo, y donde no estaba autorizada la construcción de viviendas.

La finca fue sometida a división horizontal con una certificación falsa que permitió dividirla en 14 viviendas registrales con una antigüedad de cinco años, y que no existían en la fecha de constitución de dicha escritura.

A continuación, la organización inició la construcción de distintas viviendas unifamiliares aisladas o chalés y su venta a particulares, algunas de ellas puramente ficticias para eludir los expedientes administrativos del Ayuntamiento de El Puerto.

La Junta destacó que incluso llegaron a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las mismas, aún en fase de terminación.

Asimismo, explicó que la empresa reseñada solicitó préstamos hipotecarios sobre cada una de las viviendas a construir, por un montante de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones crediticias presentó informes de tasación falsos, realizados en algunos de los casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción.

Actualmente, de los préstamos hipotecarios concedidos, siete de ellos dejaron de abonarse, ocasionado un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria superior a los 800.000 euros, y dos de los prestamos fueron liquidados.

Finalmente, expuso que las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, ante quien volvieron a declarar los detenidos e imputados, levantándose por la autoridad judicial el secreto del sumario.



* Europa Press - 24.02.10
Foto: Consejería de Gobernación

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Multa histórica al Consistorio de Málaga por su red wifi

SUR* : Una de las apuestas tecnológicas del Ayuntamiento de Málaga, la de ofrecer gratuitamente a la ciudadanía la conexión sin cables a Internet en cuarenta instalaciones municipales, le puede salir muy cara. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una multa de 300.000 euros al Consistorio por operar sin cumplir lo establecido en la normativa a este respecto.

Una sanción histórica ya que es la de mayor cuantía impuesta por este organismo -dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- a una administración pública en España.
En el expediente sancionador, fruto de año y medio de trabajo de este organismo regulador del mercado de comunicaciones electrónicas y servicios audiovisuales, se concluye que el Ayuntamiento ha cometido una infracción «muy grave» tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones al explotar una red pública de comunicaciones sin haberse inscrito previamente en el registro de operadores. Un requisito indispensable para no interferir en la libre competencia.
La Red Biznaga se puso en marcha en agosto de 2008 y permite a los usuarios municipales -previa solicitud de clave de usuario y contraseña- disponer de acceso ilimitado y gratuito a las páginas de la corporación local para obtener información o hacer trámites administrativos vía on-line, a navegación web (excepto páginas pornográficas y violentas) y a servicios de correo y chat.
La normativa permite a las administraciones públicas la autoprestación del wifi para «satisfacer las necesidades propias del servicio municipal» así como en las bibliotecas, centros culturales o dependencias municipales donde se imparten cursos. La CMT sostiene que en el caso de Málaga no se cumplen estos supuestos por lo que impone la sanción e insta al Consistorio a inscribirse como operador, a establecer una separación contable para evitar la transferencia de fondos públicos y a operar con arreglo a los principios de «neutralidad, transparencia y no discriminación».
Unos argumentos con los que no está de acuerdo el equipo de gobierno del PP. El concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco José Salas, anunció que estudian interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta sanción al entender que «no tiene razón» desde el punto de vista jurídico y parece «a todas luces carente de sentido».
Salas esgrimió que antes de la implantación del servicio se consultó a la CMT y que en virtud de la respuesta que dio se adecuó esta iniciativa a lo requerido y añadió que esta oferta encaja dentro del régimen de autoprestación. «La prestación del servicio de acceso a Internet es necesaria y complementaria para satisfacer las necesidades de los servicios prestados en cualquiera de nuestras sedes municipales», sostuvo.
Desde la oposición, PSOE e IU criticaron «la torpeza» del PP en este caso, a su juicio, un ejemplo más de como incumplen la legislación vigente. Además, indicaron que va a suponer un importante desembolso económico para la ciudad.




* SUR - 24.02.10
Foto: Malaga - guiapolis.com

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Torrevieja lleva al Consell el plan que prevé 20 torres de 30 alturas en primera línea

LEVANTE/Alicante* : El cambio del perfil urbano de Torrevieja quedó ayer, tras el pleno, a expensas de una última rúbrica del conseller de Urbanismo. Y es que la sesión aprobó con los votos favorables del PP y el rechazo de PSOE, IU y LV -y sin debate- el texto refundido de la denominada "libertad tipológica" o, lo que es lo mismo, la autorización para que los promotores puedan levantar edificios de hasta 30 alturas en algunas zonas del casco urbano.

Se trata de hasta 20 torres en seis enclaves privilegiados de las principales zonas en primera línea de la playa, como el Campico San Mamés -entre la playa del Acequión y Marina Internacional-, la Playa de los Náufragos, la Curva del Palangre, junto a la playa de Los Locos o Las Lomas en La Mata.
El ayuntamiento lleva más de una década intentando sacar adelante una medida como ésta. En el año 2000 la Generalitat "tumbó" un acuerdo plenario similar. La actual tentativa municipal parece tener visos de éxito puesto que la Generalitat lo que pedía ayer del pleno es que se subsanaran algunos requisitos a la hora de establecer las condiciones para construir y que los usos no fueran exclusivamente residenciales para esta modificación puntual del Plan General.
El alcalde Pedro Hernández, se limitó ayer a leer el epígrafe del orden del día sin abordar el fondo del asunto. Cuando se aprobó la exposición pública de esta propuesta, en septiembre de 2008, Hernández fue más didáctico y echó mano de dos cajas de cartón para explicar la diferencia entre la construcción en horizontal -que ocupa más suelo y oculta las vistas al mar y por la que ha apostado el municipio durante 30 años- y la edificación en vertical, en la que el suelo se rentabiliza mucho más, y sólo se ocultan parcialmente las panorámicas al mar. Además, el alcalde dijo que esta tipología en la edificación pretendía frenar los efectos de la crisis del ladrillo, atrayendo la inversión inmobiliaria. Los informes de conselleria sobre este asunto aluden al impacto sobre el paisaje de estas edificaciones puesto que la mayoría de los edificios construidos en la ciudad desde 1987, son adosados, o inmuebles de cinco alturas y ático en el casco urbano.





* Levante-EMV - 24.02.10
Foto: Torrevieja - escapadafindesemana.net

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Castro: La Fiscalía pide tres años de prisión para Díaz Helguera y seis para el ex secretario

ALERTA/Cantabria* : Cuando parecía que no se podía complicar más la situación política de Castro Urdiales, la Fiscalía solicitaba ayer tres años de cárcel para el ex alcalde, Rufino Díaz Helguera, y seis para el ex secretario municipal, César Saiz, por su implicación en el caso Urdicam, de prevaricación urbanística y administrativa.

El Fiscal denuncia que ambos imputados falsificaron documentos oficiales para justificar actuaciones urbanísticas que buscaban «dar satisfacción a los promotores», a costa de suelo destinado a equipamientos, por lo que también pide 4.500 euros de multa en el caso del ex regidor; y para Saiz, lo mismo más otros 6.000 euros.

Además, el Fiscal les acusa -junto a varios concejales del equipo de gobierno de Díaz Helguera (PSOE) de 1999 a 2003 y de la primera legislatura de Muguruza (2003-2007)- de haber aprobado modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «con conocimiento y voluntad de transgredir la normativa», a sabiendas de la ilegalidad de dichas actuaciones. Para todos ellos, piden diferentes penas de inhabilitación para cargo público y multas. El perjuicio para las arcas castreñas lo cifra la Fiscalía en unos 2.400.000 euros, ya que supusieron la pérdida de 2.000 metros cuadrados de terrenos. Un coste que deberá sufragar el Ayuntamiento.
El escrito de acusación, presentado ayer por el Ministerio Público, recoge algunas de las descripciones que el Tribunal de Cuentas hizo de la gestión urbanística del Ayuntamiento castreño en su informe final del 26 de febrero de 2009. Así, califica la actuación municipal de «absoluta falta de control, rigor, ausencia de organización y, en definitiva, actuación al margen de la legalidad vigente». Una situación que se dio en un momento de «desarrollo urbanístico explosivo» y «no deseable», ya que, prosigue, no cumple con un «uso racional» del suelo y el medio ambiente.
La Fiscalía se hace eco también de la «falta de celo» del Consistorio en la exigencia de los aprovechamientos urbanísticos y su consecuente perjuicio patrimonial del municipio y «correlativo enriquecimiento» para los promotores.
Ni siquiera, apuntaba el Tribunal de Cuentas, había un control riguroso de las licencias concedidas. Y, para más datos, detectaba «apreciables desfases patrimoniales generalizados» en gran parte de los responsables municipales de aquella época.
El caso Urdicam engloba la investigación del desarrollo urbanístico de las zonas de ejecución 1.33 y 1.34 del PGOU de Castro Urdiales, y como el Ayuntamiento planteó actuaciones en esa zona -la apertura de un vial no previsto en el planeamiento- sin el visto bueno de la Comisión Regional de Urbanismo, ya que copaba parte del suelo destinado a equipamiento público; y como con informe desfavorable de la CRU, la vía se lleva a cabo siguiendo la «voluntad caprichosa» de los responsables municipales. Posteriormente, relata la Fiscalía, se trató de «camuflar» la actuación cambiándola de nombre y volviendo a remitirla a la CRU (Ahora como Modificación Puntual nº 11 del PGOU, en vez de nº 4), aunque se vuelve a rechazar.
Dictamen que «se oculta» y «dando apariencia de continuar el trámite legal», se aprueba la actuación como trámite administrativo. Al secretario municipal, incluso, se le acusa de falsedad documental por alterar los datos enviados al Catastro y a Díaz Helguera por la remitida al BOC. En este caso, llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro, están imputadas 32 personas por diferentes delitos de prevaricación, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.




* Alerta - 24.02.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - foro-ciudad.com

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Vinarós: Imputan a Balada por prevaricación por las obras de Jovellar

LEVANTE/Castelló : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Vinaròs ha librado un auto de Incoación de Procedimiento Abreviado en el que se imputa al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs, Javier Balada, la presunta comisión de un delito de prevaricación como consecuencia de una obras efectuadas en un edificio de plaza Jovellar en el año 2006, cuando Balada ocupaba la alcaldía de la ciudad.

La juez resuelve en el auto dar traslado al fiscal y a las partes acusadoras personadas en las investigaciones seguidas hasta el momento para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Así se recoge en el auto dictado el pasado día 10 de febrero y firmado por la jueza Cecilia Alzaga, y que fue dado a conocer en la tarde por el Partido Popular de Vinaròs.
La denuncia que ha dado pie a este procedimiento fue presentada en su día por el entonces presidente del PP de Vinaròs, Enrique Chaler, y el secretario general y a su vez diputado autonómico y concejal del PP, Mariano Castejón.
La denuncia ya fue sobreseída en primera instancia por el juzgado de Vinaròs y recurrida por los denunciantes ante la Audiencia de Castelló, la que dispuso que la investigación se reabriera en los juzgados de Vinaròs.

Expediente sancionador
En el auto se detalla que en el año 2006, Javier Balda Ortega, "en su condición de Alcalde de la localidad de Vinaròs, a pesar de tener constancia de que se estaba realizando una construcción ilegal que contravenía las normas de edificación en las obras que se realizaban en la Plaza Jovellar nº 3 de dicha localidad, se negó a aperturar expediente sancionador y, en su caso, a paralizar cautelarmente los trabajos de construcción". El ahora teniente de alcalde ha convocado para este mediodía a los medios de comunicación. El PP ha hecho lo propio.





* Levante-EMV - 24.02.10
Foto: Vinaròs, edificio de la Plaza Jovellar nº3 - cope.es

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La revolución ciudadana

JAVIER CREMADES* : El micropoder es la capacidad de los ciudadanos, organizados en redes aprovechando las nuevas tecnologías, para influir en la toma de decisiones del poder político y económico. Dicho así suena complicado, pero si repasamos distintos sucesos cuyos orígenes estuvieron en la red podremos entender mejor su influencia en el mundo actual. Cuando un blog informaba sobre la relación entre Monica Lewinsky y el presidente Clinton, pocos imaginaban que derivaría en un proceso que acabaría con el ex presidente testificando desde el Despacho Oval. Actualmente se habla ya de una Web 2.0 para referirse a fenómenos como YouTube o MySpace, donde los ciudadanos son protagonistas del proceso de la comunicación interpersonal y social.

El uso de las tecnologías de la comunicación, nacidas de la digitalización, está revolucionando las relaciones entre el poder constituyente y el poder constituido. Los políticos, los empresarios y los medios de comunicación siguen, con una mezcla de curiosidad y recelo, la evolución de los ciudadanos participativos en esta nueva sociedad de la información: los denominados "tecnoinfluyentes". Superado el crash de las empresas punto com a finales de los noventa, las nuevas tecnologías han resurgido con fuerza y ahora tenemos una idea más clara del papel que deben ocupar en la sociedad. Por eso no es de extrañar que, en 2006, la revista Time eligiese al usuario de internet como la "Persona del Año".

Hoy los ciudadanos pueden influir en las elecciones a través de sus opiniones en blogs, denunciar casos de violación de derechos humanos o asociarse para compartir experiencias y tomar decisiones conjuntas. Esta capacidad terminará cambiando la relación de los políticos con la gente. El micropoder contagia su interactividad característica al sistema político para pasar de un gobierno unidireccional (del poder político a los ciudadanos) a un gobierno bidireccional (de los ciudadanos al poder político y de éste a los ciudadanos).

La posibilidad real de que la participación de una ciudadanía activa contribuya a que el sistema democrático se regenere se está abriendo paso gracias a la revolución digital. La acción política así entendida desarrolla una red de relaciones humanas que se mantienen a través de un constante diálogo interactivo (hablar y escuchar), posibilitado por las nuevas tecnologías. En este sentido, la actividad de los lobbies se convertirá en una labor más abierta y transparente. Ya no será una función reservada a las grandes organizaciones, sino que los grupos de interés social podrán participar en el diálogo con el poder político para transmitir sus preocupaciones. El micropoder también se manifiesta en el ámbito empresarial. La creciente importancia de los accionistas minoritarios ha convencido a los consejos de administración de las empresas de que éstos son actores clave, especialmente cuando son capaces de organizarse en foros de discusión al margen de las juntas generales anuales.

El micropoder nunca reside en el individuo aislado, sino en la persona entendida en su ámbito relacional propio. Es decir, que el protagonismo de cada individuo es, en realidad, coprotagonismo; y se traduce en la conjugación de dos conceptos clave para la articulación de una política centrada en la persona: autonomía e integración. Sólo cuando la persona es consciente de la capacidad de influencia y acción que le da la integración con otras personas surge el micropoder.

Los ciudadanos, los consumidores y los accionistas son ahora más relevantes porque se han convertido en nodos de unas redes sociales cada vez más influyentes. Los poderes clásicos deberán aprender a relacionarse con estos nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. El micropoder obligará a entrar en un nuevo tipo de juego, en el que el poder constituido necesitará buscar la alianza con el ciudadano y comprender que los tiempos del ostracismo y del despotismo han quedado relegados en favor de la transparencia.


* Javier Cremades es presidente de Cremades & Calvo Sotelo.




* ELPAIS.com - Opinión - 03/06/2007


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